CE - 010315000202306107001SENTENCIA20231124092657

Radicación: 11001 03 15 000 2023 06107 00

Accionante: Ana Catalina Arias Castro

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C., veintitrés (23) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001 03 15 000 2023 06107 00

Accionante: ANA CATALINA ARIAS CASTRO

Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SUCRE – SALA TERCERA

DE DECISIÓN

Tesis: La acción de tutela es improcedente cuando el debate planteado por la parte actora es de naturaleza legal y económica.

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela presentada por la señora Ana Catalina Arias Castro contra la sentencia proferida el 19 de julio de 2023 por el Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Tercera de Decisión, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado nro. 70001 33 33 002 2022 00177 01.

1. SÍNTESIS DEL CASO

La señora Ana Catalina Arias Castro , actuando por conducto de apoderado, promovió acción de tutela en contra de la precitada

70001 33 33 002 2022 00177 01.

1. SÍNTESIS DEL CASO

La señora Ana Catalina Arias Castro , actuando por conducto de apoderado, promovió acción de tutela en contra de la precitada providencia, y para ello formuló las siguientes pretensiones1:

“[…] 1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SUCRE en la sentencia proferida el día 19/7/2023, en el expediente rad. No. 70001333300220220017701, transgredió

1 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 06107 00.Radicación: 11001 03 15 000 2023 06107 00

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los derechos fundamentales: AL DEBIDO PROCESO, DERECHO A

LA SEGURIDAD SOCIAL, SITUACIÓN MÁS FAVORABLE AL

TRABAJADOR EN CASO DE DUDA EN LA APLICACIÓN E

INTERPRETACIÓN DE LAS FUENTES FORMALES DE DERECHO,

GARANTÍA A LA SEG URIDAD SOCIAL, A LA IGUALDAD,

ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, PRINCIPIO

CONSTITUCIONAL DE LA PERPETUATIO JURISDICTIONIS, SEGURIDAD JURÍDICA, AL DESCONOCIMIENTO DE PRECEDENTE JUDICIAL VERTICAL , de la accionante, por considerar que las razones de la decisión no se ajustan a los

CONSTITUCIONAL DE LA PERPETUATIO JURISDICTIONIS, SEGURIDAD JURÍDICA, AL DESCONOCIMIENTO DE PRECEDENTE JUDICIAL VERTICAL , de la accionante, por considerar que las razones de la decisión no se ajustan a los postulados de la ley y a la abundante jurisprudencia constitucional y de este órgano de cierre en la jurisdicción contencioso administrativo, por lo que se encuentra vulnerando los derechos fundamentales de la accionada.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SUCRE; dejar sin efectos la providencia referida en el numeral anterior y se profiera una nueva, atendiendo la multiplicidad de precedentes judiciales que sobre el tema edificó la Corte Constitucional en las sentencias SU 098 de 17 de octubre de 2018 y el de la Sección Segunda del H. Consejo de Estado mediante diferentes decisiones ordenando el reconocimiento y pago de la sanción por mora como fue solicitada en la demanda […]”. [Mayúsculas y negrillas en el escrito de tutela].

2. SITUACIÓN FÁCTICA

La parte actora informó que es docente y que labora para el departamento de Sucre, con vinculación posterior al año de 1990, razón por la que considera tiene derecho al reconocimiento y pago de las cesantías por el régimen anualizado, con pago de interés cada año.

Aseveró que el 15 de febrero de 2021 no le fueron consignadas las cesantías por parte del Ministerio de Educación Nacional al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio - FOMAG, fondo al que pertenece por los servicios prestados en el año 2020.

cesantías por parte del Ministerio de Educación Nacional al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio - FOMAG, fondo al que pertenece por los servicios prestados en el año 2020.

Manifestó que el 15 de julio de 2021 solicitó al precitado ente territorial el pago de las cesantías y el reconocimiento de la sanción por mora establecida p or el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y en la reiterada jurisprudencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado.Radicación: 11001 03 15 000 2023 06107 00

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Señaló que “(…) la entidad pública demandada en el proceso contencioso administrativo, como patrono, en vez de efectuar una respuesta de fondo, o proceder a la consignación de las cesantías, remitió la solicitud a la Fiduciaria La Previsora S.A., para que otorgara respuesta a la solicitud, siendo esta última entidad la encargada de los recursos del FOMAG, no sobre quien recae la obligación d e la consignación como patrono, pero hasta la fecha de presentación de esta acción de tutela, nunca se obtuvo respuesta (…)”2.

La accionante, actuando por conducto de apoderad a, presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Nación – Ministerio de Educación - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio - FOMAG - y el departamento de Sucre, con el fin que se declarara la nulidad del acto fic to que le negó el reconocimiento y pago

Ministerio de Educación - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio - FOMAG - y el departamento de Sucre, con el fin que se declarara la nulidad del acto fic to que le negó el reconocimiento y pago de la sanción por mora por la no consignación oportuna de las cesantías establecidas en la Ley 50 de 1990.

La demanda correspondió por reparto al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Sincelejo que, en sentencia del 13 de diciembre de 2022, declaró la nulidad parcial del acto demandado y condenó a las entidades demandadas al reconocimiento y pago de la sanción moratoria prevista en el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990.

En contra de la anterior decisión, el departamento de Sucre y la Fiduprevisora S.A. interpusieron recurso de apelación, y el Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Tercera de Decisión, en sentencia del 19 de julio de 2023 la revocó y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda.

La parte actora indicó que “ (…) de acuerdo con la sentencia SU 098 de 2018, en virtud del principio de igualdad, in dubio pro operario y de conformidad con la Ley 244 de 1995 adicionada por la Ley 1071 de 2006

2 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 06107 00.Radicación: 11001 03 15 000 2023 06107 00

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no se debe excluir al sector oficial doce nte de la aplicación de la Ley 50 de 1990, pues al tener los mismos carácter de servidores públicos, son beneficiarios de la sanción moratoria prevista en dichas disposiciones a modo de correctivo, represivo e inclusive preventivo para garantizar el pago oportuno de la prestación social (…)”3.

Anotó que, en el trámite del proceso ordinario, el tribunal accionado de manera caprichosa no aplic ó el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 a los docentes del sector oficial en calidad de servidores públicos, y que dicha decisión no sólo vulneró su derecho fundamental a la igualdad, sino también el derecho a la seguridad social.

Expuso que “ (…) la decisión por parte del órgano colegiado en la jurisdicción contencioso administrativo del Departamento del Quindío (sic), partió del desconocimiento del derecho (…) para adoptar una decisión, desconociendo toda la legislación del sector docente oficial de antaño (…)”4.

Sostuvo que la sentencia cuestionada no fue proferida acorde con la normatividad que regula la materia y la jurisprudencia y afirmó que el tribunal accionado no tuvo en cuenta “ (…) las últimas 21 sentencias del Consejo de Estado, donde esta alta jur isdicción contenciosa

normatividad que regula la materia y la jurisprudencia y afirmó que el tribunal accionado no tuvo en cuenta “ (…) las últimas 21 sentencias del Consejo de Estado, donde esta alta jur isdicción contenciosa administrativa se hace la pregunta ¿le es aplicable sí o no, la Ley 50 de 1990 a los docentes afiliados al FOMAG? Y el Consejo de Estado, al unísono, en su sección segunda en sus diferentes salas, compuestas por sus 6 consejeros, cada uno de ellos en sus diferentes ponencias han expedido sentencias haciéndose la misma pregunta y la respuesta ha sido siempre positiva (…)”5.

Al respecto, hizo una relación de las sentencias proferidas por la Sección Segunda de esta Corporación el 6 de ag osto de 2020 6, 24 de enero de

3 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 06107 00. 4 Ibidem. 5 Ibidem. 6 Proceso identificado con el radicado nro. 08001 23 33 000 2013 00666 01.Radicación: 11001 03 15 000 2023 06107 00

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20197, 17 de junio de 20198, 28 de junio de 20199, 29 de julio de 201910, 2 de diciembre de 201911, 10 de junio de 202012, 22 de octubre de 202013,

20197, 17 de junio de 20198, 28 de junio de 20199, 29 de julio de 201910, 2 de diciembre de 201911, 10 de junio de 202012, 22 de octubre de 202013, 12 de noviembre de 2020 14, 17 de junio de 2021 15, 4 de noviembre de 202116, 25 de noviembre de 202117, 11 de noviembre de 2021 18, 20 de enero de 202219, 3 de marzo de 202220, 28 de abril de 202221, 9 de mayo de 202222, 19 de mayo de 202223, 1 de julio de 202224, 22 de agosto de 202225, 22 de septiembre de 202226, 19 de enero de 202327 y 26 de enero de 202328.

Agregó que también se desconoció lo dispuesto por la Corte Constitucional en las sentencias SU-098 del 17 de octubre 2018, SU-332 del 25 de julio 2019 y SU-041 del 6 de febrero 2020.

Explicó que, en sede de tutela, la Subsección B, Sección Se gunda del Consejo de Estado, en providencia proferida el 23 de marzo de 2023 29 “(…) analizó un caso con una idéntica naturaleza al que nos ocupa, encontrando superados los requisitos de procedibilidad de la tutela y de manera específica consideró que el juzgador de segunda instancia incurrió

7 Proceso identificado con el radicado nro. 76001 23 31 000 2009 00867 01. 8 Proceso identificado con el radicado nro. 11001 03 15 000 2018 04617 01.

7 Proceso identificado con el radicado nro. 76001 23 31 000 2009 00867 01. 8 Proceso identificado con el radicado nro. 11001 03 15 000 2018 04617 01. 9 Proceso identificado con el radicado nro. 11001 03 15 000 2018 04679 01. 10 Proceso identificado con el radicado nro. 11001 03 15 000 2018 03499 01. 11 Proceso identificado con el radicado nro. 08001 23 33 000 2014 00173 01. 12 Proceso identificado con el radicado nro. 08001 23 33 000 2014 00208 01. 13 Proceso identificado con el radicado nro. 08001 23 31 000 2014 00254 01. 14 Proceso identificado con el radicado nro. 08001 23 33 000 2014 00132 01. 15 Procesos identificados con los radicados nro. 08001 23 31 000 2014 00815 01 y nro. 08001 23 33 000 2015 00331 01. 16 Proceso identificado con el radicado nro. 19001 23 33 000 2015 00445 02. 17 Procesos identificados con los radicados nro. 08001 23 33 000 2014 01127 01 y 40001 23 40 000 2017 00134 01. 18 Procesos identificados con los radicados nro. 08001 23 40 000 2014 90022 01 y 080001 23 40 000 2015 90008 01. 19 Proceso identificado con el radicado nro. 08001 23 33 000 2017 00931 01.

080001 23 40 000 2015 90008 01. 19 Proceso identificado con el radicado nro. 08001 23 33 000 2017 00931 01. 20 Proceso identificado con el radicado nro. 08001 23 33 000 2015 00075 01. 21 Proceso identificado con el radicado nro. 76001 23 33 000 2013 00756 01. 22 Proceso identificado con el radicado nro. 08001 23 40 000 2017 00795 01. 23 Proceso identificado con el radicado nro. 47001 23 33 000 2019 00359 01. 24 Proceso identificado con el radicado nro. 47001 23 33 000 2019 00376 01. 25 Proceso identificado con el radicado nro. 08001 23 33 000 2015 00509 01. 26 Proceso identificado con el radicado nro. 08001 23 33 000 2015 90124 01. 27 Proceso identificado con el radicado nro. 76001 23 31 000 2012 00212 02. 28 Proceso identificado con el radicado nro. 47001 23 33 000 2018 00231 01. 29 Proceso identificado con el radicado nro. 11001 03 15 000 2023 01063 00.Radicación: 11001 03 15 000 2023 06107 00

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en desconocimiento del precedente (…)”30, por lo tanto, solicitó que en el

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en desconocimiento del precedente (…)”30, por lo tanto, solicitó que en el presente asunto se dicte sentencia de tutela en igual sentido.

3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA

Las actuaciones más relevantes, fueron las siguientes:

3.1. La tutela fue radicada el 6 de octubre de 2023 31 a través de la ventanilla virtual de esta Corporación y correspondió por reparto a la Sección Primera que, por auto del 10 de octubre de 202332 la admitió y dispuso notificar33 a los magistrad os de la Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo de Sucre, así como vincular 34 a la NaciónMinisterio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), al departamento de Sucre, y al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Sincelejo, como terceros interesados en el resultado del proceso.

De igual forma, solicitó al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Sincelejo y/o al Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Tercera de Decisión, que al legaran copia digital o el hipervínculo de consulta del proceso identificado con el radicado nro. 70001 33 33 00 2 2022 00177 00/01, el cual fue remitido35.

30 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 06107 00.

00/01, el cual fue remitido35.

30 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 06107 00. 31 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 06107 00. 32 Visto en el índice 5 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proc eso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 06107 00. 33 Esta orden se cumplió el 1 8 de octubre de 2023. Visto en el índice 8 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 06107 00. 34 Ibidem. 35 Visto en el índice 9 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 06107 00.Radicación: 11001 03 15 000 2023 06107 00

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3.2. El jefe de la oficina asesora jurídica del Ministerio de Educación Nacional allegó informe 36 en el que solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela.

Manifestó que “(…) el accionante pretende que el alto tribunal como juez constitucional realice una nueva revisión del problema jurídico que

Nacional allegó informe 36 en el que solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela.

Manifestó que “(…) el accionante pretende que el alto tribunal como juez constitucional realice una nueva revisión del problema jurídico que sometió a la jurisdicción contenciosa administrativa el cual ya fue resuelto con el debido cumplimiento de las formas propias del procedimiento y con decisiones que ostentan fuerza de cosa juzgada y presunción de acierto y legalidad, proferidas por el respectivo juez natural del asunto (…)”.

3.3. La coordinadora de tutelas de Fiduprevisora S.A. radicó escrito 37 en el que solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela y se desvincule a dicha entidad del trámite tutelar, por no estar legitimados en la causa por pasiva.

Expuso qu e Fiduprevisora S.A. actúa en calidad de vocera y administradora del Patrimonio Autónomo del FOMAG, en virtud de un contrato de fiducia mercantil suscrito con el Ministerio de Educación Nacional.

Señaló que las autoridades judiciales que conocieron el proceso actuaron conforme a la normativa establecida, sin que se pueda aducir que el tribunal accionado haya desconocido, entre otros, los precedentes judiciales relacionados con el tema objeto de la demanda.

Agregó que, “ (…) [es] importante traer a conside ración la sentencia de unificación dentro de la demanda de Nulidad y restablecimiento del derecho proferida por el CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA con fecha once

unificación dentro de la demanda de Nulidad y restablecimiento del derecho proferida por el CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA con fecha once (11) de octubre de dos mil veintitrés (2023) radicado 66001-33-33-0012022-00016-01 (5746-2022) en donde se resolvió: Primero. – Unificar la

36 Visto en el índice 1 0 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 06107 00. 37 Visto en el índice 11 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 06107 00.Radicación: 11001 03 15 000 2023 06107 00

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jurisprudencia del Consejo de Estado en el sentido de precisar lo siguiente: Los docentes estatales afiliados al FOMAG no tienen derecho a la sanción moratoria prevista en el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, comoquiera que es incompatible con el sistema de administración de cesantías regulado por la Ley 91 de 1989. Sin embargo, al personal docente en servicio activo que no esté afiliado al FOMAG le será aplicable la Ley 50 de 1990 y, por ende, la sanción moratoria del artículo 99, como un mínimo de protección social en favor del docente estatal (…)”.

será aplicable la Ley 50 de 1990 y, por ende, la sanción moratoria del artículo 99, como un mínimo de protección social en favor del docente estatal (…)”.

3.4. La magistrada ponente de la providencia cuestionada rindió informe38 en el que solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela por carecer de relevancia constitucional , toda vez que la parte actora lo que pretende es utilizar la solicitud de amparo como una tercera instancia para efectos de controvertir la decisión que le negó el reconocimiento de la sanción moratoria.

Indicó que “(…) en la oportunidad que se profirió la sentencia objeto de censura no existía un precedente o una sentencia unificación que obligue a los Tribunales y a los Juzgados Administrativos aplicar por favorabilidad la sanción moratoria de que trata el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 a los docentes afiliados al FOMAG cuyas cesantías se han venido reportando en el fondo en alusión desde su afiliación (…)”.

Sostuvo que la decisión de segunda instancia objeto de reproche se fundamentó en el análisis de las pruebas obrantes en el expediente y del régimen especial de cesantías aplicable de los docentes afiliados al FOMAG, lo cual permitió llegar a la conclusión, en el ejercicio de la autonomía judicial, que la sanción morato ria derivada de la no consignación de las cesantías del 2020, antes del 15 de febrero del año siguiente, no le es aplicable a la accionante.

38 Visto en el índice 1 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con

consignación de las cesantías del 2020, antes del 15 de febrero del año siguiente, no le es aplicable a la accionante.

38 Visto en el índice 1 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 06107 00.Radicación: 11001 03 15 000 2023 06107 00

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3.5. El departamento de Sucre guardó silencio.

3.6. El expediente ingresó al despacho para fallo el 30 de octubre de 202339.

4. CONSIDERACIONES DE LA SALA

4.1. COMPETENCIA DE LA SECCIÓN

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo previsto por el artículo 37 del Decreto 2591 del 19 de noviembre de 199140 y el artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo de 201541, modificado por el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de abril de 202142, así como con fundamento en el artículo 13 del Acuerdo nro. 080 del 12 de marzo de 2019 43 proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la distribución de negocios entre las secciones.

4.2. CUESTIÓN PREVIA

En relación con la solicitud de desvinculación presentada por la coordinadora de tutelas de la Fiduprevisora S.A., se advierte que dicha

Estado, que regula la distribución de negocios entre las secciones.

4.2. CUESTIÓN PREVIA

En relación con la solicitud de desvinculación presentada por la coordinadora de tutelas de la Fiduprevisora S.A., se advierte que dicha petición no es procedente, comoquiera que el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – FOMAG, cuyos recursos son administrados por la Fiduprevisora S.A., fue vinculado al trámite tutelar por tener interés en el resultado del proceso, atendiendo a que la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, objeto de esta acción, fue promovida en su contra.

39 Visto en el índice 1 4 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 06107 00. 40 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política” 41 “Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho” y establece las reglas de reparto de la acción de tutela. 42 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”. 43 Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado, publicado el 1 de abril de 2019 en el Diario Oficial número 50913.Radicación: 11001 03 15 000 2023 06107 00

43 Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado, publicado el 1 de abril de 2019 en el Diario Oficial número 50913.Radicación: 11001 03 15 000 2023 06107 00

Accionante: Ana Catalina Arias Castro

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4.3. HECHOS RELEVANTES

En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente44:

4.3.1. La señora Ana Catalina Arias Castro , actuando por conducto de apoderada, presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio - FOMAG y el departamento de Sucre, con el fin que se declarara la nu lidad del acto administrativo ficto configurado el 15 de octubre de 2021, mediante el cual le negaron el reconocimiento y pago de la sanción por mora por la no consignación oportuna de las cesantías, establecida en la Ley 50 de 1990; así como, la indemnización por el pago tardío de los intereses a las cesantías dispuesta en la Ley 52 de 1975.

A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se condenara a las demandadas a reconocer y pagar la sanción por mora establecida en el artículo 99 de la Ley 5 0 de 1990 y a la indemnización por el pago tardío de los intereses a las cesantías, que se encuentra establecida en el artículo 1 de la Ley 52 de 1975, en la Ley 50 de 1990 y en el Decreto 1176 de

de los intereses a las cesantías, que se encuentra establecida en el artículo 1 de la Ley 52 de 1975, en la Ley 50 de 1990 y en el Decreto 1176 de 1991.

4.3.2. La demanda correspondió por reparto al Juzgad o Segundo Administrativo del Circuito de Sincelejo que, en sentencia del 1 3 de diciembre de 2022 dispuso lo siguiente:

“[…] PRIMERO: DECLARAR la nulidad parcial del Acto ficto o presunto negativo, producto de la falta de respuesta de la entidad demandada al derecho de petición de 15 de julio de 2021 , en lo referente al reconocimiento de la sanción por mora derivada del no pago oportuno de las c esantías establecida en la Ley 50 de 1990, articulo 99 numeral 3°, equivalente a un (1) día de su salario por cada día de retardo, contados desde el 15 de febrero de 2021 , por lo dicho en la parte motiva de esta providencia.

44 Lo que se desprende del expediente del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado nro. 70001 33 33 002 2022 00177 00/01, aportado por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Sincelejo. Visto en el índice 9 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 06107 00.Radicación: 11001 03 15 000 2023 06107 00

Accionante: Ana Catalina Arias Castro

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SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho, CONDENAR a

la NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO y el DEPARTAMENTO DE SUCRE al reconocimiento y pago de sanción moratoria que se causaron a favor de l a parte demándate (sic), consistente en un (1) día de salario por cada día de retardo, prevista en la Ley 50 de 1990, articulo 99 numeral 3°, desde el 15 de febrero de 2021 hasta la fecha en que se acredite el pago, la cual se liquidará con base en la asig nación básica devengada por el actor para la anualidad del 2021, se dividirá entre treinta (30), multiplicando su resultado por los días que corresponden en mora, por lo dicho en la parte motiva de este proveído.

TERCERO: NIEGUESE las demás pretensiones, según se motivó […]”. [Mayúsculas y negrillas originales de la providencia].

4.3.3. En contra de la precitada decisión, las entidades demandadas interpusieron recurso de apelación y el Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Tercera de Decisión, en sentencia del 19 de julio de 2023 la revocó y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda.

4.4. ANÁLISIS DE LA SALA

Tratándose de tutela contra providencias judiciales, debe hacerse una cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, con el fin

4.4. ANÁLISIS DE LA SALA

Tratándose de tutela contra providencias judiciales, debe hacerse una cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, con el fin de evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios constitucionales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial.

El primer requisito de procedencia que el juez constitucional debe verificar es la relevancia constitucional y, para ello, la Sala se detendrá en (i) los criterios que la jurisprudencia constitucional ha desarrollado para identificar que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional, para luego, analizarlos en el (ii) caso concreto.Radicación: 11001 03 15 000 2023 06107 00

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4.4.1. Los criterios que la jurisprudencia constitucional ha desarrollado para identificar que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional45

La Corte Constitucional, en la sentencia C – 590 de 2005, indicó que uno de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial es que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. En ese s entido, señaló que “el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en

relevancia constitucional. En ese s entido, señaló que “el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes”46.

Lo anterior implica que el juez de tutela tiene el deber de expresar claramente las razones por las cuales el asunto planteado tiene relevancia constitucional; de otro modo, si no lo hace, estaría involucrándose en aspectos que le corresponde resolver al juez natural y, precisamente, esta es la circunstancia que busca evitar el examen del requisito de relevancia constitucional47.

A partir de la sentencia C – 590 de 2005, el concepto de la relevancia constitucional ha sido desarrollado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, y en la sentencia SU – 573 de 2019 explicó que este requisito persigue tres finalidades48:

45 Este requisito general de procedencia de la acción de tutela fue denominado en esos términos en la sentencia C – 590 de 2005. 46 Corte Constitucional. Sentencia C – 590 del 8 de junio de 2005. M.P.: Jaime Córdoba Triviño. 47 En ese mismo sentido, en la sentencia C – 590 de 2005, la Corte Constitucional precisó que “los fundamentos de una decisión de tutela contra una sentencia judicial deben aclarar con transparencia la relevanc