CE - 010315000202306146001SENTENCIA20231206202559

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-06146-00

Demandante: Davinson Rafael Gaviria Contreras

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D.C., veintitrés (23) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-06146-00

Demandante: Davinson Rafael Gaviria Contreras

Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre

Temas: Tutela contra providencia judicial que negó la aplicación , por favorabilidad laboral, de las Leyes 50 de 1990 y 52 de 1972, respecto de la sanción moratoria por la consignación inoportuna de las cesantías anuales e indemnización por el pago tardío de los intereses de las cesantías , a docentes afiliados al Fomag . Ausencia de los defectos desconocimiento de precedente y violación directa de la Constitución.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Decide la Sala la acción de tutela interpuesta en contra del Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Cuarta de Decisión Oral.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio de la acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución Política,

Sucre, Sala Cuarta de Decisión Oral.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio de la acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, el señor Davinson Rafael Gaviria Contreras , por intermedio de apoderado , promovió demanda en orden a que se tutelen sus derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social, a la situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho, a la seguridad social, a2

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la igualdad, al acceso a la administración de justicia, al principio de la perpetuatio jurisdictionis y a la seguridad jurídica.

Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se deje sin efectos la sentencia del 2 de agosto de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Cuarta de Decisión, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicación 70001-33-33-002-2022-000342-01 y, en su lugar, que se ordene al Tribunal proferir una nueva decisión en la que se atienda la siguiente multiplicidad de precedentes judiciales que sobre el reconocimiento de la sanción moratoria ha edificado tanto la Corte Constitucional como el Consejo de Estado.

CORTE CONSTITUCIONAL

No. RADICADO EXPEDIENTE FECHA DECISIÓN MAGISTRADO PONENTE MAGISTRADOS 1 Exp. TCorte Constitucional como el Consejo de Estado.

CORTE CONSTITUCIONAL

No. RADICADO

EXPEDIENTE FECHA DECISIÓN MAGISTRADO PONENTE MAGISTRADOS 1 Exp. T6.736.200 17 de octubre de

2018 Dra. GLORIA STELLA ORTÍZ DELGADO

SENTENCIA DE

UNIFICACIÓN

098/2018 DE LA

CORTE

CONSTITUCIONAL

2 Exp. T5904426 y otros 25 de julio de 2019 Dr. GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO

SENTENCIA DE

UNIFICACIÓN

332/2019 DE LA

CORTE

CONSTITUCIONAL

3 Exp. T7.182.312 y otros 6 de febrero de 2020

Dr. LUIS GUILLERMO GUERRERO

PÉREZ

SENTENCIA DE

UNIFICACIÓN

041/2020 DE LA

CORTE

CONSTITUCIONAL3

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1.1.2. Los hechos

El apoderado del accionante narró como hechos de tutela, los siguientes:

1. El señor Davinson Rafael Gaviria Contreras se vinculó como docente en el departamento de Sucre después del año 1990, por lo que, atendiendo a la fecha de vinculación, tiene derecho al reconocimiento y pago de sus cesantías bajo el régimen anualizado, con pago de interés cada año.

1. El 15 de febrero del año 2021, el Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) no le consignó las cesantías correspondientes a los servicios prestados en el año 2020.

1. El 17 de septiembre de 2021, el señor Davinson Rafael Gaviria Contreras solicitó al Fomag el reconocimiento y pago de la sanción por mora, establecida en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, modificado por el Decreto Nacional 1176 de 1991 , al haber transcurrido varios meses sin que fuera realizada su con signación efectiva de cesantías, así como la indemnización por pago tardío de los intereses a las cesantías, establecida en el artículo 1 de la Ley 52 de 1975.

1. Comoquiera que la entidad nunca contestó a la petición, el s eñor Davinson Rafael

cesantías, así como la indemnización por pago tardío de los intereses a las cesantías, establecida en el artículo 1 de la Ley 52 de 1975.

1. Comoquiera que la entidad nunca contestó a la petición, el s eñor Davinson Rafael Gaviria Contreras demandó el acto ficto negativo ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.6

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1. El 16 de noviembre de 2022, el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Sincelejo concedió parcialmente las súplicas de la demanda.

1. Contra la anterior decisión, la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y e l departamento de Sucre interpusieron recurso de apelación.

1. El 2 de agosto de 2023, el Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Cuarta de Decisión Oral, revocó la sentencia de primera instancia , al señalar: a) que no existe norma jurídica que contemple la sanción moratoria a favor de los docentes; b) ni tampoco un precedente consolidado en la materia; y c) que acceder a lo pretendido implicaría introducir un cambio en la regulación sobre el funcio namiento interno del Fomag en lo que respecta a la administración de los recursos —principio presupuestal de unidad de caja—, por desconocer el propósito del legislador.

1.1.3. Los fundamentos jurídicos

Fomag en lo que respecta a la administración de los recursos —principio presupuestal de unidad de caja—, por desconocer el propósito del legislador.

1.1.3. Los fundamentos jurídicos

El apoderado del accionante refirió como argumentos de tutela, los siguientes:

1. El problema jurídico dentro del caso es de índole constitucional, por cuanto la sanción moratoria conlleva el pago o consignación oportuna del auxilio de cesantías, que necesariamente tiene un alcance al derecho fundamental de la seguridad social, y la única forma de garantizar el auxilio de cesantías es con su consignación efectiva.

1. De acuerdo con lo señalado por la Corte Constitucional en la Sentencia SU-098 de 2018, en virtud del principio de igualdad e in dubio pro operario, no se debe excluir al sector oficial docente de la aplicación de la Ley 50 de 1990, pues al tener también el carácter de servidores públicos, son beneficiarios de la sanción moratoria.

1. En consideración con lo anterior, la Sección S egunda del Consejo de Estado , a través de las 26 sentencias expedidas en sus Subsecciones, acogió una interpretación favorable en el sentido de indicar que sí le resulta aplicable la Ley 50 de 1990 a los7

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docentes oficiales, por disposición expresa de las Leyes 91 de 1989 y 344 de 1996, y

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docentes oficiales, por disposición expresa de las Leyes 91 de 1989 y 344 de 1996, y los Decretos Nacionales 1582 de 1998, 1252 de 2000 y 3752 de 2003.

1. Ahora, que la autoridad accionada manifieste que tanto la Sentencia SU-098 de 2018 como la jurisprudencia del Consejo de Estado no son aplicables al caso, por estudiar situaciones fácticas y jurídicas distinta s, esto es, porque los asuntos allí analizados trataban de docentes no afiliados al Fomag, mientras que, en el sub judice, el docente sí lo estaba, no resulta adecuado, toda vez que lo que castiga la Ley 50 de 1990 es la falta de consignación de las cesantías en el fondo donde esté afiliado el trabajador, no la falta de afiliación a un fondo.

1. Con todo, expresar tal situación es tanto como permitir que las entidades territoriales vincularan docentes sin autorización de la Nación-Ministerio de Educación Nacional y luego culpar a esta entidad de la no cancelación de las cesantías, cuando fue esto lo que expresamente se prohibió desde la expedición del artículo 6 de la Ley 60 de 1993.

No puede vincularse ningún docente al magisterio por fuera de las plantas de personal que fueron aprobadas desde 1993, momento en que se descentralizó la educación en el sector educativo, sin que previamente estuviera autorizado por la Nación, en tanto precisamente existía una vinculación automática al Fomag para que fueran trasladadas las cesantías anualizadas, decretadas por la Ley 91 de 1989, a todos los docentes, como es el caso del accionante, vinculado después del 1 de enero de 1990.

trasladadas las cesantías anualizadas, decretadas por la Ley 91 de 1989, a todos los docentes, como es el caso del accionante, vinculado después del 1 de enero de 1990.

1. Cuando en el artículo 15 de la Ley 91 de 1989 se estableció que: «... los docentes nacionales y los que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990, para efectos de las prestaciones económicas y sociales, se regirán por las normas vigentes aplicables a los empleados públicos del orden nacional, Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978, o que se expidan en el futuro, con las excepciones consagradas en esta ley», la intención directa era que se tratara igual a los maestros que ya eran nacionales afiliados al Fondo Nacional del Ahorro, esto es, que se les consignara las cesantías y que estos recursos se separaran de los recursos de la Nación–MEN como patrono.

1. Causa extrañeza que el Tribunal profiera una decisión afectando derechos fundamentales, pues, con justificación objetiva, la Sección Segunda del Consejo de8

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Estado en los años 2021, 2022 y 2023 ha decidido unificar en sus dos Salas de Decisión la jurisprudencia en torno a la aplicación de la Ley 50 de 1990 para los docentes vinculados después del 1 de enero de 1990, lo que significa que el patrono,

Decisión la jurisprudencia en torno a la aplicación de la Ley 50 de 1990 para los docentes vinculados después del 1 de enero de 1990, lo que significa que el patrono, en este caso el MEN, solo debe trasladar antes del 15 de febrero de 2021, del trabajo del docente en el año 2020, sus cesantías al Fomag.

1. Ahora bien, la obligación del traslado de los recursos a las cesantías que tenía tanto el Gobierno Nacional como las entidades territoriales, las Cajas Nacional y Departamentales y el Fondo Nacional del Ahorro a los docentes que se encontraban vinculados antes del 31 de diciembre de 1989 al Fomag —ya fuesen nacionalizados, territoriales o nacionales—, no está en discusión, toda vez que esta fue la intención y la orden impartida desde la creación de la Ley 91 de 1989, esto es, el Fomag debía recibir esos recursos; sin embargo, en el caso se señaló que existe unidad de caja entre los recursos del Ministerio de Educación y el Fomag, lo que no es cierto puesto que los recursos ya fueron consignados a la entidad. Si bien es cierto en el artículo 57 de la Ley 1955 de 2019 se estableció la unidad de caja de los recursos del Fomag para el pago de las prestaciones sociales por parte del Fondo, no significa que este principio se predique de los recursos de Ministerio de Educación Nacional y el Fomag.

1. Por tanto, a los docentes le son aplicables los Decretos Nacionales 3118 de 1968, 3135 de 1968, 1848 de 1969, 1042 de 1978 y 1045 de 1978, y las demás que se expidieran en el futuro —pues así lo determinó la Ley 91 de 1989—, como es el caso

3135 de 1968, 1848 de 1969, 1042 de 1978 y 1045 de 1978, y las demás que se expidieran en el futuro —pues así lo determinó la Ley 91 de 1989—, como es el caso de las Leyes 50 de 1990 y 344 de 1996, que son expresas en señalar la obligación del patrono con la consignación de las cesantías a los docentes oficiales en el Fomag a más tardar el 15 de febrero de cada anualidad.

1. En el presente asunto se configura una violación directa de la Constitución ante la no aplicación del principio de favorabilidad, pues a los maestros se le s debe tratar en igualdad de condiciones que al resto de los empleados públicos del país.

1.2. Actuación procesal9

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1.2.1. El 23 de octubre de 202 3, el consejero de Estado Rafael Francisco Suárez Vargas admitió la solicitud de tutela y, en consecuencia, ordenó notificar del proveído al señor Davinson Rafael Gaviria Contreras , en calidad de accionante; a los magistrados del Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Cuarta de Decisión Oral, en calidad de accionados; y a la Nación -Ministerio de Educación, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, y al departamento de Sucre, como terceros con interés; para que, dentro del término de tres días, rindieran informe y allegaran los

calidad de accionados; y a la Nación -Ministerio de Educación, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, y al departamento de Sucre, como terceros con interés; para que, dentro del término de tres días, rindieran informe y allegaran los documentos que pretendieran hacer valer como pruebas.

De igual forma , requirió al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Sincelejo para que enviara copia digital del expediente del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con rad icación 70001-33-33-002-2022-00342-00 [01]; reconoció personería jurídica para actuar dentro de l proceso al abogado, señor Yobany Alberto López Quintero, de acuerdo con poder especial, otorgado por la parte actora, según la documentación contenida en el expediente digitalizado ; y ordenó remitir copia de la solicitud de tutela a la parte demandada y a los terceros interesados para que , dentro d e los tres días siguientes a la notificación de la providencia, ejercieran su derecho de defensa, si a bien lo tenían, y rindieran el respectivo informe.

1.2.2. El 24 de octubre de 2023, la Secretaría General del Consejo de Estado notificó del proveído al señor Davinson Rafael Gaviria Contreras, al Tribunal Administrativo de Sucre, al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Sincelejo, al Ministerio de Educación Nacional, al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) y al departamento de Sucre.

1.2.3. El 25 de octubre de 2023, la secretaria del Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Sincelejo remitió el enlace para consulta del expediente requerido.

1.3. Contestación de la demanda

1.2.3. El 25 de octubre de 2023, la secretaria del Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Sincelejo remitió el enlace para consulta del expediente requerido.

1.3. Contestación de la demanda

1.3.1. El Ministerio de Educación Nacional. El 26 de octubre de 2023, el jefe de la Oficina Asesora Jurídica, Walter Epifanio Asprilla Cáceres, solicitó declarar improcedente la acción de tutela, dados los siguientes argumentos:10

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1. La pretensión del accionante es revivir por la vía de la acción de tutela un debate jurídico que fue zanjado en la jurisdicción correspondiente, en aras de que el juez constitucional actúe como una tercera instancia. Abrir tal posibilidad desconocería principios fundamentales del Estado social de d erecho en tanto ignoraría la independencia y autonomía de la que gozan los jueces de la República.

1. El argumento respecto de la aplicación de la Ley 50 de 1990 a los docentes afiliados al Fomag no se encuentra resuelto de manera pacífica ni por la jurisdicción constitucional ni por la de lo contencioso administrativo, ya que en ambas se han expedido providencias que tienden a resolver el asunto en uno u otro sentido.

1. Así, con el fin de zanjar de fondo esa discusión ante la jurisdicción competente, la

expedido providencias que tienden a resolver el asunto en uno u otro sentido.

1. Así, con el fin de zanjar de fondo esa discusión ante la jurisdicción competente, la Procuraduría General de la Nación por medio de su delegado interpuso recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia en el proceso 66001 -33-33-001-202200016-01 (5746-2022), el cual fue admitido mediante auto del 24 de agosto de 2023, y en la actualidad se encuentra pendiente de ser emitida la sentencia respectiva.1

1.3.2. El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. El 27 de octubre de 2023, la Fiduprevisora S. A., en calidad de vocera y administradora del Patrimonio Autónomo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, solicitó declarar improcedente la acción y desvincular a la entidad del trámite de tutela al no estar legitimados en la causa por pasiva. Señaló, lo siguiente:

1. La acción de tutela resulta improcedente toda vez que las autoridades judiciales que conocieron del proceso actuaron conforme a la normativa y jurisprudencia aplicable al caso sin que pueda aducirse que desconocieron los precedentes judiciales mencionados en la demanda.

1. Así, se tiene que las circunstancias fácticas relacionadas con el caso que desató la Corte Constitucional en la Sentencia SU -098 de 2018 no corresponden a las que se

1 Así se indicó en la contestación de la demanda, pese a que para la fecha en que se radicó el memorial, ya había sido adoptada la sentencia de unificación en la materia.11

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ya había sido adoptada la sentencia de unificación en la materia.11

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fundan las pretensiones de la demanda que resultó desfavorable para el accionante, ya que, en su caso, no se cuestiona una afiliación inoportuna al Fomag que haya devenido en el retardo de la consignación de las cesantías, sino en el reclam o de la consignación extemporánea de sus cesantías en los plazos establecidos en la Ley 50 de 1990 e indemnización por pago inoportuno de los intereses, frente a lo cual es imposible que se cause una demora respecto de un hecho que la administración no puede ejecutar en e l régimen especial de docentes, comoquiera que no es dable realizar una consignación ante la ausencia de cuentas individuales por cada afiliado.

1. Es de advertir que por disposición del artículo 2 del Decreto 1582 de 1998, las entidades administradoras de cesantías —creadas por la Ley 50 de 1990 — podrán administrar, en cuentas individuales, los recursos para el pago de las cesantías, no así ocurre para el Fomag —creado mediante la Ley 91 de 1989 — que se rige bajo el principio de unidad de caja, por lo que es claro que las cesantías de los docentes no se administran en cuentas individuales. Así , la imposibilidad física y jurídica de apertura de cu entas individuales para cada docente afiliado al Fomag, se extiende

se administran en cuentas individuales. Así , la imposibilidad física y jurídica de apertura de cu entas individuales para cada docente afiliado al Fomag, se extiende también a la figura de la «consignación de cesantías», pues en lugar de una consignación, los docentes tienen la posibilidad de retirar sus cesantías siempre que su solicitud cumpla con el lleno de los requisitos.

1. Sumado a lo anterior, es de tener en cuenta que, recientemente, en la Sentencia de Unificación del 11 de octubre de 2023, proferida dentro del expediente 66001-3333-001-2022-00016-01 (5746-2022), el Consejo de Estado, Sección Segunda, unificó jurisprudencia en el sentido de precisar que los docentes estatales afiliados al Fomag no tienen derecho a la sanción moratoria prevista en el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, comoquiera que es incompatible con el sistema de administración de cesantías regulado por la Ley 91 de 1989.

1.3.3. El Tribunal Administrativo de Sucre y el departamento de Sucre dejaron transcurrir el término de traslado en silencio.

2. Consideraciones12

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2.1. Competencia

De acuerdo con el numeral 5.º del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015,

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2.1. Competencia

De acuerdo con el numeral 5.º del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el artículo 1.° del Decreto 333 de 2021, según el cual «Las acciones de tutela dirigidas contra los Jueces o Tribunales serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al respectivo superior funcional de la autoridad jurisdiccional accionada», en concordancia con el artículo 25 del Acuerdo 080 de 2019, según el cual «[l]as tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera instancia y e n segunda instancia se someterán a reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya correspondido el reparto», esta S ala es competente para conocer de la presente acción de tutela.

2.2. Problema jurídico

Consiste en dilucidar, en primer lugar, si la presente acción de tutela cumple con los requisitos de procedibilidad para controvertir la sentencia del 2 de agosto de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Cuarta de Decisión, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derec ho con radicación 70001-33-33-0022022-00342-01. En caso afirmativo, se analizará, en segundo lugar, si con la adopción de la referida providencia se vulneraron los derechos fundamentales invocados por la parte actora.

2.3. Sobre la acción de tutela contra providencias judiciales

La jurisprudencia constitucional 2 ha evolucionado en torno a la consideración de la

invocados por la parte actora.

2.3. Sobre la acción de tutela contra providencias judiciales

La jurisprudencia constitucional 2 ha evolucionado en torno a la consideración de la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial, y ha desarrollado diferentes reglas para su estudio, consolidadas en la Sentencia C-590 de 2005,3 en la que se hace distinción entre causales genéricas, aquellas que hacen

2 Sentencias C-543 de 1992, T-079 de 1993, T-158 de 1993, T-173 de 1993, T-231 de 1994, T-118 de 1995, T-492 de 1995, T-567 de 1998, SU-047 de 1999, T-382 de 2001, T-1031 de 2001, T-441 de 2003, T-462 de 2003, T-589 de 2003, T-949 de 2003, T-200 de 2004, T-774 de 2004. 3 Reiteradas en las sentencias SU-813 de 2007 y SU-913 de 2009.13

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referencia a los requisitos que posibilitan la interposición de la acción, y causales específicas de procedibilidad, que persiguen verificar la procedencia del amparo una vez cotejada la validez de su interposición.

De esta forma, se señalaron como causales genéricas de procedencia las siguientes: i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia

vez cotejada la validez de su interposición.

De esta forma, se señalaron como causales genéricas de procedencia las siguientes: i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, contado a partir del hecho que originó la vulneración; iv) que cuando se trate de u na irregularidad procesal, se señale, de manera clara, que esta tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales del solicitante del amparo; v) que la parte actora identifique razonablemente tan to los hechos que generaron la vulneración como los derechos trasgredidos y que hubiere alegado tal violación en el proceso judicial , siempre que esto hubiere sido posible; y vi) que no se trate de sentencias de tutela. Frente a estas causales el juez debe hacer un examen exigente y cuidadoso, al ser precisamente la acción de tutela contra providencia judicial de naturaleza «excepcional».

En igual sentido, se señalaron como causales específicas de procedibilidad , aquellas que se centran en el estudio de la providencia que se ataca, las siguientes: defecto orgánico, defecto procedimental absoluto, defecto fáctico, defecto material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedent e y violación directa de la Constitución. La Corte hizo especial hincapié en el hecho de que para que proceda el amparo, debe estar plenamente demostrada al menos una de las

sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedent e y violación directa de la Constitución. La Corte hizo especial hincapié en el hecho de que para que proceda el amparo, debe estar plenamente demostrada al menos una de las anteriores causales o defectos.

2.4. Hechos probados

Del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho con radicación 70001-33-33002-2022-00342-01, la Sala establece lo siguiente:14

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Demandante: Davinson Rafael Gaviria Contreras

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1. El 26 de abril de 2022, el señor Davinson Rafael Gaviria Contreras, por intermedio de apoderado, promovió demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Nación -Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y el departamento de Sucre con el objeto de que se declarara la nulidad del acto ficto configurado el 17 de diciembre de 2021, frente a la petición presentada y, como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho, que se condenara a las accionadas a reconocer, respecto de las cesantías anualizadas que se causaron para el año 2020, la sanción moratoria que establece la Ley 50 de 1990, desde el 15 de febrero de 202 1 hasta el día en que se efectuara la consignación de la prestación, así como la indemnización que prevé la Ley 52 de 1975

Ley 50 de 1990, desde el 15 de febrero de 202 1 hasta el día en que se efectuara la consignación de la prestación, así como la indemnización que prevé la Ley 52 de 1975 por el pago extemporáneo de los intereses sobre las cesantías, equivalente al valor de los intereses causados durante el año 2020, los cuales fueron cancelados después del 31 de enero de 2021.

1. El 16 de noviembre de 2022, el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Sincelejo concedió parcialmente las pretensiones de la demanda.

1. El 2 de agosto de 2023, el Tribunal Administrativo de Sucre, Sal a Cuarta de Decisión, revocó la sentencia de primera instancia y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda.

2.5. Análisis de la Sala. Caso concreto

2.5.1. Estudio de procedibilidad de la acción

Es de precisar que, en anteriores oportunidades, 4 este despacho ponente venía acogiendo el criterio previsto en la Sentencia SU-573 de 2019, en la que se indicó que la discusión relativa a la aplicabilidad de la sanción moratoria de la Ley 50 de 1990, no comportaba un asunto d e relevancia constitucional «i) por versar sobre un asunto meramente legal con una connotación patrimonial privada, ii) no tener una relación

4 Procesos de tutela con radicado 11001 03 15 000 2023 02216 00, 11001 03 15 000 2023 01500 01 y

11001 03 15 000 2023 04027 00, entre otros.15

Radicado: 11001-03-15-000-2023-06146-00

Demandante: Davinson Rafael Gaviria Contreras

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directa con la presunta afectación de un derecho fundamental y iii) buscar reabrir el debate concluido por el juez ordinario».

Sin embargo, a partir de la providencia del 26 de octubre de 2023, proferida dentro del expediente 11001-03-15-000-2023-03988, este despacho ponente modificó la anterior posición y acogió el criterio mayoritario de la Sala de decisión respecto del cumplimiento del referido requisito , en atención a la expedición de la Sentencia de Unificación SUJ-032-CE-S2-2023 del 11 de octubre de 2023, por parte de la Sección Segunda del Consejo de Es tado, al encontrarse en juego prerrogativas constitucionales.

De manera que —atendiendo el escenario anterior — se considera que en el caso concurre el requisito de «relevancia constitucional» en torn