CE - 010315000202306247001SENTENCIA20231120185215

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., diecisiete (17) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 110010315000-2023-06247-00

Referencia: Acción de tutela

Actor: ÁNGEL GARCÍA MARRUGO

TESIS: DE UNA PARTE, SE DECLARA LA CARENCIA ACTUAL DE

OBJETO POR HECHO SUPERADO FRENTE A LA SOLICITUD PRESENTADA POR EL ACTOR EL 12 DE ABRIL DE 2023, ADICIONADA EL 9 DE MAYO SIGUIENTE Y, POR OTRA, SE DECLARA

IMPROCEDENTE EL AMPARO SOLICITADO EN LO QUE RESPECTA AL

DERECHO DE PETICIÓN INVOCADO Y LA PRETENSIÓN RELATIVA A

QUE SE ORDENE LA RELIQUIDACIÓN DE LA PENSIÓN DE

JUBILACIÓN DEL ACTOR.

DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO, AL ACCESO A

LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, AL MÍNIMO VITAL Y DE

PETICIÓN.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la solicitud de tutela presentada por el actor contra el

DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE

INDIAS - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN ,1 la FIDUPREVISORA

1 En adelante la Secretaría de Educación de Cartagena.2

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Actor: ÁNGEL GARCÍA MARRUGO

1 En adelante la Secretaría de Educación de Cartagena.2

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S.A. y el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR2.

I.- ANTECEDENTES

I.1.- La solicitud

El señor ÁNGEL GARCÍA MARRUGO, actuando en nombre propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, al mínimo vital y de petición, los cuales, a su juicio, le fueron vulnerados por las autoridades aludidas, con ocasión de la presunta mora judicial en la que incurrió el TRIBUNAL al no darle trámite a la solicitud de aclaración presentada el 12 de abril y adicionada el 9 de mayo de 2023 y por los trámites judiciales y administrativos que han sido adelantados para la reliquidación de su pensión.

I.2.- Hechos

Manifestó que como consecuencia de los servicios que prestó como

2 En adelante el TRIBUNAL.3

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Actor: ÁNGEL GARCÍA MARRUGO

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docente, mediante Resolución núm. 123 de 6 de septiembre de 2006, la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE CARTAGENA en representación del FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO -FOMAG3 le reconoció una pensión de jubilación, con base en la asignación básica percibida.

Comentó que , luego de agotar las reclamaciones judiciales y administrativas respectivas, mediante sentencia de 24 de febrero de 2011, proferida dentro de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho identificada con el número único de radicación 130013331013-2009-00356-00, el JUZGADO TRECE ADMINISTRATIVO DE CARTAGENA ordenó la reliquidación de su pensión en un 75% del sueldo básico, la prima de alimentación y la prima de vacaciones devengados durante el último año de servicios.

Precisó que, con ocasión de su retiro definitivo del servicio, solicitó nuevamente la reliquidación de su pensión a FOMAG, no obstante, ante la negativa recibida, en 2018 promovió un medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, con la finalidad de discutir la legalidad de los actos administrativos respectivos.

3 En adelante FOMAG.4

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legalidad de los actos administrativos respectivos.

3 En adelante FOMAG.4

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Explicó que el proceso aludido fue identificado con el número único de radicación 130013333004-2018-00159-00 y atribuido para su trámite en primera instancia al JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DE CARTAGENA que, mediante sentencia de 19 de noviembre de 2019, denegó las pretensiones de la demanda.

Expuso que interpuso el recurso de apelación respectivo , el cual le correspondió al TRIBUNAL que, mediante sentencia de 30 de noviembre de 2021, revocó la decisión recurrida y , en su lugar, ordenó la reliquidación de su pensión con la inclusión del 75% del promedio de las horas extras devengadas en el último año de servicios.

Precisó que FOMAG, en c umplimiento de la sentencia aludida, expidió la Resolución núm. 9536 de 30 de noviembre de 2022, mediante la cual, si bien incluyó el factor de las horas extras aludido, no lo tuvo en cuenta en la mesada 14, así como tampoco los demás emolumentos que fueron ordenados en el primer proceso por el

JUZGADO TRECE ADMINISTRATIVO DE L CIRCUITO DE

CARTAGENA.

Adujo que solicitó nuevamente a la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN5

emolumentos que fueron ordenados en el primer proceso por el

JUZGADO TRECE ADMINISTRATIVO DE L CIRCUITO DE

CARTAGENA.

Adujo que solicitó nuevamente a la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN5

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DE CARTAGENA y a la FIDUPREVISORA S.A. la reliquidación de su pensión conforme a lo ordenado en las sentencias aludidas , sin que las irregularidades hayan sido corregidas.

Anotó que, mediante memorial radicado el 12 de abril de 2023, adicionado el 9 de mayo siguiente, solicitó al TRIBUNAL la aclaración del fallo de 30 de noviembre de 2021, para que precisara el alcance de este, en el sentido de que se determinara que su pensión debía ser reliquidada con base en los factores ordenados en su momento por el JUZGADO TRECE ADMINISTRATIVO DE CARTAGENA, más las horas extras en su mesada 14, sin que a la fecha de presentación de la presente acción constitucional hubiese recibido respuesta alguna.

I.3.- Fundamentos de la solicitud

Citó los artículos 23 de la Constitución Política, 13, 21 y 31 de la Ley 1755 de 30 de junio 2015 4, así como la sentencia T -998 de 2006 proferida por la Corte Constitucional, relativa al derecho de petición ante autoridades judiciales.

1755 de 30 de junio 2015 4, así como la sentencia T -998 de 2006 proferida por la Corte Constitucional, relativa al derecho de petición ante autoridades judiciales.

4 “Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.6

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Puso de presente que es una persona de 73 años , además que reliquidar su pensión mejoraría sus ingresos y calidad de vida.

I.4.- Pretensiones

Como consecuencia de lo anterior, el actor pretende lo siguiente:

“[…] Esta Acción Constitucional PRETENDE, fundamentalmente, que se haga claridad sobre el alcance del fallo proferido por el Honorable Tribunal Administrativo de Bolívar del cual la SED y Fiduprevisora S.A. – Fomag, utilizando su POSICIÓN DOMINANTE lo interpretaron a su amaño, violando preceptos de la Constitución Nacional y mis derechos fundamentales de petición, del debido proceso, mínimo vital y Acceso a la Justicia. Además, que las Accionadas cumplan con mandato constitucional y se me reliquide mi pensión y me paguen la parte de la mesada 14 no cancelada.

De la manera más respetuosa, solicito al Juez Constitucional que:

1.- Para decidir el presente asunto, tenga en cuenta:

de la mesada 14 no cancelada.

De la manera más respetuosa, solicito al Juez Constitucional que:

1.- Para decidir el presente asunto, tenga en cuenta:

Que el Accionante es un adulto mayor de 73 años de edad, que goza de especial protección del estado de derecho, que no cuenta con otro medio de defensa y una nueva demanda demoraría otros cinco (5) o seis (6) años que exceden a mi esperanza de vida.

Si se me reconoce la liquidación de mi pensión, me mejorarían mis ingresos bastante precarios y, por ende, mi calidad de vida.

2El Honorable Tribunal Administrativo responda mi derecho de petición del memorial de fecha abril 10 de 2023 (Anexo 23) para que aclare la forma de reliquidar mi pensión de jubilación según lo expresado en el ordinal tercero de la parte resolutiva de su sentencia.7

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3.- Si el Juez Constitucional decide que en la reliquidación de mi pensión no se deben incluir los factores salariales reconocidos en la sentencia del juzgado Décimo Tercero Administrativo (Anexo 2), ya mencionado, ordene:

Que las Accionadas me reconozcan y paguen a partir del mes de Julio de 2015, fecha de mi retiro, la mesada que venía recibiendo por un valor de $ 1.968.120 (Anexo 6) por ser un DERECHO

Que las Accionadas me reconozcan y paguen a partir del mes de Julio de 2015, fecha de mi retiro, la mesada que venía recibiendo por un valor de $ 1.968.120 (Anexo 6) por ser un DERECHO ADQUIRIDO por fallo del Juzgado Administrativo y en cumplimiento del ar tículo 48 de la Constitución Nacional, adicionado por el artículo 1 del Acto Legislativo 1 de 2005, que ordena:

(…..) “

por ningún motivo podrá dejarse de pagar, congelarse o reducirse el valor de la mesada de las pensiones reconocidas conforme a derecho.” (….) En materia pensional se respetarán todos los derechos adquiridos". (Sin negrillas ni subrayado en el original)

4Fiduprevisora - Fomag me pague la parte de horas extras correspondiente a la mesada 14 de los años 2016 a 2022 (7 mesadas) con su indexación e interese, conforme a mi derecho de petición […]”. (sic)

I.5.- Defensa

I.5.1.- El TRIBUNAL indicó que, a través de la sentencia de 30 de noviembre de 2021, accedió al reconocimiento del factor de horas extras para la reliquidación de la pensión del actor , por hallarse enlistado dentro del catálogo de factores previsto en la ley para tal efecto.8

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Anotó que, además evidenció que respecto de los demás factores salariales discutidos, había operado la figura de la cosa juzgada, con ocasión al primer proceso judicial de reliquidación pensional que había promovido el actor.

Destacó que la providencia aludida fue notificada al actor el 14 de marzo de 2022, por lo que la presente acción de tutela carecería del requisito general de inmediatez, además del de relevancia constitucional por falta de argumentación.

Precisó que la petición elevada por el actor en la que solicitó la aclaración de la sentencia referida fue resuelta a través de oficio de 20 de octubre de 2023, en el que le indicó que “[…] no le es dable al juez interpretar los alcances del fallo como se pretende con su solicitud, debido a que, esa obligación le corresponde a la entidad demandada al momento de dar cumplimiento a la sentencia […]”, por lo que frente a ese aspecto se configuró un hecho superado.

I.5.2La FIDUPREVISORAN S.A. explicó que, si bien actúa como administradora de FOMAG, lo cierto es que las pretensiones de la demanda no se dirigen en su contra, por lo que solicitaba que se le desvinculara del presente asunto por carecer de legitimación en la9

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Actor: ÁNGEL GARCÍA MARRUGO

desvinculara del presente asunto por carecer de legitimación en la9

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causa por pasiva.

Por último, d estacó que luego de revisar sus bases de datos no encontró ninguna petición que le haya elevado el actor.

I.5.3.- El JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DE CARTAGENA se limitó a remitir copia digital del expediente identificado con el número único de radicación 130013333004-201801590-00, sin realizar pronunciamiento alguno frente al fondo del asunto.

I.5.4.- El MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, vinculado en calidad de tercero con interés directo en las resultas del proceso , manifestó que, en su sentir, la presente acción de tutela es improcedente, comoquiera que el actor pretende volver a discutir asuntos que ya fueron resueltos en sede ordinaria por el juez de conocimiento.

I.5.5.- La SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE CARTAGENA pese a haber sido notificada en debida forma, guardó silencio.10

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II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

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II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021 y en virtud del artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la distribución de las acciones de tutela entre las Secciones y asigna a esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Cuestión previa

La Sala pone de presente que previo al planteamiento del problema jurídico, resulta necesario precisar los extremos de la litis para efectos de determinar, tanto el punto de derecho en discusión, como el alcance del contenido de la sentencia.

La Sala advierte que la FIDUPREVISORA S.A . solicitó que se le desvincule del presente caso, porque en su sentir carece de legitimación en la causa por pasiva.11

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Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001 de 30 de noviembre de 2006, se refirió a la falta de legitimación en la causa por pasiva en los siguientes términos:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta

de 30 de noviembre de 2006, se refirió a la falta de legitimación en la causa por pasiva en los siguientes términos:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la Sentencia T -416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso. (…).

La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la reclamación que el actor le dirige mediante la demanda sobre una pretensión de contenido material.

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso preferente y sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento judicial carente de garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan de excusa para desconocer los der echos de las partes o de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.

La identificación cabal del demandado es una exigencia que tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991 avalan. Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los

La identificación cabal del demandado es una exigencia que tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991 avalan. Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares por la acción u omisi ón que provoque la12

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violación de los derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera de texto).

Y más adelante, en sentencia T -519 de 2001 M.P. Clara Inés Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite procesal se deduce que el demandado no es responsable del menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que inflige el daño […]” (Destacado de la Sala).

En el presente caso, independiente mente de la prosperidad o no de la solicitud de amparo, comoquiera que de forma expresa el actor dirigió la solicitud de amparo y elevó pretensiones contra la FIDUPREVISORA S.A., es claro que existe una relación procesal que le vincula al presente asunto como accionada, por lo que debía

dirigió la solicitud de amparo y elevó pretensiones contra la FIDUPREVISORA S.A., es claro que existe una relación procesal que le vincula al presente asunto como accionada, por lo que debía ser notificada de su existencia, razón por la cual la Sala denegará su solicitud de desvinculación, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los derechos constitucionales fundamentales cuando estos resulten vulnerados o13

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amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o particular, en los casos previstos en el artículo 42 del Decreto Ley 2591 de 19 de noviembre de 19915. Dicha acción se establece como instrumento subsidiario, es decir, que solo procede cuando el afectado no dispone de otros medios de defensa judiciales, salvo que se utilice como mecanismo transitorio, con miras a evitar un perjuicio irremediable.

Caso concreto

En el caso bajo examen, el actor pretende que se ordene al TRIBUNAL resolver una petición que radicó el 12 de abril de 2023 y adicionó el 9 de mayo siguiente, para que le aclarara la forma en que debe reliquidarse su pensión, conforme con la sentencia de 30 de

TRIBUNAL resolver una petición que radicó el 12 de abril de 2023 y adicionó el 9 de mayo siguiente, para que le aclarara la forma en que debe reliquidarse su pensión, conforme con la sentencia de 30 de noviembre de 2021, proferida dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 130013333004-2018-00159-00.

De igual forma, el actor solicita que se ordene a FOMAG y a la FIDUPREVISORA S.A. que reliquiden su pensión de conformidad

5 «Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».14

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con lo señalado por el JUZGADO TRECE ADMINISTRATIVO DE L CIRCUITO DE CARTAGENA en sentencia de 2 de mayo de 2011, proferida dentro de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho identificada con el número único de radicación 130013331 013-2009-00356-00.

Además, el actor solicita que se ordene a FOMAG y a la FIDUPREVISORA S.A. incluir en la mesada 14 desde el año 2016 a 2022 el porcentaje relativo a la s horas extras que devengó en el último año de servicios , junto con la indexación e intereses correspondientes.

La controversia tiene origen en el hecho de que el actor ha promovido

2022 el porcentaje relativo a la s horas extras que devengó en el último año de servicios , junto con la indexación e intereses correspondientes.

La controversia tiene origen en el hecho de que el actor ha promovido los dos procesos aludidos para obtener la reliquidación de su pensión, sin embargo, no se encuentra satisfecho con la forma como FOMAG ha dado cumplim iento a los fallos respectivos, por lo que además elevó la petición de aclaración de sentencia aludida ante el TRIBUNAL, sin que haya recibido respuesta alguna.

Por lo anterior , la Sala debe determinar si el caso cumple con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela y, de ser así, establecer si el TRIBUNAL vulneró el derecho de petición del15

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actor, al no haberle dado respuesta a la solicitud de aclaración de sentencia radicada el 12 de abril de 2023 y adicionada el 9 de mayo siguiente y, en todo caso, si el Tribunal incurrió en una presunta mora judicial frente al a falta de resolución de la solicitud de aclaración. Además, se debe determinar si hay lugar a ordenar la reliquidación de su pensión en los términos que pretende.

En ese orden de ideas, la Sala abordar á el estudio del asunto, por una parte, en lo relacionado con el derecho de petición elevado ante el TRIBUNAL y la presunta mora judicial y , por otra, en lo que

En ese orden de ideas, la Sala abordar á el estudio del asunto, por una parte, en lo relacionado con el derecho de petición elevado ante el TRIBUNAL y la presunta mora judicial y , por otra, en lo que respecta a la reliquidación de la pensión del actor.

Del derecho de petición instaurado ante autoridades judiciales

Frente al derecho de petición que se ejerce ante autoridades judiciales, esta Sala ha sido enfática en considerar que su amparo no resulta procedente por vía de acción de tutela, cuando lo que se pretende es obtener pronunciamientos por parte de un juez durante el curso de un proceso, pues para ello el legislador previó los trámites para lograr dicho cometido. De igual forma, el operador constitucional se encuentra en la obligación de determinar si el16

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contenido de la solicitud persigue cuestiones netamente judiciales o administrativas, pues en caso de que sea el segundo evento, el amparo del mencionado derecho sí resulta procedente.

La Sala así lo precisó en sentencia de 17 de noviembre de 20176, en la que se reiteró lo expuesto en providencia de 18 de junio de 2015, proferida dentro de la acción de tutela radicada bajo el número único de radicación 11001-03-15-000-2015-01196-00:

“[…] En relación con el derecho de petición presentado ante autoridades judiciales, esta Sala ha sido enfática en considerar

de radicación 11001-03-15-000-2015-01196-00:

“[…] En relación con el derecho de petición presentado ante autoridades judiciales, esta Sala ha sido enfática en considerar que su amparo no resulta procedente por vía de acción de tutela, cuando lo que se pretende es obtener pronunciamientos por parte de un juez durante el curso de un proceso, pues para ello el legislador previó los trámites para lograr dicho cometido. De igual forma, el operador constitucional se encuentra en la obligación de determinar si el contenido de la solicitud persigue cuestiones netamente judiciales o administrativas, pues en caso de que sea el segundo evento, el amparo del mencionado derecho sí resulta procedente.

Así lo apreció la Sala en sentencia de 17 de julio de 2008, con ponencia del Magistrado doctor Marco Antonio Velilla Moreno, proferida dentro de la acción de tutela radicada bajo el nro. 200800517, en la que se indicó lo siguiente:

En cuanto a la violación del derecho de petición, cabe resaltar que el criterio mayoritario de la Sala ha sido el de que no es procedente el ejercicio del derecho de petición como tal frente a autoridades judiciales en el curso de un proceso, por cuanto para

6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 17 de diciembre de 2017, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación: 11001-03-15-0002017-02583-00.17

Número único de radicación: 110010315000-2023-06247-00

Actor: ÁNGEL GARCÍA MARRUGO

2017-02583-00.17

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ello el legislador ha establecido los procedimientos pertinentes mediante los cuales se tramitan los requerimientos de las partes en los procesos; y que acceder al reconocimiento de derechos de petición por fuera de los cauces procesales llevaría al caos a la administración de justicia, pues implicaría destinar gran parte del tiempo a responder solicitudes como la de la actora en detrimento de la actividad judicial.

En efecto, en sentencia de 11 de agosto de 2005 (Expediente núm. AC -2005-00304, Actor: Jorge Ignacio Cano Montoya, Consejera ponente doctora María Claudia Rojas Lasso), la Sala sostuvo:

“Es necesario precisar que en el presente asunto no se trata precisamente del ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política sino de un derecho de petición en el caso de un proceso judicial.

Acerca del alcance del derecho de petición solicitado a autoridades judiciales en el curso de un proceso, la Corte

Constitucional ha expresado:

“El derecho de petición no procede para poner en marcha el aparato judicial o para solicitar a un servidor público que cumpla sus funciones jurisdiccionales, ya que esta es una actuación reglada que está sometida a la ley procesal. Ahora bien, en caso de mora judicial puede existir transgresión del debido proceso y del derecho de acceso efectivo a la justicia; pero no del derecho

sus funciones jurisdiccionales, ya que esta es una actuación reglada que está sometida a la ley procesal. Ahora bien, en caso de mora judicial puede existir transgresión del debido proceso y del derecho de acceso efectivo a la justicia; pero no del derecho de petición. Dentro de las actuaciones ante los jueces pueden distinguirse dos. De un lado, los actos estrictamente judiciales y, de otro lado, los actos administrativos. Respecto de éstos últimos se aplican las normas que rigen la administración, esto es, el Código Contencioso Administrativo. Por el contrario, las peticiones en relación con actuaciones judiciales no pueden ser resueltas bajo los lineamientos propios de las actuaciones administrativas, como quiera que “las solicitudes que presenten las partes y los intervinientes dentro de aquél [del proceso] en asuntos relacionados con la litis tienen un trámite en el que prevalecen las reglas del proceso”. (Sentencia T-377 de 2000 MP

ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO)18

Número único de radicación: 110010315000-2023-06247-00

Actor: ÁNGEL GARCÍA MARRUGO

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Una cosa es el juez como autoridad administrativa y respecto de asuntos que no se encuentran bajo su estudio y decisión y otra muy distinta es el juez como autoridad judicial dentro del trámite de un proceso a su cargo. En este último caso no es procedente el ejercicio del derecho de petición como tal, pues para ello el legislador ha establecido los procedimientos pertinentes mediante los cuales se tramitan los requerimientos de las partes en los procesos. Acceder al

de un proceso a su cargo. En este último caso no es procedente el ejercicio del derecho de petición como tal, pues para ello el legislador ha establecido los procedimientos pertinentes mediante los cuales se tramitan los requerimientos de las partes en los procesos. Acceder al reconocimiento de derechos de petición por fuera de los cauces procesales llevaría al caos de la administración de justicia pues implicaría destinar gran parte del tiempo a responder solicitudes como la del accionante en detrimento de la actividad judicial.

Así lo ha reiterado la Corte Constitucional:

“Desde luego, como ya lo ha señalado la Corte, esto no es aplicable a las autoridades judiciales en el curso de los procesos, ya que éstos se rigen por las normas legales propias de cada uno, sin que sea lo adecuado impulsarlos mediante la formulación de peticiones en cada uno de los momentos procesales.” (Sentencia T -178-00. MP JOSÉ GREGORIO HERNANDEZ GALINDO) […]” (Negrillas y subrayas fuera del texto).

Asimismo, en reiterada jurisprudencia, la Corte Constitucional ha explicado que la jurisdicción en general ha sido entendida como la potestad del Estado para administrar justicia en ejercicio de su soberanía, mediante el conocimiento y decisión de diferent es asuntos; por ello, es que todos los jueces ejercen jurisdicción en nombre del Estado, pero en el marco de su competencia, la cual hace referencia a la porción asignada a cada juez o Tribunal para su conocimiento.19

Número único de radicación: 110010315000-2023-06247-00

Actor: ÁNGEL GARCÍA MARRUGO

referencia a la porción asignada a cada juez o Tribunal para su conocimiento.19

Número único de radicación: 110010315000-2023-06247-00

Actor: ÁNGEL GARCÍA MARRUGO