CE - 010315000202306254001SENTENCIA20231211114552

Radicación: 11001-03-15-000-2023-06254-00

Demandante: Marina Cortés García

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá, D.C., siete (7) de diciembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-06254-00

Demandante: MARINA CORTÉS GARCÍA

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE L ARCHIPIÉLAGO DE SAN

ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA Y JUZGADO

ÚNICO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE SAN ANDRÉS,

PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

Temas: Tutela contra pro videncia judicial. Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra acto administrativo que niega la expedición de tarjeta de residente definitiva . Reiteración de los argumentos propuestos en el proceso ordinario. Presupuesto de

Relevancia Constitucional

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela promovida por la señora Marina Cortés García , quien actúa en nombre propio , contra el Tribunal Administrativo del Archipiélago de San Andrés, Providencia y

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela promovida por la señora Marina Cortés García , quien actúa en nombre propio , contra el Tribunal Administrativo del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y el Juzgado Único Administrativo del Circuito de San Andrés, Providencia y Santa Catalina en la que pide el amparo constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso , “núcleo familiar” y dignidad humana, vulnerados, supuestamente, con las sentencias de 31 de marzo de 2023 y 28 de enero de 2022, respectivamente, que negaron las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida contra la Oficina de Control Circulación y Residenc ia (en adelante OCCRE) , con el fin de que se conceda la residencia permanente en el territorio insular.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

La actora relató que en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho demandó a l departamento de Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y a la Oficina de Control Circulación y Residencia (en adelante OCCRE), con el fin de que se declarara la nulidad de la Resolución No. 0065 del 9 de enero de 2019 , que negó la residencia permanente en el territorio insular, y del acto ficto producto del silencio administrativo negativo frente al recurso de apelación formulado y, a título de restablecimiento del derecho , pidió que se ordenara a la entidad demandada expedir la tarjeta de residente definitiva.

Informó que por sentencia de 28 de enero de 2022 , el Juzgado Único

que se ordenara a la entidad demandada expedir la tarjeta de residente definitiva.

Informó que por sentencia de 28 de enero de 2022 , el Juzgado Único Administrativo de Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina , negó las pretensiones de la demanda, según el relato de la demandante, porque las pruebas documentales pre sentadas ante la OCCRE para demostrar la residencia no tenían un sello.Radicación: 11001-03-15-000-2023-06254-00

Demandante: Marina Cortés García

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2 Indicó que, por sentencia de 31 de marzo de 2023 , el Tribunal Administrativo del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina confirmó el fallo recurrido bajo los mismos argumentos.

2. Fundamentos de la acción

La actora presentó acción de tutela en defensa de los derechos fundamentales al “núcleo familiar” debido proceso y dignidad humana, los cuales consideró vulnerados con las sentencias de 31 de marzo de 2023 y 28 de enero de 2022, proferidas por el Tribunal Administrativo del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y el Juzgado Único Administrativo del Circuito de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, respectivamente, que negaron las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida contra la Oficina de Control Circulación y Residencia (en adelante OCCRE), con el fin de que se conceda la residencia permanente en el territorio insular.

pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida contra la Oficina de Control Circulación y Residencia (en adelante OCCRE), con el fin de que se conceda la residencia permanente en el territorio insular.

La actora no expresó concretament e los defectos en los que habrían incurrido las autoridades judiciales accionadas, no obstante, de su relato se advierte que hace referencia al defecto fáctico, pues controvierte la decisión judicial en lo pertinente a la valoración de los elementos probatorios que obran en el expediente.

Al respecto, manifestó que las autoridades judiciales accionadas restaron valor a los documentos aportados en el expediente , como la prueba del tiempo de residencia en la Isla de San Andrés, tales como “Certificado de la vacuna “T.T.” de dosis recibidas el “25/03/03” y “05/92”; Carné que certifica el grupo sanguíneo; registro de laboratorio clínico del 28 de abril de 1988; y la prescripción médica fechada 18 de enero de 1989”, por no tener un sello, lo cual consi dera constituye una exigencia irrazonable porque “para la época estas entidades no utilizaban sellos”.

De igual f orma, indicó que no pudo presentar la “historia laboral” porque siempre ha ejercido labores de empleada doméstica y “para esa época, no las afiliaban a ningún régimen prestacional”.

También, incluyó la siguiente acusación: “ ninguna de las radicaciones o peticiones que he hecho me han respondido, radiqu é el día 29 de octubre de 2012, con radicado No. 2554, el 25 de diciembre de 2013, con radicado No. 332 17, el 29 de

que he hecho me han respondido, radiqu é el día 29 de octubre de 2012, con radicado No. 2554, el 25 de diciembre de 2013, con radicado No. 332 17, el 29 de julio de 2013 con radicado No. 18904, el día 30 de diciembre de 2015 ”. No obstante, no precisó cual era el sentido de esas solicitudes y la autoridad ante la cual las radicó.

Finalmente, señaló que tiene domicilio en la Isla de San Andrés “desde hace más de 30 años” lo que , adujo, acreditó en el procedimiento administrativo y judicial con las pruebas documentales y “los testimonios”.

3. Pretensiones

En el escrito de tutela se formulan las siguientes:

“Ordenar a JUZGADO ÚNICO CONTENCIOSO AD MINISTRATIVO DEL

DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA y Tribunal Administrativo del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina), que se revoque la decisión tomada por estas dos entidades y se orde nen restablecerme mis derecho s a residir en el departamento archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina en forma permanente.

Prevenir JUZGADO ÚNICO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTARadicación: 11001-03-15-000-2023-06254-00

Demandante: Marina Cortés García

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Demandante: Marina Cortés García

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3 CATALINA y Tribunal Administrativo del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina) y/o quien corresponda, que en ningún caso vuelva a incurrir en las acciones que dieron mérito a iniciar esta tutela y que si lo hacen serán sancion adas conforme lo dispone el Art. 52 del Decreto 2591/91 (arresto, multa, sanciones penales)”.

4. Pruebas relevantes

Obra copia de los siguientes documentos:

• Copia de la sentencia de 31 de marzo de 2023, proferida por el Tribunal

Administrativo de Archipiélago de San Andrés , Providencia y Santa Catalina.

• Copia de la sentencia de 28 de enero de 2022, dictada por el Juzgado Único Administrativo de Archipiélago de San Andrés , Providencia y Santa

Catalina.

Se allegó copia digital del expediente d el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado No 88-00133-33-001-2019-00110-00, actora: Marina Cortés García.

5. Trámite procesal

5.1. La demanda fue radicada ante el Tribunal Administrativo del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que por auto de 6 de octubre de 2023 remitió el expediente al Consejo de Estado atendiendo las reglas administrativas de reparto fijadas en el Decreto 333 de 2021.

San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que por auto de 6 de octubre de 2023 remitió el expediente al Consejo de Estado atendiendo las reglas administrativas de reparto fijadas en el Decreto 333 de 2021.

5.2 Por auto de 17 de octubre de 2023, el despacho admitió la demanda y ordenó notificar al accionante y a la s autoridades judiciales accionadas. Igualmente , al Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina - Oficina de Control de Circulación y Residencia – OCCRE, como tercero interesado en el res ultado del proceso.

De igual forma, dispuso oficiar al Tribunal Administrativo del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y al Juzgado Único Administrativo del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, en el evento de que el expediente hubiese sido devuelto, para que allegara copia digitalizada del proceso No. 88001-33-33001-2019-00110-01, demandante: Marina Cortés García.

La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios 118444 a 118449, todos de 20 de octubre de 2023, con el fin de notificar a las partes 1 .

6. Oposición

6.1. Respuesta del Tribunal Administrativo del Archipiélago de San Andrés Providencia y Santa Catalina

La Magistrada ponente de la decisión cuestionada rindió informe sobre los hechos y las pretensiones de l a demanda . Al respecto, señaló que no se cumple el presupuesto de relevancia constitucional porque la actora emplea el mecanismo

1 La notificación se efectuó a los siguientes correos electrónicos: camepa15@hotmail.com,

y las pretensiones de l a demanda . Al respecto, señaló que no se cumple el presupuesto de relevancia constitucional porque la actora emplea el mecanismo

1 La notificación se efectuó a los siguientes correos electrónicos: camepa15@hotmail.com, stadsupsaislas@cendoj.ramajudicial.gov.co, stadsupsaislas@cendoj.ramajudicial.gov.co, sgtadminadz@notificacionesrj.gov.co, tutelasnacionales@defensajuridica.gov.co, notificacion@sanandres.gov.co, seguridaddigital@sanandres.gov.co, jadmsaislas@cendoj.ramajudicial.gov.co, seguridaddigital@sanandres.gov.co; notificacion@sanandres.gov.co; cinternodisciplinario@sanandres.gov.co.Radicación: 11001-03-15-000-2023-06254-00

Demandante: Marina Cortés García

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4 constitucional para dar continuidad al debate superado en el trámite del proceso ordinario.

Afirmó que , en la sentencia de 31 de marzo de 2023 , se efectuó un análisis riguroso de la demanda y sus anexos, así como de las pruebas que obraban en el expediente y, en ese marco, se profirió una decisión bajo la normatividad aplicable al caso concreto, a lo que agregó q ue se garantizó el debido proceso en todas las etapas del mismo.

En ese sentido, explicó que en la sentencia cuestionada se argumentó que el artículo 310 de la Constitución Política consagra un régimen especial en materia

etapas del mismo.

En ese sentido, explicó que en la sentencia cuestionada se argumentó que el artículo 310 de la Constitución Política consagra un régimen especial en materia administrativa, de inmigración, f iscal, de comercio exterior, de cambios, financiera y de fomento económico para el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y dispuso la posibilidad de limitar el ejercicio de los derechos de circulación y residencia y establecer controles a la densidad poblacional.

En ese marco, se concluyó que la Resolución No 00065 de 9 de enero de 20 19 proferida por la OCCRE y los actos fictos demandados , no incurrieron en la causal de nulidad por falsa motivación alegada por la demandante . Ello, porque la negativa a la solicitud de residencia permanente se fundamentó en que no se acreditó el cumplimiento del requisito establecido en el literal c del artículo 2° del Decreto 2762 de 1991, que consiste en haber estado residiendo en el territo rio del archipiélago tres años continuos e inmediatamente anteriores a la expedición del Decreto 2762 de 1991, en tanto las pruebas aportadas permitían inferir que fijó su domicilio en la Isla a partir del año 1993 , incluso, contrariando las n ormas establecidas en materia de control po blacional, por lo que la decisión administrativa se encuentra ajustada a la ley.

Finalmente, solicitó que se declare improcedente la acción de tutela por no cumplir el presupuesto de relevancia constitucional.

6.2. El Juzgado Único Administrativo del Ar chipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina , remitió el link habilitado para la consulta del proceso , sin

el presupuesto de relevancia constitucional.

6.2. El Juzgado Único Administrativo del Ar chipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina , remitió el link habilitado para la consulta del proceso , sin embargo, no se pronunció sobre los hechos y pretensiones de la demanda . Las entidades vinculadas guardaron silencio pese a que se notificó debidamente el auto admisorio de la demanda.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del Decreto 2591 de 1991 y 13 del R eglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto de estudio.

2. Planteamiento del problema jurídico

Le corresponde a la Sala determinar si el Tribunal Administrativo del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Cat alina y el Juzgado Único Administrativo del Circuito del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina , con las sentencias de 31 de marzo de 2023 y 28 de enero de 2022, respectivamente, que negaron las pretensiones de la demanda de nulidad y res tablecimiento del derecho promovida por la hoy actora con el fin de que se conceda la residencia permanente en el territorio insular, vulneraron l os derechos fundamentales al debido proceso, “núcleo familiar” y di gnidad humana, al incurrir en defecto fácticoRadicación: 11001-03-15-000-2023-06254-00

Demandante: Marina Cortés García

debido proceso, “núcleo familiar” y di gnidad humana, al incurrir en defecto fácticoRadicación: 11001-03-15-000-2023-06254-00

Demandante: Marina Cortés García

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5 por la valoración errónea de los elementos probatorios que obran en el expediente, dirigidos a demostrar el cumplimiento del requisito de estar residiendo en la s islas los tres años anteriores a la expedición d el Decreto 2762 de 13 de diciembre de 1991.

De manera previa, en razón a que fue invocado por Tribunal Administrativo del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina , la Sala deberá establecer si la acción de tutela cumple con el presupuesto de la relevancia constitucional.

3. El presupuesto de la relevancia constitucional

Esta condición de procedencia precisada en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en el marco de las acciones de tutela contra providencias judiciales, tiene por fi nalidad “(i) proteger la autonomía e indepe ndencia judicial y (ii) evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a otras jurisdicciones2.

Al respecto, esa corporación judicial ha establecido un conjunto de reglas dirigi das a definir cuándo un asunto presenta rel evancia constitucional, partiendo del hecho que de la actuación objeto de reproche constitucional se advierta una posible vulneración a los derechos y deberes constitucionales. Así, por ejemplo, en la

a definir cuándo un asunto presenta rel evancia constitucional, partiendo del hecho que de la actuación objeto de reproche constitucional se advierta una posible vulneración a los derechos y deberes constitucionales. Así, por ejemplo, en la sentencia T-310 de 20053, la Corte indicó que cuando se acuda al mecanismo de amparo constitucional para cuestionar la legalidad de un acto administrativo, sin que se encuentre de por medio la violación de derechos fundamentales se estaría frente a un asunto que carec e de relevancia constitucional que conlleva la improcedencia de la tutela.

En el mismo sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado partiendo de los lineamientos fijados por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 sobre la procedencia excep cional de la tutela contra decisiones judic iales, fijó las condiciones que corresponde verificar al juez de tutela para determinar si la acción de tutela cumple o no con el requisito de relevancia constitucional4.

Al respecto, estableció que este requisit o tiene una doble connotación, como criterio de selección en sede de revisión de la Corte Constitucional y como requisito de procedencia de la acción de tutela que busca evitar que el trámite de la acción de amparo se convierta en una instancia adicional.

Esta Sala 5, de conformidad con lo anterio r ha precisado que este requisito de procedencia exige la verificación de los siguientes elementos:

1. Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de derechos fundamentales . En princ ipio, la acción de tutela no puede utilizar se para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente

1. Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de derechos fundamentales . En princ ipio, la acción de tutela no puede utilizar se para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela.

1. Que el interesado argument e de manera suficiente y razonable la relev ancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales . Debe tenerse en cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de proce dibilidad de la tutela contra providencias judiciales». Es necesario que el interesado exponga de manera clara las

2 Sección Cuarta, sentencia del 8 de febrero de 2018. Expediente 2017-01745-01 M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. 3 Corte Constitucional M.P. Jaime Córdoba Triviño. Reiterada en sentencia T -136 de 2015 M.P. María Victoria Calle Correa. 4 Sala Plena del Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014. Expediente 2012-02201-01. 5 Expediente 2020-05131-00, M. P. Julio Roberto Piza Rodríguez.Radicación: 11001-03-15-000-2023-06254-00

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6 razones por las que considera que la providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales.

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6 razones por las que considera que la providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales.

1. Que los argumentos de la solicitud d e amparo se acompasen con las razones de la decisión objeto de tutela . La discusión propuesta en la demanda de tutela debe referirse a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener relación con la ratio decidendi. De modo que pueda abor darse el estudio con una expectativa de incidencia en el sentido de la propia decisión cuestionada. iv. Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.

1. Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más i nformal que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes argumentos para derribar las decis iones de los jueces, que se dictan previo a gotamiento de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del proceso ordinario. Ju stamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces competentes.

Los referidos parámetros, se constituyen en una guía orientadora para verificar si

insistir en los argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces competentes.

Los referidos parámetros, se constituyen en una guía orientadora para verificar si en cada caso concreto se cumple esta condición de aplicación, co ndiciones que, en últimas, buscan preservar el valor de la cosa juzgada, la seguridad jurídica y la autonomía judicial.

4. Estudio y solución del caso concreto

La accionante considera que el Tribunal Administrat ivo del Archipiélago de San Andrés, Provide ncia y Santa Catalina y el Juzgado Único Administrativo del Circuito del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina , vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso , “núcleo familiar” y digni dad humana, con las sentencias de 31 de mar zo de 2023 y 28 de enero de 2022, respectivamente, que negaron las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derech o, promovida con el fin de que se conceda la residencia permanente en el territorio insular.

La accionante no expresó las causales específicas en las que habrían incurrido las autoridades judiciales accionadas, no obstante, del relato de la demanda es posible advertir que hace referencia al defecto fáctico por que reprocha la valoración de las pruebas documentales y testimon iales que obraban en el expediente dirigidas a demostrar el cumplimiento del requisito de haber residido en las islas tres años antes de la expedición del Decreto 2762 de 13 de diciembre de 1991.

La Sala anticip a que declarará la improcedencia de la acci ón de tutela porque no

las islas tres años antes de la expedición del Decreto 2762 de 13 de diciembre de 1991.

La Sala anticip a que declarará la improcedencia de la acci ón de tutela porque no cumple el requisito de la relevancia constitucional, en tanto se acude a ella con el propósito de dar continuidad al debate legal que fue resuelto en las dos instancias del proceso ordinario.

4.1. La Sala observa que la señora Marina Cortés García presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina – Oficina de Control de Circulación y Residencia -OCCREcon el fin de que se declarara la nulidad de los actos administrativos expresos y fictos que negaron la residencia permanente en el territorio insular por no cumplir el requisito establecido en el artículo 2°, literal c del Decreto 2762 del 13 diciembre de 1991 que exige tener domicilio en las islas ,Radicación: 11001-03-15-000-2023-06254-00

Demandante: Marina Cortés García

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7 comprobado mediante prueba documental, por mas de tres años continuos anteriores a la expedición de ese de precepto.

El Juzgado Único Administrativo del Circuito d el Archipiélago de San Andrés, Providencia y S anta Catalina , en primera instancia, negó las pretensiones de la demanda al considerar que los actos administrativos demandados no incurrieron en las causales de anulación alegadas por la demandante -falsa motivación y

Providencia y S anta Catalina , en primera instancia, negó las pretensiones de la demanda al considerar que los actos administrativos demandados no incurrieron en las causales de anulación alegadas por la demandante -falsa motivación y violación al debido proceso -, pues la decisión de negar la residencia permanente se encuentra fundada y ajustada a la normatividad aplicable al caso concreto , en tanto la peticionaria no demostró el cumplimiento de los requisitos sustanciales establecidos en el Decreto 2762 de 1991, para tal efecto.

Al respecto, evidenció que la señ ora Marina Cortés García, para demostrar la residencia en la Isla los años 1988, 1989, 1990 y 1991, aportó los siguientes documentos: (i) declaraciones extrajuicio de terceros que manifestaron conocerla como una p ersona honesta trabajadora y responsable, ( ii) referencias comerciales, (iii) contratos de arrendamiento suscritos el 16 de octubre de 1993 y el 5 de diciembre de 2016, (iv) certificado de vacunación emitido por la Secretaría de Salud de la Gobernación del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, recibió dos dosis de la vacuna “T.T.”, el 25 de marzo de 2003 y en el mes de mayo de 1992, (v) Carné sin fecha de emisión, que certifica el grupo sanguíneo, (vi) Registro de laboratori o clínico emitido por el Sistema Nacional d e Salud -San Andrés y Providencia – Islas, que refleja resultados de exámenes de laboratorios practicados el 28 de abril de 1988 y (vii) fórmula médica de 18 de enero de 1989 , elaborada en formato del Hospital

resultados de exámenes de laboratorios practicados el 28 de abril de 1988 y (vii) fórmula médica de 18 de enero de 1989 , elaborada en formato del Hospital Santander – Servicio Seccional de Salud - San Andrés y Providencia – Islas.

De igual modo, se refirió a la versión libre que rindió la demandante ante la OCCRE, de la cual resaltó que de los 35 años que ha residido en la Isla abandonó el territorio durante el periodo comprendido entre los años 1998 a 2002.

No obstante, aseveró que esas pruebas permiten acreditar que la actora estuvo en determinadas fechas en el Archipiélago, pero no s on idóneas para demostrar su residencia en la Isla s tres años antes de la e xpedición del Decreto 2762 de 1991.

Frente a esa decisión la accionante presentó recurso de apelación en el que insiste que con las pruebas documentales son suficientes para demostrar que residió en la Isla durante los años 198 8, 1989, 1990 y 1991 , a lo que agregó que respecto de la declaración rendida ante la OCCRE sobre el periodo en que habría salido del territorio insular, el Juzgado accionado debió establecer las fechas de entrada y salida para contabilizar los tres años en los términos.

El Tribunal del Archipiélago de San Andrés, Providen cia y Santa Catalina, en sentencia de 31 de marzo de 2023, confirm ó el fallo objetado , por las mismas razones esgrimidas por el juez de primera instancia. Señaló que teniendo en cuenta los argumentos del recurso de apelación, correspondía verificar si efectivamente, la señora Marina Cortés García acredit ó el cumplimiento de los

razones esgrimidas por el juez de primera instancia. Señaló que teniendo en cuenta los argumentos del recurso de apelación, correspondía verificar si efectivamente, la señora Marina Cortés García acredit ó el cumplimiento de los requisitos establecidos en el literal c) del artículo 2° del Decreto 2762 de 1991, para lo cual analizó las pruebas aportadas tanto en sede administrativa como judicial para el efecto y en ese marco, llegó a las siguientes conclusiones:

• En relación con el certificado de vacuna, resultado de laboratorio y fórmula médica, indicó que “si bien son indicativos de la atención médica recibida por la señora Marina Cortés García para los años 1988, 1989 y 1992 respectivamente, estas pruebas por sí solas no son suficientes para poder determinar que para esas fechas la actora tenía fijada su residencia en lasRadicación: 11001-03-15-000-2023-06254-00

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8 islas. Efectivamente las pruebas presentadas son indicativas que la actora para la fech a de las mismas se encontraba en el Departamento Archipiélago, no obstante, las mismas no permiten inferir que esta permanencia fuese definitiva o prolongada en el tiempo o simplemente fuese temporal. Es menester q ue la parte allegara junto con estas, otra serie de pruebas de las cuales se pueda inferir que efectivamente la señora Marina Cortés García para antes de la entrada en vigencia del Decreto 2762 de 1991 había establecido su residencia en el Departamento Archipiélago”.

serie de pruebas de las cuales se pueda inferir que efectivamente la señora Marina Cortés García para antes de la entrada en vigencia del Decreto 2762 de 1991 había establecido su residencia en el Departamento Archipiélago”.

• Sobre las referencias persona les advirtió que , aunque los declarantes coinciden en que conoce n a la señora Marina Cortés García, “estas manifestaciones por sí mismas no concurren al cumplimiento del requisito de acreditar mediante prueba docum ental idónea la residencia en el territorio del Archipiélago tres años antes de la expedición del Decreto 2762 de 1991”.

• Adicionalmente, expresó que “dan cuenta de conocer a la demandante entre 5 y 7 años después de proferido el Decreto 2762 de 1991, cua ndo la norma es clara al disponer que el d erecho de residencia será otorgado a quien acredite mediante prueba documental idónea haber estado domiciliado en las islas por más de tres (3) años continuos e inmediatamente anteriores a la expedición del mencionado decreto”.

• En el mismo sentido, se ref irió a las referencias comerciales y laborales, sobre las cuales señaló que las mismas permiten acreditar una relación negocial con las personas que certificaron esa circunstancia, pero no son suficientes para demostrar la residencia durante un periodo concreto.

• Sobre el contrato de arrendamiento, adujo