CE - 010315000202306269001SENTENCIA20231207120959

Demandante: José Mariano Sánchez Luna Demandado: Consejo de Estado, Sección Cuarta Radicación: 11001-03-15-000-2023-06269-00

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADO PONENTE: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Paipa, Boyacá, siete (7) de diciembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-06269-00

Demandante: JOSÉ MARIANO SÁNCHEZ LUNA

Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN CUARTA

Temas: Tutela contra providencia judicial – declara falta de legitimación en la causa por activa

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala resuelve en primera instancia la acción de tutela formulada por el señor José Mariano Sánchez Luna contra la Sección Cuarta del Consejo de Estado.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

1. El señor José Mariano Sánchez Luna , en calidad de estudiante de la Universidad de Cartagena, actuando en nombre propio, interpuso acción de tutela contra la Sección Cuarta del Consejo de Estado. El peticionario consideró que las autoridades judiciales accionadas vulneraron sus derechos fundamentales a la educación, a la dignidad humana y al mínimo vital.

contra la Sección Cuarta del Consejo de Estado. El peticionario consideró que las autoridades judiciales accionadas vulneraron sus derechos fundamentales a la educación, a la dignidad humana y al mínimo vital.

2. Las referidas garantías constitucionales las consideró vulneradas por la decisión proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado el 11 de mayo de 2023 en la cual se confirmó lo resuelto por el Tribunal Administrativo de Bolívar el 29 de mayo de 2020, autoridad que accedió a las pretensiones de la demanda dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho rad. 1300123-33-000-2013-90027-01/02 y or denó a la Universidad de Cartagena devolver unos dineros a Ecopetrol S.A.

1.2. Pretensiones

3. A partir de una lectura integral de la acción de tutela, se evidencia que el señor José Mariano Sánchez Luna pretende el amparo de sus derechos fundamentales a la educación, a la dignidad humana y al mínimo vital; y enDemandante: José Mariano Sánchez Luna Demandado: Consejo de Estado, Sección Cuarta Radicación: 11001-03-15-000-2023-06269-00

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consecuencia, que se deje sin efectos la providencia proferida el 11 de mayo de 2023 por la Sección Cuarta de esta Corporación que accedió a las pretensiones de la demanda presentada en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho por Ecopetrol S.A., en contra de l a Universidad de Cartagena.

2023 por la Sección Cuarta de esta Corporación que accedió a las pretensiones de la demanda presentada en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho por Ecopetrol S.A., en contra de l a Universidad de Cartagena.

4. Además de lo anterior, el accionante solicitó la vinculación de la Sección Primera de esta Corporación.

1.3. Hechos probados y/o admitidos1

1.3.1. Sobre la acción de cumplimiento adelantada por la Universidad de Cartagena2

5. El Congreso de la República profirió la Ley 334 de 1996 por medio de la cual se autorizó y creó el cobro de la estampilla denominada «Universidad de Cartagena siempre a la altura de los tiempos».

6. El 21 de noviembre de 2006, la Universidad de Cartagena presentó demanda en ejercicio de la acción de cumplimiento en contra de Ecopetrol S.A., por cuanto no había cumplido con el mandato de la ley en comento, pues no había realizado el pago de la estampi lla por las exportaciones de petróleo desde el Puerto de Cartagena a partir del año 1997.

7. El asunto lo conoció en primera instancia, el Juzgado 13 Administrativo del Circuito Judicial de Cartagena que, mediante sentencia del 26 de enero de 2007, negó las pretensiones de la acción de cumplimiento y declaró la falta de legitimación en la causa por pasiva de Ecopetrol S.A.

8. En segunda instancia, la acción de cumplimiento la conoció el Tribunal Administrativo de Bolívar que en sentencia del 12 de marzo de 2007 revocó el fallo del juzgado. En su lugar, ordenó a Ecopetrol S.A., que cancelara los dineros que la

8. En segunda instancia, la acción de cumplimiento la conoció el Tribunal Administrativo de Bolívar que en sentencia del 12 de marzo de 2007 revocó el fallo del juzgado. En su lugar, ordenó a Ecopetrol S.A., que cancelara los dineros que la Universidad de Cartagena debió recaudar con este tributo; y a la Contraloría General de la República que determinara el monto adeudado.

9. Luego de determinado el monto por parte de la autoridad fiscal, los días 3 de marzo de 2009 y 9 de abril de 2010 Ecopetrol S.A. canceló en su orden, las sumas de $26.402.634,272 y $22.865.515.597.

10. Contra las decisiones proferidas en la acción de cumplimiento, tanto la parte demandante como demandada interpusieron acciones de tutela, las cuales fueron negadas.

1 Los hechos aquí mencionados corresponden a los indicados en la acción de tutela Rad. 11001-0315-000-2023-04842-00. 2 Rad. No.13001-33-31-013-2006-00038-03.Demandante: José Mariano Sánchez Luna Demandado: Consejo de Estado, Sección Cuarta Radicación: 11001-03-15-000-2023-06269-00

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1.3.2. Sobre el medio de control de nulidad y restablecimiento adelantado por Ecopetrol S.A. en contra de la Universidad de Cartagena3

11. El 26 de julio de 2012, Ecopetrol S.A., le solicitó a la Universidad de

Ecopetrol S.A. en contra de la Universidad de Cartagena3

11. El 26 de julio de 2012, Ecopetrol S.A., le solicitó a la Universidad de Cartagena la devolución de los pagos excesivos o indebidos que se hicieron por la estampilla denominada «Universidad de Cartagena siempre a la altura de los tiempos». Esta petición fue negada mediante oficio del 20 de septiembre de 2012 ante el cual se presentó recurso de reposición y en subsidio apelación que fue resuelto el 21 de febrero de 2013 mediante la Resolución No. 00461 que confirmó la negativa de la devolución.

12. Por los hechos antes mencionados, Eco petrol S.A. presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho con el fin que se anularan los actos administrativos antes citados. A título de restablecimiento del derecho, solicitó la devolución de lo cancelado por concepto de estampillas denominadas «Universidad de Cartagena siempre a la altura de los tiempos».

13. Del proceso conoció el Tribunal Administrativo de Bolívar. Esa autoridad judicial, a través de sentencia dictada el 29 de mayo de 2020, accedió a las pretensiones de la demanda. En ese ord en, declaró la nulidad de los actos demandados y a título de restablecimiento del derecho, ordenó la devolución a Ecopetrol S.A., de los pagos que efectuó el 3 de marzo de 2009 y 9 de abril de 2010 por valor en su orden, de $26.402.271,86 y $22.865.515.597 , a favor de la Universidad de Cartagena por concepto de estampillas.

14. Como fundamento de su decisión, expresó que la explotación de petróleo no

por valor en su orden, de $26.402.271,86 y $22.865.515.597 , a favor de la Universidad de Cartagena por concepto de estampillas.

14. Como fundamento de su decisión, expresó que la explotación de petróleo no estaba comprendida como hecho generador de la estampilla ya que esta actividad hace parte de las actividades económicas que realiza Ecopetrol S.A., relacionadas con la exploración, producción, transporte, refinación o procesamiento y comercialización del recurso natural no renovable, por lo que se encontraba inmersa dentro de la prohibición del artículo 16 del Decreto 1056 de 19534.

3 Rad. No. 13001-23-33-000-2013-90027-01/02. 4 Por el cual se expide el Código de Petróleos. ARTÍCULO 16. La exploración y explotación del petróleo, el petróleo que se obtenga, sus derivados y su transporte, las maquinarias y demás elementos que se necesitaren para su beneficio y para la construcción y conservación de refinerías y oleoductos, quedan exentos de toda clase de impuestos departamentales y municipales, directos o indirectos, lo mismo que del impuesto fluvial. El petróleo crudo y sus derivados obtenidos de las explotaciones establecidas de acuerdo con las Leyes 37 de 1931, 160 de 1936 y del presente Código, quedan exentos de todo impuesto de exportación durante los primeros treinta años de la respectiva explotación El petróleo crudo colombiano quedará también exento, durante el mismo plazo de los primeros treinta (30) años de cada explotación, de cualquier impuesto de carácter especial que grave ese producto exclusivamente.

colombiano quedará también exento, durante el mismo plazo de los primeros treinta (30) años de cada explotación, de cualquier impuesto de carácter especial que grave ese producto exclusivamente. Las exportaciones de petróleo no requerirán permiso escrito de la Oficina de Registro de Cambios, ni será obligatorio reintegrar al país la moneda extranjera proveniente de tales exportaciones; pero el Gobierno podrá exigir, cuando así lo aconsejare la situación de la balanza de pagos, que se reintegre al país hasta la cuarta parte del producto de dichas exportaciones, reintegro que no tendrá gravamen alguno, siendo entendido que el reembolso al Exterior de las sumas así reintegradas se autorizará por la Oficina de Registro de Cambios, exento del pago de todo impuesto, de acuerdo con lo establecido en este artículo.Demandante: José Mariano Sánchez Luna Demandado: Consejo de Estado, Sección Cuarta Radicación: 11001-03-15-000-2023-06269-00

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15. Por otro lado, indicó que de la lectura de la Ley 334 de 1996 no se evidenciaba que se definiera que la exportación de petróleo era un hecho generador de estampilla, en tanto que solo se estableció un marco general de lo que sería el objetivo imponible, esto es, «las actividades y operaciones que se deben realizar en el Departamento de Bolívar», definición de la cual no se desprende la actividad petrolera como gravada. De igual manera, resaltó que el artículo 5 de la norma ibídem señalaba que la estampilla solo se gravaba si en el acto interviene un

el Departamento de Bolívar», definición de la cual no se desprende la actividad petrolera como gravada. De igual manera, resaltó que el artículo 5 de la norma ibídem señalaba que la estampilla solo se gravaba si en el acto interviene un funcionario departamental, municipal o distrital; sin embargo, Ecopetrol S.A. no tiene tal calidad.

16. El operador judicial de primer grado aclaró que a pesar de que la sociedad accionante c umplió con la obligación tributaria a raíz del fallo de cumplimiento emitido por ese mismo Tribunal, esto no era óbice para analizar la legalidad del tributo, ya que esa no era la oportunidad para determinar si la actividad desarrollada por la actora comprendía el hecho generador del impuesto.

17. Finalmente, el Tribunal Administrativo de Bolívar consideró que para los años por los que se realizaron los pagos (1997 a 2004) no se le podía exigir a la demandante que transfiriera un porcentaje de las operaciones de exportación, pues no tenía fundamento jurídico, configurándose así un pago de una obligación que no le correspondía.

18. En consecuencia, la autoridad judicial de primera instancia declaró la nulidad de los actos y ordenó la devolución de los 2 pagos rea lizados por la actora por concepto de las estampillas denominadas «Universidad de Cartagena siempre a la altura de los tiempos».

19. En contra de la anterior decisión, la Universidad de Cartagena y Ecopetrol interpusieron recurso de apelación 5. La alzada fue decidida por la Sección Cuarta de esta Corporación. Esta autoridad, en sentencia del 11 de mayo de 2023, confirmó el fallo de primer grado. Lo anterior por los siguientes motivos:

interpusieron recurso de apelación 5. La alzada fue decidida por la Sección Cuarta de esta Corporación. Esta autoridad, en sentencia del 11 de mayo de 2023, confirmó el fallo de primer grado. Lo anterior por los siguientes motivos:

20. En primer lugar, la Sección Cuarta de esta Corporación resaltó que no se encontraba configurado el fenómeno de la cosa juzgada respecto del cobro de las estampillas debido a que en la acción de cumplimiento se ordenó a Ecopetrol S.A., el pago de aquellas.

21. Así, indicó que de conformidad con lo probado en el expediente era posible concluir que no existía identidad de objeto, toda vez que el proceso relacionado con la acción de cumplimiento tenía como fin el acatamiento de lo dispuesto en el ordenamiento jurídico frente a las estampillas. Entre tanto, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, la pretensión es la nulidad de los actos que negaron la solicitud de devolución de las sumas pagadas indebidamente por concepto de estampillas. Por esto no había lugar a configurarse el fenómeno de la cosa juzgada.

5 El accionante en la alzada indicó entre otras cosas, que la acción de cumplimiento prosperó e hizo transito a cosa juzgada, por lo que no podía revivirse la discusión ni acudir a un procedimiento atípico ya que la única acción a la que podía acudir la actora correspondía a la reparación di recta.Demandante: José Mariano Sánchez Luna Demandado: Consejo de Estado, Sección Cuarta Radicación: 11001-03-15-000-2023-06269-00

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-06269-00

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22. En segundo lugar, la autoridad judicial accionada indicó que de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 334 de 1996, para la procedencia del cobro de la estampilla en cuestión era necesaria la inte rvención del funcionario departamental, distrital o municipal en los actos, documentos y contratos para que se configure el hecho generador.

23. Así, indicó que la exportación de petróleo y sus derivados no podían ser gravados con la estampilla, porque dada la naturaleza de la entidad y de la operación, no intervienen funcionarios departamentales o municipales, como lo exige la Ley, presupuesto necesario para que se configure el hecho generador del tributo.

24. Por lo anterior, la autoridad judicial accionada consideró que era procedente confirmar la decisión de primera instancia, mediante la cual se accedieron las pretensiones de la demanda.

1.4. Fundamentos de la vulneración

25. El accionante alegó que la Sección Cuarta de esta Corporación vulneró sus derechos fundamentales por cuanto en la sentencia proferida en segunda instancia reprochada: i) se desconocieron los efectos de la cosa juzgada respecto de la acción de cumplimiento; y ii) se ordenó a la Universidad de Cartagena la devolución de los recursos pagados por Ecopetrol S.A., amenazando de forma directa a la comunidad estudiantil que esta en proceso de formación profesional en dicha institución, la cual imparte el servicio de educación pública superior gratuita a jóvenes en condiciones de vulnerabilidad.

recursos pagados por Ecopetrol S.A., amenazando de forma directa a la comunidad estudiantil que esta en proceso de formación profesional en dicha institución, la cual imparte el servicio de educación pública superior gratuita a jóvenes en condiciones de vulnerabilidad.

1.5. Trámite de la acción de tutela

26. Por reparto, inicialmente el asunto correspondió al despacho del consejero de Estado, Luis Alberto Álvarez Parra, que en auto del 17 de octubre de 2023 ordenó remitir el expediente de la referencia al despacho ponente, a fin de que se decidiera sobre su posible acumulación al proceso radicado 11001 -03-15-000-2023-0484200 tramitada por este despacho.

27. Posterior a ello, mediante escrito del 30 de octubre de 2023, el actor presentó recurso de reposición en contra del auto del 17 de octubre de 2023 por cuanto consideró que existen diferencias en los fundamentos jurídicos de ambos procesos, por lo que solicitó que se revocara la remisión ordenada en la providencia en cita.

Sin embargo, en memorial del 2 de noviembre de 2023, el señor José Mariano Sánchez Luna desistió del recurso de reposición, aduciendo que prefería que se diera el trámite expedito a la orden de remisión realizada en el auto atacado.

28. Por lo anterior, el magistrado Luis Alberto Álvarez Parra mediante auto del 2 de noviembre de 2023 aceptó el desistimiento del recurso de reposición presentado por el actor contra el auto del 17 de octubre de 2023.Demandante: José Mariano Sánchez Luna Demandado: Consejo de Estado, Sección Cuarta Radicación: 11001-03-15-000-2023-06269-00

por el actor contra el auto del 17 de octubre de 2023.Demandante: José Mariano Sánchez Luna Demandado: Consejo de Estado, Sección Cuarta Radicación: 11001-03-15-000-2023-06269-00

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29. Así, el despacho ponente de esta decisi ón, mediante auto del 16 de noviembre de 2023, avocó el conocimiento de la acción de tutela. Como fundamento de esta determinación se explicó que no resulta procedente acumular el proceso de la referencia al expediente 1100103-15-000-2023-04848-00, toda vez que en este último ya se dictó sentencia el 2 de noviembre de 2023. Sin embargo, se estableció que se cumplían los supuestos del artículo 2.2.3.1.3.1 del Decreto 1834 de 2015, por lo que se avocaría el conocimiento de esta acción de tutela en aras de garantizar que, frente a una misma situación de hecho, no se produzca una decisión disímil en detrimento de la seguridad jurídica y la igualdad.

30. Además, en ese auto se ordenó la vinculación como terceros con interés al Tribunal Administrativo de Bolívar, a Ecopetrol S.A., a la Universidad de Cartagena y al Ministerio Público. Adicionalmente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 610 del Código General del Proceso, se dispuso la vinculación de la Agencia

Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

31. Por otro lado, se ordenó a la Universidad de Cartagena que realizara una

610 del Código General del Proceso, se dispuso la vinculación de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

31. Por otro lado, se ordenó a la Universidad de Cartagena que realizara una publicación en su página web o en el medio que considere apropiado, informando sobre la existencia de esta acción de tutela a toda la comunidad educativa.

1.6. Informes

32. Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se

presentaron las siguientes intervenciones:

1.6.1. Sección Cuarta del Consejo de Estado

33. La magistrada ponente de la decisión de segundo grado rindió informe en el que solicitó que se declarara la falta de legitimación en la causa por activa del señor José Mariano Sánchez Luna . Esto, porque en su sentir no le asiste interés para cuestionar la decisión proferida el 11 de mayo de 2023 so pretexto de que con esa providencia se pueda ver afectada su situación particular, comoquiera que en el proceso tutelado se discutió un pago indebido realizado por Ecopetrol a favor del ente universitario. Esto, por cuanto no actuó en el proceso ordinario como parte ni como tercero.

34. En ese orden de ideas, consideró que no existe en ninguna de sus formas, el cumplimiento del requisito de legitimación en la causa por activa con el que debe contar toda solicitud de amparo.

35. De otro lado , la autoridad judicial accionada solicitó que se declarara improcedente la acción de tutela por cuanto el presente asunto carece de relevancia constitucional. Esto, porque lo pretendido por el actor es convertir esta acción de tutela en una instancia adicional, en busca de la prosperidad de sus pretensiones,

improcedente la acción de tutela por cuanto el presente asunto carece de relevancia constitucional. Esto, porque lo pretendido por el actor es convertir esta acción de tutela en una instancia adicional, en busca de la prosperidad de sus pretensiones, pese a que fueron decididas por los jueces competentes.Demandante: José Mariano Sánchez Luna Demandado: Consejo de Estado, Sección Cuarta Radicación: 11001-03-15-000-2023-06269-00

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36. Finalmente, sostuvo que la vulneración al derecho de educación no fue objeto de discusión por parte de la Universidad de Cartagena en sede contenciosa.

1.6.2. Ecopetrol S.A.

37. El tercero con interés rindió informe en el que solicitó que se declare improcedente la acción de tutela, por cuanto en su sentir, el asunto no goza de relevancia constitucional.

38. Al respecto, Ecopetrol S.A. , consideró que se está ante una discusión tributaria, de pleno derecho y cuyo objetivo es totalmente económico, esto es, la devolución del pago de las estampillas canceladas por Ecopetrol S.A., y que la Sección Cuarta de esta Corporación consideró procede nte su reembolso al encontrar que no era sujeto pasivo del tributo en mención.

39. Además de lo anterior, el tercero con interés indicó que la afectación de los derechos que invoca el accionante es incierta y solo obedece a una conjetura porque no existe ningún asomo de certeza o al menos indicios de que el derecho a educarse se puede ver afectado.

derechos que invoca el accionante es incierta y solo obedece a una conjetura porque no existe ningún asomo de certeza o al menos indicios de que el derecho a educarse se puede ver afectado.

40. Finalmente, en sentir de Ecopetrol S.A., no se encuentra acreditado un perjuicio irremediable, pues la sociedad nunca ha pretendido afectar a la Universidad de Cartagena, simplemente se trata de procurar el cumplimiento de un derecho derivado de una orden judicial.

41. En otras palabras, a su juicio el pago de una condena judicial no configura per se un perjuicio irremediable y menos aún en este caso, en el que el rector de la universidad envió una propuesta conciliatoria a efectos de dar cumplimiento a la orden judicial.

42. La Universidad de Cartagena, el Tribunal Administrativo de Bolívar y el Ministerio Público pese a que fueron notificados, guardaron silencio.

1.6.3. Solicitud de recusación de los integrantes de la Sección Quinta de esta Corporación y escrito de oposición del accionante

43. Mediante memorial del 7 de noviembre de 2023, el actor solicitó que todos los integrantes de la Sección Quinta de esta Corporación se declararan impedidos para actuar en el proceso de la referencia, dada su participación en la decisión proferida el 2 de noviembre de 2023 dentro de la acción de tutela rad. 11001-03-15000-2023-04842-00. De esta forma, indicó que se encontraban incurso en la causal prevista en el numeral 6º del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal.

44. Luego, en escrito del 17 de novie mbre de 2023, el accionante reiteró que el

prevista en el numeral 6º del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal.

44. Luego, en escrito del 17 de novie mbre de 2023, el accionante reiteró que el magistrado ponente de esta decisión se encontraba incurso en la causal de impedimento aludida por los mismos motivos antes mencionados.Demandante: José Mariano Sánchez Luna Demandado: Consejo de Estado, Sección Cuarta Radicación: 11001-03-15-000-2023-06269-00

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45. Posterior a ello, en escritos del 23 y 28 de noviembre de 2023, el señor José Mariano Sánchez Luna se opuso a los argumentos de defensa planteados por la autoridad judicial accionada. Esto, por cuanto la comunidad estudiantil conformada por mujeres cabeza de familia, personas en condiciones de discapacidad, personas que pertenecen a comunidades étnicas y víctimas del conflicto armado interno se esta viendo afectado ante la decisión reprochada en esta oportunidad, para lo cual hizo alusión a lo indicado por el Vicerrector de la Universidad de Cartag ena en certificado del 31 de agosto de 2023 en los siguientes términos:

(…) En el hipotético caso de vernos obligados a pagar dicha deuda, inmediatamente se imposibilita el desarrollo de las funciones sustantivas de docencia, investigación y extensión propias de la Universidad de Cartagena lo que impediría el acceso a la educación pública superior de los sectores más vulnerables de la región caribe colombiana. (…)

docencia, investigación y extensión propias de la Universidad de Cartagena lo que impediría el acceso a la educación pública superior de los sectores más vulnerables de la región caribe colombiana. (…)

46. Por otro lado, indicó que la decisión reprochada en esta oportunidad es nula en derecho; y solicitó la vinculación del representante estudiantil de la Universidad

de Cartagena – Daniel Herrera Blanco.

47. Finalmente, en escrito del 29 de noviembre de 2023, el señor José Mariano Sánchez Luna solicitó que se adicionara el escrito de tutela, con las siguientes

pretensiones:

Primero: Declarar que se encuentra en firme la sentencia T -082/10 de fecha 11 de febrero de 2010, proferida por la Sala Octava de Revisión de la H. Corte

Constitucional.

SEGUNDA: Declarar que se encuentra en firme la sentencia de tutela proferida en primera instancia por la Sección Primera del Consejo de Estado – Sentencia de Tutela proferida en seg unda instancia por la Sección Segunda del Consejo de Estado, dentro del trámite identificado con Rad. 11001-03-15-000-2007-00506-00.

TERCERA: Declarar que se encuentra en firme la sentencia de tutela en primera instancia proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado – Sentencia de proferida en Segunda instancia por la Sección Quinta del Consejo de Estado, dentro del trámite identificado con Rad. 11001-03-15-000-2008-01266-00.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

48. Esta sala es competente para conocer de la acción de tutela presentada por el señor José Mariano Sánchez Luna contra la Sección Cuarta de esta Corporación.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

48. Esta sala es competente para conocer de la acción de tutela presentada por el señor José Mariano Sánchez Luna contra la Sección Cuarta de esta Corporación.

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política, el artículo 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y en el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.Demandante: José Mariano Sánchez Luna Demandado: Consejo de Estado, Sección Cuarta Radicación: 11001-03-15-000-2023-06269-00

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2.2. Cuestiones previas

2.2.1. Sobre la solicitud de recusación de los integrantes de la Sección Quinta de esta Corporación

49. Como se indicó en los antecedentes de esta providencia, el accionante en escritos del 7 y 17 de noviembre de 2023 solicitó que los integrantes de esta sala de decisión se declararan impedidos para conocer de la presente acción constitucional. Esto, por cuanto en su sentir se encuentran incurso en la causal prevista en el numeral 6º del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal que a

la letra reza:

ARTÍCULO 56. CAUSALES DE IMPEDIMENTO. Son causales de impedimento: (…)

6. Que el funcionario haya dictado la providencia de cuya revisión se trata, o hubiere participado dentro del proceso, o sea cónyuge o compañero o compañera

ARTÍCULO 56. CAUSALES DE IMPEDIMENTO. Son causales de impedimento: (…)

6. Que el funcionario haya dictado la providencia de cuya revisión se trata, o hubiere participado dentro del proceso, o sea cónyuge o compañero o compañera permanente o pariente dentro del cuarto grado de consaguinidad o civil, o segundo de afinidad, del funcionario que dictó la providencia a revisar.

50. Lo anterior, por cuanto los magistrados que componen la Sección Quinta de esta Corporación participaron de la decisión adoptada el 2 de noviembre de 2023 dentro de la acción de tutela presentada por la Universidad de Cartagena en contra de la Sección Cuarta de esta Corporación. Esto, dentro de la solicitud de amparo rad. 11001-03-15-000-2023-04842-00.

51. Al respecto, la sala no accederá a tal solicitud. Esto, por cuanto de conformidad con el artículo 39 del Decreto 2591 de 19916 en los procesos de tutela no es procedente recusación alguna. Además de lo anterior, evaluada la situación, la sala considera que en este caso tampoco se encuentran incurso en alguna causal de impedimento. Máxime, cuando los integrantes de esta Sección no participaron dentro del proceso ordinario y tampoco profirieron la decisión hoy reprochada y no les asiste un interés directo en la resolución de esta acción constitucional.

2.2.2. Sobre la solicitud de adición del escrito de tutela

52. De la lectura de la acción de tutela, la sala evidencia que el accionante pretende por esta vía constitucional que se deje sin efectos la sentencia del 11 de mayo de 2023 proferida por la Sección Cuarta de esta Corporación; sin embargo,

52. De la lectura de la acción de tutela, la sala evidencia que el accionante pretende por esta vía constitucional que se deje sin efectos la sentencia del 11 de mayo de 2023 proferida por la Sección Cuarta de esta Corporación; sin embargo, posterior a ello y vencido el término para rendir los informes correspondientes por parte de la autoridad judicial accionada y los terceros con interés, el señor José Mariano Sánchez Luna solicitó que se declarara la firmeza de otras providencias.

6 ARTICULO 39. -Recusación. En ningún caso será procedente la recusación. El juez deberá declararse impedido cuando concurran las causales de impedimento del Código de Procedimiento Penal so pena de incurrir en la sanción disciplinaria correspondie nte. El juez que conozca de la impugnación del fallo de tutela deberá adoptar las medidas procedentes para que se inicie el procedimiento disciplinario, si fuere el caso.Demandante: José Mariano Sánch