CE - 010315000202306336001SENTENCIA20231204170339

Radicado: 11001-03-15-000-2023-06336-00

Demandante: Yenifer Alejandra Cano Franco y otros.

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA

Bogotá D.C., treinta (30) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicado: 11001-03-15-000-2023-06336-00

Demandante: YENIFER ALEJANDRA CANO FRANCO Y OTROS

Demandado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

Temas: Vacaciones individuales del Régimen Especial de la Rama Judicial. Falta de disponibilidad presupuestal. Derecho al descanso remunerado.

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA La Sala decide la acción de tutela presentada, en nombre propio, por los señores Yenifer Alejandra Cano Franco, Erika Maritza Yara Barrera y Esteban Leonardo Rodríguez Hernández contra el Consejo Superior de la Judicatura, de conformidad con lo establecido en el artículo 1° del Decreto 333 de 2021.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

Rodríguez Hernández contra el Consejo Superior de la Judicatura, de conformidad con lo establecido en el artículo 1° del Decreto 333 de 2021.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

Los señores Yenifer Alejandra Cano Franco, Erika Maritza Yara Barrera y Esteban Leonardo Rodríguez Hernández ejercieron acción de tutela contra el Consejo de Superior de la Judicatura , por considerar vulnerados los derechos fundamentales al trabajo digno, al descanso y a la igualdad. En consecuencia, formularon las siguientes pretensiones:

“Con fundamento en lo anteriormente expuesto le solicito señor Magistrado y a la sala de decisión que preside, que se tutele nuestros derechos fundamentales invocados como amenazados, violados y/o vulnerados, disponiendo lo siguiente:

1. Se ordene al CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA para que junto con la DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL BOGOTÁ - CUNDINAMARCA, expida en un término no mayor a tres (3) días, partidas presupuestales que correspondan para el nombramiento de nuestros remplazos y emitan los correspondientes certificados de dispon ibilidad presupuestal CDP para el disfrute de nuestras vacaciones por el término de veinticinco (25) días.

2Se ordene al JUEZ 8o DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE BOGOTÁ, que una vez sea expedido el CDP por parte de la DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL BOGOTÁ -CUNDINAMARCA, decida nuevamente frente a nuestras solicitudes de vacaciones.

BOGOTÁ, que una vez sea expedido el CDP por parte de la DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL BOGOTÁ -CUNDINAMARCA, decida nuevamente frente a nuestras solicitudes de vacaciones.

3Se conmine a las autoridades respectivas para que en el futuro, esta situación no se vuelva a presentar y se gestione a nivel nacional la autorización de recursos para designar empleado encargado a otras personas, para que los funcionarios y empleados de la Rama Judicial puedan disfrutar de sus vacaciones sin interferir en la eficiencia de la administración de justicia.”Radicado: 11001-03-15-000-2023-06336-00

Demandante: Yenifer Alejandra Cano Franco y otros.

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2. Hechos:

De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes: Los señores Erika Maritza Yara Barrera, Yenifer Alejandra Cano Franco y Esteban Leonardo Rodríguez Hernández manifestaron que están vinculados al Juzgado Octavo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá en los cargos de asistente administrativa grado 6, en provisionalidad, oficial mayor del circuito, en provisionalidad y asistente jurídico grado 19, en propiedad, respectivamente.

de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá en los cargos de asistente administrativa grado 6, en provisionalidad, oficial mayor del circuito, en provisionalidad y asistente jurídico grado 19, en propiedad, respectivamente. Indicaron que el 4 de agosto de 2023 solicitaron al titular del despacho que les concediera los periodos de vacaciones así:

Empleado Período causado Período solicitado Erika Maritza Yara Barrera Del 18 de septiembre de 2022 al 17 de septiembre de 2023

Entre el 29 de enero hasta el 22 de febrero de 2024. Yenifer Alejandra Cano Franco Dos (2) periodos de vacaciones pendientes causados entre el 8 de noviembre 2020 y el 7 de noviembre de 2022. Entre el 8 de enero hasta el 1o de febrero de 2024. Esteban Leonardo Rodríguez Hernández Tres (3) periodos de vacaciones pendientes causados entre el 6 de abril de 2020 y el 5 de abril de 2023. Entre el 18 de diciembre de 2023 al 11 de enero de 2024.

Que, el 7 de septiembre de 2023 , el juez titular del despacho solicitó a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de Bogotá que asignara el respectivo presupuesto para efectos de nombrar su s reemplazos mientras goza n de las vacaciones para garantizar la continuidad en las labores del juzgado. Que, m ediante Oficio DESAJBOADO23 -1071 del 28 de septiembre de 2023, el Coordinador de Asuntos Laborales manifestó que no era posible expedir el certificado

garantizar la continuidad en las labores del juzgado. Que, m ediante Oficio DESAJBOADO23 -1071 del 28 de septiembre de 2023, el Coordinador de Asuntos Laborales manifestó que no era posible expedir el certificado de disponibilidad presupuestal para autorizar los reemplazos de vacaciones de los empleados judiciales porque la adición presupuestal para ese rubro se encuentra sujeta a lo dispuesto en la Circular PSAC11-44 del 23 de noviembre de 2011, expedida por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. Con sustento en lo anterior, el Juzgado Octavo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, mediante Resolución núm. 225 del 6 de octubre de 2023 , negó las solicitudes de vacaciones de los actores, por las necesidades del servicio, la alta carga laboral y la falta de asignación de presupuesto para nombrar sus reemplazos.

3. Argumentos de la tutela

Los actores manifestaron que las vacaciones son un derecho adquirido por el tiempo laborado, además, que el referido despacho judicial requiere para su adecuado funcionamiento y la debida administración de justicia, la presencia y trabajo de todos sus empleados y, por ende, la asignación presupuestal para que el nominador pueda nombrar a alguien en reemplazo de cada uno , de m anera que al momento de reintegrarse, los puestos de trabajo no se encuentren congestionados, debido a la alta carga laboral que afrontan.Radicado: 11001-03-15-000-2023-06336-00

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En general, sostuv ieron que la decisión de negar las vacaciones a las que tienen derecho constituye la vulneración de los derechos fundamentales invocados, más aún, cuando la negativa tiene como sustento un trámite netamente administra tivo.

4. Trámite previo Mediante auto del 1 8 de octubre de 2023 , se admitió la acción de tutela , se ordenó notificar a las partes , al titular del Juzgado Octavo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá́ y a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá́ - Cundinamarca como terceros con interés, a quienes se les remitió copia de la demanda.

5. Oposiciones La Presidencia del Consejo Superior de la Judicatura solicitó que se declare la falta de legitimación en la causa por pasiva dado que no es el llamado a responder o cumplir las órdenes que se expidan para las garantías constitucionales de la parte accionante y aclaró que la autoridad que se encuentra legitimada es la Dirección Seccional de

Administración Judicial de Bogotá. Explicó que, dentro de la planificación financiera para el desarrollo fiscal de la vigencia 2023, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial , en cabeza de su gerente,

Administración Judicial de Bogotá. Explicó que, dentro de la planificación financiera para el desarrollo fiscal de la vigencia 2023, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial , en cabeza de su gerente, solicitó al Ministerio de Hacienda y Crédito Público la ampliación del presupue sto para la cobertura de reemplazos por concepto de vacaciones, la cual no fue considerada pertinente con base en que ya no se contaba con espacio presupuestal.

6. Intervenciones El Juzgado Octavo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá explicó que resulta oportuno indicar que , desde el 9 de octubre de 2023, fecha en la que asumió el cargo de Juez en provisionalidad, se han recibido un total de 263 peticiones; entre ellas, solicitudes de concesión de beneficios judiciales y administrativos, libertades por pena cumplida, legalizaciones de captura, respuestas de traslados de tutela, habeas corpus y vigilancias administrativas. Sin dejar de lado, el reparto de las acciones de tutela y habeas corpus asignadas, que, a la fecha, suman más de 9 en el lapso de 12 días hábiles.

Señaló que, conforme a su criterio y experiencia, los anteriores datos constituyen una carga laboral considerable la cual se torna desproporcionada y excesiva para solo 2 servidores y el juez del despacho, lo que por supuesto compromete considerablemente el adecuado funcionamiento de l juzgado al ver reducida su capacidad operacional. Asimismo, precisó que el disfrute vacacional solicitado por los actores coincide con el periodo de vacancia judicial, lapso en el cual, los Juzgados de esta especialidad asumen la totalidad del reparto de las acciones constitucionales (tutelas y habeas

Asimismo, precisó que el disfrute vacacional solicitado por los actores coincide con el periodo de vacancia judicial, lapso en el cual, los Juzgados de esta especialidad asumen la totalidad del reparto de las acciones constitucionales (tutelas y habeas corpus) interpuestas en el distrito judicial de Bogotá́, debido a que todas las especialidades salen a disfrutar de vacaciones colectivas . Finalmente, adujo que el señor Rodríguez Hernández desarrolla actividades jurídicas que demandan la presencia permanente y continua de una persona designada para estas, que, de ser otorgado el disfrute vacacional precisamente en vigencia de la vacancia judicial, generaría un trastorno serio en el funcionamiento del juzgado, enRadicado: 11001-03-15-000-2023-06336-00

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especial de los asuntos de orden constitucional y denominados urgentes, máxime cuando sus compañeras del despacho no cumplen con los requisitos establecidos por el Consejo Superior de la Judicatura en el Acuerdo número CSJBTA17-556, para acceder al cargo Asistente Jurídico, grado 19, bajo la modalidad de «encargo». Por su parte la Dirección Ejecutiva Se ccional de Administración Judicial de Bogotá́ guardó silencio.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

acceder al cargo Asistente Jurídico, grado 19, bajo la modalidad de «encargo». Por su parte la Dirección Ejecutiva Se ccional de Administración Judicial de Bogotá́ guardó silencio.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política, reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: « Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».

Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Problema jurídico

Le corresponde a la Sala determinar si se vulneraron los derechos fundamentales invocados por los señores Yenifer Alejandra Cano Franco, Erika Maritza Yara Barrera y Esteban Leonardo Rodríguez Hernández con la decisión de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de Bogotá de negar la expedición del certificado de disponibilidad presupuestal para pagar el salario de la s personas que lo s reemplazarían en la época de disfrute de las vacaciones, y la consecuente decisión del nominador de negar las vacaciones solicitadas.

Previo a resolver el problema jurídico planteado en el presente caso, la Sala considera necesario hacer referencia a la idoneidad de la acción de tutela como mecanismo

del nominador de negar las vacaciones solicitadas.

Previo a resolver el problema jurídico planteado en el presente caso, la Sala considera necesario hacer referencia a la idoneidad de la acción de tutela como mecanismo transitorio.

Análisis del presupuesto de la subsidiariedad en el caso concreto

La subsidiariedad consiste en impedir que la acción de tutela, que tiene un campo restrictivo de aplicación, se convierta en el mecanismo principal de protección de los derechos, pues eso sería tanto como desconocer que la Constitución y la ley establecen una serie de mecanismos judiciales igualmente eficaces e idóneos para garantizar el ejercicio pleno de los derechos.

No en vano los artículos 86 de la Constitución Política y el 6, numeral 1, del Decreto 2591 de 1991 prevén como causal de improcedencia de la acción de tutela la existencia de otros medios de defensa para la protección de los derechos invocados. De manera que la acción de tutela solo puede utilizarse cuando se han agotado los mecanismos de protección que el ordenamiento jurídico ha dispuesto para la protección idónea y eficaz de los derechos fundamentales. En ese sentido, la Corte Constitucional manifestó4:Radicado: 11001-03-15-000-2023-06336-00

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“La acción de tutela ha sido concebida únicamente para dar solución eficiente a situaciones de hecho creadas por actos u omisiones que implican la transgresión o amenaza de un derecho fundamental, respecto de las cuales el sistema jurídico no tiene pr evisto otro mecanismo susceptible de ser invocado ante los jueces a objeto de lograr la protección del derecho. La tutela no puede converger con vías judiciales diversas por cuanto no es un mecanismo que sea factible de elegir según la discrecionalidad del interesado, para esquivar el que de modo específico ha regulado la ley; no se da la concurrencia entre éste y la acción de tutela porque siempre prevalece —con la excepción dicha— la acción ordinaria. La acción de tutela no es, por tanto, un medio alternativo, ni menos adicional o complementario para alcanzar el fin propuesto. Tampoco puede afirmarse que sea el último recurso al alcance del actor, ya que su naturaleza, según la Constitución, es la de único medio de protección, precisamente incorporado a la Carta con el fin de llenar los vacíos que pudiera ofrecer el sistema jurídico para otorgar a las personas una plena protección de sus derechos esenciales (…).”

Entonces, para que el juez estudie una solicitud de tutela, el interesado debe, por lo menos, probar que se agotaron los recursos que tenía a su disposición, pues de lo contrario la tutela deviene improcedente. El requisito de subsidiariedad no solo

Entonces, para que el juez estudie una solicitud de tutela, el interesado debe, por lo menos, probar que se agotaron los recursos que tenía a su disposición, pues de lo contrario la tutela deviene improcedente. El requisito de subsidiariedad no solo involucra la interposición de los recursos que proceden, sino también que en estos se cuestionen las decisiones que se atacan en la acción de tutela.

En el presente asunto, la Sala encuentra que la parte demandante no está cuestionando la Circular PSAC11-44 del 23 de noviembre de 2011, que establece el programa de vacaciones individuales del sistema penal acusatorio, pues como quedó expuesto en los antecedentes, lo pretendido es que se disponga el presupuesto para nombrar los reemplazos que les permitan el disfrute de las vacaciones que solicitaron, y le fueron negadas mediante Resolución núm. 225 de 6 de octubre de 2023 , por la imposibilidad de nombrar sus reemplazos y cubrir las necesidades del servicio y la alta carga laboral.

Si bien los demandantes podrían cuestionar la resolución mediante la cual le s fue negado el periodo de vacaciones con ocasión de la falta de disponibilidad presupuestal para nombrar su s reemplazos, mediante el medio de control de nulidad y restablecimiento del derech o contemplado en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, por tratarse del medio para cuestionar actos administrativos, lo cierto es que no resulta ser eficaz en el caso objeto de estudio. En este punto, es importante resaltar que la Corte Constitucional1 ha precisado que, pese a la existencia de otro medio de defensa judicial, si en el caso concreto se evidencia que el mismo no es idóneo o eficaz, la

Corte Constitucional1 ha precisado que, pese a la existencia de otro medio de defensa judicial, si en el caso concreto se evidencia que el mismo no es idóneo o eficaz, la acción de tutela es procedente como mecanismo principal.

En el sub-lite, los actores solicitan el reconocimiento del derecho al descanso por haber laborado de forma continua e ininterrumpida así:

Empleado Período causado Período solicitado Erika Maritza Yara Barrera Del 18 de septiembre de 2022 al 17 de septiembre de 2023 Entre el 29 de enero hasta el 22 de febrero de 2024. Yenifer Alejandra Cano Franco Dos (2) periodos de vacaciones pendientes causados entre el 8 de noviembre 2020 y el 7 de noviembre de 2022. Entre el 8 de enero hasta el 1o de febrero de 2024. Esteban Leonardo Rodríguez Hernández Tres (3) periodos de vacaciones pendientes causados entre el 6 de abril de 2020 y el 5 de abril de 2023. Entre el 18 de diciembre de 2023 al 11 de enero de 2024.

La anterior c ircunstancia, denota la necesidad urgente de evitar que se siga prolongando en el tiempo la ausencia de descanso, que puede comprometer la salud mental y física de los demandantes, dado que está demostrado que dos de ellos

1 Ver sentencia T-471 de 2017.Radicado: 11001-03-15-000-2023-06336-00

Demandante: Yenifer Alejandra Cano Franco y otros.

6

1 Ver sentencia T-471 de 2017.Radicado: 11001-03-15-000-2023-06336-00

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6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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cuentan con dos y tres periodos de vacaciones causados de los cuales no han podido hacer uso, condiciones que, justamente, se busca salvaguardar con el descanso, como se explicará con detalle más adelante.

De hecho, no se puede pasar por alto que la parte demandante señaló que no cuestionaba la lega lidad del acto administrativo que negó la petición de vacaciones. Su inconformidad proviene de la actuación de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de Bogotá de impedirle el disfrute de sus vacaciones, pese a que reúne los requisitos para acceder a ese derecho.

Siendo así, la Sala concluye que la presente acción de tutela cumple con el requisito de subsidiariedad, y procede como mecanismo principal para la protección de derechos fundamentales invocados por la parte demandante.

Caso concreto

En aras de resolver el asunto sometido a conocimiento y teniendo en cuenta la tesis reiterada que la Sala ha manejado en casos con identidad fáctica al del sub-lite2, es necesario tener en cuenta que, salvo las excepciones legales, todo empleado público

En aras de resolver el asunto sometido a conocimiento y teniendo en cuenta la tesis reiterada que la Sala ha manejado en casos con identidad fáctica al del sub-lite2, es necesario tener en cuenta que, salvo las excepciones legales, todo empleado público tiene derecho a disfrutar de descanso remunerado por cada año de servicios prestado en cualquiera de las entidades del Estado (Decreto 3135 de 1968 - artículo 8 - y Decreto 1045 de 1978).

En cuanto a los servidores judiciales, las vacaciones se encuentran establecidas en el artículo 146 de la Ley 270 de 1996, así:

“VACACIONES. Las vacaciones de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial serán colectivas, salvo las de los de la Sala Administrativa de los Consejos Superiores y Seccionales de la Judicatura, las del Tribunal Nacional, las de los Juzgados Regionales mientras existan, de Menores, Promiscuos de Familia, Penales Municipales y de Ejecución de Penas; y las de los de la Fiscalía y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Las vacaciones individuales serán concedidas de acuerdo con las necesidades del servicio por la Sala Administrativa del Consejo Superior y Seccionales de la Judicatura por la Sala de Gobierno del respectivo Tribunal a los Jueces y por el respectivo nominador en los demás casos, por un término de veintidós días continuos por cada año de servicio”.

De otra parte, la Corte Constitucional ha señalado que “las vacaciones anuales remuneradas como acreencia laboral, pretenden reconocer el derecho fundamental al descanso que les asiste a los trabajadores derivado del desgaste continuo al que se encuentran sometidos por la prestación ininterrumpida de sus servicios por espacios

remuneradas como acreencia laboral, pretenden reconocer el derecho fundamental al descanso que les asiste a los trabajadores derivado del desgaste continuo al que se encuentran sometidos por la prestación ininterrumpida de sus servicios por espacios prolongados de tiempo”, con lo que ha reiterado que el descanso constituye un derecho fundamental derivado del derecho al trabajo en condiciones dignas.

En la misma línea, esta Sección ha indicado que “El descanso remunerado, denominado vacaciones, tiene por objeto que el empleado recupere las fuerzas físicas e intelectuales l uego de un tiempo dedicado a trabajar y de esa manera preserve su capacidad de trabajo. Las vacaciones, tienen una naturaleza de derecho adquirido para quien ha cumplido con los requisitos legales establecidos para que se causen. El empleador o nominador , es la persona que está llamada a otorgar las vacaciones al

2 Ver, sentencia del 12 de diciembre de 2018, expediente con radicado número: 08001 23 33 000 2018 00756 01, Sección Cuarta del Consejo de Estado. Ver sentencia del 3 de septiembre de 2019, expediente con radicado número 2019-04007-00 Sección Cuarta del Consejo de Estado.Radicado: 11001-03-15-000-2023-06336-00

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7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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trabajador3”’.

En este sentido, el disfrute de las vacaciones constituye un derecho fundamental cuya protección puede ser solicitada mediante la acción de tutela.

Descendiendo al caso concreto, en el año 2005 la Presidencia de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura informó a los nominadores de la Rama Judicial el procedimiento para solicitar el nombramiento de reemplazos por vacaciones del personal titular de los despachos judiciales. Para tal efecto, profirió las Circulares PSAC-0589 del 18 de noviembre de 2005, cuyo asunto fue “asignación de recursos para reemplazos por vacaciones del personal titular en los despachos judiciales, excepto los juzgados del sistema penal acus atorio”, y 044 del 12 de mayo de 2005, en la que estableció el procedimiento para la programación de vacaciones individuales de los servidores judiciales del Sistema Penal Acusatorio.

En estas, se establecieron como condiciones alternativas para la programación de las vacaciones las siguientes:

“Que el número total de servidores del Despacho, incluido el Juez o del Centro de Servicios, sea menor o igual a tres, toda vez que debido al personal escaso no es conveniente aplicar la figura del encargo pa ra nombrar el reemplazo del juez, y/o redistribuir las funciones del empleado que disfrutará de vacaciones, entre los empleados restantes. Cuando se trate de nombramientos de reemplazos por vacaciones de Jueces, cuyo despacho tenga

encargo pa ra nombrar el reemplazo del juez, y/o redistribuir las funciones del empleado que disfrutará de vacaciones, entre los empleados restantes. Cuando se trate de nombramientos de reemplazos por vacaciones de Jueces, cuyo despacho tenga más de tres servidores, el Tribunal encargado de dicho nombramiento deberá certificar que en el Despacho no existe ningún empleado que cumpla los requisitos para s er designado en encargo como Juez, situación que debe ser corroborada e igualmente certificada por el director Seccional, previa verificación de las hojas de vida correspondientes”.

Posteriormente, el 23 de noviembre de 2013, el Consejo Superior de la Jud icatura profirió la Circular PSAC11 -44, en la que derogó lo establecido en las referidas circulares “para efectos de no incluir condicionamientos para el nombramiento de reemplazos en provisionalidad de los funcionarios judiciales que se encuentran sujetos al régimen de vacaciones individuales cuando pretendan hacer uso de este derecho, para lo cual deberán seguir el procedimiento que aquí se señala y que permitirá gestionar los recursos para el nombramiento en provisionalidad de los reemplazos, cuando hay a lugar a ello” , eliminando así la restricción de la asignación de recursos para reemplazos solo a los eventos en que se acreditara alguna de las condiciones contenidas en las circulares precedentes.

En ésta se indicó que los funcionarios judiciales del r égimen de vacaciones individuales debían reportar la programación de vacaciones correspondientes al siguiente año ante el Consejo Seccional de la Judicatura, y la Dirección Seccional del respectivo distrito judicial, y se estableció que las designaciones en encargo son procedentes cuando las necesidades del servicio lo exijan, por ejemplo tratándose de

siguiente año ante el Consejo Seccional de la Judicatura, y la Dirección Seccional del respectivo distrito judicial, y se estableció que las designaciones en encargo son procedentes cuando las necesidades del servicio lo exijan, por ejemplo tratándose de un juez, y “cuando no sea posible designar en encargo a alguno de los servidores del correspondiente despacho judicial, la respectiva Dirección Seccional de berá incluir dentro del proyecto de presupuesto del año siguiente, la asignación de recursos que permita efectuar el nombramiento en provisionalidad de sus reemplazos” .

Para la Sala, del contenido de la mencionada circular, se observa que el propósito del Consejo Superior de la Judicatura era eliminar los obstáculos en el disfrute de las

3 Ver, sentencia del 12 de diciembre de 2018, expediente con radicado número: 08001 23 33 000 2018 00756 01, Sección Cuarta del Consejo de Estado. Ver sentencia del 3 de septiembre de 2019, expediente con radicado número 2019-04007-00 Sección Cuarta del Consejo de Estado.Radicado: 11001-03-15-000-2023-06336-00

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vacaciones individuales de los servidores judiciales, por lo que no condicionó la

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vacaciones individuales de los servidores judiciales, por lo que no condicionó la asignación de presupu