CE - 010315000202306494001SENTENCIA20231214081158

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., trece (13) de diciembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción de tutela Núm. único de radicación: 110010315000202306494-00

Actor: Luis Alberto Viloria Guzmán Demandados: Tribunal Administrativo del Cesar y otro1

Tema: Cosa juzgada constitucional y temeridad/alcance

Derechos Fundamentales Invocados: i) Igualdad y ii) debido proceso

Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por Luis Alberto Viloria Guzmán contra el Tribunal Administrativo del Cesar y el Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito de Valledupar.

La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES

La solicitud

1. El actor, en nombre propio , presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Cesar y el Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito de Valledupar, porque, a su juicio, i) el Tribunal, al proferir la sentencia de 24 de noviembre de 2022; y ii) el Juzgado, al no hacer la “[…] Entrega del Título Ejecutivo que reposa en la cuenta de su despacho por valor de $792.528.000 correspondiente a la Sentencia […]” , en el proceso ejecutivo identificado con el núme ro único de

que reposa en la cuenta de su despacho por valor de $792.528.000 correspondiente a la Sentencia […]” , en el proceso ejecutivo identificado con el núme ro único de

1 Cfr. índice núm. 2 de SAMAI. Documento denominado “ED_CARATULA(.pdf) NroActua 2”. Archivo aportado en forma digital.2

Núm. único de radicación: 110010315000202306494-00

Actor: Luis Alberto Viloria Guzmán

radicación 200013333004201400152-04: vulneraron sus derechos fundamentales invocados supra.

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela,

en síntesis, son los siguientes:

3. Manifestó que, presentó demanda ejecutiva contra la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional – Casur por la suma de $792.528.000, frente a lo cual, el Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito de Valledupar, mediante auto de 3 de mayo de 2019, libró mandamiento de pago contra Casur.

4. Sostuvo que, el Juzgado, mediante providencia de 13 de diciembre de 2020, desestimó las excepciones propuestas por la entidad ejecutada y ordenó seguir adelante con la ejecución del crédito; decisión contra la cual Casur interpuso recurso de apelación.

5. Indicó que, e l Tribunal Administrativo del Cesar profirió sentencia, en segunda instancia, el 24 de noviembre de 2022 , mediante la cual resolvió lo

siguiente:

“[…] PRIMERO: REVÓQUESE la sentencia proferida por el JUZGADO CUARTO

segunda instancia, el 24 de noviembre de 2022 , mediante la cual resolvió lo siguiente:

“[…] PRIMERO: REVÓQUESE la sentencia proferida por el JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE VALLEDUPAR , de fecha 13 de diciembre de 2020, y en su lugar se declara probada la excepción denominada “i) Pago total de la obligación, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente decisión, y en consecuencia, dar por terminado el proceso ejecutivo de la referencia. […]”.

5.1. Como fundamento de su decisión consideró que:

“[…] De este modo, resulta necesario reiterar que en la providencia que sirve como título ejecutivo, se condenó a CASUR, a reconocer y pagar al actor la diferencia en el reajuste anual de su asignación de retiro a partir del 21 de junio de 2008, teniendo en cuenta lo establecido artículo 14 de la Ley 100 de 1993, debidamente ajustado su valor, en la medida que dicho incremento resulta más favorable para el demandante, que el decretado para las asignaciones en actividad […]”.

[…]

“[…] cabe destacar que, en la aludida decisión, se indicó textualmente que se debía incrementar la asignación de retiro del actor, siempre y cuando e sto resultara más favorable para éste.3

Núm. único de radicación: 110010315000202306494-00

Actor: Luis Alberto Viloria Guzmán

De conformidad con lo anterior, se advierte que en ningún aparte de la providencia que sirve como título ejecutivo se ordenó el reajuste del salario que devengaba el

Actor: Luis Alberto Viloria Guzmán

De conformidad con lo anterior, se advierte que en ningún aparte de la providencia que sirve como título ejecutivo se ordenó el reajuste del salario que devengaba el señor LUIS ALBERTO VILORA GUZMÁN mientras se encontraba en servicio activo, ya que la providencia en cuestión, ordenó expresamente el reajuste de su asignación de retiro, siempre y cuando se constatara que no se había incrementado esta prestación social en el porcentaje adecuado.

En caso tal que el deman dante considerara que la decisión en mención no se ajustaba a lo que pretendía, debió agotar los mecanismos contemplados legalmente para obtener una corrección de la misma, o cuestionaría (sic) en sede de tutela, por tratarse de una providencia de segunda instancia.

De este modo, al revisar los informes presentados por el Contador Liquidador adscrito a este Tribunal, se encuentra que la asignación de retiro del ejecutante se incrementó correctamente a partir del año 2004; es decir, que para el año 2008, a partir de cuando (sic) se debía aplicar el aludido aumento, la mesada que recibía el hoy demandante se encontraba debidamente liquidada.

En síntesis, la posición adoptada por CASUR se encontraba ajustada a derecho, ya que no resulta procedente reconocer e l pago de suma de dinero alguna a favor del ejecutante.

Así las cosas, y ya que las pruebas recopiladas en esta instancia permiten corroborar que CASUR cumplió a cabalidad con la obligación impuesta a favor del señor LUIS ALBERTO VILORA GUZMÁN; por lo que, resulta procedente concluir que la decisión

que CASUR cumplió a cabalidad con la obligación impuesta a favor del señor LUIS ALBERTO VILORA GUZMÁN; por lo que, resulta procedente concluir que la decisión recurrida, en la que se negaron las excepciones propuestas por la entidad ejecutada, debe ser revocada y, en consecuencia, la decisión de seguir adelante con la ejecución correrá la misma suerte […]”.

6. Indicó que, el 17 de enero de 2023, solicitó al Juzgado la entrega del título ejecutivo por valor de $792.528.000, el cual reposa en la cuenta de ese Despacho; sin embargo, manifestó que la autoridad judicial accionada se abstuvo de realizar la entrega de conformidad con lo resuelto por el Tribunal Administrativo del Cesar.

La solicitud de tutela

Pretensiones

7. El actor solicitó en su escrito de tutela:

“[…] 1. Ordenar a la Dra. […], Juez Cuarta Administrativa Oral del Circuito Judicial de Valledupar o quien haga sus veces, expedir en un tiempo prudencial, perentorio una ORDEN Y AUTORIZAVIÓN DE PAGO a nombre de LUIS ALBERTO VILORIA GUZMAN […] por valor de $792.528.00 contra el Banco Agrario de Colombia S.A. […]”.

[…]

“[…] De conformidad en lo dispuesto a la Sentencia de Primera Instancia Acta N° 54 de Nulidad y Restablecimiento del Derecho proferida por el Juzgado Cuarto4

Núm. único de radicación: 110010315000202306494-00

Actor: Luis Alberto Viloria Guzmán

Administrativo Oral de Valledupar el día 16 de marzo de 2017 Rad. N° 20-001-33-33Núm. único de radicación: 110010315000202306494-00

Actor: Luis Alberto Viloria Guzmán

Administrativo Oral de Valledupar el día 16 de marzo de 2017 Rad. N° 20-001-33-33004-2013-00152-00. y Sentencia de Segunda Instancia de Nulidad y Restablecimiento del Derecho proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar el día 22 de febrero de 2018 Rad. N° 20 -001-33-33-004-2013-00152-01, Magistrada Ponente Dra. […]”.2

7.1. Como fundamento de su solicitud, el actor manifestó lo siguiente:

“[…] Señor Juez Constitucional de Tutelas, queda demostrado en las anteriores documentaciones adjuntas a la presente ACCIÓN DE TUTELA, que la señora juez cuarta Administrativa Oral de Valledupar, Doctora […], accionada, no le ha dado cumplimiento a lo ordenado en dichas sentencias , absteniéndose de expedir la ORDEN Y AUTORIZACIÓN DE PAGO, según lo establecido en el ACUERDO PCSJA21-11731-29/01/2021 – Artículo 13. Orden y autorización de pago. Los depósitos judiciales se pagaran únicamente al beneficiario o a su apoderado, según orden expedida por funcionario judicial competente “(…) “(…) del Banco Agrario de Colombia S.A. […]”.

[…]

“[…] El día 24 de noviembre de 2022, en sentencia Ejecutiva de segunda Instancia, el tribunal Administrativo del Cesar Radicado N° 20-001-33-33-004-2014-00152-04, en su Artículo 1 declaro (sic) probada “La Excepción denominada pago total de la

el tribunal Administrativo del Cesar Radicado N° 20-001-33-33-004-2014-00152-04, en su Artículo 1 declaro (sic) probada “La Excepción denominada pago total de la obligación” repito, decisión de la Entidad accionada que no es cierta, riñe con la verdad porque la Entidad Judicial demandada, accionada, nunca, jamás ha extendido la ORDEN DE PAGO en el tiempo a favor del suscrito accionante contra el Banco Agrario de Colombia S.A., para la cancelación de dicha obligación.

Así que queda demostrado en la certificación Bancaria que dicho dinero se encuentra a mi nombre depositados para ser retirados de dicho Banco, repito solamente falta la ORDEN DE PAGO expedida por el funcionario Judicial competente, por tanto la señora Juez accionada le da una interpretación Jurídica errónea a la Sentencia Ejecutiva de Segunda Instancia en comento […]”.

Actuación

8. El Despacho sustanciador , mediante auto de 27 de octubre de 2023; i) admitió la acción de tutela ; ii) ordenó notificar a los magistrados del Tribunal Administrativo del Cesar y al Juez Cuarto Administrativo Oral del Circuito de Valledupar; y iii) vinculó a la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional – Casur, en calidad de tercero con interés legítimo, concediéndoles el término de tres (3) días para que rindieran informe sobre el particular.

2 Transcripción literal del texto.5

Núm. único de radicación: 110010315000202306494-00

Actor: Luis Alberto Viloria Guzmán

2 Transcripción literal del texto.5

Núm. único de radicación: 110010315000202306494-00

Actor: Luis Alberto Viloria Guzmán

Intervenciones de la demandada y del tercero con interés legítimo

9. El Tribunal Administrativo del Cesar solicitó declarar la improcedencia de la

acción de tutela, al considerar que:

“[…] en condición de Presidente de esta Corporación, atendiendo al auto de fecha 27 de octubre de 2023, notificado en el buzón de correo electrónico de la Corporación el día 31 de octubre de 2023, proferido por su despacho, dentro del término estipulado en el artículo 19 del Decreto 2591 de 1991, de la manera más comedida me permito contestar la tutela interpuesta por LUIS ALBERTO VILORIA GUZMÁN, informándole que el señor VILORIA GUZMÁN ya había interpuesto acción de tutela por la decisión proferida por esta Cor poración mediante providencia del 24 de noviembre de 2022, en la cual se revocó la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito de Valledupar, de fecha 13 de diciembre de 2020, y en su lugar se declaró probada la excepción denominada “i) Pago total de la obligación, y en consecuencia, dió (sic) por terminado el proceso ejecutivo, dentro del expediente radicado No. 20001-33-33-004-2014-00152-04, siendo Magistrada Ponente, la doctora […]”.

[…]

“[…] En razón a lo expuesto, la s olicitud de amparo de la referencia deviene improcedente por haberse configurado una actuación temeraria. […]”.

[…]

“[…] En razón a lo expuesto, la s olicitud de amparo de la referencia deviene improcedente por haberse configurado una actuación temeraria. […]”.

10. La Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional – Casur solicitó i) declarar la improcedencia de la acción de tutela; y ii) su desvinculación, al considerar que carece de legitimación en la causa por pasiva, por las siguientes razones:

“[…] Para el caso en particular ya existió un pronunciamiento por parte del Tribunal Administrativo Del Cesar, el cual ordeno (sic) revocar la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito de Valledupar , de fecha 13 de diciembre de 2020, y en su lugar se declaró probada la excepción denominada “i) Pago total de la obligación, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente decisión…” y en consecuencia, dio por terminado el proceso ejecutivo. […]”.

[…]

“[…] Expuesta la jurisprudencia citada en precedencia, el trámite alegado por el accionante en la presente tutela debe ser declarado improcedente , ante la consagración del patrimonio público como un derecho colectivo, y ante el carácter subsidiario de la acción de tutela. […]”.

[…]

“[…] Aunado a lo expuesto, Se solicita DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela y se proceda a DESVINCULARNOS, teniendo en cuenta que es una tutela que cursacontra ( sic) del Tribunal Administrativo Del Cesar y el Juzgado Cuarto Administrativo Del Circuito Valledupar. […]”6

Núm. único de radicación: 110010315000202306494-00

Actor: Luis Alberto Viloria Guzmán

Administrativo Del Circuito Valledupar. […]”6

Núm. único de radicación: 110010315000202306494-00

Actor: Luis Alberto Viloria Guzmán

11. El Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito de Valledupar allegó copia digital del expediente del proceso ejecutivo identificado con el número único de radicación 200013333004201400152-04

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la Sala

12. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad con los artículos 1.º y 37 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991 3, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto 3 33 de 6 de abril de 20214 y el Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019 5, que asigna a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Generalidades de la acción de tutela

13. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario, destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a falta de otro m edio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

Cuestión Previa

Falta de legitimación en la causa por pasiva

14. La Sala advierte que previo al planteamiento del problema jurídico, resulta

transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

Cuestión Previa

Falta de legitimación en la causa por pasiva

14. La Sala advierte que previo al planteamiento del problema jurídico, resulta necesario precisar el presupuesto procesal sobre la legitimación en la causa por pasiva, para efectos de determinar, tanto el punto de derecho en discusión, como el alcance del contenido de la sentencia.

3 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”. 4 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”. 5 Reglamento Interno del Consejo de Estado.7

Núm. único de radicación: 110010315000202306494-00

Actor: Luis Alberto Viloria Guzmán

15. Ahora bien, el artículo 13 del Decreto 2591 frente a la legitimación en la causa

por pasiva, señala expresamente lo siguiente:

“[…] La acción se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro hubiesen actuado en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por un superior, o con su autorización o aprobación, la acción se entenderá dirigida contra ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo. De ignorarse la identidad de la autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida contra el superior.

con su autorización o aprobación, la acción se entenderá dirigida contra ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo. De ignorarse la identidad de la autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida contra el superior.

Quien tuviere un interés legítim o en el resultado del proceso podrá intervenir en él como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se hubiere hecho la solicitud […]”.

16. De igual manera la Corte Constitucional, mediante sentencia T -1001 de 30 de noviembre de 20066, se refirió a la falta de legitimación en la causa por pasiva en los

siguientes términos:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso. (…).

La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la reclamación que el actor le dirige mediante la demanda sobre una pretensión de contenido material.

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso preferente y sumario, con ello no se q uiso consagrar un instrumento judicial carente de garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan de

material.

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso preferente y sumario, con ello no se q uiso consagrar un instrumento judicial carente de garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes o de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.

La identificación cabal del demandado es una exigencia que tanto la Constitución como del decreto 2591 de 1991 avalan. Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares por la acción u omisión que provoque la violación de los derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala el segundo estatuto ."[7]. (Negrilla fuera de texto).

Y más adelante, en sentencia T -519 de 2.001 M.P. Clara Inés Vargas esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite procesal se deduce que el demandado no es responsable del menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no

6 Corte Constitucional, sentencia T-1001 de 30 de noviembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería. 7 “Esta posición, fue reiterada, entre otras, por la sentencia: T -213 de 2.001 M.P. Carlos Gaviria Díaz y T -562 de 2.002 M.P. Álvaro Tafur Galvis, T-959 de 2.002 M.P. Eduardo Montealegre Lynett”.8

Núm. único de radicación: 110010315000202306494-00

Actor: Luis Alberto Viloria Guzmán

Núm. único de radicación: 110010315000202306494-00

Actor: Luis Alberto Viloria Guzmán

puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que inflige el daño […]”.

17. La Sala advierte que la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional – Casur solicitó su desvinculación, por cuanto, a su juicio, carece de legitimación en la causa por pasiva.

18. Al respecto, es preciso indicar que dicha entidad obra como parte demandada en el proceso ejecutivo identificado con el número único de radicación 200013333004201400152-04, razón por la cual se vinculó como tercero con interés legítimo en la tutela de la referencia.

19. En ese orden de ideas, de conformidad con el Decreto 2591 y la jurisprudencia anteriormente citada, la Sala concluye que a la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional – Casur, le asiste interés en la decisión de tutela que esta Sala profiera.

20. En tal virtud, la Sala declarará no probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva formulada por la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía

Nacional – Casur.

Problemas Jurídicos

21. En el caso sub examine , los problemas jurídicos que debe resolver la Sala consisten en: i) establecer si existe cosa juzgada y temeridad respecto a esta acción constitucional; en caso negativo, ii) determinar si, en efecto, es procedente la acción

21. En el caso sub examine , los problemas jurídicos que debe resolver la Sala consisten en: i) establecer si existe cosa juzgada y temeridad respecto a esta acción constitucional; en caso negativo, ii) determinar si, en efecto, es procedente la acción de tutela acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, y de ser así, iii) establecer si el Tribunal Administrativo del Cesar y el Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito de Valledupar desconocieron los derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad del actor dentro del proceso ejecutivo identificado con el número único de radicación 200013333004201400152-04.

22. Para resolver estos problemas jurídicos esta Sala analizará los siguientes temas: i) la cosa juzgada constitucional; ii) marco normativo y jurisprudencial de la figura de la temeridad; iii) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental9

Núm. único de radicación: 110010315000202306494-00

Actor: Luis Alberto Viloria Guzmán

al debido proceso; iv) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la igualdad; v) análisis del caso en concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando, se satisfagan los requisitos generales de procedibilidad y, finalmente vi) las conclusiones de la Sala.

La cosa juzgada constitucional

23. La Corte Constitucional, mediante sentencia SU-055 de 31 de mayo de 20188, señaló que la cosa juzgada constitucional se configura cuando dos o más acciones de tutela reúnen triángulos procesales idénticos de partes, causa petendi y objeto.

señaló que la cosa juzgada constitucional se configura cuando dos o más acciones de tutela reúnen triángulos procesales idénticos de partes, causa petendi y objeto.

24. En ese sentido, i) la identidad de partes hace referencia a que las acciones de tutela se dirijan contra el mismo demandado y, a su vez, sean propuestas por el mismo sujeto bien sea en su condición de persona natural o jurídica; ii) la identidad de causa petendi se relaciona con la idea de que el ejercicio simultáneo o sucesivo de la acción se fundamente en unos mismos hechos que le sirven de causa y; iii) la identidad de objeto, parte de que las demandas b usquen la satisfacción de una misma pretensión tutelar o el amparo de un mismo derecho fundamental9.

25. Al respecto, es preciso indicar que “[…] sólo de manera excepcional, la emisión de una sentencia judicial puede constituirse como hecho nuevo, susceptibl e de ser valorado por el juez de tutela como justificante para la interposición de una segunda solicitud de amparo constitucional frente a unos mismos hechos […]”10. Estos casos han sido definidos por la Corte de manera restrictiva, pues sólo se han considerado como hechos nuevos, es decir los que justificarían la interposición de una segunda acción sin desdibujar la cosa juzgada, aquellos pronunciamientos con efectos erga omnes que tienen vocación de universalidad.

26. De igual manera, esta Sección frente al tema ha indicado que11:

8 Corte Constitucional, sentencia SU 055 de 31 de mayo de 2018, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez,

omnes que tienen vocación de universalidad.

26. De igual manera, esta Sección frente al tema ha indicado que11:

8 Corte Constitucional, sentencia SU 055 de 31 de mayo de 2018, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez, Referencia: Expedientes T-5.445.666, T-5.448.252, T-5.451.035, T-5.456.222 y T-5.685.087. 9 Corte Constitucional, Sentencia T – 975 de 16 de diciembre de 2011, M.P. Mauricio González Cuervo, Referencia: expediente T-3168779. 10 Corte Constitucional, Sentencia T – 975 de 16 de diciembre de 2011, M.P. Mauricio González Cuervo, Referencia: expediente T-3168779. 11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de septiembre de 2017. C.P Roberto Augusto Serrato Valdés, radicación número: 11001-03-24-000-2010-00512-00.10

Núm. único de radicación: 110010315000202306494-00

Actor: Luis Alberto Viloria Guzmán

“[…] Pues bien, en cuanto al fenómeno de la cosa juzgada12, cabe advertir que se le ha asimilado al principio del non bis in ídem y tiene por objeto que los hechos y conductas que han sido resueltos a través de cualquiera de los medios aceptados por la ley, no vuelvan a ser debatidos en otro juicio posterior. Tal cualidad de lo resuelto obliga a las partes por cuanto lo decidido tiene carácter vinculante y obligatorio y, por lo tanto, goza de plena eficacia jurídica, por ello la cosa juzgada comprende todo lo

obliga a las partes por cuanto lo decidido tiene carácter vinculante y obligatorio y, por lo tanto, goza de plena eficacia jurídica, por ello la cosa juzgada comprende todo lo que se ha disputado. […]”.13

Marco normativo y jurisprudencial de la figura de la temeridad

27. Visto el artículo 38 del Decreto núm. 2591 de 19 de noviembre de 199114 sobre la actuación temeraria cuando se presenta la misma acción de tutela ante varios

jueces. La referida norma jurídica señala:

“[…] ARTÍCULO 38. ACTUACION TEMERARIA. Cuando, sin motivo expresamente justificado, la misma acción de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribun ales, se rechazarán o decidirán desfavorablemente todas las solicitudes.

El abogado que promoviere la presentación de varias acciones de tutela respecto de los mismos hechos y derechos, será sancionado con la suspensión de la tarjeta profesional al menos por dos años. En caso de reincidencia, se le cancelará su tarjeta profesional, sin perjuicio de las demás sanciones a que haya lugar. […]”.

28. Sobre la figura de la temeridad, la Corte Constitucional, en reiterados

pronunciamientos, ha sostenido lo siguiente:

“[…] En Sentencia T -502 de 2008, la Corte Constitucional, al analizar la situación que surge, cuando, en relación con una misma materia, se presentan dos o más acciones de tutela, distinguió entre los fenómenos de la cosa juzgada constitucional, por un lado, y la tutela temeraria, por otro.

En ese contexto, encuentra la Corte que a partir de lo dispuesto en el artículo 38 del

acciones de tutela, distinguió entre los fenómenos de la cosa juzgada constitucional, por un lado, y la tutela temeraria, por otro.

En ese contexto, encuentra la Corte que a partir de lo dispuesto en el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991, es posible distinguir dos escenarios y dos órdenes distintos de consecuencias, así: En primer lugar, la presentación de una tutela de manera repetida puede hacerse de manera simultánea, cuando la persona interpone la acción ante varios jueces, o sucesiva, evento que se presenta cuando, después de haberse decidido una acción de tutela, la misma es nuevamente presentada. Desde el punto de vista de la decisión que debe adoptar el juez, para el primer caso, la ley ha previsto que todas las solicitudes deben resolverse desfavorablemente; en el segundo caso, como desarrollo del principio de cosa juzgada, las tutelas subsiguientes a la primera deben rechazarse. Si, en cualquiera de los dos escenarios anteriores, no se acredita la presencia de un motivo expresamente justificado, debe declararse la temeridad y proceden las sanciones previstas en la ley para esa eventualidad.

12 Se reiteran en este punto las consideraciones efectuadas por la Subsección, mediante sentencias de 18 de julio de 2012, expedientes 20.079 y 19.205 y de 16 de agosto d e 2012, expediente 21.985, entre otras providencias. 13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera – Subsección A, sentencia de 22 de marzo de 2018, C.P Mauricio Fajardo Gómez, radicación número: 520012331000199708582 01 (26.611).

13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera – Subsección A, sentencia de 22 de marzo de 2018, C.P Mauricio Fajardo Gómez, radicación número: 520012331000199708582 01 (26.611). 14 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.11

Núm. único de radicación: 110010315000202306494-00

Actor: Luis Alberto Viloria Guzmán

[…]

La Corte ha precisado que el juez de tutela, para establecer si, en razón de una tutela anterior, existe cosa juzgada constitucional respecto de un asunto puesto en su conocimiento, debe verificar si convergen los siguientes elementos: (i) Identidad de partes ; (ii) identidad de hechos ; e (iii) identidad de pretensiones 15. La verificación de esta triple identidad, prima facie 16, torna improcedente la nueva acción de tutela como quiera que sobre el asunto objeto de análisis existe una decisión judicial d efinitiva e inmutable 17. Para la Corte, la necesidad de esa verificación se deriva de la prohibición general, contenida en el artículo 332 del Código de Procedimiento Civil18, de que se dé un nuevo pronunciamiento por parte del juez, sobre un proceso que gua rde identidad jurídica -en el sentido explicadocon uno anteriormente decidido.19

Por otro lado, en cuanto hace a la temeridad en la interposición de acciones de tutela simultáneas o sucesivas, la jurisprudencia constitucional 20 ha puntualizado que en los casos en que se formule más de una acción de tutela entre las mismas partes, por los mismos hechos y c