CE - 010315000202306564001SENTENCIAFALLO20231207144808

Demandante: Clovis Barrios de Chico Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A Radicación: 11001-03-15-000-2023-06564-00

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN QUINTA Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA Paipa, Boyacá., siete (7) de diciembre de dos mil veintitrés (2023) Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicado: 11001-03-15-000-2023-06564-00 Demandante: CLOVIS BARRIOS DE CHICO Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN A Temas: Tutela contra providencia judicial proferida por alta corte - improcedencia por falta de relevancia constitucional y de agotamiento de todos los medios de defensa judicial SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA OBJETO DE LA DECISIÓN La sala decide el presente mecanismo constitucional de conformidad con los Decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de 2021, y el Acuerdo 080 de 2019, de la Sala Plena de esta corporación. 1. ANTECEDENTES 1.1. La solicitud de amparo El 23 de octubre de 20231, la señora Clovis Barrios de Chico, actuando por intermedio de apoderada, presentó acción de tutela con el fin de que se protejan sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, igualdad, y los principios «[a]l Derecho Sustancial2, la [v]igencia de un [o]rden [co]nstitucional [j]usto, [l]a [s]eguridad [j]urídica, [l]a [c]onfianza [l]egítima y demás que resulten vulnerados […]». Las referidas garantías constitucionales las consideró vulneradas con ocasión de la sentencia de 24 de abril de 2023 proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del

[l]a [c]onfianza [l]egítima y demás que resulten vulnerados […]». Las referidas garantías constitucionales las consideró vulneradas con ocasión de la sentencia de 24 de abril de 2023 proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado que confirmó el fallo de 15 de diciembre de 2016, a través del cual el Tribunal Administrativo de Bolívar negó las pretensiones dentro del medio de control de reparación directa con el radicado 13001-23-31-000-2010-00506-00/01. 1.2. Pretensiones Lo requerido en el mecanismo constitucional es lo siguiente: 1 Remitido por la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia. 2 Se entiende que hace referencia a la primacía del derecho sustancial sobre las formalidades.Demandante: Clovis Barrios de Chico Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A Radicación: 11001-03-15-000-2023-06564-00

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4.1.- Que se amparen los derechos fundamentales de mi representada, Al Debido Proceso, Al Acceso Efectivo a la Justicia, Al Derecho de Igualdad ante la Ley, Al Derecho Sustancial, la Vigencia de un Orden Constitucional Justo, La Seguridad Jurídica, La Confianza Legítima y demás que resulten vulnerados con la acción u omisión de la entidad demandada. 4.2.- Como consecuencia de lo anterior, se solicita Revocar la providencia fechadas 23 de abril de 2022, expedidas por el H. Consejo de Estado y en su lugar, se profiera la providencia correspondiente teniendo en cuenta las consideraciones jurídicas y fácticas aducidas por el juez de tutela3. 1.3. Hechos De la solicitud de tutela, se establecen los siguientes supuestos que, a juicio de la sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en este fallo: 1.3.1. Proceso originario del presunto error jurisdiccional La señora Clovis Barrios de Chico inició un proceso de petición de herencia con el fin de que se le declarara heredera de igual o mejor derecho en la sucesión del señor Ramón Barrios Pérez, su «bisabuelo»4. Litigio que culminó el 18 de abril de 2008 con sentencia de segunda instancia de la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena que negó sus pretensiones5, ello, al considerar que no se acreditó el vínculo filial entre los señores Ramon Barrios Pérez y Benito Barrios Espitia, esto es, entre el «bisabuelo» y el abuelo de la tutelante. 1.3.2. Proceso contencioso 1.3.2.1. Por lo anterior, la ciudadana Barrios de Chico y otros6 formularon la demanda de reparación directa contra la Nación – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial [en adelante Rama Judicial] por el presunto error

Proceso contencioso 1.3.2.1. Por lo anterior, la ciudadana Barrios de Chico y otros6 formularon la demanda de reparación directa contra la Nación – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial [en adelante Rama Judicial] por el presunto error jurisdiccional contenido en la providencia que puso fin al proceso ordinario mencionado en el numeral 1.3.1. al exponer que se incurrió en una (i) indebida interpretación y aplicación de las normas que regulaban el estado civil de las personas7 y (ii) en una valoración errónea de las pruebas aportadas para demostrar el vínculo filial entre el causante y la demandante8. 3 Trascrito con posibles errores ortográficos, mayúsculas sostenidas y negritas del texto original. 4 Por ello la demandante pidió dejar sin efectos la partición de la herencia efectuada el 4 de agosto de 1988 y rehacer la respectiva reliquidación de la masa sucesoral. 5 Se destaca que en primera instancia el Juzgado Séptimo de Familia de Cartagena reconoció a la señora Clovis Barrios de Chico como heredera. 6 Hildeberto Simón Barrios Díaz, Alfonso Padilla Barrios, Hermida Ramos de Ramírez, Agustina Ramos Barrios, Carlos Arturo Barrios Tinoco, Sixta Barrios Tinoco, María Inmaculada Barrios Paz, Celinda Castañeda Barrios y Rebeca Barrios Arrieta 7 «al desconocerse que, antes de entrar en vigencia la Ley 92 de 1938, acorde a lo dispuesto en los artículos 22 de la Ley 57 de 1887, 18 y 19

de la Ley 92 de 1938, 20, 54, 55 y 56 de la Ley 153 de 1887, y 777 del Código Canónico de la época, las personas nacidas en Colombia probaban su estado civil de hijos reconocidos con la partida eclesiástica de nacimiento, expedida por los párrocos de las iglesias donde eran bautizados, sin que fuera exigible que dicho documento contara». 8 «resaltaron que al proceso se allegaron las Escrituras Públicas No. 478 de 1898 y No. 21 de 1928, en las que el señor Ramón Barrios reconoció como hijo extramatrimonial al señor Benito Barrios y lo incluyó en su testamento, respectivamente, pruebas adicionales de la relación filial que no fueron tenidas en cuenta por el Tribunal».Demandante: Clovis Barrios de Chico Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A Radicación: 11001-03-15-000-2023-06564-00

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1.3.2.2. El 15 de diciembre de 2016, el Tribunal Administrativo de Bolívar negó las pretensiones de la demanda, al considerar que «la argumentación del juez ordinario no fue contraria a la ley ni carente de coherencia, razonabilidad o sustentación jurídica», máxime cuando el criterio que se refiere a que no acreditó el vínculo filial contaba con sustento jurisprudencial9. 1.3.2.3. Contra lo dispuesto por el tribunal, la parte desfavorecida interpuso recurso de apelación e insistió en que se «inaplicó las normas sustantivas que regulan el reconocimiento de hijos extramatrimoniales, […]». En la etapa de alegatos, en segunda instancia, los accionantes reiteraron el error jurisdiccional alegado y añadieron que «la Corte Constitucional en sentencia SU-573 de 2017, amparó el derecho fundamental al debido proceso de la señora Clovis Barrios y consecuentemente, revocó la sentencia del 18 de abril de 2008, proferida por la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, al considerar que incurrió en defectos procedimental absoluto por exceso ritual manifiesto, fáctico y sustantivo». Por ello, precisaron que, «al haberse dejado en firme lo decidido por el Juzgado Séptimo de Familia de Cartagena, la parte actora recibirá la cuota parte de los bienes que por ley le corresponden en el trámite sucesoral, por lo que solicitaron no reconocer el daño emergente pretendido inicialmente, sino el lucro cesante, estimados en valor de $118.825.042.949 causado desde el 18 de abril de 2008 hasta el 30 de junio de 2015, fecha en la que se rindió la experticia para tal fin, junto con los perjuicios morales causados». 1.3.2.4. El 24 de abril de 2023,

causado desde el 18 de abril de 2008 hasta el 30 de junio de 2015, fecha en la que se rindió la experticia para tal fin, junto con los perjuicios morales causados». 1.3.2.4. El 24 de abril de 2023, la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado confirmó lo decidido por el a quo al exponer que no se probó la existencia de un daño proveniente de la actuación judicial, «considerando el hecho sobreviniente, acecido en curso del proceso que condujo a que la sentencia acusada fuera dejada sin valor por la Corte Constitucional atendiendo el llamado de la señora Clovis Barrios de Chico». Para llegar a esa conclusión la autoridad judicial en primer lugar precisó que no estudiaría el caso bajo la óptica del error jurisdiccional, comoquiera que en el proceso se encontró acreditado que, «en tiempo posterior a la sentencia traída a esta Corporación, la Corte Constitucional, en la sentencia SU-573 de 201710,

9 En este punto el a quo precisó que el máximo órgano de la jurisdicción ordinaria determinó [sin precisar radicado] que el 9 de diciembre de 2011 que «acorde con el artículo 777 del Código de Derecho Canónico de la época, “las partidas bautismales son utilizadas para acreditar filiación natural, en la formación de las mismas debe aparecer la firma de quien allí se señala como padre extramatrimonial del bautizado, porque la exigencia de esa formalidad se deduce sin esfuerzo de ese mismo ordenamiento”». 10 Al respecto resulta pertinente resaltar que la acción de tutela que suscitó la SU de la referencia se elevó contra la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, 17 de junio de 2011, que decidió no casar la sentencia del 18 de abril de 2008, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena.Demandante: Clovis Barrios de Chico Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A Radicación: 11001-03-15-000-2023-06564-00 4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

impartió diversas determinaciones, las que implicaron que la providencia que se acusa de contener unos errores de hecho y de derecho fuera revocada11». En ese orden de ideas dispuso que, en aplicación del principio iura novit curia12, el estudio del asunto se haría desde el régimen general de responsabilidad subjetiva de falla en el servicio13, oportunidad en la que precisó que no se observaba «que con tal derrotero se modifique la causa petendi, ni los supuestos de la demanda, como tampoco la valoración de los demás elementos de la responsabilidad deprecada a partir de los elementos constitutivos de ella, que son límites que se imponen al operador judicial y a los sujetos comprometidos en el conflicto, sin excepción alguna». Aclarado lo anterior, resaltó que el daño reclamado no tenía connotación de certeza porque «no se hace evidente la existencia de un daño moral o patrimonial por afectación de un derecho de tal naturaleza, toda vez que la decisión del juez constitucional que fue posterior al inicio del proceso de reparación directa restituyó el derecho a la cuota parte reconocida en la herencia, tal como lo afirmó la parte demandante en sus alegatos de conclusión de segunda instancia». En este punto destacó que según lo dispuesto en diversos fallos de unificación proferidos por la Sección Tercera del Consejo de Estado14, frente a debates de naturaleza patrimonial o económica, a efectos de no rendir culto a la riqueza, «se ha precisado que el reconocimiento de daños morales por la pérdida o afectación de bienes inmuebles es posible “siempre y cuando aquél esté debidamente fundamentado con pruebas que acrediten su existencia y magnitud”, aspectos que tal y como se indicó no se encuentran debidamente acreditados en el caso objeto de estudio». Advirtió que si bien los actores reclamaron perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente y lucro cesante, frente al primero en mención, «como la misma parte demandante lo expuso en los

tal y como se indicó no se encuentran debidamente acreditados en el caso objeto de estudio». Advirtió que si bien los actores reclamaron perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente y lucro cesante, frente al primero en mención, «como la misma parte demandante lo expuso en los alegatos de conclusión de segunda instancia, al haberse confirmado por la Corte Constitucional la sentencia del Juzgado Séptimo de Familia de Cartagena en virtud de la cual se reconoció a la actora el 50% de la masa sucesoral y se ordenó la restitución de los bienes inmuebles que componen el haber herencial, la afectación por daño emergente ya no tiene fundamento alguno siendo improcedente su resarcimiento». En relación con el lucro cesante, señaló que, como este perjuicio se pretendía acreditar con el dictamen pericial practicado en el proceso, estos tampoco estaban 11 En la SU se tuteló el derecho al debido proceso de la señora Clovis Barrios y se dejó sin efectos lo dispuesto en las sentencias de 17 de junio de 2011 y de 18 de abril de 2008, confirmando la decisión adoptada por el Juzgado Séptimo de Familia de Cartagena en la que se reconoció a la señora Clovis Barrios de Chico como heredera del señor Ramón Barrios, oportunidad en la que el juzgado ordenó a los demandados el pago de los aumentos, accesorios, productos y frutos civiles o naturales generados por la cuota parte y hasta tanto sea efectiva la restitución o pago según el caso. 12 Aforismo latino, que significa que «el juez conoce el derecho». 13 Esta Sala recuerda

que uno de los presupuestos para encontrar acreditado el título de imputación por error jurisdiccional es que la providencia acusada de este vicio se encuentre en firme. 14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, expedientes 26.251, 32.988, 27.709, 31.172, 36.149, 28.804, 31.170 y 28.832. CP: Jaime Orlando Santofimio Gamboa, Ramiro Pazos Guerrero, Carlos Alberto Zambrano, Olga Mélida Valle de De La Hoz, Hernán Andrade Rincón, Stella Conto Díaz del Castillo, Enrique Gil Botero y Danilo Rojas Betancourth respectivamenteDemandante: Clovis Barrios de Chico Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A Radicación: 11001-03-15-000-2023-06564-00

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soportados según lo establece el artículo 884 del Código de Comercio, porque «el reconocimiento de intereses alegado por la demandante carece de sustento alguno ante la inexistencia de una obligación cierta de pagar las sumas de dinero». En otras palabras, consideró que «la actora no acreditó que hubiera dejado de percibir algún ingreso derivado de la ocupación de los referidos bienes, […] porque la presunción allí establecida tiene como fundamento de hecho la mora o retardo en el pago de una obligación cierta». Por todo lo anterior, el ad quem confirmó la negativa de las pretensiones de la demanda contenciosa. La providencia de segunda instancia fue notificada el 11 de mayo de 2023 y la acción de tutela de la referencia radicada el 23 de octubre de 2023. 1.4. Fundamentos de la solicitud En el sub examine se infiere15 que la accionante expuso que se le vulneraron sus derechos fundamentales y se incurrió en una vía de hecho al configurarse los defectos sustantivo, fáctico, defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, decisión sin motivación y por desconocimiento del precedente, porque la autoridad judicial demandada estudió «un título distinto de la imputación de responsabilidad invocada en la acción por la actora, lo que hace, es desconocer la causa petendi y los medios probatorios acreditativos de la falla judicial y daño patrimonial, violando el debido proceso y acceso efectivo a la justicia». La tutelante resaltó la «ausente motivación jurídica de la sentencia proferida por el Consejo de Estado, pues ningún examen se hizo respecto de la censura realizada a la sentencia acusada de irregular, ahora con la modificación de la imputación de falla invocada del servicio de la justicia ni frente a los daños patrimoniales probado». Destacó que si bien el ad quem reconoció «implícitamente la falla del servicio de justicia al aceptar la configuración de una vía de

de irregular, ahora con la modificación de la imputación de falla invocada del servicio de la justicia ni frente a los daños patrimoniales probado». Destacó que si bien el ad quem reconoció «implícitamente la falla del servicio de justicia al aceptar la configuración de una vía de hecho ante decisiones judiciales emanadas de la Corte Constitucional (Sent. SU-573 de 2017) […] pero en contrasentido aduce la no existencia de daño patrimonial con el solo propósito obviar los testimonios y prueba pericial que acreditan el daño moral y material que no están obligados a soportar los actores conforme al ordenamiento jurídico». Respecto al yerro de índole sustantivo indicó que se desatendieron «normas de rango legal por aplicación indebida y error grave en su interpretación, al pretenderse sin estudiar y determinar la imputación de falla en el servicio de la justicia que implícitamente reconoce en la decisión atacada con el pretexto de no estar demostrado el daño antijurídico imputado cuando a simple vista y según los medios probatorios adjuntos en oportunidad procesal acreditan lo contrario». En este punto la accionante centró su argumentación, in extenso, al derecho que tiene la señora Barrios como heredera, de conformidad con las pruebas que aportó 15 La inferencia de lo aludido por la accionante se advierte, en atención a que el escrito de tutela, en algunos puntos, los argumentos son incoherentes frente al defecto que se alega.Demandante: Clovis Barrios de Chico Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A Radicación: 11001-03-15-000-2023-06564-00

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en el proceso de petición de herencia y recordó toda la actuación procesal que aconteció en ese asunto, ello, para concluir que la accionada «desconoció normas legales por aplicación indebida o error grave en su interpretación regulatorias de la responsabilidad del estado bajo la falsa motivación que el daño no resultaba acreditado cuando la prueba pericial y testimonial recaudada demuestran lo contrario en la actuación decidida». Expuso que la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado «omite en considerar […] en su decisión, que la falla en el servicio de justicia estaba demostrado con la expedición de un acto irregular, al omitirse la aplicación de normas legales regulatorias del estado civil de hijo extramatrimonial de BENITO BARRIOS respecto de su padre RAMON BARRIOS así como de los medios de prueba documentales […] más aún cuando fueron adicionalmente recaudados testimonios y prueba pericial que demostraban el daño moral y material causado a los actores las cuales fueron excluidas sin razonamiento alguno y bajo la falsa motivación». Resaltó que se incurrió en un defecto fáctico al no valorarse diversos medios de pruebas16 que no «fueron tenidos en cuenta para fundar la decisión en la que se adujo que el reconocimiento de la calidad de heredera de CLOVIS BARRIOS». Puntualizó que «carece de fundamento, el razonamiento expuesto por el alto Tribunal Administrativo, dado que el Lucro Cesante como perjuicio material reclamado en la experticia, no se fundament[ó] en [la] contabilización de intereses moratorios ni en la determinación de una obligación cierta de pagar una suma de dinero como lo arguye erradamente esta judicatura, puesto que el mismo se determinó con base en el rendimiento de un capital valorado y cuantificado en unos activos herenciales que generan frutos civiles no entregados a su dueño desde la época (2008 al 2017) […]». Enfatizó que era «incuestionable, que dicho proceder del

puesto que el mismo se determinó con base en el rendimiento de un capital valorado y cuantificado en unos activos herenciales que generan frutos civiles no entregados a su dueño desde la época (2008 al 2017) […]». Enfatizó que era «incuestionable, que dicho proceder del juzgador, ignoró, desconoció y valoró indebidamente las pruebas incorporadas al proceso, violando el principio de apreciación racional de los medios probatorios, así como la exclusión de medios testimoniales sin razón alguna lo que inexorablemente constituye una vía de hecho en decisión judicial». Por su parte, respecto al yerro consistente en el defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, alegó que el ad quem, en «contravía de principios generales que dieron origen a los frutos civiles reglados en los que se basó la experticia para 16 «(i) prueba Pericial rendida por auxiliar de la justicia […] que determinó los perjuicios materiales de daño emergente y lucro cesante causados, la prueba (ii) Testimonial […] rendida por los señores OSCAR MARTIN SUAREZ SERRANO, LUIS ALBERTO PAJARO DENIS, HORACIO JOSE BATISTA RUIZ, […], demostrativas de la afectación moral y psicológica de los actores, la prueba (iii) sobre uso y aprovechamiento del suelo turísticos fechado 17 de enero de 2012 emitido por Planeación Distrital de Cartagena sobre los bienes objeto de sucesión, la (iv) la sentencia de tutela de la Corte Constitucional SU-573 de septiembre 14 de 2017 que invalido la sentencia acusada de error judicial […] (v) dictamen

pericial civil y su ampliación fechado octubre 27 de 2003 y septiembre 21 de 2004 adjuntos al proceso administrativo, la (vi) prueba partida eclesiástica de nacimiento expedida por la parroquia de la Bahía, […], la (vii) la prueba Escritura Publica número 478, del 29 de noviembre de 1898, […] que contiene el reconocimiento de hijo y No 27 de enero 10 de 1928 […] que contiene Testamento».Demandante: Clovis Barrios de Chico Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A Radicación: 11001-03-15-000-2023-06564-00

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denegar su existencia y reconocimiento [se fundó] en especulaciones no expuestas pasando por encima del derecho sustantivo advertidos en los autos. En lo que tiene que ver con yerro catalogado como decisión sin motivación, la tutelante se limitó a confluir los fundamentos expuestos en los defectos ya relacionados, en el sentido de afirmar que resultaba «ampliamente demostrado […] que la sentencia proferida por el alto Tribunal Administrativo que motiva esta acción de tutela […], no tiene[-] fundamento jurídico ni fáctico que le de[-] soporte y los expuestos no resultan relevantes al asunto discutido, dado que como se ha esbozado en los cargos anteriores, no se examinó de manera objetiva, seria y responsiva la falla en el servicio de justicia mediante la expedición de un acto irregular materializado en una decisión […], siendo tan palmaria la falta o ausencia de motivación del alto Tribunal, que solo limitó su escueta decisión a manifestar de manera contradictoria y aceptado implícitamente la expedición irregular del acto acusado17». Finalmente, el cargo por desconocimiento del precedente lo soportó en dos sentencias18, para lo cual se limitó a citar unos apartes de las mismas, sin desarrollar cuál fue la regla que presuntamente se desconoció por parte del tribunal de cierre. 1.5. Trámite de la acción Mediante auto de 30 de octubre de 2023 el magistrado sustanciador admitió la acción de tutela y ordenó notificar como demandada a la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, y como terceros con interés en las resultas del proceso vinculó al Tribunal Administrativo de

Bolívar; a los ciudadanos Hildeberto Simón Barrios Díaz, Alfonso Padilla Barrios, Hermida Ramos de Ramírez, Agustina Ramos Barrios, Carlos Arturo Barrios Tinoco, Sixta Barrios Tinoco, María Inmaculada Barrios Paz, Celinda Castañeda Barrios y Rebeca Barrios Arrieta, así como a la Rama Judicial. De igual forma, reconoció como apoderado a la abogada de la demandante y ordenó a la Oficina de Sistemas del Consejo de Estado que realizara una publicación en la página web de la corporación, con la información de la tutela, con el fin de ponerla en conocimiento de los terceros interesados. 1.6. Intervenciones Remitidas las respectivas comunicaciones, se presentaron los siguientes informes: 1.6.1. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, por intermedio del magistrado sustanciador de la providencia controvertida, solicitó declarar improcedente la acción de la referencia por falta de relevancia constitucional, al exponer que la providencia controvertida se «fundó en la valoración de las pruebas legalmente allegadas al proceso, y en el estricto apego a las garantías sustanciales 17 Trascrito con posibles errores ortográficos y negritas del texto original. 18 «(Sent. 1996-03282-01, marzo 7 de 2012, C.P. Hernán Andrade Rincón) […] (Consejo de Estado, Sección Tercera, Sent. 76001233100019972445001(30548, dic. 02/2015, C.P. Marta Velásquez)».Demandante: Clovis Barrios de Chico Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A Radicación: 11001-03-15-000-2023-06564-00

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y procesales que informan el debido proceso, cuyos argumentos quedaron consignados en su parte motiva». Resaltó que «una revisión de los planteamientos expuestos en la acción de tutela permite advertir no solo su falta de suficiencia en cuanto a su carga argumentativa, sino, además, que su propósito es convertir el mecanismo de amparo constitucional en una instancia adicional o complementaria al litigio contencioso administrativo tramitado y concluido, al pretender reabrir un debate ya zanjado por el juez natural de la causa». 1.6.2. La Dirección Nacional y Seccional de Bogotá de Administración Judicial requirieron declarar su falta de legitimación en la causa por pasiva, comoquiera que los cargos se dirigen en contra del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. 1.6.3. Las personas naturales vinculadas se limitaron a solicitar que se les notificara las decisiones que se profieran en este mecanismo constitucional. 1.6.4. El 21 de noviembre de 2023, la parte demandante presentó escrito titulado «Corrección De Demanda De Tutela», con el fin de «CORREGIR LOS ERRORES INVOLUNTARIOS en el contenido del formato PDF de la demanda que alteraron y traslaparon los textos de dicho escrito, en lo concerniente a las CAUSALES Especificas de la acción»19. 2. CONSIDERACIONES DE LA SALA 2.1. Competencia Esta sala es competente para conocer en primera instancia de la acción de tutela presentada por la señora Clovis Barrios de Chico, de conformidad con lo establecido en los Decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015 y 333 de 2021, y en el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta corporación. 2.2. Cuestiones previas 2.2.1. Solicitud de desvinculación Esta colegiatura advierte que la Dirección Nacional y Seccional de

y 333 de 2021, y en el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta corporación. 2.2. Cuestiones previas 2.2.1. Solicitud de desvinculación Esta colegiatura advierte que la Dirección Nacional y Seccional de Bogotá de Administración Judicial solicitaron su desvinculación del presente trámite, no obstante, las referidas peticiones serán negadas, en razón a que la comparecencia de la primera20 se dio en calidad de tercero, por el interés que le asiste en conocer las resultas de este asunto, y respecto a la segunda21, puesto que esta no fue vinculada a esta acción, ni como parte o como tercero. 2.2.2. Corrección acción de tutela 19 Trascrito con posibles errores ortográficos y mayúsculas sostenidas del texto original. 20 Dirección Nacional de Administración Judicial. 21 Dirección Seccional de Bogotá de Administración Judicial.Demandante: Clovis Barrios de Chico Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A Radicación: 11001-03-15-000-2023-06564-00

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Ahora bien, la sala recuerda que el 21 de noviembre de 2023 la tutelante presentó «Corrección De Demanda De Tutela». Sin embargo, esta sección advierte que tal escrito no se estudiará comoquiera que (i) no existe fundamento normativo o jurisprudencial que habilite la corrección de oficio de la solicitud cuando el mecanismo ya fue admitido y trasladado al extremo pasivo, por cuanto ello trasgrediría el derecho de defensa de la autoridad judicial accionada, quien ya se pronunció frente al contenido del escrito inicial. Además, (ii) porque en todo caso, dicha petición se elevó por fuera del plazo que ha considerado la Corte Constitucional como el término razonable para formular el mecanismo constitucional de la referencia a la luz de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 201422, en la que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado adoptó los criterios fijados por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 200523, para determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencias judiciales y reiteró que seis (6) meses es el término prudente para acudir y solicitar el amparo de los derechos fundamentales que se estimen vulnerados con estas. En consecuencia, como el escrito de corrección fue radicado el 21 de noviembre de 2023 y la providencia aquí controvertida fue notificada el 11 de mayo de 2023, el plazo máximo para presentar la solicitud de amparo con inconformidades ante el juez de tutela finalizó el 18 de noviembre de 2023. 2.3. Problema jurídico Corresponde a la sala determinar si, en el caso concreto, se presenta una vulneración a los derechos fundamentales advert