CE - 010315000202306803001SENTENCIA20231207145020

Demandante: Mauricio Alejandro Bravo Sánchez Demandado: Consejo Superior de la Judicatura, Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia Radicado: 11001-03-15-000-2023-06803-00

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente (E): LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Paipa, Boyacá, siete (7) de diciembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-06803-00

Demandante: MAURICIO ALEJANDRO BRAVO SÁNCHEZ

Demandado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, UNIDAD DE

REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS Y AUXLIARES DE LA

JUSTICIA

Temas: Acción de tutela contra acto administrativo – improcedencia.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la sala a resolver la acción de tutela presentada por el señor Mauricio Alejandro Bravo Sánchez contra la decisión de la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia de negar la acreditación de su judicatura.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

El 7 de noviembre de 2023 el señor Mauricio Alejandro Bravo Sánchez, actuando en nombre propio, presentó acción de tutela contra el Consejo Superior de la Judicatura,

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

El 7 de noviembre de 2023 el señor Mauricio Alejandro Bravo Sánchez, actuando en nombre propio, presentó acción de tutela contra el Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, con el fin de que sean amparados sus derechos fundamentales a la educación y a la libertad de escogencia de profesión u oficio.

La parte accionante consideró vulneradas dichas garantías constitucionales, debido a que el 18 de octubre de 2023 envió al Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia los soportes requeridos para obtener la acreditación de su judicatura. Sin embargo, mediante correo electrónico del 26 de octubre del 2023, reiterado el 2 de noviembre del mismo año, se le negó lo solicitado al considerar que aún le hacía falta por acreditar 90 días para cumplir el tiempo de un año de práctica jurídica, de conformidad con el artículo 1°, numeral 4 del Acuerdo 9338 de 2012.1

1 Por medio de la cual se modifica el Acuerdo PSAA10-7543, por el cual se reglamenta la judicatura como requisito alternativo para optar el título de abogado.Demandante: Mauricio Alejandro Bravo Sánchez Demandado: Consejo Superior de la Judicatura, Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia Radicado: 11001-03-15-000-2023-06803-00 2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Solicitó el amparo de sus garantías fundamentales y, en consecuencia, reclamó lo

2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Solicitó el amparo de sus garantías fundamentales y, en consecuencia, reclamó lo siguiente:

(…) 2. Se tenga como ‘’no remunerada o ad - honorem’’ la judicatura realizada a través del ‘’Programa Estado Joven’’ en la Superintendencia de Notariado y Registro. Consecuente se de aplicación al numeral No.2 del artículo No.1 del Acuerdo 9338 de 2012 del Consejo Superior de la Judicatura.

3. Se ordene a la accionada, proferir la Resolución que acredite la judicatura.

1.2. Hechos probados y/o admitidos

La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes hechos que, a juicio de la sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:

El 18 de octubre del 2023 el señor Mauricio Alejandro Bravo Sánchez solicitó al Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia el reconocimiento de la práctica jurídica como requisito alternativo para optar al título de abogado, en el desempeño de los siguientes cargos:

-Auxiliar judicial ad honorem en el Juzgado Séptimo Civil Municipal de Ibagué – Tolima, durante el tiempo comprendido del 5 de agosto al 19 de diciembre de 2022 y del 11 al 12 de enero de 2023, (teniendo en cuenta que de conformidad con el artículo 8 del Acuerdo PSAA10-7543 de 2010 expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, la vacancia judicial para los despachos judiciales, no se tendrá en cuenta

artículo 8 del Acuerdo PSAA10-7543 de 2010 expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, la vacancia judicial para los despachos judiciales, no se tendrá en cuenta para efectos de la acreditación y reconocimiento de la judicatura.)

-Vinculación formativa en el marco del programa Estado Joven, en la Superintendencia de Notariado y Registro – Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Ibagué – Tolima, durante el período comprendido del 1 de febrero al 30 de junio de 2023.

Una vez rec ibió la documentación, la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia mediante correo electrónico enviado el 26 de octubre de 2023 le indicó al actor que no cumplió con la totalidad de los requisitos exigidos, ya que «revisado sus documentos, le hace falta acreditar 90 días, para cumplir el tiempo de UN AÑO de práctica jurídica de conformidad con el artículo 1º, numeral 4 del Acuerdo 9338 de 2012».

El señor Mauricio Alejandro Bravo Sánchez, en la misma fecha, dio respuesta al citado requerimiento y manifestó los motivos por los cuales consideraba que se debería aplicar el numeral 2 del artículo 1 del Acuerdo 9338 de 2012 del Consejo Superior de la Judicatura, y no el numeral 4 ibidem, a saber:Demandante: Mauricio Alejandro Bravo Sánchez Demandado: Consejo Superior de la Judicatura, Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia Radicado: 11001-03-15-000-2023-06803-00 3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2023-06803-00

3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co A) En el correo que se anexa en el hilo, se menciona que ''falta acreditar 90 días'', estos días se refieren a ¿días hábiles o días calendario?

B) A mi entender, se tomó la judicatura realizada a través del programa ''Estado Joven'' en la Superintendencia de Notariado y Registro como si fuese remunerada. En este orden de ideas, tengo argumentos legales para sustentar que la judicatura realizada a través del programa ''Estado Joven'' en la SNR, no ostenta el carácter de remunerada.

Dicho esto:

¿Debo esperar hasta que se profiera la Resolución que niega la acreditación de la judicatura para interponer recurso? o ¿antes de que se profiera la Resolución puedo por este medio o cualquier otro que se designe, exponer los argumentos correspondientes?

Frente a los argumentos expuestos por el accionante, mediante correo electrónico del 2 de noviembre de 2023, la referida unidad, señaló:

De lo anterior se debe precisar que si bien durante las prácticas ofrecidas por el programa Estado Joven, en las cuales se otorga un auxilio de práctica mensual, equivalente a un (1) salario mínimo mensual legal vigente (SMMLV), que si bien no constituye salario, el incentivo en mención es válido para la práctica jurídica remunerada, considerando en primer lugar que está recibiendo una remuneración por su labor, en segundo lugar el programa ofrece la experiencia real de la dinámica en el

constituye salario, el incentivo en mención es válido para la práctica jurídica remunerada, considerando en primer lugar que está recibiendo una remuneración por su labor, en segundo lugar el programa ofrece la experiencia real de la dinámica en el sector público y en tercer lugar, la certificación de la práctica laboral como experiencia profesional.

Por lo anterior, no es favorable sus argumentos, por cuanto deberá completar el tiempo que le hace falta, para acreditarle la práctica jurídica. (…)

El actor el 2 de noviembre de 2023 le preguntó a la referida entidad lo siguiente:

«Se proferirá resolución o cualquier otro acto administrativo donde se niegue la acreditación de la judicatura? ¿O debo entender que el correo anterior, en el cual se me indica que no proceden mis argumentos, pone punto final al asunto?»

A través de correo enviado el 3 de noviembre de 2023 la entidad respondió lo siguiente:

«No se la voy a negar, pero sí quedará en estado requerido hasta que cumpla con el tiempo o hasta que automáticamente se le archive el trámite.»

1.3. Fundamentos de la vulneración

El actor a dujo que era egresado no graduado de la Universidad del Tolima, de la facultad de Ciencias Humanas y Artes en la carrera de Derecho. Que, como requisito para optar por el título de abogado, realizó judicatura en dos instituciones a saber: «(i) Juzgado Séptimo Civil Municipal de Ibagué, del 05/08/2022 hasta 12/01/2023 en calidad de Auxiliar Judicial y (ii) Superintendencia de Notariado y Registro – Oficina de Registro deDemandante: Mauricio Alejandro Bravo Sánchez Demandado: Consejo Superior de la Judicatura, Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia

de Auxiliar Judicial y (ii) Superintendencia de Notariado y Registro – Oficina de Registro deDemandante: Mauricio Alejandro Bravo Sánchez Demandado: Consejo Superior de la Judicatura, Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia Radicado: 11001-03-15-000-2023-06803-00 4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Instrumentos Públicos de Ibagué (a través del programa Estado Joven) del 01/02/2023 hasta 30/06/2023», para completar un tiempo equivalente a un poco menos de 10 meses.

Adujo que el art ículo 13 de la Ley 1780 de 2016 2 creó la obligación de que, el Ministerio del Trabajo y el Departamento Administrativo de la Función Pública creasen y desarrollasen políticas, que permitan a los jóvenes realizar sus prácticas laborales y/o judicatura en entidades del sector público.

Agregó que, en consecuencia, a la obligación descrita en el numeral anterior, el Ministerio del Trabajo creó el programa Estado Joven a través de la Resolución 4566 del 04 de noviembre del 2016.

Aclaró que específicamente, la Resolución 4566 del 04 de 2016 del Ministerio del

Trabajo describe:

Artículo 6. Incentivos. Los estudiantes beneficiarios del programa, recibirán como incentivo para adelantar su práctica laboral en entidades públicas:

1. Un auxilio de práctica mensual, cuyo valor será equivalente a un (1) salario mínimo mensual legal vigente, para las prácticas de tiempo completo . En las prácticas de medio tiempo, recibirán el valor equivalente a medio (1/2) salario mínimo

1. Un auxilio de práctica mensual, cuyo valor será equivalente a un (1) salario mínimo mensual legal vigente, para las prácticas de tiempo completo . En las prácticas de medio tiempo, recibirán el valor equivalente a medio (1/2) salario mínimo mensual legal vigente. Lo anterior de conformidad con lo previsto en el numeral 1 del artículo 2.2.6.1.7.3 del Decreto 1072 de 2015. (Negritas propias).

Explicó que, desde otra arista, la Resolución 3546 de 2018 sobre las prácticas laborales predica:

Artículo 4°. Características. Son elementos de las prácticas laborales los siguientes:

(…)

3. Con auxilio o gratuitas: los estudiantes en prácticas laborales, en caso de así pactarlo con su escenario de práctica, podrán recibir un auxilio de práctica que corresponda al menos con el cien por ciento (100%) de la cifra del salario mínimo mensual legal vigente. El auxilio se destina a apoyar al practicante en el desarrollo de su actividad formativa, el cual en ningún caso constituye salario. (Negritas propias)

De lo anterior, coligió que el incentivo que otorga el programa Estado Joven era un auxilio destinado a apoyar al practicante. Agregó que n o e ra una remuneración , como arguyó la encargada en su correo del 2 de noviembre de 2023 , porque el monto pecuniario no es contraprestación o retribución directa y onerosa por la

2 ‘’ARTÍCULO 13. PROMOCIÓN DE ESCENARIOS DE PRÁCTICA EN LAS ENTIDADES PÚBLICAS.

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio del Trabajo y el Departamento Administrativo de la

2 ‘’ARTÍCULO 13. PROMOCIÓN DE ESCENARIOS DE PRÁCTICA EN LAS ENTIDADES PÚBLICAS.

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio del Trabajo y el Departamento Administrativo de la Función Pública, desarrollará y reglamentará una política que incentive, fomente y coordine los programas de jóvenes talentos, orientados a que jóvenes sin experiencia puedan realizar prácticas laborales, judicatura y relación docencia de servicio en el área de la salud, en las entidades públicas, las cuales contarán como experiencia para el acceso al servicio público.Demandante: Mauricio Alejandro Bravo Sánchez Demandado: Consejo Superior de la Judicatura, Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia Radicado: 11001-03-15-000-2023-06803-00 5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co prestación personal del servicio, por lo que se debe aplicar el numeral 2 del artículo 1 del Acuerdo 9338 de 2012 y no el 4, como estableció la unidad, los cuales citó:

ARTÍCULO 1°. - El Artículo Séptimo del Acuerdo PSAA10 -7543 de 2010 quedará así: Determinación del tiempo de las diferentes modalidades de Judicatura (AdHonorem y Remunerada): La práctica jurídica para optar al título de abogado podrá ser desempeñada en los siguientes tiempos:

2. Si el egresado opta por realizar la práctica jurídica de carácter Ad -Honorem se atendrá a lo exigido en cada norma en particular y será de seis (6), siete (7) o de Nueve (9) meses, de disponibilidad exclusiva y jornada completa según la en la entidad

atendrá a lo exigido en cada norma en particular y será de seis (6), siete (7) o de Nueve (9) meses, de disponibilidad exclusiva y jornada completa según la en la entidad seleccionada, con las mismas obligaciones y responsabilidades a los empleados de la entidad.

4. Si el egresado combina la modalidad ad -honorem de 6, 7 o 9 meses con una modalidad remunerada, o viceversa, tendrá que acreditar un año de servicio sin que en ningún caso la combinación de modalidades implique la reducción de la práctica jurídica.

Concluyó que Estado Joven es un programa estatal que se originó por una política pública, creado desde el entendimiento de las brechas que posee nuestro país, por esta razón aquel brinda apoyo económico con el objetivo de dar soporte a los gastos en los que el practicante pudiese incurrir en el desarrollo de sus prácticas, a saber, alimentación, transporte e incluso alojamiento entre otros.

1.4. Trámite de la acción de tutela

1.4.1. Auto admisorio

Mediante auto del 10 de noviembre de 2023 el despacho sustanciador admitió la demanda y notificó a la parte actora, as í como al Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia. Igualmente, vinculó como terceros con interés a la Universidad del Tolima, al Juzgado Séptimo Civil Municipal de Ibagué y a la Superintendencia de Notariado y Registro, Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Ibagué.

1.5. Intervenciones

Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron las siguientes intervenciones:

Registro de Instrumentos Públicos de Ibagué.

1.5. Intervenciones

Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron las siguientes intervenciones:

1.5.1. Juzgado Séptimo Civil Municipal De Ibagué

Indicó que el accionante fue nombrado mediante Resolución 015 del 05 de agosto de 2022 como auxiliar de justicia ad honorem, a fin de acreditar ante la facultad de derecho de la Universidad del Tolima su judicatura y así obtener el título de abogado.Demandante: Mauricio Alejandro Bravo Sánchez Demandado: Consejo Superior de la Judicatura, Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia Radicado: 11001-03-15-000-2023-06803-00 6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Agregó que, por escrito del 11 de enero de 2023 el actor allegó renuncia a partir del 12 de enero de 2023 al cargo desempeñado, habida cuenta su aplicación a la convocatoria Estatal Estado Joven, en donde le fue brindada la oportunidad de continuar su práctica profesional en la Superintendencia de Notariado y Registro.

Concluyó exponiendo lo siguiente:, «se observa que los hechos y pretensiones no tienen como objeto trámite o decisión alguna sobre este Despacho judicial, motivo por el cual solicito se desvincule al Juzgado Séptimo Civil Municipal de Ibagué de la presente acción constitucional.»

1.5.2. Superintendencia de Notariado y Registro , Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Ibagué

solicito se desvincule al Juzgado Séptimo Civil Municipal de Ibagué de la presente acción constitucional.»

1.5.2. Superintendencia de Notariado y Registro , Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Ibagué

Requirió su desvinculación del presente tr ámite constitucional por carecer de legitimación en la causa por pasiva, ya que las pretensiones del accionante no guardaban relación directa con las funciones y competencias propias de dicha entidad, aunado al hecho de que no ha sido la causante de la presunta vulneración de los derechos fundamentales invocados.

1.5.3. Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia

Solicitó negar las pretensiones de la demanda dado que, a su juicio, no existió vulneración a ningún derecho fundamental, ya que el señor Mauricio Alejandro Bravo Sánchez no ha acreditado el tiempo requerido legalmente para dar continuidad al trámite de reconocimiento de su práctica jurídica.

Explicó que, para el caso concreto el actor desempeñó la práctica jurídica inicialmente en el cargo de auxiliar judicial ad honorem en el Juzgado Séptimo Civil Municipal de Ibagué, durante el tiempo comprendido del 5 de agosto al 19 de diciembre de 2022 y del 11 al 12 de enero de 2023. Posteriormente se le realizó vinculación formativa en el marco del programa Estado Joven, en la Superintendencia de Notariado y Registro – Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Ibagué durante el período comprendido del 1 de febrero al 30 de junio de 2023, con un auxilio de práctica mensual equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente.

Públicos de Ibagué durante el período comprendido del 1 de febrero al 30 de junio de 2023, con un auxilio de práctica mensual equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente.

Adujo que, teniendo en cuenta que de conformidad con lo establecido en el artículo 23, numeral 1, literal g), del Decreto 3200 de 1979, la realización de la práctica jurídica en la modalidad remunerada, es por el término de un año continuo o discontinuo con posterioridad a la fecha de terminación y aprobación del plan de estudios, los 5 meses de práctica en el programa Estado Joven podr ían tenerse en cuenta como parte de la práctica jurídica remunerada.

Agregó que, en ese orden de ideas, junto con los 4 meses realizados en el cargo de auxiliar judicial ad honorem , el actor aun debía acreditar 90 días de servicio, paraDemandante: Mauricio Alejandro Bravo Sánchez Demandado: Consejo Superior de la Judicatura, Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia Radicado: 11001-03-15-000-2023-06803-00 7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co completar un año de práctica jurídica, exigido en el artículo 1, numeral 4 del Acuerdo 9338 expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, como le fue indicado al accionante.

Esgrimió que, en el caso del accionante si fue ad honorem el servicio prestado en el Juzgado Séptimo Civil Municipal de Ibagué, caso contrario en el servicio prestado en la Superintendencia de Notariado y Registro – Oficina de Registro de Instrumentos

Esgrimió que, en el caso del accionante si fue ad honorem el servicio prestado en el Juzgado Séptimo Civil Municipal de Ibagué, caso contrario en el servicio prestado en la Superintendencia de Notariado y Registro – Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Ibagué, como beneficiario del programa Estado Joven, por el cual si recibió una contraprestación económica de un salario mínimo legal mensual vigente.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

El Consejo de Estado es competente para conocer de la demanda presentada por el señor Bravo Sánchez, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y el numeral 8° del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el artículo 1° del Decreto 333 de 2021. Lo anterior, por cuanto la acción de tutela se dirige contra el Consejo Superior de la Judicatura y otro.

2.2. Solicitud de desvinculación

Se tiene que el Juzgado Séptimo Civil Municipal de Ibagué y la Superintendencia de Notariado y Registro , Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Ibagué solicitaron su desvinculación del presente trámite constitucional, pues, a su juicio, carecen de legitimación en la causa por pasiva, peticiones que serán denegadas en atención a que su s vinculaciones se hicieron en calidad de tercero s, en atención al interés que le s asiste en las resultas del presente trámite , dado que el actor realizó las practicas jurídicas en estas dependencias.

2.3. Problema jurídico

interés que le s asiste en las resultas del presente trámite , dado que el actor realizó las practicas jurídicas en estas dependencias.

2.3. Problema jurídico

Tomando en consideración la situación fáctica expuesta por la parte actora y las respectivas pretensiones elevadas, el material probatorio recaudado, los informes y argumentos esgrimidos, corresponde a esta sala resolver el siguiente problema jurídico que subyace al caso en concreto:

• ¿Se supera en el presente caso el requisito de procedibilidad de la acción de tutela concerniente a la subsidiariedad, teniendo en cuenta que el actor se encuentra en desacuerdo con la negativa de la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia de acreditar su judicatura?

De ser positiva la respuesta a la pregunta anterior, la sala analizará lo siguiente:Demandante: Mauricio Alejandro Bravo Sánchez Demandado: Consejo Superior de la Judicatura, Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia Radicado: 11001-03-15-000-2023-06803-00 8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

• ¿La decisión de la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia de negar dicha solicitud vulnera los derechos fundamentales del señor Bravo Sánchez a la educación y a la libertad de escogencia de profesión u oficio?

Para resolver el primer interrogante planteado, se analizarán los siguientes temas: (i) generalidades de la acción de tutela ; (ii) la naturaleza subsidiaria de la acción de tutela e improcedencia de la misma cuando existen otras vías judiciales disponibles y

Para resolver el primer interrogante planteado, se analizarán los siguientes temas: (i) generalidades de la acción de tutela ; (ii) la naturaleza subsidiaria de la acción de tutela e improcedencia de la misma cuando existen otras vías judiciales disponibles y eficaces; (iii) procedencia excepcional de la acción de tutela contra actos administrativos; y (iv) el análisis del caso concreto.

2.4. Generalidades de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades o de los particulares en los precisos casos en que indica el Decreto 2591 de 1991.

La jurisprudencia constitucional, de manera enfática y uniforme, ha señalado que la acción de amparo fue instituida como un instrumento de defensa judicial de los derechos fundamentales, dotada de un carácter subsidiario y residual. Lo anterior implica que su ejercicio solo es procedente de manera supletiva, es decir, cuando no sea posible acudir a otro medio de defensa, salvo

2.5. Naturaleza subsidiaria de la acción de tutela e improcedencia de la misma cuando existen otras vías judiciales disponibles y eficaces

Al respecto, la sala reitera el criterio que expone a continuación3, a saber:

El inciso 3º del artículo 86 de la Constitución consagra el requisito de subsidiariedad como presupuesto de procedencia de la acción de tutela y determina que “[e]sta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial ”,

El inciso 3º del artículo 86 de la Constitución consagra el requisito de subsidiariedad como presupuesto de procedencia de la acción de tutela y determina que “[e]sta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial ”, precepto reglamentado por el numeral 1º del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991.

Del texto de la norma referida se evidencia que, existiendo otros mecanismos de defensa judicial que resulten idóneos y eficaces para solicitar la protección de los derechos que se consideran amenazados o vulnerados, se debe recurrir a estos y no a la tutela.

3 Ver entre otras las sentencias del Consejo de Estado, del 10 -09.2015. M.P. Alberto Yepes Barreiro. Rad. 13001-23-33-000-2015-00440-01 y del 21.07.2016, M.P. Rocío Araújo Oñate. Rad 66001 -23-33000-2016-00293-01.Demandante: Mauricio Alejandro Bravo Sánchez Demandado: Consejo Superior de la Judicatura, Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia Radicado: 11001-03-15-000-2023-06803-00 9 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Sobre el particular, la Corte Constitucional ha determinado que cuando una persona acude a la administración de justicia con el fin de que le sean protegidos sus derechos, no puede desconocer las acciones judiciales contempladas en el ordenamiento jurídico, ni pretender que el juez de tutela adopte decisiones paralelas a las del funcionario que conoce de un determinado asunto radicado bajo su

derechos, no puede desconocer las acciones judiciales contempladas en el ordenamiento jurídico, ni pretender que el juez de tutela adopte decisiones paralelas a las del funcionario que conoce de un determinado asunto radicado bajo su competencia4.

Lo anterior tiene asidero en la propia Constitución de 1991, de donde se colige que la protección de los derechos fundamentales no es un asunto reservado exclusivamente a la acción de tutela, pues todos los mecanismos judiciales deben, en principio, buscar la defensa de aquellos.

Vale decir que el respeto y la garantía de los derechos de las personas son de la esencia del Estado Social de Derecho, como bien lo establece el inciso 2° del artículo 2° de la Constitución, de ahí que la garantía de los derechos fundamentales de las personas no solo corre a cargo del juez de tutela, sino que es vinculante para cualquier persona que esté investida de la autoridad del Estado y en cualquiera de los ámbitos funcionales del mismo.

2.6. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra actos administrativos

Con fundamento en lo dispuesto por las normas jurídicas anteriores , la jurisprudencia ha reiterado que, por regla general, la acción de tutela no procede para controvertir la validez ni la legalidad de los actos administrativos, en razón a que, la naturaleza residual y subsidiaria de este mecanismo constitucional impone al ciudadano la carga de acudir previamente, a través de los respectivos medios de control, ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, con el fin de ejercer aquellos que el legislador ha diseñado para la garantía de los derechos.5

de acudir previamente, a través de los respectivos medios de control, ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, con el fin de ejercer aquellos que el legislador ha diseñado para la garantía de los derechos.5

En este sentido, la Corte ha precisado que “conforme al carácter residual de la tutela, no es, en principio, este mecanismo el medio adecuado para controvertir las actuaciones administrativas, puesto que para ello están previstas las acciones ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. En ese escenario, la acción de tutela cabría como mecanismo transitorio de protección de los derechos fundamentales cuando quiera que esperar a la respuesta de la jurisdicción contenciosa administrativa pudiese dar lugar a un perjuicio

4 En sentencia T -313 del 01.04.2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño se estableció: “En efecto, la Constitución y la ley estipulan un dispositivo complejo de competencias y procesos judiciales que tienen como objetivo común garantizar el ejercicio pleno de los derechos constitucionales, en consonancia con el cumplimiento de los demás fines del Estado previstos en el artículo 2 Superior. Por tanto, una comprensión ampliada de la acción de tutela, que desconozca el requisito de subsidiariedad, vacía el contenido de las mencionadas competencias y, en consecuencia, es contraria a las disposiciones de la Carta Política que regulan los instrumentos de protección de los derechos dispuestos al interior de cada una de las jurisdicciones.” 5 Corte Constitucional, Sentencia T-260 del 6.07.2018, M.P. Alejandro Linares Cantillo.Demandante: Mauricio Alejandro Bravo Sánchez Demandado: Consejo Superior de la Judicatura, Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia

5 Corte Constitucional, Sentencia T-260 del 6.07.2018, M.P. Alejandro Linares Cantillo.Demandante: Mauricio Alejandro Bravo Sánchez Demandado: Consejo Superior de la Judicatura, Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia Radicado: 11001-03-15-000-2023-06803-00 10 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co irremediable […]”.6 Lo anterior impone estudiar la eficacia e idoneidad del mecanismo de defensa judicial con el que cuenta la parte actora.

En tratándose de actos administrativos, en virtud de lo dispuesto por artículos 137 y 138 de la Ley 1437 de 2011 proceden los medios de control de nulidad y nulidad y