CE - 010315000202306827001SENTENCIA20231219115311

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., trece (13) de diciembre de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 110010315000-2023-06827-00

Referencia: Acción de tutela

Actor: ÁNGEL ARLES MARTÍNEZ NOGUERA

TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE EL AMPARO SOLICITADO POR

NO CUMPLIR EL REQUISITO GENERAL DE LA RELEVANCIA

CONSTITUCIONAL. EL ACTOR NO ARGUMENTÓ EN QU É YERRO SE

INCURRIÓ NI DE QUE FORMA SE VULNERARON SUS DERECHOS

FUNDAMENTALES; ADEMÁS, PRETENDE QUE EL JUEZ DE TUTELA HAGA UN NUEVO EXAMEN INTEGRAL DE LA SITUACIÓN FÁCTICA Y JURÍDICA DEL CASO, CON LA FINALIDAD DE QUE SE CORRIJA EL

ANÁLISIS QUE HIZO LA AUTORIDAD JUDICIAL ACCIONADA Y SE

ACOJA LA INTERPRETACIÓN QUE PROPONE.

DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO Y AL ACCESO A

LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la solicitud de tutela presentada por el actor contra el

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA1.

1 En adelante el TRIBUNAL.2

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Actor: ÁNGEL ARLES MARTÍNEZ NOGUERA

1 En adelante el TRIBUNAL.2

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Actor: ÁNGEL ARLES MARTÍNEZ NOGUERA

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

I.- ANTECEDENTES

I.1.- La solicitud

El señor ÁNGEL ARLES MARTÍNEZ NOGUERA , actuando en nombre propio , en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, los cuales, a su juicio, le fueron vulnerados por el TRIBUNAL, al haber proferido las providencias de 2 5 de octubre y 3 de noviembre de 2023 , dentro de la acción de cumplimiento identificada con el número único de radicación 410012333000-2023-00342-00.

I.2.- Hechos

Indicó que promovió demanda en ejercicio de la acción de cumplimiento contra la Presidencia de la República, la Gobernación del Huila, la Asamblea Departamental del Huila, el Departamento Nacional de Pl aneación, la Contraloría General de la República, el Ministerio de la Igualdad y Equidad, la Defensoría del Pueblo y el Procurador Delegado para las Comunidades Negras, con el fin de que3

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Actor: ÁNGEL ARLES MARTÍNEZ NOGUERA

Procurador Delegado para las Comunidades Negras, con el fin de que3

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se les ordenara cumplir lo previsto en el artículo 8 °2 del “Plan de Desarrollo Huila CRECE -2020-2023”.

Comentó que a la demanda le fue asignado el número único de radicación 2023-00342-00 y le correspondió por reparto al TRIBUNAL que, mediante providencia de 25 de octubre de 2023, la inadmitió al considerar que no se determinó con precisión la norma con fuerza material de ley o acto administrativo cuyo cumplimiento se pretendía, pues el mencionado artículo 8º no contiene un mandato claro y preciso; además, que no se señaló con claridad la autoridad incumplida ni se allegó prueba del cumplimiento del requisito de procedibilidad y renuncia, para lo cual otorgó un término de dos días para subsanar la demanda.

Informó que mediante memorial de 1 o. de noviembre de 2023 , presentó escrito de “subsanación, apelación y reposición ” contra el anterior auto, al asegurar la existencia de una norma con fuerza material como lo es el artículo 8° del “Plan de Desarrollo Huila CRECE

2 Artículo 8º. Ejecución del Plan de Desarrollo: corresponde a la puesta en marcha del Plan mediante la cual se busca dar cumplimiento a los objetivos, estrategias, los programas y las metas en él

2 Artículo 8º. Ejecución del Plan de Desarrollo: corresponde a la puesta en marcha del Plan mediante la cual se busca dar cumplimiento a los objetivos, estrategias, los programas y las metas en él establecidos. Los principales instrumentos de planeación para su ejecución son: Plan indicativo, Planes de Acción, Planes Operativos Anuales de Inversión, Banco de Programas y Proyectos de Inversión del departamento y el Presupuesto de Gastos e Inversiones del departamento.4

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-2020-2023”, por lo que era viable la acción de cumplimiento para lograr “[…] la entrega de los 3 proyectos productivos que nos hacen falta […]”.

Precisó que, mediante proveído de 3 de noviembre de 202 3, el TRIBUNAL de una parte, rechazó por improcedente los recursos de reposición y , en subsidio de apelación , interpuestos y, de otra, rechazó de plano la acción de cumplimiento promovida al no haberse subsanado los defectos de la demanda.

I.3.- Fundamentos de la solicitud

El actor argumentó la solicitud de amparo de la siguiente manera:

“[…] Lo que no estoy de acuerdo pues en innumerables fallos indica que el juez debe acogerse por lo más idóneo (sic) es claro entonces que se subsanó la demanda y que utilicé los recursos pues porque el ju ez cometi ó un error en el auto que ina dmite la demanda

que el juez debe acogerse por lo más idóneo (sic) es claro entonces que se subsanó la demanda y que utilicé los recursos pues porque el ju ez cometi ó un error en el auto que ina dmite la demanda informándome que el plan de desarrollo no ten ía artículos cuando en realidad si tiene y , en vez de corregir el error , saca otro auto que rechaza de plano la demanda […]”.

I.4.- Pretensiones

Como consecuencia de lo anterior, el actor pretende lo siguiente:5

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“[…] 1: DEJAR SIN EFECTOS EL AUTO QUE RECHAZA DE PLANO

LA ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO.

2: DAR TRAMITE A LA ACCI ÓN DE CUMPLIMIENTO PUES

SUBSANÉ LA DEMANDA EN TIEMPO Y DEBIDA FORMA.

3: TUTELAR MIS DERECHOS FUNDAMENTALES Y (sic) DE

DEBIDO PRO CESO, ACCESO A LA ADMINISTRACI ÓN DE

JUSTICIA, A LA VIA DE HECHO […]”.

I.5.- Defensa

I.5.1.- El TRIBUNAL explicó que los derechos fundamentales invocados fueros garantizados, dado que las decisiones acusadas se profirieron conforme al procedimiento especial que regula el medio de control de cumplimiento de normas legales con fuerza material de ley y actos administrativos y, además, porque no se evidencia

invocados fueros garantizados, dado que las decisiones acusadas se profirieron conforme al procedimiento especial que regula el medio de control de cumplimiento de normas legales con fuerza material de ley y actos administrativos y, además, porque no se evidencia amenaza o posible perjuicio irremediable, pues lo pretendido por el actor es acudir a este mecanismo constitucional y presentar nuevamente el referido proceso con los requisitos que exige la norma, lo cual resulta improcedente.

I.5.2.- La PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN , vinculada en calidad de tercera con interés directo en las resultas del proceso, indicó que la presente solicitud de amparo no reviste verdader a relevancia constitucional, que amerite la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial , toda vez que lo6

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pretendido por el actor es discutir asuntos de mera legalidad como si se tratase de un recurso adicional.

Agregó que los fundamentos del actor contienen juicios de valor que no pueden conferirse como hechos adecuadamente definidos, pues emite meras opiniones, las cuales, por demás, carecen de coherencia en relación con el contenido de las providencias cuestionadas.

Finalmente, destacó que carece de legitimación en la causa por pasiva, por lo que solicitó su desvinculación del presente trámite constitucional o, en su defecto, se declare improcedente la acción de

Finalmente, destacó que carece de legitimación en la causa por pasiva, por lo que solicitó su desvinculación del presente trámite constitucional o, en su defecto, se declare improcedente la acción de tutela.

I.5.3.- La DEFENSORÍA DEL PUEBLO REGIONAL HUILA , vinculada en calidad de tercera con interés directo en las resultas del proceso, manifestó que carece de legitimación en la causa por pasiva, comoquiera que no ha participado en ninguna actuación de la cual se pueda predicar la vulneración de los derechos fundamentales del actor, por lo que solicitó su desvinculación del presente trámite.

I.5.4.- El MINISTERIO DE IGUALDAD Y EQUIDAD, vinculado en calidad de tercer o con interés directo en las resultas del proceso,7

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resaltó que carece de competencia para dar respuesta sobre el cumplimiento del Plan de Desarrollo “HUILA CRECE 2020-2023”, por lo que solicitó que se le desvincule de la acción de tutela de la referencia.

I.5.5.- El DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, vinculado en calidad de tercero con interés directo en las resultas del proceso, adujo que la solicitud de amparo de la referencia resulta improcedente contra la Presidencia de la República, debido a que las pretensiones van

con interés directo en las resultas del proceso, adujo que la solicitud de amparo de la referencia resulta improcedente contra la Presidencia de la República, debido a que las pretensiones van dirigidas a contravenir decisiones judiciales y no puede intervenir en decisiones de otras ramas del poder público conforme al principio de separación de poderes.

Así las cosas, comentó que no tiene competencia en el asunto, por lo que solicitó su desvinculación del presente trámite constitucional por carecer de legitimación en la causa por pasiva y, de forma subsidiaria, denegar las pretensiones de la acción de tutela ante la ausencia de vulneración de los derechos fundamentales invocados.8

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II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021 y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la distribución de las acciones de tutela entre las Secciones y asigna a esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Cuestión previa

Previo al planteamiento del problema jurídico, resulta necesario precisar los extremos de la litis para efectos de determinar, tanto el punto de derecho en discusión, como el alcance del contenido de la

Cuestión previa

Previo al planteamiento del problema jurídico, resulta necesario precisar los extremos de la litis para efectos de determinar, tanto el punto de derecho en discusión, como el alcance del contenido de la sentencia.

La Sala advierte que la PROCURADURÍA GENERAL DE LA

NACIÓN, la DEFENSORÍA DEL PUEBLO REGIONAL HUILA , el

MINISTERIO DE IGUALDAD Y EQUIDAD y el DEPARTAMENTO

ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA9

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solicitaron su desvinculación de la presente acción de tutela, por falta de legitimación en la causa por pasiva.

Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001 de 30 de noviembre de 2006[1], se refirió a la falta de legitimación en la causa por pasiva en los siguientes términos:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la Sentencia T -416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa

de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso. (…).

La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la reclamación que el actor le dirige mediante la demanda sobre una pretensión de contenido material.

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso preferente y sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento judicial carente de garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes o de los terceros, de manera que en dicho pr oceso, como en cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.10

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La identificación cabal del demandado es una exigencia que tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991 avalan. Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares por la acción u omisi ón que provoque la violación de los

tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991 avalan. Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares por la acción u omisi ón que provoque la violación de los derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera de texto).

Y más adelante, en sentencia T -519 de 2001 M.P. Clara Inés Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite procesal se deduce que el demandado no es responsable del menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que inflige el daño […]” (Destacado de la Sala).

En el presente caso, comoquiera que la acción de cumplimiento origen de la controversia fue promovida contra la Presidencia de la República, el Ministerio de la Igualdad y Equidad , la Defensoría del Pueblo y el Procurador Delegado para las Comunidades Negras , es claro que a las citades entidades les asiste un interés directo en las resultas del presente asunto, por lo que debían ser notificad as de su existencia, razón por la cual se denegará su desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.

La acción de tutela contra providencias judiciales11

denegará su desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.

La acción de tutela contra providencias judiciales11

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Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012 (Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello, Consejera ponente doctora María Elizabeth García González) , en un asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la violación de derechos constitucionales fundament ales, debiéndose observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella elaboren sobre el te ma, lo cual fue reiterado en la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez

elaboren sobre el te ma, lo cual fue reiterado en la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de12

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tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asunt os que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un

que afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una ab soluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos.13

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d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora [7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C -591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad , la protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afect ación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela [9]. Esto por cuanto

planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela [9]. Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso en vir tud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que14

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adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo

absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10] o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela pr ocede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

1. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del texto)

En el caso bajo examen, el actor pretende que se dejen sin efecto las15

derecho fundamental vulnerado.

1. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del texto)

En el caso bajo examen, el actor pretende que se dejen sin efecto las15

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providencias de 25 de octubre y 3 de noviembre de 2023 , proferidas por el TRIBUNAL, mediante las cuales se inadmitió y se rechazó la demanda promovida dentro de la acción de cumplimiento identificada con el número único de radicación 2023-00342-00.

La controversia tiene origen en una acción de cumplimiento promovida por el actor contra la Presidencia de la República, la Gobernación del Huila, la Asamblea Departamental del Huila, el Departamento Nacional de Planeación, la Contraloría General de la República, el Ministerio de la Igualdad y Equidad, la Defensoría del Pueblo y el Procurador Delegado para las Comunidades Negras, con el fin de que se les ordenara a estas cumplir lo previsto en el artículo 8° del “Plan de Desarrollo Huila CRECE -2020-2023”.

El TRIBUNAL al conocer la demanda, la inadmitió y ordenó subsanar los yerros encontrados, por lo que al no haberse subsanado los defectos la rechazó de plano y declaró improcedentes los recursos de reposición y de apelación interpuestos por el actor.

El actor estima que la s providencias cuestionadas vulneraron sus

los yerros encontrados, por lo que al no haberse subsanado los defectos la rechazó de plano y declaró improcedentes los recursos de reposición y de apelación interpuestos por el actor.

El actor estima que la s providencias cuestionadas vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, pues, a su juicio, no se debió rechazar la16

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demanda al estimar que se encontraban cumplidos todos los presupuestos para su admisión.

Por lo anterior, la Sala debe determinar si el presente caso cumple con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial y, de ser así, establecer si el TRIBUNAL vulneró los derechos fundamentales deprecados al haber proferido las providencias de 25 de octubre y 3 de noviembre de 2023 dentro de la acción de cumplimiento identificada con el número único de radicación 2023-00342-00.

Precisado lo anterior, la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en especial, el requisito general de la relevancia constitucional.

Acerca de la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la17

especial, el requisito general de la relevancia constitucional.

Acerca de la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la17

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Actor: ÁNGEL ARLES MARTÍNEZ NOGUERA

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Sala Plena de esta Corporación3, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, sostuvo:

“[…] Relevancia constitucional

La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en una tercera instancia.

El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta sentencia.

La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el principio constitucional de la autonomía funcional de los jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)”; por otro, evita que la acción de tutela se torne en un instrumento para “involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones”.

Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte “derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la

de tutela se torne en un instrumento para “involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones”.

Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte “derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos necesarios.

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.

3 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativ