CE - 010324000201600349001SENTENCIASENTENCIA20231024084357
Detalles
- Título
- CE - 010324000201600349001SENTENCIASENTENCIA20231024084357
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- —
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., veinte (20) de octubre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Número único de radicación: 11001032400020160034900
Demandante: Centro Internacional de Agricultura Tropical
Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio
Tercero con interés: Transmeta S.A.S.
Temas: Riesgo de confusión entre un signo mixto y una marca nominativa. Conexidad competitiva. Independencia de las actuaciones administrativas. Reiteración jurisprudencial.
SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA
La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por Centro Internacional de Agricultura Tropical contra la Superintendencia de Industria y Comercio , para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 33476 de 30 de junio de 2015 y 97367 de 11 de diciembre de 2015 , expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio.
La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.
I. ANTECEDENTES La demanda2
Número único de radicación: 11001032400020160034900
de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.
I. ANTECEDENTES La demanda2
Número único de radicación: 11001032400020160034900
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1. Centro Internacional de Agricultura Tropical1, en adelante la parte demandante, presentó demanda2 contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio de l medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho3, para que se declare la nulidad de la Resolución núm. 33476 de 30 de junio de 2015, “Por la cual se decide una solicitud de registro marcario”, expedida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; y la Resolución núm. 97367 de 11 de diciembre de 2015 , “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio.
2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene a la parte demandada conceder el registro como marca del signo mixto CIAT, para identificar productos de la Clase 9 y servicios de la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante, Clasificación
Internacional de Niza. Pretensiones
3. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones4:
“[…] 1. Declárese la nulidad de la Resolución No. 33476 del 30 de junio de 2015,
Internacional de Niza. Pretensiones
3. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones4:
“[…] 1. Declárese la nulidad de la Resolución No. 33476 del 30 de junio de 2015, expedida por la Directora de Signos Distintivos, por la cual se negó el registro del signo marcario "CIAT" (mixto) para distinguir productos comprendidos en la clase 9 y servicios de la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza.
2. Declárese la nulidad de la Resolución No. 97367 del 11 de diciembre de 2015, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante la cual se resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante y se confirma la decisión contenida en la Resolución No. 33476.
3. A título de restablecimiento del derecho, concédase el registro del signo mixto "CIAT" a favor de la parte demandante para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 9 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza. […]”.
Presupuestos fácticos
1 Por intermedio de apoderado. Cfr. Folio 2 a 6 2 Cfr. Folios 53 a 76 3 Previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, “ Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. 4 Cfr. Folio 553
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4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar
sus pretensiones5:
4.1. Solicitó, el día 9 de octubre de 2014, el registro como marca del signo mixto CIAT, para identificar productos de la s clases 9, 30, 31 y servicios de la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza.
4.2. La referida solicitud se publicó , el 21 de octubre de 20 14, en la Gaceta de la Propiedad Industrial número 709, la cual fue objeto de oposición por Transmeta S.A.S., tercero con interés directo en el resultado del proceso, con fundamento en su marca nominativa SIAT , que identifica productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza.
4.3. La Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 33476 de 30 de junio de 2015 , por un lado, negó el registro como marca del signo mixto CIAT, para distinguir productos de la Clase 9 y servicios de la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza y, por otro, concedió el registro para distinguir productos de las Clases 30 y 31 de la Clasificación Internacional de Niza.
4.4. Interpuso recurso de apelación contra la Resolución núm. 33476 de 30 de junio de 2015.
el registro para distinguir productos de las Clases 30 y 31 de la Clasificación Internacional de Niza.
4.4. Interpuso recurso de apelación contra la Resolución núm. 33476 de 30 de junio de 2015.
4.5. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución núm. 97367 de 11 de diciembre de 2015, decidió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución núm. 33476 de 30 de junio de 2015.
Normas violadas
5. La parte demandante indicó la vulneración del artículo 134 y el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 20006, y los artículos 2, 6, 13 y 61 de la Constitución Política y el numeral 2 del artículo 3 de la Ley 1437 de 14 de septiembre de 20117.
5 Cfr. Folios 55 a 76 6 “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. 7 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”4
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Concepto de violación
6. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de violación, así8: Cargo primero: violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 6.1. Señaló que , a su juicio, los signos distintivitos cotejados no son similarmente
violación, así8: Cargo primero: violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 6.1. Señaló que , a su juicio, los signos distintivitos cotejados no son similarmente confundibles por el hecho de que los signos en conflicto se identifiquen con una serie de letras semejantes dispuestas en igual sentido, con la variación de la consonante “S” por la “C”. 6.2. Manifestó que en el presente caso se trata de una marca mixta y una nominativa, motivo por el cual “[…] nunca podrán ser marcas idénticas, toda vez que la marca registrada se identifica simplemente por su escritura, mientras que la marca registrada se identifica tanto por su escritura como por su parte figurativa […]”9 6.3. Argumentó que “[…] se comprueba el arbitrario e injustificado proceder de la Administración quién, sin existir motivos para ello, excluye el elemento figurativo de la comparación entre los signos, siendo este de carácter esencial en la ejecución de dicho análisis […]”10 6.4. Adujo que la parte demandada ha concedido marcas que, a pesar de ser idénticas en su elemento nominativo, contienen un elemento figurativo el cual les otorga distintividad. Pa ra justificar su postura, citó las marcas con registro núm. 303949, 216616 y 281739. 6.5. Señaló que, a su juicio, se advierten las diferencias entre los signos distintivos enfrentados, toda vez que el signo solicitado a registro tiene un tipo especial de letra acompañada de un elemento gráfico abstracto al costado izquierdo, mientras que la marca registrada no tiene elementos gráficos adicionales. 6.6. Argumentó, en cuanto a la conexidad competitiva, que el signo solicitado
acompañada de un elemento gráfico abstracto al costado izquierdo, mientras que la marca registrada no tiene elementos gráficos adicionales. 6.6. Argumentó, en cuanto a la conexidad competitiva, que el signo solicitado comprende no solo software, sino también aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos y, en general, todos los productos comprendidos en la cobertura
8 Cfr. Folios 36 a 39 9 Cfr. Folio 85 10 Cfr. Folio 865
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del signo solicitado, los cuales son “[…] una gama de productos considerablemente más extensa y específica que la sola identificación de software puesta de presente en la descripción de ‘SIAT’ […]”11. 6.7. Sostuvo que la parte demandada , en los actos administrativos acusados, desconoce que el concepto de software hace referencia a algoritmos destinados a una función específica y, por consiguiente, las diferencias gráficas y de mercados en los que actúan los oferentes permitirían que haya software identificado con las marcas SIAT y CIAT. 6.8. Manifestó que la marca CIAT tiene como finalidad reducir el hambre y la pobreza y mejorar la nutrición humana en los trópicos, mientras que la marca SIAT se dedica al transporte multimodal, la logística integral y al transporte especializado de pasajeros y carga, por lo que no es posible concluir que existe conexidad competiti va y en consecuencia no puede haber riesgo de confusión.
al transporte multimodal, la logística integral y al transporte especializado de pasajeros y carga, por lo que no es posible concluir que existe conexidad competiti va y en consecuencia no puede haber riesgo de confusión.
Cargo segundo: violación de los artículos 2, 6, 13 y 61 de la Constitución Política y el numeral 2 del artículo 3 de la Ley 1437 de 14 de septiembre de 2011 6.9. Señaló que la parte demandada, con la expedición de los actos administrativos acusados, violó el artículo 2 de la Constitución Política porque no garantiza la efectividad de los derechos de propiedad intelectual que, según el artículo 61 ibidem, se protegerá por el tiempo y por las formalidades previstas por la ley. 6.10. Argumentó que la parte demandada violó el artículo 13 de la Constitución Política y, de contera, el numeral 2 del artículo 3 de la Ley 1437, en tanto que ha decidido, en casos similares, conceder marcas idénticas a titulares diferentes, como lo fue en el caso de las marcas CORONA. Agregó que la parte demandada se extralimitó en sus funciones porque , a su juicio, pasó por alto de manera subjetiva tanto la capacidad de discernimiento del público, como la propia naturaleza de los bienes y servicios incluidos en la cobertura de los signos cotejados.
Contestación de la demanda
Parte demandada
11 Cfr. Folio 946
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7. La parte demandada 12 contestó la demanda 13 y se opuso a las pretensiones
formuladas, así:
7.1. Señaló que “[…] la marca pretendida por el demandante es la combinación de las marcas previamente registradas, lo que hace que su registro sea imposible por encontrarse en curso de las causales de irregistrabilidad del artículo 136 y por tanto del incumplimiento del artículo 134 de la Decisión 486 de 2000 […]”14.
7.2. Argumentó que los signos distintivos confrontados tienen idéntica secuencia vocálica, secuencia consonántica, número de sílabas y sílaba inicial, por lo que la pronunciación es abiertamente similar.
7.3. Manifestó, en cuanto a la similitud conceptual, que ninguno de los signos distintivos enfrentados tiene significado, por lo que “[…] es claro que las marcas cotejadas presentan similitud ideológica entre ellas, por lo cual generan riesgo de confusión para el consum idor medio promedio, quien no podrá diferenciara (sic) fácilmente dentro del mercado como identificadoras de servicios diferentes […]”15.
7.4. Argumentó, respecto de los presuntos casos análogos señalados por la parte demandante, que la oficina nacional debe tomar sus decisiones de manera independiente para cada caso particular, de acuerdo con las circunstancias de cada asunto y en cumplimiento de la normatividad vigente.
Tercero con interés directo en el resultado del proceso
demandante, que la oficina nacional debe tomar sus decisiones de manera independiente para cada caso particular, de acuerdo con las circunstancias de cada asunto y en cumplimiento de la normatividad vigente.
Tercero con interés directo en el resultado del proceso
8. Transmeta S.A.S. , tercero con interés directo en el resultado del proceso, notificado en debida forma16, no contestó la demanda.
Audiencia Inicial y audiencia de pruebas
9. El Despacho Sustanciador: i) mediante auto de 22 de mayo de 201917, convocó y fijó hora y fecha para llevar a cabo la audiencia inicial; ii) mediante auto de 29 de
12 Por intermedio de apoderada. Cfr. Folios 139 a 142 13 Cfr. Folios 127 a 138 14 Cfr. Folio 134 15 Cfr. Folio 136 16 Cf. Folio 116 17 Cfr. Folios 177 a 1787
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mayo de 201918, aplazó la realización de la audiencia inicial; iii) en la audiencia inicial realizada el 6 de junio de 20 1919, declaró saneado el proceso; resolvió sobre las excepciones de que trata el núm. 6°. del artículo 180 y, de oficio, no encontró la configuración de alguna excepción para declararla probada; fijó el objeto del litigio; declaró precluida la posibilidad de conciliación; declaró precluid a la fase de medidas
configuración de alguna excepción para declararla probada; fijó el objeto del litigio; declaró precluida la posibilidad de conciliación; declaró precluid a la fase de medidas cautelares; y resolvió sobre el decreto y práctica de pruebas.
10. La parte demandante interpuso recurso de reposición, interpretado como súplica, contra el auto de pruebas mencionado supra y, en consecuencia, el Despacho sustanciador ordenó remitir el expediente al Despacho que seguía en turno para lo de su competencia y suspendió la audiencia inicial. La Sala de la Sección Primera de la Corporación, mediante auto de 12 de diciembre de 201920, revocó parcialmente el auto suplicado, en el sentido de decretar las pruebas documentales de los numerales 10, 11 y 12 de la demanda.
11. El Despacho Sustanciador: i) mediante auto de 2 de marzo de 202221, convocó y fijó hora y fecha para llevar a cabo la continuación de la audiencia inicial; y ii) en la continuación de la audiencia inicial realizada el 9 de marzo de 202022, resolvió sobre la prescindencia de la audiencia de pruebas; suspendió el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial de las normas de la Decisión 486 de 2000 aplicables al caso concreto; y realizó el respectivo control de legalidad.
Solicitud de Interpretación Prejudicial
12. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la Interpretación Prejudicial 41 -IP-202123 de 9 de marzo de 2022, en adelante la Interpretación
Prejudicial, en la que consideró:
12. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la Interpretación Prejudicial 41 -IP-202123 de 9 de marzo de 2022, en adelante la Interpretación
Prejudicial, en la que consideró:
“[…] La Autoridad consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del Artículo 134 y del Literal a) del Artículo 136. Procede la interpretación del Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486, por ser pertinente.
18 Cfr. Folio 186 19 Cfr. Folios 202 a 219 20 Cfr. Folios 225 a 229 21 Cfr. Folios 235 a 236 22 Cfr. Folios 242 a 246 23 Cfr. Índice 59 del aplicativo web “SAMAI”8
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No se interpretará el Artículo 134 de la Decisión 486, ya que no es un tema controvertido el concepto de marca ni los requisitos para su registro.
De oficio se realizará la interpretación del Artículo 151 de la Decisión 486, para desarrollar el tema de la conexión entre los productos y se rvicios que distinguen los signos en conflicto […]”24
13. Asimismo, expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que a su juicio son aplicables.
Reanudación del proceso y alegatos de conclusión
14. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 6 de marzo de 202325: i) resolvió
comunitaria que a su juicio son aplicables.
Reanudación del proceso y alegatos de conclusión
14. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 6 de marzo de 202325: i) resolvió sobre la reanudación del proceso; y ii) resolvió sobre la prescindencia de la audiencia de alegaciones y juzgamiento y, en ese sentido, corrió traslado común a las partes e intervinientes, por el término de diez (10) días, para alegar de conclusión y le informó al Agente del Ministerio Público que, dentro de la misma oportunidad, podría presentar el concepto, si a bien lo tenía.
15. Durante el término legal, las partes demandante y demandada presentaron sus alegaciones y reiteraron los argumentos expuestos en la demanda y en la contestación de la demanda.
16. El tercero con interés directo en el resultado del proceso guardó silencio en esta oportunidad procesal.
Concepto del ministerio público
17. El Ministerio Público, mediante escrito recibido en la Secretaría de la Sección Primera de la Corporación el 27 de marzo de 202326, rindió concepto, así:
17.1. Manifestó que la pronunciación de los signos distintivos en conflicto es idéntica, a pesar de contar con consonantes diferentes S y C, pero al ser pronunciados tienen la misma sonoridad.
24 Ibidem 25 Cfr. Índice 62 del aplicativo web “SAMAI” 26 Cfr. Índice 69 del aplicativo web “SAMAI”9
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24 Ibidem 25 Cfr. Índice 62 del aplicativo web “SAMAI” 26 Cfr. Índice 69 del aplicativo web “SAMAI”9
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17.2. Señaló que “[…] la similitud ideológica o conceptual se presenta cuando los signos evocan una idea o concepto semejan te o idéntico. En este punto se precisa que, la marca mixta solicitada a registro no cuenta con diferencias respecto de la marca opositora, para que el consumidor promedio pueda identificar la diferencia entre los productos y/o servicios que ofrecen en el mercado […]”27.
17.3. Adujo, respecto a la similitud ortográfica, que la única diferencia entre el signo y la marca cotejada son las consonantes C y S, por lo que el signo solicitado reproduce casi en su totalidad la marca registrada.
17.4. Sostuvo, respecto de la conexidad competitiva, que “[…] en el presente caso este criterio resulta inaplicable, por cuanto, como se ha explicado, las marcas comparadas distribuyen en realidad el mismo tipo de productos y/o servicios, por lo que hay lugar a predicar entre ellos una posible relación de complementariedad […]”28.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
18. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) la competencia de la Sala; ii) los actos administrativos acusados; iii) el problema jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco
18. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) la competencia de la Sala; ii) los actos administrativos acusados; iii) el problema jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco normativo de la Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) la Interpretación Prejudicial 41-IP-2021 proferida el 9 de marzo de 2022 ; vii) el marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad; y viii) el análisis del caso concreto.
Competencia de la Sala
19. Vistos el numeral 8.º del artículo 149 de la Ley 1437, sobre competencia del Consejo de Estado, en única instancia, y del artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 201929, sobre distribución de procesos entre las secciones, esta Sección es competente para conocer del presente asunto.
27 Cfr. Índice 69 del aplicativo web “SAMAI” 28 Ibidem 29 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.10
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20. Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procede a decidir el caso sub examine, como se desarrollará a continuación.
Actos administrativos acusados
21. Los actos administrativos acusados son los siguientes:
observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procede a decidir el caso sub examine, como se desarrollará a continuación.
Actos administrativos acusados
21. Los actos administrativos acusados son los siguientes:
21.1. La Resolución núm. 33476 de 30 de junio de 2015, mediante la cual la Directora de Signos Distintivos, por un lado, negó el registro como marca del signo mixto CIAT para distinguir productos de la Clase 9 y Servicios de la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza y, por otro lado, concedió la marca para distinguir productos de las clases 30 y 31 de la Clasificación Internacional de Niza.
21.2. La Resolución núm . 97367 de 11 de diciembre de 2015 , mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 33476 de 30 de junio de 2015.
Problema jurídico
22. De acuerdo con la demanda, las contestaciones de la misma, y la interpretación prejudicial, el problema jurídico consiste en determinar:
22.1. Si las resoluciones núm s. 33476 de 30 de junio de 2015 y 97367 de 11 de diciembre de 2015, expedidas por la Superintendencia de Indus tria y Comercio, mediante las cuales se negó la solicitud de registro como marca del signo mixto CIAT, para identificar “[...] aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesaje, de medición, de se ñalización, de
para identificar “[...] aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesaje, de medición, de se ñalización, de control (inspección), de salvamento y de enseñanza; aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad, aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; discos compactos, dvd y otros soportes de grabación digitales; mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas de calcular, equipos de procesamiento de datos,11
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ordenadores; soft ware; extintores [...]" , productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas y "[...] servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño en estos ámbitos; servicios de análisis e investigación industriales, diseño y desarrollo de equipos informáticos y de software [...]" , servicios de la Clase 42 de la mencionada Clasificación, vulneran el artículo 134 y el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina y los artículos 2, 6 y 13 de la Constitución Política de Colombia y, en consecuencia, determinar si hay lugar o no a declarar la nulidad de los actos administrativos acusados y al restablecimiento del derecho.
de Colombia y, en consecuencia, determinar si hay lugar o no a declarar la nulidad de los actos administrativos acusados y al restablecimiento del derecho.
22.2. En este sentido, se analizará si existe riesgo de confusión o de asociación entre el signo mixto CIAT que pretende identificar productos y servicios de las clases 9 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza y la marca nominativa SIAT, registrada para identificar “software (programas pregrabados)” , productos de la Clase 9 de la mencionada Clasificación, con núm. de registro 465.791, cuyo titular es Transmeta S.A.S., tercero con interés directo en el resultado del proceso y, en tal sentido, si el signo mixto solicitado cumple con los requisitos para ser registrado.
23. La Sala precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretó el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000; y de oficio interpretó el artículo 151 ibidem.
24. Asimismo, la Sala precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la Interpretación Prejudicial, no interpretó el artículo 134 ibidem al considerar que no se controvierte el concepto de marca ni los requisitos para su registro. Adicionalmente, la Sala advierte que, la parte demandante, en su escrito de demanda, no desarrolló el concepto de violación del artículo 134 ibidem y, en consecuencia, n o será objeto de estudio en el caso sub examine.
25. En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar o no a declarar la nulidad de los actos administrativos acusados.
Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial12
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de los actos administrativos acusados.
Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial12
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26. La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena30, la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de 2000 de 14 de septiembre de 2000 31 de la Comisión de la
Comunidad Andina32.
Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina33
30 El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C -231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. D icho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 31 Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27
decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artícu lo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial. En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior; En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992; Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993,
119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992; Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas , ampliar el camp
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