CE - 010324000202000460001SENTENCIAANTIC20231017111622

Radicado: 11001-03-24-000-2020-00460-00 (26366)

Demandante: JAIME RESTREPO PINZÓN

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá D.C., once (11) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: NULIDAD SIMPLE Radicación: 11001-03-24-000-2020-00460-00 (26366)

Demandante: JAIME RESTREPO PINZÓN Demandado: MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y OTRO Tema: Nulidad Decretos 1008 de 2020 [1] y 1074 de 2015 [2.2.2.49.2.10

(N. 9, 10, par. 2), 2.2.2.54.6 y 2.2.2.54.10]. Tramites autorizados por la ley. Deslegalización. Concepto previo del Departamento Administrativo de la Función Pública. Código Único de Reconocimiento de Operadores de Libranza - Cancelación. Declaratoria de incumplimiento de requisitos - Competencia. Revelación de estados financieros e indicadores de calidad, cartera y solvencia – Reserva.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

En ejercicio de la competencia atribuida por el numeral 1 del artículo 149 del CPACA,

Revelación de estados financieros e indicadores de calidad, cartera y solvencia – Reserva.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

En ejercicio de la competencia atribuida por el numeral 1 del artículo 149 del CPACA, en concordancia con el numeral 1 del artículo 13 del Acuerdo 080 del 12 de marzo de 20191, corresponde a la Sala decidir el medio de control de nulidad contra los artículos 2.2.2.49.2.10 [9, 10 y par. 2 ], 2.2.2.54.6 y 2.2.2.54.10 del Decreto 1074 de 2015 2, incorporados en virtud de la modificación del capítulo 49, Título 2, parte 2 del Libro 2 ib., dispuesta por el artículo 1 del Decreto 1008 de 20203. Dichos artículos dispusieron:

«Decreto 1008 de 2020

ARTÍCULO 1. Modificar el Capítulo 49 del Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1074 de 2015, el cual quedará así:

CAPITULO 49

REGISTRO ÚNICO NACIONAL DE ENTIDADES OPERADORAS DE LIBRANZA

SECCIÓN 1

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 2.2.2.49.2.10. Causales de cancelación del código único de reconocimiento de operadores de libranza o descuento directo. Son causales para la cancelación del Código Único de Reconocimiento otorgado para descuentos por nómina a través de libranza las siguientes (…)

9. El incumplimiento reiterado declarado por la Superintendencia de Industria y Comercio

cancelación del Código Único de Reconocimiento otorgado para descuentos por nómina a través de libranza las siguientes (…)

9. El incumplimiento reiterado declarado por la Superintendencia de Industria y Comercio a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1527 de 2012, sobre el reporte de la suscripción de cada libranza a los bancos de datos de información financiera, crediticia, comercial y de

1 Por el cual se expide el reglamento Interno del Consejo de Estado. Acápite Sección Cuarta. 2 "Por medio del cuál se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo". 3 “Por el cual se reglamenta la Ley 1902 de 2018, se modifican los Capítulos 49 y 54 del Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, número 1074 de 2015 y se dictan otras disposiciones”Radicado: 11001-03-24-000-2020-00460-00 (26366)

Demandante: JAIME RESTREPO PINZÓN

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2 servicios, para lo cual deberá cumplir a cabalidad con los requisitos establecidos por estos en sus reglamentos y lo contemplado en la Ley 1266 de 2008 y demás normas que la modifiquen, adicionen o reglamente.

10. El incumplimiento reiterado declarado por la Superintendencia de Industria y Comercio a los requisitos previstos en el presente capítulo para estar inscrito en el Runeol (…)

modifiquen, adicionen o reglamente.

10. El incumplimiento reiterado declarado por la Superintendencia de Industria y Comercio a los requisitos previstos en el presente capítulo para estar inscrito en el Runeol (…)

PARÁGRAFO 2. La cancelación del Código Único de Reconocimiento, a través del sistema de libranza o descuento directo, tendrá como efecto que el empleador o la entidad pagadora dejará de ser solidariamente responsable por los no pagos al operador de libranza, hasta tanto sea asignado el correspondiente Código Único de Reconocimiento.

La cancelación mencionada en el párrafo anterior no afecta la obligación principal contraída en forma anterior a la cancelación de la inscripción, entre los asalariados, contratistas, afiliados o pensionados, y la entidad operadora de libranza o descuento directo. En este evento, no le puede s er generado al deudor costos adicionales, como aquellos relacionados con intereses de mora, honorarios, comisiones u otros semejantes, por el tiempo en que le sea suspendido o cancelado el correspondiente Código Único de Reconocimiento a la Entidad Operadora.

ARTÍCULO 2.2.2.54.6. Revelación en los estados financieros y de indicadores de calidad de cartera y solvencia del vendedor. De conformidad con el numeral 3 del artículo 18 de la Ley 1527 de 2012, adicionado por el artículo 7 de la Ley 1902 de 2018, las entidades operadoras de libranza que efectúen operaciones de venta de libranzas, deberán contar con un sitio de internet en el cual permanezcan publicados los últimos estados de situación financiera y estados de resultados de fin de ejercicio que la

las entidades operadoras de libranza que efectúen operaciones de venta de libranzas, deberán contar con un sitio de internet en el cual permanezcan publicados los últimos estados de situación financiera y estados de resultados de fin de ejercicio que la administración de la sociedad haya elaborado, y los siguientes indicadores y los valores con base en los cuales se calcularon:

1. Calidad de cartera vendida con responsabilidad: Corresponderá a la siguiente fórmula:

(VTCA I VTC1) 100 = Indicador de calidad de cartera.

VTCA: Valor total de capital de los créditos libranza vendidos con responsabilidad cambiaría, o de cesión con garantía de solvencia del deudor, que se encuentren en mora a la fecha de cálculo del indicador.

VTC 1: Valor total de capital de l os créditos libranza vendidos con responsabilidad cambiaría, o de cesión con garantía de solvencia del deudor, a la fecha de cálculo del indicador.

2. Calidad de cartera vendida sin responsabilidad: Corresponderá a la siguiente fórmula:

(VTCB I VTC2) 100 = Indicador de calidad de cartera.

VTCB: Valor total de capital de los créditos libranza vendidos sin responsabilidad cambiaría, o de cesión sin garantía de solvencia del deudor, que se encuentren en mora a la fecha de cálculo del indicador.

VTC2: Valor total de capital de los créditos libranza vendidos sin responsabilidad cambiaría, o de cesión sin garantía de solvencia del deudor, a la fecha de cálculo del indicador.

3. Calidad de cartera propia: Corresponderá a la siguiente fórmula: (VTCC I VTC3) 100 = Indicador de calidad de cartera.

3. Calidad de cartera propia: Corresponderá a la siguiente fórmula: (VTCC I VTC3) 100 = Indicador de calidad de cartera.

VTCC: Valor total de capital de los créditos libranza propios del vendedor que no han sido vendidos, que se encuentren en mora a la fecha de cálculo del indicador.

VTC3: Valor total de capital de los créditos libran za propios del vendedor que no han sido vendidos a la fecha de cálculo del indicador.

4. Endeudamiento: Corresponderá a la siguiente fórmula:Radicado: 11001-03-24-000-2020-00460-00 (26366)

Demandante: JAIME RESTREPO PINZÓN

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(Pasivo I Patrimonio) = Endeudamiento.

Pasivo: Saldo de la cuenta de pasivo en la contabilidad de la sociedad, que deberá incluir el valor total de capital de créditos libranza vendidos con responsabilidad cambiaría o cedidas con garantía de solvencia del deudor, a la fecha de cálculo del indicador.

Patrimonio: Corresponderá al saldo de la cuenta de patrimonio en la contabilidad de la sociedad a la fecha de cálculo del indicador, descontado el valor de la cuenta de revalorización del patrimonio que no haya sido capitalizada.

PARÁGRAFO 1. Para el cumplimiento de esta obligación de reporte, las entidades operadoras de libranza deberán incluir los mecanismos contractuales que les garanticen el suministro de la información pertinente por parte de los Vendedores y sus Administradores,

PARÁGRAFO 1. Para el cumplimiento de esta obligación de reporte, las entidades operadoras de libranza deberán incluir los mecanismos contractuales que les garanticen el suministro de la información pertinente por parte de los Vendedores y sus Administradores, en forma completa y oportuna.

PARÁGRAFO 2. Estos indicadores deberán ser calculados m ensualmente dentro de los primeros veinte (20) días calendario de cada mes, con fecha de corte del último día del mes inmediatamente anterior.

PARÁGRAFO 3. Los indicadores deberán publicarse el vigésimo primer (21) día calendario de cada mes. En la página web deberá mantenerse publicada la serie de los indicadores correspondiente a los últimos 24 meses.

ARTÍCULO 2.2.2.54.10 Plan de desmonte progresivo de la venta de cartera de créditos de libranza. De conformidad con el artículo 23 de la Ley 1527 de 2012, adicionado por el artículo 15 de la Ley 1902 de 2018, las personas naturales o jurídicas no pueden llevar a cabo operaciones de enajenación de derechos patrimoniales de contenido crediticio derivados de operaciones de libranza, en términos contrarios a los establecidos en el artículo 6 de la Ley 1902 de 2018, que adicionó el artículo 17 de la Ley 1527 de 2012.

Las operadoras de libranzas que sean sociedades mercantiles y que tengan obligaciones de administración de cartera, producto de operaciones de en ajenación realizadas con anterioridad a la vigencia de la Ley 1902 de 2018, deberán acordar con la Superintendencia de Sociedades un plan de desmonte progresivo de dichas actividades de administración

de administración de cartera, producto de operaciones de en ajenación realizadas con anterioridad a la vigencia de la Ley 1902 de 2018, deberán acordar con la Superintendencia de Sociedades un plan de desmonte progresivo de dichas actividades de administración de cartera para que las operaciones vigentes sean termi nadas en la forma adecuada, lo que podrá incluir: que la administración de la cartera sea trasladada directamente a quienes hayan adquirido esa cartera antes de la entrada en vigencia de la Ley 1902 de 2018, o, a un patrimonio autónomo administrado por una sociedad fiduciaria vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia, entre otras. La Superintendencia de Sociedades podrá solicitar ajustes a los términos y condiciones del traslado de las operaciones vigentes.

PARÁGRAFO. De conformidad con los artículos 10, 11 y 12 de la Ley 1902 de 2018, que modificaron los artículos 1, 2 y 6 del Decreto 4334 de 2008, respectivamente, la persona que transcurridos 6 meses de la entrada en vigencia de los artículos 6° y 8° de dicha ley no haya suscrito con la Supe rintendencia de Sociedades el plan de desmonte progresivo atrás reglamentado, o incumpla sus condiciones, será sujeto de inmediata intervención en los términos del señalado Decreto.

Ante el incumplimiento del plan de desmonte aprobado en los términos de e ste artículo, el interesado deberá informar de ello a la Superintendencia de Sociedades para que declare el incumplimiento. En este evento, la Superintendencia de Sociedades decretará la apertura de la liquidación judicial del vendedor de la cartera, como medida de intervención

interesado deberá informar de ello a la Superintendencia de Sociedades para que declare el incumplimiento. En este evento, la Superintendencia de Sociedades decretará la apertura de la liquidación judicial del vendedor de la cartera, como medida de intervención en ejecución del Decreto 4334 de 2008, sin perjuicio de las actuaciones administrativas, judiciales y penales a que hubiere lugar».Radicado: 11001-03-24-000-2020-00460-00 (26366)

Demandante: JAIME RESTREPO PINZÓN

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DEMANDA

Jaime Restrepo Pinzón, en ejercicio del medio de control establecido en el artículo 135 del CPACA, posteriormente adecuado al del artículo 137 ib.4, demandó la nulidad del Decreto 1008 de 2020, por expedición irregular; y de los artículos 2.2.2.49.2.10 [9, 10 y par. 2], 2.2.2.54.6 y 2.2.2.54.10 del Decreto 1074 de 2015 5, incorporados en virtud de la modificación que aquél dispuso para el capítulo 49, título 2, parte 2 del Libro 2 ib., por infracción de las normas en que debían fundarse, exceso de la facultad reglamentaria, falta de competencia y violación de los principios de primacía constitucional, debido proceso, reserva de ley e irretroactividad de la misma6.

Invocó como normas violadas los artículos 4, 6, 29, 58, 150 [1, 8] y 189 [11] de la

constitucional, debido proceso, reserva de ley e irretroactividad de la misma6.

Invocó como normas violadas los artículos 4, 6, 29, 58, 150 [1, 8] y 189 [11] de la Constitución Política; 1 de la Ley 962 de 2005; 4, 5, 7 y 15 de la Ley 1902 de 2018, modificatorios de la Ley 1527 de 2012; 2.1.2.1.4., 2.1.2.1.5., 2.1.2.1.11. y 2.1.2.1.14 del Decreto 1081 de 20157. Sobre el concepto de violación, expuso, en síntesis:

De acuerdo con la Ley 962 de 2005 [2 (1)], el Decreto Ley 019 de 2012 [39] y el Decreto 1081 de 2015 [2.1.2.1.11 y 2.1.2.1.14], el trámite del Registro Único de Entidades Operadoras de Libranza -RUNEOL debió someterse a consideración del Departamento Administrativo de la Función Pública, junto con la manifestación del impacto regulatorio y la acreditación de los recursos presupuestales y administrativos necesarios para su aplicación; no obstante, los antecedentes del proyecto de Decreto 1008 de 2020, que reglamentó el registro mencionado, nada indican sobre el cumplimiento de ese procedimiento, de modo que su expedición adolece de un vicio de trámite.

El RUNEOL tiene carácter constitutivo y genera los derechos adquiridos de realizar operaciones de libranza o descuento directo y de ejercer los beneficios previstos en la

procedimiento, de modo que su expedición adolece de un vicio de trámite.

El RUNEOL tiene carácter constitutivo y genera los derechos adquiridos de realizar operaciones de libranza o descuento directo y de ejercer los beneficios previstos en la Ley 1527 de 2012 [6, par. 1 y 2]. Los numerales 9 y 10 del artículo 2.2.2.49.2.10 del Decreto 1074 de 2015 desconocen esos derechos , obviando que sólo la ley puede afectarlos, y crean una sanción de reserva legal al atribuir a la Superinten dencia de Industria y Comercio la valoración subjetiva y discrecional del cumplimiento de las obligaciones a cargo de los operadores de libranzas , con la declaratoria de incumplimiento reiterado de los requisitos de inscripción en el RUNEOL, lo cual invadió la competencia del Congreso , extralimitó las funciones de dicha Superintendencia y vulneró el debido proceso y el principio de jerarquía normativa.

Sólo la ley puede regular el ejercicio de las funciones de inspección, vigilancia y control, sin que los decretos del gobierno puedan definir su alcance o las entidades que deban realizarlas. Según la ley, la Superintendencia de Industria y Comercio sólo tiene competencia respecto de entidades operadoras de libranza , cuando realizan operaciones de crédito, así como en los contratos de adquisición de bienes o prestación de servicios en los que la entidad operadora otorga financiación directa, siempre que esta no se haya atribuido a otra autoridad administrativa . La autoridad para sancionar a dichas operadoras recae en las diferentes superintendencias que las controlan, inspeccionan y vigilan. El Decreto 1074 de 2015 extendió las funciones de

siempre que esta no se haya atribuido a otra autoridad administrativa . La autoridad para sancionar a dichas operadoras recae en las diferentes superintendencias que las controlan, inspeccionan y vigilan. El Decreto 1074 de 2015 extendió las funciones de

4 Consejo de Estado, Sección Primera, Auto del 9 de julio de 2021. Esta providencia también ordenó remitir el proceso a la sección cuarta, por competencia, la cual a avocó el conocimiento del proceso mediante Auto del 9 de mayo de 2022 (Samai, índices 13 y 25). 5 Samai, índice 20, p. 6 y 7 6 El Auto del 5 de agosto de 2022 ordenó corregir la demanda para precisar las pretensiones respecto de los decretos cuya nulidad solicita, de conformidad con el No. 2 del artículo 162 del CPACA (Samai, índices 20) 7 Ib. p. 7-11Radicado: 11001-03-24-000-2020-00460-00 (26366)

Demandante: JAIME RESTREPO PINZÓN

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5 la SIC a temas no comprendidos en el inciso segundo del artículo 10 de la Ley 1 527 de 2012 y que, de acuerdo con el inciso primero ib., atañen a otras superintendencias, incurriendo en falsa motivación por error de derecho , en desviación de poder y en violación al debido proceso y el derecho de defensa del operador de libranza , porque dispone la cancelación del Código Único de Reconocimiento, sin antes exigir la firmeza

incurriendo en falsa motivación por error de derecho , en desviación de poder y en violación al debido proceso y el derecho de defensa del operador de libranza , porque dispone la cancelación del Código Único de Reconocimiento, sin antes exigir la firmeza del acto por el cual la SIC declara el incumplimiento reiterado de los requisitos de inscripción, ni permitirle ejercer el derecho de defensa con los recursos de ley.

El parágrafo 2 del citado artículo 2.2.2.49.2.10, también desconoce las prerrogativas de los parágrafos 1 y 2 del artículo 6 de la Ley 1527 de 2012 , pues al realizar las operaciones de libranza o descuento directo, el operador adquiere el derecho a que el empleador o entidad pagadora sea solidariamente responsable por el pago de la obligación adquirida por el beneficiario del crédito, en caso de que no cump la la obligación de deducir, retener o girar los dineros que haya de pagar a sus asalariados, contratistas, afiliados o pensionados.

La cancelación d el código único de reconocimiento puede limitar la capacidad del operador para realizar nuevas operacione s de libranza, pero no hacer perder las prerrogativas legales para las operaciones ya realizadas, por tratarse de derechos adquiridos. El tratamiento reglamentario debe ser igual al de la no renovación del registro, que sólo afecta la solidaridad del emple ador o entidad pagadora para desembolsos posteriores a aquélla, sin impactar los previamente realizados, como lo dispone el parágrafo 1 del artículo 2.2.2.49.2.8 del Decreto 1074 de 2015.

El artículo 2.2.2.54.6 ib. se expidió sin competencia , con exceso de facultad

dispone el parágrafo 1 del artículo 2.2.2.49.2.8 del Decreto 1074 de 2015.

El artículo 2.2.2.54.6 ib. se expidió sin competencia , con exceso de facultad reglamentaria y contrariando la letra y el espíritu de la ley , pues ordena revelar públicamente por internet la información sobre estados financieros e indicadores de calidad y solvencia del vendedor, quebrantando el secreto empresar ial de las operadoras de libranza, protegido por el artículo 60 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, sin tener en cuenta que esa información es objeto de las medidas de protección establecidas en la Ley 1527 de 2012 para compradores de cartera.

El artículo 2.2.2.54.10 ejusdem adolece de falta de competencia y exceso de la facultad reglamentaria, además de constituir una desviación de poder, porque la Ley 1902 de 2018 estableció un régimen de transición de seis meses para que los artículos 6 y 8 entraran a regir, en atención al principio de irretroactividad, con el fin de no afectar los derechos adquiridos. Tales normas establecieron los planes de de smonte sólo para operaciones de enajenación de derechos patrimoniales crediticios derivados de operaciones de libranza realizadas luego de expedirse la Ley 1527 de 2012, mientras que la norma acusada los dispuso respecto de operaciones realizadas con antelación a la vigencia de aquélla, excediendo el artículo 23 ib.

El Informe global de Comentarios y Observaciones de MINTIC señaló que el propósito del referido artículo 2.2.2.54.10 era ampliar el alcance de la ley, al margen del principio de irretroactividad.

El Informe global de Comentarios y Observaciones de MINTIC señaló que el propósito del referido artículo 2.2.2.54.10 era ampliar el alcance de la ley, al margen del principio de irretroactividad.

Por Auto del 2 de diciembre de 2022 se negó la suspensión provisional de las normas acusadas, por requerir de un análisis que excede la confrontación normativa que corresponde a la medida cautelar8.

8 Samai, índice 00046Radicado: 11001-03-24-000-2020-00460-00 (26366)

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CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público 9 y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo10 solicitaron desestimar la nulidad de las normas acusadas, con base en argumentaciones idénticas, que pasan a resumirse:

Acorde con el artículo 19 de la Ley 1527 de 2012 y la Sentencia C -810 de 2014, el Gobierno Nacional está facultado para reglamentar el Registro Único Nacional de Entidades Operadoras de Libranza ( RUNEOL), por cuenta de la atribución constitucional conferida al Presidente de la República , sin necesidad de ley expresa que lo disponga. Sin embargo, esa ley existe en el presente caso.

La facultad de regulación en materia sancionatoria no recae exclusivamente en el legislador, pues el gobierno puede ejercerla válidamente vía reglamentaria, salvo que

que lo disponga. Sin embargo, esa ley existe en el presente caso.

La facultad de regulación en materia sancionatoria no recae exclusivamente en el legislador, pues el gobierno puede ejercerla válidamente vía reglamentaria, salvo que se trate de sanc iones penales o disciplinarias. La cancelación del Código Único de Reconocimiento no afecta la obligación principal contraída con antelación a la inscripción entre asalariados, contratistas, afiliados o pensionados y la entidad operadora de libranza o descuento directo ; durante el tiempo en que se suspende o cancela dicho código no pueden generarse costos adicionales a cargo del deudor, como intereses de mora, honorarios, comisiones u otros semejantes.

Los antecedentes administrativos adjuntos a la contestación de la demanda constatan que, respecto del Decreto 1008 de 2020 , se surtió el trámite de publicidad y participación ciudadana de que trata el artículo 8 de la Ley 1437 de 2011.

El despacho sustanciador ordenó surtir el trámite de sentencia anticipada, de acuerdo con el literal a) del artículo 182A del CPACA, en concordancia con el numeral 1 del artículo 13 del Decreto 806 de 2021, mediante Auto del 24 de mayo de 2023 11, en el entendido de que el presente proceso correspondía a un asunto de pleno derecho que no requería práctica de pruebas.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

La demandante12 señaló que no se presentaron hechos o pruebas que deban ser objeto de análisis adicional, por tratarse de un asunto de puro derecho.

Reiteró que el Decreto 1008 de 2020 se expidió irregularmente , por no haberse

La demandante12 señaló que no se presentaron hechos o pruebas que deban ser objeto de análisis adicional, por tratarse de un asunto de puro derecho.

Reiteró que el Decreto 1008 de 2020 se expidió irregularmente , por no haberse sometido a la consideración del Departamento Administrativo de la Función Pública, ni haberse publicado el estudio de impacto normativo de que trata el Decreto 1081 de 2015; que las funciones de inspección, vigilancia y control son reserva de ley y vía decreto no se puede definir su alcance y titularidad ni, por tanto, facultar a la Superintendencia de Industria y Comercio para declarar el incumplimiento de los requisitos previstos para estar inscrito en el RUNEOL; que el artículo 6 de la Ley 1527 de 2012 estableció prerrogativas constitutivas de derechos adquiridos que no pueden desconocerse; que las operadoras de libranza no están obligadas a revelar información relacionada con su secreto empresarial; y que vía decreto no podía

9 Samai, índice 00044 10 Samai, índice 00045 11 Samai, índice 00052 12 Samai, índice 00059Radicado: 11001-03-24-000-2020-00460-00 (26366)

Demandante: JAIME RESTREPO PINZÓN

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7 disponerse el desmonte de operaciones anteriores a la vigencia de la Ley 1902 de

2018. Agregó que frente a esas glosas el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo no expuso reparos.

7 disponerse el desmonte de operaciones anteriores a la vigencia de la Ley 1902 de

2018. Agregó que frente a esas glosas el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo no expuso reparos.

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo reiteró los argumentos de su escrito de contestación13.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Se decide la legalidad del Decreto 1008 de 2020, reglamentario de la Ley 1902 de 2018 - Marco General para la Libranza o Descuento Directo; y modificatorio del Decreto 1074 de 2015 – Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo; así como de las normas objeto de dicha modificación , que atañen a específicos aspectos de la cancelación del Código Único de Reconocimiento de Operadores de Libranza o Descuento D irecto, a la revelación web de información sobre estados financieros e indicadores de calidad de cartera y solvencia del vendedor y al plan de desmonte progresivo de la venta de cartera de créditos de libranza para operaciones de enajenación anteriores a la Ley 1902 de 2018.

Acorde con los cargos de nulidad, corresponde establecer sí: i) el Decreto 100 8 de 2020 adolece de expedición irregular por la falta de puesta en consideración del Departamento Administrativo de la Función Pública, y falta de publica ción del estudio de impacto normativo; y , en caso de que dicho cargo no prospere, ii) si las normas incorporadas por cuenta de la modificación del DUR 1074 de 2015 están viciadas por infracción de las normas en que debían fundarse, exceso de la facultad reglamentaria,

incorporadas por cuenta de la modificación del DUR 1074 de 2015 están viciadas por infracción de las normas en que debían fundarse, exceso de la facultad reglamentaria, falta de competencia y violación de los principios de primacía constitucional, debido proceso, reserva de ley e irretroactividad de la misma.

Sobre el primer aspecto se observa:

La Ley 962 de 2005 «por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos », buscó facilitar las relaciones de los particulares con la Admini stración a través de una política de racionalización, estandarización y automatización de trámites, dirigida a evitar exigencias injustificadas a los administrados , en el marco de cuatro principios rectores 14, entre los cuales se encuentra el «Procedimiento para establecer los trámites autorizados por la ley».

A dicho principio se refirió el numeral 2 del artículo 1 ib, modificado por el artículo 39 del Decreto Ley 019 de 2012 15, como una exigencia dirigida a que las entidades públicas y los particulares que ejercen función administrativa expresamente autorizados por la ley para establecer un trámite , lo sometan previamente a consideración del Departamento Administrativo de la Función Pública, como autoridad encargada de formular las políticas generales de Administración Pública, en especial en materias relacionadas con Empleo Público, Organización Administrativa, Control

13 Samai, índice 61 14 Reserva legal de permisos, licencias o requisitos, procedimiento para establecer los trámites autorizados por la Ley, Información y publicidad y fortalecimiento tecnológico

13 Samai, índice 61 14 Reserva legal de permisos, licencias o requisitos, procedimiento para establecer los trámites autorizados por la Ley, Información y publicidad y fortalecimiento tecnológico 15 “Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimien tos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública.”Radicado: 11001-03-24-000-2020-00460-00 (26366)

Demandante: JAIME RESTREPO PINZÓN

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

8 Interno y Racionalización de Trámites de la Rama Ejecutiva del Poder Público; adjuntando la manifestación del impacto regulatorio, y acreditando la existencia de los recursos presupuestales y administrativos necesarios para su aplicación , en orden a constatar la justificación, eficacia y eficiencia de los mismos, y los costos de implementación para los obligados a cumplirlo.

Tal sometimiento a la consideración de la Función Pública fue reiterado por el Decreto Ley 2106 de 2019 «por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la administración pública », cuando quiera que se necesite reglamentar alguno de los trámites creados o autorizados por la ley [3 ib].

De encontrarlo razonable y adecuado con la política de simplificación, racionalización y estandarización de trámites, el Departamento Administrativo autoriza la adopción e implementación de l trámite sometido a su consideración, a través de los Comités

De encontrarlo razonable y adecuado con la política de simplificación, racionalización y estandarización de trámites, el Departamento Administrativo autoriza la adopción e implementación de l trámite sometido a su consideración, a través de los Comités Sectoriales e intersectoriales, en un término no superior a trein