CE - 010325000201800913001SENTENCIA20230531121910

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., veinticinco (25) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción especial de revisión Radicación: 11001-03-25-000-2018-00913-00 (3157-2018) Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) Demandado: Teresa García Castro Temas: Causales de revisión literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA __________________________________________________________________

Decide la Sala la acción de revisión interpuesta por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) contra la sentencia proferida el 7 de junio de 201 2 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por medio de la cual se confirmó la que accedió a las pretensiones de la demanda presentada por Teresa García Castro.

1. Antecedentes

1.1. La acción especial de revisión 1.1.1. Las pretensiones

La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social ( UGPP) en ejercicio de la acción de revisión prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, solicitó que se infirmara la sentencia

La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social ( UGPP) en ejercicio de la acción de revisión prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, solicitó que se infirmara la sentencia proferida el 7 de junio de 2012 por el Tribunal Ad ministrativo del Valle del Cauca,2

Radicado: 11001032500020180091300 (3157-2018) Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) dentro de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 7600133-31-004-2010-00033-01 que confirmó la sentencia de primera instancia que accedió a las pretensiones de la demanda presentada por Teresa García Castro contra Cajanal y declaró la nulidad de los actos fictos constituidos con ocasión de las peticiones presentadas el 5 de julio y el 21 de septiembre de 2009.

Como consecuencia de lo anterior, pidió i) revocar la sentencia objeto de revisión; ii) declarar que la liquidación de la mesada pensional no es un derecho adquirido ; iii) ordenar la reliquidación y pago de la pensión jubilación de Teresa García Castro, según lo dispuesto en las sentencias C -168 de 1995, C-258 de 2013, auto 326 de 2014, SU-230 de 2015, SU-427 de 2016, SU-210 de 2017, auto 229 de 2017, SU395 de 2017, SU -631 de 2017, T -039 de 2018 proferidas por la Sala Plena de la Corte Constitucional, es decir, con el ingreso base de liquidación previsto en el

395 de 2017, SU -631 de 2017, T -039 de 2018 proferidas por la Sala Plena de la Corte Constitucional, es decir, con el ingreso base de liquidación previsto en el inciso 3 d el artículo 36 o en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, así como los factores base de cotización taxativamente dispuestos en el Decreto 1158 de 1994 y la tasa de reemplazo del 75% en virtud del Decreto 546 de 1971, por haber adquirido el estatus pensional en virtud del régimen de transición.

1.1.2. Fundamentos fácticos

Como hechos relevantes, se señalaron los siguientes:

• Teresa García Castro nació el 4 de octubre de 1951, prestó sus servicios en la Rama Judicial desde el 22 de enero de 1980 hasta el 30 de «julio» (sic) de 1992 y en la Fiscalía General de la Nación desde el 1.º de «julio» (sic) de 1992 hasta el 1.º de junio de 2009 y adquirió su estatus pensional el 4 de octubre de 2001.

• La Caja Nacional de Previsión Social EICE (Cajanal), mediante Resolución 07152 del 16 de febrero de 2009, le reconoció una pensión de vejez sobre el 75% del salario promedio devengado durante los 7 últimos años , en cuantía de $2126.423.94, efectiva a partir del 1.º de junio de 2008 , con la condición de demostrar el retiro definitivo del servicio para su disfrute . Sin embargo, por orden3

Radicado: 11001032500020180091300 (3157-2018)

Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión

demostrar el retiro definitivo del servicio para su disfrute . Sin embargo, por orden3

Radicado: 11001032500020180091300 (3157-2018) Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Cali se profirió la Resolución UGM 035980 del 29 de febrero de 2012, por medio de la cual se reliquidó la pensión por el monto de $2’913.718 y con igual condición.

• Teresa García Castro presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, con ocasión de la cual el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Cali declaró la nulidad de los actos fictos constituidos con ocasión de las peticiones presentadas el 5 de julio y el 21 de septiembre de 2009 que no fueron contestadas por Cajanal y, como consecuencia, condenó a la entidad a reliquidar la pensión de vejez, según el Decreto 546 de 1971, en cuantía del 75% sobre la asignación mensual más alta devengada durante el año anterior a la fecha en que se retiró definitivamente del servicio (mayo de 2009), con inclusión de la prima de antigüedad, gastos de representación, subsidio de alimentación devengado mensualmente en el lapso citado y la proporción de los factores no mensuales de la bonificación por servicios, prima de productividad y las primas de servicio, navidad y vacaciones, correspondientes al último año de servicios. En sede de segunda instancia, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca resolvió el recurso de apelación presentado por Cajanal en el sentido de confirmar esa decisión.

y vacaciones, correspondientes al último año de servicios. En sede de segunda instancia, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca resolvió el recurso de apelación presentado por Cajanal en el sentido de confirmar esa decisión.

• La UGPP, mediante resolución RDP 01 6422 del 22 de noviembre de 2012 , dio cumplimiento a la providencia proferida en segunda instancia y reliquidó la pensión de vejez de la solicitante por el valor de $2’573.003.

• El 5 de septiembre de 2013, la UGPP modificó la anterior Resolución para lo cual alegó un error aritmético y reliquidó la prestación por el monto de $6’047.657, efectiva a partir del 2 de junio de 2009.

1.1.3. La sentencia objeto de revisión

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante sentencia del 7 de junio de 2012, resolvió el recurso de apelación interpuesto por Cajanal y confirmó la decisión de primera instancia que accedió a las pretensiones de la demanda y, en4

Radicado: 11001032500020180091300 (3157-2018) Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) consecuencia, declaró la nulidad de los actos fictos constituidos con ocasión de las peticiones presentadas el 5 de julio y 21 de septiembre de 2009 y, en consecuencia, ordenó a Cajanal reliquidar la pensión vejez de T eresa García Castro, conforme al Decreto 546 de 1971 , a partir del 2 de junio de 2009, en cuantía del 75% de la

ordenó a Cajanal reliquidar la pensión vejez de T eresa García Castro, conforme al Decreto 546 de 1971 , a partir del 2 de junio de 2009, en cuantía del 75% de la asignación mensual más alta devengada en el año anterior a la fecha en que se retiró del servicio definitivamente (mayo 2009).

Para tal efecto, se pronunció en estos términos1:

• El Decreto 546 de 1971 es aplicable en el presente asunto, dado que, a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, Teresa García Castro contaba con más de 35 años de edad y 15 años de servicio, y al momento de reclamar la pensión de vejez contaba con más de 10 años de trabajo en la Rama Jurisdiccional, es decir , era beneficiaria del régimen de transición estipulado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993; sin embargo, al reconocer la pensión de vejez, la Caja Nacional de Previsión Social Cajanal pasó por alto el principio de inescindibilidad de la norma pensional que impide emplear más de un régimen y aplicó las condiciones de edad y tiempo de servicios previstas en el Decreto 546 de 1971 y la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1158 de 1994 para los factores salariales y la liquidación pensional.

En sentencia del 28 de octubre de 1993, la Sección Segunda del Consejo de Estado indicó que, en virtud de la Ley 33 de 1985 , los funcionarios y los empleados de la Rama Jurisd iccional y el Ministerio Público tienen derecho a la liquidación de la pensión sobre el 75% de la asignación mensual más elevada devengada en el

Rama Jurisd iccional y el Ministerio Público tienen derecho a la liquidación de la pensión sobre el 75% de la asignación mensual más elevada devengada en el último año de servicios, para lo cual el artículo 12 del Decreto 717 de 1978 enunció algunos de los factores salariales que debían ser incluidos, que de ninguna manera pueden tomarse taxativamente , pues corresponden a todas las sumas que el trabajador recibió habitual y periódicamente como retribución de sus servicios.

En conclusión, Teresa García Castro tiene derecho a la reliquidación de su pensión de vejez con base en la asignación mensual más elevada devengada en el último

1 Folios 179 al 195 del expediente digital, índice 38.5

Radicado: 11001032500020180091300 (3157-2018) Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) año de servicios con los siguientes factores salariales: el básico mensual, la prima de antigüedad, los gastos de representación, el subsi dio de alimentación

(devengado en mayo de 2009) y la proporción de los factores no mensuales, en una doceava parte, de la bonificación por servicios, de la prima de productividad y las primas de servicio, navidad y vacaciones, en cuantía equivalente al 75%.

1.2. Las causales de revisión invocadas

La entidad recurrente invocó las causales previstas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003,2 para lo cual expuso los siguientes argumentos:3

1. Se configura la causal a), en razón a que la orden judicial se obtuvo con

La entidad recurrente invocó las causales previstas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003,2 para lo cual expuso los siguientes argumentos:3

1. Se configura la causal a), en razón a que la orden judicial se obtuvo con vulneración del debido proceso, en tanto la reliquidación de la pensión de jubilación del causante, en los términos ordenados, no le corresponde, puesto que lo correcto era que se tuvieran en cuenta las disposiciones contenidas en los artículos 36 y 21 de la Ley 100 de 1993, respecto del ingreso base de liquidación (IBL) y los factores que deben ser tenidos en cuenta al momento de liquidarse la prestación.

A pesar de encontrarse probado en el p roceso que la pensionada era beneficiaria del régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, los jueces de conocimiento accedieron a reliquidar la pensión de manera contraria a lo dispuesto en la ley y en la jurisprudencia, pues otorgó un aumento en la mesa da pensional que compromete recursos públicos, sin que medie una causa legítima.

2 «artículo 20. Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública. <apartes tachados inexequibles> Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y

cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación. La revisión tambi én procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o conciliación judicial o extrajudicial. La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales consagradas para este en el mismo código y además: a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, p acto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.» 3 Folios 153 al 164.6

Radicado: 11001032500020180091300 (3157-2018) Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección

Social (UGPP)

1. Se configura la causal contenida en el literal b) ibídem, por cuanto la cuantía del derecho reconocido excede lo debido, al haberse accedido a la reliquidación de una pensión de vejez con el promedio de lo devengado en el último año de servicios, evidentemente en contravía de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

Lo anterior, porque, para la reliquidación de la pensión de Teresa García Castro es correcto aplicar el Decreto 546 de 1971, respecto de la edad, el tiempo de servicios

Lo anterior, porque, para la reliquidación de la pensión de Teresa García Castro es correcto aplicar el Decreto 546 de 1971, respecto de la edad, el tiempo de servicios y el monto; sin embargo, en cuanto al ingreso base de liquidación la norma aplicable era el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, esto es, el 75% del promedio de lo devengado durante los 10 años anteriores al reconocimiento de la pensión o el tiempo que le hiciera falta para adquirir el derecho , como en efecto lo disp uso el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, pues este aspecto no está sujeto a la transición y, en cuanto, a los factores salariales, la norma vigente es el Decreto 1158 de 1994, pues el estatus de pensionada fue adquirido durante su vigencia.

La Corte Constitucional ha trazado una línea pacífica y clara (C-168 de 1995, C-258 de 2013, auto 326 de 2014, SU -230 de 2015, entre otras) respecto de la manera como se debe liquidar la pensión sometida al régimen de transición, para lo cual se toma en cuent a lo dispuesto en los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993, se conservan los requisitos de edad, tiempo de servicios y monto (tasa de reemplazo) del régimen anterior.

En ese orden, la sentencia objeto de revisión incurrió en la causal invocada al proferirse con absoluto desc onocimiento de la normativa y los preceptos jurisprudenciales vigentes para la época y en detrimento de la sostenibilidad financiera del sistema pensional , pues contribuye al aumento de un 52% de la mesada de la causante.

1.3. Contestación a la acción especial de revisión

jurisprudenciales vigentes para la época y en detrimento de la sostenibilidad financiera del sistema pensional , pues contribuye al aumento de un 52% de la mesada de la causante.

1.3. Contestación a la acción especial de revisión

Teresa García Castro pidió que se rechazara la solicitud de revisión por7

Radicado: 11001032500020180091300 (3157-2018) Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) improcedente, por las razones que se expresan a continuación:4

• En el proceso en el cual fue proferida la sentencia objeto de revisión , resultó probado que: i) la causante es beneficiaria del régimen de transición estipulado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, pues para el momento de su entrada en vigencia contaba con más de 35 años de edad, ii) alcanzó el estatus pensional el 4 de octubre de 2001, de manera que, para la reliquidación de su pensión, se tuvo en cuenta lo dispuesto en el Decreto 546 de 1971 y la línea jurisprudencial vigente para esa época, como la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010 proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado que indicaba que los factores salariales que componían la base de liquidación eran todos los devengados por el trabajador y que el IBL hacía parte del régimen de transición, en ese sentido, fue calculada con base en la asignación básica más alta devengada en el último año de servicios, con una tasa de reemplazo del 75%, con todos los factores salariales devengados y con el IBL del régimen anterior.

base en la asignación básica más alta devengada en el último año de servicios, con una tasa de reemplazo del 75%, con todos los factores salariales devengados y con el IBL del régimen anterior.

Asimismo, para el 7 de junio de 2012, momento en que se profirió la sentencia objeto de revisión, aún no existía n los precedentes de la Corte Constitucional ni del Consejo de Estado que fijaron derroteros en el tema del IBL, diferentes de los que se siguieron en esa providencia, motivo p or el cual resulta inviable pretender su aplicación retroactiva, con el fin de que sea infirmada en esta etapa procesal.

Como consecuencia, se evidenció que la providencia fue ajustada a derecho, cuya cuantía estaba definida por la normativa y la línea j urisprudencial vigente para el momento de su promulgación.

1.4. El Ministerio Público

No emitió pronunciamiento en esta oportunidad.

4 Folios 207 al 225.8

Radicado: 11001032500020180091300 (3157-2018) Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección

Social (UGPP)

2. Consideraciones

2.1. Competencia

Esta corporación es competente para conocer de la acción especial de revisión en virtud de lo dispuesto en los artículos 20, inciso 1º de la Ley 797 de 2003 y 249, inciso 2, del CPACA5.

Además, según lo previsto en el artículo 13 del Acuerdo 080 de l 12 de marzo de 20196, por tratarse de un asunto de carácter laboral, la Sección Segun da es

inciso 2, del CPACA5.

Además, según lo previsto en el artículo 13 del Acuerdo 080 de l 12 de marzo de 20196, por tratarse de un asunto de carácter laboral, la Sección Segun da es competente para conocer de la acción especial de revisión.

2.2. Los problemas jurídicos

Se circunscribe a establecer lo siguiente: i) ¿ la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca se profirió con vulneración del debido proceso y, en consecuencia, está inmersa en la causal de revisión establecida en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003? y ii) ¿la cuantía del derecho reconocido excede lo debido de acuerdo con la ley, al haberse accedido a la reliquidación de una pensión de vejez en contravía de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y, por lo tanto, se configuran los supuestos del literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003?

2.3. Marco normativo

2.3.1. Sobre la acción especial de revisión

5 «Artículo 249. Competencia. (…) De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conoce rán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia. De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por tos jueces administrativos conocerán los Tribunales Administrativos.» [Resalta la Sala]. 6 «Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado».9

Radicado: 11001032500020180091300 (3157-2018)

Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión

6 «Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado».9

Radicado: 11001032500020180091300 (3157-2018) Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) De conformidad con lo dispuesto en e l artículo 20 7 de la Ley 797 de 2003 8 las providencias judiciales que hubiesen decretado el reconocimiento de sumas periódicas a cargo del erario o de fondos de naturaleza pública pueden ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias.

En tal sentido, el legislador dispuso la posibilidad de revisar las sentencias que reconocen sumas periódicas cuando i) el reconocimiento se haya obtenido con violación del debido proceso, o ii) la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención.

Sobre el particular, la jurisprudencia de esta Corporación, en torno a la causal de revisión del literal a) de la norma analizada, ha señalado que esta se configura cuando «el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso », la Sala precisa que es necesario que se exponga la vulneración del derecho al debido proceso en relación con los núcleos esenciales que lo componen9.

Ahora bien, esta corporación ha precisado que , si bien la Ley 797 de 2003 indica que la acción especial de revisión debe tramitarse a través del procedimiento

7 artículo 20. Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública . <Apartes tachados INEXEQUIBLES> Las providencias judici ales que en

7 artículo 20. Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública . <Apartes tachados INEXEQUIBLES> Las providencias judici ales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación.

La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o conciliación judicial o extrajudicial.

La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisió n por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales consagradas para este en el mismo código y además: a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y b) Cuando la cuantía del derecho reconoci do excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables. 8 Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales. 9 Consejo de Estado, Sala 22 Especial de Decisión; sentencia de 5 de febrero de 2019, radicado 11001 03 15 000 2018 01884 00.10

especiales. 9 Consejo de Estado, Sala 22 Especial de Decisión; sentencia de 5 de febrero de 2019, radicado 11001 03 15 000 2018 01884 00.10

Radicado: 11001032500020180091300 (3157-2018) Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) señalado para el recurso extraordinario de revisión, regulado por l a Ley 1437 de 2011, «lo cierto es que presenta aspectos que lo particularizan» . En tal sentido, se han

definido los siguientes10:

«i) Son susceptibles del recurso no solo sentencias ejecutoriadas, sino también otro tipo de providencias que tengan como efecto el reconocimiento de una prestación, ellas pueden ser autos que terminan anormalmente el proceso y aquellos actos que sean consecuencia de acuerdos, tales como transacción y conciliación.

1. Están legitimadas para su interposición el gobierno Nacional, por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del contralor general de la República o del procurador general de la Nación y las entidades que realizan el reconocimiento de pensiones.

1. Respecto de su alcance la jurisprudencia advirtió que no se extiende a reabrir el debate probatorio, sino que se trata de revisar el valor de las pensiones reconocidas en contra de lo ordenado por la ley, con el propósito de salvaguardar el equilibrio e ntre la prestación y su legalidad, además de velar por la protección de los recursos limitados del tesoro público, la liquidez, solvencia y sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social,

prestación y su legalidad, además de velar por la protección de los recursos limitados del tesoro público, la liquidez, solvencia y sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social, así como el principio de universalidad que lo inspira.

1. De es ta manera, no se trata de una tercera instancia que admita reabrir el debate sobre el derecho a una prestación, pues su marco se encuentra circunscrito a revisar los aspectos concernientes al reconocimiento del derecho (literal a) y a la liquidación de aquel (literal b), cuando se concedió con vulneración del debido proceso o de la ley, o en un valor mayor al que corresponde.

1. Igualmente, se entienden excluidos de su alcance los asuntos relativos al reconocimiento de prestaciones periódicas inferiores a las que se deben de acuerdo con las normas que rigen la materia.

Con todo, conviene recordar que el ejercicio de esta clase de recursos entra en colisión con la institución de la cosa juzgada y la seguridad jurídica, pero, precisamente, estos mecanismos se instituyeron como una excepción que debe admitirse frente a un fin legítimo, el cual es determinar si el reconocimiento pensional se hizo con violación al debido proceso o si la cuantía reconocida excede lo ordenado por la ley.»

Lo anterior guarda armonía con la finalidad de la norma, esto es, que «las entidades públicas pagadoras de pensiones y a los entes de control, [tengan] una herramienta judicial para solicitar la corrección de los reconocimientos pensionales que se encuadren en dichas causales»11.

10 Entre otros, ver: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencias del 3 de junio

para solicitar la corrección de los reconocimientos pensionales que se encuadren en dichas causales»11.

10 Entre otros, ver: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencias del 3 de junio de 2021, radicado 11001 03 25 000 2018 01681 00 (5733 -2018), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas; y del 8 de octubre de 2020, radicado 11001 -03-25-000-2017-00530-00 (2462-2017), M.P. William Hernández Gómez. 11 Consejo de Estado, Sala Cuarta Especial de Decisión, sentencia del 5 de diciembre de 2017, radicado 11001-03-15-000-2017-01529-00 (REV), M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.11

Radicado: 11001032500020180091300 (3157-2018) Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección

Social (UGPP)

En efecto, las Salas Especiales de Decisión de esta corporación 12 han admitido expresamente que la UGPP está legitimada para promover la revisión de providencias judiciales que hayan ordenado reconocer pensiones. Además, la Corte Constitucional en la sentencia SU-427 de 2016 definió la siguiente regla:

«(a) La UGPP está legitimada para acudir ante la Corte Suprema o el Consejo de Estado, según corresponda, e interponer el recurso de revisión previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, con el pro pósito de cuestionar las decisiones judiciales en las cuales se haya incurrido en un abuso del derecho, en el entendido de que el término de

Ley 797 de 2003, con el pro pósito de cuestionar las decisiones judiciales en las cuales se haya incurrido en un abuso del derecho, en el entendido de que el término de caducidad de cinco años de dicho mecanismo no podrá contabilizarse desde antes del 12 de junio de 2013, fecha en la cual dicha entidad asumió la defensa judicial de los asuntos que tenía a cargo Cajanal.»

Como corolario, debe decirse que el objeto de la norma analizada «consistió en incluir causales cualificadas de revisión, con el propósito primordial de realizar un estudio de las pensiones reconocidas en forma contraria a la ley, de modo que, en últimas, se eviten perjuicios de carácter patrimonial al erario»13.

2.3.2. Régimen pensional establecido en el Decreto 546 de 1971

El Decreto 546 del 27 de marzo de 1971, mediante el cual se estableció el «régimen de seguridad y protección social de los funcionarios y empleados de la Rama Jurisdiccional, del Ministerio Público y de sus familiares », en su artículo 6 previó los requisitos que debían acreditar los destinatarios de esa disposición para efectos de ser beneficiarios de la pensión de jubilación, en los siguientes términos:

«Artículo 6º. Los funcionarios y empleados a que se refiere este Decreto, tendrán derecho, al llegar a los 55 años de edad, si son hombres y de 50, si son mujeres, y cumplir 20 años de servicio continuos o discontinuos, anteriores o posteriores a la vigencia de este Decreto, de los cuales 10 hayan sido exclusivamente a la Rama Jurisdiccional o al Ministerio Publico, o ambas actividades, a una pensión ordinaria

cumplir 20 años de servicio continuos o discontinuos, anteriores o posteriores a la vigencia de este Decreto, de los cuales 10 hayan sido exclusivamente a la Rama Jurisdiccional o al Ministerio Publico, o ambas actividades, a una pensión ordinaria vitalicia de jubilación equivalente al 75% de la asignación mensual más elevada que hubiere devengado en el último año de servicio en las actividades citadas.»

12 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 25, sentencia del 2 de julio de 2019, radicado 1100103-15-000-2017-00744-00, M.P. Marta Nubia Velásquez Rico. 13 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A; sentencia del 21 de junio de 2018, radicado 11001-03-25-000-2014-00845-00(2743-13), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas, entre otras.12

Radicado: 11001032500020180091300 (3157-2018)

Demandante: Un