CE - 010325000201900020001SENTENCIA20231017113915

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D. C., veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN Radicación: 11001 03 25 000 2019 00020 00 (0082-2019)

Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social1

Demandada: Irma Esther Pérez Epalza

Temas: Causales previstas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003. Reliquidación de pensión de jubilación __________________________________________________________________ Decide la Sala la acción especial de revisión de la referencia.

1. Antecedentes 1.1. La acción de revisión 1.1.1. Las pretensiones En ejercicio de la acción especial de revisión prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, la UGPP, por conducto de apoderad o judicial, solicitó infirmar la sentencia del 15 de agosto de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena , dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 47001 33 33 006 2013 00045 01, mediante la cual confirmó el fallo del 18 de diciembre de 2015, emitido por el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Santa Marta , que accedió a las

00045 01, mediante la cual confirmó el fallo del 18 de diciembre de 2015, emitido por el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Santa Marta , que accedió a las pretensiones de la demanda incoada por la señora Irma Esther Pérez Epalza. Como consecuencia de lo anterior, la entidad pidió reliquidar la mesada pensional de la accionada conforme a las Sentencias C -168 de 1995, C -258 de 2013, SU -230 de

1 En adelante UGPP.2

Radicación: 11001 03 25 000 2019 00020 00 (0082-2019) Demandante: UGPP 2015, SU-427 de 2016, SU -210 de 2017, SU 395 de 2017, SU -631 de 2017, T -039 de 2018 y a los Autos 326 de 2014 y 229 de 2017, todos emitidos por la Corte Constitucional, ajustando el ingreso base de liquidación a las directrices fijadas en los artículos 21 o 36, numeral 3.º, de la Ley 100 de 1993, con los factores previstos en el Decreto 1158 de 1994, debidamente cotizados.

De igual modo, solicitó ordenar a la señora Pérez Epalza reintegrar t odas las sumas pagadas en exceso, debidamente indexadas. 1.1.2. Hechos Como hechos relevantes, el apoderado de la entidad recurrente señaló los siguientes: i) El 13 de junio de 1948, nació la señora Irma Esther Pérez Epalza. ii) Entre el 1.º de junio de 1975 y el 30 de noviembre de 1998 , la demandada laboró para el Servicio Seccional de Salud del Magdalena , y e l último cargo que

1. Entre el 1.º de junio de 1975 y el 30 de noviembre de 1998 , la demandada laboró para el Servicio Seccional de Salud del Magdalena , y e l último cargo que desempeñó fue el de secretaria. iii) El 23 de agosto de 2005 , la extinta Cajanal expidió la Resolución 24509, por la cual reconoció a la señora Pérez Epalza una pensión de vejez equivalente a $ 305.869,20 COP, efectiva a partir del 13 de junio de 1998. La prestación se liquidó teniendo en cuenta el promedio de los aportes percibidos desde el 1.º de abril de 1994 hasta el 13 de junio de 1998. iv) El 2 de marzo de 2006, mediante la Resolución 09762, Cajanal revocó el acto administrativo referido en el numeral anterior, por cuanto la accionada completó los requisitos para pensionarse el 13 de junio de 2003 y no el 13 de junio de 1998. Por lo ta nto, reconoció nuevamente la pensión de vejez a partir de la última fecha aludida, y la liquidación se hizo conforme a lo previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, esto es, tomando como base el promedio de lo devengado entre el 1.º de abril de 1994 y el 30 de noviembre de 1998.

Esta decisión fue confirmada en todas sus partes a través de la Resolución 4829 del 13 de junio de 2006.3

Radicación: 11001 03 25 000 2019 00020 00 (0082-2019) Demandante: UGPP v) El 24 de mayo de 2012, la UGPP profirió la Resolución RDP 2970, en la que

Radicación: 11001 03 25 000 2019 00020 00 (0082-2019) Demandante: UGPP v) El 24 de mayo de 2012, la UGPP profirió la Resolución RDP 2970, en la que negó la reliquidación de la pensión de vejez de la señora Irma Esther Pérez Epalza.

Dicho acto administrativo fue confirmado por la Resolución 6175 del 25 de julio de esa anualidad. vi) El 18 de diciembre de 2015 , el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Santa Marta resolvió, en primera instancia, la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho presentada por la hoy demandada contra las Resoluciones 09762 del 2 de marzo de 2006, RDP 2970 del 24 de mayo de 2012 y 6175 del 25 de julio del mismo año, y resolvió, entre otras disposiciones, lo sig uiente: a) declaró la nulidad de los actos administrativos enjuiciados; b) condenó a la UGPP a reliquidar y pagar la pensión de jubilación de la señora Pérez Epalza con la inclusión, además del sueldo y la prima de antigüedad, de los otros factores salariales devengados durante el último año de servicios prestados, tales como : el auxilio de transporte, la bonificación, y las primas de vacaciones, de navidad y alimentación. vii) El 13 de septiembre de 2017, el Tribunal Administrativo del Magdalena revocó la sentencia de primera instancia, en el sentido de denegar las pretensiones de la demanda, al declarar probada la excepción de «inepta demanda» porque la accionante no agotó los recursos ordinarios contra las resoluciones enjuiciadas.

la sentencia de primera instancia, en el sentido de denegar las pretensiones de la demanda, al declarar probada la excepción de «inepta demanda» porque la accionante no agotó los recursos ordinarios contra las resoluciones enjuiciadas. viii) Inconforme con la an terior providencia, la señora Irma Esther Pérez Epalza interpuso acción de tutela, la cual fue desatada por el Consejo de Estado en las sentencias del 28 de junio y 4 de octubre de 2018, 2 en las que se le amparó el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia, y le ordenó al tribunal de segunda instancia proferir un nuevo fallo. 1.1.3. La sentencia objeto de revisión El Tribunal Administrativo del Magdalena –en cumplimiento de la orden de tu tela del 28 de junio de 2018 dictada por la Sección Segunda, Subsección A, del Consejo de Estado– profirió la sentencia del 1 5 de agosto de 2018 , por la cual confirmó el fallo

2 La acción de tutela referida se llevó a cabo dentro del expediente con radicado 11001 03 15 000 2018 01847 01, y fue resuelta, en primera instancia, por la Sección Segunda –Subsección A – del Consejo de Estado, y, en segunda, por la Sección Cuarta de la misma corporación.4

Radicación: 11001 03 25 000 2019 00020 00 (0082-2019) Demandante: UGPP del 18 de diciembre de 2015 emitido por el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Santa Marta, que ordenó la reliquidación de la pensión de vejez de la señora Irma Esther Pérez Epalza , tomando como base el 75 % del promedio de lo devengado

de Santa Marta, que ordenó la reliquidación de la pensión de vejez de la señora Irma Esther Pérez Epalza , tomando como base el 75 % del promedio de lo devengado durante el último año de servicios y con la inclusión de las doceavas de todos los factores que co nstituyen salario , en atención de lo establecido en la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010 del Consejo de Estado . Para efectos de lo anterior, el ad quem argumentó lo siguiente: i) La accionante es beneficiaria del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 , ya que nació el 13 de junio de 1948 y, para el 1.º de abril de 1993 (fecha en la que entró a regir dicha normativa), tenía 45 años de edad . Así mismo, porque acreditó 23 años de servicios prestados hasta dicho momento. ii) Por lo anterior, la pensión de vejez de la señora Pérez Epal za debía concederse conforme a lo reglado en el régimen anterior, esto es, el previsto en la Ley 33 de 1985. iii) En vista de que la actora adquirió su estatus el 13 de junio de 2003, es decir, antes de la expedición de la Sentencia C -258 de 2013 de la Corte Constitucional , le asiste el derecho a que se liquide su prestación pensional con el 75 % del promedio de lo devengado durante el último año de servicio y con la inclusión de todos los emolumentos percibidos en el mencionado lapso. 1.2. La causal de revisión invocada El apoderado de la entidad recurrente invocó las causales previstas en los literales

emolumentos percibidos en el mencionado lapso. 1.2. La causal de revisión invocada El apoderado de la entidad recurrente invocó las causales previstas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 y, en desarrollo de estas, expuso los siguientes argumentos:

1. El juzgador se apartó de la interpretación que había desarrollado la Co rte Constitucional sobre el inciso 3.º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Con ello, se desconoció el derecho al debido proceso, las formas propias de cada juicio y los principios superiores de legalidad consagrados en los artículos 1, 2, 4, 6, 13, 29, 121, 123 –inciso 2.º– y 124 de la Constitución Política.5

Radicación: 11001 03 25 000 2019 00020 00 (0082-2019) Demandante: UGPP ii) En el expediente se acreditó que la señora Pérez Epalza es beneficiari a del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por ende , el régimen pensional aplicable es el dispuesto en la Ley 33 de 1985, de conformidad con el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

En este sentido, conforme al inciso 2.º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, las prerrogativas de transición consisten en que a las personas que queden cobijadas por estas les asiste el derecho a que se les aplique el régimen anterior al cual se encontraban afiliadas, en lo que tiene que ver con la edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio y el monto de la prestación.

por estas les asiste el derecho a que se les aplique el régimen anterior al cual se encontraban afiliadas, en lo que tiene que ver con la edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio y el monto de la prestación.

Sin embargo, en lo atinente al ingreso base de liquidación , la norma aplicable es la Ley 100 de 1993, específicamente la regla que indica que el IBL para liquidar la pensión de jubilación de las personas en transición que les faltare menos de 10 años para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del IPC, según certificación del DANE. En igual sentido , lo ha señalado la Corte Constitucional en las Sentencias C168 de 1995, C -258 de 2013, SU -230 de 2015, SU -427 de 2016, SU -210 de 2017, SU-395 de 2017, SU -631 de 2017 y T -039 de 2018, las cuales constituyen precedente obligatorio.

1. El Decreto 1158 de 1994 recoge los factores salariales sobre los cuales debe calcularse la prestación que percibe la demandada, comoquiera que, se insist e, ella adquirió el estatus jurídico de pensionada en vigencia de la citada norma.

1. En razón a la sentencia cuya revisión se solicita, la pensión devengada por la señora Irma Esther Pérez Epalza se incrementó sin que exista justificación legal ni jurisprudencial para tal fin, con lo cual se afecta gravemente la sostenibilidad financiera del sistema pensional. 1.3. Contestación a la acción especial de revisión6

señora Irma Esther Pérez Epalza se incrementó sin que exista justificación legal ni jurisprudencial para tal fin, con lo cual se afecta gravemente la sostenibilidad financiera del sistema pensional. 1.3. Contestación a la acción especial de revisión6

Radicación: 11001 03 25 000 2019 00020 00 (0082-2019) Demandante: UGPP Vencido el término para contestar a la acción especial de revisión, se advierte que la señora Irma Esther Pérez Epalza guardó silencio.3

2. Consideraciones 2.1. Competencia Esta corporación es competente para conocer de la acción especial de revisión prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, contra las providencias judiciales «que hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza [...] a solicitud del Gobiern o por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la

Nación».4 Así mismo, es oportuno señalar que conforme a los artículos 6.º –numeral 6 – del Decreto 575 de 2013 y 156 de la Ley 1151 de 2007, la UGPP está legitimada para la interposición de este recurso, teniendo en cuenta que se le asigna la función de adelantar o asumir, cuando haya lugar, las acciones previstas en el artículo 2 0 de la Ley 797 de 2003, como lo reconoció la Corte Constitucional en la Sentencia SU -427 de 2016. 2.2. Oportunidad

adelantar o asumir, cuando haya lugar, las acciones previstas en el artículo 2 0 de la Ley 797 de 2003, como lo reconoció la Corte Constitucional en la Sentencia SU -427 de 2016. 2.2. Oportunidad El inciso 4.º del artículo 251 de la Ley 1437 de 2011 dispone que «en los casos previstos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el recur so deberá presentarse dentro de los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial». En el sub lite, el fallo objeto de revisión quedó en firme el 11 de octubre de 2018 5 y la

3 Sobre este punto, conviene precisar que la demandada fue notificada de la acción especial de revisión de la referencia a través de correo electrónico enviado el 15 de septiembre de 2022 (índice 28) a la dirección jose40.40@hotmail.com, la cual fue allegada –con sus soportes – por el apoderado de la UGPP, en el memorial visible en el índice 27 del aplicativo Samai del Consejo de Estado. 4 Cabe agregar, que la Corte Constitucional, a través de la Sentencia SU -427 de 2016, también reconoció a la UGPP como sujeto activo para presentar la acción de revisión de que trata el citado artículo 20 de la Ley 797 de 2003. 5 Folio 372 (página 488 del archivo PDF) del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho 47001 33 33 006 2013 00045 00, visible en el índice 15 del aplicativo SAMAI.7

Radicación: 11001 03 25 000 2019 00020 00 (0082-2019)

Demandante: UGPP

47001 33 33 006 2013 00045 00, visible en el índice 15 del aplicativo SAMAI.7

Radicación: 11001 03 25 000 2019 00020 00 (0082-2019) Demandante: UGPP acción especial se interpuso el 18 de diciembre de 2018 ,6 por lo que es dable concluir que se presentó dentro del término establecido en la ley. 2.3. El problema jurídico Consiste en establecer si la sentencia del 15 de agosto de 2018 , proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena se encuentra inmersa en la s causales contempladas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 , que permite acudir a la acción especial de revisión «[c]uando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso», y «[c]uand o la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables». 2.4. Marco normativo 2.4.1. La acción de revisión de la Ley 797 de 2003

El artículo 20 de la Ley 797 de 2003 estableció la posibilidad de revisión de las providencias judiciales que hubiesen decretado el reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública, en los siguientes términos: ARTÍCULO 20. REVISIÓN DE RECONOCIMIENTO DE SU MAS PERIÓDICAS A CAR GO DEL TESORO PÚBLICO O DE FONDOS DE NATURALEZA PÚBLICA. <Apartes tachados INEXEQUIBLES> Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan

TESORO PÚBLICO O DE FONDOS DE NATURALEZA PÚBLICA. <Apartes tachados INEXEQUIBLES> Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias , a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación.

La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o conciliación judicial o extrajudicial.

La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales consagradas para est e en el mismo código y además:

6 Folio 252, revés, del expediente de la acción especial de revisión.8

Radicación: 11001 03 25 000 2019 00020 00 (0082-2019) Demandante: UGPP a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y

b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables. Como puede observarse, si bien la norma transcrita indica que la acción de revisión debe tramitarse a tr avés del procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión, que actualmente se encuentra regulado por los artículos 248 y

Como puede observarse, si bien la norma transcrita indica que la acción de revisión debe tramitarse a tr avés del procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión, que actualmente se encuentra regulado por los artículos 248 y siguientes del CPACA, lo cierto es que presenta aspectos que lo particularizan y que han sido advertidos tanto por la jurisprudencia del Consejo de Estado como de la Corte Constitucional, entre los cuales se tienen los siguientes: i) Son susceptibles del recurso no solo las sentencias ejecutoriadas, sino también otro tipo de providencias que tengan como efecto el reconoc imiento de una prestación, ellas pueden ser autos que terminan anormalmente el proceso y aquellos actos que sean consecuencia de acuerdos, tales como transacción y conciliación. ii) Están legitimadas para su interposición el Gobierno nacional –por conducto de los Ministerios de Trabajo y de Hacienda y Crédito Público –, del contralor General de la República o del procurador General de la Nación y las administradoras públicas que conceden las pensiones. iii) Respecto de su alcance la jurisprudencia advirtió que no se extiende a reabrir el debate probatorio, sino que se trata de revisar el valor de las pensiones reconocidas en contra de lo ordenado por la ley, con el propósito de salvaguardar el equilibrio entre la prestación y su legalidad, además de velar p or la protección de los recursos limitados del tesoro público, la liquidez, solvencia y sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social, así como el principio de universalidad que lo inspira. iv) De esta manera, no se trata de una tercera instancia que adm ita analizar de nuevo sobre el derecho a una prestación, pues su marco se encuentra circunscrito a

Seguridad Social, así como el principio de universalidad que lo inspira. iv) De esta manera, no se trata de una tercera instancia que adm ita analizar de nuevo sobre el derecho a una prestación, pues su marco se encuentra circunscrito a revisar los aspectos concernientes al reconocimiento del derecho (literal a) y a la liquidación de aquel (literal b), cuando se concedió con vulneración del debido proceso o de la ley, o en un valor mayor al que corresponde, respectivamente.9

Radicación: 11001 03 25 000 2019 00020 00 (0082-2019) Demandante: UGPP v) Igualmente, se entienden excluidos de su alcance los asuntos relativos al reconocimiento de prestaciones periódicas inferiores a las que se deben de acuerdo con las normas que rigen la materia.

Con todo, conviene recordar que el ejercicio de esta clase de recursos entra en colisión con la institución de la cosa juzgada y la seguridad jurídica, pero, precisamente, estos mecanismos se instituyeron como una excepción que debe admitirse frente a un fin legítimo, el cual es determinar si el reconocimiento pensional se hizo con violación al debido proceso o si la cuantía reconocida excede lo ordenado por la ley. Así lo precisó la Corte Constitucional al decidir la exequibi lidad del artículo 249 del CPACA en la Sentencia C -450 de 2015, donde reiter ó7 que el recurso extraordinario de revisión, previsto en la mayoría de las áreas del derecho, 8 procede contra sentencias ejecutoriadas «buscando esencialmente el restablecimiento de la justicia material y constituyendo una excepción al principio general de la cosa juzgada». En conclusión, el principio de cosa juzgada admite tanto las excepciones dispuestas

sentencias ejecutoriadas «buscando esencialmente el restablecimiento de la justicia material y constituyendo una excepción al principio general de la cosa juzgada». En conclusión, el principio de cosa juzgada admite tanto las excepciones dispuestas por el legislador como las previstas en las normas que gobiernan el recurso extraordinario y, por ende, la acción especial que en este caso se impetra. 2.4.2. Alcance de las causales de revisión Además de las causales previstas en el artículo 250 del CPACA, el legislador estableció otros eventos de revisión en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

7 Corte Constitucional, sentencia C -871 de 2003: «Con todo, el principio de la cosa juzgada no tiene carácter absoluto pues puede llegar a colisionar con la justicia material del caso concreto. Para enfrentar tal situación se ha consagrado la acci ón de revisión, la cual permite en casos excepcionales dejar sin valor una sentencia ejecutoriada en aquellos casos en que hechos o circunstancias posteriores a la decisi ón judicial revelan que ésta es injusta. En este sentido puede afirmarse que la revisión se opone al principio res iudicata pro veritate habertur para evitar que prevalezca una injusticia, pues busca aniquilar los efectos de la cosa juzgada de una sentencia injusta y reabrir un proceso ya fenecido. Su fin último es, entonces, buscar el imperi o de la justicia y verdad material, como fines esenciales del Estado». 8 Corte Constitucional, sentencia C -520-09: «la procedencia y causales del recurso extraordinario de

proceso ya fenecido. Su fin último es, entonces, buscar el imperi o de la justicia y verdad material, como fines esenciales del Estado». 8 Corte Constitucional, sentencia C -520-09: «la procedencia y causales del recurso extraordinario de revisión se encuentran regulados: (i) En materia civil, en el C ódigo de Procedimie nto Civil, los artículos 379 y 380. En materia laboral, en la Ley 712 de 2001, art ículos 30 y 31; (iii) En el ámbito penal, en la Ley 600 de 2000, art ículo 192; y (iv) En materia contencioso -administrativa, en el C ódigo Contencioso Administrativo, Art ículo 188. (modificado por el art ículo 57 de la Ley 446 de 1998)». Actualmente, las causales del recurso extraordinario de revisi ón en materia contenciosoadministrativa están previstas, en forma taxativa, en el artículo 250 del CPACA.10

Radicación: 11001 03 25 000 2019 00020 00 (0082-2019) Demandante: UGPP Conforme consta en la exposición de motivos de esta norma, los artículos 20 y 21 de la Ley 797 de 2003 « contemplan la posibilidad de revisar las decisiones judiciales , las conciliaciones o las transacciones que han reconocido pensiones irregularmente o por montos que no corresponden a la ley . Así mismo, se cont empla la posibilidad de revocar las pensiones irregularmente otorgadas. De esta manera se permite afrontar los graves casos de corrupción en esta materia y evitar los grandes perjuicios que pueda sufrir la Nación».9

Teniendo en cuenta lo anterior, esta corporación ha señalado que la finalidad de la

afrontar los graves casos de corrupción en esta materia y evitar los grandes perjuicios que pueda sufrir la Nación».9 Teniendo en cuenta lo anterior, esta corporación ha señalado que la finalidad de la norma trascrita consiste en dotar « a las entidades públicas pagadoras de pensiones y a los entes de control, de una herramienta judicial para solicitar la corrección de los reconocimientos pensionales que se encuadren en dichas causales […]».10 Adicionalmente, la jurisprudencia de esta Sección ha precisado que el objeto de la citada norma «consistió en incluir causales cualificadas de revisión, con el propósito primordial de realizar un estudio de las pensiones re conocidas en forma contraria a la ley, de modo que, en últimas, se eviten perjuicios de carácter patrimonial al erario».11 Retomando las causales específicas de revisión, el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 prevé la posibilidad de revisar las sentencias que reconocen sumas periódicas a dos eventos: el primero, que el reconocimiento se haya obtenido con violación del debido proceso; y, el segundo, cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención. Para el análisis de este recurso y de las causales antes mencionadas, corresponde al juez determinar que los supuestos fácticos y jurídicos expuestos por el recurrente encuadren en las causales taxativamente previstas por el legislador, sin que sea posible, en ningún caso, que por este medio se puedan plantear discusiones propias de las instancias ordinarias o subsanar falencias en la defensa dentro del proceso,

9 Consejo de Es tado, Sala Cuatro Especial de Decisión, sentencia de 5 de diciembre de 2017, radicado 2017-01529 (REV).

de las instancias ordinarias o subsanar falencias en la defensa dentro del proceso,

9 Consejo de Es tado, Sala Cuatro Especial de Decisión, sentencia de 5 de diciembre de 2017, radicado 2017-01529 (REV). 10 Ibidem. 11 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A; sentencia del 21 de junio de 2018, radicado 2014 00845 00 (2743-13).11

Radicación: 11001 03 25 000 2019 00020 00 (0082-2019) Demandante: UGPP sino que, efectivamente, se verifique que la pensión reconocida haya sido irregularmente otorgada o no corresponda a lo previsto y ordenado en la ley. 2.4.3. Efectos de la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado, respecto a la interpretación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993

Mediante la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018, 12 la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en interés de unificar su jurisprudencia respecto de los criterios interpretativos del inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, relativos a si se aplica o no el régimen de transición al IBL, estableció las siguientes reglas:

El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 hace parte del régimen de transición para aquellas personas beneficiarias del mismo que se pensionen con los requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo del régimen general de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985.

Como fundamento para establecer dicha regla, la Sala expuso, entre

del mismo que se pensionen con los requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo del régimen general de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985.

Como fundamento para establecer dicha regla, la Sala expuso, entre consideraciones, la siguiente:

91. Para la Sala Plena de esta Corporación esa es la lectura que debe darse del artículo 36 de la Ley 100 de 1993. El artículo 36 contiene todos los elementos y condiciones para que las personas beneficiarias del régimen de transición puedan adquirir su pensión de vejez con la edad , el tiempo de servicios o semanas de cotización y la tasa de reemplazo del régimen anterior y con el IBL previsto en el mismo artículo 36, inciso 3, y en el artículo 21 de la Ley 100 de

1993. La regla establecida por el legislador en el inciso 3 del artíc ulo 36 de la Ley 100 de 1993 excluyó la aplicación ultractiva del ingreso base de liquidación que consagraba el régimen general de pensiones anterior a dicha ley. El reconocimiento de la pensión en las condiciones previstas a cabalidad por el artículo 36 d e la Ley 100 de 1993 constituye un verdadero beneficio para este grupo poblacional, porque frente a los mismos requisitos que están consagrados para el Sistema General de Pensiones, indudablemente, le son más favorables. (Resaltado fuera del texto original).

Adicionalmente, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado definió las siguientes subreglas:

12 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 28 de agosto de 2018, radicado N.º 52001 23 33 000 2012 00143 01.12

12 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 28 de agosto de 2018, radicado N.º 52001 23 33 000 2012 00143 01.12

Radicación: 11001 03 25 000 2019 00020 00 (0082-2019) Demandante: UGPP La primera, se refiere al periodo para liquidar las pensiones de los servidores públicos que adquieran el derecho conforme a las co ndiciones de la Ley 33 de 1985

(edad, tiempo y tasa de reemplazo), y se fijó en los siguientes términos:

• Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso base de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.

• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.

La segunda, determina «que los factores salariales que se deben incluir en el IBL para la pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la