CE - 010325000201900046001SENTENCIA20230330105833

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D. C., nueve (9) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN Radicación: 11001-03-25-000-2019-00046-00 (0128-2019) Demandante: Elías Ortiz Sierra Demandado: Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (CASUR) Tema: Causal 5ª del artículo 250 del CPACA

Decide la Sala el recurso extraordinario de revisión interpuesto por el apoderado judicial del señor Elías Ortiz Sierra contra la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, del 7 de diciembre de 2017, a través de la cual se confirmó la providencia emitida por el Juzgado Veinticinco Administrativo Oral del Circuito de Bogotá, el 4 de abril de 2017, que había negado las pretensiones de la demanda, en el proceso de radicado 11001 33 31 025 2016 00216 01.

1. Antecedentes

1.1. El recurso extraordinario de revisión

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del recurso extraordinario que regula el artículo 248 y siguientes de la Ley 1437 de 2011, el señor Elías Ortiz Sierra , mediante apoderado, solicitó i) la

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del recurso extraordinario que regula el artículo 248 y siguientes de la Ley 1437 de 2011, el señor Elías Ortiz Sierra , mediante apoderado, solicitó i) la revisión de la sentencia emitida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, del 7 de diciembre de 2017,1 con el fin de obtener su revocatoria «por ser violatoria de las normas constitucionales y legales» ; ii) declarar la nulidad del Oficio 7277/GAG SDP del 19 de marzo de 2009, proferido por el director general (e) de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (CASUR);

1 A través de la cual se confirmó la sentencia de primera instancia proferida el 4 de abril de 2017, por el Juzgado Veinticinco Administrativo Oral del Circuito de Bogotá.2

Radicación: 11001-03-25-000-2019-00046-00 (0128-2019) Demandante: Elías Ortiz Sierra iii) pagar, reajustar e indexar «la asignación del 30 % de la prima de actividad», de acuerdo con las normas constitucionales y legales aplicables ; iv) no condenar en costas a la parte accionante, teniendo en cuenta que «la demanda fue presentada de conformidad con la [C]onstitución y la ley, [y no] hubo temeridad ni mala fe.»2

1.1.2. Hechos

Como hechos relevantes, el apoderado del recurrente señaló los siguientes:

1. El 29 de noviembre de 1994, la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional

1.1.2. Hechos

Como hechos relevantes, el apoderado del recurrente señaló los siguientes:

1. El 29 de noviembre de 1994, la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional

(CASUR) expidió la Resolución 6474, a través de la cual reconoció al señor Ortiz Sierra una asignación de retiro y una prima de actividad en el equivalente al 20 %.

1. El 19 de marzo de 2009, mediante el Oficio 7277 /GAG/SDP CASUR informó al hoy

recurrente lo siguiente:

«[…] En cuanto a la vigencia de los Decretos 2070 de 2003 y 4433 de 2004, comenzaron a regir a partir de la fecha de su publicación, fechas para las cuales usted ostentaba la calidad de retirado, no siendo aplicables para su caso. […]».

1.1.3. La sentencia objeto de revisión

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda , Subsección D, mediante sentencia del 7 de diciembre de 20173 confirmó la providencia del Juzgado Veinticinco Administrativo Oral de Bogotá del 4 de abril de 2017, que había negado las pretensiones del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 2016 00216 01, promovido por el señor Elías Ortiz Sierra contra CASUR, en atención a los siguientes fundamentos jurídicos:

1. El problema jurídico se circunscribe a determinar si l e asiste derecho a l demandante al reajuste de la prima de actividad en un porcentaje del 50 % desde el 1.° de enero de 2005, con fundamento en la Ley 923 de 2004 y en el Decreto 4433

demandante al reajuste de la prima de actividad en un porcentaje del 50 % desde el 1.° de enero de 2005, con fundamento en la Ley 923 de 2004 y en el Decreto 4433 de 2004, comoquiera que aquel emolumento le fue liquidado en su asignación de retiro en un 20 %.

2 Folio 13. 3 Folios 3 al 7.3

Radicación: 11001-03-25-000-2019-00046-00 (0128-2019) Demandante: Elías Ortiz Sierra ii) El Decreto 4433 de 2004 expresamente señaló las partidas computables en las asignaciones de retiro y en las pensiones de invalidez y sobrevivencia, sin precisar frente a la prima de actividad un porcentaje determinado , como sí lo establecieron los Decretos 1211, 1212 y 1213 de 1990.

1. El principio de oscilación de las pensiones y de las asignaciones de retiro, contrario a lo señalado por el demandante, no implica la obligación de liquidarlas con el total de los emolumentos devengados en actividad, máxime cuando en el sub lite existe una normatividad específica sobre la cual consolidó su situación jurídica, que dispone porcentajes determinados para las partidas computables.

1. E l actor , bajo el amparo del principio de oscilación, no puede solicitar la reliquidación de su asignación de retiro conforme a los requisitos y beneficios contenidos en el Decreto 4433 de 2004, comoquiera que, por un lado, su situación pensional se consolidó bajo el Decreto 1213 de 1990, el cual regía para la fecha de su retiro del servicio y, por el otro, la fecha de entrada en vigencia del Decreto 4433

pensional se consolidó bajo el Decreto 1213 de 1990, el cual regía para la fecha de su retiro del servicio y, por el otro, la fecha de entrada en vigencia del Decreto 4433 de 2004 data el 31 de diciembre de 2004, a partir de la cual sus efectos fueron hacia futuro y no en forma retroactiva , lo que impide aplicar sus disposiciones a la situación fáctica del señor Ortiz Sierra.

1. En consecuencia, al demandante no le asiste el derecho a que la prima de actividad sea reajustada al 50 %, porque si bien es cierto a la luz del Decreto 4433 de 2004 aquella es computa ble en su totalidad en la asignación de retiro, también lo es que ese beneficio es para quien consolidó el derecho prestacional con posterioridad a su entrada en vigor.

Finalmente, la entidad demandada no vulneró el principio de igualdad ya que el demandante se encuentra en una situación distinta a la de l personal que se retira del servicio bajo la égida del Decreto 4433 de 2004. Por lo expuesto, se impone confirmar la decisión de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda y se condena en costas.

1.1.4. La causal de revisión invocada4

Radicación: 11001-03-25-000-2019-00046-00 (0128-2019) Demandante: Elías Ortiz Sierra El apoderado de la parte recurrente invocó la causal quinta del artículo 250 del CPACA, que señala «5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación» y, en desarrollo de esta,

expuso los siguientes argumentos:

CPACA, que señala «5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación» y, en desarrollo de esta, expuso los siguientes argumentos:

1. La sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sec ción Segunda, Subsección D, desconoció el artículo 13 de la Constitución Política4 y la Ley 923 de 2004, pues pese a que el Decreto 2863 de 20 07 reconoció a los oficiales y suboficiales de la Policía Nacional un incremento del 50 % de la prima de actividad en su asignación de retiro, los agentes de la referida institución, en virtud de los derechos de igualdad y debido proceso, tienen derecho a que se les extienda aquel beneficio.

1. La Ley 923 de 2004 consagra que los principios de universalidad, igualdad, equidad, responsabilidad financiera, intangibilidad, solidaridad y oscilación deben guiar al Gobierno nacional al momento de reconocer las asignaciones de retiro a los miembros de la Fuerza Pública ; sin embargo, el Decreto 2863 de 20 07 desmejoró a los agentes que gozan de una asignación de retiro, «razón suficiente para anular el oficio formulado» por CASUR.

1. El tribunal desconoció el derecho al debido proceso porque debió observar el Decreto 4433 de 2004, que reglamentó la Ley 923 de 2004, el cual no excluyó a los agentes de la Policía Nacional en el reconocimiento e indexación de la prima de actividad, como sí lo hizo el Gobierno nacional en el Decreto 2863 de 2007.

1.2. Contestación al recurso extraordinario de revisión

Vencido el término para presentar contestación el recurso extraordinario de revisión,

actividad, como sí lo hizo el Gobierno nacional en el Decreto 2863 de 2007.

1.2. Contestación al recurso extraordinario de revisión

Vencido el término para presentar contestación el recurso extraordinario de revisión, la parte demandada guardó silencio.5

4 Así mismo, el recurrente cita los artículo 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 14 de la Convención Europea para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales. 5 Tras revisar el expediente y el sistema SAMAI, la Sala advierte que CASUR guardó silencio. Lo anterior, pese a que esta Corporación el 14 de diciembre de 2020, notificó personalmente de forma electrónica a la entidad demandada el contenido del recurso extraordinario de revisión interpuesto por el señor Elías Ortiz Sierra; visible a índice 7 de la plataforma SAMAI.5

Radicación: 11001-03-25-000-2019-00046-00 (0128-2019)

Demandante: Elías Ortiz Sierra

2. Consideraciones

2.1. Competencia

El presente recurso de revisión se interpuso el 7 de diciembre de 2018,6 esto es, en vigencia del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011) ,7 por lo cual, esta corporación es competente para conocerlo, en virtud del numeral 2. ° del artículo 249 ejusdem.8 Asimismo, atendiendo al criterio de especialización, por tratarse de un asunto de carácter laboral, la Sección Segunda, en la Subsección a la que corresponda el reparto del proceso, es competente para conocer del recurso extraordinario, según lo previsto

atendiendo al criterio de especialización, por tratarse de un asunto de carácter laboral, la Sección Segunda, en la Subsección a la que corresponda el reparto del proceso, es competente para conocer del recurso extraordinario, según lo previsto en el artículo 13 del Acuerdo 080, de 12 de marzo de 2019.9

2.2. Oportunidad

El artículo 251 del CPACA dispone que el recurso extraordinario de revisión « [...] podrá interponerse dentro del año siguiente a la ejecutoria de la respectiva sentencia.». En el sub lite, la sentencia objeto de revisión cobró ejecutoria el día 14 de febrero de 2018,10 y el recurso de revisión se interpuso el 7 de diciembre de 2018;11 por lo tanto, el recurso fue presentado dentro del término establecido por la norma en cita.

2.3. El problema jurídico

Consiste en establecer si la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, del 7 de diciembre de 2017, está incursa en la

6 Folio 13 reverso. 7 El CPACA entró en vigencia el 2 de julio de 2012. 8 «Artículo 249. Competencia. (...) De los recursos de revisi ón contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocer án las secciones y subsecciones del Consejo de Estado seg ún la materia . De los recursos de revisi ón contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los jueces administrativos conocerán los Tribunales Administrativos.» 9 «Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado». 10 Consta en el expediente que la sentencia objeto de re visión fue notificada electrónicamente a las

administrativos conocerán los Tribunales Administrativos.» 9 «Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado». 10 Consta en el expediente que la sentencia objeto de re visión fue notificada electrónicamente a las partes el 9 de febrero de 2018, visible en el expediente ordinario obrante a índice 11 de la plataforma SAMAI, de manera que cobró ejecutoria el 15 del mismo mes y año. 11 Folio 13 reverso.6

Radicación: 11001-03-25-000-2019-00046-00 (0128-2019) Demandante: Elías Ortiz Sierra causal de revisión del numeral 5.° del artículo 250 del CPACA que establece « 5.

Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación».

2.4. Marco normativo y jurisprudencial

2.4.1. Sobre el recurso extraordinario de revisión La jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado ha sido pacífica en considerar que el recurso de revisi ón constituye una excepci ón al principio de inmutabilidad de las sentencias, pues permite «cuestionar la firmeza de la sentencia ejecutoriada, con el fin de corregir los errores o ilicitudes que llevaron a una sentencia contraria a derecho»; 12 por tal raz ón, su procedencia se limita a las causales taxativamente previstas por el legislador, las cuales deben interpretarse de manera restrictiva. En igual sentido, se ha sostenido que más que un recurso es una verdadera acción, cuyo prop ósito consiste en el «restablecimiento de la justicia material». As í lo

de manera restrictiva. En igual sentido, se ha sostenido que más que un recurso es una verdadera acción, cuyo prop ósito consiste en el «restablecimiento de la justicia material». As í lo consideró la Corte Constitucional en la Sentencia C -450 de 2015, donde hizo un detallado análisis jurisprudencial, bajo el cual se estudiar á el presente recurso. En dicha sentencia se expuso lo siguiente: Sobre el particular, sea lo primero indicar que la Corte Constitucional reiteradamente ha indicado que el recurso extraordinario de revisi ón, en t érminos generales, funge como una excepci ón al principio de la c osa juzgada, «y ampara todas las sentencias ejecutoriadas, para que puedan enmendarse los errores o ilicitudes cometidos en su expedición, y se restituya el derecho al afectado a trav és de una nueva providencia fundada en razones de justicia material, qu e resulte acorde con el ordenamiento jurídico». Por lo tanto, resulta claro que a criterio de la jurisprudencia constitucional, el recurso extraordinario de revisión, previsto en la mayor ía de las áreas del derecho, ha sido dise ñado para proceder cont ra las sentencias ejecutoriadas, por las causales taxativas que en cada caso haya definido el Legislador, las cuales, por regla general, giran en torno a hechos o circunstancias posteriores a la decisión y que revelan que ésta es materialmente injusta.(...) En cambio, el recurso extraordinario de revisi ón tal como quedó estructurado en el Decreto 01 de 1984, procede contra todas las sentencias ejecutoriadas dictadas por los Tribunales Administrativos y por el Consejo de Estado.

es materialmente injusta.(...) En cambio, el recurso extraordinario de revisi ón tal como quedó estructurado en el Decreto 01 de 1984, procede contra todas las sentencias ejecutoriadas dictadas por los Tribunales Administrativos y por el Consejo de Estado. Este recurso es una innovación en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, pero su origen inmediato est á en el recurso extraordinario de revisi ón existente en la jurisdicción civil. Su finalidad es el restablecimiento de la justicia , y como se dirige

12 Corte Constitucional, Sentencia C-520 de 2009; M.P. María Victoria Calle Correa.7

Radicación: 11001-03-25-000-2019-00046-00 (0128-2019) Demandante: Elías Ortiz Sierra contra sentencia s ejecutoriadas, se convierte en una limitaci ón a una de las características de la cosa juzgada: la inmutabilidad. [...] Se puede decir entonces, que el recurso extraordinario de revisi ón en materia administrativa tiene su origen inmediato en el recurs o extraordinario de revisi ón en el campo civil, y al igual que este, se dirige contra sentencias ejecutoriadas, buscando esencialmente el restablecimiento de la justicia material y constituyendo una excepción al principio general de la cosa juzgada . (... ) [Negrillas y cursivas del original] Por su parte, en lo relacionado con la jurisdicci ón contencioso administrativa, el Consejo de Estado, en diversas oportunidades, también se ha pronunciado sobre la naturaleza y alcance del recurso excepcional de rev isión. De ah í que en vigencia del antiguo Código Contencioso Administrativo, el alto tribunal reconocía la revisión,

Consejo de Estado, en diversas oportunidades, también se ha pronunciado sobre la naturaleza y alcance del recurso excepcional de rev isión. De ah í que en vigencia del antiguo Código Contencioso Administrativo, el alto tribunal reconocía la revisión, no obstante, la autoridad de la cosa juzgada que ampara las sentencias ejecutoriadas y previa la constataci ón de la ocurrencia de alg una de las expresas causales que autorizan su utilizaci ón, permite enmendar errores o ilicitudes cometidos en la expedición de la sentencia recurrida, con el fin de restituir el derecho al afectado a trav és de una nueva sentencia. As í lo se ñalaba en l a siguiente providencia de 2005: Este medio de impugnaci ón ha sido erigido por el Legislador como una excepci ón al principio de la inmutabilidad de las sentencias que hacen tr ánsito a cosa juzgada material; y con él se abre paso a la posibilidad de co ntrovertir un fallo ejecutoriado, en relación con los hechos y sus pruebas, siempre que el mismo resulte contrario a la Justicia y al Derecho, y de acuerdo con las causales establecidas y con único fin de que se produzca una decisi ón ajustada a la ley. Es presupuesto del citado medio extraordinario, que constituye una verdadera acci ón impugnatoria con efectos rescisorios, que exista una relaci ón procesal cerrada y por lo mismo no se pueden discutir los asuntos de fondo (fuente de la mencionada relación), ni se pueden fiscalizar las razones fácticas y jurídicas debatidos en el proceso que dio lugar al aparecimiento

discutir los asuntos de fondo (fuente de la mencionada relación), ni se pueden fiscalizar las razones fácticas y jurídicas debatidos en el proceso que dio lugar al aparecimiento del fallo que se impugna. Dicho recurso se dirige contra un fallo en firme cuando después de su firmeza aparecen situaciones de hecho, con su prueba, que pueden hacer evidente que el fallo fue erróneo o injusto.13 En lo que interesa al carácter instrumental del recurso, debe señalarse que el último criterio adoptado por la Sala Plena del Consejo de Estado determina que este debe interpretarse como una actuaci ón independiente del asunto de origen, por lo que

13 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 18 de octubre de 2005, Radicado: 1998-00173-00 (REV–173). C.P: María Elena Giraldo Gómez.8

Radicación: 11001-03-25-000-2019-00046-00 (0128-2019) Demandante: Elías Ortiz Sierra constituye un nuevo proceso, es decir, un verdadero medio de control. En sentencia de 3 de febrero de 2015, lo afirmó de la siguiente manera: […] el recurso extraordinario de revisión constituye un nuevo proceso y no una instancia adicional en la que los interesados pueden plantear el asunto objeto del litigio original.

Pese a su nombre -recurso extraordinario-, este se inicia con una demanda contra la sentencia, la que está sujeta a una serie de requisitos que deben ser observados para su admisibilidad y procedencia, es decir, es un medio de control m ás que consagró el legislador en la jurisdicci ón contencioso-administrativa. Huelga advertir como una nota

su admisibilidad y procedencia, es decir, es un medio de control m ás que consagró el legislador en la jurisdicci ón contencioso-administrativa. Huelga advertir como una nota al margen, que el Código General del Proceso, Ley 1564 de 2012, al hacer referencia a este recurso al igual que lo hac ía el Código de Procedimiento Civil que aquel modific ó, señala que este se debe interponer por medio de una demanda, art ículos 357 y 382 respectivamente. En otros t érminos, el recurso es, se repite una verdadera acci ón o medio de control. En consecuencia, a partir del auto de la Sala Plena del pasado 12 de agosto quedó claro que el mencionado recurso es un nuevo proceso.14 Normativamente, el recurso extraordinario de revisión está previsto en los artículos 248 y siguientes del CPACA. Procede contra las sentencias ejecutoriadas dictadas por «i) las Secciones y Subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado; ii) los Tribunales Administrativos; y iii) los Jueces Administrativos».15 El plazo para su interposición es de un año, contado a partir de la ejecutoria de la sentencia objeto de impugnaci ón,16 y debe reunir los requisitos fijados en el art ículo 252 ejusdem, con indicación precisa y razonada de la causal invocada, acompañada de las pruebas documentales que el recurrente tenga en su poder y pretenda hacer valer. Para su procedencia, resulta imperativo acreditar las circunstancias f ácticas que configuran la c ausal de revisi ón invocada, cuya presencia alteran de forma

poder y pretenda hacer valer. Para su procedencia, resulta imperativo acreditar las circunstancias f ácticas que configuran la c ausal de revisi ón invocada, cuya presencia alteran de forma inequívoca el sentido de la decisión. Además, debido a su carácter excepcional, el recurso solo admite los eventos contemplados expresamente en el artículo 250 del CPACA como causales, los c uales, en esencia, corresponden a vicios o errores de

14 Consejo de Estado, Sala Contenciosa Administrativa, Sala Especial de Decisión N.° 27, sentencia de 3 de febrero de 2015; radicado 11001 -03-15-000-2014-00387-00(REV); C.P. Alberto Yepes Barreiro. 15 Artículo 249 CPACA. 16 Artículo 251 CPACA.9

Radicación: 11001-03-25-000-2019-00046-00 (0128-2019) Demandante: Elías Ortiz Sierra carácter procedimental.17 En sentencia de 8 de mayo de 2019, 18 esta corporación, respecto de los requisitos esenciales para la prosperidad del recurso, sostuvo lo

siguiente: [D]ada la naturaleza extr aordinaria del recurso de revisi ón, se prev é, como uno de los requisitos para su procedencia, que las razones o motivos que constituyen las causales del recurso no hayan sido provocadas ni le sean imputables al afectado con la sentencia, en el entendido de que este recurso no consagra una nueva instancia, ni prev é oportunidades para que las partes subsanen conductas omisivas o negligentes en las que hubiesen podido incurrir durante el trámite del proceso.

en el entendido de que este recurso no consagra una nueva instancia, ni prev é oportunidades para que las partes subsanen conductas omisivas o negligentes en las que hubiesen podido incurrir durante el trámite del proceso. Paralelamente a estos eventos de revisi ón, la Ley 797 de 2003 estableci ó una acción sui generis para la revisi ón de sumas peri ódicas otorgadas de manera irregular, por lo que su ejercicio est á restringido a las siguientes condiciones o particularidades: i) una parte activa cualificada, solo unas entidades están llamadas a instaurarla; ii) procede únicamente por dos causales espec íficas que tienen por finalidad, la protecci ón y recuperaci ón del patrimonio p úblico; iii) en su tr ámite se aplica el procedimiento previsto por el CPACA de manera general para las causales del art ículo 250 ejusdem; y, iv) su objeto es delimitado y su an álisis se dirige a establecer la legalidad de las sumas periódicas que han sido reconocidas. Con todo, conviene recordar que si bien estos mecanismos se instituye ron como una excepci ón que debe admitirse frente a un fin leg ítimo, su ejercicio entra en colisión con la institución de la cosa juzgada y el principio de la seguridad jur ídica, por lo que no es admisible su interposición para controvertir la legalidad de los actos demandados en el proceso ordinario, ni para corregir los yerros probatorios que

17 «De ahí que los vicios o errores en que se deban fundamentar los recursos extraordinarios de revisión, conforme con las causales taxativas previstas por el legislador en el art ículo 250 del CPACA, deben ser eminentemente procedimentales, pues ninguna causal cuestion a la labor

17 «De ahí que los vicios o errores en que se deban fundamentar los recursos extraordinarios de revisión, conforme con las causales taxativas previstas por el legislador en el art ículo 250 del CPACA, deben ser eminentemente procedimentales, pues ninguna causal cuestion a la labor intelectual de juzgamiento, sino que involucran bien sea una irregularidad de car ácter procesal (numeral 5°, referido a la existencia de causal de nulidad originada en la sentencia, y numeral 8°, referido al desconocimiento de la cosa juzgada), o bien, aspectos que ata ñen a la validez intrínseca o insuficiencia de los elementos de prueba que determinaron el sentido de la decisión (numerales 1°, 2°, 3°, 6° y 7°), a excepci ón de la causal del numeral 4°, referida a la violencia o cohecho en qu e se pudo incurrir en el pronunciamiento del fallo». Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 7 de mayo de 2013, radicado: 2010-00038-00 (REV) C.P. Mauricio Torres Cuervo. 18 Consejo de Estado, Secci ón Tercera, Subsección A, radicado 2013 -00035-00; C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.10

Radicación: 11001-03-25-000-2019-00046-00 (0128-2019) Demandante: Elías Ortiz Sierra cometieron las partes, ni para subsanar aquellas situaciones que pudieron evitarse durante la gestión del proceso que dio origen a la sentencia objeto de revisión. 2.4.2. Causal de revisión 5ª del artículo 250 del CPACA

cometieron las partes, ni para subsanar aquellas situaciones que pudieron evitarse durante la gestión del proceso que dio origen a la sentencia objeto de revisión. 2.4.2. Causal de revisión 5ª del artículo 250 del CPACA

La parte recurrente invocó como fundamento del recurso extraordinario la causal prevista en el numeral 5.° del artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, cuyo contenido es el siguiente: Artículo 250. Causales de revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el art ículo 20 de la Ley 797 de 2003, son causales de revisión:

5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación […] Según el anterior precepto jur ídico, para dar por probada la causal es necesario e inexcusable que la sentencia objetada cumpla con los siguientes dos elementos: i) que exista nulidad procesal, y ii) que tal nulidad se origine en una sentencia que ponga fin al proceso y contra la cual no proceda el recurso de apelación.

En relación con el primer elemento, la nulidad originada en la sentencia (que es el fundamento del presente recurso), esta corporaci ón ha se ñalado que, en los aspectos no regulados po r el CPACA, resultan aplicables al proceso contenciosoadministrativo las normas del CPC o del CGP, seg ún la vigencia de dichas disposiciones respecto del proceso que se tramita. Ahora bien, el Consejo de Estado, a trav és de una de sus salas especiales de decisión,19 adoptó la tesis basada en el respeto a la taxatividad y a la legalidad de

disposiciones respecto del proceso que se tramita. Ahora bien, el Consejo de Estado, a trav és de una de sus salas especiales de decisión,19 adoptó la tesis basada en el respeto a la taxatividad y a la legalidad de las nulidades, seg ún la cual, las causales de nulidad de la sentencia son las previstas en el estatuto procesal civil, hoy art ículo 133 del C ódigo General del Proceso, así como aquellas que se originan en la sentencia por violaci ón al debido proceso que consagra el artículo 29 de la Constitución Política. En el presente asunto, el recurso extraordinario de revisión se interpuso en vigencia del CPACA y del CGP, de manera que procede la remisi ón al art ículo 133 de este

19 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintis éis Especial de Decisión; sentencia del 3 de febrero de 2015; radicado: 11001-03-15-000-1998-00157-01(REV).11

Radicación: 11001-03-25-000-2019-00046-00 (0128-2019) Demandante: Elías Ortiz Sierra último cuerpo legal, que enlista las causales de nulidad del proceso. No obstante, en atención a la l ínea jurisprudencial desarrollada por la Corte Constitucional ,20 la Sala Plena de lo Cont encioso Administrativo de esta corporaci ón, mediante sentencia de l 8 de mayo de 2018 ,21 consideró que la nulidad (necesaria para la revisión) no se restringe a las causales que contempla el ordenamiento procesal civil, ya que puede generarse por violaci ón del derecho al debido proceso y, por lo

revisión) no se restringe a las causales que contempla el ordenamiento procesal civil, ya que puede generarse por violaci ón del derecho al debido proceso y, por lo tanto, cabe aplicar el art ículo 29 de la Constituci ón Política. Así se expuso en la citada sentencia: [...] Lo anterior significa que el recurso de revisión, así entendido, y las causales que dan lugar a su solicitud, constituyen un mecanismo judicial destinado a la protección de derechos fundamentales como el de acceso a la justicia y el debido proceso, es decir, es un instrumento o medio de control adicional que el legislador diseñó para la protección de esos derechos fundamentales y, por tanto, hacen parte del haz de acciones para la satisfacci ón plena del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. [Negrillas propias del texto] Sobre los vicios que pueden dar lugar a la nulidad de la sentencia, la jurisprudencia contencioso administrativa ha identificado ciertos supuestos,22 todos ellos recogidos en la sentencia del 31 de mayo de 2011,23 como pasa a exponerse: En s íntesis, la nulidad que tiene origen en la sentencia se presenta por i) falta de jurisdicción o competencia24, ii) cuando se dicta nueva sentencia en proceso terminado normalmente por sentencia firme, iii) cuando sin m ás actuaci ón se dicta sentencia después de ejecutoriado el auto por el cual hubiera sido acept