CE - 010325000201900230001SENTENCIA20230509224748

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D. C., veinte (20) de abril de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN Radicación: 11001-03-25-000-2019-00230-00 (1411-2019)

Demandante: Irma Lucía Cárdenas Garzón Demandado: Administradora Colombiana de Pensiones (COLPENSIONES) Temas: Causal 5.° del artículo 250 del CPACA __________________________________________________________________

Decide la Sala el recurso extraordinario de revisión interpuesto por l a apoderada judicial de la señora Irma Lucía Cárdenas Garzón contra la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, del 27 de junio de 2018, a través de la cual se revocó la providencia emitida por el Juzgado Veintiuno Administrativo del Circuito de Bogotá, que había accedido parcialmente a las pretensiones de la demanda formulada por aquella contra la Administradora Colombiana de Pensiones (COLPENSIONES), en el proceso de radicado 11 001 333 5021 2015 00801 01.

1. Antecedentes

1.1. El recurso extraordinario de revisión

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del recurso extraordinario que regula el artículo 248 y siguientes de la

1. Antecedentes

1.1. El recurso extraordinario de revisión

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del recurso extraordinario que regula el artículo 248 y siguientes de la Ley 1437 de 2011, l a señora Irma Lucía Cárdenas Garzón , mediante apoderad a, solicitó la revisión de la referida sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, del 27 de junio de 2018, en su lugar, pide que se «acojan todas y cada una de las súplicas de la demanda […] protegiendo los derechos adquiridos, el mínimo vital y los derechos de la tercera2

Radicación: 11001-03-25-000-2019-00230-00 (1411-2019) Demandante: Irma Lucía Cárdenas Garzón edad» y se ordene el pago de los valores pretendidos de manera indexada.1

1.1.2. Hechos2 Los hechos que fundamentan el recurso son, en síntesis, los siguientes:

1. El 11 de junio de 1957, nació la señora Irma Luc ía Cárdenas Garzón, de manera que para la fecha de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, esto es, el 1.° de junio de 1994, contaba con más de 39 años de edad y 15 de servicio. Por lo tanto, es beneficiaria del régimen de transición contenido en el artículo 36 ibidem.

1. Desde el 15 de febrero de 1978 hasta el 29 de febrero de 2008, la señora Cárdenas Garzón prestó sus servicios en la Contraloría de Bogotá, de manera que cuenta con 1.550 semanas cotizadas, más 303 semanas en distintas entidades del

Cárdenas Garzón prestó sus servicios en la Contraloría de Bogotá, de manera que cuenta con 1.550 semanas cotizadas, más 303 semanas en distintas entidades del sector público, para un total de 1.853.

1. El 11 de junio de 2012, la demandante adquirió el estatus jurídico de pensionada.

1. El 24 de abril de 2014, COLPENSIONES expidió la Resolución GNR 135569 a través de la cual reconoció una pensión de jubilación a la señora Cárdenas Garzón, en cuantía de $ 4.323.125. Para tal efecto, aplicó las Leyes 33 y 62 de 1985, en cuanto a los requisitos de edad y tiempo de servicio.

1. La actora presentó recur sos de reposición y en subsidio apelación contra la Resolución GNR 135569 de 2014, los cuales fueron resueltos a través de las Resoluciones GNR 4535 del 9 de enero de 2015 y VPB 46040 del 28 de mayo de 2015. vi) La señora Irma Luc ía Cárdenas Garzón interpuso demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra COLPENSIONES con el fin de que se declarara la nulidad parcial de las Resoluciones GNR 135569 de 2014, GNR 4535 del 9 de enero de 2015 y VPB 46040 del 28 de mayo de 2015 y, en consecuencia, se ordenara la reliquidación de su pensión de jubilación en los términos del Decreto 92 9 de 1976 y/o la Ley 33 de 1985, en aplicación del principio de favorabilidad.

1 Folios 1 al 18.

reliquidación de su pensión de jubilación en los términos del Decreto 92 9 de 1976 y/o la Ley 33 de 1985, en aplicación del principio de favorabilidad.

1 Folios 1 al 18. 2 Algunos hechos corresponden al concepto de violación, razón por la que se resumen en dicho acápite.3

Radicación: 11001-03-25-000-2019-00230-00 (1411-2019)

Demandante: Irma Lucía Cárdenas Garzón

1. El 16 de junio de 2017, el Juzgado Veintiuno Administrativo de Oralida d del Circuito de Bogotá, profirió sentencia de primera instancia en el sentido de acceder a las pretensiones de la demanda.

1. El 27 de junio de 2018, como consecuencia del recurso de apelación interpuesto por COLPENSIONES, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca a través de sentencia de segunda instancia revocó la providencia emitida por el Juzgado Veintiuno Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá, y en ese sentido, negó las pretensiones de la demanda.

1.1.3. La sentencia objeto de revisión

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, mediante sentencia del 27 de junio de 20183 revocó la providencia del Juzgado Veintiuno Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá del 16 de junio de 2017, que había accedido parcialmente a las pretensiones de la demanda y, en su lugar, las negó. Los fundamentos jurídicos de la decisión fueron los siguientes:

1. En el sub lite la actora pretende la reliquidación de su pensión de jubilación en

que había accedido parcialmente a las pretensiones de la demanda y, en su lugar, las negó. Los fundamentos jurídicos de la decisión fueron los siguientes:

1. En el sub lite la actora pretende la reliquidación de su pensión de jubilación en aplicación del Decreto 92 9 de 1976 y/o de la Ley 33 de 1985, según resulte más beneficioso, liquidada con el 75 % de todos los factores devengados en el último año o en el último semestre de servicio.

Por su parte, el a quo accedió parcialmente a las pretensiones en el entendido de declarar la nulidad de los actos acusados, de manera que ordenó la reliquidación de la prestación, a partir del 1.° de noviembre de 2014, en los términos de la Ley 33 de 1985, esto es, en cuantía del 75 % del promedio de lo devengado en el último año de servicio, comprendido entre el 1.° de noviembre de 2013 y el 31 de octubre de 2014 . Igualmente, incluyó, además de los factores salariales de asignación básica, gastos de representación y primas técnica y de antigüedad; las doceavas partes de las primas semestral, de navidad y de vacaciones.

3 Folios 79 al 87. Aquella providencia fue emitida en el marco del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho de radicado 110013335021201 50080101, promovido por l a hoy recurrente contra COLPENSIONES.4

Radicación: 11001-03-25-000-2019-00230-00 (1411-2019)

Demandante: Irma Lucía Cárdenas Garzón

recurrente contra COLPENSIONES.4

Radicación: 11001-03-25-000-2019-00230-00 (1411-2019) Demandante: Irma Lucía Cárdenas Garzón ii) Se acreditó en el expediente que a. la señora Irma Luc ía Cárdenas Garzón es beneficiaria del régimen de transición contenido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993;4 y b. la entidad demandada mediante la Resolución GNR 135569 del 24 de abril de 2014, reconoció una pensión de jubilación a su favor y para tal efecto, se observaron los requisitos de edad, tiempo de servicio y monto contenidos en la Ley 33 de 1985.

En cuanto al IBL, previa petición de la demandante, a través de la Resolución VPB 460040 del 28 de mayo de 2015, se tuvieron en cuenta los siguientes factores devengados en el último año de servicio: asignación básica, gastos de representación y primas de antigüedad y técnica.

1. A la actora no le es aplicable el Decreto 929 de 1976 , porque ese régimen especial le pertenece a los empleados de la Contraloría General de la República, sin embargo, aquella no tuvo esa calidad pues laboró en la Contraloría de Bogotá.

Así las cosas, su situación fáctica se rige por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y por la Ley 33 de 1985.

1. Si bien es cierto el Consejo de Estado en sentencia del 4 de agosto de 2010 5 precisó que debían incluirse en la liquidación todas aquellas sumas que de manera habitual y periódica el trabajador percibiera como contraprestación del servicio,

1. Si bien es cierto el Consejo de Estado en sentencia del 4 de agosto de 2010 5 precisó que debían incluirse en la liquidación todas aquellas sumas que de manera habitual y periódica el trabajador percibiera como contraprestación del servicio, aunque la ley no señalara taxativamente los factores de salario ; también lo es que esa postura se ha tornado insostenible, lo cual conlleva a acatar lo expuesto por la Corte Constitucional, a través de las Sentencias C -258 de 2013, SU-230 de 2015, SU-395 de 2017, T-039 de 2018, entre otras, respecto a la determinación del IBL de las prestaciones reconocidas a los favorecidos del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

1. La demandante consolidó el estatus jurídico pensional el 31 de julio de 2007 , de manera que el ingreso base de liquidación debe efectuarse a la luz del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y del Decreto 1158 de 1994. Ahora bien, aunque se tenían que observar las normas referidas, en la Resolución VPB 46040 del 28 de mayo de

4 El tribunal señaló que esa afirmación obedecía a que para la fecha de entrada en vigencia, en el nivel territorial, de la Ley 100 de 1993, la actora contaba con más de 35 años de edad y 15 de servicio. 5 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 4 de agosto de 2010, radicación 25000 23 25 000 2006 07509 01 (0112-09).5

Radicación: 11001-03-25-000-2019-00230-00 (1411-2019)

Demandante: Irma Lucía Cárdenas Garzón

000 2006 07509 01 (0112-09).5

Radicación: 11001-03-25-000-2019-00230-00 (1411-2019) Demandante: Irma Lucía Cárdenas Garzón 2015, la entidad demandada reliquidó la pensión de jubilación teniendo en cuenta los factores devengados en el último año de servicio, razón por la cual no se modificará aquel acto.

En ese orden, se impone revocar la sentencia apelada y, en c onsecuencia, se niegan las pretensiones de la demanda.

1.1.4. La causal de revisión invocada

El apoderado de la parte recurrente invocó la causal quinta del artículo 250 del CPACA, que señala « 5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación ». En desarrollo de est a causal, expuso los siguientes argumentos:

1. La sentencia recurrida desconoció que la señora Cárdenas Garzón es beneficiaria del régimen de transición contenido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 6 y que consolidó el estatus jurídico pensional el 11 de junio de 2012, es decir, 4 años antes de la fecha de finalización de aquel régimen y de la expedición de la Sentencia SU230 de 2015. Igualmente, pasó por alto que su s derechos adquiridos están protegidos por la Constitución Política de 1991, por la ley y por el Acto Legislativo 01 de 2005, el cual extendió la transición hasta el 31 de diciembre de 2014.

1. Así mismo, el tribunal inobservó la posición sentada por el Consejo de Estado en

01 de 2005, el cual extendió la transición hasta el 31 de diciembre de 2014.

1. Así mismo, el tribunal inobservó la posición sentada por el Consejo de Estado en la sentencia del 4 de agosto de 2010 .7 En ese sentido, el tribunal se apartó del precedente jurisprudencial de su superior jerárquico, siendo de obligatoria observancia, de acuerdo con el artículo 230 de la Constitución Política.

1. El tribunal incurrió en yerro porque no aplicó de manera integral las Leyes 33 y 62 de 1985, y por el contrario las escindió, razón por la cual la sentencia recurrida está incursa en una nulidad procesal. En consecuencia, la señora Cárdenas Garzón tiene derecho a la reliquidación de su pensión de jubilación teniendo en cuenta la

6 La apoderada de la parte actora afirma que para la fecha de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, esto es, el 1.° de abril de 1994, contaba con 39 años de edad y más de 15 de servicio. Folioi 16. 7 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010, radicación 2500023250002006-0750901 (0112-09).6

Radicación: 11001-03-25-000-2019-00230-00 (1411-2019) Demandante: Irma Lucía Cárdenas Garzón totalidad de los factores salariales devengados en el último año de servicio, tal como lo fue certificado por la Contraloría Distrital de Bogotá el 13 de junio de 2014.

1.3. Contestación al recurso extraordinario de revisión

La Administradora Colombiana de Pensiones (COLPENSIONES), por intermedio de

lo fue certificado por la Contraloría Distrital de Bogotá el 13 de junio de 2014.

1.3. Contestación al recurso extraordinario de revisión

La Administradora Colombiana de Pensiones (COLPENSIONES), por intermedio de apoderada, se opuso a la prosperidad de las pretensiones, con fundamento en las siguientes consideraciones:8

1. La sentencia objeto de censura no tiene ningún vicio que genere nulidad en el procedimiento o violación al derecho a la igualdad como manifiesta la recurrente, pues por el contrario, observa el precedente del Consejo de Estado contenido en la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018, mediante el cual se fijó el criterio de interpretaci ón para la liquidaci ón de las pensiones del r égimen de transici ón, conforme a las reglas del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

En similares términos, se había pronunciado, previamente, la Corte Constitucional, entre otras, en las Sentencias C-258 de 2013, SU-230 de 2015.

1. Los argumentos de la demandante carecen de veracidad porque se encuentran acreditadas las excepciones de cobro de lo no debido, inexistencia del derecho reclamado, prescripción y buena fe.

2. Consideraciones

2.1. Competencia

El presente recurso de revisión se interpuso el 20 de marzo de 2019,9 esto es, en vigencia del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), 10 por lo cual, esta corporación es competente para conocerlo, en v irtud del numeral 2. ° del artículo 249 ejusdem.11 Asimismo,

Administrativo (Ley 1437 de 2011), 10 por lo cual, esta corporación es competente para conocerlo, en v irtud del numeral 2. ° del artículo 249 ejusdem.11 Asimismo,

8 Memorial allegado por correo electrónico, visible a índice 11 de la plataforma SAMAI. 9 Folio 18 reverso. 10 El CPACA entró en vigencia el 2 de julio de 2012. 11 «Artículo 249. Competencia. (...) De los recursos de revisi ón contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocer án las secciones y subsecciones del Consejo de Estado seg ún la materia . De los recursos de revisi ón contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los jueces administrativos conocerán los Tribunales Administrativos.»7

Radicación: 11001-03-25-000-2019-00230-00 (1411-2019) Demandante: Irma Lucía Cárdenas Garzón atendiendo al criterio de especialización, por tratarse de un asunto de carácter laboral, la Sección Segunda, en la Subsección a la que corresponda el reparto del proceso, es competente para conocer del recurso extraordinario, según lo previsto en el artículo 13 del Acuerdo 080, de 12 de marzo de 2019.12

2.2. Oportunidad

El artículo 251 del CPACA dispone que el recurso extraordinario de revisión « [...] podrá interponerse dentro del año siguiente a la ejecutoria de la respectiva sentencia.». En el sub lite, la providencia objeto de revisión cobró ejecutoria el día 24 de julio de 2018,13 y el recurso de revisión se interpuso el 20 de marzo de 2019;14 por lo tanto, el recurso fue presentado dentro del término establecido por la norma

24 de julio de 2018,13 y el recurso de revisión se interpuso el 20 de marzo de 2019;14 por lo tanto, el recurso fue presentado dentro del término establecido por la norma en cita.

2.3. El problema jurídico

Consiste en establecer si la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, del 27 de junio de 2018, está incursa en la causal de revisión del numeral 5.° del artículo 250 del CPACA que establece « 5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación».

2.4. Marco normativo y jurisprudencial

2.4.1. Sobre el recurso extraordinario de revisión La jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado ha sido pacífica en considerar que el recurso de revisión constituye una excepci ón al principio de inmutabilidad de las sentencias, pues permite «cuestionar la firmeza de la sentencia ejecutoriada, con el fin de corregir los errores o ilicitudes que llevaron a una sentencia contraria a derecho»; 15 por tal raz ón, su procedencia se limita a las

12 «Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado». 13 Consta en el expediente que la sentencia objeto de revisión fue notificada electrónicamente a las partes el 18 de julio de 2018, visible en el expediente digital visible a índic e 27 de la plataforma SAMAI, de manera que cobró ejecutoria el 24 del mismo mes y año. 14 Folio 18 reverso. 15 Corte Constitucional, Sentencia C-520 de 2009; M.P. María Victoria Calle Correa.8

SAMAI, de manera que cobró ejecutoria el 24 del mismo mes y año. 14 Folio 18 reverso. 15 Corte Constitucional, Sentencia C-520 de 2009; M.P. María Victoria Calle Correa.8

Radicación: 11001-03-25-000-2019-00230-00 (1411-2019) Demandante: Irma Lucía Cárdenas Garzón causales taxativamente previstas por el legislador, las cuales deben interpretarse de manera restrictiva.

En igual sentido, se ha sostenido que más que un recurso es una verdadera acción, cuyo prop ósito consis te en el «restablecimiento de la justicia material». As í lo consideró la Corte Constitucional en la Sentencia C -450 de 2015, donde hizo un detallado análisis jurisprudencial, bajo el cual se estudiar á el presente recurso. En dicha sentencia se expuso lo siguiente: Sobre el particular, sea lo primero indicar que la Corte Constitucional reiteradamente ha indicado que el recurso extraordinario de revisi ón, en t érminos generales, funge como una excepci ón al principio de la cosa juzgada, «y ampara todas las sentencias ejecutoriadas, para que puedan enmendarse los errores o ilicitudes cometidos en su expedición, y se restituya el derecho al afectado a trav és de una nueva providencia fundada en razones de justicia material, que resulte acorde con el orde namiento jurídico». Por lo tanto, resulta claro que a criterio de la jurisprudencia constitucional, el recurso extraordinario de revisión, previsto en la mayor ía de las áreas del derecho, ha sido dise ñado para proceder contra las sentencias ejecutoria das, por las causales

recurso extraordinario de revisión, previsto en la mayor ía de las áreas del derecho, ha sido dise ñado para proceder contra las sentencias ejecutoria das, por las causales taxativas que en cada caso haya definido el Legislador, las cuales, por regla general, giran en torno a hechos o circunstancias posteriores a la decisión y que revelan que ésta es materialmente injusta.(...) En cambio, el recurso ex traordinario de revisión tal como quedó estructurado en el Decreto 01 de 1984, procede contra todas las sentencias ejecutoriadas dictadas por los Tribunales Administrativos y por el Consejo de Estado. Este recurso es una innovación en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, pero su origen inmediato est á en el recurso extraordinario de revisi ón existente en la jurisdicción civil. Su finalidad es el restablecimiento de la justicia , y como se dirige contra sentencias ejecutoriadas, se conviert e en una limitaci ón a una de las características de la cosa juzgada: la inmutabilidad. [...] Se puede decir entonces, que el recurso extraordinario de revisi ón en materia administrativa tiene su origen inmediato en el recurso extraordinario de revisi ón en el campo civil, y al igual que este, se dirige contra sentencias ejecutoriadas, buscando esencialmente el restablecimiento de la justicia material y constituyendo una excepción al principio general de la cosa juzgada . (...) [Negrillas y cursivas del original] Por su parte, en lo relacionado con la jurisdicci ón contencioso administrativa, el Consejo de Estado, en diversas oportunidades, también se ha pronunciado sobre la

original] Por su parte, en lo relacionado con la jurisdicci ón contencioso administrativa, el Consejo de Estado, en diversas oportunidades, también se ha pronunciado sobre la naturaleza y alcance del recurso excepcional de revisi ón. De ah í que en vigencia del antiguo Código Contencioso Administrativo, el alto tribunal reconocía la revisión, no obstante, la autoridad de la cosa juzgada que ampara las sentencias ejecutoriadas y previa la constataci ón de la ocurrencia de alguna de las expresas causales que autori zan su utilizaci ón, permite enmendar errores o ilicitudes cometidos en la expedición de la sentencia recurrida, con el fin de restituir el derecho9

Radicación: 11001-03-25-000-2019-00230-00 (1411-2019) Demandante: Irma Lucía Cárdenas Garzón al afectado a trav és de una nueva sentencia. Así lo se ñalaba en la siguiente providencia de 2005: Este medio de impugnaci ón ha sido erigido por el Legislador como una excepci ón al principio de la inmutabilidad de las sentencias que hacen tr ánsito a cosa juzgada material; y con él se abre paso a la posibilidad de controvertir un fallo ejecutoriado, en relación con los hechos y sus pruebas, siempre que el mismo resulte contrario a la Justicia y al Derecho, y de acuerdo con las causales establecidas y con único fin de que se produzca una decisi ón ajustada a la ley. Es presupuesto del citado medio extraordinario, que constituye una verdadera acci ón impugnatoria con efectos rescisorios, que exista una relaci ón procesal cerrada y por lo mismo no se pueden

se produzca una decisi ón ajustada a la ley. Es presupuesto del citado medio extraordinario, que constituye una verdadera acci ón impugnatoria con efectos rescisorios, que exista una relaci ón procesal cerrada y por lo mismo no se pueden discutir los asuntos de fondo (fuente de la mencionada relación), ni se pueden fiscalizar las razones fácticas y jurídicas debatidos en el proceso que dio lugar al aparecimiento del fallo que se impugna. Dicho recurso se dirige contra un fallo en firme cuando después de su firmeza aparecen situaciones de hecho, con su prueba, que pueden hacer evidente que el fallo fue erróneo o injusto.16 En lo que interesa al carácter instrumental del recurso, debe señalarse que el último criterio adoptado por la Sala Plena del Consejo de Estado determina que este debe interpretarse como una actuaci ón independiente del asunto de origen, por lo que constituye un nuevo proceso, es decir, un verdadero medio de control. En sentencia de 3 de febrero de 2015, lo afirmó de la siguiente manera: […] el recurso extraordinario de revisión constituye un nuevo proceso y no una instancia adicional en la que los in teresados pueden plantear el asunto objeto del litigio original. Pese a su nombre -recurso extraordinario-, este se inicia con una demanda contra la sentencia, la que está sujeta a una serie de requisitos que deben ser observados para su admisibilidad y p rocedencia, es decir, es un medio de control m ás que consagró el legislador en la jurisdicci ón contencioso-administrativa. Huelga advertir como una nota al margen, que el Código General del Proceso, Ley 1564 de 2012, al hacer referencia a

legislador en la jurisdicci ón contencioso-administrativa. Huelga advertir como una nota al margen, que el Código General del Proceso, Ley 1564 de 2012, al hacer referencia a este recurso al igual que lo hacía el Código de Procedimiento Civil que aquel modific ó, señala que este se debe interponer por medio de una demanda, art ículos 357 y 382 respectivamente. En otros t érminos, el recurso es, se repite una verdadera acci ón o medio de control. En consecuencia, a partir del auto de la Sala Plena del pasado 12 de agosto quedó claro que el mencionado recurso es un nuevo proceso.17 Normativamente, el recurso extraordinario de revisión está previsto en los artículos 248 y siguientes del CPACA. Procede contra las sentencias ejecutoriadas dictadas por «i) las Secciones y Subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado; ii) los Tribunales Administrativos; y iii) los Jueces

16 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrati vo, sentencia de 18 de octubre de 2005, Radicado: 1998-00173-00 (REV–173). C.P: María Elena Giraldo Gómez. 17 Consejo de Estado, Sala Contenciosa Administrativa, Sala Especial de Decisión N.° 27, sentencia de 3 de febrero de 2015; radicado 11001 -03-15-000-2014-00387-00(REV); C.P. Alberto Yepes Barreiro.10

Radicación: 11001-03-25-000-2019-00230-00 (1411-2019) Demandante: Irma Lucía Cárdenas Garzón Administrativos».18 El plazo para su interposición es de un año, contado a partir de

Radicación: 11001-03-25-000-2019-00230-00 (1411-2019) Demandante: Irma Lucía Cárdenas Garzón Administrativos».18 El plazo para su interposición es de un año, contado a partir de la ejecutoria de la sentencia objeto de impugnaci ón,19 y debe reunir los requisitos fijados en el art ículo 252 ejusdem, con indicación precisa y razonada de la causal invocada, acompañada de las pruebas documentales que el recurrente tenga en su poder y pretenda hacer valer.

Para su procedencia, resulta imperativo acreditar las circunstancias f ácticas que configuran la causal de revisi ón invocada, cuya presencia alteran de forma inequívoca el sentido de la decisión. Además, debido a su carácter excepcional, el recurso solo admite los eventos contemplados expresamente en el artículo 250 del CPACA como causales, los cuales, en esencia, corresponden a vicios o errores de carácter procedimental.20 En sentencia de 8 de mayo de 2019, 21 esta corporación, respecto de los requisitos esenciales para la prosperidad del recurso, sostuvo lo siguiente: [D]ada la naturaleza extraordinaria del recurso de revisi ón, se prev é, como uno de los requisitos para su procedencia, que las razones o motivos que constituyen las causales del recurso no hayan sido provocadas ni le sean imputables al afectado con la sentencia, en el entendido de que este recurso no consagra una nueva instancia, ni prev é oportunidades para qu e las partes subsanen conductas omisivas o negligentes en las que hubiesen podido incurrir durante el trámite del proceso.

en el entendido de que este recurso no consagra una nueva instancia, ni prev é oportunidades para qu e las partes subsanen conductas omisivas o negligentes en las que hubiesen podido incurrir durante el trámite del proceso. Paralelamente a estos eventos de revisi ón, la Ley 797 de 2003 estableci ó una acción sui generis para la revisi ón de sumas periódicas otorgadas de manera irregular, por lo que su ejercicio est á restringido a las siguientes condiciones o particularidades: i) una parte activa cualificada, solo unas entidades están llamadas a instaurarla; ii) procede únicamente por dos causal es específicas que tienen por

18 Artículo 249 CPACA. 19 Artículo 251 CPACA. 20 «De ahí que los vicios o errores en que se deban fundamentar los recursos extraordinarios de revisión, conforme con las causales taxativas previstas por el legislador en el artículo 250 del CPACA, deben ser eminentemente procedimentales, pues ninguna c ausal cuestiona la labor intelectual de juzgamiento, sino que involucran bien sea una irregularidad de car ácter procesal (numeral 5°, referido a la existencia de causal de nulidad originada en la sentencia, y numeral 8°, referido al desconocimiento de la cosa juzgada), o bien, aspectos que ata ñen a la validez intr ínseca o insuficiencia de los elementos de prueba que determinaron el sentido de la decisi ón (numerales 1°, 2°, 3°, 6° y 7°), a excepci ón de la causal del numeral 4°, referida a la violencia o

cohecho en que se pudo incurrir en el pronunciamiento del fallo». Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 7 de mayo de 2013, radicado: 2010 -00038-00 (REV) C.P. Mauricio Torres Cuervo. 21 Consejo de Estado, Secci ón Tercera, Subsección A, radicado 2013 -00035-00; C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.11

Radicación: 11001-03-25-000-2019-00230-00 (1411-2019) Demandante: Irma Lucía Cárdenas Garzón finalidad, la protecci ón y recuperaci ón del patrimonio p úblico; iii) en su tr ámite se aplica el procedimiento previsto por el CPACA de manera general para las causales del art ículo 250 ejusdem; y, iv) su objeto es delimi tado y su an álisis se dirige a establecer la legalidad de las sumas periódicas que han sido reconocidas.

Con todo, conviene recordar que si bien estos mecanismos se instituyeron como una excepci ón que debe admitirse frente a un fin leg ítimo, su ejerci cio entra en colisión con la institución de la cosa juzgada y el principio de la seguridad jur ídica, por lo que no es admisible su interposición para controvertir la legalidad de los actos demandados en el proceso ordinario, ni para corregir los yerros probatorios que cometieron las partes, ni para subsanar aquellas situaciones que pudieron evitarse durante la gestión del proceso que dio origen a la sentencia objeto de revisión. 2.4.2. Causal de revisión 5ª del artículo 250 del CPACA22

La parte recurrente invocó como fundamento del recurso extraordinario la causal

durante la gestión del proceso que dio origen a la sentencia objeto de revisión. 2.4.2. Causal de revisión 5ª del artículo 250 del CPACA22

La parte recurrente invocó como fundamento del recurso extraordinario la causal prevista en el numeral 5.° del artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, cuyo contenido es el siguiente: Artículo 250. Causales de revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el art ículo 20 de la Ley 797 de 2003, son causales de revisión: […] 5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no