CE - 010325000201900241001SENTENCIA20231026225001

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D. C., doce (12) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN Radicación: 11001 03 25 000 2019 00241 00 (1524-2019)

Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social1

Demandado: Blanca Alicia Pirazán Peña

Temas: Causales previstas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003. Aptitud legal para ser acreedor de la pensión gracia; alcance de la Sentencia C-489 de 2000 de la Corte Constitucional. ___________________________________________________________________ Cumplidas las etapas procesales previstas en los artículos 253, 254 y 255 del CPACA, aplicables por remisión expresa del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, la Sala procede a decidir de fondo la acción especial de revisión de la referencia.

1. Antecedentes 1.1. La acción de revisión2 1.1.1. Las pretensiones En ejercicio de la acción especial de revisión prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, la UGPP, por conducto de apoderado judicial, solicitó infirmar la sentencia del 16 de agosto de 2018 , proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá dentro del

de 2003, la UGPP, por conducto de apoderado judicial, solicitó infirmar la sentencia del 16 de agosto de 2018 , proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 15001 33 33 003 2014 00064 01 , mediante la cual confirmó el fallo del 14 de agosto de 2015 , emitido por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Tunja, que accedió a las pretensiones de la

1 En adelante UGPP. 2 Folios 1 al 6 del expediente físico.2

Radicación: 11001 03 25 000 2019 00241 00 (1524-2019) Demandante: UGPP demanda impetrada por la señora Blanca Alicia Pirazán Peña.

Como consecuencia de lo anterior, pidió i) declarar que la señora Pirazán Peña no tiene derecho al reconocimiento y pago de la pensión gracia, conforme a las Sentencias C-084 de 1999 y C-489 de 2000 de la Corte Constitucional; y ii) ordenar a la accionada a restituir en favor de la UGPP las sumas pagadas o que se llegaren a cancelar por concepto de pensión gracia, debidamente indexadas. 1.1.2. Hechos Como hechos relevantes, el abogado de la entidad recurrente señaló los siguientes con relación a la situación jurídica de la señora Blanca Alicia Pirazán Peña: i) Nació el 11 de octubre de 1957 y al momento de la presentación de la demanda de revisión tenía 61 años de edad. ii) Entre el 10 de marzo de 1978 y el 22 de enero de 1980, prestó sus servicios como docente para el departamento de Boyacá.

de revisión tenía 61 años de edad. ii) Entre el 10 de marzo de 1978 y el 22 de enero de 1980, prestó sus servicios como docente para el departamento de Boyacá. iii) Desde el 16 de febrero de 1995 hasta el 22 de julio de 2013, laboró como profesora para el municipio de Tunja (Boyacá.) iv) Certificó un total de 20 años, 3 meses y 20 días de servicios, equivalentes a 7.310 días o 1.044 semanas cotizadas. v) El 23 de agosto de 2013, la UGPP emitió la Resolución RDP 38978, por medio de la cual le negó el reconocimiento y pago de la pensión gracia, al considerar que la vinculación con el municipio de Tunja fue de carácter nacional. Dicho acto fue confirmado totalmente por la Resolución RDP 045082 del 27 de septiembre de 2013. vi) Inconforme con lo decidido , la señora Pirazán Peña formuló demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de los actos administrativos referidos en el numeral anterior. vii) El 14 de agosto de 2015, el Juzgado Tercero Administrativo de Oralidad de Tunja (Boyacá) profirió sentencia de primera instancia en la que accedió a las3

Radicación: 11001 03 25 000 2019 00241 00 (1524-2019) Demandante: UGPP pretensiones incoadas por la demandante, en el sentido de reconocerle el pago de la pensión gracia. viii) El 8 de agosto de 2017, el Tribunal Administrativo de Boyacá desató el recurso de apelación interpuesto por la UGPP contra el fallo de primera instancia, revocándola en su totalidad.

pensión gracia. viii) El 8 de agosto de 2017, el Tribunal Administrativo de Boyacá desató el recurso de apelación interpuesto por la UGPP contra el fallo de primera instancia, revocándola en su totalidad. ix) La señora Blanca Alicia Pirazán Peña presentó acción de tutela contra la decisión del ad quem , la cual fue resuelta por la Sección Primera del Consejo de Estado a través del fallo del 15 de diciembre de 2017, en el que se le ordenó al Tribunal proferir una nueva sentencia de segunda instancia. x) El 16 de agosto de 2018, y en cumplimiento de la orden de amparo, el Tribunal Administrativo de Boyacá expidió sentencia de reemplazo en la que confirmó en su totalidad el fallo del 14 de agosto de 2015 del Juzgado Tercero Administrativo de Boyacá, «pero señalando que dicha corporación ha aplicado de manera reiterada y uniforme el criterio de la Corte Constitucional». xi) El 13 de diciembre de 2018, la UGPP, por medio de la Resolución RDP 046688, le reconoció a la señora Pirazán Peña la pensión gracia, en cuantía de $ 1.926.947 COP, efectiva a partir del 2 de abril de 2013. 1.1.3. La sentencia objeto de revisión El Tribunal Administrativo de Boyacá, en sentencia del 16 de agosto de 2018, cumplió el fallo de tutela del 15 de diciembre de 2017 de la Sección Primera del Consejo de Estado, y resolvió confirmar la decisión de primera instancia del 14 de agosto de 2015, emitida por el Juzgado Tercero Administrativo de Oralidad de Tunja, que accedió a las

Estado, y resolvió confirmar la decisión de primera instancia del 14 de agosto de 2015, emitida por el Juzgado Tercero Administrativo de Oralidad de Tunja, que accedió a las pretensiones incoadas por la señora Blanca Alicia Pirazán Peña. Para efectos de lo anterior, el ad quem argumentó lo siguiente: i) «Se advierte entonces que a efectos de acatar la orden impartida a esta Corporación, serán tenidos en cuenta como territoriales, los tiempos laborados por el (sic) demandante después del 29 de diciembre de 1989 cuyos salarios fueron cancelados con recursos del Sistema General de Participaciones, y en tal sentido, se4

Radicación: 11001 03 25 000 2019 00241 00 (1524-2019) Demandante: UGPP computarán a efectos del reconocimiento y pago de la pensión gracia solicitada, sin embargo, estos se hace únicamente en el asunto de la referencia pues en posteriores oportunidades se continuará dando aplicación al criterio fijado por la Corte Constitucional en la sentencia C 489 de 2000».3 ii) Por lo anterior, y conforme a las pruebas allegadas, se acreditó que la señora Blanca Alicia Pirazán Peña a) nació el 11 de octubre de 1957, por lo que para la fecha de la solicitud de reconocimiento tenía 50 años de edad; b) ingresó al servicio docente, para el departamento de Boyacá, el 10 de marzo de 1978; c) laboró por más de 20 como docente territorial (de orden departamental y municipal); d) no estaba inmersa en sanciones disciplinarias. iii) En consecuencia, concluyó que la accionante satisfizo todos los requisitos para ser acreedora de la pensión gracia. 1.2. Las causales de revisión deprecadas

en sanciones disciplinarias. iii) En consecuencia, concluyó que la accionante satisfizo todos los requisitos para ser acreedora de la pensión gracia. 1.2. Las causales de revisión deprecadas El apoderado de la entidad recurrente invocó las causales previstas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 , cuyos argumentos se sintetizarán de la siguiente manera: i) La pensión gracia reconocida a la señora Blanca Alicia Pirazán Peña se obtuvo con violación del debido proceso y con desconocimiento de las formas propias de cada litigio, en la medida en que no le asistía tal derecho , pues ella no cumplió con todos los requisitos previstos en la Ley 114 de 1913 antes de la entrada en vigor de la Ley 91 de 1989. Por lo tanto, el ad quem contrarió la posición fijada en las Sentencias C084 de 1999 y C-489 de 2000 de la Corte Constitucional, así como el tenor literal del artículo 15 (numeral 2.°, literal b) de la Ley 91 de 1989. Además, se transgredieron los principios consagrados en los artículos 1, 2, 4, 6, 13, 29, 121, 123 (inciso 2.°) y 124 de la Constitución Política, dado que se reconocieron unos derechos en contravía de las leyes aplicables, lo cual se constituye en una

3 Folio 111.5

Radicación: 11001 03 25 000 2019 00241 00 (1524-2019) Demandante: UGPP violación flagrante del Estado Social de Derecho, comoquiera que se sobrepuso el interés particular sobre el general.

Radicación: 11001 03 25 000 2019 00241 00 (1524-2019) Demandante: UGPP violación flagrante del Estado Social de Derecho, comoquiera que se sobrepuso el interés particular sobre el general. ii) En el asunto sub examine se probó que la señora Pirazán Peña no acreditó los tiempos mínimos para acceder a la pensión gracia a diciembre de 1989, ya que, para tal momento, solo había laborado para el departamento de Boyacá por 1 año, 10 meses y 13 días, lo cual demuestra que su situación debía regirse por el numeral 2.°, literal b), del artículo 15 de la Ley 91 de 1989, como lo estimó inicialmente el tribunal en la sentencia del 8 de agosto de 2017, que posteriormente fue dejada sin efecto s vía acción de tutela por el Consejo de Estado. iii) La decisión judicial acusada se cimentó en la errada valoración del material probatorio aportado a la litis, en especial, de la certificación de tiempo de vinculación con el ente territorial ocurrida con anterioridad a diciembre de 1989, junto con el indebido uso de las leyes en las que había de fundarse el fallo impugnado, ya que se le dio un alcance contrario a la línea jurisprudencial de la Corte Constitucional. 1.3. Contestación a la acción especial de revisión Vencido el término otorgado, la señora Blanca Alicia Pirazán Peña,4 por conducto de apoderado judicial, solicitó declarar infundado el medio impugnatorio presentado por la UGPP, con fundamento en lo siguiente: i) El caso concreto debe estudiarse en virtud de la sentencia de unificación del 21

apoderado judicial, solicitó declarar infundado el medio impugnatorio presentado por la UGPP, con fundamento en lo siguiente: i) El caso concreto debe estudiarse en virtud de la sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado, en la cual se estableció con claridad lo relativo al tipo de vinculación cuando el pago de los salarios y prestaciones de los docentes fueron sufra gados con el situado fiscal o el sistema general de participaciones. ii) No se materializa alguna de las causales establecidas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, comoquiera que, por un lado, en ningún instante se violentó el debido proceso, pues las actuaciones judiciales se adelantaron conforme a

4 Índice 31 del aplicativo SAMAI.6

Radicación: 11001 03 25 000 2019 00241 00 (1524-2019) Demandante: UGPP derecho; y, por el otro lado, no se transgredieron los parámetros normativos y jurisprudenciales referentes al reconocimiento de la pensión gracia. iii) Por último, propuso las excepciones de «improcedencia del recurso de revisión» y «cobro de lo no debido».

2. Consideraciones 2.1. Competencia Esta corporación es competente para conocer de la acción especial de revisión prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, contra las providencias judiciales «que hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza [...] a solicitud del Gobierno por conducto del

«que hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza [...] a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación».5 Así mismo, es oportuno señalar que conforme a los artículos 6.º –numeral 6–, del Decreto 575 de 2013 y 156 de la Ley 1151 de 2007, la UGPP está legitimada para la interposición de este recurso, teniendo en cuenta que se le asigna la función de adelantar o asumir, cuando haya lugar, las acciones previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, como lo reconoció la Corte Constitucional en la Sentencia SU-427 de 2016. 2.2. Oportunidad El inciso 4.º del artículo 251 de la Ley 1437 de 2011 dispone que «en los casos previstos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el recurso deberá presentarse dentro de los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial». En el asunto sub examine, la sentencia objeto de revisión quedó en firme el 18 de septiembre de

5 Cabe agregar, que la Corte Constitucional, a través de la Sentencia SU -427 de 2016, también reconoció a la UGPP como sujeto activo para presentar la acción de revisión de que trata el citado artículo 20 de la Ley 797 de 2003.7

Radicación: 11001 03 25 000 2019 00241 00 (1524-2019)

Demandante: UGPP

artículo 20 de la Ley 797 de 2003.7

Radicación: 11001 03 25 000 2019 00241 00 (1524-2019) Demandante: UGPP 20186 y la acción especial de revisión se interpuso el 21 de marzo de 2019 ,7 por lo que es dable concluir que se presentó dentro del término establecido en el ordenamiento jurídico. 2.3. El problema jurídico Consiste en establecer si la sentencia del 16 de agosto de 2018 , proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, se encuentra inmersa en la s causales consagradas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, que permite acudir a la acción especial de revisión «[c]uando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso», y «[c]uando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables». 2.4. Marco normativo 2.4.1. La acción de revisión de la Ley 797 de 2003

El artículo 20 de la Ley 797 de 2003 estableció la posibilidad de revisión de las providencias judiciales que hubiesen decretado el reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública, en los siguientes términos: ARTÍCULO 20. REVISIÓN DE RECONOCIMIENTO DE SUMAS PERIÓDICAS A CARGO DEL TESORO PÚBLICO O DE FONDOS DE NATURALEZA PÚBLICA . <Apartes tachados INEXEQUIBLES> Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos

TESORO PÚBLICO O DE FONDOS DE NATURALEZA PÚBLICA . <Apartes tachados INEXEQUIBLES> Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación.

La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o conciliación judicial o extrajudicial.

La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales consagradas para este en el mismo código y además:

6 Índice 14 de SAMAI. 7 Folio 6, revés, del expediente físico.8

Radicación: 11001 03 25 000 2019 00241 00 (1524-2019) Demandante: UGPP a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y

b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables. Como puede observarse, si bien la norma transcrita indica que la acción de revisión debe tramitarse a través del procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión, que actualmente se encuentra regulado por los artículos 248 y siguientes del

Como puede observarse, si bien la norma transcrita indica que la acción de revisión debe tramitarse a través del procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión, que actualmente se encuentra regulado por los artículos 248 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo ( CPACA), lo cierto es que presenta aspectos que lo particularizan y que han sido advertidos tanto por la jurisprudencia del Consejo de Estado como de la Corte Constitucional, entre los cuales se tienen los siguientes: i) Son susceptibles del recurso no solo sentencias ejecutoriadas, sino también otro tipo de providencias que tengan como efecto el reconocimiento de una prestación. ii) Están legitimadas para su interposición el Gobierno Nacional, por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del contralor General de la República o del procurador General de la Nación y las entidades que realizan el reconocimiento de pensiones. iii) Respecto de su alcance la jurisprudencia advirtió que no se extiende a reabrir el debate probatorio, sino que se trata de revisar el valor de las pensiones reconocidas en contra de lo ordenado por la ley, con el propósito de salvaguardar el equilibrio entre la prestación y su legalidad, además de velar por la protección de los recursos limitados del tesoro público, la liquidez, solvencia y sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social, así como el principio de universalidad que lo inspira. iv) De esta manera, no se trata de una tercera instancia que admita reabrir el debate sobre el derecho a una prestación, pues su marco se encuentra circunscrito a revisar los aspectos concernientes al reconocimiento del derecho (literal a) y a la liquidación

1. De esta manera, no se trata de una tercera instancia que admita reabrir el debate sobre el derecho a una prestación, pues su marco se encuentra circunscrito a revisar los aspectos concernientes al reconocimiento del derecho (literal a) y a la liquidación de aquel (literal b), cuando se concedió con vulneración del debido proceso o de la ley, o en un valor mayor al que corresponde. v) Igualmente, se entienden excluidos de su alcance los asuntos relativos al reconocimiento de prestaciones periódicas inferiores a las que se deben de acuerdo con las normas que rigen la materia.9

Radicación: 11001 03 25 000 2019 00241 00 (1524-2019) Demandante: UGPP Con todo, conviene recordar que el ejercicio de esta clase de recursos entra en colisión con la institución de la cosa juzgada y la seguridad jurídica, pero, precisamente, estos mecanismos se instituyeron como una excepción que debe admitirse frente a un fin legítimo, el cual es determinar si el reconocimiento pensional se hizo con violación al debido proceso o si la cuantía reconocida excede lo ordenado por la ley.

Así lo precisó la Corte Constitucional al decidir la exequibilidad del art ículo 249 del CPACA en la Sentencia C-450 de 2015, donde reiteró8 que el recurso extraordinario de revisión, previsto en la mayoría de las áreas del derecho,9 procede contra sentencias ejecutoriadas «buscando esencialmente el restablecimiento de la justicia material y constituyendo una excepción al principio general de la cosa juzgada». En conclusión, el principio de cosa juzgada admite tanto las excepciones dispuestas por el legislador como las previstas en las normas que gobiernan el recurso

constituyendo una excepción al principio general de la cosa juzgada». En conclusión, el principio de cosa juzgada admite tanto las excepciones dispuestas por el legislador como las previstas en las normas que gobiernan el recurso extraordinario y, por ende, la acción especial que en este caso se impetra. 2.4.2. Alcance de las causales de revisión Además de las causales previstas en el artículo 250 del CPACA, el legislador estableció otros eventos de revisión en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003. Conforme consta en la exposición de motivos de esta norma, los artículos 20 y 21 de la Ley 797 de 2003 «contemplan la posibilidad de revisar las decisiones judiciales, las conciliaciones o las transacciones que han reconocido pensiones irregularmente o por

8 Corte Constitucional, Sentencia C-871 de 2003: «Con todo, el principio de la cosa juzgada no tiene carácter absoluto pues puede llegar a colisionar con la justicia material del caso concreto. Para enfrentar tal situación se ha consagrado la acci ón de revisión, la cual permite en casos excepcionales dejar sin valor una sentencia ejecutoriada en aquellos casos en que hechos o circunstancias posteriores a la decisi ón judicial revelan que ésta es injusta. En este sentido puede afirmarse que la revisi ón se opone al principio res iudicata pro veritate habertur para evitar que prevalezca una injusticia, pues busca aniquilar los efectos de la cosa juzgada de una sentencia injusta y reabrir un proceso ya fenecido. Su fin último es, entonces, buscar el imperio de la justicia y verdad material, como fines esenciales del Estado».

aniquilar los efectos de la cosa juzgada de una sentencia injusta y reabrir un proceso ya fenecido. Su fin último es, entonces, buscar el imperio de la justicia y verdad material, como fines esenciales del Estado». 9 Corte Constitucional, sentencia C -520-09: «la procedencia y causales del recurso extraordinario de revisión se encuentran regulados: (i) En materia civil, en el Código de Procedimiento Civil, los artículos 379 y 380. En materia laboral, en la Ley 712 de 2001, art ículos 30 y 31; (iii) En el ámbito penal, en la Ley 600 de 2000, artículo 192; y (iv) En materia contencioso -administrativa, en el Código Contencioso Administrativo, Artículo 188. (modificado p or el artículo 57 de la Ley 446 de 1998)». Actualmente, las causales del recurso extraordinario de revisi ón en materia contencioso-administrativa están previstas, en forma taxativa, en el artículo 250 del CPACA.10

Radicación: 11001 03 25 000 2019 00241 00 (1524-2019) Demandante: UGPP montos que no corresponden a la ley . Así mismo, se contempla la posibilidad de revocar las pensiones irregularmente otorgadas. De esta manera se permite afrontar los graves casos de corrupción en esta materia y evitar los grandes perjuicios que pueda sufrir la Nación».10

Teniendo en cuenta lo anterior, esta corporación ha señalado que la finalidad de la norma trascrita consiste en dotar « a las entidades públicas pagadoras de pensiones y a los entes de control, de una herramienta judicial para solicitar la corrección de los

Teniendo en cuenta lo anterior, esta corporación ha señalado que la finalidad de la norma trascrita consiste en dotar « a las entidades públicas pagadoras de pensiones y a los entes de control, de una herramienta judicial para solicitar la corrección de los reconocimientos pensionales que se encuadren en dichas causales […]».11 Adicionalmente, la jurisprudencia de esta Sección ha precisado que el objeto de la citada norma «consistió en incluir causales cualificadas de revisión, con el propósito primordial de realizar un estudio de las pensiones reconocidas en forma contraria a la ley, de modo que, en últimas, se eviten perjuicios de carácter patrimonial al erario».12 Retomando las causales específicas de revisión, el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 prevé la posibilidad de revisar las sentencias que reconocen sumas periódicas a dos eventos: el primero, que el reconocimiento se haya obtenido con violación del debido proceso; y, el segundo, cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención. Para el análisis de este recurso y de las causales antes mencionadas, corresponde al juez determinar que los supuestos fácticos y jurídicos expuestos por el recurrente encuadren en las causales taxativamente previstas por el legislador, sin que sea posible, en ningún caso, que por este medio se puedan plantear discusiones propias de las instancias ordinarias o subsanar falencias en la defensa dentro del proceso, sino que, efectivamente, se verifique que la pensión reconocida haya sido irregularmente otorgada o no corresponda a lo previsto y ordenado en la ley.

10 Consejo de Estado, Sala Cuatro Especial de Decisión, sentencia de 5 de diciembre de 2017, radicado

irregularmente otorgada o no corresponda a lo previsto y ordenado en la ley.

10 Consejo de Estado, Sala Cuatro Especial de Decisión, sentencia de 5 de diciembre de 2017, radicado 2017 01529 (REV). 11 Ibidem. 12 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A; sentencia del 21 de junio de 2018, radicado 2014 00845 00 (2743-13).11

Radicación: 11001 03 25 000 2019 00241 00 (1524-2019) Demandante: UGPP 2.4.3. La pensión gracia: Aspectos generales sobre su reconocimiento y temporalidad El artículo 1.º de la Ley 114 de 1913 estableció que los maestros de las escuelas primarias oficiales «que hayan servido en el magisterio por un término no menor de veinte años, tienen derecho a una pensión de jubilación vitalicia, en conformidad con las prescripciones de la presente Ley».

Por su parte, las Leyes 116 de 1928 (artículo 6.º) y 37 de 1933 (artículo 3.º) consagraron la posibilidad de que los docentes obtuvieran la pensión gracia computando los años laborados en la enseñanza secundaria, normalista o como inspectores de instrucción pública, siempre y cuando cumplieran los demás requisitos fijados por el artículo 4 .º de la Ley 114 de 1913, 13 pues estos no fueron modificados por la normativa posterior. Dentro de los requerimientos para acceder al mencionado beneficio, el artículo 4.º ibidem incluyó el referente a que el educador no haya recibido o reciba «otra pensión o recompensa de carácter nacional».

por la normativa posterior. Dentro de los requerimientos para acceder al mencionado beneficio, el artículo 4.º ibidem incluyó el referente a que el educador no haya recibido o reciba «otra pensión o recompensa de carácter nacional». En virtud de dicho condicionamiento, la Sala Plena del Consejo de Estado, mediante Sentencia S-699 del 29 de agosto de 1997, concluyó que «la pensión gracia no puede ser reconocida a favor de un docente nacional, pues constituye requisito indispensable para su viabilidad que el maestro no reciba retribución alguna de la nación por servicios que le preste, o que no se encuentre pensionado por cuenta de ella. Por lo tanto, los únicos beneficiarios de tal prerrogativa eran los educadores locales o regionales».14

13 «Artículo 4.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el interesado compruebe:

1. Que en los empleos que ha desempeñado se ha conducido con honradez y consagración. 2.

(Derogado por la Ley 45 de 1931). 3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional. Por consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un Maestro pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal, concedidas por la Nación o por un Departamento. 4. Que observe buena conducta. 5. (Derogado artículo 8 Ley 45 de 1931). 6. Que ha cumplido cincuenta años, o que se halla en incapacidad por enfermedad u otra causa, de ganar lo necesario para su sostenimiento». 14 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 29 de agosto de 1997, con radicado S -699. También pueden consultarse las siguientes providencias de la Sección

necesario para su sostenimiento». 14 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 29 de agosto de 1997, con radicado S -699. También pueden consultarse las siguientes providencias de la Sección Segunda que han acogido igual lineamiento: i) Subsección A, sentenc ia del 10 de marzo de 2016, radicado: 52001 23 33 000 2013 00145 01 (2604-2014); ii) Subsección B, sentencia del 1 de marzo de 2018, radicado: 25000 23 42 000 2013 06449 01 (3989-2015); y iii) Subsección B, sentencia del 30 de enero de 2020, radicado: 2300 1 23 33 000 2016 00431 01 (5640 -2018). En similar sentido, puede consultarse la Sentencia C-085 de 2002, proferida por la Corte Constitucional.12

Radicación: 11001 03 25 000 2019 00241 00 (1524-2019) Demandante: UGPP Al respecto, es preciso resaltar que la prestación en comento se creó con la finalidad de compensar a los profesores adscritos a entidades territoriales en razón a la diferencia salarial que se evidenciaba en comparación con los docentes nacionales; sin embargo, este objetivo inicial perdió su fundamento con ocasión del proceso de nacionalización de la educación que instituyó la Ley 43 de 1975 y en razón a que el artículo 15 de la Ley 91 de 1989 dispuso que tal beneficio sería com patible con la pensión ordinaria de jubilación, «aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación».

artículo 15 de la Ley 91 de 1989 dispuso que tal beneficio sería com patible con la pensión ordinaria de jubilación, «aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación». En virtud de la expedición de la Ley 91 de 1989, la Sala Plena de esta corporación, en la referida Sentencia S-699 de 1997, afirmó que la pensión gracia debe reconocerse a los docentes nacionalizados, en aras de «colmar las expectativas de los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 e involucrados, por su labor, en el proceso de nacionalización de la educación primaria y secundaria oficiales». Ahora bien, la Ley 91 de 1989 pretendió desmontar el reconocimiento de la pensión gracia en consideración a que ya no existía la diferencia salarial anotada; sin embargo, en su artículo 15, numeral 2, literal a), previó lo siguiente: Artículo 15. A partir de la vigencia de la presen