CE - 010325000201901036001SENTENCIA20230306112135

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D. C., dieciséis (16) de febrero de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN Radicación: 11001-03-25-000-2019-01036-00 (6755-2019) Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) Demandado: Celestina Lloreda Rentería Temas: Causales previstas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003. Reliquidación de pensión de jubilación __________________________________________________________________

Decide la Sala la acción de revisión interpuesta por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) contra la sentencia del Tribunal Administrativo de l C hocó, del 13 de noviembre de 2014, a través de la cual se confirmó parcialmente la providencia emitida por el Juzgado Sexto Administrativo de Descongestión de Quibdó, el 30 de agosto de 2013, que accedió a las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La acción de revisión

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio de la acción especial de revisión prevista en el artículo 20 de la Ley 797

1. Antecedentes

1.1. La acción de revisión

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio de la acción especial de revisión prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), por conducto de apodera da judicial, solicitó infirmar la sentencia del Tribunal Administrativo de l Chocó, del 13 de noviembre de 2014, a través de la cual se confirmó parcialmente la providencia emitida por el Juzgado Sexto Administrativo de Descongestión de Quibdó, el 30 de agosto de 2013, que accedió a las pretensiones de la demanda formulada por la señora Celestina Lloreda Rentería contra la UGPP, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho de radicado 27 001 33 31 706 2012 00133 01.2

Radicación: 11001-03-25-000-2019-01036-00 (6755-2019) Demandante: UGPP Con fundamento en lo anterior, solicitó i) revocar la sentencia emitida por el Tribunal Administrativo del Chocó, del 13 de noviembre de 2014, que confirmó parcialmente la providencia emitida por el Juzgado Sexto Administrativo de Quibdó, el 30 de agosto de 2013; ii) declarar que la señora Celestina Lloreda Rentería, en cuanto a la liquidación de su mesada pensional, no es acreedora de un derecho adquirido amparado por la legislación colombiana; y iii) ordenar la reliquidación de la mesada pensional de la demandada, teniendo el ingreso base de liquidación previsto en los

la liquidación de su mesada pensional, no es acreedora de un derecho adquirido amparado por la legislación colombiana; y iii) ordenar la reliquidación de la mesada pensional de la demandada, teniendo el ingreso base de liquidación previsto en los artículos 36, inciso 3.° o 21 de la Ley 100 de 1993 y los factores del Decreto 1158 de 1994, de acuerdo con lo establecido por la Corte Constitucional en las Sentencias C-168 de 1995, C258 de 2013, SU - 230 de 2015, SU-427 de 2016, SU -210 de 2017, SU-395 de 2017, SU -631 de 2017 y T -039 de 2018 y en los Autos 326 de 2014 y 227 de 2017.

1.1.2. Hechos

Como hechos relevantes, la apoderada de la entidad recurrente señaló los siguientes:

1. El 26 de abril de 1946, nació la señora Celestina Lloreda Rentería . Prestó sus servicios en la Secretaría de Salud de Chocó, desde el 26 de agosto de 1975 hasta el 30 d e enero de 2007 y el último cargo que desempeñó fue el de auxiliar de enfermería.

1. El 26 de abril de 2001, la señora Lloreda Rentería adquirió el estatus jurídico de pensionada.

1. El 22 de noviembre de 2005, a través de la Resolución 39437 la Caja Nacional de Previsión Social (CAJANAL) reconoció una pensión de jubilación a la hoy demandada en cuantía de $  522.891,00, a partir del 1.° de enero de 2003,

de Previsión Social (CAJANAL) reconoció una pensión de jubilación a la hoy demandada en cuantía de $  522.891,00, a partir del 1.° de enero de 2003, condicionada al retiro definitivo del servicio. Posteriormente, la prestación fue reliquidada por virtud de la Resoluci ón 14637 del 3 de abril de 200 9, en el equivalente el 75 % del promedio de lo devengado entre el 5 de enero de 2000 y el 30 de enero de 2007, efectiva a partir del 15 de febrero de 2007.

1. El 30 de agosto de 2013, el Juzgado Sexto Administrativo de Descongestión de Quibdó, profirió sentencia de primera instancia, en el sentido de acceder a las3

Radicación: 11001-03-25-000-2019-01036-00 (6755-2019) Demandante: UGPP pretensiones de la demanda interpuesta por la señora Lloreda Rentería contra la extinta CAJANAL, hoy UGPP. En ese orden, resolvió, entre otras cosas, lo siguiente:1

[…] SEGUNDO: DECLÁRESE la nulidad parcial de la Resolución No. 39437 y 14637 (sic) de fecha 22 de noviembre de 2005, por medio de la cual (sic) la Caja Nacional de Previsión Social, reconoce y ordena pagar [una] pensión mensual vitalicia de vejez a favor de la señora CELESTINA LLOREDA DE RENTERÍA, así como la Resolución No. 14637 del 03 de abril de 2009 por medio de la cual la misma entidad ordena reliquidar la prestación pensional, conforme lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.

14637 del 03 de abril de 2009 por medio de la cual la misma entidad ordena reliquidar la prestación pensional, conforme lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.

TERCERO: Como consecuencia de la anterior declaración, ORDENESE a la CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL proceda a reliquidar la pensión de jubilación de la señora CELESTINA LLOREDA DE RENTERÍA, identificada con cédula de ciudadanía No. 26.257.140 de Quibdó, en cuantía equivalente del 75 % del promedio mensual devengado durante el año inmediatamente anterior a la fecha en que adquirió el derecho a la pensión, teniendo en cuenta como factores salariales, además de la asignación básica y la bonificación por servicios; las primas de navidad, vacacional, alimenticia y de servicio, conforme lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.

Si no se hicieron de manera oportuna los aportes de ley sobre los factores que en esta sentencia se ordena incluir, la entidad accionada al momento del reconocimiento hará los descuentos correspondientes.

CUARTO: DECLÁRESE la prescripción del derecho en relación al pago de diferencia pensional respecto de las mesadas causadas con anterioridad al 29 de junio de 2009, conforme la parte motiva de la presente providencia. […] (Resaltado original del texto)

1. El 13 de noviembre de 20 14, el Tribunal Administrativo de l C hocó, emitió sentencia de segunda instancia, en el entendido de confirmar parcialmente la providencia expedida por el Juzgado Sexto Administrativo de Descongestión de Quibdó, en los siguientes términos:2

sentencia de segunda instancia, en el entendido de confirmar parcialmente la providencia expedida por el Juzgado Sexto Administrativo de Descongestión de Quibdó, en los siguientes términos:2

MODIFÍCASE la sentencia No. 0195 del 30 de agosto de 2013, proferida por el Juzgado Sexto Administrativo de Descongestión del Circuito de Quibdó que accedió a las súplicas de la demanda promovida por la señora Celestina Lloreda Rentería contra la Caja Nacional de Previs ión CAJANAL, HOY UNIDAD ADMINISTRATIVA DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL “UGPP”, en cuanto ordenó la reliquidación de la pensión de la actora con inclusión de la prima alimenticia como factor.

En su lugar,

PRIMERO: NIÉGASE la inclusión de la prima alimenticia como factor , de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: CONFÍRMASE en lo demás la decisión de primera instancia. […] (Resaltado y comillas originales del texto).

1 Folios 130 al 135 anverso del cuaderno 1 de la acción especial de revisión. 2 Folios 135 reverso al 143 del cuaderno 1 de la acción especial de revisión.4

Radicación: 11001-03-25-000-2019-01036-00 (6755-2019)

Demandante: UGPP

1. El 9 de diciembre de 2014, quedó ejecutoriada la sentencia emitida por el Tribunal

Administrativo del Chocó.

1. El 8 de septiembre de 2015, la UGPP expidió la Resolución RDP 036472 mediante

1. El 9 de diciembre de 2014, quedó ejecutoriada la sentencia emitida por el Tribunal

Administrativo del Chocó.

1. El 8 de septiembre de 2015, la UGPP expidió la Resolución RDP 036472 mediante la cual dio cumplimiento a la providencia referida . De esta manera, resolvió reliquidar la pensión de jubilación de la señora Lloreda Rentería , en cuantía de $ 836.167, efectiva a partir del 1.° de febrero de 2007, con efectos fiscales desde el 29 de junio de 2009, por prescripción trienal.

1.1.3. La sentencia objeto de revisión

El Tribunal Administrativo del Chocó, el 13 de noviembre de 2014,3 emitió sentencia de segunda instancia, en el sentido de confirmar parcialmente la providencia expedida por el Juzgado Sexto Administrativo de Descongestión de Quibdó, el 30 de agosto de 2013, que accedió a las pretensiones de la demanda presentada por la señora Celestina Lloreda Rentería contra la extinta CAJANAL, hoy UGPP, con sustento en las siguientes consideraciones:

1. Con la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010,4 emitida por el Consejo de Estado, se precisó que aunque la ley no señalaba taxativamente los factores de salario debían incluirse, en la liquidación de las pensiones de jubilación, todas aquellas sumas que de manera habitual y periód ica el trabajador percibiera como contraprestación del servicio.

1. En el sub lite está acreditado que la entidad demandada liquidó la pensión de

aquellas sumas que de manera habitual y periód ica el trabajador percibiera como contraprestación del servicio.

1. En el sub lite está acreditado que la entidad demandada liquidó la pensión de jubilación de la actora en atención a las normas anteriores a la Ley 100 de 1993, salvo lo relacionado con el cálculo del IBL, pues para tal efecto aplicó el inciso 3.° del artículo 36 ibidem. No obstante, con sustento en las reglas jurisprudenciales y de acuerdo con el acervo probatorio, la demandante, como beneficiaria del régimen de transición aludido, tiene derecho a que la prestación sea reliquidada con base en

3 Folios 135 reverso al 143 del cuaderno 1 de la acción especial de revisión. 4 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010, radicado 2500023250002006-0750901 (0112-09).5

Radicación: 11001-03-25-000-2019-01036-00 (6755-2019) Demandante: UGPP la integralidad de la normativa anterior, es decir, las Leyes 33 y 62 de 1985, es decir, edad, tiempo de servicios y monto de la pensión.

En consecuencia, en el ingreso base de liquidación de la pensión de jubilación deben incluirse todos los factores devengados durante su último año de servicio , comprendido entre el 30 de enero de 2006 y el 30 de enero de 2007 y no como lo determinaron los actos reprochados al considerar únicamente la asignación básica y la bonificación por servicios prestados; cuando lo cierto es que en aquel período la actora también percibió las primas de servicios, de vacaciones y de navidad.

determinaron los actos reprochados al considerar únicamente la asignación básica y la bonificación por servicios prestados; cuando lo cierto es que en aquel período la actora también percibió las primas de servicios, de vacaciones y de navidad.

1. De conformidad con el Decreto 2710 de 2001, la bonificación por recreación no constituye factor salarial para efectos prestacionales, toda vez que no pretende remunerar directamente el servicio del empleado, sino que por el contrario, su vocación es ser un beneficio de la recreación del trabajador. Por su parte, si bien el a quo incluyó en la liquidación de la prestación la prima alimenticia, de acuerdo con la certificación expedida por el empleador de la actora, aquella no la devengó en el último año de servicio.

1. En ese orden, se impone confirmar parcialmente la sentencia emitida por el Juzgado Sexto Administrativo de Descongestión de Quibdó , comoquiera que ordenó la reliquidación de la pensión de jubilación de la demandante, con efectos fiscales desde el 29 de junio de 2009, en los términos previamente expuestos . Sin embargo, es pertinente modificar la parte resolutiva de aquella providencia, en el entendido de excluir la prima alimenticia.

1.2. Las causales de revisión invocadas

La apoderada de la entidad recurrente invocó las causales previstas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 y, en desarrollo de est as, expuso los siguientes argumentos:

1. El juzgador se apartó de la interpretación que había desarrollado la Corte Constitucional sobre el inciso 3.º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Con ello, se

siguientes argumentos:

1. El juzgador se apartó de la interpretación que había desarrollado la Corte Constitucional sobre el inciso 3.º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Con ello, se desconoció el derecho al debido proceso, las formas propias de cada juicio y los principios superiores de legalidad consagrados en los artículos 1, 2, 4, 6, y 29 de la

Constitución Política.6

Radicación: 11001-03-25-000-2019-01036-00 (6755-2019)

Demandante: UGPP

1. En el expediente se acreditó que la señora Lloreda Rentería es beneficiaria del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por ende el régimen pensional aplicable es el dispuesto en la Ley 33 de 1985.

En este sentido, conforme lo dispone el inciso 2.º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, las prerrogativas de transición consisten en que a las personas que queden cobijadas por éstas les asiste el derecho a que se les aplique el régimen anterior al cual se encontraban afiliadas, en lo que tiene que ver con la edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio y el monto de la prestación.

Sin embargo, en lo atinente al ingreso base de liquidación la norma aplicable es la Ley 100 de 1993, específicamente la regla que indica que el IBL para liquidar la pensión de jubilación de las personas en transición que les faltare menos de 10 años para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que

Ley 100 de 1993, específicamente la regla que indica que el IBL para liquidar la pensión de jubilación de las personas en transición que les faltare menos de 10 años para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del IPC, según certificación por el

DANE.5

1. El Decreto 1158 de 1994 recoge los factores salariales sobre los cuales debe calcularse la mesada pensional que percibe la demandada, comoquiera que, se insiste, aquella adquirió el estatus jurídico de pensionad a en vigencia de aquella norma. iv) En razón a la sentencia cuya revisión se solicita, la mesada pensional devengada por la señora Lloreda Rentería se incrementó sin que exista justificación legal ni jurisprudencial para ello, con lo cual se afecta gravemente la sostenibilidad financiera del sistema pensional.

1.3. Contestación a la acción especial de revisión

Vencido el término para presentar contestación a la acción especial de revisión, la parte demandada guardó silencio.6

5 La entidad recurrente manifiesta que la Corte Constitucional, en igual sentido, lo ha señalado en las Sentencias C-168 de 1995, C-258 de 2013, SU-230 de 2015, SU-427 de 2016, SU-210 de 2017, SU-395 de 2017, SU-631 de 2017 y T-039 de 2018, las cuales constituyen precedente obligatorio. 6 Tras revisar el expediente y el sistema SAMAI, la Sala advierte que la señora Celestina Lloreda

SU-395 de 2017, SU-631 de 2017 y T-039 de 2018, las cuales constituyen precedente obligatorio. 6 Tras revisar el expediente y el sistema SAMAI, la Sala advierte que la señora Celestina Lloreda Rentería guardó silencio. Lo anterior, pese a que el 13 de mayo de 2021, el Tribunal Administrativo7

Radicación: 11001-03-25-000-2019-01036-00 (6755-2019)

Demandante: UGPP

1.4. El ministerio público

El agente del ministerio público no rindió concepto.7

2. Consideraciones

2.1. Competencia

Esta corporación es competente para conocer del recurso extraordinario de revisión en virtud del numeral 2.º del artículo 249 del CPACA.8 Asimismo, atendiendo al criterio de especialización, por tratarse de un asunto de carácter laboral, la Sección Segunda, en la Subsección a la que corresponda el reparto del proceso, es competente para conocer del recurso extraordinario, según lo previsto en el artículo 13 del Acuerdo 080 de 12 de marzo de 2019.9 De igual manera, de conformidad con el art ículo 20 de la Ley 797 de 2003, el Consejo de Estado es competente para conocer de la revisi ón de las providencias judiciales «que hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza p ública la obligación de cubrir sumas peri ódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza [...] a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Segurida d Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la Rep ública o del Procurador General

de dinero o pensiones de cualquier naturaleza [...] a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Segurida d Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la Rep ública o del Procurador General de la Nación».10

del Chocó , cumplió el despacho comisorio ordenado por esta Subsec ción y en sentido , notificó personalmente a la demandada el contenido de la acción especial de revisión interpuesta por la UGPP; actuación visible a folio 260 del cuaderno 2. 7 Si bien en la constancia secretarial obrante a folio 297 del cuaderno 2 de la acción especial de revisión se señala que el ministerio público rindió concepto visible a índice 12 del sistema SAMAI, la Sala al realizar la consulta en el referido sistema, observa que aquel índice contiene el reporte de la radicación del Oficio 430 suscrito por el Tribunal Ad ministrativo del Chocó , por medio del cual devuelve a esta corporación, entre otros, el despacho comisorio ordenado por esta Sala, cuyo objeto está descrito en la nota al pie número 5 de esta providencia. 8 «Artículo 249. Competencia. (…) De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia. De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los jueces administrativos conocerán los Tribunales Administrativos.». 9 «Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado» . Adicionalmente, la Sala resalta que la presente acción especial de revisión fue interpuesta antes de la entrada en vigencia de la Ley 2080 de 2021, esto es, el 5 de diciembre de 2019, como consta en

Adicionalmente, la Sala resalta que la presente acción especial de revisión fue interpuesta antes de la entrada en vigencia de la Ley 2080 de 2021, esto es, el 5 de diciembre de 2019, como consta en el folio 10 reverso del cuaderno 1; razón por la cual su trámite no está regido por las reglas de competencia consagradas en la referida norma. 10 Cabe agregar, que la Corte Constitucional, a trav és de la Sentencia SU -427 de 2016, también reconoció a la UGPP como sujeto activo para presentar la acci ón de revisión de que trata el citado artículo 20 de la Ley 797 de 2003.8

Radicación: 11001-03-25-000-2019-01036-00 (6755-2019)

Demandante: UGPP

Así mismo, es oportuno señalar que conforme el numeral 6 del artículo 6 del Decreto 575 de 2013 y, el artículo 156 de la Ley 1151 de 2007, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), está legitimada para la interp osición de est e recurso, teniendo en cuenta que se le asigna la función de adelantar o asumir, cuando haya lugar, las acciones previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 , como lo reconoció la Corte Constitucional en la Sentencia SU-427 de 2016.

2.2. Oportunidad

El inciso 4.º del artículo 251 de la Ley 1437 de 2011 dispone que «en los casos previstos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el recurso deberá presentarse dentro de los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial». En

previstos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el recurso deberá presentarse dentro de los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial». En el sub lite, la sentencia objeto de revisión cobró ejecutoria el 9 de diciembre de 201411 y la acción especial d e revisión se interpuso el 5 de diciembre de 201 9,12 por lo que es dable concluir que fue presentado dentro del término establecido en la ley.

2.3. El problema jurídico

Consiste en establecer si la sentencia del Tribunal Administrativo del Chocó, del 13 de noviembre de 201 4, se encuentra inmersa en la s causales de revisión contempladas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 , que permiten acudir a la acción especial de revisión «Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso» y «Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables».

2.4. Marco normativo

2.4.1. La acción de revisión de la Ley 797 de 2003

El artículo 20 de la Ley 797 de 2003 estableció la posibilidad de revisión de las providencias judiciales que hubiesen decretado el reconocimiento de sumas

11 Folio 129 del cuaderno 1 de la acción de revisión. 12 Folio 10 reverso del cuaderno 1 de la acción de revisión.9

Radicación: 11001-03-25-000-2019-01036-00 (6755-2019) Demandante: UGPP periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública, en los

Radicación: 11001-03-25-000-2019-01036-00 (6755-2019) Demandante: UGPP periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública, en los

siguientes términos:

ARTÍCULO 20. REVISIÓN DE RECONOCIMIENTO DE SUMAS PERIÓDICAS A CARGO DEL TESORO PÚBLICO O DE FONDOS DE NATURALEZA PÚBLIC A. <Apartes tachados INEXEQUIBLES> Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias , a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación.

La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o conciliación judicial o extrajudicial.

La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales consagradas para este en el mismo código y además:

a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y

b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.

Como puede observarse, si bien la norma transcrita indica que la acción de revisión

b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.

Como puede observarse, si bien la norma transcrita indica que la acción de revisión debe tramitarse a través del procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión, que actualmente se encuentra regulado por los artículos 248 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), lo cierto es que presenta aspectos que lo particularizan y que han sido advertidos tanto por la jurisprudencia del Consejo de Estado como de la Corte Constitucional, entre los cuales se tienen los siguientes:

1. Son susceptibles del recurso no solo sentencias ejecutoriadas, sino también otro tipo de providencias que tengan como efecto el reconocimiento de una prestación, ellas pueden ser autos que terminan anormalmente el proceso y aquellos actos que sean consecuencia de acuerdos, tales como transacción y conciliación.

1. Están legitimadas para su interposición el Gobierno Nacional, por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del contralor General de la República o del procurador General de la Nación y las entidades que realizan el reconocimiento de pensiones.10

Radicación: 11001-03-25-000-2019-01036-00 (6755-2019) Demandante: UGPP iii) Respecto de su alcance la jurisprudencia advirtió que no se extiende a reabrir el debate probatorio, sino que se trata de revisar el valor de las pensiones reconocidas en contra de lo ordenado por la ley, con el propósito de salvaguardar el equilibrio

debate probatorio, sino que se trata de revisar el valor de las pensiones reconocidas en contra de lo ordenado por la ley, con el propósito de salvaguardar el equilibrio entre la prestación y su legalidad, además de velar por la protección de los recursos limitados del tesoro público, la liqui dez, solvencia y sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social, así como el principio de universalidad que lo inspira.

1. De esta manera, no se trata de una tercera instancia que admita reabrir el debate sobre el derecho a una prestación, pues su mar co se encuentra circunscrito a revisar los aspectos concernientes al reconocimiento del derecho (literal a) y a la liquidación de aquel (literal b), cuando se concedió con vulneración del debido proceso o de la ley, o en un valor mayor al que corresponde.

1. Igualmente, se entienden excluidos de su alcance los asuntos relativos al reconocimiento de prestaciones periódicas inferiores a las que se deben de acuerdo con las normas que rigen la materia.

Con todo, conviene recordar que el ejercicio de esta clase de recursos entra en colisión con la institución de la cosa juzgada y la seguridad jurídica, pero, precisamente, estos mecanismos se instituyeron como una excepción que debe admitirse frente a un fin legítimo, el cual es determinar si el reconocimien to pensional se hizo con violación al debido proceso o si la cuantía reconocida excede lo ordenado por la ley. Así lo precisó la Corte Constitucional al decidir la exequibilidad del art ículo 249 del CPACA en la Sentencia C-450 de 2015, donde reiteró13 que el recurso extraordinario de revisi ón, previsto en la mayor ía de las áreas del derecho ,14 procede contra

CPACA en la Sentencia C-450 de 2015, donde reiteró13 que el recurso extraordinario de revisi ón, previsto en la mayor ía de las áreas del derecho ,14 procede contra

13 Corte Constitucional, sentencia C-871 de 2003: «Con todo, el principio de la cosa juzgada no tiene carácter absoluto pues puede llegar a colisionar con la justicia material del caso concreto. Para enfrentar tal situación se ha consagrado la acción de revisión, la cual permite en casos excepcionales dejar sin valor una sentencia ejecutoriada en aquellos casos en que hechos o circunstancias posteriores a la decisión judicial revelan que ésta es injusta. En este sentido puede afirmarse que la revisión se opone al principio res iudicata pro veritate habertur para evitar que prevalezca una injusticia, pues busca aniquilar los efectos de la cosa juzgada de una sentencia injusta y reabrir un proceso ya fenecido. Su fin último es, entonces, b uscar el imperio de la justicia y verdad material, como fines esenciales del Estado». 14 Corte Constitucional, sentencia C -520-09: «la procedencia y causales del recurso extraordinario de revisión se encuentran regulados: (i) En materia civil, en el C ódigo de Procedimiento Civil, los artículos 379 y 380. En materia laboral, en la Ley 712 de 2001, art ículos 30 y 31; (iii) En el ámbito penal, en la Ley 600 de 2000, artículo 192; y (iv) En materia contencioso-administrativa, en el Código11

Radicación: 11001-03-25-000-2019-01036-00 (6755-2019)

Demandante: UGPP

Radicación: 11001-03-25-000-2019-01036-00 (6755-2019) Demandante: UGPP sentencias ejecutoriadas «buscando esencialmente el restablecimiento de la justicia material y constituyendo una excepción al principio general de la cosa juzgada».

En conclusión, el principio de cosa juzgada admite tanto las excepciones dispuestas por el legislador como las previstas en las normas que gobiernan el recurso extraordinario y, por ende, la acción especial que en este caso se impetra. 2.4.2. Alcance de las causales de revisión

Además de las causales previstas en el artículo 250 del CPACA, el legislador estableció otros eventos de revisión en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

Conforme consta en la exposición de motivos de esta norma, los artículos 20 y 21 de la Ley 797 de 2003 « contemplan la posibilidad de revisar las decisiones judiciales, las conciliaciones o las transacciones que han reconocido pensiones irregularmente o por montos que no corresponden a la ley. Así mismo, se contempla la posibilidad de revocar las pensiones irregularmente otorgadas. De esta manera se permite afrontar los graves casos de corrupción en esta materia y evitar los grandes perjuicios que pueda sufrir la Nación».15

Teniendo en cuenta lo anterior, esta Corporación ha señalado que la finalidad de la norma trascrita consiste en dotar «a las entidades públicas pagadoras de pensiones y a los entes de control, de una herramienta judicial para solicitar la corrección de los reconocimientos pensionales que se encuadren en dichas