CE - 010325000202000012001SENTENCIA20231122123208

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D. C., nueve (9) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN Radicación: 11001 03 25 000 2020 00012 00 (0012-2020)

Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social1

Demandado: Jaime Bohórquez Lozano

Temas: Causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

Reliquidación de pensión de jubilación. __________________________________________________________________ Cumplidas las etapas procesales previstas en los artículos 253, 254 y 255 del CPACA, aplicables por remisión expresa del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, la Sala procede a decidir de fondo la acción especial de revisión de la referencia.

1. Antecedentes 1.1. La acción de revisión2 1.1.1. Las pretensiones En ejercicio de la acción especial de revisión prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, la UGPP, por conducto de apoderado judicial, solicitó infirmar la sentencia del 14 de junio de 2018 , proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, que confirmó el fallo del 29 de enero de 2016 ,

14 de junio de 2018 , proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, que confirmó el fallo del 29 de enero de 2016 , emitido por el Juzgado Trece Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de Bogotá, Sección Segunda, dentro del proceso 11001 33 35 013 2013 00237 01. Como consecuencia de lo anterior, la entidad pidió reliquidar la mesada pensional del

1 En adelante UGPP. 2 Folios 1 al 8 del cuaderno 3 de la acción especial de revisión.2

Radicación: 11001 03 25 000 2020 00012 00 (0012-2020) Demandante: UGPP señor Jaime Bohórquez Lozano conforme a las Sentencias C-168 de 1995, C-258 de 2013, SU-230 de 2015 y SU 395 de 2017 todas dictadas por la Corte Constitucional, adoptando como ingreso base de liquidación las directrices fijadas en el inciso 3.º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 o, en su defecto, las consagradas en el artículo 21 ibidem, con la inclusión de los factores indicados en el Decreto 1158 de 1994, por aplicación del artículo 4.º del Decreto 1835 de 1994.

Así mismo, condenar al accionado devolver las sumas recibidas en exceso, debidamente indexadas y actualizadas. 1.1.2. Hechos El apoderado de la entidad recurrente señaló los siguientes: i) El 5 de diciembre de 1967, nació el señor Jaime Bohórquez Lozano. ii) Entre el 29 de abril de 1988 y el 30 de junio de 2008, el accionado prestó sus

1. El 5 de diciembre de 1967, nació el señor Jaime Bohórquez Lozano. ii) Entre el 29 de abril de 1988 y el 30 de junio de 2008, el accionado prestó sus servicios para el extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), y el último cargo que desempeñó fue el de detective profesional 207-10. iii) El 28 de abril de 2008, el señor Bohórquez adquirió su estatus pensional. iv) El 25 de junio de 2009, Cajanal expidió la Resolución 21252, a través de la cual se le reconoció al demandado una pensión de vejez equivalente al 75 % del promedio de lo devengado en los últimos 10 años de servicio —lapso comprendido entre el 1.° de julio de 1998 y el 30 de junio de 2008 —, en cuantía de $ 1.062.699,83, efectiva a partir del 1.° de julio de 2008, conforme a lo señalado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y la Sentencia C-168 de 1995 de la Corte Constitucional. v) El 16 de mayo de 2013, mediante la Resolución RDP 022405, la UGPP negó la reliquidación de la mesada pensional del señor Jaime Bohórquez Lozano. Tal acto administrativo fue confirmado por las Resoluciones RDP 028912 del 25 de junio y RDP 034405 del 29 de julio, ambas de 2013. vi) Inconforme con lo anterior, el hoy accionado formuló demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra las decisiones administrativas enunciadas.3

Radicación: 11001 03 25 000 2020 00012 00 (0012-2020)

Demandante: UGPP

restablecimiento del derecho contra las decisiones administrativas enunciadas.3

Radicación: 11001 03 25 000 2020 00012 00 (0012-2020) Demandante: UGPP vii) El 29 de enero de 2016, el Juzgado Trece Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de Bogotá, Sección Segunda, profirió sentencia de primera instancia, en la que accedió a las pretensiones de la demanda, en el sentido de declarar la nulidad parcial de la Resolución 21252 del 5 de junio de 2009, y la nulidad total de la Resolución RDP 022405 del 16 de mayo de 2013 , así como de los actos fictos negativos configurados el 11 de agosto de 2013.

Como consecuencia de ello, condenó a la UGPP a liquidar la pensión de jubilación del señor Jaime Bohórquez Lozano, con la inclusión, además de los factores salariales reconocidos por la autoridad, los no tenidos en cuenta, tales como: 1/12 de las primas de servicios, navidad y de vacaciones, en forma proporcional, tomando como base la suma resultante del promedio de lo devengado durante el último año de servicio, al cual deberá aplicársele el 75 %, con los respectivos ajustes pensiones. viii) El 14 de junio de 2018, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, confirmó en su totalidad el fallo referido en el numeral anterior. ix) El 16 de noviembre de 2018, la UGPP expidió Resolución RDP 044275, mediante la cual dio cumplimiento a las decisiones judiciales, lo cual incrementó la

anterior. ix) El 16 de noviembre de 2018, la UGPP expidió Resolución RDP 044275, mediante la cual dio cumplimiento a las decisiones judiciales, lo cual incrementó la mesada del señor Bohórquez a la suma de $ 1.352.045, efectiva desde el 20 de junio de 2010. 1.1.3. La sentencia objeto de revisión3 El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, mediante sentencia del 14 de junio de 2018, confirmó en su totalidad el fallo emitido por el Juzgado Trece Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de Bogotá, Sección Segunda, que accedió a las pretensiones incoadas por el señor Jaime Bohórquez Lozano, bajo los siguientes argumentos: i) Es evidente que el demandante cumple con todas las condiciones exigidas para ser beneficiario del régimen de transición especial establecido en el parágrafo 5.° del artículo 2 .º de la Ley 860 de 2003, que remite al Decreto 1835 de 1994, pues se desempeñó en el cargo de detective profesional 207 -11. Adicionalmente, al 3 de

3 Folios 213 a 219 del expediente 11001 33 35 013 2013 00237 01, allegado en calidad de préstamo.4

Radicación: 11001 03 25 000 2020 00012 00 (0012-2020) Demandante: UGPP agosto de 1994, ya estaba vinculado al DAS y, al 29 de diciembre de 2003, tenía más de 500 semanas de cotización, por lo que su pensión debe ser reconocida según el régimen especial para los funcionarios de esa entidad, en cuanto a la edad, el tiempo y el monto.

de 500 semanas de cotización, por lo que su pensión debe ser reconocida según el régimen especial para los funcionarios de esa entidad, en cuanto a la edad, el tiempo y el monto. ii) Si bien, en un principio, la Sala consideró que el IBL se debía liquidar en la manera señalada en el artículo 13 del Decreto 1835 de 1994, que remite expresamente al artículo 21 de la Ley 100 de 1993, lo cierto es que por virtud del fallo de tutela del 24 de mayo de 2018,4 emitido por la Sección Cuarta del Consejo de Estado —que dejó sin efectos el fallo del 10 de noviembre de 2016 —5 se debían acoger las reglas jurisprudenciales de la sentencia de unificación del 1.º de agosto de 2013.6 iii) Por último, l a Sentencia SU -230 de 2015 de la Corte Constitucional no es aplicable al caso particular, puesto que allí no se hizo referencia al régimen de transición pensional de los artículos 2.° y 4.° del Decreto 1835 de 1994. 1.2. Las causales de revisión invocadas7 El apoderado de la recurrente invocó la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 y, en desarrollo de esta, expuso los siguientes argumentos: i) El juzgador se apartó de la interpretación que había desarrollado la Corte Constitucional sobre el inciso 3.º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Con ello, se desconoció el derecho al debido proceso, las formas propias de cada juicio y los principios superiores de legalidad consagrados en los artículos 1, 2, 4, 6, 13, 29, 121,

desconoció el derecho al debido proceso, las formas propias de cada juicio y los principios superiores de legalidad consagrados en los artículos 1, 2, 4, 6, 13, 29, 121, 123 –inciso 2.º– y 124 de la Constitución Política. ii) El señor Jaime Bohórquez Lozano acreditó el cumplimiento de los requisitos para ser beneficiario de la transición prevista en el artículo 4.º del Decreto 1835 de 1994, y,

4 Expediente 11001 03 15 000 2017 00174 01, con ponencia de la magistrada Stella Jeannette Carvajal Basto. 5 Sobre este punto, vale la pena aclarar que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, dentro del expediente 11001 33 35 013 2013 00237, había proferido la sentencia del 10 de noviembre de 2016, mediante la cual revocó el fallo de primera instancia del 29 de enero de 2016 del Juzgado 13 Administrativo Oral del Circuito de Bogotá, D. C. No obstante, dicha providencia de segunda instancia fue dejada sin efectos en virtud de la decisión de tutela de la Sección Cuarta del Consejo de Estado, del 24 de mayo de 2018. 6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del 1.º de agosto de 2013, con radicado 44001 23 31 000 2008 00150 01 (0070 -11), con ponencia del magistrado Gerardo Arenas Monsalve. 7 Folio 3, revés, al 7 del cuaderno 3 de la acción especial de revisión.5

Radicación: 11001 03 25 000 2020 00012 00 (0012-2020)

Monsalve. 7 Folio 3, revés, al 7 del cuaderno 3 de la acción especial de revisión.5

Radicación: 11001 03 25 000 2020 00012 00 (0012-2020) Demandante: UGPP por ello, está cobijado por el régimen especial consagrado en los Decretos 1047 de 1978 y 1933 de 1994, pero solo respecto de la edad, el tiempo de servicio y el monto.

Sin embargo, en lo atinente al ingreso base de liquidación, la norma aplicable es la señalada en el artículo 13 del Decreto 1835 de 1994, que remite expresamente al artículo 21 de la Ley 100 de 1993, esto es, que debe computarse con el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión. Por lo tanto, el ad quem desconoció las referidas normas y el precedente de la Corte Constitucional fijado en las Sentencias C -258 de 2013, SU -230 de 2015, SU -395 de 2017. iii) Debido a lo anterior, la pensión devengada por el accionado se incrementó sin que exista justificación legal ni jurisprudencial para tal fin, con lo cual se afectó gravemente la sostenibilidad financiera del sistema pensional. 1.3. Contestación a la acción especial de revisión8 El señor Jaime Bohórquez Lozano, por conducto de apoderada judicial, se opuso a la prosperidad de las pretensiones incoadas por la UGPP, grosso modo, con el fundamento de que la entidad busca reabrir el debate ya resuelto en el proceso ordinario, como si se tratara de una tercera instancia. 1.4. Concepto del Ministerio Público

fundamento de que la entidad busca reabrir el debate ya resuelto en el proceso ordinario, como si se tratara de una tercera instancia. 1.4. Concepto del Ministerio Público El procurador delegado ante el Consejo de Estado guardó silencio.

2. Consideraciones 2.1. Competencia Esta corporación es competente para conocer de la acción especial de revisión prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, contra las providencias judiciales «que hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza [...] a solicitud del Gobierno por conducto del

8 Índice 27 ibidem.6

Radicación: 11001 03 25 000 2020 00012 00 (0012-2020) Demandante: UGPP Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación».9

Así mismo, es oportuno señalar que, de conformidad a los artículos 6.º –numeral 6.º– del Decreto 575 de 2013 y 156 de la Ley 1151 de 2007, la UGPP está legitimada para la interposición de este recurso, teniendo en cuenta que se le asign ó la función de adelantar o asumir, cuando haya lugar, las acciones previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, como lo reconoció la Corte Constitucional en la Sentencia SU -427 de 2016. 2.2. Oportunidad El inciso 4.º del artículo 251 de la Ley 1437 de 2011 dispone que «en los casos

Ley 797 de 2003, como lo reconoció la Corte Constitucional en la Sentencia SU -427 de 2016. 2.2. Oportunidad El inciso 4.º del artículo 251 de la Ley 1437 de 2011 dispone que «en los casos previstos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el recurso deberá presentarse dentro de los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial». En el sub lite, la sentencia objeto de revisión quedó en firme el 18 de julio de 201810 y la acción especial de revisión se interpuso el 12 de diciembre de 2019 ,11 por lo que es dable concluir que se radicó dentro del término establecido en la ley. 2.3. El problema jurídico Consiste en establecer si la sentencia del 14 de junio de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 11001 33 35 013 2013 00237 01 , está inmersa en la causal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, que permite acudir a la acción especial de revisión «[c]uando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables». 2.4. Marco normativo 2.4.1. La acción de revisión de la Ley 797 de 2003

9 Cabe agregar, que la Corte Constitucional, a través de la Sentencia SU -427 de 2016, también reconoció a la UGPP como sujeto activo para presentar la acción de revisión de que trata el citado artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

9 Cabe agregar, que la Corte Constitucional, a través de la Sentencia SU -427 de 2016, también reconoció a la UGPP como sujeto activo para presentar la acción de revisión de que trata el citado artículo 20 de la Ley 797 de 2003. 10 Folio 224 del expediente en préstamo. 11 Folio 8, revés, del cuaderno 1 de la acción especial de revisión.7

Radicación: 11001 03 25 000 2020 00012 00 (0012-2020) Demandante: UGPP El artículo 20 de la Ley 797 de 2003 establece la posibilidad de que el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia, según sus competencias, revisen las providencias judiciales que hubiesen decretado el reconocimiento de sumas periódicas a cargo del t esoro público o de fondos de naturaleza pública. Así mismo, dicho mecanismo procederá cuando la mesada pensional se haya otorgado como resultado de una transacción o conciliación.

Por su parte, en cuanto a las entidades legitimadas para su interposición, la precitada norma dispone que la acción especial estará a cargo del Gobierno nacional (a través de los Ministerios del Trabajo y de Hacienda y Crédito Público), del contralor general de la República y del procurador general de la Nación. De igual modo, la Corte Constitucional, med iante la Sentencia SU -427 de 2016, 12 habilitó a las administradoras encargadas de reconocer prestaciones periódicas para impetrarla. A su turno, la mencionada disposición dispuso que la acción especial se adelantará conforme a las normas que regulan el recurso extraordinario de revisión, que, para el caso de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, está regulado en los artículos

A su turno, la mencionada disposición dispuso que la acción especial se adelantará conforme a las normas que regulan el recurso extraordinario de revisión, que, para el caso de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, está regulado en los artículos 248 y siguientes del CPACA. Ahora, tanto la Corte Constitucional como el Consejo de Estado han establecido que la referida acción presenta aspectos que lo particularizan del recurso extraordinario de revisión propiamente dicho, por las siguientes razones: i) Son susceptibles del recurso no solo las sentencias ejecutoriadas, sino también otro tipo de providencias que tengan como efecto el reconocimiento de una prestación.13 ii) Están legitimadas para su interposición el Gobierno nacional –por conducto de los Ministerios de Trabajo y de Hacienda y Crédito Público–, del contralor General de

12 En la mencionada sentencia se dijo lo siguiente: «(...) frente a la legitimación para interponer el recurso de revisión por la configuración de un abuso del derecho, comoquiera que la Constitución no reguló la titularidad para interponerlo, debe entenderse que recae, además de los sujetos establecidos en la Ley 797 de 2003, en cabeza de las administradoras de pensiones encargadas del pago de las prestaciones periódicas reconocidas de manera irregular, pues son las primeras instituciones llamadas dentro del sistema pensional a velar por su buen funcionamiento financiero». 13 Sobre el punto se puede consultar la sentencia C-835 de 2003 de la Corte Constitucional.8

Radicación: 11001 03 25 000 2020 00012 00 (0012-2020) Demandante: UGPP la República o del procurador General de la Nación y las administradoras públicas que conceden las pensiones.14

Radicación: 11001 03 25 000 2020 00012 00 (0012-2020) Demandante: UGPP la República o del procurador General de la Nación y las administradoras públicas que conceden las pensiones.14 iii) Respecto a su alcance, la jurisprudencia advirtió que no se extiende a reabrir el debate probatorio, sino que se trata de revisar el valor de las pensiones reconocidas en contra de lo ordenado por la ley, con el propósito de salvaguardar el equilibrio entre la prestación y su legalidad, además de velar por la protección de los recursos limitados del tesoro público, la liquidez, solvencia y sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social, así como el principio de universalidad que lo inspira.15 iv) De esta manera, no se trata de una tercera instancia que admita analizar de nuevo sobre el derecho a una prestación, pues su marco se encuentra circunscrito a revisar los aspectos concernientes al reconocimiento del derecho (literal a) y a la liquidación de aquel (literal b), cuando se concedió con vulneración del debido proceso o de la ley, o en un valor mayor al que corresponde, respectivamente. v) Igualmente, se entienden excluidos de su alcance los asuntos relativos al reconocimiento de prestaciones periódicas inferiores a las que se deben de acuerdo con las normas que rigen la materia.16.

Por otra parte, vale advertir que el ejercicio de esta clase de recursos entra en colisión con la institución de la cosa juzgada y la seguridad jurídica, pero, precisamente, estos mecanismos se instituyeron como una excepción que debe admitirse frente a un fin legítimo, el cual es determinar si el reconocimiento pensional se hizo con violación al debido proceso o si la cuantía reconocida excede lo ordenado por la ley.

mecanismos se instituyeron como una excepción que debe admitirse frente a un fin legítimo, el cual es determinar si el reconocimiento pensional se hizo con violación al debido proceso o si la cuantía reconocida excede lo ordenado por la ley. Así lo precis ó la Corte Constitucional al decidir la exequibilidad del artículo 249 del CPACA en la Sentencia C-450 de 2015, en la que reiteró17 que el recurso extraordinario

14 Consultar la sentencia SU-427 de 2016 de la Corte Constitucional. 15 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión núm. 4, sentencia del 1.° de agosto de 2017, radicación: 110010315000201602022 00 (REV) 16 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión 25, sentencia del 2 de julio de 2019, radicación: 110010315000201700744 00, demandante: UGPP. 17 Corte Constitucional, sentencia C -871 de 2003: «Con todo, el principio de la cosa juzgada no tiene carácter absoluto pues puede llegar a colisionar con la justicia material del caso concreto. Para enfrentar tal situación se ha consagrado la acción de revisión, la cual permite en casos excepcionales dejar sin valor una sentencia ejecutoriada en aquellos casos en que hechos o circunstancias posteriores a la decisión judicial revelan que ésta es injusta. En este sentido puede afirmarse que la revisión se opone al principio res iudicata pro veritate habertur para evitar que prevalezca una injusticia, pues busca aniquilar los efectos de la cosa juzgada de una sentencia injusta y reabrir un

este sentido puede afirmarse que la revisión se opone al principio res iudicata pro veritate habertur para evitar que prevalezca una injusticia, pues busca aniquilar los efectos de la cosa juzgada de una sentencia injusta y reabrir un proceso ya fenecido. Su fin último es, entonces, buscar el imperio de la justicia y verdad material, como fines esenciales del Estado».9

Radicación: 11001 03 25 000 2020 00012 00 (0012-2020) Demandante: UGPP de revisión, previsto en la mayoría de las áreas del derecho, 18 procede contra sentencias ejecutoriadas «buscando esencialmente el restablecimiento de la justicia material y constituyendo una excepción al principio general de la cosa juzgada».

Con referencia a las causales de procedencia, el aludido artículo 20 de la Ley 797 de 2003 prevé la posibilidad de revisar las sentencias que reconocen sumas periódicas en dos eventos en específico: el primero, cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación del debido proceso; y, el segundo, cuando la cuantía del derecho reconocido exce diere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención. No obstante, lo anterior no es óbice para que las entidades legitimadas también invoquen las causales taxativas que trae el artículo 250 del CPACA. Pese a ello, para el análisis de este recurso y de las causales antes mencionadas, corresponde al juez determinar que los supuestos fácticos y jurídicos expuestos por el recurrente encuadren en las causales taxativamente previstas por el Legislador, sin que sea posible, en ningún caso, que por este medio se puedan plantear discusiones propias de las instancias ordinarias o subsanar falencias en la defensa dentro del

el recurrente encuadren en las causales taxativamente previstas por el Legislador, sin que sea posible, en ningún caso, que por este medio se puedan plantear discusiones propias de las instancias ordinarias o subsanar falencias en la defensa dentro del proceso, sino que, efectivamente, se verifique que la pensión reconocida haya sido irregularmente otorgada o no corresponda a lo previsto y ordenado en la ley. 2.5. Del régimen pensional de los servidores del DAS 2.5.1. Régimen especial de pensiones de los detectives del DAS antes de la entrada en vigencia del Sistema General de Seguridad Social En ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas por la Ley 5 .ª de 1978, el Gobierno nacional expidió el Decreto 1047 del 7 de junio de 1978 19, el cual , en su artículo 1.º,20 dispuso que los empleados que se desempeñaran como dactiloscopistas en el DAS, por 20 años continuos o discontinuos y que hubieran aprobado el curso de

18 Corte Constitucional, sentencia C-520-09: «la procedencia y causales del recurso extraordinario de revisión se encuentran regulados: (i) En materia civil, en el Código de Procedimiento Civil, los artículos 379 y 380. En materia laboral, en la Ley 712 de 2001, artículos 30 y 31; (iii) En el ámbito penal, en la Ley 600 de 2000, artículo 192; y (iv) En materia contencioso-administrativa, en el Código Contencioso Administrativo, Artículo 188. (modificado por el artículo 57 de la Ley 446 de 1998)». Actualmente, las causales del recurso extraordinario de revisión en materia contencioso-administrativa están previstas, en forma taxativa, en el artículo 250 del CPACA.

artículo 57 de la Ley 446 de 1998)». Actualmente, las causales del recurso extraordinario de revisión en materia contencioso-administrativa están previstas, en forma taxativa, en el artículo 250 del CPACA. 19 «Por el cual se determina el régimen de pensión vitalicia de jubilación para las personas que desempeñen funciones de dactiloscopistas en el Departamento Administrativo de Seguridad» 20 «Los empleados públicos que ejerzan por veinte años continuos o discontinuos las funciones de las dactiloscopistas en el Departamento Administrativo de Seguridad, y que hayan aprobado el curso de formación en dactiloscopia impartido por el instituto correspondiente de dicho Departamento, tendrán derecho a gozar de la pensión de jubilación cualquiera sea su edad.»10

Radicación: 11001 03 25 000 2020 00012 00 (0012-2020) Demandante: UGPP formación impartido por el instituto de l citado ente, tendrían derecho a gozar de una pensión de jubilación a cualquier edad. Adicionalmente, en el artículo 2.º, ordenó que los servidores que hubieran aprobado el curso ya referido y permanezcan al servicio de la entidad por un término no inferior a 18 a ños continuos como dactiloscopistas, pueden acceder a la prestación al cumplir 50 años de edad, siempre que para ese momento estuvieran vinculados.

Posteriormente, el Decreto Ley 1933 del 28 de agosto de 1989 21 dictó una norma general y dispuso que los empleados del DAS serían beneficiarios de las prestaciones sociales previstas para las entidades públicas del orden nacional, en los Decretos

Posteriormente, el Decreto Ley 1933 del 28 de agosto de 1989 21 dictó una norma general y dispuso que los empleados del DAS serían beneficiarios de las prestaciones sociales previstas para las entidades públicas del orden nacional, en los Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969, 1045 de 1978, 451 de 1984 y en las demás reglas que los adicionen o modifiquen 22, y, en el artículo 10 23, previó que los empleados del referido departamento se regirían por los cánones generales sobre pensión de jubilación, al tiempo que quienes desarrollaran funciones de dactiloscopistas en los cargos de detective agente, profesional o especializado, así co mo los detectives en sus diferentes grados y denominaciones, se gobernarían por lo previsto en el Decreto Ley 1047 de 197824. En este contexto, comoquiera que el régimen especial para algunos servidores del DAS no prevé lo relativo a la liquidación de pensión, en atención a la remisión a las normas generales, aquella se debe ajustar a lo señalado por el Decreto 1848 de 1969, reglamentario del Decreto 3135 de 1968, esto es, que su monto debe corresponder al 75 % del ingreso base de liquidación. 2.5.2. De las actividades de riesgo en el sector público

21 «Por el cual se expide el régimen prestacional especial para los empleados del Departamento Administrativo de Seguridad» 22 «Artículo 1º Norma General. Los empleados del Departamento Administrativo de Seguridad tendrán derecho a las prestaciones sociales previstas para las entidades de la administración pública del orden nacional en los

Seguridad» 22 «Artículo 1º Norma General. Los empleados del Departamento Administrativo de Seguridad tendrán derecho a las prestaciones sociales previstas para las entidades de la administración pública del orden nacional en los Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969, 1045 de 1978, 451 de 1984, artículo 3º y en los que los adicionan, modifican, reforman o complementan y, además, a las que este decreto establece.» 23 «Artículo 10 . Pensión de jubilación. Las normas generales sobre pensión de jubilación previstas para los empleados de la administración pública del orden nacional se aplicarán a los empleados del Departamento Administrativo de Seguridad. Los empleados que cumplan funciones de dactiloscopistas en los cargos de Detective Agente, Profesional o Especializado, se regirán por lo establecido en cuanto a régimen de pensión vitalicia de jubilación, por el Decretoley 1047 de 1978, cuyas normas serán igualmente aplicables al personal de detectives en su s distintos grados y denominaciones.» 24 «Los empleados públicos que hayan aprobado el curso a que se refiere el artículo anterior y que permanezcan al servicio del Departamento Administrativo de Seguridad por un término no menor de 18 años continuos en el desempeño de funciones de dactiloscopista, tendrán derecho a la pensión de jubilación al cumplir 50 años de edad, siempre que para esta época fueren funcionarios de ese Departamento.»11

Radicación: 11001 03 25 000 2020 00012 00 (0012-2020) Demandante: UGPP El artículo 14025 de la Ley 100 de 1993 previó, en un principio, lo siguiente: Artículo 140. Actividades de alto riesgo de los servidores públicos. De

Demandante: UGPP El artículo 14025 de la Ley 100 de 1993 previó, en un principio, lo siguiente: Artículo 140. Actividades de alto riesgo de los servidores públicos. De conformidad con la Ley 4a. de 1992, el Gobierno Nacional expedirá el régimen de los servidores públicos que laboren en actividades de alto riesgo, teniendo en cuenta una menor edad de jubilación o un número menor de semanas de cotización, o ambos requisitos. Se consideran para este efecto como actividades de alto riesgo par a el trabajador aquellas que cumplen algunos sectores tales como el Cuerpo de Custodia y Vigilancia Nacional Penitenciaria. Todo sin desconocer derechos adquiridos.

El Gobierno Nacional establecerá los puntos porcentuales adicionales de cotización a cargo del empleador, o del empleador y el trabajador, según cada actividad. Posteriormente, se expidió el Decreto 691 de 1994, por el cual se incorporaron los servidores públicos al Sistema General de Pensiones, y del que cabe resaltar su artículo 5.º, pues a través de este se extendió el régimen general a los servidores que laboren en actividades de alto riesgo para su salud. No obstante, en atención a