CE - 010325000202000803001SENTENCIA20230410091506

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D. C., dieciséis (16) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN Radicación: 11001-03-25-000-2020-00803-00 (2436-2020)

Demandante: Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones

(FONCEP) Demandada: María Fanny Cardozo Martínez Temas: Causales previstas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003. Reliquidación de pensión de jubilación __________________________________________________________________

Decide la Sala la acción de revisión interpuesta por el Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones (FONCEP) contra la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, del 7 de diciembre de 2017, a través de la cual se confirmó parcialmente y modificó el numeral tercero de la providencia emitida por el Juzgado Séptimo Administrativo de Bogotá, el 1.° de diciembre de 2016, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La acción de revisión

1.1.1. Las pretensiones

de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La acción de revisión

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio de la acción especial de revisión prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones (FONCEP) por conducto de apoderad o judicial, solicitó infirmar la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, del 7 de diciembre de 2017, a través de la cual se confirmó parcialmente y modificó el2

Radicación: 11001-03-25-000-2020-00803-00 (2436-2020) Demandante: FONCEP numeral tercero de la providencia emitida por el Juzgado Séptimo Administrativo de Bogotá, el 1.° de diciembre de 2016, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda formulada por la señora María Fanny Cardozo Martínez, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho de radicado 11 001 33 35 007 2015 00919 01.

Con fundamento en lo anterior, solicitó i ) declarar que l a señora María Fanny Cardozo Martínez , en cuanto a su mesada pensional, no es acreedor a de un derecho adquirido amparable por la legislación colombiana; y ii) ordenar la reliquidación de la mesada pensional de la demandada, teniendo en cuenta la tasa de reemplazo del 75 %, el ingreso base de liquidación previsto en los artículos 36, inciso 3.° y 21 de la Ley 100 de 1993 y los factores del Decreto 1158 de 1994, de

de reemplazo del 75 %, el ingreso base de liquidación previsto en los artículos 36, inciso 3.° y 21 de la Ley 100 de 1993 y los factores del Decreto 1158 de 1994, de acuerdo con lo establecido por la Corte Constitucional en las Sentencias C-168 de 1995, C258 de 2013, SU - 230 de 2015, SU-427 de 2016, SU -210 de 2017, SU395 de 2017, SU-631 de 2017 y T -039 de 2018 y en los Autos 326 de 2014 y 229 de 2017; y por el Consejo de Estado en la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018, radicado 52001 23 33 000 2012 00143 01.

1.1.2. Hechos

Como hechos relevantes, el apoderad o de la entidad recurrente señaló los siguientes:

1. El 13 de enero de 1948, nació la señora María Fanny Cardozo Martínez , de manera que para la entrada en vigencia en el nivel territorial de la Ley 100 de 1995, el 30 de junio de 1995, contaba con más de 35 años de edad.

1. Desde el 3 de mayo de 1971 hasta el 28 de febrero de 2001, la señora Cardozo Martínez prestó sus servicios en la Secretaría de Educación de Bogotá. iii) Desde el 30 de junio de 1995 hasta el 28 de febrero de 2001, fecha de retiro del servicio, la demandada devengó los siguientes factores : sueldo básico, prima s de antigüedad, semestral, de navidad y de vacaciones, bonificación de recreación, vacaciones en dinero y auxilios de transporte y de alimentación.3

servicio, la demandada devengó los siguientes factores : sueldo básico, prima s de antigüedad, semestral, de navidad y de vacaciones, bonificación de recreación, vacaciones en dinero y auxilios de transporte y de alimentación.3

Radicación: 11001-03-25-000-2020-00803-00 (2436-2020) Demandante: FONCEP iv) El 15 de septiembre de 2003, la Subdirección de Obligaciones Pensionales de la

Secretaría de Hacienda de Bogotá D.C., expidió la Resolución 2015 a través de la cual reconoció a la señora Cardozo Martínez una pensión de jubilación, en cuantía de $ 387.726, a partir del 13 de enero de 2003.

1. El 23 de junio de 2015, la hoy demandada solicitó al FONCEP la reliquidación de su pensión de jubilación teniendo en cuenta todos los factores salariales devengados en el último año de servicio, la cual fue resuelta de forma negativa por la Resolución 001775 del 31 de agosto de 2015.

1. El 1.° de diciembre de 2016, el Juzgado Séptimo Administrativo de Bogotá profirió sentencia de primera instancia en el sentido de acceder parcialmente a las pretensiones de la demanda interpuesta por la s eñora María Fanny Cardozo Martínez contra el FONCEP y resolvió, entre otras cosas, lo siguiente:1

PRIMERO: DECLARAR la NULIDAD PARCIAL de la Resolución 2015 del 15 de septiembre de 2003 que reconoció la pensión de jubilación a la señora Mar ía Fanny

Cardozo Martínez.

PRIMERO: DECLARAR la NULIDAD PARCIAL de la Resolución 2015 del 15 de septiembre de 2003 que reconoció la pensión de jubilación a la señora Mar ía Fanny

Cardozo Martínez.

SEGUNDO: DECLARAR la NULIDAD de la Resolución 001775 del 31 de agosto de 2015 que niega la reliquidación de la pensión de la demandante.

TERCERO: A t ítulo de restablecimiento del derecho, CONDENAR al FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES — FONCEP a reliquidar y pagar a la señora MARIA FANNY CARDOZO MARTÍNEZ, identificada con cédula de ciudadanía 41.468.591 expedida en Bogotá, su pensión de jubilación incluyendo todos los factores salariales devengados durante el año inmediatamente anterior al retiro del servicio oficial, esto es, desde el 28 de febrero de 2000 al 28 de febrero de 2001, Incluyendo además del sueldo básico, prima de antigüedad, prima semestral, prima de navidad, prima de vacaciones y auxilios de transporte y alimentación factores que no fueron tenidos en cuenta de acuerdo con la certificación vista a folio 14 del expediente, así, determinado el ingreso base en la forma acabada de señalar el monto de la pensión será el 75 % de dicho valor a partir de la inclusión en nómina de la prestación reconocida, con efectos fiscales a partir del día 23 de junio de 2012, por prescripción trienal.

CUARTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda. […] (Resaltado original del texto)

con efectos fiscales a partir del día 23 de junio de 2012, por prescripción trienal.

CUARTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda. […] (Resaltado original del texto)

1. El 7 de diciembre de 2017, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, emitió sentencia de segunda instancia, mediante la cual confirmó parcialmente y modificó el numeral tercero de la parte resolutiva de la

1 Expediente digital visible en el índice 30 de la plataforma SAMAI.4

Radicación: 11001-03-25-000-2020-00803-00 (2436-2020) Demandante: FONCEP providencia expedida por el Juzgado Séptimo Administrativo de Bogotá, en los siguientes términos:2

PRIMERO: CONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia impugnada, con excepción del numeral 1° de la parte resolutiva, el cual queda revocado, por las razones expuestas en la presente providencia.

SEGUNDO: MODIFICAR el numeral 3° del proveído impugnado, el cual quedará así:

TERCERO: A título de restablecimiento del derecho, se CONDENA al FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES -FONCEP-, a reliquidar la pensión mensual de jubilación de la señora MARÍA FANNY CARDOZO MARTÍNEZ, con base en el 75% del promedio de salarios devengados en el último año de servicios, esto es, del 28 de febrero de 2000 al 28 de febrero de 2001, incluyendo en la base de liquidación: sueldo básico, prima de antigüedad, auxilio

año de servicios, esto es, del 28 de febrero de 2000 al 28 de febrero de 2001, incluyendo en la base de liquidación: sueldo básico, prima de antigüedad, auxilio de transporte, auxilio de alimentación y las doceavas parte s de los siguientes conceptos: prima semestral, prima de navidad y prima de vacaciones, efectiva a partir del 13 de enero de 2003, fecha del status pensional, pero con efectos fiscales desde el 23 de Junio de 2012, por prescripción trienal.

La Entidad demandada deberá descontar los valores correspondientes a los aportes no efectuados para pensión, sobre los factores que se incluyen en esta sentencia, aclarando que dichos aportes deben ser en el porcentaje que corresponda al trabajador y que l as sumas que resulten de la deducción legal señalada deben ser actualizadas con el fin de que no pierdan su valor adquisitivo. […] (Resaltado original del texto).

1. El 26 de enero de 2018, quedó ejecutoriada la sentencia emitida por el Tribunal

Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D.

1. El 17 de septiembre d e 201 8, el FONCEP expidió la Resolución SPE-GP 1230 mediante la cual dio cumplimiento a las sentencias transcritas previamente.

1. A la fecha de la presentación de la demanda l a señora Cardozo Martínez se encuentra activa en nómina de pensionados de la entidad recurrente y percibe una mesada de $ 1.212.919.

1.1.3. La sentencia objeto de revisión

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D,

mesada de $ 1.212.919.

1.1.3. La sentencia objeto de revisión

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, mediante sentencia del 7 de diciembre de 20173 confirmó parcialmente y modificó el numeral tercero de la parte resolutiva de la providencia proferida por el Juzgado

2 Expediente digital visible en el índice 30 de la plataforma SAMAI. 3 Expediente digital visible en el índice 30 de la plataforma SAMAI.5

Radicación: 11001-03-25-000-2020-00803-00 (2436-2020) Demandante: FONCEP Séptimo Administrativo de Bogotá, el 1.° de diciembre de 201 6, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda presentada por la señora María Fanny Cardozo Martínez contra el FONCEP, con sustento en las siguientes

consideraciones jurídicas:

1. Aunque en la audiencia inicial realizada el 17 de noviembre de 2016 , se declaró probada la excepción de inepta demanda respecto a la Resolución 2015 del 15 de septiembre de 2003, el a quo en la sentencia apelada declaró su nulidad parcial. En consecuencia, se imp one revocar el numeral primero de la parte resolutiva de aquella providencia.

1. Con la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010,4 emitida por el Consejo de Estado, se precisó que aunque la ley no señalaba taxativamente los factores de salario, debían incluirse , en la liquidación de las pensiones de jubilación, todas aquellas sumas que de manera habitual y periódica el trabajador percibiera como

de Estado, se precisó que aunque la ley no señalaba taxativamente los factores de salario, debían incluirse , en la liquidación de las pensiones de jubilación, todas aquellas sumas que de manera habitual y periódica el trabajador percibiera como contraprestación del servicio. Esa postura fue reiterada por aquella Corporación en la sentencia del 9 de febrero de 2017.5

1. Con sustento en las reglas jurisprudenciales, para los beneficiarios del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, debe aplicarse en su integridad la Ley 33 de 1985.

1. De acuerdo con los artículos 13 y 53 de la Constitución Política , se ratifica la posición sentada por el Consejo de Estado, que se fundamenta en los principios de progresividad y de favorabilidad en materia pensional , y en ese sentido, es procedente apartarse del criterio fijado en las Sentencias C -258 de 2013 y SU-230 de 2015, emitidas por la Corte Constitucional, para efectos de determinar el IBL a la luz de la Ley 33 de 1985.

1. La señora María Fanny Cardozo Martínez al momento de entrar en vigencia la Ley 100 de 1993 en el orden territorial, esto es, el 30 de junio de 1995, contaba con

4 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010, radicado 2500023250002006-0750901 (0112-09). 5 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de l 9 de febrero de 2017 , radicación 25000234200020130154101.6

Radicación: 11001-03-25-000-2020-00803-00 (2436-2020)

5 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de l 9 de febrero de 2017 , radicación 25000234200020130154101.6

Radicación: 11001-03-25-000-2020-00803-00 (2436-2020) Demandante: FONCEP más de 35 años de edad , por lo que es beneficiari a del régimen de transición previsto en el artículo 36 ibidem. Así mismo, está demostrado que laboró en la Secretaría de Educación de Bogotá, desde el 3 de mayo de 1971 hasta el 28 de febrero de 2001 . En consecuencia, adquirió el estatus jurídico pensional el 13 de enero de 2003, cuando cumplió 55 años de edad, pues con anterioridad había alcanzado los 20 años de servicio.

1. Los factores a tener en cuenta para la liquidación de la pensión de jubilación de la demandante se determinan con el régimen pensional anterior, esto es, bajo las previsiones de las Leyes 33 y 62 de 1985, en concordancia con lo dispuesto en la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010.

Ahora, el a quo incluyó la totalidad de la s primas semestral, de navidad y de vacaciones, no obstante, estos factores deben liquidarse en una doceava parte, pues fueron devengados de manera anual. Por su parte, las vacaciones en dinero y bonificación por recreación no constituyen factor de salario, de manera q ue no pueden ser incluidas en la reliquidación de la prestación; por lo tanto, se modificará el numeral tercero del fallo impugnado.

1. En consecuencia, se ordena la reliquidación de la pensión de jubilación de la

pueden ser incluidas en la reliquidación de la prestación; por lo tanto, se modificará el numeral tercero del fallo impugnado.

1. En consecuencia, se ordena la reliquidación de la pensión de jubilación de la señora Cardozo Martínez, con efectos fiscales a partir del 23 de junio de 2012, en los términos expuestos, de manera indexada, y con la inclusión de los factores de sueldo básico, prima de antigüedad, auxilio de transporte, auxilio de alimentación y las doceavas partes de las primas semestral, de navidad y de vacaciones.

Finalmente, la entidad demandada deberá descontar l os valores correspondientes a los aportes no efectuados para pensión, en el porcentaje que corresponda al trabajador, sobre los factores que se incluyen en esta oportunidad. 1.2. Las causales de revisión invocadas

El apoderado de la entidad recurrente invocó las causales previstas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 y, en desarrollo de estas, expuso los siguientes argumentos:7

Radicación: 11001-03-25-000-2020-00803-00 (2436-2020) Demandante: FONCEP i) La s entencia objeto de revisión, se apartó de la interpretación que había desarrollado la Corte Constitucional sobre el inciso 3.º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Con ello, se desconoció el derecho al debido proceso, las formas propias de cada juicio y los principios superiores de legalidad consagrados en los artículos 1, 2, 4, 6, 13, 29, 121, 123 inciso 2.º y 124 de la Constitución Política.

de cada juicio y los principios superiores de legalidad consagrados en los artículos 1, 2, 4, 6, 13, 29, 121, 123 inciso 2.º y 124 de la Constitución Política.

1. Está acreditado que la demandada es beneficiaria del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 , y en esa medida de la Ley 33 de 1985, y que no adquirió el derecho pensional antes del 30 de junio de 1995, sino con posterioridad. A pesar de ello , la autoridad judicial no tuvo en cuenta que el ingreso base de liquidación no forma parte del régimen anterior, sino que, para tales efectos, se debe aplicar el inciso 3.° del artículo 36 ibidem.

En este sentido, conforme lo dispone el inciso 2.º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, las prerrogativas de transición consisten en que a las personas que queden cobijadas por éstas les asiste el derecho a que se les aplique el régimen anterior al cual se encontraban afiliadas, en lo que tiene que ver con la edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio y el monto de la prestación.

Sin embargo, en lo atinente al ingreso base de liquidación la norma aplicable es la Ley 100 de 1993, específicamente la regla que indica que el IBL para liquidar la pensión de jubilación de las personas en transición que les faltare menos de 10 años para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior.6

1. El Decreto 1158 de 1994 recoge los factores salariales sobre los cuales debe

les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior.6

1. El Decreto 1158 de 1994 recoge los factores salariales sobre los cuales debe calcularse la mesada pensional de la señora Cardozo Martínez, comoquiera que adquirió el estatus jurídico de pensionada en vigencia de aquella norma.

1. En razón a la sentencia cuya revisión se solicita, la mesada pensional de la demandada se incrementó sin que exista justificación legal ni jurisprudencial para

6 El apoderado de la entidad sostuvo que la Corte Constitucional ha reitera dicho criterio en las Sentencias C-168 de 1995, C-258 de 2013, SU-230 de 2015, SU-427 de 2016, SU-210 de 2017, SU395 de 2017, SU -631 de 2017 y T -039 de 2018 y el Consejo de Estado en la sentencia del 28 de agosto de 2018 , radicado 52001 23 33 000 2012 00143 01; las cuales constituyen precedente obligatorio.8

Radicación: 11001-03-25-000-2020-00803-00 (2436-2020) Demandante: FONCEP ello, con lo cual se afecta gravemente la sostenibilidad financiera del sistema pensional.

1.3. Contestación a la acción especial de revisión

El 23 de septiembre de 2021, esta Subsección emitió auto en el que señaló que se tenía por no contestada la acción especial de revisión por parte de la señora María Fanny Cardozo Martínez, en razón a que se presentó de manera extemporánea.7

2. Consideraciones

2.1. Competencia

tenía por no contestada la acción especial de revisión por parte de la señora María Fanny Cardozo Martínez, en razón a que se presentó de manera extemporánea.7

2. Consideraciones

2.1. Competencia

Esta Corporación es competente para conocer de los recursos extraordinarios de revisión en virtud del numeral 2.º del artículo 249 del CPACA.8 Asimismo, atendiendo al criterio de especialización, por tratarse de un asunto de carácter laboral, la Sección Segunda, en la Subsección a la que corresponda el reparto del proceso, es competente para conocer del recurso extraordinario, según lo previsto en el artículo 13 del Acuerdo 080 de 12 de marzo de 2019.9

De igual manera, de conformidad con el art ículo 20 de la Ley 797 de 2003, el Consejo de Estado es competente para conocer de la revisi ón de las providencias judiciales «que hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza p ública la obligación de cubrir sumas peri ódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza [...] a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda

7 Índice 16 visible en la plataforma SAMAI. 8 «Artículo 249. Competencia. (…) De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia. De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los jueces administrativos conocerán los Tribunales Administrativos.» Adicionalmente, la Sala resalta que la presente acción especial de revisión fue interpuesta antes de

de Estado según la materia. De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los jueces administrativos conocerán los Tribunales Administrativos.» Adicionalmente, la Sala resalta que la presente acción especial de revisión fue interpuesta antes de la entrada en vigencia de la Ley 2080 de 2021, esto es, el 24 de septiembre de 2020, como consta en el expediente digital visible a índice 1 en la plataforma SAMAI; razón por la cual su trámite no está regido por las reglas de competencia consagradas en la referida norma. 9 «Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado».9

Radicación: 11001-03-25-000-2020-00803-00 (2436-2020) Demandante: FONCEP y Crédito Público, del Contralor General de la Rep ública o del Procurador General de la Nación».

2.2. Oportunidad

El inciso 4.º del artículo 251 de la Ley 1437 de 2011 dispone que «en los casos previstos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el recurso deberá presentarse dentro de los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial». En el sub lite, la sentencia objeto de revisión cobró ejecutoria el 26 de enero de 201810 y la acción especial de revisión se interpuso el 24 de septiembre de 2020,11 por lo que es dable concluir que fue presentada dentro del término establecido en la ley. 2.3. Legitimación Sobre la legitimaci ón del FONCEP para promover la acci ón de revisi ón contra providencias judiciales que hayan ordenado reconocer o reliquidar pensiones, la

2.3. Legitimación Sobre la legitimaci ón del FONCEP para promover la acci ón de revisi ón contra providencias judiciales que hayan ordenado reconocer o reliquidar pensiones, la Corte Constitucional, en la sentencia SU-427 de 2016, definió la siguiente regla: (...) frente a la legitimación para interponer el recurso de revisión por la configuración de un abuso del derecho, comoquiera que la Constituci ón no regul ó la titularidad para interponerlo, debe entenderse que recae, además de los sujetos establecidos en la Ley 797 de 2003, en cabeza de las admi nistradoras de pensiones encargadas del pago de las prestaciones periódicas reconocidas de manera irregular, pues son las primeras instituciones llamadas dentro del sistema pensional a velar por su buen funcionamiento financiero. [Negrillas fuera del texto] De acuerdo con lo anterior, el Fondo de Prestaciones Econ ómicas, Cesant ías y Pensiones (FONCEP), en cuanto entidad administradora encargada de re conocer y pagar las cesantías y las obligaciones pensionales a cargo del Distrito Capital, está legitimado para interponer la presente acción de revisión. 2.4. El problema jurídico

Consiste en establecer si la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, del 7 de diciembre de 2017, se encuentra inmersa en las causales de revisión contempladas en los literales a) y b) del artículo 20 de

10 Índice 30 visible en la plataforma SAMAI, en el que reposa el expediente digital del proceso ordinario. 11 Expediente digital visible a índice 1 en la plataforma SAMAI.10

10 Índice 30 visible en la plataforma SAMAI, en el que reposa el expediente digital del proceso ordinario. 11 Expediente digital visible a índice 1 en la plataforma SAMAI.10

Radicación: 11001-03-25-000-2020-00803-00 (2436-2020) Demandante: FONCEP la Ley 797 de 2003 , que permiten acudir a la acción especial de revisión «Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso» y «Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables».

2.5. Marco normativo

2.5.1. La acción de revisión de la Ley 797 de 2003

El artículo 20 de la Ley 797 de 2003 estableció la posibilidad de revisión de las providencias judiciales que hubiesen decretado el reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública, en los siguientes términos:

ARTÍCULO 20. REVISIÓN DE RECONOCIMIENTO DE SUMAS PERIÓDICAS A CARGO DEL TESORO PÚBLICO O DE FONDOS DE NATURALEZA PÚBLIC A. <Apartes tachados INEXEQUIBLES> Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias , a solicitud del Gobierno por conducto del

obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias , a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación.

La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o conciliación judicial o extrajudicial.

La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales consagradas para este en el mismo código y además:

a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y

b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables. Como puede observarse, si bien la norma transcrita indica que la acción de revisión debe tramitarse a través del procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión, que actualmente se encuentra regulado por los artículos 248 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), lo cierto es que presenta aspectos que lo particularizan y que han sido advertidos tanto por la jurisprudencia del Consejo de Estado como de la Corte Constitucional, entre los cuales se tienen los siguientes:11

Radicación: 11001-03-25-000-2020-00803-00 (2436-2020)

Demandante: FONCEP

1. Son susceptibles del recurso no solo sentencias ejecutoriadas, sino también otro

Radicación: 11001-03-25-000-2020-00803-00 (2436-2020)

Demandante: FONCEP

1. Son susceptibles del recurso no solo sentencias ejecutoriadas, sino también otro tipo de providencias que tengan como efecto el reconocimiento de una prestación, ellas pueden ser autos que terminan anormalmente el proceso y aquellos actos que sean consecuencia de acuerdos, tales como transacción y conciliación.

1. Están legitimadas para su interposición el Gobierno Nacional, por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del contralor General de la República o del procurador General de la Nación y las entidades que realizan el reconocimiento de pensiones.

1. Respecto de su alcance la jurisprudencia advirtió que no se extiende a reabrir el debate probatorio, sino que se trata de revisar el valor de las pensiones reconocidas en contra de lo ordenado por la ley, con el propósito de salvaguardar el equilibrio entre la prestación y su legalidad, además de velar por la protección de los recursos limitados del tesoro públ ico, la liquidez, solvencia y sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social, así como el principio de universalidad que lo inspira.

1. De esta manera, no se trata de una tercera instancia que admita reabrir el debate sobre el derecho a una prestación, pues su marco se encuentra circunscrito a revisar los aspectos concernientes al reconocimiento del derecho (literal a) y a la liquidación de aquel (literal b), cuando se concedió con vulneración del debido proceso o de la ley, o en un valor mayor al que corresponde.

1. Igualmente, se entienden excluidos de su alcance los asuntos relativos al

a la liquidación de aquel (literal b), cuando se concedió con vulneración del debido proceso o de la ley, o en un valor mayor al que corresponde.

1. Igualmente, se entienden excluidos de su alcance los asuntos relativos al reconocimiento de prestaciones periódicas inferiores a las que se deben de acuerdo con las normas que rigen la materia.

Con todo, conviene recordar que el ejercicio de esta clase de recursos entra en colisión con la institución de la cosa juzgada y la seguridad jurídica, pero, precisamente, estos mecanismos se instituyeron como una excepción que debe admitirse frente un fin legítimo, el cual es determinar si el reconocimiento pensional se hizo con violación al debido proceso o si la cuantía reconocida excede lo ordenado por la ley.12

Radicación: 11001-03-25-000-2020-00803-00 (2436-2020) Demandante: FONCEP Así lo precisó la Corte Constitucional al decidir la exequibilidad del art ículo 249 del CPACA en la Sentencia C-450 de 2015, donde reiteró12 que el recurso extraordinario de revisi ón, previsto en la mayor ía de las áreas del derecho ,13 procede contra sentencias ejecutoriadas «buscando esencialmente el restablecimiento de la justicia material y constituyendo una excepción al principio general de la cosa juzgada».

En conclusión, el principio de cosa juzgada admite tanto las excepciones dispuestas por el legislador como las previstas en las normas que gobiernan el recurso extraordinario y, por ende, la acción especial que en este caso se impetra. 2.4.2. Alcance de las causales de revisión invocadas

por el legislador como las previstas en las normas que gobiernan el recurso extraordinario y, por ende, la acción especial que en este caso se impetra. 2.4.2. Alcance de las causales de revisión invocadas

Además de las causales previstas en el artículo 250 del CPACA, el legislador estableció otros eventos de revisión en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

Conforme consta en la exposición de motivos de esta norma, los artículos 20 y 21 de la Ley 797 de 2003 « contemplan la posibilidad de revisar las decisiones jud