CE - 010325000202100589001SENTENCIA20231003200424

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D. C., veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN Radicación: 11001-03-25-000-2021-00589-00 (2796-2021)

Demandante: Nación, Ministerio de Hacienda y Crédito Público Demandado: Odilia Prada Pinto Temas: Causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de

2003. Reliquidación de pensión de jubilación __________________________________________________________________

Decide la Sala la acción de revisión interpuesta por la Nación, Ministerio de Hacienda y Crédito Público contra la sentencia del Tribunal Administrativo de Santander, del 9 de junio de 2016, a través de la cual se confirmó parcialmente y modificó el numeral segundo de la parte resolutiva de la providencia emitida por el Juzgado Trece Administrativo Oral de Bucaramanga, el 11 de febrero de 2015, que había accedido parcialmente a las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La acción de revisión

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio de la acción especial de revisión prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, la Nación, Ministerio de Hacienda y Crédito Público , por conducto de

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio de la acción especial de revisión prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, la Nación, Ministerio de Hacienda y Crédito Público , por conducto de apoderado judicial, pretende infirmar la sentencia del Tribunal Administrativo de Santander, del 9 de junio de 2016, a través de la cual se confirmó parcialmente y modificó el numeral segundo de la parte resolutiva de la providencia emitida por el Juzgado Trece Administrativo Oral de Bucaramanga, el 11 de febrero de 2015, que había accedido parcialmente a las pretensiones de la demanda formulada por la2

Radicación: 11001-03-25-000-2021-00589-00 (2796-2021)

Demandante: Nación, Ministerio de Hacienda y Crédito Público

señora Odilia Prada Pinto contra la Administradora Colombiana de Pensiones (COLPENSIONES), dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho de radicado 680013333013 2014 00094 01.

Con fundamento en lo anterior, solicit a i) «invalidar en su integridad» la sentencia emitida por el Tribunal Administrativo de Santander , del 9 de junio de 201 6; ii) declarar que a la señora Odilia Prada Pinto no le asiste el derecho a que su pensión de jubilación se liquide con el promedio de lo devengado en el último año de servicio ni con la inclusión de todos los factores salariales devengados en ese período; y iii) ordenar la inclusión de la demandada en la nómina de pensionados de COLPENSIONES, con la Resolución VPB 1500 de 2015, comoquiera que dicho acto se encuentra ajustado a derecho.

ordenar la inclusión de la demandada en la nómina de pensionados de COLPENSIONES, con la Resolución VPB 1500 de 2015, comoquiera que dicho acto se encuentra ajustado a derecho.

1.1.2. Hechos

Como hechos relevantes, el apoderado de la entidad recurrente, señaló los siguientes:

1. El 11 de enero de 2013, a través de la Resolución GNR 001130 COLPENSIONES reconoció una pensión de jubilación a la señora Odilia Prada Pinto, en cuantía de $ 924.064, a partir del 8 de noviembre de 2012 .1 Aquella decisión fue confirmada por la Resolución VPB 6137 del 19 de octubre de 2013.

1. El 5 de febrero de 2014, mediante la Resolución VPB 1500 COLPENSIONES reliquidó de la pensión de jubilación de la señora Prada Pinto, en cuantía de $ 1.604.219, efectiva a partir del 8 de noviembre de 2012 .2 Para tal efecto, se consideraron los

siguientes tiempos de servicio:

1 La Sala advierte que mediante la Resolución GNR 001130 de 2013, COLPENSIONES reconoció una pensión de jubilación a la señora Odilia Prada Pinto, a partir del 8 de noviembre de 2012, en cuantía de $ 924.064. Para tal efecto, aplicó la Ley 33 de 1985, el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1158 de 1994. Expediente digital del proceso ordinario visible a índice 12 de la plataforma SAMAI. 2 Esta Subsección observa que mediante la Resolución VPB 1500 de 2014, COLPENSIONES reliquidó

Decreto 1158 de 1994. Expediente digital del proceso ordinario visible a índice 12 de la plataforma SAMAI. 2 Esta Subsección observa que mediante la Resolución VPB 1500 de 2014, COLPENSIONES reliquidó la pensión de jubilación a la señora Odilia Prada Pinto, a partir del 8 de noviembre de 2012, en cuantía de $1 .604.219. Para tal efecto, consideró que se había acreditado un total de 11,392 días laborados, correspondientes a 1,627 semanas en el servicio público, de conformidad con la Ley 33 de 1985, el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1158 de 1994. Expediente digital del proceso ordinario visible a índice 12 de la plataforma SAMAI.3

Radicación: 11001-03-25-000-2021-00589-00 (2796-2021)

Demandante: Nación, Ministerio de Hacienda y Crédito Público

1. Inconforme con lo anterior, la señora Prada Pinto interpuso el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra los anteriores actos administrativos, con el fin de que le fuera reliquidada su pensión de jubilación con el 75 % de la totalidad de factores salariales devengados en el último año de servicio, de conformidad con la Ley 33 de 1985.

1. El 11 de febrero de 2015, el Juzgado Trece Administrativo Oral de Bucaramanga, profirió sentencia de primera instancia, en el sentido de acceder parcialmente a las pretensiones de la demanda interpuesta por la señora Odilia Prada Pinto contra COLPENSIONES. En ese orden, resolvió, entre otras cosas, lo siguiente:3

profirió sentencia de primera instancia, en el sentido de acceder parcialmente a las pretensiones de la demanda interpuesta por la señora Odilia Prada Pinto contra COLPENSIONES. En ese orden, resolvió, entre otras cosas, lo siguiente:3

PRIMERO: DECLARAR la NULIDAD PARCIAL de las Resoluciones No. VPB 001130 de fecha 11 de enero de 2013 y VPB 1500 de fecha 5 de febrero de 2014, mediante las cuales [la] ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES reconoció y modific ó la pensión de vejez de la señora ODILIA PRADA PINTO, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Como consecuencia de la nulidad declarada y a título de restablecimiento del derecho, CONDENASE a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES a reconocer y pagar a la señora ODILIA PRADA PINTO, a partir del 12 de junio del 2012 la reliquidación de la pensión de jubilación, tomando como base de la liquidación el valor equivalente al 75 % del promedio mensual de l os factores devengados en el último año de servicio, esto es entre el periodo comprendido entre el 16 de mayo de 2011 y 16 de mayo de 2012, fecha en la cual se produjo su retiro definitivo del servicio (fl. 77), incluyendo como se ha dejado expuesto los fa ctores devengados por concepto de Prima de servicios, Prima de vacaciones, Bonificación por servicios, Auxilio de transporte y Auxilio de alimentación.

El pago de las mesadas y demás prestaciones que resulten a favor de la actora se

devengados por concepto de Prima de servicios, Prima de vacaciones, Bonificación por servicios, Auxilio de transporte y Auxilio de alimentación.

El pago de las mesadas y demás prestaciones que resulten a favor de la actora se ajustaran en su valor mes a mes, de conformidad con el artículo 192 del CPACA dando aplicación a la siguiente formula […]

3 Expediente digital del proceso ordinario visible a índice 12 de la plataforma SAMAI.4

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Demandante: Nación, Ministerio de Hacienda y Crédito Público

[…] CUARTO: DENIEGANSE las demás pretensiones de la demanda . […] (Resaltado original del texto)

1. El 9 de junio de 2016, el Tribunal Administrativo de Santander emitió sentencia de segunda instancia, en el sentido de confirmar parcialmente y modificar el numeral segundo de la parte resolutiva de la providencia emitida por el Juzgado Trece Administrativo Oral de Bucaramanga, el 11 de febrero de 2015, en los siguientes términos:4

PRIMERO: MODIFÍCASE: el numeral SEGUNDO de la sentencia de fecha 11 de febrero de 2015, en el entendido que se incluirá la prima de navidad, como factor salarial a tener en cuenta para la reliquidación de la pensión de jubilación de la señora ODILIA PRADA PINTO, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva.

SEGUNDO: CONFÍRMASE en sus demás partes la sentencia de fecha 11 de febrero de 2015, proferida por el juzgado Trece Administrativo Oral De Bucaramanga, de acuerdo con lo expuesto en precedencia. […] (Resaltado original del texto)

SEGUNDO: CONFÍRMASE en sus demás partes la sentencia de fecha 11 de febrero de 2015, proferida por el juzgado Trece Administrativo Oral De Bucaramanga, de acuerdo con lo expuesto en precedencia. […] (Resaltado original del texto)

1. El 10 de marzo de 2017, COLPENSIONES a través de la Resolución SUB 5100, dio cumplimiento a la sentencia emitida por el Tribunal Administrativo de Santander.

1.1.3. La sentencia objeto de revisión

El Tribunal Administrativo de Santander, el 9 de junio de 2016,5 emitió sentencia de segunda instancia, en el sentido de confirmar parcialmente y modificar el numeral segundo de la parte resolutiva de la providencia emitida por el Juzgado Trece Administrativo Oral de Bucaramanga, el 11 de febrero de 2015, con sustento en las siguientes consideraciones jurídicas:

1. El problema jurídico se circunscribe a determinar, conforme el recurso de apelación interpuesto por la actora, si es procedente la inclusión de la prima de navidad y el concepto de encargo como factor salarial en la reliquidación de su pensión de jubilación. En consecuencia, la Sala s ólo se p ronunciará al respecto, pues no se debate el derecho a la pensión o el régimen aplicable a la señora Prada

Pinto.

4 Expediente digital del proceso ordinario visible a índice 12 de la plataforma SAMAI. 5 Expediente digital del proceso ordinario visible a índice 12 de la plataforma SAMAI.5

Radicación: 11001-03-25-000-2021-00589-00 (2796-2021)

Demandante: Nación, Ministerio de Hacienda y Crédito Público

Radicación: 11001-03-25-000-2021-00589-00 (2796-2021)

Demandante: Nación, Ministerio de Hacienda y Crédito Público

1. Con la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010,6 emitida por el Consejo de Estado, se precisó que aunque la ley no señalaba taxativamente los factores de salario, debían incluirse en la liquidación de las pensiones de jubilación todas aquellas sumas que de manera habitual y periódica el trabajador percibiera como contraprestación del servicio. Aquella postura fue reite rada en la sentencia de unificación del 25 de febrero de 2016.7

1. En atención a la referida providencia de unificación , a los beneficiarios del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, debe aplicárseles en su integrida d la Ley 33 de 1985 en virtud del principio de inescindibilidad de la ley, es decir, edad, tiempo de servicios y monto de la pensión.

Frente a este aspecto, se ratifica la posición sentada por el Consejo de Estado, la cual observa los principios de igualdad, confianza legítima, buena fe, seguridad jurídica, progresividad y favorabilidad en materia pensional y en ese sentido, es procedente apartarse de los criterios fijados en las Sentencias C-258 de 2013 y SU230 de 2015, emitidas por la Corte Constitucional, para efectos de determinar el IBL a la luz de la Ley 33 de 1985.

1. En el sub lite se acreditó que durante el último año de servicio de la accionante, comprendido entre el 16 de mayo de 2011 al 16 de mayo de 2012, devengó los

a la luz de la Ley 33 de 1985.

1. En el sub lite se acreditó que durante el último año de servicio de la accionante, comprendido entre el 16 de mayo de 2011 al 16 de mayo de 2012, devengó los siguientes conceptos: primas de servicios, de navidad, de vacaciones, bonificación de recreación, subsidio de alimentación y auxilio de transporte; sin embarg o, el a quo no tuvo en cuenta la prima de navidad como factor salarial para la reliquidación de la pensión de jubilación de aquella, toda vez que ordenó la inclusión de las primas de servicio y de vacaciones, bonificación por servicios y auxilios de transporte y alimentación.

Por su parte, no es procedente la inclusión del emolumento denominado encargo, ya que si bien es cierto los certificados al legados con el escrito de alzada demuestran que la actora lo devengó, también lo es que aquellos tienen fecha de

6 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010, radicado 2500023250002006-0750901 (0112-09). 7 El tribunal cita al Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de unificación del 25 de febrero de 2016, radicado 25000234200020130154101.6

Radicación: 11001-03-25-000-2021-00589-00 (2796-2021)

Demandante: Nación, Ministerio de Hacienda y Crédito Público

expedición del 2012, la cual es anterior a la de los certificados aportados con la demanda que data del 2014 y en los que no figura ese concepto.

Demandante: Nación, Ministerio de Hacienda y Crédito Público

expedición del 2012, la cual es anterior a la de los certificados aportados con la demanda que data del 2014 y en los que no figura ese concepto.

1. En ese orden, se impone modificar el numeral segundo de la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia, en el entendido de ordenar la inclusión, además de los factores previamente reconocidos por el a quo, de la prima de navidad, en la reliquidación de la pensión de jubilación de la demandante. Finalmente, se confirma en lo demás la decisión apelada. Sin condena en costas de segunda instancia.

1.2. La causal de revisión invocada

El apoderado de la entidad recurrente invocó la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 y, en desarrollo de est a, expuso los siguientes argumentos:

1. El juzgador desconoció que conforme lo dispone el inciso 2.º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, las prerrogativas de la transición consagrada en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, c onsisten en que a las personas que queden cobijadas por éstas les asiste el derecho a que se les aplique el régimen anterior al cual se encontraban afiliadas, en lo que tiene que ver con la edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio y el monto de la prestación.

Sin embargo, en lo atinente al ingreso base de liquidación la norma aplicable es la Ley 100 de 1993, específicamente la regla que indica que el IBL para liquidar la pensión de jubilación de las personas en transición que les faltare menos de 10

Sin embargo, en lo atinente al ingreso base de liquidación la norma aplicable es la Ley 100 de 1993, específicamente la regla que indica que el IBL para liquidar la pensión de jubilación de las personas en transición que les faltare menos de 10 años para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del IPC, según certificación emitida por e l DANE. En igual sentido, se han pronunciado la Corte Constitucional y el Consejo de Estado,8 criterio que constituyen precedente obligatorio.

8 La entidad recurrente cita lo ha señalado por la Corte Constitucional en las Sentencias C-168 de 1995, C-258 de 2013, T-078 de 2014, SU-230 de 2015, SU-427 de 2016, SU-210 de 2017, SU-395 de 2017, SU-631 de 2017, SU-023 de 2018 y T-039 de 2018; y por el Consejo de Estado.7

Radicación: 11001-03-25-000-2021-00589-00 (2796-2021)

Demandante: Nación, Ministerio de Hacienda y Crédito Público

1. La sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, que ordena la reliquidación de la pensión vejez en un monto equivalente al 75  % de los factores salariales devengados por la señora Prada Pinto en el último año de servicio, conlleva a un incremento indebido de la mesada pensional por no emplear al caso concreto la ley que le era aplicable al momento de liquidar la pensión, esto es, el

salariales devengados por la señora Prada Pinto en el último año de servicio, conlleva a un incremento indebido de la mesada pensional por no emplear al caso concreto la ley que le era aplicable al momento de liquidar la pensión, esto es, el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, desconociendo , de paso , el precedente constitucional al respecto.

En ese orden, e l reconocimiento de la prestación, en cumplimiento a la sentencia del 9 junio de 2016, tuvo un aumento significativo y desproporcionado del 86 % sin que exista justificación legal ni jurisprudencial para ello, con lo cual se afecta gravemente la sostenibilidad financiera del sistema pensional.

1.3. Contestación a la acción especial de revisión

La señora Odilia Prada Prieto , por intermedio de apoderado , se opuso a las pretensiones formuladas en la acción de revisión, para lo cual expuso los siguientes argumentos:9

1. Las decisiones recurridas, por un lado, se fundamentaron en los precedentes jurisprudenciales vigentes 10 para la fecha de su expedición y, por el otro, están protegidas por los principios de cosa juzgada, seguridad jurídica y buena fe. En ese orden, el juzgador mantuvo la posición de reconocer la pensión de jubilación de acuerdo a la Ley 33 de 1985, incluyen do todos los factores salariales devengados durante el último año de servicio.

1. Debe darse aplicación a la sentencia de unificación jurisprudencial emitida por el Consejo de Estado el 28 de agosto de 2018, en lo relacionado a los casos en los que ha operado la cosa juzgada, pues estos resultan inmodificables. Así mismo,

Consejo de Estado el 28 de agosto de 2018, en lo relacionado a los casos en los que ha operado la cosa juzgada, pues estos resultan inmodificables. Así mismo, cuando se señala que las pensiones que han sido reconocidas o reliquidadas en el régimen de transición, con fundamento en la tesis que sostenía la Sección Segunda

9 Memorial allegado por correo electrónico, visible a índice 19 de la plataforma SAMAI. 10 La demandada trae a colación la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010, emitida por esta corporación.8

Radicación: 11001-03-25-000-2021-00589-00 (2796-2021)

Demandante: Nación, Ministerio de Hacienda y Crédito Público

de la referida Corporación, no puede considerarse que lo fueron con abuso del derecho o fraude a la ley.

1. En la medida que el proceder d el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, evidencia una conducta temeraria, dolosa y de mala fe, debe darse aplicación de los artículos 306 del CPACA y 365 y 366 del Código General del Proceso, con el fin de condenarlo en costas y agencias en derecho.

2. Consideraciones

2.1. Competencia

Esta corporación es competente para conocer de los recursos extraordinarios de revisión en virtud del inciso 2.º del artículo 249 del CPACA.11 Asimismo, atendiendo al criterio de especialización, por tratarse de un asunto de carácter laboral, la Sección Segunda, en la Subsección a la que corresponda el reparto del proceso, es competente para conocer del recurso extraordinario, según lo previsto en el

al criterio de especialización, por tratarse de un asunto de carácter laboral, la Sección Segunda, en la Subsección a la que corresponda el reparto del proceso, es competente para conocer del recurso extraordinario, según lo previsto en el artículo 13 del Acuerdo 080 de 12 de marzo de 2019.12

De igual manera, de conformidad con el art ículo 20 de la Ley 797 de 2003, el Consejo de Estado es competente para conocer de la revisi ón de las providencias judiciales «que hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza p ública la obligación de cubrir sumas peri ódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza [...] a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguri dad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la Rep ública o del Procurador General de la Nación».

2.2. Legitimación13

11 «Artículo 249. Competencia. (…) De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia. De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los jueces administrativos conocerán los Tribunales Administrativos.». 12 «Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado» . 13 Ver, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 26 de mayo de 2022, radicado 11001 0325 000 2017 00802 00 (4240 -2017).9

13 Ver, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 26 de mayo de 2022, radicado 11001 0325 000 2017 00802 00 (4240 -2017).9

Radicación: 11001-03-25-000-2021-00589-00 (2796-2021)

Demandante: Nación, Ministerio de Hacienda y Crédito Público

Esta acción se encuentra legitimada en cabeza del Gobierno nacional, los órganos de control, la UGPP, en virtud de la Ley 1151 de 2007, artículo 156 y el Decreto 575 de 2013, art ículo 6°, numeral 6° , y las diferentes entidades administrativas de pensiones. 2.3. Oportunidad

El inciso 4.º del artículo 251 de la Ley 1437 de 2011 dispone que «en los casos previstos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el recurso deberá presentarse dentro de los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial». En el sub lite, la sentencia objeto de revisión cobró ejecutoria el 17 de junio de 201614 y la acción especial de revisión se interpuso el 1.° de septiembre de 2021.15 Pues bien, a priori, la demanda estaría fuera del término de los cinco años establecido por el artículo 251 del CPACA para estos eventos, sin embargo, la Sala advierte que con ocasión a la declaratoria de emergencia sanitaria por la pandemia por el COVID-19, el Consejo Super ior de la Judicatura expidió los siguientes actos administrativos en los que suspendió los términos judiciales a nivel nacional entre el 16 de marzo y el 1.º de julio de 2020:

por el COVID-19, el Consejo Super ior de la Judicatura expidió los siguientes actos administrativos en los que suspendió los términos judiciales a nivel nacional entre el 16 de marzo y el 1.º de julio de 2020:

ACUERDO FECHA DE SUSPENSIÓN DE TÉRMINOS JUDICIALES PCSJA20-11518 de 2020 Del 16 al 20 de marzo de 2020

PCSJA20-11521 de 2020 Del 21 de marzo al 3 de abril de 2020 PCSJA20-11526 de 2020 Del 4 al 12 de abril de 2020 PCSJA20-11532 de 2020 Del 13 al 26 de abril de 2020 PCSJA20-11546 de 2020 Del 27 de abril al 10 de mayo de 2020 PCSJA20-11549 de 2020 Del 11 al 24 de mayo de 2020 PCSJA20-11556 de 2020 Del 25 de mayo al 8 junio de 2020

14 Expediente digital del proceso ordinario visible a índice 12 de la plataforma SAMAI. 15 Índice 1 de la plataforma SAMAI.10

Radicación: 11001-03-25-000-2021-00589-00 (2796-2021)

Demandante: Nación, Ministerio de Hacienda y Crédito Público

PCSJA20-11567 de 2020 - Se ordenó el levantamiento de los términos judiciales a partir del 1.º de julio de 2020. - Se prorrogó la suspensión entre el 9 de junio y el 1.º de julio. A su turno, el Gobierno nacional expidió el Decreto Legislativo 564 del 15 de abril de 2020, «Por el cual se adoptan medidas para la garantía de los derechos de los

9 de junio y el 1.º de julio. A su turno, el Gobierno nacional expidió el Decreto Legislativo 564 del 15 de abril de 2020, «Por el cual se adoptan medidas para la garantía de los derechos de los usuarios del sistema de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica», en el que se determinó lo siguiente: Artículo 1. Suspensión de términos de prescripción y caducidad. Los términos de prescripción y de caducidad previstos en cualquier norma sustancial o procesal para ejercer derechos, acciones, medios de control o presentar demandas ante la Rama Judicial o ante los tribunales arbitrales, sean de días, meses o años, se encuentran suspendidos desde el 16 de marzo d e 2020 hasta el día que el Consejo Superior de la Judicatura disponga la reanudación de los términos judiciales. El conteo de los términos de prescripción y caducidad se reanudará a partir del día hábil siguiente a la fecha en que cese la suspensión de té rminos judiciales ordenada por el Consejo Superior de la Judicatura. No obstante, cuando al decretarse la suspensión de términos por dicha Corporación, el plazo que restaba para interrumpir la prescripción o hacer inoperante la caducidad era inferior a treinta (30) días, el interesado tendrá un mes contado a partir del día siguiente al levantamiento de la suspensión, para realizar oportunamente la actuación correspondiente. Parágrafo. La suspensión de términos de prescripción y caducidad no es aplicable en materia penal. (Se resalta) De acuer do con lo anterior, se concluye que, con ocasión de la declaratoria de

Parágrafo. La suspensión de términos de prescripción y caducidad no es aplicable en materia penal. (Se resalta) De acuer do con lo anterior, se concluye que, con ocasión de la declaratoria de estado de emergencia económica, ecológica y social por la pandemia del COVID-19, los términos judiciales estuvieron suspendidos entre el 16 de marzo y el 1.º de julio de 2020, interregno en el cual las figuras jurídicas de la prescripción y la caducidad de los medios de control y/o acciones judiciales no operaron. Bajo este contexto, y en principio, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público tenía hasta el 17 de junio de 2021 para interponer la demanda de revisión; sin embargo, y debido a la suspensión de los términos judiciales , descrita en el numeral que precede, el referido plazo de cinco años para impetrar la acción especial de revisión no operó entre el 16 de marzo y el 1.º de julio de 2020. Por consiguiente, su contabilización se hará de la siguiente manera:11

Radicación: 11001-03-25-000-2021-00589-00 (2796-2021)

Demandante: Nación, Ministerio de Hacienda y Crédito Público

1. Entre el 20 de junio de 2016 (día hábil siguiente a la ejecutoria de la sentencia a revisar) y el 16 de marzo de 2020, transcur rieron 3 años, 8 meses y 25 días. Es decir, le faltaban 1 año, 3 meses y 6 días para que venciera el término de cinco años previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

decir, le faltaban 1 año, 3 meses y 6 días para que venciera el término de cinco años previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003. ii) En vista de que el 1.º de julio de 2020 se levantó la precitada suspensión, el plazo faltante transcurrió desde el día siguiente, esto es el 2 de julio, y hasta el 8 de octubre de 2021 de la mencionada anualidad (nueva fecha límite para presentar el medio de impugnación). iii) Por lo tanto , y en razón a que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público interpuso la acción especial de revisión de la referencia el 1.° de septiembre de 2021, esta se encuentra en tiempo.

2.5. El problema jurídico

Consiste en establecer si la sentencia del Tribunal Administrativo de Santander del 9 de junio de 2016, se encuentra inmersa en la causal de revisión contemplada en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 , que permite acudir a la acción especial de revisión «Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo co n la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables».

2.5. Marco normativo

2.5.1. La acción de revisión de la Ley 797 de 2003

El artículo 20 de la Ley 797 de 2003 estableció la posibilidad de revisión de las providencias judiciales que hubiesen decretado el reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública, en los siguientes términos: ARTÍCULO 20. REVISIÓN DE RECONOCIMIENTO DE SUMAS PERIÓDICAS A CARGO DEL TESORO

periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública, en los siguientes términos: ARTÍCULO 20. REVISIÓN DE RECONOCIMIENTO DE SUMAS PERIÓDICAS A CARGO DEL TESORO PÚBLICO O DE FONDOS DE NATURALEZA PÚBLICA . <Apartes tachados INEXEQUIBLES> Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias , a solicitud del Gobierno por conducto del12

Radicación: 11001-03-25-000-2021-00589-00 (2796-2021)

Demandante: Nación, Ministerio de Hacienda y Crédito Público

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación.

La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o conciliación judicial o extrajudicial.

La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales consagradas para este en el mismo código y además:

a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y

b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.

a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y

b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.

Como puede observarse, si bien la norma transcrita indica que la acción de revisión debe tramitarse a través del procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión, que actualmente se encuentra regulado por los artículos 248 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativ o y de lo Conte