CE - 010327000202000035001SENTENCIASENTENCIA20230330191114

Radicado: 11001-03-27-000-2020-00035-00 (25435)

Demandante: Polymedical de Colombia S.A.S.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, D. C., treinta (30) de marzo de dos mil veintitrés (2023) Referencia Recurso extraordinario de revisión Radicación 11001-03-27-000-2020-00035-00 (25435)

Demandante POLYMEDICAL DE COLOMBIA S.A.S.

Demandado DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN Temas Prueba recobrada. Artículo 250 numeral 1 C.P.A.C.A. SENTENCIA ÚNICA INSTANCIA Procede la Sala a decidir el recurso extraordinario de revisión interpuesto por Polymedical de Colombia S.A.S. contra la sentencia del 29 de noviembre de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B dentro del proceso de radicado Nro. 11001-33-37-040-2017-0004101 en la que se decidió lo siguiente: «PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado 40 Administrativo del Circuito de Bogotá del 27 de mayo de 2018, de acuerdo con lo expuesto en la parte considerativa de este fallo. SEGUNDO. Sin costas en esta instancia».

ANTECEDENTES

1. Actuación administrativa

de Bogotá del 27 de mayo de 2018, de acuerdo con lo expuesto en la parte considerativa de este fallo. SEGUNDO. Sin costas en esta instancia».

ANTECEDENTES

1. Actuación administrativa Polymedical de Colombia S.A.S., según declaración de importación número 482013000206337-1 y autoadhesivo número 07532260177082 del 23 de mayo de 2013, importó tapabocas desechables de referencia GT -059-101, los cuales catalogó en la subpartida arancelaria 48.18.50.00 .00 bajo el entendido de que su composición era de pasta de papel guata de celulosa o napa de fibra celulosa.

Mediante Auto Nro. 000024 del 3 de febrero de 2015 se comisionó a funcionarios de la DIAN para que, durante los días 5 y 6 del mismo mes y año, realizaran diligencia de control y verificación de obligaciones aduaneras y toma de muestras de la mercancía importada en las instalaciones de la sociedad referid a, ubicadas en la calle 23 B Nro. 80B-05 de Bogotá D.C. El 6 de febrero de 2015, l os servidores comisionados se dirigieron a la dirección referida en donde encontraron una casa de habitación, por lo que procedieron a buscar en internet la empresa y su ubic ación, lo que arrojó com o resultado la dirección: Tv. 76 Nro. 46 -21 de la ciudad de Bogotá D.C., a donde se dirigieron y fueron atendidos por la representante legal de la entidad, quien, suministró 21 muestras de los elementos importados a razón de 3 unida des por referencia de mercancía; elementos enviados a la Coordinación de los Servicios de Laboratorio

fueron atendidos por la representante legal de la entidad, quien, suministró 21 muestras de los elementos importados a razón de 3 unida des por referencia de mercancía; elementos enviados a la Coordinación de los Servicios de Laboratorio de la Subdirección de Técnica Aduanera para su análisis merciológico.Radicado: 11001-03-27-000-2020-00035-00 (25435)

Demandante: Polymedical de Colombia S.A.S.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2 Mediante Oficio 100227342 -0467 del 8 de abril de 2015, el Jefe de Coordinación del Servicio de Arancel reportó el análisis físico-químico de las muestras aportadas por Polymedical, según el cual correspondían a “mascarilla de protección desechables elaboradas en tela sin tejer, las cuales se clasifican en la subpartida arancelaria 6307.90.30.00 en aplicación de las Reglas generales Interpretativas 1 y 6 del Arancel de Aduanas contenido en el Decreto 4927 de 2011 y sus modificaciones”. El 11 de julio de 2016, se profirió la Liquidación Oficial de Corrección 1-03-241-201639-01-1028 por medio de la que se reclasificó la mercancía importada de la subpartida arancelaria 4818.50.00.00 a la subpartida 6307.90.30.00, lo que aparejó un valor a cargo de $41.773.000 -por los tributos aduaneros dejados de cancelary una sanción del 10%, en virtud de lo previsto en el artículo 482 -numeral 2.2.- del

un valor a cargo de $41.773.000 -por los tributos aduaneros dejados de cancelary una sanción del 10%, en virtud de lo previsto en el artículo 482 -numeral 2.2.- del Decreto 2685 de 1999. Esa determinación se confirmó mediante la Resolución Nro. 008574 del 4 de noviembre de 2016 al resolver el recurso de reconsideración interpuesto.

2. Proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 2.1. Demanda Polymedical de Colombia S.A.S., mediante apoderado designado para el efecto, presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho para obtener la nulidad de (i) la Liquidación oficial de Corrección 1-03241-201-639-01-1028 del 11 de julio de 2016, y (ii) la Resolución Nro. 008574 del 4 de noviembre de la misma anualidad . A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se mantuviera “la firmeza de las (sic) Declaración de Importación con autoadhesivo número 075 32260177082 del 23 de mayo de 2013; se [exonerara] de toda responsabilidad al importador POLYMEDICAL de COLOMBIA S.A.S.; se [archivara] el expediente administrativo” , se condenara en costas a la convocada por pasiva y se diera cumplimiento a la sentencia en los términos del artículo 192 del C.P.A.C.A.

Para el efecto adujo la configuración de los vicios que pasan a exponerse. • Falta de competencia de los servidores que practicaron la visita de inspección en las instalaciones de la sociedad el 6 de febrero de 2015, ya que la misma se realizó en una dirección diferente a aquella consignada en el Auto

• Falta de competencia de los servidores que practicaron la visita de inspección en las instalaciones de la sociedad el 6 de febrero de 2015, ya que la misma se realizó en una dirección diferente a aquella consignada en el Auto Comisorio Nro. 00024 del 3 de febrero de 2015. En efecto, en el auto se citó

como sitio de la inspección la calle 23 B N° 80 -05, no obstante, se realizó en una dirección diferente; irregularidad que no se saneaba por la participación del representante legal de la entidad. Por esto, las pruebas recaudadas en dicha diligencia no podían tenerse como válidas. • Indebida valoración probatoria. De una parte, porque la DIAN no realizó una valoración adecuada de las pruebas aportadas por la sociedad para demostrar la composición real de la mercancía importada (v.gr., el certificado expedido por el proveedor, el cual acreditaba que los tapabocas imp ortados no se componían por polipropileno). De otra, porque no era posible establecer que lo analizado por el laboratorio de la DIAN correspondiera a lo suministrado por el representante legal de la entidad, como quiera que el reporte de análisis físico-químico 100227342-0467 del 8 de abril de 2015 no rotuló el elemento examinado. • Por último, cuestionó (i) el análisis merciológico adelantado por la DIAN, ya que, a su juicio, no se realizó sobre los elementos importados pues dentro deRadicado: 11001-03-27-000-2020-00035-00 (25435)

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3 la entidad no existía stock de los mismos, razón por la que lo examinado correspondió a elementos producidos por la sociedad en su propia fábrica; (ii) el reporte de laboratorio, el cual, en su sentir, no podía tenerse como plena prueba, porque no se agotó el trámite del Decreto 0993 del 15 de mayo de 2015, pue no se notificó a la sociedad para que ejerciera su derecho de defensa; y, (iii) la liquidación oficial de corrección, bajo el entendido de que lo procedente era el procedimiento de aprehensión de la mercancía al ser esta, no otra, la consecuencia jurídica de la modificación de la composición del elemento importado. 2.2. Sentencia de primera instancia Mediante sentencia del 27 de mayo de 2018, el Juzgado cuarenta (40) Administrativo del Circuito de Bogotá negó las pretensiones de la demanda. Primero, porque los servidores de las DIAN sí se encontraban habilitados para adelantar la diligencia de inspección para el control y fiscalización con habilitación de toma de muestras, que se llevó a cabo el 6 de febrero de 2015. Esto, habida cuenta que el Auto Comisorio Nro. 00004 del 3 de febrero de 2015 cumplió con la totalidad de los requisitos exigidos en el artículo 473 del Estatuto Aduanero, a más de que si bien la inspección se desarrolló en u n sitio diferente al consignado en el auto comisorio, no lo fue menos, que la averiguación de la sede de la empresa se

totalidad de los requisitos exigidos en el artículo 473 del Estatuto Aduanero, a más de que si bien la inspección se desarrolló en u n sitio diferente al consignado en el auto comisorio, no lo fue menos, que la averiguación de la sede de la empresa se realizó en una base pública -página web de la sociedad -, y una vez allí, el representante legal de la empresa no se opuso al trámite y aportó, voluntariamente, las pruebas que posteriormente se examinaron en el laboratorio, lo que descarta, la existencia de vicios en el recaudo de dicha prueba. Segundo, porque no se configuró violación al debido proceso al no tener como procedentes los documentos aportados por Polymedical de Colombia S.A.S. en la sede administrativa pues tal determinación no fue oportunamente recurrida. De otro lado, tampoco se acreditó que el material examinado por el laboratorio, y con base en el cual se concluyó el error en la clasificación de la subpartida arancelaria, correspondiera a uno diferente al amparado bajo la declaración de importación examinada, fue el representante legal quien suministró las muestras y en esa oportunidad nada dijo sobre la ausencia de stock de dichos elementos. Tercero, porque, luego de examinar la prueba técnica, se concluyó la procedencia de la liquidación de corrección al verificar que se estaba ante una mercancía clasificada indebidamente al estar compuesta por polipropileno, y no por guata de celulosa. 2.3. Apelación Polymedical de Colombia S.A.S. apeló la decisión anterior, para lo cual sostuvo que sí se configuró una irregularidad en la diligencia del 6 de febrero de 2015, la cual no se subsanaba por la participación de la representante legal de la entidad en la

Polymedical de Colombia S.A.S. apeló la decisión anterior, para lo cual sostuvo que sí se configuró una irregularidad en la diligencia del 6 de febrero de 2015, la cual no se subsanaba por la participación de la representante legal de la entidad en la misma, razón por la que las pruebas recaudadas en ella no eran válidas ; cuestión que se reforzaba, en su sentir, porque lo procedente era la suspensión del RUT, previo el trámite dispuesto para el efecto en los artículos 15 y 16 del Decreto 2460 de 2013, y no la realización de la diligencia sin que mediara un nuevo auto comisorio en el que se consignara la dirección real de la empresa.Radicado: 11001-03-27-000-2020-00035-00 (25435)

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4 Por demás, reiteró los argumentos relativos a la indebida valoración probatoria y a la procedencia de la aprehensión de la mercancía. 2.4. Sentencia de segunda instancia. Decisión objeto de revisión El 29 de noviembre de 2019, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, confirmó la sentencia apelada y no condenó en costas por las razones que se sintetizan a continuación. Primero, porque en el Auto Comisorio 24 del 3 de febrero de 2015 no exist ió irregularidad alguna, ya que se cumplió con los requisitos establecidos en la materia por el artículo 473 del Decreto 2685 de 1999: se identificaron los hechos objeto de

irregularidad alguna, ya que se cumplió con los requisitos establecidos en la materia por el artículo 473 del Decreto 2685 de 1999: se identificaron los hechos objeto de la prueba y se designaron los funcionarios encargados de su práctica. Por lo tanto, la ubicación de la empresa en la que se debía adelantar la diligencia no era un elemento indispensable. Y si bien fue cierto que la diligencia se realizó en una dirección diferente a aquella consignada en el auto comisorio, no lo fue menos que tal situación se presentó debido que Polymedical de Colombia S.A.S. incumplió el deber de actualizar su dirección, de acuerdo con lo previsto en el artículo 13 del Decreto 2460 de 2013. En esa medida, la culpa de la misma contribuyente mal podía estructurar la existencia de una irregularidad, lo que se reforzó al considerar que los servidores comisionados extrajeron de la página web de la empresa la información acerca de su ubicación, esto es, de un espacio en el que, de manera libre, dicha entidad incorporó información a la que cualquier persona podía acceder. Además, cualquier vicio que se hubiera podido presentar sobre el particular se saneó, porque el auto que ordenó la inspección aduanera se notificó a la representante legal antes de la realización de la diligenci a sin que se hubiera registrado alguna oposición a la misma, a su desarrollo o finalización, a más de que se cumplió con la finalidad de la actuación -recolección de las muestras de los productos importados, las cuales fueron aportadas de manera libre y voluntaria por la misma representante legal-. Segundo, porque no se estructuró el vicio de falsa motivación por indebida valoración probatoria , toda vez que la DIAN consideró los elementos que la accionante refirió como desconocidos, como se estableció en el Auto de Pruebas

la misma representante legal-. Segundo, porque no se estructuró el vicio de falsa motivación por indebida valoración probatoria , toda vez que la DIAN consideró los elementos que la accionante refirió como desconocidos, como se estableció en el Auto de Pruebas 2802 del 26 de mayo de 2016 en el que, además, se negó la práctica de un nuevo análisis de laboratorio solicitado por la actora , providencia que no fue impugnada. Igualmente, porque los elementos respecto de los que se realizó el análisis de laboratorio, con el que se sustentó la existencia del yerro respecto de la clasificación de la subpartida arancelaria, fueron los mismos que la representante legal aport ó en la diligencia de inspección aduanera, previa información acerca de las declaraciones de importación que eran objeto de investigación. Además, en ningún momento de esa diligencia se adujo la inexistencia en stock de muestras de los productos importados. Tercero, porque sí era procedente la aplicación del procedimiento para la liquidación oficial de revisión pues se presentó uno de los supuestos previstos en el artículo 513 del Decreto 2685 de 1999, a saber: yerro respecto de la clasificación de la subpartida arancelaria y a las tarifas aplicables. Esto, bajo el entendido de que “no [existió] controversia en los documentos importados sino en la composición de los mismos” , lo que excluía la aplicación del trámite de aprehensión y d ecomiso de mercancías,Radicado: 11001-03-27-000-2020-00035-00 (25435)

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5 reservado para eventos diferentes de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 232-1 del Decreto 2685 de 1999. Posición jurídica que coincidía con la adoptada por la misma corporación al resolver asunto similar que tuvo su origen en la misma diligencia de inspección a la sociedad Polymedical1. Finalmente, no se condenó en costas porque no se demostró su causación.

3. Recurso extraordinario de revisión

3.1. Demanda2 Polymedical de Colombia S.A.S, a través de apoderado designada para el efecto, solicitó la infirmación de la sentencia del 29 de noviembre de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B dentro del proceso de radicado Nro. 11001-33-37-040-2017-00041-01, por la configuración de la causal prevista en el numeral 1 del artículo 250 del C.P.A.C.A., esto es, “[h]aberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria”. Para sustentar lo anterior identificó como pruebas recobradas los siguientes elementos, cada uno por las razones que también pasan a exponerse. • El auto de trámite Nro. 17417-00407 del 5 de noviembre de 20193, dictado por la Subdirección de Investigaciones Disciplinarias de la Inspección General

elementos, cada uno por las razones que también pasan a exponerse. • El auto de trámite Nro. 17417-00407 del 5 de noviembre de 20193, dictado por la Subdirección de Investigaciones Disciplinarias de la Inspección General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales -ITRC-; providencia que fue conocida con posterioridad a la sentencia que se pretende infirmar por esta vía judicial y que constituye plena prueba puesto que “no se trata de una sentencia sino de un auto de trámite dictado en un proceso disciplinario iniciado a instancias de [la hoy actora]”. Para el efecto destacó que la DIAN, en virtud del principio de lealtad procesal, estaba obligada a aportar el documento dentro del proceso ordinario; actuación que no llevó a cabo. Finalmente, señaló que ese medio de convicción contaba con carácter decisorio, pues acreditaba la falta de competencia de los servidores de la DIAN que realizaron la inspección aduanera en febrero de 2015: en el se consignó la declaración de Luz Adriana Qu imbay Contreras - servidora de la Subdirección de Fiscalización Aduanera de la DIAN -, de acuerdo con la cual “hay una regulación especial para las actuaciones de los autos comisorios y que la misma obliga a que SI EN EL AUTO LA DIRECCIÓN ES INCORRECTA, NO SE PUEDE CONTINUAR CON LA DILIGENCIA” (resalto y subrayas del original) Y es que “al margen de la decisión que se adopte en el proceso disciplinario adelantado en virtud de la queja elevada por mi poderdante, tal prueba evidencia que, como resultado de una deponencia adelantada en ese proceso, la testigo expres ó que el procedimiento que se

virtud de la queja elevada por mi poderdante, tal prueba evidencia que, como resultado de una deponencia adelantada en ese proceso, la testigo expres ó que el procedimiento que se adelantó en virtud del auto comisorio 00024 de 3 de febrero de 2015 fue totalmente ilegal”. (resalto y subrayas del original)

1 Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, sentencia del 2 de julio de 2019, M.P.: Nelly Yolanda Villamizar de Peñaranda, expediente: 25000-23-37-000-2018-00428-00. 2 Índice 2 del SAMAI. 3 Consultado se observa que el mismo data del 6 de noviembre de 2019.Radicado: 11001-03-27-000-2020-00035-00 (25435)

Demandante: Polymedical de Colombia S.A.S.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6 • La orden administrativa Nro. 003 del 5 de abril de 2010 de la DIAN4 (i) fue recobrada luego de tener conocimiento acerca de la existencia del auto de trámite referenciado, y (ii) no fue aportada al proceso ordinario en desconocimiento del principio de lealtad procesal por parte de la DIAN “al guardar conveniente silencio sobre la existencia de dicha normativa que, precisamente, regula los procedimientos de los autos comisorios”. Además, el carácter decisorio del medio de prueba se evidenciaba al considerar que su valoración por el juez del proceso ordinario hubiera permitido arribar a una conclusión diferente, siendo esta la anulación de los

los procedimientos de los autos comisorios”. Además, el carácter decisorio del medio de prueba se evidenciaba al considerar que su valoración por el juez del proceso ordinario hubiera permitido arribar a una conclusión diferente, siendo esta la anulación de los actos demandados. Lo anterior, porque esa orden administrativa era la normativa aplicable al caso por tratarse de la disposición especial que lo regulaba5, ya que en ella se consignó el procedimiento que el proceso de fiscalización y liquidación debía aplicar al realizar una diligencia de control, como lo era la de inspección aduanera de febrero de 2015, al prescribir que en el auto comisorio se debía indicar “de forma expresa el término de duración de la diligencia, la descripción del lugar y de ser posible señalar el sitio exacto de la diligencia cuando se tenga la información disponible”. Pese a esa prescripción, en el auto comisorio no se cumplió con dicho deber lo que pone de presente la existencia de una irregularidad que afectó el debido proceso de la hoy demandante6 y que, en tal virtud, daba lugar a la declaratoria de nulidad a la que el juez ordinario no accedió. 3.2. Intervención de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN7 La DIAN, a través de apoderado, contestó la demanda y se opuso a las pretensiones de la misma porque no se configuró la causal de revisión invocada en atención a las razones que pasan a sintetizarse, las cuales, según se afirma por la accionada, convergen con las expuestas por la Sala Especial de Decisión Nro. 4 del Consejo de Estado al resolver de manera desfavorable un recurso extraordinario de revisión presentado por la hoy accionante en un tema similar8.

accionada, convergen con las expuestas por la Sala Especial de Decisión Nro. 4 del Consejo de Estado al resolver de manera desfavorable un recurso extraordinario de revisión presentado por la hoy accionante en un tema similar8. Dijo que, el auto proferido dentro del proceso disciplinario no corresponde a un a prueba recobrada, puesto que fue comunicado a la representante legal de Polymedical de Colombia S.A.S. antes de que se profiriera la sentencia cuya infirmación se pretende en este pro ceso. Agréguese a ello que la prueba carecía de carácter decisorio, ya que “no guarda ninguna relación de causalidad con el tema objeto de debate dentro del proceso contencioso administrativo” , lo que se confirma, en su sentir, al tener presente que del auto de trámite “solo se puede concluir que las diligencias fueron remitidas al subdirector de Gestión de Control Disciplinario Interno de la DIAN para que adelante las actuaciones pertinentes p or la presunta conducta irregular en que podrían estar incurso los funcionarios investigados, atendiendo que la conducta no estaba tipificada como falta gravísima ”.

4 “Por la cual se establecen los lineamientos gerenciales, administrativos y técnicos y se desarrollan los procedimientos que se ejecutan en las dependencias del proceso del proceso de fiscalización y liquidación” 5 En esa medida, mal podía aplicarse, como lo hizo el juez de instancia, el artículo 473 del estatuto Aduanero. 6 De acuerdo con lo señalado en la demanda: “… es evidente que la falta de conocimiento sobre la normativa que regula el procedimiento de fiscalización, resultó determinante en las decisiones administrativas objeto del medio de control de nulidad y restable cimiento del derecho, dado que el recaudo de pruebas no tuvo

que regula el procedimiento de fiscalización, resultó determinante en las decisiones administrativas objeto del medio de control de nulidad y restable cimiento del derecho, dado que el recaudo de pruebas no tuvo ningún sustento legal; y los funcionarios de la DIAN, con su proceder, asaltaron a la representante legal de la sociedad en su buena fe, defraudando la confianza legítima depositada en la Administración (DIAN) al incurrir en esa y otras irregularidades que también fueron objeto de debate en el proceso ordinario”. 7 Índice 22 del SAMAI. 8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión Nro. 4, M.P.: Pedro Pablo Vanegas Gil, sentencia del 1° de julio de 2021, radicado: 11001-03-15-000-2021-04480-00.Radicado: 11001-03-27-000-2020-00035-00 (25435)

Demandante: Polymedical de Colombia S.A.S.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7 Asimismo, no se demostró la causal de fuerza mayor, cas o fortuito ni obra de la parte contraria que impidiera allegar la orden administrativa Nro. 0003 de 2010 al proceso ordinario; documento que, a su juicio, la entidad accionada no debió aportar “teniendo en cuenta que la actuación realizada se ajustó al procedimiento administrativo y a las directrices internas para el desarrollo de los procesos de fiscalización y liquidación ”. Además, dicho elemento carecía del carácter decisorio requerido para la configuración de la causal de revisión. De una parte, porque correspondía a un

a las directrices internas para el desarrollo de los procesos de fiscalización y liquidación ”. Además, dicho elemento carecía del carácter decisorio requerido para la configuración de la causal de revisión. De una parte, porque correspondía a un documento de carácter público que, en tal virtud, pudo aportarse al proceso ordinario desde su inicio y, d e otra, porque dicha orden “establece los lineamientos internos para el proceso de fiscalización el cual fue atendido en el curso de la actuación administrativa, que se desarrolló al amparo de los artículos 473, 562 y 564 del Decreto 2685 de 1999, por lo que el cargo relacionado con la notificación del auto comisorio no prosper ó ante la jurisdicción”. Por último, señaló que lo pretendido por la recurrente es reabrir el debate probatorio con la exposición de argumentos de derecho que fueron resueltos por el juez de instancia, esto es, mediante el cuestionamiento de la actividad interpretativa del juez ordinario. Siendo, así las cosas, como a juicio del apoderado de la DIAN el recurso debe declararse infundado, se solicitó se condenara en costas a la parte actora. 3.3. Intervención del Ministerio Público9 El agente del Ministerio Público solicitó declarar infundado el recurso extraordinario de revisión puesto que no se cumplen los requisitos establecidos por la jurisprudencia para la estructuración de la causal de revisión invocada en la demanda. Dijo que, no es una prueba recobrada la orden administrativa ya que existía desde antes de la interposición de la acción ordinaria. Súmese que, al tratarse de un documento público y de libre acceso, por encontrarse publicado en la página web de la hoy accionada, se descarta la existencia de u na causal de fuerza mayor o

antes de la interposición de la acción ordinaria. Súmese que, al tratarse de un documento público y de libre acceso, por encontrarse publicado en la página web de la hoy accionada, se descarta la existencia de u na causal de fuerza mayor o caso fortuito que impidiera su presentación en el proceso ordinario. Finalmente señaló que (i) en la inspección aduanera se respetaron las garantías de la entidad, al punto que la misma fue atendida por l a representante legal de la hoy actora y fue ella quien aportó voluntariamente las muestras que fueron objeto de peritaje posterior; (ii) la realización de la inspección en una dirección diferente a la consignada en el auto comisorio se debió a que la entidad, hoy accionante, no cumplió con la obligación de actualizar su domicilio empresarial en el RUT; y (iii) el resultado de los análisis de la com posición de los productos importados no se desvirtuó en el proceso ordinario, a más de que tampoco se demostró que los elementos entregados como muestras en la inspección aduanera fueran unos diferentes a los amparados en la declaración de importación respectiva.

CONSIDERACIONES

1. Competencia De conformidad con lo previsto en el artículo 249 del C.P.A.C.A. de “los recursos de

9 Índice 23del SAMAI.Radicado: 11001-03-27-000-2020-00035-00 (25435)

Demandante: Polymedical de Colombia S.A.S.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8 revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia”.

www.consejodeestado.gov.co 8 revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia”. Por lo tanto , esta Sección es competente al tratarse de un recurso extraordinario de revisión instaurado en contra de una sentencia ejecutoriada proferida por la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

2. Oportunidad de la acción De acuerdo con lo previsto en el inciso primero del artículo 251 de la Ley 1437 de 2011, en casos como el de la referencia, el recurso extraordinario de revisión “podrá interponerse dentro del año siguiente a la ejecutoria de la respectiva sentencia”.

En el presente asunto, la sentencia del 29 de noviembre de 2019 se notificó de manera electrónica el 10 de diciembre de 2019, según lo informa el Sistema Judicial Siglo XXI 10. En consecuencia, quedó ejecutoriada el 13 de diciembre de 2019, según lo previsto en el artículo 302 del C.G.P., por lo que, en principio, el término para interponer el recurso vencía el 14 de diciembre de 2020. Se dice que, en principio, porque debido a la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional, los términos j udiciales fueron suspendidos por el Consejo Superior de la Judicatura entre los días 16 de marzo y 30 de junio de 2020 11; términos que debían computarse una vez reanudados. Luego, como la demanda fue presentada el 15 de diciembre de 2020 ésta se entiende oportuna.

3. Problema jurídico Le corresponde a esta Sala establecer si se configura la causal de revisión alegada

fue presentada el 15 de diciembre de 2020 ésta se entiende oportuna.

3. Problema jurídico Le corresponde a esta Sala establecer si se configura la causal de revisión alega