CE - 010327000202200045001SENTENCIASENTENCIA20230615164009

Radicado: 11001-03-27-000-2022-00045-00 (26729)

Demandante: Marcela Ramírez Sarmiento y otro

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, D. C., quince (15) de junio de dos mil veintitrés (2023) Referencia Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación 11001-03-27-000-2022-00045-00 (26729)

Demandante MARCELA RAMÍREZ SARMIENTO Y ÁLVAREZ BLANCO GRUPO

CONSULTOR S.A.S.

Demandado

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN

Temas Gravamen a los movimientos financieros (GMF). Exención. Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Concepto General Unificado Nro. 1466 de 2017 y Concepto Nro. 908127 (Oficio Nro. 100208221 -1270) de 2021 , expedidos por la DIAN

SENTENCIA ANTICIPADA La Sala decide la demanda de simple nulidad interpuesta por Marcela Ramírez Sarmiento en nombre propio y como apoderada de la sociedad Álvarez Blanco Grupo Consultor S.A.S., en la que pretende n la nulidad del literal b) del numeral 8.16 del Concepto General Unificado Nro. 1466 del 29 de diciembre de 2017 y de la

Sarmiento en nombre propio y como apoderada de la sociedad Álvarez Blanco Grupo Consultor S.A.S., en la que pretende n la nulidad del literal b) del numeral 8.16 del Concepto General Unificado Nro. 1466 del 29 de diciembre de 2017 y de la totalidad del Concepto Nro. 908127 (también identificado como el Oficio Nro. 100208221-1270) del 12 de agosto de 2021, actos administrativos proferidos por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (en adelante DIAN). ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA La DIAN profirió el Concepto General Unificado Nro. 1466 de 2017, sobre el gravamen a los movimientos financieros (en adelante GMF) , entre otros temas. En el literal b) del numeral 8.16, precisó el alcance de la exención del GMF sobre los recursos de seguridad social en salud, en el sentido de señalar que aplica respecto de las transacciones financieras realizadas con recursos del Fondo de Solidaridad y Garantía (F OSYGA1), y las que tengan como propósito el cubrimiento del Plan Obligatorio de Salud (POS2). Así mismo, precisó que están exentos: i) en un 100%, los pagos que realicen las entidades prestadoras de Salud (EPS) y las administradoras del régimen subsidiado (ARS) a la s instituciones prestadoras de salud (IPS), por concepto del POS; y ii) en un 50%, los pagos que realicen las IPS con recursos del POS.

1 Se precisa que el artículo 66 de la Ley 1753 de 2015 creó a la Entidad Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), entidad que asumió la administración de los

con recursos del POS.

1 Se precisa que el artículo 66 de la Ley 1753 de 2015 creó a la Entidad Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), entidad que asumió la administración de los recursos del Fosyga, así como del Fondo de Salvamento y Garantías pa ra el Sector Salud (Fonsaet), los que financien el aseguramiento en salud, los copagos por concepto de prestaciones no incluidas en el plan de beneficios del Régimen Contributivo y los recursos que se recauden como consecuencia de las gestiones que realiza la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP); los cuales confluirán en la Entidad. 2 Debe tenerse presente que, hoy en día, el POS corresponde a l a prestación de servicios y tecnologí as estructurados con base en una concepción integral de la salud, según lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley Estatutaria 1751 de 2015.Radicado: 11001-03-27-000-2022-00045-00 (26729)

Demandante: Marcela Ramírez Sarmiento y otro

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2 Una sociedad solicitó a la DIAN que “Se adicione al Concepto General Unificado No. 1466 del 29 de diciembre de 2017 del Gravamen a los Movimientos Financieros “GMF” en el sentido que, no solo los pagos efectuados a las IPS sino también aquellos efectuados a los gestores farmacéuticos en ejecución de contratos de suministro y/o dispensación de productos farmacéuticos, dispositivos, medicamentos y productos que se brinden en desarrollo de un contrato con una Entidad

farmacéuticos en ejecución de contratos de suministro y/o dispensación de productos farmacéuticos, dispositivos, medicamentos y productos que se brinden en desarrollo de un contrato con una Entidad Promotora de Salud -EPS, se encontrarían exentas del gravamen a los movimientos financieros GMF, ya que, se trata de operaciones financiadas con los recursos del S istema General de Seguridad Social en Salud”. La autoridad tributaria negó la petición mediante el Concepto Nro. 908127 (también identificado como el Oficio Nro. 100208221 -1270) del 12 de agosto de 2021 , por considerar que la normativa tributaria no contempla la exención sobre los traslados efectuados a los gestores farmacéuticos, y además, porque “los recursos del sistema de seguridad social en salud de las EPS y ARS que sean trasladados a los gestores farmacéuticos, dejan de ser recursos del sistema de seguridad social en salud y pasan a ser recursos propios de los gestores farmacéuticos”. ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN JUDICIAL En ejercicio del medio de control de nulidad, contemplado en el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), los actores formularon las siguientes pretensiones: «1. Que se declare la nulidad del numeral 8.16 , literal b, del Concepto Unificado No. 1466 del 29 de diciembre de 2017, emitido por la Dirección de Gestión Jurídica de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN.

2. Que se declare la nulidad del Concepto con radicado 908127, expedido bajo el oficio 100208221-1270 del 12/08/2021, emitido por la Subdirección de Gestión Normativa y

de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN.

2. Que se declare la nulidad del Concepto con radicado 908127, expedido bajo el oficio 100208221-1270 del 12/08/2021, emitido por la Subdirección de Gestión Normativa y Doctrina de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN.

3. Que se SUSPENDA PROVISIONALMENTE los efectos del numeral 8.16, literal b del Concepto Unificado No. 1466 del 29 de diciembre de 2017; y la totalidad del Concepto No. 908127, oficio 100208221 -1270 del 12 de agosto de 2021, emitidos por la DIAN, hasta que la Corporación tome una decisión de fondo sobre la presente demanda.

4. Que se dé cumplimiento a la sentencia en los términos ordenados por el artículo 192 del CPA y CA»3.

Para estos efectos, invocaron como normas violadas los artículos 48 y 363 de la Constitución Política; 879 (numeral 10) del Estatuto Tributario; 156 de la Ley 100 de 1993 y 1.4.2.2.11. (numeral 2) del Decreto 1625 de 2016. Los cargos de nulidad se resumen así: Señalaron que el numeral 10 del artículo 879 del Estatuto Tributario establece la exención del GMF , entre otras, sobre las operaciones financieras realizadas con recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud de las EPS y las ARS, y de las operaciones efectuadas con los recursos correspondientes a los giros que reciben las IPS por concepto de pago del POS por parte de las EPS o ARS hasta en un 50%. Precisó que, para efectos de control del beneficio tributario , el parágrafo 2° del

reciben las IPS por concepto de pago del POS por parte de las EPS o ARS hasta en un 50%. Precisó que, para efectos de control del beneficio tributario , el parágrafo 2° del artículo 879 ibidem, dispuso que la exención del GMF estaba sujeta a la identificación de la cuenta bancaria , conforme lo establezca el reglamento, para lo cual se expidió el Decreto 449 de 2003.

3 SAMAI. Índice 2. PDF 2. Página 2.Radicado: 11001-03-27-000-2022-00045-00 (26729)

Demandante: Marcela Ramírez Sarmiento y otro

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3 A partir de lo anterior, sostuvieron que la aludida exención pretende excluir del GMF los recursos destinados al Sistema de Seguridad Social en Salud , de acuerdo con la prohibición prevista en el artículo 48 de la Constitución Política, según la cual “no se podrán destinar ni utilizar los recursos de las instituciones de la seguridad social para fines diferentes a ella ”. En consecuencia, la exención legal no está condicionada a la disposición de dineros a favor de un sujeto en particular, sino que tiene como propósito beneficiar a las operaciones realizadas con recursos del Sistema que, por tener origen en contribuciones parafiscales, no pueden estar sujetos a impuestos , como lo ha reconocido la Corte Constitucional4. Afirmaron que «el carácter de esos recursos es el que permite que se haga extensiva la exención tributaria a recursos del sistema relacionados con transacciones entre las EPS y los gestores o proveedores farmacéuticos»5. Destacaron que es indispensable que parte de los recursos del Sistema General de

tributaria a recursos del sistema relacionados con transacciones entre las EPS y los gestores o proveedores farmacéuticos»5. Destacaron que es indispensable que parte de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud sean dedicados al suministro y/o dispensación de productos farmacéuticos, dispositivos y medicamentos requeridos esencialmente en la prestación de los servicios médicos garantizados por el plan de beneficios, por lo que los recursos destinados a financiar dichos insumos médicos no pueden ser gravados porque se dirigirían al Presupuesto General de la Nación, lo que reiteran, vulneraría el artículo 48 constitucional. De esta forma, a su juicio, la DIAN desatendió la fi nalidad de la exención porque no tuvo presente que las transacciones entre las EPS y los gestores o proveedores farmacéuticos tienen como propósito adquirir medicamentos, dispositivos y demás elementos necesarios para la prestación del servicio de salud. Advirtió que el literal c) del artículo 156 de la Ley 100 de 1993 establece que el Sistema General de Seguridad Social en Salud tiene como característica que todos sus afiliados recib an un plan integral de protección de la salud, con atención preventiva, médico -quirúrgica y medicamentos esenciales, que será denominado POS. Entonces, reiteraron que las sumas destinadas al pago de insumos médicos también hacen parte de este Sistema, por lo que debe n gozar de la exención prevista para el GMF. Además, la adquisición de medicamentos e insumos está exenta del GMF porque de acuerdo con el numeral 2 del artículo 1.4.2.2.11 del Decreto 1625 de 2016, están gravadas todas las transacciones financieras cuyo propósito sea diferente al cubrimiento de l POS. Sin embargo, esta norma no fue aplicada por la DIAN al

de acuerdo con el numeral 2 del artículo 1.4.2.2.11 del Decreto 1625 de 2016, están gravadas todas las transacciones financieras cuyo propósito sea diferente al cubrimiento de l POS. Sin embargo, esta norma no fue aplicada por la DIAN al proferir los actos acusados. Así, los actos demandados cometen un error al señalar que los recursos exentos son aquellos relacionados a los pagos a las EPS, pues la destinación específica también se cumple con la adquisición de insumos médicos, farmacéuticos, dispositivos, medicamentos, etc. En desarrollo con lo expuesto, pusieron de presente que la Sentencia C -313 de 2014, con fundamento en el principio de eficiencia (artículo 2 de la Ley 100 de 1993), sostuvo que se debe garantizar el acceso efectivo en la atención, tratamientos, medicamentos y tecnologías en plazos razonables y brindar las facilidades, establecimientos y bienes necesarios para alcanzar el más alto nivel de salud.

4 Para el efecto, citan las Sentencias C-824 de 2004 y C-978 de 2010. 5 SAMAI. Índice 2. PDF 2. Página 6.Radicado: 11001-03-27-000-2022-00045-00 (26729)

Demandante: Marcela Ramírez Sarmiento y otro

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4 Concluyeron que los actos acusados desconocen las normas superiores porque consideraron que los recursos trasladados a los gestores farmacéuticos dejaron de ser del Sistema General de Seguridad Social en Salud, cuando el artículo 156 de la

4 Concluyeron que los actos acusados desconocen las normas superiores porque consideraron que los recursos trasladados a los gestores farmacéuticos dejaron de ser del Sistema General de Seguridad Social en Salud, cuando el artículo 156 de la Ley 100 de 1993 expresamente los incluye y el numeral 2 del artículo 1.4.2.2.11 del Decreto 1625 de 2016 los exonera del tributo por pertenecer a dicho Sistema. Finalmente, adujeron que se violó el artículo 363 de la Constitución Política, pues la interpretación de la DIAN desconoce los principios de equidad, eficiencia y progresividad tributaria, ya que excluir del beneficio tributario las transacciones entre las EPS y los gestores farmacéuticos genera un desequilibrio entre los sujetos que participan en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, lo que amenaza con descapitalizar al proveedor de insumos médicos, y da lugar a un efecto negativo al Sistema, pues finalmente estos costos se trasladan al mismo. Oposición a la demanda La DIAN controvirtió las pretensiones de la demanda con los siguientes argumentos: Aseguró que los actos acusados contienen una interpretación restrictiva de la exención del GMF prevista por el numeral 10 del artículo 879 del Estatuto Tributario para las operaciones financiera s realizadas con recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud , respetando el principio de reserva de ley en la determinación del beneficio tributario, de modo que no vulneró los artículos 48 y 363 de la Constitución Política. Destacó que, en realidad, los conceptos acusados se limitaron a reiterar lo establecido en el numeral 10 del artículo 879 del Estatuto Tributario, reglamentado

de la Constitución Política. Destacó que, en realidad, los conceptos acusados se limitaron a reiterar lo establecido en el numeral 10 del artículo 879 del Estatuto Tributario, reglamentado por el numeral 2 del artículo 1.4.2.2.11. del Decreto 1625 de 2016 , que limitaron el alcance de la exención del GMF para los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, a dos eventos: i) los pagos que realicen las EPS y las ARS a las IPS por concepto del POS y ii) el 50% de los pagos que realicen las IPS con los recursos recibidos por concepto del POS. Manifestó que todas las normas que establecen beneficios tributarios deben ser interpretadas de forma restrictiva, según lo indicó la Sentencia C-029 de 2019, por lo que no es posible extender la exención del GMF a los pagos realizados por las EPS a los gestores farmacéuticos. Destacó que las Sentencias C -824 de 2004 y C -978 de 2010 invocadas por l as demandantes no constituyen precedente para este caso. Frente a la primera, precisó que declaró inconstitucional una expresión del numeral 10 del artículo 879 del Estatuto Tributario relacionada con los gastos administrativos porque no es posible diferenciarlos específicamente del gasto relacionado con el acto médico. Por su parte, la segunda providencia declaró inexequible el artículo 6 de la Ley 1151 de 2007 porque desplazó recursos que reciben las EPS. Por esto, y con base en el artículo 363 de la Constitución Política, insistió en que los beneficios tributarios deben ser establecidos de conformidad con los principios de justicia, eficiencia y equidad tributaria. De esta forma, para la demandada, la

Por esto, y con base en el artículo 363 de la Constitución Política, insistió en que los beneficios tributarios deben ser establecidos de conformidad con los principios de justicia, eficiencia y equidad tributaria. De esta forma, para la demandada, la exención del GMF del numeral 10 del artículo 879 del Estatuto Tributario está limitada a los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud de las EPS y las ARS hasta el pago a las IPS, sin que sea posible extender el beneficio en la cadena de pagos de forma indefinida o ilimitada hasta los gestores farmacéuticos.Radicado: 11001-03-27-000-2022-00045-00 (26729)

Demandante: Marcela Ramírez Sarmiento y otro

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5 Explicó que los p agos a los gestores farmacéuticos no están incluidos expresamente en la exención, pues “especialmente en relación con los medicamentos, existe un procedimiento técnico-científico respecto de las necesidades en salud y la eficacia o efectividad de los mismos, así como estudios de evaluación económica y de costos respecto de la afectación de las UPC, y la posibilidad del Sistema General de Seguridad Social en Salud de financiarlos, sin afectar el equilibrio económico”. Conceptos rendidos por las entidades convocadas al proceso

1. Instituto Colombiano de Derecho Tributario (en adelante ICDT) El ICDT solicitó que se declare la nulidad parcial del Oficio Nro. 100208221-1270 de 2021, por lo siguiente: Señaló que el literal b) del numeral 8.16 del Concepto General Unificado Nro. 1466

El ICDT solicitó que se declare la nulidad parcial del Oficio Nro. 100208221-1270 de 2021, por lo siguiente: Señaló que el literal b) del numeral 8.16 del Concepto General Unificado Nro. 1466 de 2017 es acorde con las normas superiores porque concluyó que, después de realizado el proceso de compensación y giro de los aportes y las Unidades de Pago por Capitación (en adelante UPC), están gravadas las transacciones fin ancieras cuyo propósito sea diferente al cubrimiento del POS, lo que se ajusta al artículo 48 de la Constitución Política. Destacó que ese concepto no sostiene expresamente que la exención del numeral 10 del artículo 879 del Estatuto Tributario es inaplicable a los pagos destinados a insumos médicos, farmacéuticos o dispositivos o a las transacciones entre las EPS y los gestores farmacéuticos, sino que se limitó a señalar que no opera el beneficio tributario frente a las transacciones financieras cuyo propó sito sea diferente al cubrimiento del POS. Por este motivo, sostuvo que el aparte acusado del Concepto General Unificado Nro. 1466 es acorde con el numeral 2 del artículo 1.4.2.2.11. del Decreto 1625 de 2016. En cambio, aseguró que el Oficio Nro. 100208221-1270 de 2021 expresamente sostuvo que los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud que son trasferidos por las EPS y las ARS a los gestores farmacéuticos dejan de ser del sistema y pasan a ser propios de dichos gestores. Empero, a juicio del ICDT, esta afirmación no es cierta , todo, porque al realizar una interpretación de las normas

sistema y pasan a ser propios de dichos gestores. Empero, a juicio del ICDT, esta afirmación no es cierta , todo, porque al realizar una interpretación de las normas legales en su conjunto, y no simplemente restrictiva, los pagos realizados a los gestores farmacéuticos corresponden al POS (hoy servicios y tecnologías a los que se refiere el artículo 15 de la Ley Estatutaria 1751 de 2015). Por lo anterior, dijo que el Oficio Nro. 100208221 -1270 de 2021 desconoce el artículo 48 de la Constitución Política, que ordena que no se pueden destinar los recursos de la seguridad social para fines diferentes a ella, así como el alcance del numeral 10 del artículo 879 del Estatuto Tributario y el numeral 2 del artículo 1.4.2.2.11 del Decreto 1625 de 2015. Entonces, a modo de conclusión, precisó que debe declararse la nulidad de las siguientes expresiones: «según el caso, sin que la norma contemple los traslados de recursos efectuados a los gestores farmacéuticos. Así las cosas, los recursos del sistema de seguridad social en salud de las EPS y ARS que sean trasladados a los gestores farmacéuticos, dejan de ser recursos del sistema de seguridad social en salud y pasan a ser recursos propios de los gestores farmacéuticos, motivo por el cual no se encuentran cubiertos por la exención establecida en el numeral 10 del artículo 879 del Estatuto Tributario»6.

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Demandante: Marcela Ramírez Sarmiento y otro

del Estatuto Tributario»6.

6 SAMAI. Índice 20. Página 19.Radicado: 11001-03-27-000-2022-00045-00 (26729)

Demandante: Marcela Ramírez Sarmiento y otro

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6

2. Universidad Nacional de Colombia Esta institución educativa conceptuó que se deben negar las pretensiones de la demanda, con fundamento en lo siguiente: Aseguró que la demandante alega un beneficio tributario inexistente, pues el numeral 10 del artículo 879 del Estatuto Tributario no prevé la exención del GMF para los gestores farmacéuticos.

Indicó que la interpretación de la DIAN es correcta al señalar que el numeral 10 del artículo 879 ibidem no contempla los traslados de recu rsos efectuados a los gestores farmacéuticos como exentos, y que el principio de legalidad tributaria y el artículo 338 de la Constitución Política exigen que los beneficios tributarios sean interpretados de forma restrictiva. En consecuencia, destacó que la entidad demandada no puede crear la exención alegada por las demandantes en ejercicio de sus funciones de interpretación del artículo 264 de la Ley 223 de 1995. Destacó que el numeral 10 del artículo 879 del Estatuto Tributario tiene el objetivo de prot eger los movimientos financieros utilizados para el funcionamiento del Sistema General de Seguridad Social en Salud, pero no para todos sus integrantes, pues las transferencias de las IPS solo están exentas frente al 50% de los pagos recibidos de las EPS y las ARS por concepto del POS.

Sistema General de Seguridad Social en Salud, pero no para todos sus integrantes, pues las transferencias de las IPS solo están exentas frente al 50% de los pagos recibidos de las EPS y las ARS por concepto del POS. Manifestó que las demandantes equiparan, erróneamente, a los gestores farmacéuticos con otros integrantes del Sistema General de Seguridad Social en Salud, con base en lo cual consideran que se justifica la ampliación del ben eficio tributario. Sin embargo, este argumento no es suficiente para desconocer que, por un lado, no todos los sujetos que pertenecen al sistema asumen universalmente la exención, y por el otro, que solo el legislador está llamado a determinar expresamente los beneficios tributarios. Adujo que los gestores farmacéuticos fueron incorporados como integrantes del Sistema General de Seguridad Social en Salud mediante el artículo 243 de la Ley 1995 de 2019, que modificó el artículo 155 de la Ley 100 de 1993, y se encuentran definidos en el parágrafo 2 del artículo 2 de la Ley 1966 de 2019. Empero, estas normas no han sido reglamentadas por el Ministerio de Salud y Protección Social para el 20 de octubre de 2022. Así las cosas, señaló que no está n totalmente diferenciadas las funciones específicas de los gestores farmacéuticos de aquellos que ejercen actividades comerciales en la distribución de medicamentos. Sostuvo que las actoras invocaron como sustento el artículo 156 de la Ley 100 de 1993, pero esta norma se limita a mencionar las características básicas del sistema, sin incorporar todas las transacciones de medicamentos en él, sino únicamente los esenciales dentro del POS. De esta forma, a su juicio, el legislador podría establecer

1993, pero esta norma se limita a mencionar las características básicas del sistema, sin incorporar todas las transacciones de medicamentos en él, sino únicamente los esenciales dentro del POS. De esta forma, a su juicio, el legislador podría establecer una exención parcial para los gestores farmacéuticos que se encargan de entregar los medicamentos esenciales del POS, de forma similar a lo que ocurre con las IPS. Manifestó que, en sentencia del 4 de septiembre de 2003 7, el Consejo de Estado señaló que no puede interpretarse que el beneficio tributario dispuesto para las entidades que hacen parte del Sistema General de Riesgos Profesionales procede por el solo hecho de pertenecer al mismo, sino que su propósito es proteg er a los recursos en razón a su destinación. Además, destacó que el legislador limitó la

7 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Proceso: 11001 -03-27-0002002-00064-01 (13328). Sentencia del 4 de septiembre de 2003. CP: Ligia López Díaz.Radicado: 11001-03-27-000-2022-00045-00 (26729)

Demandante: Marcela Ramírez Sarmiento y otro

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7 exención del GMF hasta el pago a la EPS, a la ARS, a la IPS o al pensionado, afiliado o beneficiario, según el caso. Y concluyó que, cuando estos recursos dejan de pertenecer al sistema de seguridad social porque se incorporan al patrimonio de un actor del sistema o que exceden los recursos exclusivos para la prevención, protección y atención del Sistema General de Riesgos Profesionales, pueden ser

de pertenecer al sistema de seguridad social porque se incorporan al patrimonio de un actor del sistema o que exceden los recursos exclusivos para la prevención, protección y atención del Sistema General de Riesgos Profesionales, pueden ser gravados con impuestos. Finalmente, indicó que las Circulares Nros. 6 de 2013, 4 de 2016 y 12 de 2021 del Ministerio de Salud establecen precios controlados de medicamentos atendiendo la posición dominante de algunos comercializadores. Por eso, aún si se acogen las pretensiones de la demanda, no es procedente el reconocimiento de una exención general para los gestores farmacéuticos, en tanto la distribución de medicamentos no tiene criterios uniformes respecto del propio sistema.

3. Universidad Externado de Colombia La institución educativa consideró que los actos acusados deben ser anulados por lo siguiente: Expuso que, en la Sentencia C -824 de 2004, la Corte Constitucional concluyó que la exención analizada debe respetar las limitaciones constitucionales, por lo que no procede la distinción entre transacciones para sufragar gastos administrativos de cualquier otro gasto necesario para atender el servicio de salud . De manera que , declaró inexequible parcialmente el numeral 10 del artículo 879 del Estatuto Tributario en cuanto establecía que no era aplicable la exención para transacciones que financian actividades administrativas.

Con base en lo anterior, dijo que, para la Corte Constitucional los pagos que realizan las EPS con recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud y que son necesarios para el cumplimiento de la finalidad del mismo no pueden estar gravadas con GMF. Frente al caso concreto, indi có que los medicamentos y dispositivos médicos son necesarios para el sistema, tanto como el acto médico, por lo que la Ley 100 de

con GMF. Frente al caso concreto, indi có que los medicamentos y dispositivos médicos son necesarios para el sistema, tanto como el acto médico, por lo que la Ley 100 de 1993 establece que los medicamentos esenciales hacen parte de los elementos básicos del Sistema General de Seguridad Social e n Salud. En consecuencia, los gestores farmacéuticos que proveen a las EPS de los elementos necesarios para el buen funcionamiento del sistema deben acceder al mismo beneficio tributario. Así mismo, como las EPS realiza n los pagos a los gestores farmacéuticos, sus transacciones no deben estar gravadas, siempre y cuando se utilicen recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, en concordancia con lo expuesto en la sentencia del Consejo de Estado del 27 de junio de 20198. Por lo expuesto, a su juicio, la interpretación de la DIAN vulnera el artículo 48 de la Constitución, que prohíbe destinar o utilizar los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud en fines distintos. Alegatos de conclusión Las accionantes reiteraron lo expuesto en la demanda y, además, solicitaron que se acogieran los conceptos presentados por el ICDT y la Universidad Externado de Colombia.

8 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Proceso: 05001 -23-33-0002013-00853-01 (22250). Sentencia del 27 de junio de 2019. CP: Julio Roberto Piza Rodríguez.Radicado: 11001-03-27-000-2022-00045-00 (26729)

Demandante: Marcela Ramírez Sarmiento y otro

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Demandante: Marcela Ramírez Sarmiento y otro

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8 La DIAN expuso nuevamente los argumentos de defensa de la oposición a la demanda. Concepto del Ministerio Público El Ministerio Público solicitó que se niegue la pretensión de nulidad del literal b) del numeral 8.16 del Concepto Unificado Nro. 1466 de 2017 y se acceda a la nulidad del Oficio Nro. 100208221-127 de 2021, por lo siguiente: Puso de presente que la Sentencia C -824 de 2004 declaró inconstitucional la expresión del numeral 10 del artículo 879 del Estatuto Tributario que excluía de la exención del GMF a los gastos administrativos de las EPS que se pagaban con recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud , con fundamento en que “no es dable al legislador hacer una separación tajante o establecer fronteras entre los recursos de la seguridad social destinados a la administración del sistema y aquellos destinados a sufragar específicamente el acto médico, por cuanto sin estructuras administrativas que sustenten los servicios médicos, éstos no podrían ser llevados a cabo”. Consideró que no debe hacerse una interpretación extensiva del beneficio tributario, por lo que no se puede entender que todo recurso relacionado con las transacciones entre las EPS y los gestores farmacéuticos debe considerarse exento del GMF, sino únicamente los que tengan por destino el POS. Lo anterior, concuerda con lo señalado en el literal b) del numeral 8.16 del Concepto Unificado Nro. 1466 de 2017 , cuando señala que están g