CE - 012331000200600096011SENTENCIA20230321143745

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCION C

CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., tres (3) de noviembre de dos mil veintidós (2022) Referencia: REPARACIÓN DIRECTA Radicación: 660012331000200600096 01 (46129)

Demandante: ALIRIO DE JESUS CARO PARRA Y OTROS + Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES (INCO) Y OTROS Tema: Accidente de tránsito. Responsabilidad del Estado por accidentes de tránsito. Responsabilidad del Estado por falta de diseños y construcción de vías seguras. Falta de señalización y mantenimiento de la vía. Hecho exclusivo de un tercero. Niega pretensiones.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 27 de septiembre de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, que negó las pretensiones de la demanda.

I. SINTESIS DEL CASO El 30 de marzo de 2005, fallecieron Nohemi Ramírez Jurado y Luz Stella Caro Ramirez, y resultó lesionada Blanca Nelly Caro Ramírez, luego de ser impactadas por el camión de placa VAC 068, conducido por Diego Alonso Cano Vargas, cuando se desplazaba en la vía Armenia — Pereira, a la altura de la vereda “Laguneta”. Los demandantes aducen que el accidente de tránsito se ocasionó porque la carretera construida no cumplía con las especificaciones técnicas para la seguridad de los

se desplazaba en la vía Armenia — Pereira, a la altura de la vereda “Laguneta”. Los demandantes aducen que el accidente de tránsito se ocasionó porque la carretera construida no cumplía con las especificaciones técnicas para la seguridad de los peatones y porque no estaba debidamente señalizada, lo cual constituye una falla en el servicio imputable al Inco y a la sociedad Autopistas del Café S.A.Radicado: 669012331000200600096 0146129) Demandante: Alirio de Jesús Caro Parra y otros ll. ANTECEDENTES

1. Demanda El 2 de diciembre de 20051-2, Alirio de Jesús Caro Parra, en nombre propio y en representación de Blanca Nelly Caro Ramírez; y Alirio de Jesús Caro Ramírez, mediante apoderado judicial y en ejercicio de la acción de reparación directa, presentaron demanda en contra del Instituto Nacional de Concesiones -Inco- (hoy Agencia Nacional de Infraestructura -ANIP y la sociedad Autopistas del Café S.A., por los perjuicios ocasionados por la muerte de María Nohemi Ramírez Jurado y | Luz Stella Caro Ramírez, y por las lesiones causadas a Blanca Nelly Caro Ramírez.

Como pretensiones de su demanda, el extremo activo solicita condenar a las entidades demandadas a pagar a los demandantes, por perjuicios morales, 1.700 SMLMV a Alirio de Jesús Caro Parra y 1000 SMLMV a Alirio de Jesús Caro Ramírez y Blanca Nelly Caro Ramírez: por daño a la vida de relación, 600 SMLMV para cada uno de los demandantes; por “perjuicio fisiológico”, 500 SMLMV a Blanca Nelly

y Blanca Nelly Caro Ramírez: por daño a la vida de relación, 600 SMLMV para cada uno de los demandantes; por “perjuicio fisiológico”, 500 SMLMV a Blanca Nelly Caro Ramírez; y por concepto de lucro cesante, la suma que resulte probada en el proceso. En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirma que a las 3:30 p.m. del 30 de marzo de 2005, en el sector conocido como “El Pesebre”, ubicado en la vereda Laguneta que se encuentra en la vía que de Armenia conduce a Pereira, María Nohemi Ramírez Jurado (quien se encontraba en estado de embarazo) y sus hijas, Luz Stella Caro Ramírez y Blanca Nelly Caro Ramirez, fueron “arrolladas brutalmente” por el camión de placas VAC 068, conducido por Diego Alonso Cano Vargas, lo que causó la muerte de las dos primeras y lesiones a la última de ellas. Sostiene que Blanca Nelly Caro Ramírez: quedó con “daños neurológicos irreversibles” y se encuentra en tratamiento médico y psicológico. 1FlL3a31,C.1. 2 Fl. 35, €. 1. Corrección de la demanda. 3 Decreto Ley 4165 del 3 de noviembre de 2011 "Por el cual se cambia la naturaleza jurídica, cambia de denominación y se fijan otras disposiciones del Instituto Nacional de Concesiones (INCO)”.Radicado: 660012331000200600996 01 (46129) Demandante: Alirio de Jesús Caro Parra y otros Destaca que la vía en la que ocurrió el siniestro es conocida por su alta accidentalidad, por lo que en reiteradas oportunidades la comunidad solicitó a las

Demandante: Alirio de Jesús Caro Parra y otros Destaca que la vía en la que ocurrió el siniestro es conocida por su alta accidentalidad, por lo que en reiteradas oportunidades la comunidad solicitó a las distintas autoridades realizar obras que disminuyeran el riesgo para la comunidad, lo que ha sido desatendido por las entidades a cargo de la conservación de la carretera, Los demandantes consideran que el Inco y la sociedad Autopista del Café S.A. son patrimonialmente responsables por la muerte de María Nohemí Ramirez Jurado y Luz Stella Caro Ramírez, y por las lesiones causadas a Blanca Nelly Caro Ramírez, toda vez que la vía en la que sucedió el accidente no fue diseñada o construida en condiciones adecuadas para la seguridad de los peatones y no estaba debidamente señalizada.

Textualmente señalaron que el accidente “fue la consecuencia necesaria y directa de las graves omisiones en que vienen incurriendo el INCO y el consorcio Autopista del Café S.A. al no contemplar en el trazado o ejecución de la vía los respectivos andenes o berma necesarios para el tránsito peatonal: por desatender las continuas y reiteradas peliciones que la comunidad ha venido suplicando en este sentido | desde tiempo atrás, por la falta de señalización en los centros educativos, por la falta de reductores de velocidad, por la falta de las denominadas “cebras” para el tránsito peatonal, por la negativa para la construcción de un puente peatonal, y en especial por desatender el Plan Nacional de Seguridad Vial”.

2. Contestaciones El 10 de octubre de 2006 el Tribunal Administrativo de Risaralda admitió la

especial por desatender el Plan Nacional de Seguridad Vial”.

2. Contestaciones El 10 de octubre de 2006 el Tribunal Administrativo de Risaralda admitió la demanda y ordenó su notificación a las demandadas y al Ministerio Público. 2.1. El Inco? (hoy Agencia Nacional de Infraestructura -ANI) manifestó que la vía en la que ocurrieron los hechos no estaba a su cargo, pues mediante contrato de concesión No. 113 de 1997 se entregó a la sociedad Autopistas del Café S.A. “el proyecto de infraestructura vial Pereira — Armenia — Manizales” para la construcción, 4 Fl 47a48,C. 1. 5 FI. 56 a68,C. 1.Radicado: 660012331000200600096 01 (46129) Demandante: Alirio de Jesús Caro Parra y útros rehabilitación, operación y mantenimiento de dicha vía, razón por la que no le asistía ningún tipo de responsabilidad, pues es al “tenedor” de la vía a quien le corresponde ejercer las actuaciones para mantenerla en buen estado, conforme a lo pactado en el referido contrato de concesión.

Adicionalmente, sostuvo que finalizado el contrato de concesión y efectuada la reversión de todos los bienes de uso público, estos deben ser entregados al Instituto Nacional de Vías (Invías), dado que esta entidad es la propietaria de la totalidad de la infraestructura vial nacional y su titularidad no se pierde por la concesión “pues lo. único que ocurre allí es la entrega de la tenencia y administración al Inco a través del concesionanio”. Por último, propuso las excepciones de culpa de ta víctima, inexistencia de responsabilidad patrimonial y administrativa, falta de legitimación por pasiva y responsabilidad a cargo del concesionario.

del concesionanio”. Por último, propuso las excepciones de culpa de ta víctima, inexistencia de responsabilidad patrimonial y administrativa, falta de legitimación por pasiva y responsabilidad a cargo del concesionario. 2.2. La sociedad Autopistas del Café S.A.f sostuvo que no se probó que la vía era de alta accidentalidad o que no estaba iluminada y señalizada. Asimismo, indicó que el tramo de la vía en el que ocurrió el accidente tenía a lado y lado un área de berma de 1.20 metros que estaba destinada al tránsito de peatones, semovientes y, Ocasionalmente, estacionamiento de vehículos y tránsito de vehículos de emergencia. Destacó que el tramo de la vía en que ocurrió el accidente se encuentra ubicado en un área rural en la que ni el Inco ni la interventoría del proyecto contemplaron viable ni necesaria la construcción de andenes que son propios de estructuras urbanas. Resaltó que la vía Armenia — Manizales cumplía con los requisitos de diseño contemplados en las Leyes 105” de 1993 y 769% de 2002, en los términos de referencia, en el contrato de concesión No 113 de 1997, y en los diseños aprobados por el Invías y la interventoría del proyecto, Por último, propuso las excepciones de 6 Fl. 116 a 147,C. 1. 7 “Por la cual se dictan disposiciones básicas sobre el transporte, se redistribuyen competencias y recursos entre la Nación y las Entidades Territoriales, se reglamenta la planeación en el sector transporte y se dictan otras disposiciones.” 8 "Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones".Radicado: 660012331000200600096 01 (46129)

transporte y se dictan otras disposiciones.” 8 "Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones".Radicado: 660012331000200600096 01 (46129) Demandante: Alirio de Jesús Caro Parra y otros inexistencia de falla en el servicio, inexistencia de omisiones en la construcción de la vía, inexistencia de culpa, hecho de la víctima, hecho de un tercero y ausencia de nexo causal entre actos de Autopistas del Café S.A. y el accidente. 2.3. La Compañía Aseguradora Confianza S.A.-1%, quien fue llamada en garantía por la sociedad Autopistas del Café S.A., se opuso a las pretensiones de la demanda y alegó que los hechos que originaron el daño no le constaban y se atendría a lo probado en el proceso. En cuanto al llamamiento en garantía sostuvo que, en caso de proferir sentencia condenatoria, debían tenerse en cuenta los términos, condiciones y exclusiones de la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. RCE 02 0898566 del 2 de diciembre de 1998. Asimismo, propuso las excepciones de inexistencia de responsabilidad del tomador de la póliza, inexigibilidad del seguro por falta de prueba del siniestro y su real cuantía, inexigibilidad de la póliza de seguro de responsabilidad civil, inexigibilidad del pago de lucro cesante, indebida integración del contradictorio, falta de legitimación en la causa por pasiva y máximo valor asegurado, disminución del mismo y deducible.

3. Alegatos de conclusión en primera instancia El 12 de junio de 20121! se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para

asegurado, disminución del mismo y deducible.

3. Alegatos de conclusión en primera instancia El 12 de junio de 20121! se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente. 3.1. Los demandantes?, el Inco!?, Autopistas del Café S.A.1 y la Compañía Aseguradora Confianza S.A.?” reiteraron los argumentos expuestos en la demanda y en la contestación de la misma, respectivamente. 2 Fl, 503 a 514, C. Ppal 1-2. 19 Fl 464 a 486, C. Ppal 1-2. Por auto del 19 de octubrede 2007 el Tribunal Administrativo de Risaralda aceptó el llamamiento en garantía que el Sociedad Autopista Café S.A. efectuó a La Compañía Aseguradora Confianza S.A. 11 Fl. 604, C. Ppal 1-2. 12 Fl. 608 a 615, C. Ppal 1-2. 13 Fl. 650 a 653, C. Ppal 1-2. 14 Fl. 623 a 649, C. Ppal 1-2. . 15 Fl. 616 a 620, C. 1.+ Radicado: 660012331000200600096 01 (46129).

Demandante: Alirio de Jesús Caro Parra y otros 3.2. El Ministerio Público guardó silencio.

4. Sentencia de primera instancia Mediante sentencia del 27 de septiembre de 2012S, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca negó las pretensiones de la demanda, al constatar que el daño antijurídico no le era imputable a las demandadas porque se demostró que la vía en

Valle del Cauca negó las pretensiones de la demanda, al constatar que el daño antijurídico no le era imputable a las demandadas porque se demostró que la vía en la que ocurrió el fatal accidente estaba en buen estado de conservación, señalizada, sin baches, con bermas y cunetas. Ásimismo, quedó acreditado que fue el cond uctor del camión el que no tuvo precaución para disminuir la velocidad en condiciones de lluvia. - Al efecto, la sentencia referida sostuvo que: “[...] por otro lado, revisadas las actuaciones de la sociedad Autopistas del Café S.A. concesionario de la vía Armenia — Pereira — Manizales, se encuentran desvirtuados cada uno de los argumentos que fueron presentados en la demanda, principalmente los que hacían referencia a la ausencia de bermas, andenes y señalización de la vía, temas abordados anteriormente en forma amplia y pormenorizada, resaltando que desde que fue elaborado el informe del accidente, la policía manifestó que la vía se encontraba en buenas condiciones. Resulta importante indicar que, pese a que se aduce en el libelo que las entidades demandadas desatendieron el Plan Nacional de Seguridad Vial, este es un aspecto que no ha resultado probado en el proceso y frente al cual la parte demandante no aportó prueba que evidenciara lo argumentado. Así, es evidente que - en el caso estudiado no existió nexo causal alguno entre los hechos enunciados y la causa eficiente del daño atribuido al Inco y a la sociedad Autopistas del Café, razón por la cual no puede imputarse responsabilidad a ninguna de las entidades mencionadas, pues no han resultado probadas las omisiones alegadas en la demanda; contrario a ello se comprueba el cumplimiento de sus obligaciones en

por la cual no puede imputarse responsabilidad a ninguna de las entidades mencionadas, pues no han resultado probadas las omisiones alegadas en la demanda; contrario a ello se comprueba el cumplimiento de sus obligaciones en relación con la vía donde tuvieron ocurrencia los hechos (...). Lo anterior indica que posiblemente si el conductor del vehículo hubiera observado condiciones de cuidado y prudencia en su actividad de conducción, toda vez que había un hecho que generaba un riesgo como era la humedad de la carretera pues se encontraba lloviendo; y, «si 16 Fl. 659 a 718, C. Ppal.Radicado: 660012331009200600096 01 (46129) Demandante: Alirio de jesús Caro Parra y otros hubiera respetado el límite de velocidad, el vehículo no hubiera quedado en dicha posición, es decir, en sentido contrario a la dirección que llevaba y posiblemente habría podido maniobrar evitando el resultado conocido. (...) Así entonces, se reitera que el daño no fue producto de una acción u omisión de las entidades demandadas”.

5. Recurso de apelación El 11 de octubre de 2012” la parte demandante interpuso recurso de apelación, el cual fue concedido el 3 de diciembre de 2012 y admitido el 18 de febrero de 20131. 5.1. El extremo activo? indicó que el a quo no valoró adecuadamente los elementos materiales probatorios, pues de los documentos y testimonios que se recepcionaron en el proceso se podía concluir que la vía en la que ocurrió el accidente de tránsito no “tenía condiciones de seguridad para los peatones”. Asimismo, resaltó que aunque el Tribunal Administrativo de Risaralda indicó que la causa del daño fue la

en el proceso se podía concluir que la vía en la que ocurrió el accidente de tránsito no “tenía condiciones de seguridad para los peatones”. Asimismo, resaltó que aunque el Tribunal Administrativo de Risaralda indicó que la causa del daño fue la imprudencia del conductor del camión involucrado, eso no era del todo cierto, porque “el resultado perjudicial tuvo relación mediata con el estado de la carretera, motivo por el cual las entidades demandadas no pueden desprenderse de su responsabilidad, por cuanto también contribuyeron eficientemente en la producción del daño”. - 6. Alegatos de conclusión en segunda instancia El 9 de diciembre de 2013 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente. 6.1. Los demandantes”, la Agencia Nacional de Infraestructura (antes Inco)2, Autopistas del Café S.A.2 y la Compañía Aseguradora Confianza S.A.2 reiteraron 17 Fl. 720 a 740, C. Ppal. 18 Fl, 742, C. Ppal. 19 Fl. 746, C. Ppal. 20 Fl. 720 a 740, C. Ppal. 21 Fl, 765, C. Ppal. 22 Fl. 766 a 778, C. Ppal. 23 FL 780 a 790, C. Ppal. 24 Fl, 801 a 863, C. Ppal. 25 Fl, 796 800, C. Ppal.Radicado: 6600123310002006000%6 01 (46129) Demandante: Alirio de Jesús Caro Parra y otros los argumentos expuestos en el recurso de apelación y en la contestación de la demanda, respectivamente.. 3.2. El Ministerio Público guardó silencio.

Demandante: Alirio de Jesús Caro Parra y otros los argumentos expuestos en el recurso de apelación y en la contestación de la demanda, respectivamente.. 3.2. El Ministerio Público guardó silencio. o 3% il. CONSIDERACIONES

1. Competencia Esta Sala es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del 27 de septiembre de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda; puesto que la cuantía de la demanda supera la exigida de 500

SMLMV para que un proceso adelantado en ejercicio de la acción de reparación directa tenga vocación de doble instancia ante esta Corporación?f, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 129 y 132 numeral 6 del C.C.A.

2. Acción procedente -La acción de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la. declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo, según lo dispone el % artículo 86?” del Código Contencioso Administrativo.

En este caso la acción procedente es la de reparación directa, porque se reclama la reparación de un daño ocasionado por el Inco y por la sociedadAutopistas del Café S.A. 4 26 La pretensión mayor es de 1.700 SMLMY, lo cual es superior a 500 SMLMV ($190.750.000) del año en que ésta se presentó. 27 Artículo 86. Acción de reparación directa. La persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño cuando la causa sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la

año en que ésta se presentó. 27 Artículo 86. Acción de reparación directa. La persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño cuando la causa sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o pof' dúálquiera otra causa. Las entidades públicas deberán promover la misma acción cuando resulten condenadas o hubieren conciliado por una actuación administrativa originada en culpa grave o dolo de un servidor o ex servidor público que no estuvo vinculado al proceso respectivo, 0 cuando resulten perjudicadas por la actuación de un particular o de otra entidad pública.”Radicado: 660012331000200600096 01 (46129)

Demandante: Alirio de Jesús Caro Parra y otros

3. Vigencia de la acción Con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la protección del interés general?, estableció unos plazos para poder ejercer oportunamente cada uno de los medios de contro! judicial. Estos plazos resultan ser razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud judiciai, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de las situaciones que se encontraban pendientes de solución.

El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal, controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción??, ofrecer estabilidad del derecho de manera que las situaciones controversiales que requieran solución por

racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal, controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción??, ofrecer estabilidad del derecho de manera que las situaciones controversiales que requieran solución por los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad, solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos. Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su ocurrencia impide que estas puedan ser discutidas indefinidamente. 2 Corte Constitucional. Sentencia C-394 de 2002: "La caducidad es una institución jurídico procesal a través de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita en el tiempo el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida justicia. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del conglomerado social de obtener seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida, la caducidad no concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de un interés general. Como claramente se explicó en la sentencia C-832 de 2001 a que se ha hecho reiterada referencia, esta es una figura de orden público lo que explica su carácter irrenunciable, y la posibilidad de ser declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia.”. 29 Consejo de Estado. Sentencia del 23 de febrero de 2006. Exp. 6871-05 "...el derecho al acceso a la administración de justicia no es absoluto, pues puede ser condicionado legalmente a que la

29 Consejo de Estado. Sentencia del 23 de febrero de 2006. Exp. 6871-05 "...el derecho al acceso a la administración de justicia no es absoluto, pues puede ser condicionado legalmente a que la promoción de la demanda sea oportuna y las acciones se inicien dentro de los plazos que señala el legislador (...). El término de caducidad, tiene entonces como uno de sus objetivos, racionalizar el ejercicio del derecho de acción, y si bien limita o condiciona el acceso a la justicia, es una restricción necesaria para la estabilidad del derecho, lo que impone al interesado el empleo oportuno de las acciones, so pena de que las situaciones adquieran la firmeza necesaria a la seguridad jurídica, para solidificar el concepto de derechos adquiridos. ”.10

Radicado: 660012331000200600096 01 (46129) Demandante: Alirio de Jesús Caro Parra y otros La caducidad, en la primera de sus manifestaciones, es un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna situación; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando como una sanción ¡pso ¡ure9% que opera por la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del aparato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún reconocimiento o protección de la justicia!, cuya consecuencia, por demandar más allá del tiempo concedido por la ley procesal, significa la pérdida de la facultad potestativa de accionar.

reconocimiento o protección de la justicia!, cuya consecuencia, por demandar más allá del tiempo concedido por la ley procesal, significa la pérdida de la facultad potestativa de accionar. El artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, señala que la acción de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa. En el caso sub examine se estima que el derecho de accionar se ejerció en tiempo, teniendo en cuenta: i) que el 30 de marzo de 2005 ocurrió el accidente de tránsito en el que falleció María Nohemi Ramírez Jurado y Luz Stella Caro Ramírez, y se lesionó Blanca Nelly Caro Ramirez; y, li) que el 2 de diciembre de 2005 se presentó la demanda, esto es, dentro del término de dos (2) años que disponía la ley procesal vigente. 30 Consejo de Estado, Sentencia del 30 de enero de 2013: “Para garantizar la seguridad jurídica de los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las partes tienen fa carga procesal de impulsar el litigio dentro del plazo fijado por la ley y de no hacerlo en tiempo, perderán la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho. Es así como el fenómeno procesal de la caducidad opera ¡pso ¡ure o de pleno derecho, es decir que no

tiempo, perderán la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho. Es así como el fenómeno procesal de la caducidad opera ¡pso ¡ure o de pleno derecho, es decir que no admite renuncia, y el juez debe declararla de oficio cuando verifique la conducta inactiva del sujeto procesal llamado a interponer determinada acción judicial”. 31 Corte Constitucional. Sentencia C-574 de 1998: "... [s]i el actor deja transcurrir los plazos fijados por la ley en forma objetiva, sin presentar la demanda, el mencionado derecho fenece inexorablemente, sin que pueda alegarse excusa alguna para revivirlos. Dichos plazos constituyen entonces, una garantía para la seguridad juridica y el interés general. Y es que la caducidad : representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho, por ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de protección, pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas por la ley ejerce sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno indicado".11

Radicado: 660012331000200600096 01 (46129)

Demandante: Alirio de Jesús Caro Parra y otros

4. Legitimación en la causa 4.1. Alirio de Jesús Caro Parra (esposo de María Nohemí Ramírez Jurado y padre de Luz Stella Caro), Alirio de Jesús Caro Ramírez (hijo de María Nohemí Ramírez y hermano de Luz Stella Caro) y Blanca Nelly Caro Ramírez (víctima, hija de María Nohemí Ramírez y hermana de Luz Stella Caro) son las personas sobre la que

y hermano de Luz Stella Caro) y Blanca Nelly Caro Ramírez (víctima, hija de María Nohemí Ramírez y hermana de Luz Stella Caro) son las personas sobre la que recae el interés jurídico que se debate en este proceso y están legitimados en la causa por activa porque está acreditado que conformaban el núcleo familiar de María Nohemí Ramírez Jurado y Luz Stella Caro, según dan cuenta copia de sus registros civiles de matrimonio%? y de nacimiento, respectivamente. 4.2. El Inco está legitimado en la causa por activa, toda vez que la vía en la que ocurrió el accidente de tránsito, conocida como Armenia — Pereira - Manizales, estaba a su cargo, de conformidad con lo dispuesto en el contrato de concesión No. 113 del 21 de abril de 1997, y de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 18 del Decreto 1800 de 2003% y 25 del Decreto 2056 de 2003%, No obstante, en virtud de la expedición del Decreto Ley 4165 del 3 de noviembre de 2011%, el Instituto Nacional de Concesiones -lnco-, cambió su denominación y naturaleza jurídica, convirtiéndose en la Agencia Nacional de Infraestructura -ANL, la cual, según lo dispuesto en el artículo 25 de dicha normativa asumió los derechos 32 Fl. 1, C. 2 de pruebas. 3 Fl. 2 a 4, C. 2 de pruebas. 34 “Por el cual se crea el Instituto Nacional de Concesiones, Ínco, y se determina su estructura. (...) Artículo 18. Subrogación o cesión de contratos. Al entrar en vigencia el presente decreto, el Ministerio de Transporte, la Empresa Colombiana de Vías Férreas, Ferrovías en liquidación, el Instituto

Artículo 18. Subrogación o cesión de contratos. Al entrar en vigencia el presente decreto, el Ministerio de Transporte, la Empresa Colombiana de Vías Férreas, Ferrovías en liquidación, el Instituto Nacional de Vías, Invías, y las demás entidades del sector transporte, con excepción de la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil, Aerocivil, subrogarán o cederán según el caso al Inco, a título gratuito, los convenios y contratos vigentes relacionados con el cumplimiento de la misión institucional. Las solicitudes o procesos de selección en curso o en trámite, relacionadas con el modo marítimo, carretero o férreo se trasladarán al Inco, dentro del término de treinta (30) días siguientes a partir de la vigencia del presente decreto para su culminación.” 35 “Por el cual se modifica la estructura del Instituto Nacional de Vías, Invías, y se dictan otras disposiciones. (...) Artículo 25. Subrogación de contratos. El Instituto Nacional de Vías, Invías, subrogará los contratos de concesiones vigentes al Instituto Nacional de Concesiones, Ínco, y en todos los demás contratos, cualquiera sea la naturaleza jurídica de estos, siempre y cuando guarden una relación directa o indirecta con tos contratos de concesión subrogados. “€ “Por el cuál se cambia la naturaleza jurídica, cambia de denominación y se fijan otras disposiciones del Instituto Nacional de Concesiones (INCO)”.12 5

Radicado: 660012331000200600096 01 (46129) Demandante: Alirio de Jesús Caro Parra y otros y obligaciones de la primera?”, por lo que a partir de ese momento operó la sucesión procesal hacia esta última, en los términos del artículo '60 del Código de

Demandante: Alirio de Jesús Caro Parra y otros y obligaciones de la primera?”, por lo que a partir de ese momento operó la sucesión procesal hacia esta última, en los términos del artículo '60 del Código de Procedi