CE - 012331000200800459012SENTENCIA20230303190520

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., tres (03) de noviembre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: REPARACIÓN DIRECTA Radicación: 50001233100020080045901 (61457)

Demandante: FRANKLIN RAMIREZ COLORADO , Demandado: NACIÓN — FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN Y OTRO Tema: Privación injusta de la libertad. Decreto — Ley 2700 de 1991. No se acreditó un daño antijurídico.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la Nación — Fiscalía General de la Nación contra la sentencia del 7 de diciembre de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO El 19 de abril de 1996, agentes de la Policía Antinarcóticos de Villavicencio detuvieron un vehículo de la empresa SAECOM Ltda. en el municipio de Villavicencio (Meta) y hallaron en su interior elementos que presuntamente eran Utilizados para el “bombardeo de alcaloides”. Por ello, el 3 de junio de 1997, uniformados de la Policía Nacional capturaron con fines de indagatoria a Franklin Ramírez Colorado, pues consideraron que podía ser autor del delito de concierto para delinquir, ya que era el destinatario de la mercancía incautada.

El 16 de junio de 1997, la Fiscalía Regional de Oriente impuso medida de

Ramírez Colorado, pues consideraron que podía ser autor del delito de concierto para delinquir, ya que era el destinatario de la mercancía incautada. El 16 de junio de 1997, la Fiscalía Regional de Oriente impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en contra del procesado, por | ser presunto autor del delito referido. Empero, el 18 de junio de 1997, la defensa apeló dicha decisión, pues consideró que la medida precautelativa carecía de fundamento jurídico. En atención a ello, mediante Resolución del 11 de agosto deRadicado: 59001233100020080045901 (61457) Demandante: Frankiin Ramírez Colorado 1997, la Fiscalía Única Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá revocó la decisión impugnada. Sin embargo, 'el 17 de septiembre de 1998, la Fiscalia Regional de Oriente impuso nuevamente medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en contra el procesado, por ser presunto autor del delito de | concierto para delinquir. Finalmente, mediante sentencia del 15 de diciembre de 2004, el Juzgado 2 Penal del Circuito Especializado de Villavicencio absolvió a Franklin Ramírez Colorado en aplicación del principio in dubio pro reo. El demandante considera que su detención fue injusta, puesto que fue absuelto por no existir certeza, más allá de toda duda razonable, para endilgarle la comisión del delito de concierto para delinquir.

Il. ANTECEDENTES

1. Demanda El 15 de diciembre de 2006, Franklin Ramírez Colorado, mediante apoderado judicial y en ejercicio de la acción de reparación directa, presentó demanda en

delito de concierto para delinquir.

Il. ANTECEDENTES

1. Demanda El 15 de diciembre de 2006, Franklin Ramírez Colorado, mediante apoderado judicial y en ejercicio de la acción de reparación directa, presentó demanda en contra de la Nación — Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial, por los perjuicios ocasionados por la privación de la libertad de la que fue objeto.

Como pretensiones de su demanda, el extremo activo solicita condenar a las entidades demandadas a pagarle, por perjuicios morales, 1.500 gramos de oro; por daño psicológico, 1.500 gramos de oro; y por lucro cesante, la suma de $72.000.000. En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirma que el 19 de abril de 1996, agentes de-la Policia Antinarcóticos de Villavicencio detuvieron un vehículo de la empresa SAECOM Ltda. en el municipio de Villavicencio (Meta) y hallaron en su interior elementos que presuntamente eran utilizados para el “bombardeo de alcaloides”. 1F.2a13,C.1.Radicado: 50001233100020030045901 (61457) Demandante: Franklin Ramírez Colorado Indica que el 3 de junio de 1997, uniformados de la Policía Nacional capturaron con fines de indagatoria a Franklin Ramírez Colorado, pues consideraron que podía ser presunto autor del delito de concierto para delinquir, ya que erá el destinatario de la mercancía incautada. Manifiesta que el 16 de junio de 1997, la Fiscalía Regional de Oriente impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en contra del procesado, por ser presunto autor del delito referido.

mercancía incautada. Manifiesta que el 16 de junio de 1997, la Fiscalía Regional de Oriente impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en contra del procesado, por ser presunto autor del delito referido. Sostiene que el 18 de junio de 1997, la defensa apeló dicha decisión, pues consideró que la medida precautelativa carecia de fundamento jurídico. Aduce que mediante Resolución del 11 de agosto de 1997, la Fiscalía Única Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá revocó la medida de aseguramiento impuesta el 16 de junio de 1997. Señala que el 17 de septiembre de 1998, la Fiscalía Regional de Oriente impuso nuevamente medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en contra del procesado, por ser presunto autor del delito de concierto para delinquir. Afirma que mediante proveído del 6 de septiembre de 1999, la Fiscalía Única Delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializado de Villavicencio acusó a Franklin Ramírez Colorado de ser autor de los delitos de conservación o financiación de plantaciones, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y concierto para delinquir. Finalmente, aduce que mediante sentencia del 15 de diciembre de 2004, el Juzgado 2% Penal del Circuito Especializado de Villavicencio absolvió al procesado en aplicación del principio in dubio pro reo. El demandante considera que su detención fue injusta, puesto que fue absuelto por no existir certeza, más allá de toda duda razonable, para endilgarle la comisión del delito de concierto para delinquir.Radicado: 50001233100020080045901 (61457)

no existir certeza, más allá de toda duda razonable, para endilgarle la comisión del delito de concierto para delinquir.Radicado: 50001233100020080045901 (61457)

Demandante: Fraaklin Ramirez Colorado

2. Contestaciones El 20 de mayo de 2009, el Tribunal Administrativo del Meta admitió la demanda y ordenó su notificación a las entidades demandadas y al Ministerio Público. 2.1. La Fiscalía General de la Nación? manifestó que su actuar estuvo amparado en el artículo 388 del Decreto — Ley 2700 de 1991, pues existían indicios graves de responsabilidad penal que daban cuenta de la presunta participación de Franklin Ramírez Colorado en el delito por el cual había sido investigado. Adicionalmente, señaló que el extremo activo no acreditó la causación de los perjuicios alegados en la demanda. . 2.2. La Rama Judiciai argumentó que el daño alegado por el extremo activo devino de las actuaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación, pues fue la entidad que adelantó la instrucción penal e impuso medida de aseguramiento en contra del procesado. Por ello, formuló como excepciones las de “indebida representación de la Nación” y “falta en la causa para demandar”.

A : -3. Alegatos de conclusión en primera instancia El 21 de junio de 2017, se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente. 3.1. La Nación — Fiscalía General de la Naciónó y la Rama Judicial” reiteraron los argumentos expuestos en la contestación de la demanda. 3.2. La parte demandante y el Ministerio Público guardaron silencio.

3.1. La Nación — Fiscalía General de la Naciónó y la Rama Judicial” reiteraron los argumentos expuestos en la contestación de la demanda. 3.2. La parte demandante y el Ministerio Público guardaron silencio. 2 FL 141 y 142, -3F1 173184, 4 Fl. 156 y 169, 5 Fl, 255, C. 2. 5 Fl. 260 a 267, 7 Fl. 256 a 259,

C. 1.

C. 1.

C. 1.

C. Cc. 2. 2.Radicado: 50001233100020080045901 (61457) : Demandante: Franklin Ramírez Colorado

4. Sentencia de primera instancia Mediante sentencia del 7 de diciembre de 201 78, el Tribunal Administrativo del Meta accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, al constatar que la privación de la libertad de la que fue objeto Franklin Ramirez Colorado fue injusta, toda vez que fue absuelto en aplicación del principio de in dubio pro reo, lo cual, en su concepto, constituía uno de los supuestos para declarar objetivamente la responsabilidad patrimonial del Estado. Por otra parte, consideró que el daño antijurídico no era imputable a la Rama. Judicial, pues su actuación no fue determinante en la producción del hecho lesivo alegado por el extremo activo.

Al efecto sostuvo que: “f...] el señor Franklin Ramírez Colorado no tenía el deber jurídico de soportar la privación de la libertad, así como tampoco el ordenamiento jurídico se lo imponía, pues no existía razón para limitar los derechos afectados, toda vez que la sentencia absolutoria en su favor, en este caso, es suficiente y toma

jurídico de soportar la privación de la libertad, así como tampoco el ordenamiento jurídico se lo imponía, pues no existía razón para limitar los derechos afectados, toda vez que la sentencia absolutoria en su favor, en este caso, es suficiente y toma en inequívoca la aplicación de la consecuencia jurídica de la privación de la libertad, pues como se dijo, en estos eventos, se debe calificar sin ambages la privación de la libertad como injusta [...] Encontrándose probado que el señor Franklin Ramírez Colorado fue privado injustamente de la libertad [...] concluye la Sala que el daño que se reclama es imputable únicamente a la Nación — Fiscalía General de la Nación, como quiera que la investigación se adelantó en vigencia del Decreto 2700 de 1991, y las medidas de aseguramiento impuestas al demandante, | fueron proferidas por esta entidad [...] en ese sentido, no es posible endilgar responsabilidad alguna a la Nación — Rama Judicial [...]”. En la parte resolutiva el a quo condenó exclusivamente a la Fiscalía General de la Nación a pagar a Franklin Ramirez Colorado, por perjuicios morales, 100 SMLMV, y por perjuicios materiales, la suma de $34.560.613. 8 Fl, 268 a279, C. 3.Radicado: 59001233100020080045901 (61457)

Demandante: Frankiin Ramírez Colorado

5. Recurso de apelación El 11 de enero de 2018, la Fiscalía General de la Nación interpuso recurso de “apelación el cual fue concedido el 17 de abril de 20181? y admitido el 28 de mayo de 201811. | 5.1. La Fiscalía General de la Nación!? manifestó que no ocasionó un daño antijurídico

“apelación el cual fue concedido el 17 de abril de 20181? y admitido el 28 de mayo de 201811. | 5.1. La Fiscalía General de la Nación!? manifestó que no ocasionó un daño antijurídico al procesado, toda vez que 'impuso medida de aseguramiento consistente en - detención preventiva en su contra, porque existía una prueba directa e indicios graves de responsabilidad penal. que daban cuenta, preliminarmente, de su presunta participación en el delito de concierto para delinquir.

6. Alegatos de conclusión en segunda instancia El 26 de junio de 20181? se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para. alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente. 6.1. La Fiscalía General de la Nación! reiteró los argumentos expuestos en el recurso de apelación. t 6.2. La parte demandante, la Rama Júdicial y el Ministerio Público guardaron silencio?,

Il. CONSIDERACIONES

1. Competencia El Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto 9 Fl 281 a 291, C. 3. 10 Fl 305, C. 3.

FL, 311,03, 12 Fl. 281 a291, C. 3. 13 Fl. 314, C. 3. 14 FL 315 a 326, C. 3. 15 FL, 337,0. 3.Radicado; 50001233100020080045901 (61457) Demandante: Franklin Ramírez Colorado contra la sentencia de 7 de diciembre de 2017 proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 270 de 1996.

2. Acción procedente

Demandante: Franklin Ramírez Colorado contra la sentencia de 7 de diciembre de 2017 proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 270 de 1996.

2. Acción procedente La acción de reparación directa es el medio de contro! idóneo. para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo, según lo dispone el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo.

En este caso la acción procedente es la de reparación directa, porque se reclama la reparación de un daño proveniente de un hecho imputable a la administración de justicia.

3. Vigencia de la acción Con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la. protección del interés general!” estableció unos plazos para poder ejercer oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud $ “Artículo 86. Acción de reparación directa. La persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño cuando la causa sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa. Las entidades públicas deberán promover la misma acción cuando resulten condenadas o

reparación del daño cuando la causa sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa. Las entidades públicas deberán promover la misma acción cuando resulten condenadas o hubieren conciliado por una actuación administrativa originada en culpa grave o dolo de un servidor o ex servidor público que no estuvo vinculado al proceso respectivo, o cuando resulten perjudicadas por la actuación de un particular o de otra entidad pública.” 17 Corte Constitucional. Sentencia C-394 de 2002: “La caducidad es una institución jurídico procesal a través de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita en el hempo el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida justicia. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del conglomerado social de obtener seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida, la caducidad no concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de un interés general. Como claramente se explicó en la sentencia C-832 de 2001 a que se ha hecho reiterada referencia, esta es una figura de orden público lo que explica su carácter irrenunciable, y la posibilidad de ser declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia.”.Radicado: 50001233100020080045901 (61457) Demandante: Franklin Ramirez Colorado judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de las situaciones que se encontraban pendientes de solución. El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal,

las situaciones que se encontraban pendientes de solución. El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal, controlar la libertad del ejercicio de! derecho de acción?8, ofrecer estabilidad del derecho de manera que las situaciones controversiales que requieran solución por los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad, solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos. Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su ocurrencia impide que estas puedan ser discutidas indefinidamente. La caducidad, en la primera de sus manifestaciones, es un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna situación; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando como una sanción ¡pso jure?? que opera por la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del aparato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún 18 Consejo de Estado. Sentencia del 23 de febrero de 2006. Exp. 6871-05 "...el derecho al acceso a la administración de justicia no es absoluto, pues puede ser condicionado legalmente a que la promoción de la demanda 'sea oportuna y las acciones se inicien dentro de los plazos que señala el

la administración de justicia no es absoluto, pues puede ser condicionado legalmente a que la promoción de la demanda 'sea oportuna y las acciones se inicien dentro de los plazos que señala el legislador (...) El término de caducidad, tiene entonces cómo uno de sus objetivos, racionalizar el ejercicio del derecho de acción, y sí bien limita o condiciona el acceso a la justicia, es una restricción necesaria para la estabilidad del derecho, lo que impone al interesado el empleo oportuno de las acciones, so pena de que las situaciones adquieran la firmeza necesaria a la seguridad jurídica, para solidificar el concepto de derechos adquiridos.” 19 Consejo de Estado, Sentencia del 30 de enero de 2013: “Para garantizar la seguridad jurídica de los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las partes tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro del plazo fijado por la ley y de no hacerlo en tiempo, perderán la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho. Es así como el fenómeno procesal de la caducidad opera ipso ¡jure o de pleno derecho, es decir que no admite renuncia, y el juez debe declararla de oficio cuando verifique la conducta inactiva del sujeto procesal llamado a interponer determinada acción judicial”.Radicado: 50001233100020080045901 (61457) Demandante: Franklin Ramírez Colorado reconocimiento o protección de la justicia“%, cuya consecuencia, por demandar más allá del tiempo concedido por la ley procesal, significa la pérdida de la facultad potestativa de accionar.

Demandante: Franklin Ramírez Colorado reconocimiento o protección de la justicia“%, cuya consecuencia, por demandar más allá del tiempo concedido por la ley procesal, significa la pérdida de la facultad potestativa de accionar.

El artículo 136 del Código Contencioso Administrativo señala que la acción de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años contados a partir del día siguiente del acaecimiento de! hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa. Asimismo, la Sección Tercera de esta Corporación ha indicado, de manera reiterada, que cuando el daño alegado proviene de la privación injusta de la libertad de una persona, el término de caducidad empieza a contabilizarse a partir del día siguiente de la ejecutoria de la providencia que precluye la investigación, de la sentencia absolutoria o desde el momento en que quede en libertad el procesado, lo último que ocurra, puesto que a partir de ese momento se hace evidente el carácter injusto de la limitación del derecho a la libertad??. En el caso sub examine se estima que el derecho de accionar se ejerció en tiempo dentro del término de dos (2) años para el vencimiento de la acción, teniendo en cuenta: i) que el proveído del 15 de diciembre de 200422, mediante el cual se absolvió a Franklin Ramírez Colorado por el delito de concierto para delinquir, quedó ejecutoriado el 29 de diciembre de 2004, según da cuenta copia auténtica de la certificación suscrita por la Secretaría de los Juzgados Penales del Circuito

a Franklin Ramírez Colorado por el delito de concierto para delinquir, quedó ejecutoriado el 29 de diciembre de 2004, según da cuenta copia auténtica de la certificación suscrita por la Secretaría de los Juzgados Penales del Circuito Especializado de Villavicencio”; y ii) que la demanda se presentó el 15 de diciembre 2 Corte Constitucional. Sentencia C-574 de 1998: "... [s]i el actor deja transcurrir los plazos fijados por la ley en forma objetiva, sin presentar la demanda, el mencionado derecho fenece inexorablemente, sin que pueda alegarse excusa alguna para revivirlos. Dichos plazos constituyen entonces, una garantía para la seguridad jurídica y el interés general. Y es que la caducidad representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho, por ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de protección, pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas por la ley ejerce sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno indicado”. 21 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 14 de febrero de 2002, Rad.: 13.622; Sentencia del 19 de julio de 2017, Rad.: 49.898; Sentencia del 23 de octubre de 2017, Rad.: 48.130; Sentencia del 10 de noviembre de 2017, Rad.: 49.206; Sentencia del 23 de noviembre de 2017, Rad.: 54.716. 22 FF. 14a45,C. 1. 2 FI, 223,C.2.10

Radicado: 50001233100020080045901 (61457)

Demandante: Franklin Ramírez Colorado

Rad.: 54.716. 22 FF. 14a45,C. 1. 2 FI, 223,C.2.10

Radicado: 50001233100020080045901 (61457)

Demandante: Franklin Ramírez Colorado de 2006.

4. Legitimación en la causa 4.1. Franklin Ramírez Colorado (víctima), es la persona sobre quien recae el interés jurídico que se debate en este proceso y está legitimado en la causa por activa, ya gue fue el sujeto pasivo del proceso penal que se tramitó con el número de radicado 2.172, según da cuenta copia auténtica de la Resolución del 6 de septiembre de 1999 dictada por la Fiscalía Única Delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializado de Villavicencio?. | 4.2. La Nación se encuentra legitimada en la causa por pasiva y está debidamente representada por la Fiscalía General de la Nación y por la Rama Judicial, de conformidad con los criterios señalados por la jurisprudencia de esta Sección”, puesto que la primera fue quien adelantó la investigación penal en contra de Franklin Ramírez Colorado y le impuso medida de aseguramiento, y la segunda lo absolvió del delito de concierto para delinquir.

5. Probiemas jurídicos Corresponde a la Sala determinar. ¡) si las actuaciones de la Fiscalía General de la Nación en punto de la captura cumplieron con los presupuestos legales, o si estas generaron un daño antijurídico que el Estado deba reparar; ¡i) si el Estado cumplió los términos procesales para realizar la diligencia de indagatoria, para definir la situación jurídica del procesado, para calificar el mérito de la instrucción, o si se

los términos procesales para realizar la diligencia de indagatoria, para definir la situación jurídica del procesado, para calificar el mérito de la instrucción, o si se prolongó injustificadamente la detención del procesado generando un daño antijurídico que el Estado debe reparar, y iii) si las medidas de aseguramiento cumplieron con los presupuestos legales que se exigían para su imposición, o si con estas se le generó un daño antijurídico que el Estado le debe reparar. 24F1.2a13,C.1. 25F163a78,C.1. 25 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Auto del 25 de septiembre de 2013, Rad.: 20420.11

Radicado: 50001233100020080045901 (61457]

Demandante: Franklin Ramírez Colorado

6. Solución a los problemas jurídicos Antes de resolver los problemas jurídicos es menester hacer unas consideraciones generales sobre la responsabilidad del Estado y el desarrollo jurisprudencial frente al régimen de responsabilidad por privación injusta de la libertad. 6.1. Consideraciones generales sobre la responsabilidad del Estado El artículo 90 de la Constitución Política de 19912” consagró dos condiciones para declarar la responsabilidad extracontractual del Estado: i) la existencia de un daño antijurídico y li) la imputación de éste al Estado.

El daño antijurídico es la lesión injustificada a un interés protegido por el ordenamiento. En otras palabras, es toda afectación que no está amparada por la ley o el derecho, que contraría el orden legai?? o que está desprovista de una causa que la justifique, resultando que se produce sin derecho al contrastar con las normas del ordenamiento y, contra derecho, al lesionar una situación reconocida

ley o el derecho, que contraría el orden legai?? o que está desprovista de una causa que la justifique, resultando que se produce sin derecho al contrastar con las normas del ordenamiento y, contra derecho, al lesionar una situación reconocida o protegida, violando de manera directa el principio alterum non laedere, en tanto resulta contrario al ordenamiento jurídico dañar a otro sin repararlo por el desvalor patrimonial que sufre. La imputación no es otra cosa que la atribución fáctica y jurídica que del daño antijurídico se hace al Estado, de acuerdo con los criterios que se elaboren para ello, como por ejemplo la falla del servicio, el desequilibrio de las cargas públicas, la concreción de un riesgo excepcional, o cualquiera otro que permita hacer la atribución en el caso concreto”?. 27 “Artículo 90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste”. 28 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 2 de marzo de 2000. Rad.: 11945 29 Cfr. De Cupis. Adriano. Teoría General de la Responsabilidad. Traducido por Ángel Martínez Sarrión. 2 ed. Barcelona: Bosch Casa Editorial S.A.1975. Pág.90. % Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 11 de noviembre de 1999, Rad.: 11499; Sentencia del 27 de enero de 2000, Rad.: 10867,

% Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 11 de noviembre de 1999, Rad.: 11499; Sentencia del 27 de enero de 2000, Rad.: 10867, 31 Cosso. Benedetta. Responsabilitá delia Pubblica Amministrazione, en obra colectiva Responsabilitá Civile, a cargo de Pasquale Fava. Pág. 2407, Giuffré Editore, 2009, Milán, Italia. 32 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, subsección C, sentencia de 18 de mayo de 2017, rad.: 36.386.12

Radicado: 50001233100020080045901 (61457) Demandante: Franklin Ramírez Colorado Es decir, verificada la ocurrencia de un daño antijurídico y su imputación al Estado, surge el deber de indemnizarlo plenamente, con el fin de hacer efectivo el principio “neminem laedere. 6.2. Régimen de responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad En desarrollo del artículo 90 constitucional, el legislador instituyó la responsabilidad del Estado por la actuación o funcionamiento de sus órganos jurisdiccionales o de sus funcionarios mediante la Ley 270 de 1996, regulación que en su artículo 65 dispuso lo siguiente: “Artículo 65. De la responsabilidad del Estado. El Estado responderá - patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de sus agentes judiciales”.

La mencionada normatividad estableció que el Estado resulta patrimonialmente responsable por razón o con ocasión de la actuación judicial en los siguientes eventos: i) defectuoso funcionamiento de la administración de justicia; ¡i) error

La mencionada normatividad estableció que el Estado resulta patrimonialmente responsable por razón o con ocasión de la actuación judicial en los siguientes eventos: i) defectuoso funcionamiento de la administración de justicia; ¡i) error jurisdiccional y ¡ii) privación injusta de la libertad3, En cuanto a esta última, esto es, la responsabilidad por los daños antijurídicos derivados de la privación injusta de la libertad de las personas, el artículo 68 de la Ley 270 de 1996 consagró que: “Articulo 68. Privación injusta de la libertad. Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado reparación de perjuicios”. Con relación al modelo de responsabilidad aplicable a los casos de privación injusta de la libertad, la Constitución de 1991 no privilegió ningún título de imputación en particular, por lo que en aplicación del principio ¡ura novit curia dejó en manos del juez la labor de definir, frente a cada caso concreto, el régimen aplicable y la construcción de una motivación que consulte razones, tanto fácticas como jurídicas, que den sustento a la decisión que se habrá de adoptar. Como corolario de lo anterior, los títulos de imputación aplicables por el juez deben guardar sintonía con la realidad probatoria que se presenta en el caso en particular, de manera que la 33 Cfr. Artículo 65. Ley 270 de 1996. 34 Corte Constitucional. Sentencia SU-072 de 2018.13

Radicado: 50001233100020080045901 (61457) Demandante: Franklin Ramírez Colorado solución que se ofrezca atienda realmente los principios constitucionales que rigen la responsabilidad extracontractual del Estado, así como a los fines y deberes de éste.

Radicado: 500012331