CE - 012331000200900039011SALVAMENTODEV20231019122744

Radicado: 81001-23-33-000-2009-00039-01 (52.300)

Demandantes: Consorcio Mejoramiento Ambiental

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente: Fredy Ibarra Martínez

Bogotá D.C., siete (7) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 81001-23-33-000-2009-00039-01 (52.300)

Actor: Consorcio Mejoramiento Ambiental

Demandado: Municipio de Arauca y Empresa de Servicios Públicos de Arauca (EMSERPA S.A. ESP) Medio de control: Controversias contractuales

Tema: La jurisprudencia de unificación del 25 de septiembre de 2013 que permite que los consorcios y uniones temporales participen como parte en los procesos judiciales es inaplicable, porque en la sentencia no pueden otorgarse derechos ni imponerse obligaciones a dichas formas asociativas, en la medida en que no son personas jurídicas ni tienen patrimonio propio. La regla que se adopta en es a sentencia de unificación no puede aplicarse a los contratos que no están regidos por la Ley 80 de 1993.

Salvamento de voto del magistrado Martín Bermúdez Muñoz

No comparto la decisión adoptada por la mayoría de la subsección en la sentencia del 7 de septiembre de 2023 , mediante la cual accedió a las pretensiones de la demanda . Considero que debió declararse la falta de legitimación en la causa porque en la demanda se formularon pretensiones

sentencia del 7 de septiembre de 2023 , mediante la cual accedió a las pretensiones de la demanda . Considero que debió declararse la falta de legitimación en la causa porque en la demanda se formularon pretensiones relacionadas con el <<consorcio>> Mejoramiento Ambiental. En la medida en que un consorcio no es persona jurídica ni tiene patrimonio prop io, no puede obrar como <<parte>> en un proceso , y por medio de una sentencia judicial no se le pueden otorgar derechos ni imponer obligaciones . La condena impu esta en la sentencia a favor de cada uno de los miembros del consorcio es incongruente con las pretensiones de la demanda , porque en ella no se formularon pretensiones a favor de ellos.

1.- En el presente caso ocurrió lo siguiente:

a.- El contrato objeto del proceso , que es un contrato de derecho privado , se celebró a nombre del <<Consorcio Mejoramiento Ambiental>>, pero fue suscrito por sus dos miembros: el señor Jorge Alberto Ramírez Espinoza y la sociedad La Vorágine, representada por José Omar Flórez , quien también tenía la condiciónRadicado: 81001-23-33-000-2009-00039-01 (52.300)

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de <<representante del consorcio >> de acuerdo con el documento de constitución.

b.- Luego de terminado el contrato, José Omar Flórez, obrando como <<representante del consorcio >>, convocó a conciliación a la empresa demandada; y luego presentó la demanda en la misma condición. En la demanda, las pretensiones se formularon a favor del <<consorcio>>

c.- En el curso del proceso se vinculó como litisconsorte necesario a José Alberto

demandada; y luego presentó la demanda en la misma condición. En la demanda, las pretensiones se formularon a favor del <<consorcio>>

c.- En el curso del proceso se vinculó como litisconsorte necesario a José Alberto Ramírez Espinosa.

d.- En la sentencia de primera instancia la condena se profi rió a favor de la sociedad La Vorágine, con lo cual se incurr ió en incongruencia porque la demanda no se formuló a su nombre sino a nombre del consorcio.

e.- En la sentencia de segunda instancia , objeto del salvamento de voto, se accedió al recurso de apelación formulado por el otro miembro del consorcio que había sido citado al proceso como <<litisconsorte necesario>>, y se modificó la condena para decretarla, en un 34% a favor de la sociedad La Vorágine y en un 66% a favor de Jorge Alberto Ramírez. Esta sentencia también es incongruente porque –se itera– la demanda fue formulada a nombre del consorcio.

I.- La extensión de la ratio decidendi de la sentencia de unificación de l 25 de septiembre de 2013 debe entenderse como la interpretación por analogía de una regla jurisprudencial

2.- Hasta el 25 de septiembre de 2013 , la jurisprudencia del Consejo de Estado sostuvo que los miembros del consorcio o de la unión temporal debían comparecer conjuntamente al proceso judicial en el que se ventilaran pretensiones surgidas de la celebración o ejecución del contrato, porque estas formas asociativas no da ban lugar al nacimiento de una persona jurídica que pudiera comparecer al proceso. Esa orientación fue modificada e n la sentencia de unificación del 25 de septiembre de 2013; y en la sentencia objeto de este

formas asociativas no da ban lugar al nacimiento de una persona jurídica que pudiera comparecer al proceso. Esa orientación fue modificada e n la sentencia de unificación del 25 de septiembre de 2013; y en la sentencia objeto de este salvamento de voto se afirma que la ratio decidendi de dicha sentencia debe extenderse a los contratos que no están regidos por la Ley 80 de 1993, que es la norma que regula los consorcios y las uniones temporales . Dicha afirmación se hace en los siguientes términos:

<<En suma, la Sala reconoce que la ratio decidendi de la sentencia de unificación de esta Corporación del 25 de septiembre de 2013, expediente 19.933 puede hacerse extensiva a los contratos estatales de régimen exceptuado sin que pueda establecerse un óbic e para que los consorcios o uniones temporales puedan celebrar este tipo de negocios jurídicos y, en consecuencia, puedan acudir directamente al proceso contencioso administrativo a través de su representante legal>>.Radicado: 81001-23-33-000-2009-00039-01 (52.300)

Demandantes: Consorcio Mejoramiento Ambiental

La ratio decidendi a la que se refiere la sentencia objeto del salvamento es, en realidad, la regla general y abstracta adoptada por la Sala Plena de la Sección Tercera en la sentencia del 25 de septiembre de 2013; y creo que aquí resulta muy útil precisar que, cuando el Consejo de Estado ejerce su competencia legal de unificar la jurisprudencia adoptando conscientemente este tipo de reglas , no parece adecuado aplicar el método previsto en el derecho anglosajón para identificar y aplicar la ratio decidendi. Aquí lo que hay que determinar es si esa

de unificar la jurisprudencia adoptando conscientemente este tipo de reglas , no parece adecuado aplicar el método previsto en el derecho anglosajón para identificar y aplicar la ratio decidendi. Aquí lo que hay que determinar es si esa regla general y abstracta –establecida para los contratos estatales – puede extenderse a los contratos de derecho privado, que es lo que en realidad se hace en la sentencia objeto de este salvamento.

3.- Si aplicáramos la técnica propia del precedente anglosajón en donde lo relevante son los hechos y no las normas, tendríamos –en este caso – las siguientes dificultades:

a.- Lo que se denomina ratio decidendi de la sentencia de unificación del 25 de septiembre de 2013, que es la regla que se adopta en su parte resolutiva, sería un obiter dicta en cuanto debe considerarse como <<normativamente irrelevante>>1 para resolver el caso concreto: (i) en el caso fallado en la sentencia de unificación , el objeto del litigio eran los perjuicios derivados de no haber adjudicado el contrato al <<consorcio>> demandante, y en este caso el objeto del litigio son los perjuicios derivados del incumplimiento del contrato; (ii) en el caso decidido en la sentencia de unificación , los miembros del consorcio le habían otorgado facultades al representante para representar sus intereses, lo habían autorizado expresamente para que presentara la demanda y le otorgara poder a la apoderada que ello s habían escogido; (iii) en el caso de la sentencia de unificación uno de los miembros había manifestado que no estaba interesado en participar en el proceso y le cedió sus derechos a otro; y (iv) en la sentencia

poder a la apoderada que ello s habían escogido; (iii) en el caso de la sentencia de unificación uno de los miembros había manifestado que no estaba interesado en participar en el proceso y le cedió sus derechos a otro; y (iv) en la sentencia de unificación se negaron las pretensiones de la demanda y no se le impusieron costas a la demandante, razón por la cual no había que decidir si al consorcio demandante se le podían otorgar derechos o imponer obligaciones y no se presentaba el problema de establecer a cuál patrimonio se le iban a imputar.

b.- El caso que se falló en la sentencia objeto de este salvamento presentaba circunstancias totalmente distintas:

• Se trataba de un contrato no regido por la Ley 80 de 1993.

• El representante del <<conso rcio>> interpuso la demanda y formuló pretensiones a favor del <<consorcio>>; y el tribunal impuso la condena a favor de uno de sus miembros.

• El problema que había que resolver , en este caso, era si en la sentencia podían imponerse condenas a favor o en contra del consorcio , que no es

1 Término general de Álvaro Núñez para referirse globalmente a los obiter dicta. (Precedentes, aproximación analítica, Marcial Pons, 2022, p. 289).Radicado: 81001-23-33-000-2009-00039-01 (52.300)

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una persona jurídica con patrimonio propio. Y ese problema había que resolverlo porque la demanda se formuló por el representante del consorcio, el cual no obró a nombre de sus integrantes sino a nombre del consorcio.

una persona jurídica con patrimonio propio. Y ese problema había que resolverlo porque la demanda se formuló por el representante del consorcio, el cual no obró a nombre de sus integrantes sino a nombre del consorcio.

4.- Si, por el contrario, tenemos claro que lo que hizo el Consejo de Estado en la sentencia de unificación fue adoptar una regla jurisprudencial de carácter general y abstracto a partir de la interpretación de la norma que debía aplicar en el caso concreto, estaremos de acuerdo en que la Sala –en esa sentencia–, además de resolver el caso concreto, ejerció la función jurisprudencial para determinar cómo debía interpretarse la disposición legal que debía aplicar para resol verlo (el parágrafo primero del artículo 7 de la Ley 80 de 1993). Y podremos (i) analizar cuál es el alcance de la regla jurisprudencial adoptada en la sentencia del 25 de septiembre de 2013 y (ii) determinar si esa regla es aplicable al caso concreto.

5.- Las reglas que el Consejo de Estado adopta en las sentencias de unificación y ellas están definidas en el artículo 270 del C PACA2; el artículo 10 del mismo código dispone que pueden ser interpretadas o precisadas en sentencias posteriores que tienen el mismo carácter y tienen por objeto establecer cómo se interpreta o aplica una disposición legal 3. El ejercicio de esa competencia se enmarca en lo dispuesto en el artículo 230 de la Constitución Política que le asigna a la jurisprudencia el carácter de <<criterio auxiliar de la actividad judicial>> y en el artículo 17 del Código Civil, de acuerdo con el cual <<las sentencias judiciales no tienen fuerza obligatoria sino respecto de las causas en

asigna a la jurisprudencia el carácter de <<criterio auxiliar de la actividad judicial>> y en el artículo 17 del Código Civil, de acuerdo con el cual <<las sentencias judiciales no tienen fuerza obligatoria sino respecto de las causas en que fueron pronunciadas >>; sobre esta última disposición , al estudiar su exequibilidad en la sentencia C-461/13, la Corte Constitucional dijo lo siguiente:

<<Por esta razón, más allá de lo estrictamente atinente al derecho civil, cuyos principales temas fueron tratados in extenso en los cuatro libros desarrollados a partir del artículo 73, este código incorporó en las disposiciones iniciales del Título Preliminar un conjunto de re glas de carácter conceptual y abstracto relativas al sistema de fuentes del derecho, así como al funcionamiento, interpretación y armonización de sus distintas normas y manifestaciones, aspecto en el cual se siguió, como ocurrió con muchos otros temas, el modelo del código chileno redactado por don Andrés Bello.

<<Es entonces dentro de este contexto que surge un precepto como el ahora acusado, que por su ubicación, contenido y redacción estaría llamado a ser aplicado de manera general a todas las decisiones judiciales, y no únicamente a las dictadas dentro del ámbito del derecho civil (…)

2 Artículo 270: <<Para los efectos de este Código se tendrán como sentencias de unificación jurisprudencial las que profiera o haya proferido el Consejo de Estado por importancia jurídica o trascendencia económica o social o por necesidad de unificar o sentar jurisprudencia precisar su alcance o resolver las divergencias en su interpretación y aplicación (...)>>. 3 El artículo 10 del mismo CPACA, refiriéndose al carácter vinculante de las sentencias de unificación

o social o por necesidad de unificar o sentar jurisprudencia precisar su alcance o resolver las divergencias en su interpretación y aplicación (...)>>. 3 El artículo 10 del mismo CPACA, refiriéndose al carácter vinculante de las sentencias de unificación dispone que <<Al resolver los asuntos de su competencia, las autoridades aplicarán las disposici ones constitucionales, legales y reglamentarias de manera uniforme a situaciones que tengan los mismos supuestos fácticos y jurídicos. Con este propósito, al adoptar las decisiones de su competencia, deberán tener en cuenta las sentencias de unificación ju risprudencial del Consejo de Estado en las que se interpreten y apliquen dichas normas>>.Radicado: 81001-23-33-000-2009-00039-01 (52.300)

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<<A partir de esta diferencia (entre leyes y sentencias), entiende la Corte que el mandato contenido en el primer inciso de la norma cuestionada se refiere en realidad a la parte resolutiva de los fallos, no a la considerativa, que es la que según se acepta actualmente, tiene la capacidad de proyectarse como fuente inspiradora de futuras decisiones, a través de la figura del precedente judicial>>.

6.- Aunque en la doctrina se intenta definir la noción de precedente de manera general, de modo que en ella se entienda n incluidas las <<decisiones judiciales jurisdiccionales dictadas por algún órgano que contienen una norma que es considerada para la resoluc ión de otros casos>> 4, creo que es ta noción debe entenderse atendiendo la normativa que rige en cada país para la regla del precedente, y considerando las características de los <<precedentes>> que en

considerada para la resoluc ión de otros casos>> 4, creo que es ta noción debe entenderse atendiendo la normativa que rige en cada país para la regla del precedente, y considerando las características de los <<precedentes>> que en cada caso particular adopta el órgano competente para ello. En nuestro caso es necesario verificar la forma como efectivamente el Consejo de Estado ejerció la competencia y verificar si lo que hizo fue adoptar una regla de unificación en forma de precepto general y abstracto. La doctrina ha in dicado que los precedentes pueden entenderse como <<un argumento interpretativo; como un ejemplo; como una norma>>. Y creo que en nuestro sistema los precedentes, en la gran mayoría de los casos, se establecen como normas (reglas jurisprudenciales) sustentadas en la interpretación de disposiciones legales, que resuelven antinomias, llenan vacíos y, particularmente, pretenden establecer una regla uniforme (general y abstracta) que garantice la igualda d y la seguridad jurídica cuando se advierten distintas lecturas de la misma.

7.- La adopción por parte del Consejo de Estado de reglas jurisprudenciales que deben ser consideradas por los jueces y de las cuales solo pueden separarse con una justificación argumentativa seria, implica considerar que la noción de <<criterio auxiliar de la actividad judicial>> ha sido precisado por la ley sin que la jurisprudencia tenga como fin solo describir cómo debe interpretarse una disposición legal o que <<forma parte de la caja de herramientas de los juristas>> con capacidad simplemente persuasiva5

8.- La noción de precedente que no parece aplicable cuando se adoptan reglas jurisprudenciales es la del precedente como ejemplo para otras decisiones;

con capacidad simplemente persuasiva5

8.- La noción de precedente que no parece aplicable cuando se adoptan reglas jurisprudenciales es la del precedente como ejemplo para otras decisiones; frente a las reglas no es necesario <<ver si los casos posteriores se parecen lo suficiente para determinar si el precedente es aplicable>> 6; no es a partir de la similitud o diferencia entre los hechos que debe hacerse esta determinación. Las reglas jurisprudenciales que adopta el Consejo de Estado, como ocurre en este caso y en la mayoría de ellos, se acercan mucho más a la noción del <<precedente como norma>>. Se trata de trata de reglas generales y abstractas que son objeto de interpretación: en este caso lo que debía considerarse era si

4 Núñez, Álvaro, Precedentes, aproximación analítica, Marcial Pons, 2022, p. 24. 5 Núñez Op.Cit. p. 118. 6 Núñez Op. Cit. p. 121.Radicado: 81001-23-33-000-2009-00039-01 (52.300)

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esa regla era aplicable analógicamente a una hipótesis fáctica d istinta de la prevista en ella7.

II.- De acuerdo con la sentencia de unificación , la regla allí adoptada no debía aplicarse a los contratos regidos por el derecho privado.

9.- Precisado lo anterior, lo primero que resulta problemático es que , en mi entender, la sentencia del 25 de septiembre de 2013 tenía una consideración de acuerdo con la cual la regla que allí se adoptó no era aplicable a los consorcios en los contratos de derecho privado. En las consideraciones de esa sentencia se lee:

entender, la sentencia del 25 de septiembre de 2013 tenía una consideración de acuerdo con la cual la regla que allí se adoptó no era aplicable a los consorcios en los contratos de derecho privado. En las consideraciones de esa sentencia se lee:

<<También debe precisarse que la tesis expuesta sólo está llamada a op erar en cuanto corresponda a los litigios derivados de los contratos estatales o sus correspondientes procedimientos de selección, puesto que la capacidad jurídica que la Ley 80 otorgó a los consorcios y a las uniones temporales se limitó a la celebración de esa clase de contratos y la consiguiente participación en la respectiva selección de los contratistas particulares, sin que, por tanto, la aludida capacidad contractual y sus efectos puedan extenderse a otros campos diferentes, como los relativos a las relaciones jurídicas que, de manera colectiva o individual, pretendan establecer los integrantes de esas agrupaciones con terceros, ajenos al respectivo contrato estatal, independientemente de que tales vínculos pudieren tener como propósito el desarrollo de actividades encaminadas al cumplimiento, total o parcial, del correspondiente contrato estatal>>.

10.- Podría decirse, usando la noción de precedente del derecho anglosajón, que esa consideración es un obiter dict a y que en la sentencia de unificación no podían adoptarse reglas para contratos no regidos por la Ley 80 de 1993. Creo que esa inferencia es equivocada si consideramos que lo que hizo el Consejo de Estado en la sentencia del 25 de septiembre de 2013 , fue adoptar una regla jurisprudencial con el objeto de interpretar una disposición legal (el parágrafo primero del artículo 7 de la Ley 80 de 1993) y establecer si los representantes de

Estado en la sentencia del 25 de septiembre de 2013 , fue adoptar una regla jurisprudencial con el objeto de interpretar una disposición legal (el parágrafo primero del artículo 7 de la Ley 80 de 1993) y establecer si los representantes de los consorcios y uniones temporales a los que hace referencia esa norma podían participar como parte en los procesos judiciales surgidos como consecuencia de la adjudicación o celebración de los contratos regidos por dicha ley; y al enunciar la regla precisó que ella no era aplicable a contratos regidos por derecho privado: esa consideración formaba parte de la regla jurisprudencial adoptada y, por ende, era una consideración vinculante de la cual la Sala no podía apartarse sin controvertir sus fundamentos.

7 <<Los juristas del common law tienden a proceder por analogía, moviéndose gradualmente de caso en caso; nosotros tendemos a evitar generalizaciones amplias, abstractas, prefiriendo formulaciones limitadas, temporales, de modo que los principios que justifica n las decisiones emergen gradualmente de casos concretos, a medida que estos son decididos; en otras palabras, nosotros tendemos a pensar de abajo hacia arriba, a partir de los hechos del caso delante de nosotros. Mientras que nuestros compañeros continentales tienden a razonar de arriba hacia abajo, a partir de principios abstractos incorpora dos en un código. El resultado es que nosotros tendemos a entender cada caso como teniendo un efecto relativamente limitado, es decir como una base para operaciones futuras en la medida en que el derecho se desarrolla de caso en caso (Lord Goff). (…) Mientras que el juez del common law compararía los hechos considerados materiales del caso tomado como precedente y en el caso aún pendiente de resolución, el jurista continental buscaría

caso (Lord Goff). (…) Mientras que el juez del common law compararía los hechos considerados materiales del caso tomado como precedente y en el caso aún pendiente de resolución, el jurista continental buscaría en el precedente solamente un pronunciamiento en forma de regla con un alto grado de autoridad >>. (Thomas da Rosa de Bustamante, Teoría del precedente judicial, Ed. Legales, Lima 2016, página117).Radicado: 81001-23-33-000-2009-00039-01 (52.300)

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11.- En el salvamento de voto a una providencia del 10 de febrero de 2021, en la que la Sala Laboral de la Corte adopta la sentencia de unificación del Consejo de Estado del 25 de septiembre de 2013 se señala:

<<De la forma en que fue entendida la figura por la Corte Constitucional y bajo la cual fue declarada exequible, siempre estuvo claro que los consorcios y las uniones temporales no tenían como atribución la personalidad jurídica y que la responsabilidad po r sus actuaciones, en la manera diferenciada en que fue concebida, siempre recaía en sus miembros, como una pluralidad de sujetos que, se itera, tienen como marco para la labor que desarrollan, un contrato.

<<Para efectos eminentemente procesales y, en particular, para determinar si existía el supuesto de capacidad para ser parte, el criterio fue pacífico en sentido negativo, con base en similares reflexiones a las que hasta ahora se han venido haciendo. El a rtículo 44 del Código de Procedimiento Civil señaló, como regla general que las personas naturales y jurídicas podían ser parte en un proceso, así:

<<Artículo 44. Capacidad para ser parte y para comparecer al proceso.

haciendo. El a rtículo 44 del Código de Procedimiento Civil señaló, como regla general que las personas naturales y jurídicas podían ser parte en un proceso, así:

<<Artículo 44. Capacidad para ser parte y para comparecer al proceso. Toda persona natural o jurídica pue de ser parte en un proceso. Tienen capacidad para comparecer por si al proceso, las personas que pueden disponer de sus derechos. Las demás deberán comparecer por intermedio de sus representantes, o debidamente autorizadas por estos con sujeción a las nor mas sustanciales. Las personas jurídicas comparecerán al proceso por medio de sus representantes, con arreglo a lo que disponga la Constitución, la ley o los estatutos. Cuando el demandado sea una persona jurídica que tenga varios representantes o mandatarios generales distintos de aquellos, podrá citarse a cualquiera de ellos, aunque no esté facultado para obrar separadamente. Cuando los padres que ejerzan la patria potestad estuvieren en desacuerdo sobre la representación judicial del menor, el juez le designará curador ad litem, a solicitud de cualquiera de ellos o de oficio.

<<Si bien el Código General del Proceso amplió de alguna manera el concepto de capacidad para ser parte, en líneas generales conservó los elementos de la anterior codifica ción procedimental, para lo cual dispuso en el artículo 53 lo siguiente:

Artículo 53. Capacidad para ser parte. Podrán ser parte en un proceso:

1. Las personas naturales y jurídicas.

2. Los patrimonios autónomos.

3. El concebido, para la defensa de sus derechos.

4. Los demás que determine la ley.

<<Vale decir que a las personas naturales y jurídicas a quienes tradicionalmente

2. Los patrimonios autónomos.

3. El concebido, para la defensa de sus derechos.

4. Los demás que determine la ley.

<<Vale decir que a las personas naturales y jurídicas a quienes tradicionalmente se les había reconocido esa capacidad, se agregaron los patrimonios autónomos, el concebido y los demás que determine la ley. Y, creo, allí comienza a marcarse una diferencia importante en este aspecto, pues la propia legislación procesal señaló que correspondía a la ley determinar quién o quiénes más gozaban de tal atribución, dentro de la libertad de configuración legislativa que se ha reconocido al Congreso, tal cual ocurrió en su momento, por ejemplo, con el listado de entidades estatales a quienes sin tener personería se les otorgó capacidad contractual, para los solos efectos de la Ley 80 de 1993, según la voces del artículo 2.° de ese precepto o lo ya reseñado en relación con los artículos 6.° yRadicado: 81001-23-33-000-2009-00039-01 (52.300)

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7.° de la misma normativa, en cuanto permitió a los consorcios y las uniones temporales contratar con las entidades estatales, sin que tampoco tengan la calidad de personas jurídicas.

<<El panorama, que como se ha visto era claro, cambió sutilmente, cuando el Consejo de Estado, en la sentencia CE SPL, 25 sep. 2013, rad. 25000 -23-26000-1997-0393001(19933) (sic), modificó la tesis tradicional (…)

<<La sentencia de la cual me aparto, optó mayoritariamente por acoger las tesis

000-1997-0393001(19933) (sic), modificó la tesis tradicional (…)

<<La sentencia de la cual me aparto, optó mayoritariamente por acoger las tesis expuestas en la providencia del Consejo de Estado en cita, para con base en ello colegir que lo que allí se infirió para el proceso contencioso administrativo, opera, con similares razones, para el proceso laboral. No tiene por propósito central este escrito cuestionar los fundamentos del Consejo de Estado para arribar a las conclusiones a las cuales llegó, lo cual sería posible a la luz de lo prescrito en el Código de Procedimiento Civil, pero aún más en relación con el Código General del Proceso, pues ya se advirtió que aunque en cuanto a la capacidad para ser parte el legislador abrió el compás en un ángulo mayor al existente en la legislación pretérita, lo cierto e irrebatible es que estableció que la propia ley determinaría, quienes otros, aparte de los allí enlistados, podrían tener la pregonada capacidad. Como el propósito es más modesto, he de manifestar, en lo que aquí interesa, que no se tuvo en cuenta a la hora de marcar el giro jurisprudencial que ahora reprocho, que el mentado fallo del Consejo de Estado selló sus propios límites con meridiana claridad al señalar: “También debe precisarse que la tesis expuesta solo está llamada a operar en cuanto corresponda a los litigios derivados de los contratos estatales o sus correspondientes procedimientos de selección” (…)

<<Significa lo anterior, ni más ni menos, que se obvió la limitante que el Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo había impuesto, con un fundamento además claro, consistente en que la especialidad de las

correspondientes procedimientos de selección” (…)

<<Significa lo anterior, ni más ni menos, que se obvió la limitante que el Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo había impuesto, con un fundamento además claro, consistente en que la especialidad de las normas de derecho público y en particular las de contratación estatal, dota a la figura consorcial o de unión temporal , de unas características que, a juicio del Consejo de Estado, marcan diferencia respecto de la normativa privada, esto es civil y/o comercial, tal como lo explicó en la misma providencia pluricitada:

(…)

<<La Sala, de tiempo atrás, había mantenido una posición al respecto, v. gr. en la sentencia CSJ SL, 24 nov. 2009, rad. 35043, reiterada en el auto CSJ AL8582017 e, igualmente en sede de tutela, en sentencia CSJ STL4470-2014.

<<Precisamente la primera de las providencias mencionadas sostuvo que:

“En nuestro régimen legal, artículo 7° de la Ley 80 de 1993, la unión temporal no constituye una persona jurídica distinta de las que la integran, y no obstante que tienen responsabilidad solidaria, ha entendido la jurisprudencia que en la medida en que la norma que las regula ha previsto las sanciones por incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del objeto contratado, las cuales “se impondrán de acuerdo con la participación en la ejecución d e cada uno de los miembros de la unión temporal”, cuando concurren al proceso como demandantes ora como demandados, se debe integrar litisconsorcio necesario por activa o por pasiva según corresponda con todos y cada uno

miembros de la unión temporal”, cuando concurren al proceso como demandantes ora como demandados, se debe integrar litisconsorcio necesario por activa o por pasiva según corresponda con todos y cada uno de los unidos temporalmente.”Radicado: 81001-23-33-000-2009-00039-01 (52.300)

Demandantes: Consorcio Mejoramiento Ambiental

<<El entendimiento de que el pronunciamiento del Consejo de Estado, que además fue reiterado en providencia de esa Corporación CE ST SA, 25 sep. 2013, rad. 25000-2326-000-1997-03928-01(20529), no varió la doctrina respecto de la capacidad para ser parte de los consorcios y uniones temporales fuera del ámbito de la contratación estatal, no es un pensamiento sol