CE - 012331000200900340011SENTENCIA20231218124122

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, cinco (5) de diciembre de dos mil veintitrés (2023).

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ Expediente: 18001-23-31-000-2009-00340-01 (69.538)

Actor: MARTHA LILIANA CASTILLO SAMBONÍ Y OTROS

Demandado: FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y OTRO

Acción: REPARACIÓN DIRECTA

Asunto: APELACIÓN DE SENTENCIA - PRIVACIÓN INJUSTA

DE LA LIBERTAD - LEY 600 DE 2000

Síntesis del caso: el señor Jaime Castillo Samboní fue privado de la libertad en un proceso penal seguido en su contra por la supuesta comisión de los delitos de tentativa de homicidio agravado en concurso con lesiones personales y secuestro. La Fiscalía Quinta de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario precluyó la investigación en su favor porque las pruebas no demostraron su participación en los hechos. La Sala revoca la sentencia de primera instancia que declaró probada la excepción de caducidad de la acción y, en su lugar, niega las pretensiones de la demanda.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante (índice 2 SAMAI – expediente digital – documento 14 recurso de apelación) en contra de la sentencia proferida el 30 de septiembre de 2021 por el Tribunal Administrativo de Casanare1 mediante la cual se dispuso lo siguiente:

2 SAMAI – expediente digital – documento 14 recurso de apelación) en contra de la sentencia proferida el 30 de septiembre de 2021 por el Tribunal Administrativo de Casanare1 mediante la cual se dispuso lo siguiente:

“1° DECLARAR fundada la excepción de caducidad del medio de control de reparación directa, propuesta por la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, por las razones indicadas en la motivación. Consecuencialmente, disponer la terminación del proceso en el estado en que se encuentra, sin valoración de fondo.

2º DENEGAR la solicitud de vinculación al proceso presentada por la señora Elia Rosa Pinchao López, quien dijo actuar en calidad de cónyuge del señor Jaime Castillo y en representación de sus hijos Valerith Castillo Pinchao y Alejandro Castillo Pinchao, de acuerdo con lo indicado en la parte motiva.

3º Reconocer personería al abogado Omar Enrique Laitón Cortés (T.P.267.547 del C.S. de la J.) como apoderado de la señora Elia Rosa Pinchao López, quien actúa en nombre propio y en representación de sus menores hijos Valerith Dayana Castillo Pinchao y Breiner Alejandro Castillo Pinchao, para los efectos del memorial poder allegado al expediente.

1 El proceso en primera instancia fue tramitado por el Tribunal Administrativo del Caquetá, sin embargo, fue el Tribunal Administrativo de Casanare quien dictó la sentencia en virtud del acuerdo de descongestión número PCSJA21-11814 del 16 de julio de 2021 del Consejo Superior de la

Judicatura (índice 2 SAMAI – expediente digital – documento 4 cuaderno principal fl. 1).Expediente 18001-23-31-000-2009-00340-01 (69.538) Demandante: Martha Liliana Castillo Samboní y otros Reparación directa Apelación sentencia

2 4º Sin costas en la instancia.

5º Suscrito el fallo, insértese la novedad en el tablero electrónico (registro asuntos Caquetá) con carácter informativo; remítase el expediente a la brevedad al tribunal de conocimiento, allá se surtirán notificaciones y demás actuaciones a que haya lugar , conforme al art. 173 del C.C.A. Déjese copia auténtica de la sentencia en el archivo institucional y en repositorio que se conformó .” (índice 2 SAMAI – expediente digital – documento 13 fallo - mayúsculas sostenidas del original).

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

Mediante escrito radicado el 17 de noviembre de 20092, los señores Jaime Castillo Samboní3, Elsa Omaira Samboní Ruano y Martha Liliana Samboní Castillo , así como también las menores de edad Claudia Lorena Castillo Palomino y Valerith Dayana Castillo Pinchao quienes actúan representadas por su progenitor, por intermedio de apoderado judicial presentaron demanda en ejercicio de la acción de reparación directa consagrada en el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo en contra de la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional (índice 2 SAMAI – expediente digital – documento 4 cuaderno principal fls. 3 a 14) con las siguientes súplicas:

Administrativo en contra de la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional (índice 2 SAMAI – expediente digital – documento 4 cuaderno principal fls. 3 a 14) con las siguientes súplicas:

“PRIMERA: Que se declare a la NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA – EJERCITO NACIONAL y LA NACIÓN - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, son administrativa extracontractualmente responsables en forma solidaria de todos los perjuicios morales, materiales y a la vida de relación irrogados a mis mandantes, por la falla del servicio o de la administración, que produjo la privación injusta de la libertad de la que fue objeto JAIME CASTILLO SAMBON Í, en hechos ocurridos el 16 de diciembre del año 2005.

SEGUNDA: Como consecuencia de la anterior declaración condenar solidariamente a la NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - EJÉRCITO NACIONAL y LA NACIÓN - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, al pago de los perjuicios materiales, morales y a la vida de relación, a título de indemnización y a favor de los actores, las siguientes sumas de dinero:

POR PERJUICIOS MORALES:

1. Para JAIME CASTILLO SAMBON Í, la cantidad de cien (100) salarios mínimos legales mensuales en su condición de directo perjudicado, para un total Cuarenta y Nueve Millones Seiscientos Noventa Mil Pesos

($49.690.000.oo).

2 índice 2 SAMAI – expediente digital – documento 4 cuaderno principal fl. 14. 3 El señor Jaime Castillo Samboní falleció el 11 de febrero de 2015 (índice 2 SAMAI – expediente

2 índice 2 SAMAI – expediente digital – documento 4 cuaderno principal fl. 14. 3 El señor Jaime Castillo Samboní falleció el 11 de febrero de 2015 (índice 2 SAMAI – expediente digital – documento 4 cuaderno principal - registro civil de defunción fl. 279), esto es, en el curso del proceso de la referencia, de manera que, en caso de accederse a las pretensiones elevadas en su favor, la condena se realizará en favor de la masa sucesoral.Expediente 18001-23-31-000-2009-00340-01 (69.538) Demandante: Martha Liliana Castillo Samboní y otros Reparación directa Apelación sentencia

3

2. Para C LAUDIA LORENA CASTILLO PALOMINO y VALERITH DAYANA CASTILLO PINCHAO, la cantidad de Cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada una en su condición de hijas del señor JAIME CASTILLO SAMBONÍ, para un total de Noventa y

Nueve Millones Trescientos Ochenta Mil Pesos ($99.380.000).

3. Para ELSA OMAIRA SAMBON Í RUANO, la cantidad de Cien ( 100) salarios mínimos legales mensuales en su condición de Madre del directo perjudicado, para un total de Cuarenta y Nueves Millones Seiscientos

Noventa Mil Pesos ($49.690.000.oo).

4. Para MARTHA LILIANA CASTILLO SAMBONÍ la cantidad de Ochenta (80) salarios mínimos legales mensuales en su condición de Hermana del directo perjudicado, para un total de Treinta y Nueve Millones Setecientos Cincuenta y dos Mil Pesos ($39.752.000.oo).

(80) salarios mínimos legales mensuales en su condición de Hermana del directo perjudicado, para un total de Treinta y Nueve Millones Setecientos Cincuenta y dos Mil Pesos ($39.752.000.oo).

Suman provisionalmente los perjuicios por perjuicios morales: Doscientos Treinta y Ocho Millones Quinientos Doce Mil Pesos ($238.512.000.oo).

POR PERJUICIOS MATERIALES (Lucro Cesante):

Están constituidos por los perjuicios sufridos por causa de la pérdida de la libertad como consecuencia de la detención física e injusta padecida por el señor JAIME CASTILLO SAMBONÍ, durante el tiempo que estuvo cobijado con medida de aseguramiento desde el 18 de mayo de 200 6 hasta el 14 de noviembre de 2006, por cuenta del Juzgado Sesenta y Seis de Instrucción Penal Militar, con sede en la Décima Segunda Brigada de Florencia, Caquetá, perjuicio que habrán de reconocerse en la modalidad de debidos o consolidados.

Lucro Cesante Debido o Consolidado.

Están constituidos por los dineros dejados de percibir desde el día 18 de mayo de 2006 hasta el día 14 de noviembre de la misma anualidad, fecha en que se le concedió la libertad provisional (5 meses y 26 días), para cuya liquidación se toma el salario legal que devengaba un soldado profesional orgánico de la sexta división con sede en Florencia Caquetá, es decir, la suma de Ochocientos Veinte Mil Pesos ($820.000.oo), suma que actualizada de acuerdo al índice de precios al consumidor asciende

profesional orgánico de la sexta división con sede en Florencia Caquetá, es decir, la suma de Ochocientos Veinte Mil Pesos ($820.000.oo), suma que actualizada de acuerdo al índice de precios al consumidor asciende a (949.351), valor que debe ser incrementado en un veinticinco por ciento (25%) por prestaciones sociales arrojando un monto de ($237.337) para un total de ($1.186.688), suma a la cual con aplicación de las fórmulas matemáticas autorizadas por el Consejo de Estado, será la base para efectuar la correspondiente liquidación por lucro cesante consolidado (…).

Suma este perjuicio Siete Millones Treinta y Seis Mil Setecientos Cincuenta y Dos Pesos ($7.036.752.oo).

POR PERJUICIOS A LA VIDA DE RELACIÓN:

1. Para JAIME CASTILLO SAMBON Í la cantidad de Cien (100) salarios mínimos legales mensuales en su condición de directo perjudicado, para un total de Cuarenta y Nueve Millones Seiscientos Noventa Mil Pesos

($49.690.000.oo).

2. Para CLAUDIA LORENA CASTILLO PALOMINO y VALERITH DAYANA CASTILLO PINCHAO, la cantidad de Cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada una en su condición de hijas del señor JAIME CASTILLO SAMBONÍ, para un total de Noventa y Nueve Millones Trescientos Ochenta Mil Pesos ($99.380.000).Expediente 18001-23-31-000-2009-00340-01 (69.538) Demandante: Martha Liliana Castillo Samboní y otros Reparación directa Apelación sentencia

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Demandante: Martha Liliana Castillo Samboní y otros Reparación directa Apelación sentencia

4

3. Para ELSA OMAIRA SAMBON Í RUANO, la cantidad de Cien (100) salarios mínimos legales mensuales en su condición de Madre del directo perjudicado, para un total de Cuarenta y Nueves Millones Seiscientos

Noventa Mil Pesos ($49.690.000.oo).

4. Para MARTHA LILIANA CASTILLO SAMBONÍ la cantidad de Ochenta (80) salarios mínimos legales mensuales en su condición de Hermana del directo perjudicado, para un total de Treinta y Nueve Millones Setecientos

(Cincuenta y dos Mil Pesos ($39.752.000.oo).

TERCERA: La condena respectiva será actualizada en la forma prevista por el art. 178 del C.C.A. y se reajustará a su valor tomando como base para la liquidación la variación del IPC, desde la fecha de ocurrencia del hecho dañoso - de la privación injusta de la libertad - y hasta la fecha de ejecutoria de la sentencia que ponga fin al proceso.

CUARTA: Las entidades demandadas deberán dar cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 177 y 178 del C.C.A.” (índice 2

SAMAI – expediente digital – documento 4 cuaderno principal fls. 3 a 5mayúsculas sostenidas y negrillas del original).

2. Hechos

Como fundamento fáctico de las pretensiones la parte actora expuso en el escrito contentivo de la demanda, en síntesis, lo siguiente:

1. El 16 de diciembre de 2005 , en horas de la noche, soldados de las Fuerzas

Como fundamento fáctico de las pretensiones la parte actora expuso en el escrito contentivo de la demanda, en síntesis, lo siguiente:

1. El 16 de diciembre de 2005 , en horas de la noche, soldados de las Fuerzas Especiales de la Sexta División del Ejército Nacional , con la dirección del teniente Camilo Romero Abril, realizaron un patrullaje en el municipio de Florencia (Caquetá) y durante el mismo los soldados Guzmán y Delgado “procedieron a subir a un civil

en la patrulla (…) y se dirigieron a la denominada ‘calle oscura’ la cual comunica al barrio Villa Mónica con el Colegio Normal Superior, deteniéndose el vehículo de patrulla y procediendo el soldado Guzmán a bajar el civil del vehículo al cual instantes después lo impacto en su integridad física mediante disparos de arma de fuego” (índice 2 SAMAI – expediente digital – documento 4 cuaderno principal fl. 6).

1. “De manera concomitante con el hecho anterior se produjo una explosión a un lado de la vía, situación que implicó la llegada de una patrulla de la Policía”4 quien, al ver herido al ciudadano Jesús Elías López Motta lo condujeron de inmediato a un centro hospitalario.

1. Por lo anterior, se inició una investigación penal en contra de los integrantes del Ejército Nacional que estuvieron presentes e n el lugar de los hechos, pues, se determinó que el teniente Camilo Romero Abril , junto con miembros de las

4 Índice 2 SAMAI – expediente digital – documento 4 cuaderno principal fl. 6.Expediente 18001-23-31-000-2009-00340-01 (69.538)

determinó que el teniente Camilo Romero Abril , junto con miembros de las

4 Índice 2 SAMAI – expediente digital – documento 4 cuaderno principal fl. 6.Expediente 18001-23-31-000-2009-00340-01 (69.538) Demandante: Martha Liliana Castillo Samboní y otros Reparación directa Apelación sentencia

5 denominados “ autodefensas”, planificaron el atentado que tenía como objetivo poner fin a la vida del señor Jesús Elías López Motta.

1. El soldado Jaime Castillo Samboní fue vinculado a la investigación penal , y el Juzgado Sesenta y Seis de Instrucción Penal Militar mediante resolución del 18 de mayo de 2006 dictó en su contra medida de aseguramiento de detención preventiva por la supuesta comisión de los delitos de tentativa de homicidio y lesiones personales agravadas, empero, el 14 de noviembre de 2006 se le otorgó la libertad provisional.

1. El proceso penal fue trasladado a la justicia penal ordinaria, en concreto, a la Fiscalía Quinta de la Unidad de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario quien, después de escuchar en ampliación de indagatoria al soldado Jaime Castillo Samboní , por resolución del 2 de mayo de 2007 precluyó la investigación en su favor por estimar que i) las pruebas no demostraban su participación en los hechos y, ii) en su primera intervención se vio obligado a mentir luego ser objeto de amenazas.

1. La privación injusta de la libertad a la que estuvo sometido el soldado Jaime Castillo Samboní les ocasionó a todos los actores perjuicios materiale s e

luego ser objeto de amenazas.

1. La privación injusta de la libertad a la que estuvo sometido el soldado Jaime Castillo Samboní les ocasionó a todos los actores perjuicios materiale s e inmateriales los cuales deben ser indemnizados (índice 2 SAMAI – expediente digital – documento 4 cuaderno principal fls. 5 a 8).

3. Contestación de las entidades demandadas

Por auto del 13 de octubre de 2011, el Tribunal Administrativo del Caquetá admitió la demanda5 y ordenó la notificación personal de los representantes legales de las entidades accionadas.

1. Mediante escrito radicado el 5 de diciembre de 2012 (índice 2 SAMAI – expediente digital – documento 4 cuaderno principal fls. 145 a 158), la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional se opuso a las pretensiones con

fundamento en los siguientes argumentos:

a) Los uniformados manifestaron que se presentó un hostigamiento en el cual el señor Jesús Elías López Motta resultó herido por ser uno de los individuos que

5 Índice 2 SAMAI – expediente digital – documento 4 cuaderno principal fls. 116 a 117.Expediente 18001-23-31-000-2009-00340-01 (69.538) Demandante: Martha Liliana Castillo Samboní y otros Reparación directa Apelación sentencia

6 participó en aquel; sin embargo, dicho ciudadano sobrevivió y denunció que nunca se presentó un enfrentamiento y, por el contrario, que fue conducido por integrantes del Ejército Nacional a una calle oscura donde le dispararon, no obstante, cuando

6 participó en aquel; sin embargo, dicho ciudadano sobrevivió y denunció que nunca se presentó un enfrentamiento y, por el contrario, que fue conducido por integrantes del Ejército Nacional a una calle oscura donde le dispararon, no obstante, cuando lo creían muerto lleg aron al lugar miembros de la Policía Nacional a quienes les pidió ayuda, estos lo socorrieron y lo trasladaron al Hospital María Inmaculada de Florencia (Caquetá).

b) Ante la gravedad de los hechos denunciados por el señor Jesús Elías López Motta, la justicia penal militar tenía la obligación de llevar a cabo la respectiva investigación e imponer la medida de aseguramiento para evitar la impunidad de los delitos.

c) El soldado Jaime Castillo Samboní estaba compelido a soportar la restricción de su libertad en la medida que se trató de uno de los uniformados que participó en los hechos en los cuales casi pierde la vida el señor López Motta.

d) Propuso como excepciones i) “falta de legitimación por activa ”, por estimar que no se acreditó la relación de parentesco entre Valerith Dayana Castillo Pinchao y el señor Jaime Castillo Samboní y, ii) “caducidad de la acción”, porque la justicia penal militar perdió competencia desde el 14 de noviembre de 2006 y la parte actora tenía desde dicha fecha dos años para demandar.

1. Notificada de la demanda, la Fiscalía General de la Nación guardó silencio (índice 2 SAMAI – expediente digital – documento 4 cuaderno principal fl. 173).

4. Sentencia de primera instancia

El Tribunal Administrativo de Casanare, en sentencia del 30 de septiembre de 20216

2 SAMAI – expediente digital – documento 4 cuaderno principal fl. 173).

4. Sentencia de primera instancia

El Tribunal Administrativo de Casanare, en sentencia del 30 de septiembre de 20216 declaró probada la excepción de caducidad de la acció n de conformidad con el siguiente razonamiento:

1. El 2 de mayo de 2007, la Unidad Nacional de Derechos y Derecho Internacional Humanitario de la Dirección Nacional de Fiscalías precluyó la investigación en favor, entre otras personas, del soldado Jaime Castillo Samboní por la supuesta comisión de los delitos de homicidio en grado de tentativa en concurso con lesiones personales y secuestro, de igual manera, en esa misma decisión acusó al teniente

6 índice 2 SAMAI – expediente digital – documento 13 fallo.Expediente 18001-23-31-000-2009-00340-01 (69.538) Demandante: Martha Liliana Castillo Samboní y otros Reparación directa Apelación sentencia

7 del Ejército Nacional Camilo Romero Abril de ser autor de los punibles de tentativa de homicidio y lesiones personales.

1. El Ministerio Público interpuso recurso de apelación respecto de la acusación del oficial Camilo Ramiro Abril por estimar que también debía continuarse la investigación por el delito de secuestro.

1. La Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá en decisión del 28 de agosto de 2007 resolvió el recurso de apelación contra la resolución del 2 de mayo de 2007 y la modificó en el sentido de adicionar la acusación en contra del teniente Camilo Romero Abril por el delito de secuestro.

agosto de 2007 resolvió el recurso de apelación contra la resolución del 2 de mayo de 2007 y la modificó en el sentido de adicionar la acusación en contra del teniente Camilo Romero Abril por el delito de secuestro.

1. “ En razón a que la decisión de preclusión de investigación penal a favor del soldado Jaime Castillo Samboní fue proferida el 02/05/2007, notificada personalmente el 08/05/2007, y como quiera que no hubo recursos en lo que a él respecta, ni se dispuso grado de consulta de esa decisión, el término de caducidad para discutir su propia situación ante esta jurisdicción empezó a correr a partir del 09/05/2007; es decir, tuvo hasta el 09/05/2009 para presentar demanda. En razón a que la solicitud de conciliación extrajudicial fue radicada el 11/09/2009, tanto esa actividad precia, como la demanda posterior, fueron extemporáneas (…)” (índice 2

SAMAI – expediente digital – documento 13 fallo fl. 7).

1. Aún si en gracia de discusión se dijera que el término de caducidad se debe contabilizar a partir de la resolución de acusación de segunda instancia del 28 de agosto de 2007, lo cierto es que también se configuró la caducidad de la acción por cuanto esta decisión fue notificada al teniente Camilo Romero Abril el 12 de septiembre de 2007 , mientras que la solicitud de conciliación extrajudicial se presentó el 11 de septiembre de 2009 y “la constancia de audiencia fallida se profirió el 11/11/2009 y la demanda solo se presentó el 17/11/2009” (índice 2 SAMAI –

presentó el 11 de septiembre de 2009 y “la constancia de audiencia fallida se profirió el 11/11/2009 y la demanda solo se presentó el 17/11/2009” (índice 2 SAMAI – expediente digital – documento 13 fallo fl. 9).

5. Recurso de apelación

La parte actora7 solicitó que se revoque la sentencia de primera instancia con apoyo en el siguiente razonamiento:

7 índice 2 SAMAI – expediente digital – documento 14 recurso de apelación.Expediente 18001-23-31-000-2009-00340-01 (69.538) Demandante: Martha Liliana Castillo Samboní y otros Reparación directa Apelación sentencia

8 1) El tribunal de primera instancia no tuvo en cuenta todo el material probatorio allegado al expediente, en especial el certificado expedido el 18 de febrero de 2010 por el Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados Penales del Circuito Especializado de Florencia (Caquetá), “ mediante la cual se certifica puntualmente que la decisión que puso fin al proceso penal (…) quedó debidamente ejecutoriado el 14 de septiembre de 2007” (índice 2 SAMAI – expediente digital – documento 19 recurso de apelación fl. 2), de modo que la solicitud de conciliación presentada el 11 de septiembre de 2009 sí interrumpió los términos de caducidad y la acción de reparación directa fue radicada de forma oportuna.

1. Se debe acceder a todas las pretensiones de la demanda por el hecho de haberse demostrado la privación injusta de la libertad del entonces soldado Jaime Castillo

reparación directa fue radicada de forma oportuna.

1. Se debe acceder a todas las pretensiones de la demanda por el hecho de haberse demostrado la privación injusta de la libertad del entonces soldado Jaime Castillo Samboní, máxime si se considera que los soldados Yovani Parra y César Andrés Bahamón Camargo, compañeros de patrullaje del aquí demandante, ya obtuvieron indemnización por parte de la jurisdicción contencioso administrativa.

6. Actuación surtida en segunda instancia

1. En providencia del 7 de julio de 2023 (índice 4 SAMAI), se admitió el recurso de apelación formulado por la parte demandante y el 4 de septiembre de 2023 se corrió traslado a las partes por el término común de diez (10) días para que presentaran los alegatos de conclusión y, por el mismo lapso, al Ministerio Público para que emitiera concepto (índice 13 SAMAI).

1. En el término previsto la Fiscalía General de la Nación solicitó confirmar la sentencia de primera instancia e indicó que no le asiste responsabilidad en los hechos por no ser la autoridad que impuso la medida restrictiva de la libertad (índice

19 SAMAI).

1. El Ministerio Publicó rindió concepto en el que deprecó confirmar la decisión impugnada, por considerar que se configuró la caducidad de la acción en la medida que el plazo para demandar se debía contabilizar desde la ejecutoria de la resolución de acusación de primera instancia y no desde la que decidió el recurso de apelación, por ende, como la resolución del 2 de mayo de 2007 quedó -en su

que el plazo para demandar se debía contabilizar desde la ejecutoria de la resolución de acusación de primera instancia y no desde la que decidió el recurso de apelación, por ende, como la resolución del 2 de mayo de 2007 quedó -en su criterioejecutoriada el 11 de mayo de 2009, la parte actora contaba hasta el 12 de mayo de 2009 para presentar la demanda en cuestión y, toda vez que esta fue radicada el 17 de noviembre de 2009, es extemporánea, pues, la solicitud de conciliación presentada el 11 de septiembre de 2009 no suspendió los términos de ley (índice 18 SAMAI).Expediente 18001-23-31-000-2009-00340-01 (69.538) Demandante: Martha Liliana Castillo Samboní y otros Reparación directa Apelación sentencia

9 4) La parte actora y la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional guardaron silencio durante esta etapa procesal (índice 20 SAMAI).

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el asunto sometido a consideración con el siguiente derrotero: 1) objeto de la controversia, competencia del ad quem y anuncio de la decisión, 2) análisis de la impugnación, 3) conclusión y, 4) condena en costas.

1. Objeto de la controversia , competencia del ad quem y anuncio de la decisión

La controversia planteada propone determinar i) si se configuró o no la caducidad

y, 4) condena en costas.

1. Objeto de la controversia , competencia del ad quem y anuncio de la decisión

La controversia planteada propone determinar i) si se configuró o no la caducidad de la acción de reparación directa y, ii) en el evento de concluirse que la demanda de la referencia se presentó de manera oportuna, se debe establecer si el señor Jaime Castillo Samboní fue privado de su libertad y si dicha restricción compromete la responsabilidad patrimonial extracontractual de la parte demandada.

Sobre este punto, debe advertirse que en el asunto de la referencia únicamente interpuso recurso de apelación la parte demandante. De acuerdo con lo anterior se tiene que se trata de una situación de apelante único, de manera que la impugnación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante y no es posible enmendar o resolver lo que no fue objeto del recurso.

Por lo anterior, la Sala en esta providencia adoptará las siguientes determinaciones:

1. Decidirá el fondo del asunto por no existir la caducidad de la acción de reparación directa, en consecuencia, la decisión de primera instancia que la declaró probada será revocada.

1. Negará las pretensiones de la demanda porque no se probó la existencia de un daño, esto es, que el señor Jaime Castillo Samboní fue privado de su libertad.

2. Análisis de la impugnación

En los términos en que ha sido planteada la controversia, la sentencia apelada será revocada por las razones que se exponen a continuación.Expediente 18001-23-31-000-2009-00340-01 (69.538) Demandante: Martha Liliana Castillo Samboní y otros Reparación directa

revocada por las razones que se exponen a continuación.Expediente 18001-23-31-000-2009-00340-01 (69.538) Demandante: Martha Liliana Castillo Samboní y otros Reparación directa Apelación sentencia

10 2.1 La caducidad de la acción de reparación directa

1. El ordenamiento jurídico consagra la figura de la caducidad como una consecuencia por el no ejercicio oportuno de las acciones judiciales para lo cual la ley establece, expresamente, unos términos dentro de los cuales el interesado tendrá la carga de promover el litigio a través de demanda. Si el recurso judicial se ejerce por fuera de este lapso aquel perderá la posibilidad de hacer efectivo el derecho sustancial que intenta deprecar ante la administración de justicia.

1. Ahora bien, el numeral 8 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo8 preceptúa que el término de la caducidad de la acción de reparación directa es de dos años contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa.

1. Tratándose de los eventos de responsabilidad patrimonial extracontractual por la privación injusta de la libertad la jurisprudencia de esta Corporación ha considerado que el término de caducidad de la acción de reparación directa se cuenta -en principioa partir del día siguiente al de la ejecutoria de la providencia judicial que absuelve al sindicado y le pone fin al proceso penal o desde el momento en que quedó en libertad el procesado, lo último que ocurra9, criterio jurisprudencial que ha seguido esta Sala de Decisión10.

1. Ciertamente, una revisión preliminar de las leyes 600 de 2000 y 906 de 2004 da

quedó en libertad el procesado, lo último que ocurra9, criterio jurisprudencial que ha seguido esta Sala de Decisión10.

1. Ciertamente, una revisión preliminar de las leyes 600 de 2000 y 906 de 2004 da cuenta que, casi siempre, la ejecutoria ocurre luego de la notificación del respectivo pronunciamiento judicial, empero, ello no siempre es así.

1. El inciso segundo del artículo 187 de la Ley 600 de 2000 prevé, entre otros aspectos, que las providencias que deciden los recursos de apelación o de queja contra las decisiones interlocutorias, lo cual incluye la resolución de preclusión

8 Norma procesal aplicable en el presente asunto de conformidad con lo dispuesto en la norma de transición prevista la Ley 1437 de 2011 por cuanto la demanda fue interpuesta el 17 de noviembre de 2009. 9 En este sentido, ver auto de 9 de mayo de 2011 de la Subsección C, Sección Tercera, expediente 40.324, MP Jaime Orlando Santofimio Gamboa; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 14 de febrero de 2002, expediente 13.622, reiterada en sentencia del 11 de agosto de 2011 por la Subsección A de la Sección Tercera de esta Corporación, expediente 21.801; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección auto de 19 de julio de 2010, expediente 37.410, entre otros. 10 Debe precisarse que en los eventos en los que la notificación de la decisión al destinatario tiene lugar después de la ejecutoria de la providencia, para el magistrado ponente el término de caducidad debe computarse a partir de la fecha de la notificación, tal como lo estableció y definió, con fuerza

lugar después de la ejecutoria de la providencia, para el magistrado ponente el término de caducidad debe computarse a partir de la fecha de la notificación, tal como lo estableció y definió, con fuerza de cosa juzgada constitucional con efectos erga omnes, la Corte Constitucional en la sentencia C641 de 2002 que declaró la exequibilidad condicionada del artículo