CE - 012331000201000027011SENTENCIA20231214111302

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., cuatro (4) de diciembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: REPARACIÓN DIRECTA Radicación: 700012331000201000027 01 (64885)

Demandante: MARÍA MARGARITA FLÓREZ PINEDA Y OTROS

Demandado: NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - EJÉRCITO NACIONAL

Tema: Desaparición forzada. Daños causados con armas de dotación oficial. Ejecución extrajudicial en operativo militar – falso positivo.

Falla en el servicio. Modifica condena.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el grado jurisdiccional de consulta de la sentencia del 21 de noviembre de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre, que accedió a las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

El 9 de julio de 2007 resultó muerto Carlos Alberto Valeta Jiménez en San Benito Abad (Sucre), durante un enfrentamiento armado con la fuerza de tarea conjunta del Ejército Nacional de Sucre . La víctima fue reportada por las fuerzas militares como NN y como presunto delincuente dado de baja en enfrentamiento armado. Los demandantes afirman que la desaparición y posterior homicidio de Carlos Alberto Valeta Jiménez se presentó en un contexto de ejecuciones extrajudiciales por parte del Ejército Nacional en el marco de operaciones militares , que las unidades

demandantes afirman que la desaparición y posterior homicidio de Carlos Alberto Valeta Jiménez se presentó en un contexto de ejecuciones extrajudiciales por parte del Ejército Nacional en el marco de operaciones militares , que las unidades militares justificaron en la presunta pertenencia de la víctima a una organización delincuencial, lo que permite identificar el hecho como un caso de vulneración a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario.Radicación: 700012331000201000027 01 (64885)

Demandante: María Margarita Flórez Pineda y otro

2

II. ANTECEDENTES

1. Demanda

El 2 de marzo de 20101, María Margarita Flórez Pineda en nombre propio y en representación de Carlos Eduardo Valeta Flórez, mediante apoderado judicial y en ejercicio de la acción de reparación directa, presentaron demanda en contra de la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional para que se le declarara patrimonialmente responsable por la “desaparición forzada y posterior ejecución extrajudicial” de Carlos Alberto Valeta Jiménez.

Como pretensiones de su demanda el extremo activo solicita condenar a la entidad demandada a pagar, por perjuicios morales, 200 SMLMV para cada uno de los demandantes; por “perjuicios extrapatrimoniales representados en la violación de derechos fundamentales como la vida, integridad personal , física, emocional , la honra, presunción de inocencia, derecho a la familia, dignidad hu mana, la convivencia y la tranquilidad”, 600 SMLMV para cada uno de los demandantes; por perjuicios materiales, aquellos que se acrediten en el proceso; y, como medidas de

honra, presunción de inocencia, derecho a la familia, dignidad hu mana, la convivencia y la tranquilidad”, 600 SMLMV para cada uno de los demandantes; por perjuicios materiales, aquellos que se acrediten en el proceso; y, como medidas de satisfacción y garantía s de no repetición, publicar la sentencia en periódicos regionales y nacionales de amplía circulación “así como en las instalaciones de sus despachos respectivos, donde se rectifique la información dada sobre la víctima” por los mismos medios de comunicación “por donde salió la noticia de la muerte en combate de Carlos Alberto Valeta Jiménez” y “nombrar un colegio en el municipio de Toluviejo con el nombre de la víctima”.

En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirma que Carlos Alberto Valeta Jiménez residía con su compañera sentimental, María Margarita Flórez Pineda en el municipio de Toluviejo (Sucre).

Refiere que el 2 de julio de 2007, desaparecieron Carlos Alberto Valeta Jiménez “en compañía de Luis Alberto Pérez Mercado” después de haber asegurado a sus familias que se iban a trabajar en una finca cuidando ganado.

1 Fl. 1 a 39, C.1.Radicación: 700012331000201000027 01 (64885)

Demandante: María Margarita Flórez Pineda y otro

3 Sostiene que el 24 de enero de 2008, Gilma María Jiménez Martínez acudió a las instalaciones del CTI de la Fiscalía General de la Nación en el municipio de Sincelejo para realizar el reconocimiento de su hijo Carlos Alberto Valeta Jiménez, lo cual

instalaciones del CTI de la Fiscalía General de la Nación en el municipio de Sincelejo para realizar el reconocimiento de su hijo Carlos Alberto Valeta Jiménez, lo cual quedó registrado en la respectiva “acta de reconocimiento de cadáver”.

Indica que por la desaparición y posterior ejecución extrajudicial de Carlos Alberto Valeta Jiménez y de ocho jóvenes más, se adelantó una investigación penal, y que, mediante providencia del 16 de octubre de 2009, el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Sincelejo profirió sentencia condenatoria anticipada en contra de José Dionisio Ramos Ca stillo por los delitos de homicidio en persona protegida, concierto para delinquir agravado y desaparición forzada agravada en calidad de coautor.

Los demandantes sostienen que el homicidio de Carlos Alberto Valeta Jiménez se presentó en un contexto de ejecuciones extrajudiciales en la que participaron directamente miembros de la fuerza pública, pues el condenado José Dionisio Ramos Castillo confesó que existía una organización criminal en enlace con miembros del Ejército Nacional para entregar y presentar personas muertas en combate.

Textualmente señalan en la demanda: “[...] El presente caso, es la manifestación clara de una empresa criminal, donde orgánicos de la Brigada XI, miembros de la fuerza de tarea conjunta de Sucre, idearon, planearon y ejecutaron la desaparición forzada, el homicidio y la posterior presentación de por lo menos 11 jóvenes de Toluviejo (…) donde crearon una red de civiles que a manera de promesas laborales sacaban a los jóvenes de sus poblaciones y era n entregados para que unidades

forzada, el homicidio y la posterior presentación de por lo menos 11 jóvenes de Toluviejo (…) donde crearon una red de civiles que a manera de promesas laborales sacaban a los jóvenes de sus poblaciones y era n entregados para que unidades militares los asesinaran y presentaran como positivos. (…) La veracidad de los hechos resulta contundente para demostrar la responsabilidad de la Nación colombiana, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional por acción en la ej ecución extrajudicial de Carlos Alberto Valeta Jiménez por lo que se encuentra claramente definida la relación de causalidad entre el hecho y el daño inferido a los demandantes y, en consecuencia, la responsabilidad patrimonial del estado colombiano es notoria e inexcusable (…). Los miembros del Ejército brigada No. 11 desconociendo las obligaciones emanadas de la ley y la Constitución ejecutaron extrajudicialmente a Carlos Alberto Valeta Jiménez, desconocieron además elRadicación: 700012331000201000027 01 (64885)

Demandante: María Margarita Flórez Pineda y otro

4 principio de distinción y sin que lo anterior haya sido suficiente, miembros del Ejército Nacional presentaron los cuerpos sin vida de los jóvenes como ‘extorsionistas dados de baja’, para simular un supuesto enfrentamiento y justificar de esta forma su actuar ilegitimo en contra de la población civil”.

2. Contestación

El 8 de abril de 2010 2, el Tribunal Administrativo de Sucre admitió la demanda y ordenó su notificación a la demandada y al Ministerio Público.

2.1. La Nación - Ministerio de Defensa – Ejército Nacional3 sostuvo que en el caso

El 8 de abril de 2010 2, el Tribunal Administrativo de Sucre admitió la demanda y ordenó su notificación a la demandada y al Ministerio Público.

2.1. La Nación - Ministerio de Defensa – Ejército Nacional3 sostuvo que en el caso de autos había una carencia absoluta de prueba que permitiera demostrar que la muerte de Carlos Alberto Valeta Jiménez fue causada por el Ejército Nacional. Finalmente, como excepciones formuló la que denominó “inimputabilidad del daño por falta de material probatorio” y la falta de legitimación por activa.

3. Alegatos de conclusión en primera instancia

El 23 de agosto de 20174 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.

3.1. La parte actora5 y el Ministerio de Defensa – Ejército Nacional6 reiteraron los argumentos expuestos en la demanda y en la contestación de esta, respectivamente.

3.2. El Ministerio Público guardó silencio.

4. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 21 de noviembre de 2014 7 el Tribunal Administrativo de Sucre accedió a las pretensiones de la demanda, al considerar que la muerte de

2 Fl. 141, C.1. 3 Fl. 153 a 156, C.1. 4 Fl. 418, C.3. 5 Fl. 434 a 436, C.3. 6 Fl. 420 a 423, C.3. 7 Fl. 478 a 497, C. Ppal.Radicación: 700012331000201000027 01 (64885)

Demandante: María Margarita Flórez Pineda y otro

5

7 Fl. 478 a 497, C. Ppal.Radicación: 700012331000201000027 01 (64885)

Demandante: María Margarita Flórez Pineda y otro

5 Carlos Alberto Valeta Jiménez fue producida por miembros del Ejército Nacional y que se trató de una ejecución extrajudicial. Frente a la desaparición forzada del señor Valeta Jiménez, el a quo no hizo pronunciamiento alguno.

Al efecto, sostuvo que: “Lo que no se encuentra demostrado es que la muerte hubiera acaecido como consecuencia del enfrentamiento de miembros de grupos al margen de la ley con miembros del Ejército Nacional, pues, a pesar que no se conoce de manera concreta la forma en que los miembros de la Fuerza Pública se encontraron con el señor Valeta Jiménez, porque no obra n en el proceso documentos como el Acta de Inspección de Cadáver, los Informes de Patrullaje de los miembros que participaron en el operativo donde ‘dieron de baja al señor Valeta Jiménez’, las denuncias presentadas por sus familiares y demás declaraciones de testigos que lo vieron por última vez, lo cierto es que las decisiones proferidas en los procesos penales que culminaron con la condena de José Dionisio Ramos, Iván Darío Contreras, Andrés Narváez y Luis Miguel Sierra Díaz, este último miembro del Ejército Nacional puede inferirse que el finado era un habitante del municipio de Toluviejo, que convivía con su familia y concretamente, que fue desarraigado de su núcleo familiar bajo una falsa promesa de empleo en una finca para ‘cuidar un ganado’, lejos de su familia, que se fue en compañía de otros jóvenes también

núcleo familiar bajo una falsa promesa de empleo en una finca para ‘cuidar un ganado’, lejos de su familia, que se fue en compañía de otros jóvenes también conocidos en la localidad, como se desprende de la acusación efectuada por la Fiscalía General de la Nación, contra los civiles reclutadores y el militar que participaron en estos lamentables hec hos. En estas condiciones considera la Sala que la muerte de Carlos Alberto Valeta Jiménez, se produjo con grave violación de los derechos humanos de miembros de la población civil, sin indicios de participación en hostilidades, por lo que, el daño ocasionado a los demandantes es atribuible a la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional por la falla en el servicio en que incurrió, en virtud de la violación a lo establecido convencionalmente en los Arts. 6º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Art. 4º de la Convención Americana de Derechos Humanos, que prevén unánimemente que el derecho a la vida es inviolable y la omisión del contenido obligacional inserto en el Art. 2º de la C.P.”

El Tribunal Administrativo de Sucre condenó a la Nación - Ministerio de DefensaEjército Nacional a pagar, por perjuicios morales, la suma de 100 SMLMV para María Margarita Flórez Pineda y Carlos Eduardo Valeta Flórez y por perjuiciosRadicación: 700012331000201000027 01 (64885)

Demandante: María Margarita Flórez Pineda y otro

6 materiales en la modalidad de lucro cesante, la suma de $88.258.701,46 a María Margarita Flórez Pineda y $70.851.003,14 a Carlos Eduardo Valeta Flórez.

6 materiales en la modalidad de lucro cesante, la suma de $88.258.701,46 a María Margarita Flórez Pineda y $70.851.003,14 a Carlos Eduardo Valeta Flórez. Asimismo, ordenó a la entidad demandada pedir disculpas públicas “ por escrito” a los demandados y publicar la sentencia en la página web del Ministerio de DefensaEjército Nacional. Las demás pretensiones fueron negadas.

5. Grado jurisdiccional de consulta

En vista de que la sentencia de primera instancia no fue apelada por ninguna de las partes y que el Tribunal Administrativo de Sucre profirió condena en contra de la Nación – Ministerio de Defensa , atendiendo a lo dispuesto en el artículo 184 8 del Código Contencioso Administrativo, el Tribunal ordenó remitir las diligencias al Consejo de Estado para surtir el grado jurisdiccional de consulta. En este senti do, mediante auto del 29 de octubre de 2019 9 esta Corporación admitió el grado jurisdiccional de consulta contra la sentencia proferida el 21 de noviembre de 2017 por el Tribunal Administrativo de Sucre.

6. Alegatos de conclusión

El 10 de febrero de 202010 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.

6.1. El Ministerio Público11 solicitó condenar a la entidad demandada alegando que el caso de autos presentaba una violación flagrante a los derechos humanos, pues la muerte de Carlos Alberto Valeta Jiménez ocurrió “ en el campo de una ejecución extrajudicial cometida por miembros del Ejército, al propinar la muerte a una persona no combatiente en estado de indefensión”.

la muerte de Carlos Alberto Valeta Jiménez ocurrió “ en el campo de una ejecución extrajudicial cometida por miembros del Ejército, al propinar la muerte a una persona no combatiente en estado de indefensión”.

8 “Artículo 184: Las sentencias que impongan condena en concreto, dictadas en primera instancia a cargo de cualquier entidad pública que exceda de trescientos (300) salarios mínimos mensuales legales o que hayan sido proferidas en contra de quienes hubieren estado representados por curador ad litem, deberán consultarse con el superior cuando no fueren apeladas. Las sentencias que impongan condena en abstracto sólo serán consultables junto con el auto que las liquide, en los eventos del inciso anterior (…)” 9 Fl. 508, C. Ppal. 10 Fl. 511, C. Ppal. 11 Fl. 513 a 523, C. Ppal.Radicación: 700012331000201000027 01 (64885)

Demandante: María Margarita Flórez Pineda y otro

7 6.2. La parte actora y el Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, guardaron silencio12.

III. CONSIDERACIONES

1. Competencia

El Consejo de Estado es competente para conocer del grado jurisdiccional de consulta respecto de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Santander el 31 de mayo de 2012, de conformidad con lo establecido en el artículo 184 del Código Contencioso Administrativo13 modificado por el artículo 57 de la Ley 446 de 1998.

En virtud de lo dispuesto en el precitado artículo 184, se entiende que el grado jurisdiccional de consulta es un mecanismo de revisión oficioso que busca el

446 de 1998.

En virtud de lo dispuesto en el precitado artículo 184, se entiende que el grado jurisdiccional de consulta es un mecanismo de revisión oficioso que busca el cumplimiento de la ley y la protección de los derechos de las entidades estatales, en este caso, del Ministerio de Defensa – Policía Nacional que resultó condenada en primera instancia. Esta circunstancia delimita el objeto sobre el cual se puede pronunciar esta Sala, razón por la cual excedería tal marco adoptar una decisión que perjudique o empeore la s ituación jurídica precedente del demandado al momento de adoptar esta decisión14, de manera que la competencia de la Sala se extiende sobre todo el asunto objeto de debate, sin que resulte viable perjudicar la situación actual de la demandada15.

2. Acción procedente

La acción de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación

12 Fl. 524, C. Ppal. 13 “Artículo 184. Las sentencias que impongan condena en concreto, dictadas en primera instancia a cargo de cualquier entidad pública que exceda de trescientos (300) salari os mínimos mensuales legales o que hayan sido proferidas en contra de quienes hubieren estado representados por curador ad litem, deberán consultarse con el superior cuando no fueren apelada (…)”. La Sala es competente para resolver el asunto sub judice, teniendo en cuenta que la decisión no fue apelada por ninguna de las partes. 14 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 28 de octubre de 2019, Rad. 61224.

La Sala es competente para resolver el asunto sub judice, teniendo en cuenta que la decisión no fue apelada por ninguna de las partes. 14 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 28 de octubre de 2019, Rad. 61224. 15 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 25 de febrero de 2009, Rad. 25508.Radicación: 700012331000201000027 01 (64885)

Demandante: María Margarita Flórez Pineda y otro

8 estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo, según lo dispone el artículo 8616 del Código Contencioso Administrativo.

En este caso la acción procedente es la de reparación directa, porque se reclama la reparación de unos daños por hechos imputables a la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional.

3. Vigencia de la acción

Si bien en el proceso no se discutió la caducidad de la acción ni ella fue alegada en oportunidad alguna por las partes ni la sentencia estimó que tal fenómeno se produjo, resulta necesario verificar si la demanda se presentó en tiempo por cuanto se trata de un presupuesto procesal.

Así, con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la protección del interés general 17, estableció unos plazos para poder ejercer oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud

oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de las situaciones que se encontraban pendientes de solución.

El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal,

16 “Artículo 86. Acción de reparación directa. La persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño cuando la causa sea un hecho, una omisión, una oper ación administrativa o ocupación temporal o permanente de un inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa. Las entidades públicas deberán promover la misma acción cuando resulten condenadas o hubieren conciliado por una actuación administrativa originada en culpa grave o dolo de un servidor o ex servidor público que no estuvo vinculado al proceso respectivo, o cuando resulten perjudicadas por la actuación particular o de otra entidad pública.” 17 Corte Constitucional. Sentencia C-394 de 2002: “La caducidad es una institución jurídico procesal a través de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita en el tiempo el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida justicia. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del conglomerado social de obtener seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida, la caducidad no concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de un interés general.

seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida, la caducidad no concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de un interés general. Como claramente se explicó en la sentencia C-832 de 2001 a que se ha hecho reiterada referencia, esta es una figura de orden público lo que explica su carácter irrenunciable, y la posibilidad de ser declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia.”Radicación: 700012331000201000027 01 (64885)

Demandante: María Margarita Flórez Pineda y otro

9 controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción 18, ofrecer estabilidad del derecho de manera que las situaciones controversiales que requieran solución por los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad, solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos.

Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su ocurrencia impide que estas puedan ser discutidas indefinidamente.

La caducidad, en la primera de sus manifestaciones, es un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el ope rador la halle configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna situación; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, re sultando

configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna situación; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, re sultando como una sanción ipso iure19 que opera por la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del aparato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún reconocimiento o protección de la justicia20, cuya consecuencia, por demandar más allá de l tiempo concedido por la ley procesal, significa la pérdida de la facultad potestativa de accionar.

18 Consejo de Estado. Sentencia del 23 de febrero de 2006. Exp. 6871 -05 “...el derecho al acceso a la administración de justicia no es absoluto, pues puede ser condicionado legalmente a que la promoción de la demanda sea oportuna y las acciones se inicien dentro de los plazos que señala el legislador (…). El término de caducidad, tiene entonces como uno de sus objetivos, racionalizar el ejercicio del derecho de acción, y si bien limita o condiciona el acceso a la justicia, es una restricción necesaria para la estabilidad del derecho, lo que impone al interesado el empleo oportuno de las acciones, so pena de que las situaciones adquieran la firmeza necesaria a la seguridad jurídica, para solidificar el concepto de derechos adquiridos 19 Consejo de Estado, Sentencia del 30 de enero de 2013: “Para garantizar la seguridad jurídica de los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las partes

los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las partes tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro del plazo fijado por la ley y de no hacerlo en tiempo, perderán la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho. Es así como el fenómeno procesal de la caducidad opera ipso iure o de pleno derecho, es decir que no admite renuncia, y el juez debe declararla de oficio cuando verifique la conducta inactiva del sujeto procesal llamado a interponer determinada acción judicial”. 20 Corte Constitucional. Sentencia C -574 de 1998: “…[ s]i el actor deja transcurrir los plazos fijados por la ley en forma objetiva, sin presentar la demanda, el mencionado derecho fenece inexorablemente, sin que pueda aleg arse excusa alguna para revivirlos. Dichos plazos constituyen entonces, una garantía para la seguridad jurídica y el interés general. Y es que la caducidad representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho, por ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de protección, pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas por la ley ejerce sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno indicado”.Radicación: 700012331000201000027 01 (64885)

Demandante: María Margarita Flórez Pineda y otro

10 El artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, señala que la acción de

Demandante: María Margarita Flórez Pineda y otro

10 El artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, señala que la acción de reparación directa caducará al vencimiento del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa.

Ahora bien, el numer al 8º del artículo 136 del Decreto No. 1 de 1984, adicionado por el artículo 8º de la Ley 589 de 2000, establece el computo del término de caducidad derivado de delitos de desaparición forzada “a partir de la fecha en que aparezca la víctima o en su defecto desde la ejecutoria del fallo definitivo adoptado en el proceso penal, sin perjuicio de que tal acción pueda intentarse desde el momento en que ocurrieron los hechos que dieron lugar a la desaparición”.

Mediante sentencia de unificación del 29 de enero de 2020, la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado indicó que para el caso de desaparición forzada la caducidad se cuenta desde la fecha en que aparece la víctima o, en su defecto, desde el momento en el que quedó ejecutoriado el fallo definitivo adoptado en el proceso penal. En estos casos el conteo del plazo para acceder a la jurisdicción de lo contencioso administrativo inicia desde el momento en que los afectados conocieron o debieron conocer la participación por acción u omisión d el Estado y advirtieron la posibilidad de imputarle responsabilidad patrimonial a éste, excepto que existan situaciones objetivas que impidan materialmente el ejercicio del

afectados conocieron o debieron conocer la participación por acción u omisión d el Estado y advirtieron la posibilidad de imputarle responsabilidad patrimonial a éste, excepto que existan situaciones objetivas que impidan materialmente el ejercicio del derecho de acción.

No obstante, el término de caducidad no es exigible cuando se v erifique la afectación ostensible de los derechos al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, lo cual ocurre en eventos en que se constate la ocurrencia de situaciones objetivas como secuestros, enfermedades o cualquier otro supuesto que obstaculice materialmente el ejercicio del derecho de acción, pues este término preclusivo no puede discurrir contra quien no goza del acceso efectivo a la administración de justicia.

Según lo expuesto, de manera excepcional, el juez de lo contencioso administrativo debe inaplicar el plazo de los 2 años para el ejercicio oportuno del derecho de acción o iniciar su contabilización desde un momento distinto a la ocurrencia del hechoRadicación: 700012331000201000027 01 (64885)

Demandante: María Margarita Flórez Pineda y otro

11 dañoso, cuando advierta que la no comparecencia ante la jurisdicción conte nciosa administrativa dentro del plazo previsto, es resultado de que el interesado: (i) no sabía o no tenía la posibilidad de advertir que el Estado tuvo alguna injerencia en los hechos, o (ii) estaba impedido materialmente para el ejercicio del derecho de acción21.

Descendiendo al caso concreto, se estima que el derecho de accionar se ejerció en tiempo frente a las pretensiones derivadas de la desaparición forzada alegada en la demanda, así como respecto de la muerte de Carlos Alberto Valeta Jiménez ,

Descendiendo al caso concreto, se estima que el derecho de accionar se ejerció en tiempo frente a las pretensiones derivadas de la desaparición forzada alegada en la demanda, así como respecto de la muerte de Carlos Alberto Valeta Jiménez , teniendo en cuenta: i) que la desaparición tuvo lugar el 7 de julio de 2007 y cesó el 24 de enero de 2008 , cuando el cadáver de aquel fue reconocido por la familia , según da cuenta copia del “ acta de reconocimiento de cadáver ”22, expedida por el CTI de la Fiscalía General de la Nación ; ii) que la muerte de Carlos Alberto Valeta Jiménez tuvo lugar el 9 de julio de 2007 por causa de “choque traumático por heridas multisistémicas de proyectil de arma de fuego” , según da cuenta copia de la corrección del certificado de defunción No. 2131674 expedid a por “medicina legal de Sincelejo”23; iii) que la muerte de Carlos Alberto Valeta Jiménez fue inscrita en el registro civil de defunción de la Registraduría de San Benito Abad (Sucre) el 25 de noviembre de 2009, por orden del Fiscal 36 Especializado de la Unidad de Derechos Humanos, según da cuenta copia del referido registro civil24; iv) que el mismo 24 de enero de 2008, fue el día en el que los demandantes tuvieron conocimiento de la muerte violenta de Carlos Alberto Valeta Jiménez, esto es, cuando su cadáver fue reconocido por un familiar; v) que el 22 de diciembre de 200 9 los demandantes presentaron la solicitud de conciliación extrajudicial, la cual se llev