CE - 012331000201000085011SENTENCIA20231214092139

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., cuatro (4) de diciembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: REPARACIÓN DIRECTA Radicación: 180012331000201000085 01 (60888)

Demandante: OSCAR MANRIQUE Y OTROS

Demandado: NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO

NACIONAL

Tema: Responsabilidad del Estado por lesión de miembro de la fuerza pública en combate con las Farc. El daño antijurídico no es imputable a la entidad demandada. Riesgo propio del servicio.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 18 de septiembre de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo del Caquetá, que negó las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

El 27 de mayo de 2009, en Yarí (Caquetá), el soldado profesional Oscar Manrique fue lesionado por disparo de arma de fuego durante un combate contra las Farc, lo cual le generó una pérdida de la capacidad laboral del 95.38%. Los demandantes consideran que la Nación - Ministerio de Defensa – Ejército Nacional es patrimonialmente responsable por la lesión del soldado Oscar Manrique, toda vez que los disparos que lo impactaron y le produjeron la lesión fueron accionados por el soldado profesional o compañero de tropa Beller Edilfonso Heredia Alfonso en

patrimonialmente responsable por la lesión del soldado Oscar Manrique, toda vez que los disparos que lo impactaron y le produjeron la lesión fueron accionados por el soldado profesional o compañero de tropa Beller Edilfonso Heredia Alfonso en retaliación por una enemistad previa con la víctima.Radicado: 180012331000201000085 01 (60888)

Demandante: Oscar Manrique y otros

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II. ANTECEDENTES

1. Demanda

El 15 de febrero de 20101, Oscar Manrique en nombre propio y en representación de Marcela Manrique Ramírez y Camilo Eusebio Manrique Rueda; Isabel Manrique, Gladys Marcela Granados Manrique, Liliana Granados Manrique y José Luis Granados Manrique en nombre propio, mediante apoderado judicial y en ejercicio del medio de la acción de reparación directa, presentaron demanda en contra de la Nación - Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, para que fuera declarada patrimonialmente responsable por la lesión que sufrió el soldado profesional Oscar Manrique.

Como pretensiones de la demanda el extremo activo solicita condenar a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional a pagar a cada uno de los demandantes por perjuicios morales, 300 SMLMV ; por daño emergente “consolidado y futuro” lo que resulte probado en el proceso teniendo en cuenta la certificación del costo de tratamiento de Oscar Manrique expedido por “ Teletón de $600.000 ”; por lucro cesante “consolidado y futuro” lo que esté probado en el proceso; y, “por daño a la vida de relación”, 550 SMLMV a cada uno de los demandantes.

En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirma que, para el 27 de mayo

cesante “consolidado y futuro” lo que esté probado en el proceso; y, “por daño a la vida de relación”, 550 SMLMV a cada uno de los demandantes.

En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirma que, para el 27 de mayo de 2009, Oscar Manrique se desempeñaba como soldado profesional del Ejército Nacional, orgánico del Batallón “ Los Guanes” con sede en “ tres esquinas” (Caquetá).

Refiere que el 27 de mayo de 2009 el soldado profesional Oscar Manrique se desplazaba con la unidad móvil en Yarí (Caquetá) , “persiguiendo a unos pocos guerrilleros que se encontraban huyendo y que no repelieron el ataque en su afán de escapar (…) resultando muerto uno de los subversivos y los demás logrando escapar”.

1 Fl. 1 a 35, C. 1.Radicado: 180012331000201000085 01 (60888)

Demandante: Oscar Manrique y otros

3 Manifiesta que en la referida persecución y aprovechando la situación, “ el soldado profesional Alfonso Her edia Beller Edilfonso decidió dispararle una ráfaga de su ametralladora 762” al soldado Oscar Manrique, puesto que tenían una enemistad porque en una anterior ocasión este último golpeó al soldado Heredia Alfonso causándole “la pérdida de dos dientes”.

Resalta que los proyectiles de arma de fuego impactaron al soldado profesional Oscar Manrique “en un costado proveniente de la ubicación donde se encontraba el soldado profesional Heredia, pues la guerrilla estaba huyendo por el frente” y no portaban ametralladoras 762.

Oscar Manrique “en un costado proveniente de la ubicación donde se encontraba el soldado profesional Heredia, pues la guerrilla estaba huyendo por el frente” y no portaban ametralladoras 762.

Indica que producto de las heridas de arma de fuego, el soldado profesional Oscar Manrique sufrió lesiones de gravedad, consistentes en amputación de brazo izquierdo, perforación del pulmón, herida abierta en abdomen con extirpación del bazo y un orificio en el “muslo”.

Destaca que en medio de su convalecencia “un sargento” indujo a Oscar Manrique a suscribir un documento que “ supuestamente era para recibir unas condecoraciones”, no obstante, el 3 de junio de 2009, el soldado Manrique se “enteró” que el documento firmado era el “informativo por lesiones” en el que se consignó que sus heridas se ocasionaron en virtud de un combate “en cumplimiento de la operación Marfil misión táctica Marcial contra el bloque sur de la ONT-FARC”.

Refiere que el 3 de septiembre de 2009 Oscar Manrique solicitó al Comandado del Ejército Nacional cambiar el “ informativo por lesiones” porque su contenido no correspondía a la realidad de los hechos, aunado a que los testigos eran el soldado Beller Edilfonso Here dia Alfonso, que era su victimario , y Teodoro Rubio Gelves , quien no estuvo presente al momento de los hechos.

Los demandantes consideran que la Nación - Ministerio de Defensa – Ejército Nacional es patrimonialmente responsable por las lesiones del soldado profesional Oscar Manrique, toda vez que, en su criterio, esta se ocasionó por falla del servicio,

Los demandantes consideran que la Nación - Ministerio de Defensa – Ejército Nacional es patrimonialmente responsable por las lesiones del soldado profesional Oscar Manrique, toda vez que, en su criterio, esta se ocasionó por falla del servicio, por no formar adecuadamente al personal a su cargo.Radicado: 180012331000201000085 01 (60888)

Demandante: Oscar Manrique y otros

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Textualmente señalaron que: “ (…) Hechos que no admiten ninguna clase de justificación que se debieron evitar de todas las formas, para no tener que lamentar los daños irreparables que de los mismos se derivaron, todo lo cual conduce a la certeza de que hubo una falla imputable en abstracto al Ejército Nacional al no formar adecuadamente al personal a su cargo y en concreto al funcionamiento disfuncional del agente protagonista de la imprudencia, la irresponsabilidad, que faltó a la observancia de los reglamentos que las regulan, pudiendo actuar de otra manera para evitar un desenlace trágico que afectaría con la integridad personal del soldado profesional Oscar Manrique, conforme con lo establecido en el art., 2º. de la Constitución Política de Colombia, donde se origina la responsabilidad extracontractual del Estado y las cargas indemnizatorias que e stamos solicitando.

Sin entrar a discutir, ni precisar las circunstancias de modo en las cuales este se produjo, si el mismo aconteció por imprudencia o dolo de la entidad demandada, lo que resulta irrelevante para los efectos de su calificación administra tiva, es obvio que nos encontramos frente a un caso que compromete la responsabilidad extracontractual del Estado, consagrada en el art. 90 de la Constitución Política de

que resulta irrelevante para los efectos de su calificación administra tiva, es obvio que nos encontramos frente a un caso que compromete la responsabilidad extracontractual del Estado, consagrada en el art. 90 de la Constitución Política de Colombia, derivada de un daño antijurídico causado a una persona inocente”.

2. Contestación

El 15 de julio de 20102 el Tribunal Administrativo del Caquetá admitió la demanda y ordenó su notificación a la demandada y al Ministerio Público.

2.1. La Nación - Ministerio de Defensa – Ejército Nacional 3 se opuso a las pretensiones de la demanda argumentando que no incurrió en falla del servicio, pues las lesiones del soldado profesional Oscar Manrique fueron consecuencia de los riesgos propios de la actividad militar, en desarrollo de una función asignada, en actividades de mantenimiento del orden público que se desarrollaron en igualdad de condiciones a las de sus compañeros. Por ello, propuso las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva y falta de legitimación en la causa por activa de “los hermanos del lesionado Oscar Manrique”.

2 Fl. 165 a 166, C. 1. 3 Fl. 171 a 189, C.1.Radicado: 180012331000201000085 01 (60888)

Demandante: Oscar Manrique y otros

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3. Alegatos de conclusión en primera instancia

El 16 de febrero de 20164 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.

3.1. La parte accionante5 y el Ministerio de Defensa – Ejército Nacional6 reiteraron los argumentos expuestos en la demanda y su contestación, respectivamente.

alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.

3.1. La parte accionante5 y el Ministerio de Defensa – Ejército Nacional6 reiteraron los argumentos expuestos en la demanda y su contestación, respectivamente.

3.2. El Ministerio Público guardó silencio.

4. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 18 de septiembre de 201 77, el Tribunal Administrativo del Caquetá negó las pretensiones de la demanda, al considerar que las lesiones del soldado profesional Oscar Manrique ocurrieron por razones del servicio, sin que se pudiera advertir que hubiera sido expuesto a un riesgo mayor que al que estaban sometidos sus compañeros y tampoco que hubiera ocurrido por la concreción de una falla del servicio.

Al respecto, indicó: “(…) Ahora bien, la parte demandante manifiesta que el daño es imputable a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional porque en la producción del hecho ocurrió una falla del servicio, que consistió en que las lesiones con arma de fuego padecidas por el señor Oscar Manrique provinieron de un disparo que le propinó su compañero mien tras se encontraban en combate, circunstancia que no fue acreditada en el expediente, toda vez que los testigos presenciales del hecho, coincidieron en afirmar que las lesiones sufridas por el soldado Oscar Manrique, son atribuibles al servicio, pues para el 27 de mayo de 2009 cuando resultó herido, se encontraba en labores de combate con el bloque sur de las ONTFARC. Así las cosas, en criterio de la Sala, a partir del análisis del materia l probatorio, no se encuentra acreditado en el proceso que la entida d demandada

resultó herido, se encontraba en labores de combate con el bloque sur de las ONTFARC. Así las cosas, en criterio de la Sala, a partir del análisis del materia l probatorio, no se encuentra acreditado en el proceso que la entida d demandada hubiera incurrido en falla del servicio, ni que hubiera expuesto a soldado a un riesgo

4 Fl. 353, C. 2. 5 Fl. 357 a 370, C. 2. 6 Fl. 371 a 380, C. 2. 7 Fl. 394 a 409, C. Ppal.Radicado: 180012331000201000085 01 (60888)

Demandante: Oscar Manrique y otros

6 superior al que debían soportar sus demás compañeros. Lo acreditado en el proceso, es que el soldado Oscar Manrique sufrió una lesión en su miembro superior izquierdo, abdomen y muslo derecho, "en el servicio, por causa y razón del mismo", es decir, que se configuró un riesgo inherente a la función militar; que fue atendido por el enfermero de combate, y evacuado a la ciudad de Florencia Caquetá, recibió atención médica en la clínica Medilaser y posterior evacuación al Hospital Militar de la ciudad de Bogotá; que tales heridas le generaron una pérdida de la capacidad laboral del 95.38%, por lo cual fue declarado no apto para continuar prestando el servicio militar y, consecuentemente dado de baja en la institución por incapacidad. De otra parte, el demandante no demostró la existencia de una falla en el servicio que permita atribuir, a la entidad accionada, el deber de reparar e l daño padecido con ocasión y por razón de servicio, motivo por el cual las pretensiones de la demanda no están llamadas a prosperar”.

que permita atribuir, a la entidad accionada, el deber de reparar e l daño padecido con ocasión y por razón de servicio, motivo por el cual las pretensiones de la demanda no están llamadas a prosperar”.

5. Recurso de apelación

El 24 de noviembre de 20178, la parte demandante interpuso recurso de apelación, el cual fue concedido el 17 de enero de 20189 y admitido el 12 de marzo de 201810.

5.1. La parte actora 11, señaló que el a quo no realizó una adecuada valoración probatoria, pues los medios de convicción daban cuenta que las lesiones padecidas por el soldado profesional Oscar Manrique eran producto d e una falla del servicio atribuible a la entidad demandada , toda vez que se demostró que las lesiones del señor Manrique fueron ocasionadas por un compañero del Ejército Nacional.

De hecho, textualmente la parte demandante sostuvo: “(…) Se tiene acreditado, que efectivamente un compañero del señor Oscar Manrique fue el que intencionalmente lo hirió, es decir, que a la víctima del daño se le expuso a un riesgo superior al que estaba obligado a soportar, pues no es aceptable ni admisible que un miem bro del Ejército ataque a su compañero por una retaliación. Lo anterior implica que en el presente asunto se demostró la existencia de una falla del servicio imputable a la

8 Fl. 412 a 419, C. Ppal. 9 Fl. 421, C. Ppal. 10 Fl. 425, C. Ppal. 11 Fl. 412 a 419, C. Ppal.Radicado: 180012331000201000085 01 (60888)

Demandante: Oscar Manrique y otros

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10 Fl. 425, C. Ppal. 11 Fl. 412 a 419, C. Ppal.Radicado: 180012331000201000085 01 (60888)

Demandante: Oscar Manrique y otros

7 entidad demandada”.

6. Alegatos de conclusión en segunda instancia

El 6 de julio de 201812 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.

6.1. La parte demandante 13 reiteró los argumentos de la demanda y el recurso de apelación, respectivamente.

6.2. El Ministerio de Defensa – Ejército Nacional y el Ministerio Público guardaron silencio.

III. CONSIDERACIONES

1. Competencia

El Consejo de Estado es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 18 de septiembre de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo del Caquetá, puesto que la cuantía14 supera la exigida de 500 SMLMV, para que un proceso adelantado en ejercicio del medio de control de reparación directa tenga vocación de doble instancia ante esta Corporación, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 129 y 132 numeral 6 del C.C.A.

2. Acción procedente

La acción de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Es tado cuando el daño invocado proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación

12 Fl. 427, C. Ppal. 13 Fl. 428 a 438, C. Ppal.

declaratoria de responsabilidad patrimonial del Es tado cuando el daño invocado proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación

12 Fl. 427, C. Ppal. 13 Fl. 428 a 438, C. Ppal. 14 La pretensión mayor (“ daño a la vida de relación” ) excede de los 500 SMLMV que se exige para que un proceso tenga vocación de doble instancia, según lo previsto en el artículo 164 de la Ley 446 de 1998, vigente para la época en que se presentó la demanda (15 de febrero de 2010), pues dicha pretensión se estimó en 550 SMLMV.Radicado: 180012331000201000085 01 (60888)

Demandante: Oscar Manrique y otros

8 estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo , según lo dispone el artículo 8615 del Código Contencioso Administrativo.

En este caso la acción procedente es la de reparación directa, porque se reclama la reparación de un daño por hechos imputables al Ministerio de Defensa – Ejército Nacional.

3. Vigencia de la acción

Si bien en el proceso no se discutió la caducidad de la acción ni ella fue alegada en oportunidad alguna por las partes ni la sentencia estimó que tal fenómeno se produjo, resulta necesario verificar si la demanda se presentó en tiempo por cuanto se trata de un presupuesto procesal16.

Con el propósito de otorga r seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la protección del interés general 17, estableció unos plazos para poder ejercer

Con el propósito de otorga r seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la protección del interés general 17, estableció unos plazos para poder ejercer

15 “Artículo 86. Acción de reparación directa. La persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño cuando la causa sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o ocupación temporal o permanente de un inmueble por causa de trab ajos públicos o por cualquiera otra causa. Las entidades públicas deberán promover la misma acción cuando resulten condenadas o hubieren conciliado por una actuación administrativa originada en culpa grave o dolo de un servidor o ex servidor público que no estuvo vinculado al proceso respectivo, o cuando resulten perjudicadas por la actuación particular o de otra entidad pública.” 16 Se advierte que el juez tiene la facultad para declarar de oficio o a petición de parte la caducidad de la acción, pues es una figura concebida para salvaguardar los intereses colectivos y generales. Precisamente, esta Corporación ha manifestado lo siguiente: “es necesario entender que la caducidad es una figura prevista como un mecanismo de protección de los intereses colectivos y generales, y, por tal razón, es de orden público, lo que necesariamente lleva a que tenga un carácter de irrenunciabilidad, como se mencionó previamente, e inclusive dota al juez de la facultad para declararla de oficio. […] Por consiguiente, el efecto extintivo de la caducidad, actúa al verificarse el plazo, “per se, ope legis, en forma ineluctable y por disposición o mandato normativo expreso, de ius

declararla de oficio. […] Por consiguiente, el efecto extintivo de la caducidad, actúa al verificarse el plazo, “per se, ope legis, en forma ineluctable y por disposición o mandato normativo expreso, de ius cogens e imperativo, al margen de la autonomía, decisión o querer del titular”. Y como se mencionó anteriormente, el juzgador puede y debe declarar de oficio o a solicitud de parte, la caducidad de la acción, pero en todo caso, su efecto se produce por mandato legal, sin requerir declaración alguna”. Consejo de Estado. Sentencia del 16 de diciembre de 2020. Rad.: 51252. 17 Corte Constitucional. Sentencia C-394 de 2002: “La caducidad es una institución jurídico procesal a través de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita en el tiempo el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida justicia. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del conglomerado social de obtener seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida, la caduci dad no concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de un interés general. Como claramente se explicó en la sentencia C-832 de 2001 a que se ha hecho reiterada referencia, esta es una figura de orden público lo que explica su carácter irrenunciable, y la posibilidad de ser declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia.”Radicado: 180012331000201000085 01 (60888)

Demandante: Oscar Manrique y otros

9 oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser

Demandante: Oscar Manrique y otros

9 oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud judicial, implica la extinción del derecho d e accionar, así como la consolidación de las situaciones que se encontraban pendientes de solución.

El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal, controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción 18, ofrecer estabilidad del derecho de manera que las situaciones controversiales que requieran solución por los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad, solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos.

Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su ocurrencia impide que estas puedan ser discutidas indefinidamente.

La caducidad, en la primera de sus manifestaciones, es un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna situación; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también como una limitación de ca rácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando

configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna situación; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también como una limitación de ca rácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando como una sanción ipso iure19 que opera por la falta de actividad oportuna en la

18 Consejo de Estado. Sentencia del 23 de febrero de 2006. Exp. 6871 -05 “...el derecho al acceso a la administración de justicia n o es absoluto, pues puede ser condicionado legalmente a que la promoción de la demanda sea oportuna y las acciones se inicien dentro de los plazos que señala el legislador (…). El término de caducidad, tiene entonces como uno de sus objetivos, racionalizar el ejercicio del derecho de acción, y si bien limita o condiciona el acceso a la justicia, es una restricción necesaria para la estabilidad del derecho, lo que impone al interesado el empleo oportuno de las acciones, so pena de que las situaciones adquieran la firmeza necesaria a la seguridad jurídica, para solidificar el concepto de derechos adquiridos. 19 Consejo de Estado, Sentencia del 30 de enero de 2013: “Para garantizar la seguridad jurídica de los sujetos procesales, el legislador instituyó la figur a de la caducidad como una sanción en los eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las partes tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro del plazo fijado por la ley y de no hacerlo en tiempo, perderán la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho. Es

tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro del plazo fijado por la ley y de no hacerlo en tiempo, perderán la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho. Es así como el fenómeno procesal de la caducidad opera ipso iure o de pleno derecho, es decir que noRadicado: 180012331000201000085 01 (60888)

Demandante: Oscar Manrique y otros

10 puesta en marcha del aparato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún reconocimiento o protección de la justicia20, cuya consecuencia, por demandar más allá del tiempo concedido por la ley procesal, significa la pérdida de la facultad potestativa de accionar.

El artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, señala que l a acción de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa.

En el caso sub examine se estima que el derecho de accionar se ejerció en tiempo, dentro del término de dos (2) años para el vencimiento de la acción , teniendo en cuenta: i) que la lesión de Oscar Manrique ocurrió el 27 de mayo de 2009, según da cuenta copia del informe de esa misma fecha expedido por el comandante de compañía “Águila” Wilfran Andrés Cortés Fernández 21; ii) que el 9 de octubre de 2009 la parte demandante presentó solicitud de conciliación ext rajudicial ante el Ministerio Público, la cual se declaró fallida el 9 de diciembre de ese mismo año22;

2009 la parte demandante presentó solicitud de conciliación ext rajudicial ante el Ministerio Público, la cual se declaró fallida el 9 de diciembre de ese mismo año22; y, iii) que la demanda se presentó el 15 de febrero de 2010, esto es, dentro del plazo de dos años establecido para interponer el medio de control de reparación directa.

4. Legitimación en la causa

Como quiera que se trata de un presupuesto procesal, corresponde hacer la verificación de la legitimación en la causa de las partes que integran la litis.

admite renuncia, y el juez debe declararla de oficio cuando verifique la conducta inactiva del sujeto procesal llamado a interponer determinada acción judicial”. 20 Corte Constitucional. Sentencia C -574 de 1998: “… [ s]i el actor deja transcurrir los plazos fijados por la ley en forma objetiva, sin presentar la demanda, el men cionado derecho fenece inexorablemente, sin que pueda alegarse excusa alguna para revivirlos. Dichos plazos constituyen entonces, una garantía para la seguridad jurídica y el interés general. Y es que la caducidad representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho, por ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de protección, pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas por la ley eje rce sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno indicado ”. 21 Fl. 262, C. 2. 22 Fl. 41 a 43, C. 1.Radicado: 180012331000201000085 01 (60888)

Demandante: Oscar Manrique y otros

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21 Fl. 262, C. 2. 22 Fl. 41 a 43, C. 1.Radicado: 180012331000201000085 01 (60888)

Demandante: Oscar Manrique y otros

11 4.1. Oscar Manrique (víctima), Marcela Manrique Ramírez (hija), Camilo Eusebio Manrique Rueda (hijo), Isabel Manrique (madre), Gladys Marcela Granados Manrique (hermana), Liliana Granados Manrique (hermana) y José Luis Granados Manrique (hermano), son las personas sobre las que recae el interés jurídico que se debate en este proceso y están legitimadas en la causa por activa, pues está acreditado que el primero es la víctima y los demás conforman el núcleo familiar, según da cuenta copia de sus correspondientes registros civiles de nacimiento23.

4.2. La Nación se encuentra legitimada en la causa por pasiva y está debidamente representada por el Ministerio de Defensa – Ejército Nacional de conformidad con los criterios señalados por la jurisprudencia de esta Sección24, pues en la demanda se le endilga responsabilidad por la lesión del soldado profesional Oscar Manrique.

5. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional es administrativamente responsable por la lesión del soldado profesional Oscar Manrique.

6. Solución del problema jurídico

Antes de resolver el problema jurídico es menester hacer unas consideraciones generales sobre la responsabilidad del Estado y el r égimen de responsabilidad aplicable en casos muerte o lesiones de miembros de la fuerza pública.

6.1. Consideraciones generales sobre la responsabilidad del Estado

generales sobre la responsabilidad del Estado y el r égimen de responsabilidad aplicable en casos muerte o lesiones de miembros de la fuerza pública.

6.1. Consideraciones generales sobre la responsabilidad del Estado

El artículo 90 de la Constitución Política de 1991 25 consagró dos condiciones para declarar la responsabilidad extracontractual del Estado: i) la existencia de un daño antijurídico y ii) la imputación de éste al Estado.

23 Fl. 45 a 50, C. 1. 24 Al respecto ver auto del 25 de septiembre de 2013, Exp.: 20420, Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. 25 “Artículo 90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste”.Radicado: 180012331000201000085 01 (60888)

Demandante: Oscar Manrique y otros

12 El daño antijurídico es la lesión injustificada a un interés protegido por el ordenamiento. En otras palabras, es toda afectación que no está amparada por la ley o el derecho 26, que contraría el orden legal 27 o que está desprovista de una causa que la justifique28, resultado que se produce sin derecho al contrastar con las normas del ordenamiento y, contra derecho, al lesionar una situación reconocida o protegida29, violando de manera directa el principio alterum non laedere, en tanto resulta contrario al ordenamiento jurídico dañar a otro sin repararlo por el desvalor

normas del ordenamiento y, contra derecho, al lesionar una situación reconocida o protegida29, violando de manera directa el principio alterum non laedere, en tanto resulta contrario al ordenamiento jurídico dañar a otro sin repararlo por el desvalor patrimonial que sufre. Reductivamente, se dice que daño antijur