CE - 012331000201000206011SENTENCIA20230505154040

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de abril dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 13001-23-31-000-2010-00206-01 (59.604) Actor: Clovis Barrios de Chico y otros Demandado: Nación – Rama Judicial Referencia: Acción de reparación directa

Asunto: Sentencia

Temas: FALLA EN EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA – Inexistencia de error judicial / DAÑOS CAUSADOS POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA –– no se configura – Adecuación título de imputación FALLA EN EL SERVICIOInexistencia del daño

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia que negó las pretensiones de la demanda.

Según la demanda, la Nación - Rama Judicial incurrió en un error judicial en el marco del proceso ordinario de petición de herencia.

I. SENTENCIA IMPUGNADA

1. Corresponde a la sentencia del 15 de diciembre de 2016, mediante la cual, el Tribunal Administrativo de Bolívar negó las pretensiones de la parte actora.

2. El anterior proveído decidió la demanda promovida por los señores Clovis Barrios de Chico, Hildeberto Simón Barrios Díaz, Alfonso Padilla Barrios, Hermida Ramos de Ramírez, Agustina Ramos Barrios, Carlos Arturo Barrios Tinoco, Sixta

Barrios de Chico, Hildeberto Simón Barrios Díaz, Alfonso Padilla Barrios, Hermida Ramos de Ramírez, Agustina Ramos Barrios, Carlos Arturo Barrios Tinoco, Sixta Barrios Tinoco, María Inmaculada Barrios Paz, Celinda Castañeda Barrios y Rebeca Barrios Arrieta, contra la Nación – Rama Judicial, cuyas pretensiones, hechos principales y fundamentos de derecho son los siguientes:

Pretensiones

3. Los demandantes pretenden se declare la responsabilidad y la consecuencial condena al pago de la totalidad de los daños y perjuicios que les fueron causados, como consecuencia del supuesto error judicial contenido en la sentencia proferida el 18 de abril de 2008, por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, a través de la cual se desconoció el carácter de heredera de la señora Clovis Barrios de Chico en la sucesión del señor Ramón Barrios, al haber incurrido en (i) indebidaRadicación: 13001-23-31-000-2010-00206-01 (59.604)

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interpretación y aplicación de las normas que regulaban el estado civil de las personas y (ii) valorar erróneamente las pruebas aportadas al proceso para demostrar el vínculo filial entre el causante y la demandante.

4. Por lo anterior, estimaron la solicitud indemnizatoria en: i) dos mil cuatrocientos ochenta y cinco millones de pesos ($2.485.000.000) por concepto de perjuicios morales, “junto con los intereses comerciales que se causen durante los seis meses

4. Por lo anterior, estimaron la solicitud indemnizatoria en: i) dos mil cuatrocientos ochenta y cinco millones de pesos ($2.485.000.000) por concepto de perjuicios morales, “junto con los intereses comerciales que se causen durante los seis meses siguientes a dicha ejecutoria y los moratorios que se originen después de ese término”1; ii) ciento un mil ciento veintisiete millones ciento veinte mil pesos ($101.127.120.000) por concepto de perjuicios materiales en modalidad de daño emergente, y iii) veinticinco mil doscientos ochenta y un millones ciento setenta y cinco mil ($25.281.175.000) por concepto de perjuicios materiales en modalidad de lucro cesante; condena que deberá ser actualizada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 178 del C.C.A.

Hechos

5. Los demandantes alegaron que, el 21 de julio de 1998, la señora Clovis Barrios de Chico instauró proceso ordinario de petición de herencia contra el señor Elzael Barrios Páez y los herederos indeterminados de Reynal y Leyla Barrios Páez, a fin de que se le declarara heredera de igual o mejor derecho en la sucesión del señor Ramón Barrios Pérez2, su bisabuelo.

6. Al respecto, precisaron que los demandados tramitaron la sucesión del señor Barrios Pérez ante el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Cartagena ocultando la existencia y paradero de otros herederos de igual o mejor derecho, como también el testamento otorgado por el causante mediante Escritura Pública No. 27 suscrita en la Notaría 1° de Cartagena, en la que el testador no incluyó a José Candelario

existencia y paradero de otros herederos de igual o mejor derecho, como también el testamento otorgado por el causante mediante Escritura Pública No. 27 suscrita en la Notaría 1° de Cartagena, en la que el testador no incluyó a José Candelario Barrios Espitia, presunto padre de los demandados 3, sumado a que no se repartió la totalidad de los bienes del haber sucesoral, entre los que mencionaron los predios “La Isleta” y “La Ceiba”, pues en el trámite de s ucesión referido solo se incluyó el inmueble “Las Ánimas”. En consecuencia, la señora Barrios de Chico, pidió dejar sin efecto la partición de la herencia efectuada el 4 de agosto de 1988 y rehacer la respectiva reliquidación de la masa sucesoral.

7. Al p roceso de petición de herencia acudieron, en calidad de l itisconsortes necesarios de la parte demandante, los señores Hidelberto Simón Barrios Díaz,

Alfonso Padilla Barrios, Hermida Ramos de Ramírez, Agustina Ramos Barrios,

1 Folios 46 a 48, Cuaderno No. 1. 2 Acorde con lo expuesto en el escrito de petición de herencia, la relación de parentesco es la siguiente: Ramón Barrios Pérez (Bisabuelo) Benito Barrios Espitia (Abuelo) José Barrios Díaz (Padre) Clovis Barrios de Chico (Bisnieta) 3 Se resalta que, según l o alegado en la demanda en el proceso ordinario de petición de herencia, estos no

Benito Barrios Espitia (Abuelo) José Barrios Díaz (Padre) Clovis Barrios de Chico (Bisnieta) 3 Se resalta que, según l o alegado en la demanda en el proceso ordinario de petición de herencia, estos no obtuvieron el reconocimiento de hijos del señor José Candelario Barrios en los términos de la Ley 45 de 1936Radicación: 13001-23-31-000-2010-00206-01 (59.604)

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Carlos Arturo Barrios Tinoco, Sixta Barrios Tinoco, María Inmaculada Barrios Paz, Celinda Castañeda Barrios y Rebeca Hellen Barrios Arrieta, alegando ser herederos del señor Ramón Barrios Pérez.

8. Mediante sentencia del 6 de noviembre de 2001, el Juzgado Séptimo de Familia de Cartagena reconoció a la señora Clovis Barrios de Chico como heredera de igual derecho que los señores Elzael, Reynal y Lelia Barrios Páez en la sucesión de Ramón Barrios Pérez, declaró ineficaces los actos de partición y adjudicación realizados dentro del juicio sucesorio previo y ordenó rehacer la liquidación de la herencia reconociéndole a la señora Clovis Barrios de Chico el 50% del haber sucesoral.

9. Inconforme con la anterior decisión judicial, la parte demandada presentó recurso de apelación, cuyo conocimiento correspondió a la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito de Cartagena que, en sentencia del 18 de abril de 2008, revocó

9. Inconforme con la anterior decisión judicial, la parte demandada presentó recurso de apelación, cuyo conocimiento correspondió a la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito de Cartagena que, en sentencia del 18 de abril de 2008, revocó la decisión adoptada por el a quo , y en su lugar denegó las pretensiones de la demanda aduciendo que no se acred itó el vínculo filial entre el bisabuelo y abuelo de la accionante.

10. Frente a dicha providencia, la parte demandante adujo la existencia de un error judicial al desconocerse que, antes de entrar en vigencia la Ley 92 de 1938, acorde a lo dispuesto en los artículos 22 de la Ley 57 de 1887, 18 y 19 de la Ley 92 de 1938, 20, 54, 55 y 56 de la Ley 153 de 1887, y 777 del Código Canónico de la época, las personas nacidas en Colombia probaban su estado civil de hijos reconocidos con la partida eclesiástica de nacimiento, expedida por los párrocos de las iglesias donde eran bautizados, sin que fuera exigible que dicho documento contara con la firma o fuera suscrito por quien se reputaba como padre del bautizado. Además, resaltaron que al proceso se allegaron la s Escrituras Públicas N o. 478 de 1898 y No. 21 de 1928, en las que el señor Ramón Barrios reconoció como hijo extramatrimonial al señor Benito Barrios y lo incluyó en su testamento, respectivamente, pruebas adicionales de la relación filial que no fueron tenidas en cuenta por el Tribunal.

La defensa

11. El apoderado de la Nación - Rama Judicial se opuso a las pretensiones de la

respectivamente, pruebas adicionales de la relación filial que no fueron tenidas en cuenta por el Tribunal.

La defensa

11. El apoderado de la Nación - Rama Judicial se opuso a las pretensiones de la demanda4, al considerar que no se configuró el error judicial alegado por los accionantes, puesto que la instancia judicial dem andada no llevó a cabo ninguna actuación contraria a la ley o que fuere en detrimento de los intereses y derechos de la parte actora.

12. Al respecto, citó lo dispuesto en los artículos 66, 67, 69 y 70 de la Ley 270 de 1996 y en la sentencia C -037 de 1 996, p roferida por la Corte Constitucional,

4 Folios 217 a 224, Cuaderno No. 2.Radicación: 13001-23-31-000-2010-00206-01 (59.604)

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destacando que la responsabilidad patrimonial del Estado por error judicial debe analizarse no solo desde una perspectiva orgánica sino también funcional, es decir, entendiendo que el operador judicial, por mandato de la Constitución, es autónomo y libre para interpretar los hechos que se someten a su conocimiento y para aplicar las normas que considere apropiadas a fin de dirimir el conflicto jurídico puesto a su conocimiento. Por ende, precisó que, el error judicial no corresponde a una simple equivocación o “desacierto”5 del juez, sino que, es más una actuación “subjetiva, caprichosa, arbitraria y flagrantemente violatoria del debido proceso”6.

conocimiento. Por ende, precisó que, el error judicial no corresponde a una simple equivocación o “desacierto”5 del juez, sino que, es más una actuación “subjetiva, caprichosa, arbitraria y flagrantemente violatoria del debido proceso”6.

13. Así, indicó que las pretensiones de los demandantes no guardaban relación alguna con la jurisprudencia cit ada, ni se probó la antijuridicidad de los perjuicios reclamados, por lo que propuso como excepción previa la “carencia del derecho que se invoca y correlativamente inexistencia de la obligación que se demanda” 7, justificada en la presunta falta de sustent o jurídico de los argumentos esbozados por los accionantes.

Alegatos

14. Superada la etapa probatoria8, mediante auto del 23 de noviembre de 2015, el Tribunal Administrativo de Bolívar corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que emitiera concepto.

15. La parte actora reiteró los argumentos expuestos en su escrito de demanda con respecto al error judicial. En relación con la excepción propuesta por la parte accionada, indicó que carece de fundamento jurídico, pues, acorde con lo dispuesto en los artículos 90 de la Constitución Política y 66 de la Ley 270 de 1996, la culpa o dolo en el actuar del funcionario judicial, así como la arbitrariedad y subjetividad con

5 Folio 220, Cuaderno No. 2. 6 Folio 220, Cuaderno No. 2. 7 Folio 222, Cuaderno No. 2 8 Folio 349, Cuaderno No. 2. Mediante Auto del 5 de agosto de 2011, el Tribunal Administrativo de Bolívar

6 Folio 220, Cuaderno No. 2. 7 Folio 222, Cuaderno No. 2 8 Folio 349, Cuaderno No. 2. Mediante Auto del 5 de agosto de 2011, el Tribunal Administrativo de Bolívar decretó las pruebas solicitadas y allegadas por las partes. Folio 229, Cuaderno No. 2. Resp ecto de la parte demandante: Incorporó los documentados aportados con la demanda y los demás presentados con la adición de esta, entre ellos: constancia de fallecimiento del señor Ramón Barrios Pérez proferida por la Inspectora de Policía de Barú (Folio 75, Cuaderno No. 1), Certificado de Registro Civil de Defunción del señor Benito Barrios Espitia No. 247113 (Folio 76, Cuaderno No. 1), Partida Eclesiástica de Nacimiento de Benito Barrios Espitia expedida por la Parroquia San Jerónimo en Pasacaballos No. 528 (Folios 55, 119 a 121, Cuaderno No. 1), Registro Civil de Nacimiento del señor José Barrios Díaz (Folio 78, Cuaderno No. 1), Certificado de Registro Civil de Defunción del señor José Barrios Díaz No. 247051 (Folio 79, Cuaderno No. 1), Registro Civil de Nacimiento de la señora Clovis Barrios de Chico No. 8774115 (Folio 94, Cuaderno No. 1), Escritura Pública No. 478 del 29 de noviembre de 1898 proferida por la Notaría Primera del Circuito de Cartagena (Folios 122 a 125, Cuaderno No. 1); Decretó dictamen pericial con la finalidad de determinar y liquidar los perjuicios materiales en

478 del 29 de noviembre de 1898 proferida por la Notaría Primera del Circuito de Cartagena (Folios 122 a 125, Cuaderno No. 1); Decretó dictamen pericial con la finalidad de determinar y liquidar los perjuicios materiales en modalidad de daño emergente y lucro cesante que se reclaman en la demanda. (Prueba que reposa a Folios 332 a 343 del Cuaderno No. 2); Ofició a la Oficina de Instrumentos Públicos de Cartagena, al Departamento de Planeación Distrital de Cartagena y al Instituto Geográfico Agustín Codazzi – Regional Bolívar, para que allegaran los certificados de matrículas inmobiliarias de los tres bienes inmuebles objeto de la nueva partición herencial, certificación de las clases y usos del suelo y la carta catastral de la Isla de Barú, respectivamente. (Prueba que reposa a Folios 263 a 280 del Cuaderno No. 2.); Ofició al Juzgado Séptimo de Familia de Cartagena para que remitiera copia auténtica de todo el proceso de petición de herencia iniciado por la señora Clovis Barrios de Chico, Rad. 0618-1998; Decretó los testimonios de Luis Alberto Parejo Denis, Oscar Martín Suarez Serrano y Horacio Batista. (Declaraciones que reposan a Folios 255 a 257 y 282 a 287 del Cuaderno No. 2.)Radicación: 13001-23-31-000-2010-00206-01 (59.604)

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los que se dicta una providencia, no son co ndiciones a probarse al alegar la ocurrencia de un error judicial.

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los que se dicta una providencia, no son co ndiciones a probarse al alegar la ocurrencia de un error judicial.

16. Por su parte, la parte demandada guardó silencio.

17. El Ministerio Público 9 adujo que, si bien, en principio, estaba probado el error judicial alegado, lo cierto es que no estaba ac reditado en el expediente que los demandantes hubiesen interpuesto el respectivo recurso de casación contra la sentencia del 18 de abril de 2008, por lo que, acorde con lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley 270 de 1996, el daño reclamado debía entenderse causado por la culpa exclusiva de la víctima ante su falta de diligencia en la defensa de sus derechos e intereses.

La decisión

18. En sentencia del 15 de diciembre de 2016, el Tribunal Administrativo de Bolívar negó las pretensiones de la demanda al considerar que la argumentación del juez ordinario no fue contraria a la ley ni carente de coherencia, razonabilidad o sustentación jurídica.

19. Ab initio, determinó que, no era procedente decretar la excepción propuesta por el apoderado de la Rama Judi cial, toda vez que para justificar su ocurrencia, su representante se limitó a señalar “sin el mayor esfuerzo argumentativo” 10, que las pretensiones de los demandantes carecían de sustento jurídico y que la acción de reparación directa era improcedente. A su vez, explicó que tampoco acogería la postura adoptada por el Ministerio Público en su intervención, pues, acorde con lo

pretensiones de los demandantes carecían de sustento jurídico y que la acción de reparación directa era improcedente. A su vez, explicó que tampoco acogería la postura adoptada por el Ministerio Público en su intervención, pues, acorde con lo dispuesto por el Consejo de Estado en sentencia del 26 de marzo de 2014 11, los recursos judiciales que debía agotar la parte actora er an los ordinarios, tal como efectivamente lo hizo, por lo que no le era exigible haber agotado la casación para entrar a estudiar de fondo el asunto.

20. A continuación, pasó a estudiar el caso concreto y determinó que el fallo dio aplicación a lo dispuesto por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Civil en materia de valoración probatoria para acreditar el reconocimiento de hijos extramatrimoniales. En concreto, resaltó que en sentencia del 9 de diciembre de 2011, el máximo tribunal de la justicia ordinaria determinó que acorde con el artículo 777 del Código de Derecho Canónico de la época, “las partidas bautismales son utilizadas para acreditar filiación natural, en la formación de las mismas debe aparecer la firma de quien allí se señala como padre extramatrimonial del bautizado, porque la exigencia de esa formalidad se deduce sin esfuerzo de ese mismo ordenamiento” 12. Por ende, acatando dicha postura

9 Folios 385 a 392, Cuaderno No. 2. 10 Folio 408, Cuaderno Principal. 11 Rad. 13001-23-31-000-1997-12710-01, M.P. Enrique Gil Botero.

9 Folios 385 a 392, Cuaderno No. 2. 10 Folio 408, Cuaderno Principal. 11 Rad. 13001-23-31-000-1997-12710-01, M.P. Enrique Gil Botero. 12 Folio 411, Cuaderno Principal.Radicación: 13001-23-31-000-2010-00206-01 (59.604)

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jurisprudencial, la autoridad judicial cuestionada determinó que la señora Clovis Barrios de Chico no acreditó el vínculo filial de su abuelo con el causante, y por lo tanto, al no reputarse como heredera, carecía del derecho alegado.

II. EL RECURSO INTERPUESTO

Sustentación del recurso de apelación

21. Inconforme con la decisión anterior, la parte actora interpuso recurso de apelación a fin de que se revocara el fallo adoptado por el Tribunal Administrativo de Bolívar y se accediera a las pretensiones de la demanda.

22. Así, la demandante formuló cuatro cargos contra la referida decisión judicial, siendo el primero de ellos el que denominó “contener la sentencia graves errores de derecho por violación directa de la Ley, por falta de aplicación o desconocimiento de normas sustantivas, que estructura el error judicial”, consistente en que, el A quo, al analizar la argumentación esgrimida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena en fallo del 18 de abril de 2008, inaplicó las normas sustantivas que regulan el reconocimiento de hijos extramatrimoniales, esto es, los artículos 22 de

al analizar la argumentación esgrimida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena en fallo del 18 de abril de 2008, inaplicó las normas sustantivas que regulan el reconocimiento de hijos extramatrimoniales, esto es, los artículos 22 de la Ley 57 de 1887, 18 y 19 de la Ley 92 de 1938, 777 del Código Canónico de la época y 877 del actual Código Canónico.

23. Lo anterior, dado que avaló la interpretación normativa errónea efectuada por la autoridad judicial ordinari a demandada, consistente en que, aun cuando dichas normas no lo prevén expresamente, se le impuso la exigencia de que la partida de nacimiento de su abuelo, debía estar firmada por el señor Ramón Barrios, para tenerse por probado el reconocimiento de su pa ternidad, o que, dicha partida eclesiástica debía tener una nota firmada por su bisabuelo haciendo ese reconocimiento expreso o que se hubiere dictado sentencia judicial en dicho sentido.

24. Sobre el mismo cargo, resaltó que el Tribunal Administrativo de Bolívar aplicó una sentencia de la Corte Suprema de Justicia que no es precedente aplicable al caso concreto, pues versa sobre la legitimación ipso jure de los hijos concebidos, nacidos y reconocidos antes del matrimonio de sus padres y con posterioridad a la Ley 92 de 1938, desconociendo además que, la Corte Constitucional en sentencias T-584 de 1992 y T-501 de 2010, y la propia Corte Suprema de Justicia en sentencia del 24 de agosto de 20 01, Exp. 6396, determinaron que el artículo 777 del Código Canónico de la época no exigía la firma del padre para que se tuviera acreditado el reconocimiento de hijo extramatrimonial.

del 24 de agosto de 20 01, Exp. 6396, determinaron que el artículo 777 del Código Canónico de la época no exigía la firma del padre para que se tuviera acreditado el reconocimiento de hijo extramatrimonial.

25. A su turno, alegó que el juez contencioso administrativo desconoci ó y aplicó indebidamente los artículos 54, 55 y 56 de la Ley 153 de 1887, en los que se determinó que el reconocimiento de los hijos naturales podía hacerse por instrumento público entre vivos o por acto testamentario, por lo que,Radicación: 13001-23-31-000-2010-00206-01 (59.604)

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consecuentemente, no valoró que en el expediente reposan copias de las Escrituras Públicas 478 de 1898 y 27 de 1928.

26. La segunda y tercera acusación de la parte actora contra el Tribunal Administrativo de Bolívar, se fundamentaron en la comisión de presuntos errores de hecho a nte la indebida valoración probatoria efectuada, de cara a la partida eclesiástica de nacimiento del señor Benito Barrios, así como las Escrituras Públicas No. 478 de 1898 y 27 de 1928, en las que se acreditó el vínculo filial del abuelo de la actora con el causante, y el presunto desconocimiento de la tarifa legal probatoria respecto del estado civil de hijo, establecida en los artículos previamente referidos de las Leyes 57 y 153 de 1887.

27. Finalmente, los demandantes aseveraron que la sentencia del T ribunal

respecto del estado civil de hijo, establecida en los artículos previamente referidos de las Leyes 57 y 153 de 1887.

27. Finalmente, los demandantes aseveraron que la sentencia del T ribunal Administrativo de Bolívar era incongruente, pues no se abordó el estudio ni valoración legal y probatoria requerida para determinar si los instrumentos públicos o escrituras aportadas al proceso ordinario podían tenerse como un acto de reconocimiento de hijo natural del señor Benito Barrios por parte del causante y en consecuencia, estar demostrado el error judicial endilgado al juez ordinario.

28. El 2 de agosto de 2017 13, esta Corporación admitió el recurso interpuesto y el 22 de junio de 2021 co rrió traslado a las partes para presentar alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto14.

29. En esta oportunidad, los accionantes reiteraron el error judicial alegad o, pero añadieron que la Corte Constitucional en sentencia S U-573 de 2017, amparó el derecho fundamental al debido proceso de la señora Clovis Barrios y consecuentemente, revocó la sentencia del 18 de abril de 2008, proferida por la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, al considerar que incurrió en defectos procedimental absoluto por exceso ritual manifiesto, fáctico y sustantivo.

30. Por lo anterior, indicaron que, al haberse dejado en firme lo decidido por el Juzgado Séptimo de Familia de Cartagena, la parte actora recibirá la cuota parte de los bienes que por ley le corresponden en el trámite sucesoral, por lo que solicitaron

Juzgado Séptimo de Familia de Cartagena, la parte actora recibirá la cuota parte de los bienes que por ley le corresponden en el trámite sucesoral, por lo que solicitaron no reconocer el daño emergente pretendido inicialmente, sino el lucro cesante, estimados en valor de $118.825.042.949 causado desde el 18 de a bril de 2008 hasta el 30 de junio de 2015, fecha en la que se rindió la experticia para tal fin, junto con los perjuicios morales causados15.

13 Folio 488, Cuaderno Principal. 14 Folio 585, Cuaderno Principal. 15 Es de resaltar que, tal como consta a índice 44 del aplicativo SAMAI, la parte actora allegó como anexo a los alegatos de conclusión el Auto 090 de 2017 proferido por la Corte Constitucional, mediante el cual se declaró la nulidad de la sentencia T-401 de 2012, en la que inicialmente se había resuelto de forma negativa la acción de tutela impetrada por la señora Clovis Barrios de Chico contra la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia al proferir sentencia del 17 de junio de 2011, en la que decidió no casar la decisión adoptada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena en el proceso de petición de herencia.Radicación: 13001-23-31-000-2010-00206-01 (59.604)

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31. La Rama Judicial y el Ministerio Público guardaron silencio.

III. C O N S I D E R A C I O N E S

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31. La Rama Judicial y el Ministerio Público guardaron silencio.

III. C O N S I D E R A C I O N E S

32. No existiendo razones o motivos que conduzcan a la Sala a declarar una nulidad o a volver sobre la definición de su competencia, se procede a resolver el recurso de apelación ya indicado.

Cuestión previa

33. Antes de iniciar el estudio de fondo del asunto, la Sala considera importante aclarar que la presente decisión se adoptará teniendo en cuenta únicamente los documentos y pruebas debidamente allegadas a esta Corporación y que son suficientes para emitir un fallo de fondo en relación con el proceso de responsabilidad que nos ocupa. Lo anterior, ante la desatención reiterada del Tribunal Administrativo de Bolívar de ubicar y remitir la totalidad de cuadernos que hacen parte del expediente con Rad. 0618 -1998, correspondiente al proceso de petición de herencia iniciado por Clovis Barrios de Chico, sin perjuicio de las órdenes que se adoptarán a fin de que se adelanten las respectivas investigaciones disciplinarias correspondientes16.

Problema jurídico

34. Inicialmente, el debate jurídico apuntaba a verificar si era procedente la declaratoria de responsabilidad de la Nación – Rama Judicial-, por el supuesto error jurisdiccional en el que incurrió la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena en la sentencia del 18 de abril de 2008, proferida en el proceso de petición de herencia incoada por Clovis Barrios de Chico.

jurisdiccional en el que incurrió la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena en la sentencia del 18 de abril de 2008, proferida en el proceso de petición de herencia incoada por Clovis Barrios de Chico.

A su vez, aportó dictamen pericial en el que actualizó el valor del lucro cesante que debía reconocerse a los accionantes a la fecha de presentación de los alegatos de conclusión, contenido en un documento Excel cuya hoja de conclusiones refleja que, el perjuicio material por concepto de lucro cesante, incrementó su cuantía en un valor total de $216.728094.241, por la falta de acceso a los derechos herenciales sobre los bienes “La Isleta” y “Las Ánimas”. 16 Sobre el particular, recuérdese que, el 28 de abril de 2017, la parte actora presentó ante el Tribunal Administrativo de Bolívar, escrito en el que informó que, dando cumplimiento al requerimiento probatorio efectuado por dicha instancia judicial, consistente en la obtención de copias auténticas del proceso de petición de herencia, el Juzgado Séptimo de Familia de Cartagena, envió mediante oficios No. 007 y 498 de 26 de enero y 21 de marzo de 2012, el expediente original, del cual ahora no aparecían algunos cuadernos, por ende, solicitó ubicar los originales del proceso 0618 -1998, y autorizar expedir copia autenticada del mismo para su remisión al Consejo de Estado (Folios 445 a 446A, Cuaderno Principal). Luego, mediante auto del 18 de octubre de 2017 (Folio 490, Cuaderno Principal), este despacho requirió por primera vez al A quo para que certificara si devolvió el expediente de la petición de herencia de la señora

Luego, mediante auto del 18 de octubre de 2017 (Folio 490, Cuaderno Principal), este despacho requirió por primera vez al A quo para que certificara si devolvió el expediente de la petición de herencia de la señora Barrios de Chico ante el Juzgado Séptimo de Familia de Cartagena, y en caso de que no, se sirviera a ubicarlo, lo dejara a disposición de la parte demandante para que a su costa, se expidiera copia del mismo o de las piezas procesales que indique y luego, lo devolviera al juzgado de conocimiento y remitiera las copias al Consejo de Estado. Luego, mediante autos del 9 de abril (Folio 494, Cuaderno Principal) y 31 de octubre de 2018 (Expediente digital, ver índice 20 del aplicativo SAMAI), esta Corporación requirió al Tribunal Administrativo de Bolívar, por segunda y tercera vez, para que acatara lo o rdenado, sin obtener respuesta alguna por parte de la entidad judicial.Radicación: 13001-23-31-000-2010-00206-01 (59.604)

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35. No obstante esta circunstancia, la Sala debe considerar que artículo 305 del Código de Procedimiento Civil -actual 281 del Código General del Proceso -, preceptúa que toda sentencia debe ser dictada en consonancia con los hechos y pretensiones aducidos en la demanda, por lo que, el juez tiene la obligación de tener en cuenta “cualquier hecho modificativo o extintivo del derecho sustancial sobre el cual verse el litigio, ocurrido después de haberse propuesto la demanda, siempre

pretensiones aducidos en la demanda, por lo que, el juez tiene la obligación de tener en cuenta “cualquier hecho modificativo o extintivo del derecho sustancial sobre el c