CE - 012331000201000366011SENTENCIASENTENCIA20231101185717

____________________________________________________ Expediente: 66001-23-31-000-2010-00366-01 (59816)

Demandante: Rufino Santacoloma Villegas

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Magistrado Ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS

Bogotá, D.C., cuatro (04) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Radicado número: 66001-23-31-000-2010-00366-01 (59816).

Demandante: Rufino Santacoloma Villegas.

Demandados: La Nación – Ministerio de Transporte, Instituto Nacional de Vías (en adelante, Invías), Instituto Nacional de Concesiones (en adelante, Inco . Ahora, Agencia Nacional de Infraestructura), departamento de Risaralda, municipio de Dosquebradas y Autopistas del Café S.A.

Referencia: Acción de reparación directa.

Tema 1. Responsabilidad del Estado por el hecho del legislador – ocupación jurídica o limitación al derecho de propiedad privada . Subtema 1.1. Legitimación en la causa por activa – indebida representación. Subtema 1.2. Daño antijurídico – no acreditado.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra de la sentencia proferida el 2 de junio de 2017 por el Tribunal Administrativo de Risaralda, que negó las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS

Rufino Santacoloma Villegas demanda al Estado, porque considera que su derecho

de Risaralda, que negó las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS

Rufino Santacoloma Villegas demanda al Estado, porque considera que su derecho de propiedad sobre el inmueble denominado “Los Robles” y ubicado en el municipio Dosquebradas, resultó afectado con la expedición de la Ley 1228 de 2008, por el Legislador, y de los Decretos 4066 de 2008 y 3600 de 2007, por el Ministerio de Vivienda y Desarrollo Territorial, ya que en dichas normas se fijaron unas fajas de terreno de retiro obligatorio para determinados predios, las que fu eron declaradas de interés público.

II. ANTECEDENTES

2.1. La demanda

Rufino Santacoloma Villegas presentó demanda1, en ejercicio de la acción de reparación directa, con la pretensión de que esta Jurisdicción dicte sentencia de condena a cargo de la Nación – Ministerio de Transporte , Invías, Inco (Ahora, Agencia Nacional de Infraestructura ), departamento de Risaralda , municipio de Dosquebradas y la sociedad Autopistas del Café S.A., por el daño antijurídico que proviene de la afectación al predio de s u propiedad denominado “Los Robles” y ubicado en el municipio de Dosquebradas (Risaralda), como consecuencia de la Ley 1228 de 2008 (artículos 2°,3°,4°,6°,7° y 9°), expedida por el Congreso de la

1 Demanda. Folios 1 a 23, cuaderno 1.2

Expediente: 66001-23-31-000-2010-00366-01 (59816)

1 Demanda. Folios 1 a 23, cuaderno 1.2

Expediente: 66001-23-31-000-2010-00366-01 (59816)

Demandante: Rufino Santacoloma Villegas

República y de los Decretos números 3600 de 2007 (artículo 11), y 4066 de 2008 (artículo 4°), emitidos por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.

2.2. Trámite procesal relevante en primera instancia

Admitida la demanda2, notificado el auto admisorio 3, y corridos los traslados que ordena la ley, el Inco presentó contestación de la demanda 4. Propuso como excepciones: i) “Ilegitimidad de personería adjetiva e inepta demanda”, toda vez que no está acreditada la afectación derivada de la aplicación de la Ley 1228 de 2008; ii) “Falta de legitimidad material por pasiva”, porque no hay una relación entre sus actuaciones y los hechos descritos en la demanda; iii) “Equivocada escogencia de la acción y jurisdicción para reclamar los supuestos daños. Excepción de inconstitucionalidad” y “[d]ar a la demanda el trámite de un proceso diferente al que corresponde”, comoquiera que el me dio judicial procedente para resolver esta controversia era la acción pública de inconstitucionalidad; iv) “Imposibilidad de calcular indemnizaciones no contempladas en la ley por hechos futuros o eventuales. Daño no consolidado”, debido a que el actor no probó la existencia de un daño antijurídico; v) “Primacía del interés general sobre el particular”, en el sentido de advertir que la Ley 1228 de 2008 no desconoce la propiedad privada,

eventuales. Daño no consolidado”, debido a que el actor no probó la existencia de un daño antijurídico; v) “Primacía del interés general sobre el particular”, en el sentido de advertir que la Ley 1228 de 2008 no desconoce la propiedad privada, pero si se sustenta en una postura en la que los intereses particulares deben ceder al interés general; vi) “Transpolación de la Ley 1228 de 2008 por parte del accionante”, bajo la consideración de que es necesario entender que una declaración de interés público no se surte en favor de unas determinadas personas; e vii) “Inexistencia de la obligación”, por cuanto hay ausencia de elementos de juicio para establecer una obligación pecuniaria a cargo de aquella demandada.

La Nación – Ministerio de Transporte también contestó la demanda5. Se opuso a las pretensiones del señor Santacoloma Villegas y propuso como excepciones: i) “Falta de legitimación en la causa por pasiva”, toda vez que el daño invocado por el actor no le es imputable, por no ser un sujeto de la relación sustancial que dio origen al proceso; ii) “Falta de responsabilidad del ente demandado”, ya que al aludido ministerio no le asiste la función de construir, mantener o señalizar vías terrestres; iii) “Inexistencia de solidaridad del Ministerio de Transporte”, para efectos de aclarar que sus atribu ciones legales y constitucionales son distintas a las de las demás demandadas; iv) “Inexistencia del daño o perjuicio”, toda vez que no hay certeza de un daño sufrido en la propiedad del demandante; y v) “Excepción genérica”, en el evento en que se encuentre configurada cualquier otra excepción.

demandadas; iv) “Inexistencia del daño o perjuicio”, toda vez que no hay certeza de un daño sufrido en la propiedad del demandante; y v) “Excepción genérica”, en el evento en que se encuentre configurada cualquier otra excepción.

A su turno, el Invías6 se opuso a las súplicas del demandante y propuso como excepciones, i) la “falta de legitimación en la causa por pasiva ”, al advertir que el predio “Los Robles” no se encuentra a su cargo, sino al Inco, según el artículo 1 y 2 del Decreto 1800 de 2003; y ii) las demás que resultaran probadas en el proceso. También sostuvo que el cumplimiento de los preceptos contenidos en la Ley 1228 de 2008 no trae consigo la configuración de una falla en el s ervicio o de un daño antijurídico. Agregó que en este caso el interés general debe ceder frente al particular.

El departamento de Risaralda también contestó la demanda 7. Propuso como excepciones: i) “Inexistencia del daño especial por la expedición del Decreto 1228

2 Auto admisorio de la demanda. Folios 58 a 60, cuaderno 1. 3 Diligencias de notificación. Folios 65 a 74, cuaderno 1. 4 Contestación de la demanda del Inco. Folios 75 a 81, cuaderno 1. 5 Contestación de la demanda de la Nación – Ministerio de Transporte. Folios 91 a 101, cuaderno 1. 6 Contestación de la demanda del Invías. Folios 110 a 120, cuaderno 1. 7 Contestación de la demanda del departamento de Risaralda. Folios 143 a 164, cuaderno 1.3

6 Contestación de la demanda del Invías. Folios 110 a 120, cuaderno 1. 7 Contestación de la demanda del departamento de Risaralda. Folios 143 a 164, cuaderno 1.3

Expediente: 66001-23-31-000-2010-00366-01 (59816)

Demandante: Rufino Santacoloma Villegas

de 2008, Decreto 4066 de 2008”, en el sentido de indicar que las mencionadas normas no rompen el equilibro de las cargas públicas que les comprende asumir a todos los miembros de la comunidad ; ii) “Falta de legitimación por pasiva”, por cuanto a quien le es imputable el daño es al Inco; e iii) “Indebida escogencia de la acción” y “Dar a la demanda el trámite de un proceso diferente al que corresponde”, toda vez que al demandante, según el caso , le correspondía promover la acción pública de inconstitucionalidad o de nulidad por inconstitucionalidad.

La parte demandante presentó escrito de reforma a la demanda8.

Autopistas del Café S.A. presentó escrito de contestación de la demanda 9.

Propuso estas excepciones: i) “Falta de legitimación en la causa por pasiva”, “inexistencia de actuación antijuridica de Autopsitas del Café S.A.”, “inexistencia de falla en el servicio” e “inexistencia de nexo causal entre los actos de Autopistas del Café S.A. y los daños alegados”, con el objeto de aseverar que carece de facultades dirigidas a declarar como utilidad pública ciertos bienes o emitir ofertas de compra; y, además, que el proyecto vial , que para ese momento se encuentra bajo su

Café S.A. y los daños alegados”, con el objeto de aseverar que carece de facultades dirigidas a declarar como utilidad pública ciertos bienes o emitir ofertas de compra; y, además, que el proyecto vial , que para ese momento se encuentra bajo su construcción, no requiere de la intervención al inmueble de propiedad del actor ; ii) “Caducidad de la acción y prescripción”, al tener en cuenta que el plazo para presentar la demanda comenzó a correr desde el día en que fue publicada la Ley 1228 de 2008; iii) “Inepta demanda por falta de requisitos formales” y “ [f]alta de causa petendi”, en la medida en que el demandante pretende el resarcimiento de un daño que no ocasionó y sobre un bien que no está identificado en debida forma; iv) “El demandante debió haber acudido a la acción de inconstitucionalidad”; v) “Improcedencia de indemnizaciones y sus cálculos, frente a ellos inciertos”, puesto que la acción de reparación directa no procede frente a hechos futuros e inciertos, y en este caso, el predio “Los Robles” no ha sido ocupado ni declarado de utilidad pública; vi) “Primacía del interés general sobre el particular”; e vii) “Inexistencia de obligación”, por cuanto no hay justificación para imponer una condena en su contra.

El municipio de Dosquebradas contestó la deman da10. Invocó estas excepciones: i) “Inobservancia del requisito de procedibilidad”, en el sentido de sostener que la mencionada exigencia no se satisfizo; ii) “Falta de causa en las pretensiones” e “Inexistencia de nexo causal”, ya que el municipio no ha causado un daño al actor, y el predio al que se hace referencia en la demanda no ha sido

pretensiones” e “Inexistencia de nexo causal”, ya que el municipio no ha causado un daño al actor, y el predio al que se hace referencia en la demanda no ha sido declarado de interés público; iii) “Falta de legitimación en la causa por pasiva”, con el objeto de protestas que no ha tenido injerencia en los hechos que expone el accionante; y iv) “Excepción genérica”, respecto de cualquier otro medio exceptivo que esté acreditado en el proceso.

El Tribunal admitió el escrito de reforma a la demanda presentado por el actor11; y, en providencia posterior, ordenó la vinculación de la Agencia Nacional de Infraestructura (en adelante, la ANI), por el hecho de que el Decreto 4165 de 2011 haya cambiado la denominación del INCO por el de la “ANI”.

Agotado el periodo de pruebas 12, el Tribunal corrió traslado a las partes para que alegaran de conclusión y al Ministerio Público para que emitiera concepto de la controversia13. Así lo hizo el demandante 14, el departamento de Risaralda 15, la

8 Escrito de reforma a la demanda. Folios 212 a 226, cuaderno 2. 9 Contestación de la demanda de Autopistas del Café S.A. Folios 253 a 283, cuaderno 2. 10 Contestación de la demanda del municipio de Dosquebradas. Folios 339 a 351, cuaderno 2. 11 Auto que admitió la reforma a la demanda. Folios 376 y 377, cuaderno 2. 12 Auto de apertura de la etapa de pruebas. Folios 475 a 481, cuaderno 3. 13 Auto que corrió traslado para alegar de conclusión en primera instancia. Folio 785, cuaderno 4.

12 Auto de apertura de la etapa de pruebas. Folios 475 a 481, cuaderno 3. 13 Auto que corrió traslado para alegar de conclusión en primera instancia. Folio 785, cuaderno 4. 14 Alegatos de conclusión del demandante. Folios 786 a 792, cuaderno 4. 15 Alegatos de conclusión del departamento de Risaralda. Folios 793 796, cuaderno 4.4

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Demandante: Rufino Santacoloma Villegas

Agencia Nacional de Infraestructura 16, la Nación – Ministerio de Transporte 17, Autopista del Café S.A.18 y el municipio de Dosquebradas19, mientras que el Invías y el Ministerio Público guardaron silencio20.

2.3. La sentencia recurrida

El Tribunal Administrativo de Risaralda profirió sentencia el 2 de junio de 201721, en la que negó las pretensiones de la demanda . Antes de adoptar la anterior decisión, e l Tribunal determinó que la acción de reparación directa era el mecanismo judicial procedente para responder a las súplicas de la parte actora, por tratarse de una controversia relacionada con la responsabilidad del Estado por el hecho del legislador. Luego, encontró que las excepciones propuestas por las demandadas, y relacionadas con la falta de legitimación en la causa por pasiva, no tenían la vocación de prosperar, debido a que no tenían la connotación propia de constituirse como un medio exceptivo, en la medida en que lo que se busca con ellas es controvertir la pretensión de responsabilidad que a los demandados se les endilga, y esto solo es posible verificarlo en el caso de proferir una de sentencia de

de constituirse como un medio exceptivo, en la medida en que lo que se busca con ellas es controvertir la pretensión de responsabilidad que a los demandados se les endilga, y esto solo es posible verificarlo en el caso de proferir una de sentencia de condena. Posteriormente, consideró que en este caso el ejercicio de la acción fue oportuno, al tener en cuenta que el plazo legal para presentar la demanda comenzó a correr a partir de la expedición del Decreto 4666 por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, que tuvo lugar el 24 de octubre de 2008; y que el demandante radicó la solicitud de conciliación el 11 de octubre de 201022 y presentó la demanda el día siguiente 23. Luego, encontró que la parte demandante agotó debidamente el requisito de procedibilidad de conciliación extrajudicial ante el Ministerio Público.

Ahora bien, como sustento de la decisión de fondo, el fallador de primera instancia coligió que el daño objeto de las pretensiones indemnizatorias de la demanda no revestía las características de antijurídico, cierto y concreto, con base en estas razones: i) El informe de la Interventoría Consorcio Vial, incorporado al proceso, revela que el menoscabo invocado por la parte actora es de carácter hipotético y eventual . ii) En relación con la afectación del derecho de propiedad privada, por cuenta de la Ley 1228 de 2008 y los Decreto 4006 de 2008 y 3600 de 2007, no hay “un exceso en los limites jurídicos que garantizan los derechos e imponen obligaciones exigibles a todas las personas que viven en determinada sociedad”24. iii) En las franjas , que el actor considera han sido afectada por la

2007, no hay “un exceso en los limites jurídicos que garantizan los derechos e imponen obligaciones exigibles a todas las personas que viven en determinada sociedad”24. iii) En las franjas , que el actor considera han sido afectada por la menciona regulación, no ha ocurrido alguna construcción, ampliación o algún tipo de modificación vial. iv) En el plenario no se encuentra un medio de convicción que revele la realización de un proyecto puntual o un acto de disposición derecho de propiedad sobre el inmueble del actor, “que n o pudiera cumplirse en virtud de la actuación legitima de la administración” 25. v) No existe un medio de prueba que advierta algún acto de arbitrariedad cometido por el Estado , y que implique la limitación del uso y goce del derecho de dominio del señor Santacoloma Villegas. vi) A pesar de la prevalencia de la utilidad pública frente al interés particular, en este

16 Alegatos de conclusión de la ANI. Folios 798 a 804, cuaderno 4. 17 Alegatos de conclusión de la Nación – Ministerio de Transporte. Folios 812 a 820, cuaderno 4. 18 Alegatos de conclusión de Autopistas del Café S.A. Folios 828 a 836, cuaderno 4. 19 Alegatos de conclusión del municipio de Dosquebradas. Folios 838 a 841, cuaderno 4. 20 Constancia secretarial. Folio 842, cuaderno 4. 21 Sentencia de primera instancia. Folios 843 a 859, cuaderno principal. 22 “(…) en tanto la solicitud de conciliación prejudicial que dio lugar a esta acción data del 11 de octubre de 2010 (…)”. Ibid. Folio 852, cuaderno 1.

21 Sentencia de primera instancia. Folios 843 a 859, cuaderno principal. 22 “(…) en tanto la solicitud de conciliación prejudicial que dio lugar a esta acción data del 11 de octubre de 2010 (…)”. Ibid. Folio 852, cuaderno 1. 23 “Como la demanda fue instaurada el 12 de octubre de 2010 (Fl. 56 del Cdno 1), se concluye que la acción se propuso dentro del término previsto por la ley”. (Negrilla en el texto). Ibid. Folio 852 (anverso), cuaderno 1. 24 Ibid. Folio 858 (anverso), cuaderno 1. 25 Ibid.5

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caso no hay prueba siquiera sumaria de que el predio “Los Robles” cuente con algún perjuicio generado por el legislador.

2.4. El recurso de apelación

La parte actora expone los siguientes cargos en contra del fallo de primera instancia26:

2.4.1. El Tribunal desconoció el precedente, advertido en la etapa de alegatos de conclusión, y contenido en la sentencia del 11 de agosto de 2001 proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado (exp. 18161), en el que, en una controversia similar a la que es objeto de estudio, se concluyó la existencia de una ocupación jurídica del bien.

2.4.2. La expedición de la Ley 1228 de 2008 y de los Decreto s números 3600 de 2007 y 4066 de 2008 configuró un daño antijurídico que no estaba en condiciones

de una ocupación jurídica del bien.

2.4.2. La expedición de la Ley 1228 de 2008 y de los Decreto s números 3600 de 2007 y 4066 de 2008 configuró un daño antijurídico que no estaba en condiciones de soportar la parte actora, toda vez que se generó un desequilibrio frente a las cargas públicas.

2.4.3. En el marco de la responsabilidad del Estado por el hecho del legislador, las anteriores normas ocasionaron una ocupación jurídica a los inmuebles de propiedad del accionante. El Tribunal omitió algún pronunciamiento relacionado con lo anterior.

2.4.4. La prohibición de obtener licencias urbanísticas para ejecutar proyectos sobre las áreas indicadas en la Ley 1228 de 2008, exige que, después de la entrada en vigencia de la aludida ley, el propietario de un inmueble tenga que “realizar gastos ingentes tendientes a obtener licencia de urbani smo, para que finalmente le sean negadas por la aplicación de la norma”27.

2.4.5. En este caso existen tres elementos que permiten encontrar acreditada la ocupación jurídica y, por ende, responsable al Estado. Un elemento temporal, en el sentido de advertir que la ocupación de los predios de la parte demandante inició el 16 de julio de 2018 y, hasta el momento de la sentencia de primera instancia, no había cesado, dada la vigencia que mantienen la Ley 1228 de 2008 y los Decreto s números 3600 de 2007 y 4066 de 2008. Un elemento subjetivo, que consiste en comprender que las mencionadas normas tienen unos destinatarios específicos (los propietarios de los predios o las entidades de derecho público que “en cuyo favor

números 3600 de 2007 y 4066 de 2008. Un elemento subjetivo, que consiste en comprender que las mencionadas normas tienen unos destinatarios específicos (los propietarios de los predios o las entidades de derecho público que “en cuyo favor se ha impuesto la afectación” 28). Finalmente, un elemento objetivo, que parte del hecho en el que las mencionadas normas establecen unas restricciones urbanísticas.

2.4.6. La demanda no plantea una discusión relacionada con la presentación o no de ofertas con miras a la adquisición de bienes inmuebles que sean de propiedad del señor Santacoloma Villegas, o con la realización de proyectos relacionados con la ampliación de las vías actuales o la construcción de carreteras. El supuesto que originó este proceso fue “la afectación de franjas de terreno y su consecuencia declaratoria de bien de interés público”29.

2.4.7. La Ley 1228 de 2008 declaró de interés público las áreas de los terrenos que se encuentren en los supuestos establecidos en la norma y prohibió expresamente realizar actuaciones urbanísticas sobre aquellos inmuebles. Lo anterior implica que

26 Recurso de apelación. Folios 861 a 867, cuaderno principal. 27 Ibid. Folio 862, cuaderno principal. 28 Ibid. Folio 866, cuaderno principal. 29 Ibid. Folio 867, cuaderno principal.6

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Demandante: Rufino Santacoloma Villegas

el daño invocado en la demanda es cierto y directo, ya que la aludida norma causó directamente una afectación al derecho de propiedad del actor, sin que sea

Demandante: Rufino Santacoloma Villegas

el daño invocado en la demanda es cierto y directo, ya que la aludida norma causó directamente una afectación al derecho de propiedad del actor, sin que sea necesario para la configuración de aquel menoscabo, la presencia de algún proyecto de infraestructura o de ampliación vial en el predio “Los Robles”30.

2.5. Trámite relevante en segunda instancia

Esta Corporación, el 28 de febrero de 2018 31, admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante; y, en providencia posterior, corrió traslado a las partes para que alegaran de conclusión y al Ministerio Público para que emitiera concepto de la controversia32.

El departamento de Risaralda presentó sus alegatos de conclusión33. Indicó que la Ley 1228 de 2008 sí plantea un sistema de indemnizaciones para los propietarios de los predios en los cuales se vayan a adelantar obras de ampliación vial o construcción de carreteras, y que, además, establece un régimen de transición “en los eventos que, a la fecha de entrada en vigencia de la norma, se hayan expedido licencias urbanísticas” 34. Por otro lado , precisó que el actor no demostró una limitación a su derecho de dominio y que, entonces, la fundamentación de la demanda pa rte de un daño eventual o hipotético. Luego, hizo alusión al fallo proferido el 19 de enero de 2017 por el Tribunal Administrativo de Risaralda (radicado F-0577-2015), en el que, por circunstancias similares al caso objeto de estudio, declaró la falta de a creditación del daño especial. Finalmente, reiteró su

(radicado F-0577-2015), en el que, por circunstancias similares al caso objeto de estudio, declaró la falta de a creditación del daño especial. Finalmente, reiteró su falta de legitimación en la causa por pasiva, toda vez que los hechos descritos en la demanda son ajenos a sus actuaciones.

Autopistas del Café S.A., en sus alegaciones finales35, sostuvo que en este caso no estaba probada la existencia de un daño sufrido por el demandante, con sustento en estos motivos: i) la autoridad no ha declarado de interés público el predio del señor Santacoloma Villegas; ii) si hubiera ocurrido una limitación a los derecho del accionante, la Ley 1228 de 2008 establece una indemnización a favor de aquel; y iii) no ha ocurrido alguna intervención al inmueble del actor, por lo que todo se reduce a un daño eventual. También adujo que la afectación a predio s, ordenada en la Ley 1228 de 2008, es legitima por anteponer el interés público sobre el particular. Afirmó que el proyecto vial denominado “Armenia, - Pereira – Manizales”, que está desarrollando con la ANI, no interviene el predio del accionante, y que tampoco hay propuesta futuros en ese sentido. Añadió que el ente societario no está facultado para declarar la utilidad pública sobre un predio, ni adquirir inmuebles que sean de propiedad del actor.

Las demás demandadas, la parte actora y el Ministerio Público guardaron silencio36.

III. PROBLEMAS JURÍDICOS

30 “Es claro que el daño para estos propietarios si es DIRECTO Y CIERTO, ya que la norma no supeditó la

silencio36.

III. PROBLEMAS JURÍDICOS

30 “Es claro que el daño para estos propietarios si es DIRECTO Y CIERTO, ya que la norma no supeditó la afectación a la existencia de proyectos de ampliación, cambios de categoría etc…”. Folio 867, cuaderno principal. 31 Auto admisorio del recurso de apelación. Folio 876, cuaderno principal. 32 Auto que corrió traslado para alegar de conclusión en segunda instancia. Folio 878, cuaderno principal. 33 Alegatos de conclusión del departamento de Risaralda. Folios 880 a 887, cuaderno principal. 34 Ibid. Folio 883, cuaderno principal. 35 Alegatos de conclusión de Autopistas del café S.A. Folios 888 a 894, cuaderno principal. 36 Constancia secretarial. Folio 895, cuaderno principal.7

Expediente: 66001-23-31-000-2010-00366-01 (59816)

Demandante: Rufino Santacoloma Villegas

3.1. De acuerdo con el artículo 320 del Código General del Proceso (“CGP”) — aplicable en esta instancia conforme al artículo 40 de la Ley 153 de 1887 37-38— el “recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión ”. En razón a ello, la competencia funcional de la Sala, como juzgador de segunda instancia, se limita a “pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley ”, como lo

funcional de la Sala, como juzgador de segunda instancia, se limita a “pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley ”, como lo establece el artículo 328 del CGP.

Al punto, recuerda la Sala que, de acuerdo con l a jurisprudencia unificada de esta Sección, el juzgador tiene la potestad de “pronunciarse oficiosamente sobre todas aquellas cuestiones que sean necesarias para proferir una decisión de mérito, tales como la caducidad, la falta de legitimación en la causa y la indebida escogencia de la acción, aunque no hubieran sido propuestos por el apelante como fundamentos de su inconformidad con la providencia censurada”39.

3.2. Con fundamento en lo anterior, y en atención a los cargos formulados en el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, la Sala resolverá el siguiente problema jurídico:

¿Rufino Santacoloma Villegas demostró, como daño antijurídico objeto de sus pretensiones indemnizatorias, que la Ley 1228 de 2008 expedida por el Congreso de la República y los Decretos números 3600 del 20 de septiembre de 2007 y 4066 del 24 de octubre de 2008, emitidos por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, afectaron el derecho de dominio que tiene sobre el predio conocido como “Los Robles” y ubicado en el municipio de Dosquebradas?

3.3. En el evento de que la respuesta al anterior problema jurídico sea afirmativa, la Subsección analizará este interrogante: ¿el daño antijurídico causado a la parte

3.3. En el evento de que la respuesta al anterior problema jurídico sea afirmativa, la Subsección analizará este interrogante: ¿el daño antijurídico causado a la parte actora es imputable a los demandados?

3.4. Si se encuentran satisfechos los presupuestos para declarar la responsabilidad del Estado, corresponderá analizar los perjuicios deprecados en la demanda, con fundamento en las reglas que la jurisprudencia de la Corporación tenga establecidas en esa materia.

IV. CONSIDERACIONES

4.1. Sobre los presupuestos de la sentencia de mérito

4.1.1. La Sala es competente para desatar el recurso de apelación formulado por la parte demandante contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, en proceso con vocación de segunda instancia por razón de la cuantía40.

37 “Artículo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. || Sin embargo, los recursos interpuestos , la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos , se dec retaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones. […]”. (subrayado fuera del texto original). 38 Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto de unificación del 25 de junio de

notificaciones. […]”. (subrayado fuera del texto original). 38 Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto de unificación del 25 de junio de 2014, exp. 25000-23-36-000-2012-00395-01(IJ). 39 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia de unificación del 6 de abril de 2018, exp. 46005. 40 La pretensión mayor, correspondiente a la indemnización por perjuicios materiales a favor de la actora, se estimó en $522.788.666, monto que supera la cuantía requerida en 2010, año de presentación de la demanda,8

Expediente: 66001-23-31-000-2010-00366-01 (59816)

Demandante: Rufino Santacoloma Villegas

4.1.2. En relación con el ejercicio oportuno de la acción, el artículo 136, numeral 8º, del Código Contencioso Administrativo establece que la parte interesada en promover pretensiones en sede de reparación directa, debe hacerlo dentro de los dos años siguientes al acaecimiento de la “omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquier otra causa”.

En el caso objeto de estudio, el actor pretende la reparación del daño antijurídico que habría sufrido como consecuencia de la expedición de las siguientes no