CE - 012331000201000446021SENTENCIA20230302161914

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá D.C., diecisiete (17) de febrero dos mil veintitrés (2023)

Radicación número: 23001-23-31-000-2010-00446-02 (59259)

Actor: MARY ISABEL ARROYO ACEVEDO Y OTROS

Demandado: NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL

Referencia: APELACIÓN SENTENCIA - ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

Temas: MUERTE DE PERSONA POR PARTE DE INTEGRANTE DEL EJÉRCITO NACIONAL / RESPONSABILIDAD OBJETIVA POR RIESGO EXCEPCIONAL - se probó que la muerte de la víctima se produjo por arma de dotación oficial, durante una operación militar, pero no que aquella hubiera disparado el arma de fuego encontrada en el lugar de los hechos - No se acreditó que la víctima perteneciera a algún grupo armado ilegal, como se reportó en los informes oficiales sin sustento probatorio alguno.

Procede la Sala a resolver los recurso s de apelación interpuestos por las partes contra la sentencia proferida el 24 de noviembre de 2016, por el Tribunal Administrativo de Córdoba, mediante la cual accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

El 1 de diciembre de 2008, en la vereda Río Verde del municipio de Puerto Libertador, Córdoba, un integrante del Batallón de Infantería No. 31 “Rifles” le

I. SÍNTESIS DEL CASO

El 1 de diciembre de 2008, en la vereda Río Verde del municipio de Puerto Libertador, Córdoba, un integrante del Batallón de Infantería No. 31 “Rifles” le disparó varias veces al señor Cristian Camilo Hernández Arroyo, a quien se presentó en los informes oficiales como un g uerrillero dado de baja durante un combate.

La parte demandante sostuvo que le asistía responsabilidad al Ejército Nacional, porque uno de sus integrantes accionó su arma de dotación oficial en contra de una persona que no representaba ninguna clase de p eligro, en consideración a que el señor Cristian Camilo Hernández Arroyo no le disparó al uniformado, ni pertenecía a un grupo armado ilegal; sin embargo, fue asesinado en un supuesto combate que nunca existió. La entidad demandada alegó que el militar actuó en legítima defensa2

Radicación número: 23001-23-31-000-2010-00446-02 (59259)

Actor: Mary Isabel Arroyo Acevedo y otros Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional Referencia: Apelación Sentencia - Acción de reparación directa

ante la agresión inminente de que fue objeto, lo cual configuraba la causal eximente de responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima.

II. A N T E C E D E N T E S

1. La demanda

En escrito presentado el 3 de septiembre de 2010 (fls. 1 a 23 c. 1), los señores Mary Isabel Arroyo Acevedo, quien actúa en nombre propio y en representación de sus hijos menores de edad María Camila Martínez Arroyo y José Fernando Martínez

Isabel Arroyo Acevedo, quien actúa en nombre propio y en representación de sus hijos menores de edad María Camila Martínez Arroyo y José Fernando Martínez Arroyo, Rafael Enrique Hernández Vanegas, Linda Yoenys Hernández Osorio, Kelly Johana Hernández Osorio, Beatriz Elena Hernández Osorio, Kenia Yesmit Hernández Osorio, Ferney David Martínez Arroyo, Luis Eduardo Nassif Arroyo, Gabriel Arcángel Hernández Castillo y Felerdin a Rosa Acevedo Pertuz, por conducto de apoderado judicial (fls. 25 a 36 c. 1), interpusieron demanda en ejercicio de la acción de reparación directa contra la Nación -Ministerio de Defensa-Ejército Nacional, con el fin de que se le declarara patrimonialment e responsable por la muerte del señor Cristian Camilo Hernández Arroyo, ocurrida el 1 de diciembre de 2008, en la vereda “Río Verde” del municipio de Puerto Libertador - Córdoba, cuando un integrante del Batallón de Infantería No. 31 “Rifles” accionó en su contra y de manera injustificada su arma de dotación oficial.

Como consecuencia de la anterior declaración, solicitaron que se reconocieran las siguientes indemnizaciones:

1. Por concepto de perjuicios morales

Se solicitó en la demanda una suma equ ivalente a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes, para cada uno de los padres de la víctima, y ciento setenta (170) salarios mínimos legales mensuales vigentes, para cada uno de los hermanos de la víctima, por tratarse de una grave v iolación a los Derechos Humanos -“ejecución extrajudicial”-.

2.- “Daño a la vida de relación”

de los hermanos de la víctima, por tratarse de una grave v iolación a los Derechos Humanos -“ejecución extrajudicial”-.

2.- “Daño a la vida de relación”

Se reclamó una suma equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes, para cada uno de los padres de la víctima, por la alteración que en su entorno social, laboral y familiar produjo la muerte del señor Cristian Camilo Hernández Arroyo.3

Radicación número: 23001-23-31-000-2010-00446-02 (59259)

Actor: Mary Isabel Arroyo Acevedo y otros Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional Referencia: Apelación Sentencia - Acción de reparación directa

3.- Por concepto de perjuicios materiales

Lucro cesante

Se requirió a favor de los señores Mary Isabel Arroyo Acevedo y Rafael Enrique Hernández Vanegas la suma de $34’513.784, para cada uno, correspondiente a las sumas dejadas de percibir a raíz de la ayuda económica que el señor Cristian Camilo Hernández Arroyo les suministraba.

Como fundamento fáctico de la demanda se narró, en síntesis, lo siguiente:

El 1 de diciembre de 2008, el señor Cristian Camilo Hernánd ez Arroyo se encontraba departiendo con unos amigos en un billar ubicado en la vereda Río Verde del municipio de Puerto Libertador, al que arribaron los integrantes del Ejército Nacional.

En ese lugar se presentó una discusión entre el señor Cristian Cami lo Hernández Arroyo y uno de los soldados pertenecientes al Batallón de Infantería No. 31 del

Ejército Nacional.

En ese lugar se presentó una discusión entre el señor Cristian Cami lo Hernández Arroyo y uno de los soldados pertenecientes al Batallón de Infantería No. 31 del Ejército Nacional, quien lo sacó del establecimiento de comercio y de manera injustificada le disparó, ocasionándole la muerte de manera inmediata.

Posteriormente, los militares vistieron al señor Hernández Arroyo con un uniforme camuflado y en los informes oficiales reportaron que se trataba de un guerrillero dado de baja en combate. Según la demanda, en el presente caso le asistía responsabilidad a la entidad demandada, porque el señor Cristian Camilo Hernández Arroyo no pertenecía a un grupo armado ilegal; sin embargo, fue asesinado en estado de indefensión en un supuesto combate que nunca existió, lo cual constituía una evidente ejecución extrajudicial. 2.- El trámite en primera instancia

La demanda fue admitida por el Tribunal Administrativo de Córdoba, mediante providencia del 16 de noviembre de 2010, que se notificó en debida forma a la entidad demandada y al Ministerio Público (fl. 71 c. 1).

El Ejército Nacional controvirtió los fundamentos de la demanda, porque en el presente caso se encontraba demostrada la muerte del señor Cristian Camilo Hernández Arroyo por parte de efectivos del Batallón de Infantería No. 31, pero no4

Radicación número: 23001-23-31-000-2010-00446-02 (59259)

Actor: Mary Isabel Arroyo Acevedo y otros

Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional

Radicación número: 23001-23-31-000-2010-00446-02 (59259)

Actor: Mary Isabel Arroyo Acevedo y otros Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional Referencia: Apelación Sentencia - Acción de reparación directa

una conducta ilícita o irregula r que pudiera generar o comprometer su responsabilidad (fls. 77 a 85 c. 1).

El 10 de marzo de 2010, el tribunal de primera instancia abrió el proceso a pruebas y, mediante auto del 13 de agosto de 2014, dio traslado a las partes y al Ministerio Público para que presentaran alegatos de conclusión y concepto, respectivamente (fls. 92 a 108 c. 1; 861 c. 2).

En esta oportunidad, la parte demandante manifestó que la responsabilidad de la entidad demandada se encontraba acreditada, no solo en virtud del uso injustificado de las armas de dotación oficial por parte de sus agentes, sino también en razón de los actos posteriores a la muerte del señor Cristian Camilo Hernández Arroyo, por medio de los cuales pretendieron encubrir su asesinato, haciéndolo pasar por integrante de un grupo al margen de la ley abatido en combate (fls. 863 a 877 c. 2).

Por su parte, el Ejército Nacional expresó que en el caso concreto no estaba demostrada la acción u omisión en que aparentemente incurrió algún miembro de la institución para poder endilgarle responsabilidad, teniendo en cuenta que no se aportaron sentencias penales o disciplinarias definitivas sobre su participación en los hechos materia de controversia (fls. 878 a 881 c. 2).

3. La sentencia de primera instancia

aportaron sentencias penales o disciplinarias definitivas sobre su participación en los hechos materia de controversia (fls. 878 a 881 c. 2).

3. La sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 24 de noviembre de 2016, el Tribunal Administrativo de Córdoba accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. La parte resolutiva de la providencia es del siguiente tenor: Primera: Declarar probada de oficio la excepción de falta de legitimación en la causa por activa de la joven María Camila Martínez Arroyo, de conformidad con la motivación.

Segunda: Declarar administrativa y extracontractualmente responsable a la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional, por la muerte del joven Cristian Hernández Arroyo, en hechos ocurridos el 1 de diciembre de 2008, en la vereda Río Verde del municipio de Puerto Libertador, de conformidad con la motivación.

Tercera: Condenar a la Nación -Ministerio de Defensa -Ejército Nacional, a pagar a cada uno de los demandantes, las siguientes sumas de dinero:

1.- Por daño moral, las siguientes sumas de dinero expresadas en salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la ejecutoria de la

sentencia:

Rafael Enrique Hernández Vanegas, padre, 100 s.m.l.m.v. Mary Isabel Arroyo Acevedo, madre, 100 s.m.l.m.v. Gabriel Arcángel Hernández Castillo, abuelo, 50 s.m.l.m.v. Felerdina Rosa Acevedo Pertuz, abuela, 50 s.m.l.m.v.5

Radicación número: 23001-23-31-000-2010-00446-02 (59259)

Felerdina Rosa Acevedo Pertuz, abuela, 50 s.m.l.m.v.5

Radicación número: 23001-23-31-000-2010-00446-02 (59259)

Actor: Mary Isabel Arroyo Acevedo y otros Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional Referencia: Apelación Sentencia - Acción de reparación directa

Linda Hernández Osorio, hermana, 50 s.m.l.m.v. Kelly Johana Hernández Osorio, hermana, 50 s.m.l.m.v. Beatriz Elena Hernández Osorio, hermana, 50 s.m.l.m.v. Kenia Yesmit Hernández Osorio, hermana, 50 s.m.l.m.v. José Fernando Martínez Arroyo, hermano, 50 s.m.l.m.v. Ferney David Martínez Arroyo, hermano, 50 s.m.l.m.v. Luis Eduardo Nassif Arroyo, hermano, 50 s.m.l.m.v.

2.- Perjuicios materiales

Lucro cesante para la señora Mary Isabel Arroyo Acevedo, la suma de $9’301.072 y para el señor Rafael Enrique Hernández Vanegas, la suma de $9’301.702.

Cuarto: Cumplir lo dispuesto en esta providencia, en los términos establecidos en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

Quinto: Negar las demás pretensiones de la demanda, de conformidad con la motivación.

Después de realizar la correspondiente valoración probatoria, el a quo argumentó que no se encontraba demostrado que el señor Cristian Camilo Hernández Arroyo hubiera sido asesinado y vestido de camuflado para reportarlo como un guerrillero

Después de realizar la correspondiente valoración probatoria, el a quo argumentó que no se encontraba demostrado que el señor Cristian Camilo Hernández Arroyo hubiera sido asesinado y vestido de camuflado para reportarlo como un guerrillero dado de baja en combate, como se afirmó en la demanda; sin embargo, sí estaba acreditado que no disparó el arma de fuego encontrada en el lugar de los hechos, como lo determinó la prueba de absorción atómica, además de que las trayectorias de los disparos no permitían concluir que la víctima se encontraba en una posición de combate.

Con base en los anteriores argumentos, consideró que bajo la óptica del título de imputación de riesgo excepcional, el Ejército Nacional debía responder por la muerte del señor Cristian Cam ilo Hernández Arroyo, ocasionada por uno de sus agentes con su arma de dotación oficial, sin que se hubiera demostrado la causal eximente de responsabilidad del hecho de la víctima

De conformidad con los referidos fundamentos, condenó a la entidad demandada al pago de una indemnización por concepto de perjuicios morales a favor de los padres de la víctima, en una suma equivalente a 100 s.m.l.m.v, para cada uno, y la suma de 50 s.m.l.m.v., para cada uno de los hermanos de la víctima; negó el reconocimiento de este tipo de perjuicio a favor de la menor María Camila Martínez Arroyo, porque no demostró la calidad de hermana de la víctima, ni obraban pruebas que demostraran que tuviera una relación afectiva con el señor Cristian Camilo Hernández Arroyo.

Asimismo, accedió a la indemnización de perjuicios materiales, en la modalidad de

que demostraran que tuviera una relación afectiva con el señor Cristian Camilo Hernández Arroyo.

Asimismo, accedió a la indemnización de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, a favor de los padres de la víctima, para lo cual explicó que el señor6

Radicación número: 23001-23-31-000-2010-00446-02 (59259)

Actor: Mary Isabel Arroyo Acevedo y otros Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional Referencia: Apelación Sentencia - Acción de reparación directa

Cristian Camilo Hernández Arroyo contaba con 22 años de edad al momento de su muerte y se presumía que ayudaría a sus padres hasta los 25 años de edad. Para la correspondiente liquidación tuvo en cuenta el salario mínimo vigente, en consideración a que el occiso se dedicaba a una actividad productiva.

Finalmente, negó la indemnización de perjuicios por el “daño a la vida de relación”, habida cuenta de que no existían pruebas que permitieran evidenciar que los padres, hermanos y abuelos de la víctima hubieran sufrido una alteración significativa en las condiciones externas de sus vidas (fls. 909 a 918 c. ppal).

4. Los recursos de apelación

4.1.- Inconforme con la anterior decisión, el Ejército Nacional interpuso recurso de apelación y como sustento manifestó que el a quo no tuvo en cuenta que el comportamiento de la víctima tuvo incidencia en la producción del daño, en atención a que el integrante del Batallón de Infantería No. 31 reaccionó de manera oportuna y disparó su arma de dotación oficial ante la agresión actual e injusta que recibió

comportamiento de la víctima tuvo incidencia en la producción del daño, en atención a que el integrante del Batallón de Infantería No. 31 reaccionó de manera oportuna y disparó su arma de dotación oficial ante la agresión actual e injusta que recibió del señor Cristian Camilo Hernández Arroyo (fls. 924 a 926 c. ppal).

4.2.- La parte demandante expresó su discrepancia con la sentencia de primera instancia, en lo atinente a la indemnización del “daño a la vida de relación”, porque a su juicio, la muerte del señor Cristian Camilo Hernández Arroyo resultaba suficiente para estimar la configuración de este perjuicio en su máxima expresión, toda vez que comportó una alteración en el entorno social, laboral y familiar de los demandantes, de lo que también daba cuenta la prueba testimonial recepcionada en el proceso.

5. El trámite en segunda instancia

El 17 de marzo de 2017, previo agotamiento de la audiencia de conciliación, el Tribunal Administrativo de Córdoba concedió las apelacione s interpuestas (fl. 943 c. ppal). Los recursos fueron admitidos por esta Corporación el 15 de junio siguiente (fl. 948 c ppal). Posteriormente, el 8 de agosto del mismo año, se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera su concepto (fl. 950 c. ppal).

En sus alegatos, la parte demandante insistió en su reproche contra la sentencia de primera instancia en cuanto a la negativa a reconocer la indemnización de perjuicios por el daño a la vida de relación, porque su muerte era suficiente para su7

Radicación número: 23001-23-31-000-2010-00446-02 (59259)

de primera instancia en cuanto a la negativa a reconocer la indemnización de perjuicios por el daño a la vida de relación, porque su muerte era suficiente para su7

Radicación número: 23001-23-31-000-2010-00446-02 (59259)

Actor: Mary Isabel Arroyo Acevedo y otros Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional Referencia: Apelación Sentencia - Acción de reparación directa

configuración, además de que el duelo por la muerte de un ser querido generaba un desequilibrio emocional (fls. 952 a 955 c. ppal).

El Ministerio Público solicitó que se confirmara la sentencia de primera instancia , porque la entidad demandada no podía invocar como eximente de responsabilidad la culpa exclusiva de la víctima, toda vez que si bien existió un ataque en contra de un soldado, éste no fue generado por el señor Cristian Camilo Hernández Arroyo, como lo demostró la prueba química de absorción atómica, lo que comprometía la responsabilidad de la entidad, en consideración a que su muerte ocurrió por la acción de un miembro del Ejército Nacional con su arma de dotación oficial, aunado a que la institución no c ontroló el manejo de estos elementos por parte de sus integrantes.

Asimismo, estimó que las pruebas documentales y testimoniales demostraban la legitimación en la causa por activa de los demandantes y la aflicción y la congoja que experimentaron a raíz de la muerte del señor Cristian Camilo Hernández Arroyo, pero no que ese daño afectara el buen desarrollo de su vida cotidiana, pues si bien la muerte de un ser querido generaba alteraciones emocionales y sociales a sus familiares, estas fueron reconocidas por el a quo a título de perjuicios morales

Arroyo, pero no que ese daño afectara el buen desarrollo de su vida cotidiana, pues si bien la muerte de un ser querido generaba alteraciones emocionales y sociales a sus familiares, estas fueron reconocidas por el a quo a título de perjuicios morales (fls.957 a 970 c. ppal).

La entidad demandada guardó silencio en esta etapa procesal (fl. 972 c. ppal).

III. C O N S I D E R A C I O N E S

1.- Competencia

La Sala es competente para conocer del asunto, debido a los recursos de apelación interpuestos por las partes contra la sentencia proferida el 24 de noviembre de 2016, por el Tribunal Administrativo de Córdoba, de conformidad con el artículo 129 del C.C.A., por tratarse de un proceso de doble instancia debido a la cuantía1, según lo dispuesto en la Ley 1395 de 2010 y el artículo 20 del C.P.C, en tanto que la sumatoria de las pretensiones excede los 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de la presentación de la demanda (3 de septiembre de 2010).

2.- El ejercicio oportuno de la acción

Al tenor de lo previsto en el numeral 8 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998, la acción de

1 Por concepto de perjuicios morales se solicitó una suma equivalente a 2.100 salarios mínimos legales mensuales vigentes.8

Radicación número: 23001-23-31-000-2010-00446-02 (59259)

Actor: Mary Isabel Arroyo Acevedo y otros Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional Referencia: Apelación Sentencia - Acción de reparación directa

Actor: Mary Isabel Arroyo Acevedo y otros Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional Referencia: Apelación Sentencia - Acción de reparación directa

reparación directa debía instaurarse d entro de los dos años contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, de la omisión, de la operación administrativa o de la ocupación permanente o temporal de inmueble de propiedad ajena por causa de trabajos públicos o por cualquier otra causa.

En el caso concreto, la responsabilidad administrativa que se impetra en la demanda se origina en el daño que se alega sufrido por la parte demandante con ocasión de la muerte del señor Cristian Camilo Hernández Arroyo, ocurrida el 1 de diciembre de 2008, en la vereda Río Verde del municipio de Puerto Libertador, de conformidad con lo indicado en el registro civil de defunción (fl. 38 c. 1), la inspección técnica a cadáver (fls. 238 a 243 c. 2) y el protocolo de necropsia (fls. 274 a 278 c. 2).

Así las cosas, el plazo para demandar a través de la acción de reparación directa vencía el 2 de diciembre de 2010; sin embargo, el 9 de junio de ese año (faltando 5 meses y 23 días para que venciera el término de caducidad) se formuló solicitud de conciliación extrajudicial ante la Procuraduría 33 Judicial II para Asuntos Administrativos de Córdoba, la cual fue declarada fallida el 12 de agosto de 2010 (fls. 12 c. 1).

Teniendo en cuenta que el plazo se reactivó el 13 de agosto de 2010 y que vencía

Administrativos de Córdoba, la cual fue declarada fallida el 12 de agosto de 2010 (fls. 12 c. 1).

Teniendo en cuenta que el plazo se reactivó el 13 de agosto de 2010 y que vencía el 6 de febrero de 2011, y como quiera que la demanda se presentó el 3 de septiembre de 2010 (fls. 1 a 23 c. 1), se impone concluir que la acción de reparación directa se formuló en tiempo oportuno.

3. La legitimación en la causa

La presente demanda de reparación directa fue interpuesta por los señores Mary Isabel Arroyo Acevedo, Rafael Enrique Hernández Vanegas, María Camila Martínez Arroyo, José Fernando Martínez Arroyo, Linda Yoenys Hernández Osorio, Kelly Johana Hernández Osori o, Beatriz Elena Hernández Osorio, Kenia Yesmit Hernández Osorio, Ferney David Martínez Arroyo, Luis Eduardo Nassif Arroyo, Gabriel Arcángel Hernández Castillo y Felerdina Rosa Acevedo Pertuz.

En el plenario se encuentra el registro civil de nacimiento del señor Cristian Camilo Hernández Arroyo (fl. 37 c. 1), en el cual consta que sus padres son los señores Mary Isabel Arroyo Acevedo y Rafael Enrique Hernández Vanegas.

En el expediente se tienen los registros civiles de nacimiento de los señores José Fernando Martínez Arroyo (fl. 42 c. 1), Ferney David Martínez Arroyo (fl. 47 c. 1) y Luis Eduardo Nassif Arroyo (fl. 48 c. 1), en los que figuran como su madre la señora9

Radicación número: 23001-23-31-000-2010-00446-02 (59259)

Luis Eduardo Nassif Arroyo (fl. 48 c. 1), en los que figuran como su madre la señora9

Radicación número: 23001-23-31-000-2010-00446-02 (59259)

Actor: Mary Isabel Arroyo Acevedo y otros Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional Referencia: Apelación Sentencia - Acción de reparación directa

Mary Isabel Arroyo Acevedo, lo que permite deducir que se trata de los hermanos de la víctima.

Se cuenta, igualmente, con los registros civiles de nacimiento de los señores Linda Yoenys Hernández Osorio (fl. 43 c. 1), Kelly Johana Hernández Osorio (fl. 44 c. 1), Beatriz Elena Hernández Osorio (fl. 45 c. 1) y Kenia Yesmit Hernández Osorio (fl . 43 c. 1), en los que se evidencia que su padre es el señor Rafael Enrique Hernández Vanegas y, por consiguiente, se trata de los hermanos de la víctima.

En el proceso obra el registro civil de nacimiento del señor Rafael Enrique Hernández Vanegas (fl. 40 c. 1), en el que se comprueba que su padre es el señor Gabriel Arcángel Hernández Castillo; por tanto, se trata del abuelo paterno de la víctima.

En el acervo probatorio se tiene el registro civil de nacimiento de la señora Mary Isabel Arroyo Acevedo (fl. 39 c. 1), en el que se corrobora que su madre es la señora Felerdina Rosa Acevedo Pertuz; por ende, se trata de la abuela materna de la víctima.

En lo referente a la menor María Camila Martínez Arroyo, quien acudió al proceso

Felerdina Rosa Acevedo Pertuz; por ende, se trata de la abuela materna de la víctima.

En lo referente a la menor María Camila Martínez Arroyo, quien acudió al proceso en calidad de hermana de la víctima, en su registro civil de nacimiento se aprecia que sus padres son los señores Sergio Rafael Martínez y Nubis del Rosario Arroyo (fl. 41 c. 1) y no la señora Mary Isabel Arroyo Acevedo, quien expresó en la demanda que era su madre, inconsistenci a que impide entender acreditada la calidad alegada, sin que en el proceso obren otros elementos de prueba que permitan tenerla como tercera damnificada, aspecto que en todo caso, no fue objeto de apelación por la parte demandante.

En cuanto a la legitim ación en la causa por pasiva, se verifica que el daño que se invoca en la demanda proviene de acciones y omisiones atribuidas a la NaciónMinisterio de Defensa, Ejército Nacional-, al que se acusa de ser el causante de los perjuicios que reclama la parte actora; por tanto, la citada entidad tiene interés en controvertir las pretensiones, dado que sobre ésta podrían recaer las eventuales consecuencias patrimoniales derivadas de las súplicas indemnizatorias impetradas, por lo que cuenta con legitimación en la causa por pasiva para actuar en el presente asunto.10

Radicación número: 23001-23-31-000-2010-00446-02 (59259)

Actor: Mary Isabel Arroyo Acevedo y otros Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional Referencia: Apelación Sentencia - Acción de reparación directa

4. Cuestión previa. Validez de los medios de prueba

Actor: Mary Isabel Arroyo Acevedo y otros Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional Referencia: Apelación Sentencia - Acción de reparación directa

4. Cuestión previa. Validez de los medios de prueba

En el presente caso, la parte demandante solicitó el traslado del proceso disciplinario adelantado por el Batallón de Infantería No. 31 “Rifles” y de la investigación penal iniciada por la Fiscalía General de la Nación en relación con los hechos en los que falleció el señor Cristian Camilo Hernández Arroyo.

Los anteriores elementos de convicción serán apreciados en su integridad, toda vez que el tra slado del proceso disciplinario también fue solicitado por la entidad demandada y, además, las partes en este asunto tuvieron la oportunidad de impugnar y cuestionar tales pruebas, así como las atinentes a la investigación penal, sin que formularan ninguna objeción sobre el particular y, por el contrario, las dos estructuraron sus argumentos con fundamento en aquellas.

5. Objeto del recurso de apelación

El recurso de apelación formulado por la entidad demandada se encaminó a cuestionar la sentencia de primera instancia, porque el a quo no tuvo en cuenta que el comportamiento de la víctima tuvo incidencia en la producción del daño, en atención a que uno de los integrantes del Batallón de Infantería No. 31 tuvo que reaccionar de manera legítima y disparar s u arma de dotación oficial ante la agresión actual e injusta que recibió del señor Cristian Camilo Hernández Arroyo.

La parte demandante edificó la impugnación contra la sentencia de primera instancia en lo atinente a la indemnización del “daño a la vida de relación”, porque

agresión actual e injusta que recibió del señor Cristian Camilo Hernández Arroyo.

La parte demandante edificó la impugnación contra la sentencia de primera instancia en lo atinente a la indemnización del “daño a la vida de relación”, porque a su juicio, la muerte del señor Cristian Camilo Hernández Arroyo resultaba suficiente para estimar la configuración de este perjuicio en su máxima expresión, toda vez que comportó una alteración en el entorno social, laboral y famili ar de los demandantes, de lo que también daba cuenta la prueba testimonial recepcionada en el proceso.

6. El daño

Lo primero que se debe indicar es que, aunque la acreditación del daño, consistente en la muerte del señor Cristian Camilo Hernández Arroyo, no es materia de análisis en segunda instancia, porque no se trata de uno de los aspectos apelados por las partes, conviene precisar, para efectos de resolver el caso concreto, que el mismo se encuentra probado con el registro civil de defunción (fl. 38 c . 1), la inspección técnica a cadáver, en la que se consignó como manera y causa de la muerte: “violenta por proyectil de arma de fuego” (fls. 238 a 243 c. 2) y el protocolo de11

Radicación número: 23001-23-31-000-2010-00446-02 (59259)

Actor: Mary Isabel Arroyo Acevedo y otros Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional Referencia: Apelación Sentencia - Acción de reparación directa

necropsia, en el que se estableció que la muerte fue consecuencia de “shock neurogénico secundario a laceración raquimedular cervical por proyectil de arma de

Referencia: Apelación Sentencia - Acción de reparación directa

necropsia, en el que se estableció que la muerte fue consecuencia de “shock neurogénico secundario a laceración raquimedular cervical por proyectil de arma de fuego” (fls. 274 a 278 c. 2).

7. La imputación

En la sentencia de primera instancia se consideró que el daño era imputable al Ejército Nacional, a título de riesgo excepcional, porque aunque no se demostró que el señor Cristian Camilo Hernández Arroyo fue vestido de camuflado para reportarlo como un guerrillero dado de baja en combate, su muerte sí fue ocasionada por uno de sus integrantes, sin que se acreditara que la víctima disparó en su contra el arma de fuego encontrada en el lugar de los hechos.

En el recurso de apelación, el Ejército Nacional planteó que la víctima tuvo incidencia en la producción del daño, en atención a que el soldado del Batallón de Infantería No. 31 tuvo que reaccionar de manera legítima y disparar su arma de dotación oficial ante la agresión actual e injusta que recibió del señor Cristian Camilo Hernández Arroyo.

7.1. El régimen de responsabilidad aplicable al presente asunto

Sobre este aspecto se debe precisar que, si bien en el presente caso resultaría procedente la aplicación de un régimen de responsabilidad objetivo derivado del uso de armas de dotación oficial, advierte la Sala que, de acreditarse la ocurrencia de una falla del servicio por part