CE - 012331000201000539012SENTENCIA20230303185947

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., tres (03) de noviembre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: REPARACIÓN DIRECTA Radicación: 05001233100020100053901 (59075)

Demandante: GLORIA INES OVIEDO CHACON Y OTROS Demandado: NACIÓN - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y OTRO Tema: Privación injusta de la libertad. Decreto — Ley 2700 de 1991.

Captura con fines de indagatoria. No se acreditó un daño antijurídico. SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por la parte actora y la Nación — Fiscalía General de la Nación contra la sentencia del 9 de noviembre de 2016, proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL:CASO El 4 de enero de 2000, Alberto Astroz Avellanada, subgerente de la Electrificadora del Meta S.A. E.S.P., denunció ante la Fiscalía General de la Nación presuntas irregularidades presentadas en el recaudo de cartera de dicha empresa. Por ello, el 4 de agosto de 2000, agentes del CTI capturaron con fines de indagatoria a Gloria Inés Oviedo Chacón, tesorera de la Electrificadora del Meta S.A. E.S.P., pues se consideró que era presunta autora del delito de peculado por apropiación.

Posteriormente, mediante Resolución del 14 de agosto de 2000, la Fiscalía 19

Oviedo Chacón, tesorera de la Electrificadora del Meta S.A. E.S.P., pues se consideró que era presunta autora del delito de peculado por apropiación. Posteriormente, mediante Resolución del 14 de agosto de 2000, la Fiscalía 19 "Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito de Villavicencio resolvió la situación jurídica de la procesada, absteniéndose de imponerle medida de aseguramiento en su contra, al constatar que no existian indicios que dieran cuenta, preliminarmente, de su presunta participación en el delito por el cual estaba siendo investigada. Seguidamente, el 28 de marzo de 2003, el ente instructor acusó a la sindicada de ser autora del delito de peculado culposo. Posteriormente, mediante sentencia del 29 deRadicado: 05001233100020100053901 (59075) Demandante: Gloria Inés Oviedo Chacón y otros abril de 2005, el Juzgado 2” Penal del Circuito Especializado de Villavicencio condenó a Gloria Inés Oviedo Chacón a pena de prisión de 6 meses, pues encontró que era autora del delito de peculado culposo. Sin embargo, en la misma providencia le concedió a la señora Oviedo Chacón el beneficio de ejecución condicional de la pena. Luego, mediante providencia del 23 de octubre de 2008, el Tribunal Superior de Villavicencio revocó la sentencia del 29 de abril de 2005 y absolvió a la procesada por ín dubio pro reo. Los demandantes consideran que la detención de Gloria Inés Oviedo Chacón fue injusta, puesto que fue absuelta por no existir certeza, más allá de toda

ín dubio pro reo. Los demandantes consideran que la detención de Gloria Inés Oviedo Chacón fue injusta, puesto que fue absuelta por no existir certeza, más allá de toda duda razonable, para endilgarle la comisión del delito de peculado por apropiación.

Il. ANTECEDENTES

1. Demanda El 2 de noviembre de 20101, Gloria Inés Oviedo Chacón, Efrain Oviedo Chacón, José Emilio Oviedo Chacón, Omar Oviedo Chacón, Luis Alberto Vargas García, Luis Alejandro Vargas Oviedo, Oscar Alberto Vargas Oviedo, Gloria Esperanza Vargas Oviedo, Christian Eduardo Pinzón Ortiz y Alena Isabel Guerra Gómez, mediante apoderado judicial y en ejercicio de la acción de reparación directa, presentaron demanda en contra de la Nación — Fiscalía General de la Nación - Rama Judicial, por los perjuicios ocasionados por la privación de la libertad de la que fue objeto Gloria

Inés Oviedo Chacón. | / Como pretensiones de su demanda, el extremo activo solicita condenar a la parte - demandada .a pagar, por perjuicios morales, 600 SMLMV a cada uno de los accionantes; por daño a la vida de relación, 600, SMLMV a cada uno de los demandantes; por daño emergente, la suma de $30.000.000 a Antonio José Restrepo Ángel?; y por lucro cesante, la suma de $4.000.000 a Gloria Inés Oviedo Chacón. En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirma que el 4 de enero de 2000, Alberto Astroz Avellanada, subgerente de la Electrificadora del Meta S.A. E.S.P.,

En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirma que el 4 de enero de 2000, Alberto Astroz Avellanada, subgerente de la Electrificadora del Meta S.A. E.S.P., 2 Abogado defensor de Gloria Inés Oviedo Chacón dentro del proceso penal que se tramitó con el . . | - - | FL1a22 01 | número de radicado 56047.Radicado: 05001233100020100053901 (59075) Demandante: Gloria Inés Oviedo Chacón y otros denunció ante la Fiscalía General de la Nación presuntas irregularidades presentadas en el recaudo de cartera de dicha empresa. Sostiene que por ello, el 4 de agosto de 2000, agentes de! CTI capturaron con fines de indagatoria a Gloria Inés Oviedo Chacón, tesorera de la Electrificadora del Meta S.A. E.S.P., pues consideraron que podía ser autora del delito de peculado por apropiación. Señala que mediante Resolución del 14 de agosto de 2000, la Fiscalía 19 Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito de Villavicencio resolvió la situación jurídica de la procesada, absteniéndose de imponerle medida de aseguramiento en su contra, al constatar que no existían indicios que dieran cuenta, preliminarmente, de su presunta participación en el delito por el cual estaba siendo investigada. Manifiesta que el 28 de marzo de 2003, el ente instructor acusó a la sindicada de ser autora del delito de peculado culposo. Aduce que mediante sentencia del 29 de abril de 2005, el Juzgado 2 Penal del Circuito Especializado de Villavicencio condenó a Gloria Inés Oviedo Chacón a pena de prisión

autora del delito de peculado culposo. Aduce que mediante sentencia del 29 de abril de 2005, el Juzgado 2 Penal del Circuito Especializado de Villavicencio condenó a Gloria Inés Oviedo Chacón a pena de prisión de 6 meses, pues encontró que era autora del delito de peculado culposo. Sin embargo, en la misma providencia le concedió a la señora Oviedo Chacón el beneficio de ejecución condicional de la pena. Finalmente, indica que mediante providencia del 23 de octubre de 2008, el Tribunal Superior de Villavicencio revocó la sentencia del 29 de abril de 2005 y absolvió a la procesada por in dubio pro reo. Los demandantes consideran que la detención de Gloria Inés Oviedo Chacón fue injusta, puesto que fue absuelta por no existir certeza, más allá de toda duda razonable, para endilgarle la comisión del delito de peculado culposo. Textualmente señalan en la demanda: “f[...] Declárese que la Nación — Fiscalía General de la Nación — Rama Judicial, son administrativamente responsables de la totalidad de los daños y perjuicios ocasionados a los demandantes [...] por la privación injusta de la libertad a que fue sometida la señora Gloria Inés Oviedo [...] La privación de laRadicado: 05001233100020100053901 (59075) Demandante: Gloria Inés Oviedo Chacón y otros libertad a la que fue sometida Gloria Inés Oviedo deviene en injusta, feniendo en cuenta que desde el principio de las pruebas recaudadas no .se deducía responsabilidad de la acusada [...]”.

2. Contestaciones El 14.de febrero de 2011, el Tribunal Administrativo del Meta admitió la demanda y

cuenta que desde el principio de las pruebas recaudadas no .se deducía responsabilidad de la acusada [...]”.

2. Contestaciones El 14.de febrero de 2011, el Tribunal Administrativo del Meta admitió la demanda y ordenó su notificación a las entidades demandadas y al Ministerio Público. 2.1. La Fiscalía General de la Nación manifestó que su actuar estuvo amparado en el artículo 388 del Decreto — Ley 2700 de 1991 , pues existian indicios graves de responsabilidad penal que daban cuenta de la presunta participación de Gloria Inés Oviedo Chacón en el delito por el cual había sido investigada. Adicionalmente, señaló que el extremo activo no acreditó la causación de los perjuicios alegados en la demanda. | | 2.2. La Rama Judicial señaló que no ocasionó un daño antijuridico a los demandantes, porque las actuaciones surtidas en el proceso penal adelantado contra Gloria Inés Oviedo Chacón fueron ajustadas a derecho. .

3. Alegatos de conclusión en primera instancia El 24 de septiembre de 2014 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente. 3.1. La parte demandante? reiteró los argumentos expuestos en la demanda. 3.2. La Fiscalía General de la Nación, la Rama Judicial y el Ministerio Público guardaron silencio?,

3Fl. 243 a 245, C. 1. 4 Fl. 268 a 276, C. 1. 5 Fl. 258 a 263, C. 1. o rectn $F1. 451, C, 2. 7 Fl. 454 a 464, C. 2.

4 Fl. 268 a 276, C. 1. 5 Fl. 258 a 263, C. 1. o rectn $F1. 451, C, 2. 7 Fl. 454 a 464, C. 2. 8 Fl. 483, C. 2.Radicado: 05001233100020100053901 (59075)

Demandante: Gloria Inés Oviedo Chacón y otros

4. Sentencia de primera instancia Mediante sentencia del 9 de noviembre de 2016, el Tribunal Administrativo del Meta accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, al constatar que la privación de la libertad de Gloria Inés Oviedo Chacón fue injusta, toda vez que fue absuelta del delito de peculado culposo en aplicación por in dubio pro reo, lo cual, en su concepto, constituía uno de los supuestos para declarar objetivamente la responsabilidad patrimonial del Estado. Por otra parte, consideró que el daño antijurídico no era imputable a la Rama Judicial, pues su actuación no fue determinante en la producción del hecho lesivo.

Al efecto sostuvo que: “[...] habiendo quedado demostrado que los daños antijuridicos padecidos por los demandantes son imputables tanto fáctica como jurídicamente a la Fiscalía General de la Nación, como quiera que profirió la orden de captura contra la demandante, es la llamada a responder patrimonialmente por el daño antijurídico irrogado a los actores, con ocasión de la privación de la libertad de que fue objeto dentro del proceso penal a la señora Gloria Inés Oviedo Chacón, el cual terminó con sentencia absolutoria, convirtiendo injusta el proceder de la entidad demandada. [...] Por último, en cuanto a la responsabilidad de la demandada Nación -— Rama Judicial,

dentro del proceso penal a la señora Gloria Inés Oviedo Chacón, el cual terminó con sentencia absolutoria, convirtiendo injusta el proceder de la entidad demandada. [...] Por último, en cuanto a la responsabilidad de la demandada Nación -— Rama Judicial, es de advertir que fanto la orden de captura como la Resolución de no impartir la medida de aseguramiento y dejar en libertad a la accionante, fueron proferidas por la Fiscalía 19 Seccional, previo a la actuación judicial, aunado a ello, a pesar de haberse proferido sentencia de primera instancia condenatoria, nunca se le privó de la libertad por esta entidad, es por ello que corresponderá absolver de responsabilidad a la Nación - Rama Judicial [...]”. En la parte resolutiva el a quo condenó exclusivamente a la Fiscalia General de la Nación a pagar, por perjuicios morales, 15 SMLMV a Gloria Inés Oviedo Chacón, Luis Alberto Vargas García, Luis Alejandro Vargas Oviedo, Oscar Alberto Vargas Oviedo y Gloria Esperanza Vargas Oviedo, 7.5 SMLMV a Efraín Oviedo Chacón, José Emilio Oviedo Chacón y Omar Oviedo Chacón, y 3.75 SMLMV a Christian Eduardo Pinzón 9 Fl. 486 a 500, C. 3.Radicado: 05001233100020100053901 (59075) Demandante: Gloria Inés Oviedo Chacón y otros Ortiz y Alena Isabel Guerra Gómez; por daño emergente, la suma de $39.985.938 a Gloria Inés Oviedo Chacón; y por lucro cesante, la suma de $1.008.092 a Gloria Inés Oviedo Chacón.

5. Recursos de apelación

Gloria Inés Oviedo Chacón; y por lucro cesante, la suma de $1.008.092 a Gloria Inés Oviedo Chacón.

5. Recursos de apelación Los días 19% y 61! de diciembre de 2016, la Nación - Fiscalía General de la Nación y la parte: actora interpusieron recurso de apelación, respectivamente. Estos recursos fueron concedidos el 24 de febrero de 2017? y admitidos el 25 de mayo de 201713. 5.1. La parte actora! solicitó que se incrementara el valor reconocido por perjuicios morales. 5.2. La Nación - Fiscalía General de la Nación argumentó que su actuar estuvo amparado en las disposiciones sustanciales y formales que regían el procedimiento penal. Además, indicó que la privación de la libertad era una carga que la procesada debía soportar, porque existían indicios graves de responsabilidad penal que daban cuenta, preliminarmente, de su presunta participación en el delito investigado.

6. Alegatos de conclusión en segunda instancia El 15 de junio de 20171? se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para. alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente. 6.1. La parte actora!” y la Nación - Fiscalia General de la Nación!? reiteraron los argumentos expuestos en el recurso de apelación. 6.2. La Rama Judicial y el Ministerio Público guardaron silencio??. 19 Fl. 502 a 518, C. 3, 11 Fl. 519 a 521, C. 3, 12 Fl, 534, €, 3. 13 Fl, 539, C. 3, 14 Fl 519 a 521, C. 18 Fl. 502 a 518, C.

Cc.

11 Fl. 519 a 521, C. 3, 12 Fl, 534, €, 3. 13 Fl, 539, C. 3, 14 Fl 519 a 521, C. 18 Fl. 502 a 518, C. Cc. C. 16Fl 542, C. 3. 17 Fl 543 a 547, 18 Fl, 548 a 555, 19 FI, 565, C. 3. 3. 3Radicado: 05001233100020100053901 (59075)

Demandante: Gloria Inés Oviedo Chacón y otros

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia El Consejo de Estado es competente para desatar los recursos de apelación interpuestos contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Meta el 9 de noviembre de 2016, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 270 de

1996. |

2. Acción procedente La acción de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo, según lo dispone el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo.

En este caso la acción procedente es la de reparación directa, porque se reclama la reparación de un daño proveniente de unos hechos imputables a la administración de justicia.

3. Vigencia de la acción Con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la protección del interés general?, estableció unos plazos para poder ejercer oportunamente cada

Con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la protección del interés general?, estableció unos plazos para poder ejercer oportunamente cada 20 Artículo 86. Acción de reparación directa. La persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño cuando la causa sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa. Las entidades públicas deberán promover la misma acción cuando resulten condenadas o hubieren conciliado por una actuación administrativa originada en culpa grave o dolo de un servidor o ex servidor público que no estuvo vinculado al proceso respectivo, ó cuando resulten perjudicadas por la actuación de un particular o de otra entidad pública.” 21 Corte Constitucional. Sentencia C-394 de 2002: "La caducidad es una institución jurídico procesal a través de la cual, el legistador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita en el tiempo el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida +Radicado: 05001233100020100053901 (59075) Demandante: Gloria Ínés Oviedo Chacón y otros uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de las situaciones que se encontraban pendientes de solución. El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la

su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de las situaciones que se encontraban pendientes de solución. El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal, controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción??, ofrecer estabilidad del derecho de manera que las situaciones controversiales que requieran solución por los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad, solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos. Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda y estabilidad de tas relaciones jurídicas, en la medida en que su ocurrencia impide que estas puedan ser discutidas indefinidamente. La caducidad, en la primera de sus manifestaciones, es un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna situación; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando como una sanción justicia. Su fundamento se halla en ta necesidad por parte del conglomerado social de obtener seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida, la caducidad no concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de un interés general.

jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida, la caducidad no concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de un interés general. Como claramente se explicó en la sentencia C-832 de 2001 a que se ha hecho reiterada referencia, esta es una figura de orden público lo que explica su carácter irrenunciable, y la posibilidad de ser declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia". 22 Consejo de Estado. Sentencia del 23 de febrero de 2006. Exp. 6871-05 “...el derecho al acceso a la administración de justicia no es absoluto, pues puede ser condicionado legalmente" que la promoción de la demanda sea oportuna y las acciones se inicien dentro de los plazos que señala el legislador (...). El término de caducidad, tiene entonces como uno de sus objetivos, racionalizar el ejercicio del derecho de'acción, y si bien limita o condiciona el acceso a la justicia, es una restricción necesaria para la estabilidad del derecho, lo que impone al interesado el empleo oportuno de las acciones, so pena de que las situaciones adquieran la firmeza necesaria a la seguridad jurídica, para solidificar el concepto de derechos adquiridos”.Radicado: 05001233100020100053901 (59075) Demandante: Gloria Inés Oviedo Chacón y otros ipso jure” que opera por la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del aparato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún reconocimiento o protección de la justicia?, cuya consecuencia, por demandar más allá del tiempo concedido por la ley procesal, significa la pérdida de la facultad potestativa de accionar. El artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, señala que la acción de

de la justicia?, cuya consecuencia, por demandar más allá del tiempo concedido por la ley procesal, significa la pérdida de la facultad potestativa de accionar. El artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, señala que la acción de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa. La Sección Tercera de esta Corporación ha indicado, de manera reiterada, que cuando el daño alegado proviene de la privación injusta de la libertad de una persona, el término de caducidad empieza a contabilizarse a partir del día siguiente de la ejecutoria de la providencia que precluye la investigación, de la sentencia absolutoria o desde el momento en que quede en libertad el procesado, lo último que ocurra, puesto que a partir de ese momento se hace evidente el carácter injusto de la limitación del derecho a la libertad?. En el caso sub examine se estima que el derecho de accionar se ejerció en tiempo, dentro del término de dos (2) años para el vencimiento de la acción, teniendo en cuenta 23 Consejo de Estado, Sentencia del 30 de enero de 2013: “Para garantizar la seguridad jurídica de los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de fa caducidad como una sanción en los eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las partes tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro del plazo fijado por la ley y de no hacerlo en tiempo, perderán la

que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las partes tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro del plazo fijado por la ley y de no hacerlo en tiempo, perderán la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho. Es así como el fenómeno procesal de la caducidad opera ipso iure o de pleno derecho, es decir que no admite renuncia, y el juez debe declararla de oficio cuando verifique la conducta inactiva del sujeto procesal llamado a interponer determinada acción judicial”. 24 Corte Constitucional. Sentencia C-574 de 1998: “... [s]/ el actor deja transcurrir los plazos fijados por la ley en forma objetiva, sin presentar la demanda, el mencionado derecho fenece inexorablemente, sin que pueda alegarse excusa alguna para revivirlos. Dichos plazos constituyen entonces, una garantia para la seguridad jurídica y el interés general. Y es que la caducidad representa el limite dentro del cual el ciudadano debe reciamar del Estado determinado derecho, por ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de protección, pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas por la ley ejerce sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno indicado”. 23 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 14 de febrero de 2002, Rad.: 13.622; Sentencia del 19 de julio de 2017, Rad.: 49,898; Sentencia del 23 de octubre de 2017, Rad.: 48.130; Sentencia del

10 de noviembre de 2017, Rad.: 49.206; Sentencia del 23 de noviembre de 2017, Rad.: 54.716.10

Radicado: 05001233100020100053901 (59075) Demandante: Gloria Inés Oviedo Chacón y otros que: i) el proveído del 23 de octubre de 2008, mediante el cual se absolvió a Gloria Inés Oviedo Chacón por el delito de peculado culposo, quedó ejecutoriado el 3 de diciembre de 2009%, de conformidad con lo establecido en el artículo 197?” del Decreto — Ley 2700 de 1991; ii) que los demandantes presentaron solicitud de conciliación extrajudicial el 10 de septiembre de 2010%, la cual se declaró fallida el 26 de octubre de 2010?; y iii) que la demanda se presentó el 2 de noviembre de 2010%.

4. Legitimación en la causa 4.1. Gloria Inés Oviedo Chacón (víctima), Luis Alberto Vargas García (cónyuge), Luis Alejandro Vargas Oviedo (hijo), Oscar Alberto Vargas Oviedo (hijo), Gloria Esperanza Vargas Oviedo (hija), Efraín Oviedo Chacón (hermano), José Emilio Oviedo Chacón

(hermano) y Omar Oviedo Chacón (hermano) están legitimados en la causa por activa, ya que la primera fue el sujeto pasivo del proceso penal que se tramitó con el número de radicado 56047, según da cuenta copia auténtica de la Resolución del 28 de marzo de 2003 dictada por la Fiscalía 19 Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito de | Villavicencio, y los demás hacen parte de su núcleo familiar, según dan cuenta copias

de 2003 dictada por la Fiscalía 19 Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito de | Villavicencio, y los demás hacen parte de su núcleo familiar, según dan cuenta copias auténticas de sus registros civiles de nacimiento? y de los registros de matrimonio? de Gloria inés Oviedo Chacón y Luis Alberto Vargas García, y de Gloria Esperanza Vargas Oviedo y Christian Eduardo Pinzón Ortiz. 26 Mediante proveído del 3 de diciembre de 2009, la Corte Suprema de Justicia inadmitió el recurso de casación presentado por la defensa contra la providencia del 23 de octubre 2008, proferida por el Tribunal Superior de Villavicencio. Fl. 68, €. 19. 27 Decreto — Ley 2700 de 1991. Artículo 197. “Ejecutoria de las providencias. Las providencias quedan ejecutoriadas tres días después de notificadas si no se han interpuesto los recursos y no deban ser consultadas. La que decide el recurso de casación, salvo cuando se sustituya la sentencia materia del mismo, la que lo declara desierto, y las que deciden la acción de revisión, los recursos de hecho, o de apelación contra las providencias interlocutorias, quedan ejecutoriadas el día en que sean suscritas por el funcionario correspondiente [...]”. Finalmente, mediante proveído del 3 de diciembre de 2009, la Corte Suprema de Justicia inadmitió el recurso extraordinario de casación 28 Fl. 238 a 240, C.1. 2 ibídem. 30 Fl. 1a22,C.1. 31 FL 70a 123,C. 11. 32 FL 226, 228, 229, 230, 231, 232, 233, y 234, C. 1.

2 ibídem. 30 Fl. 1a22,C.1. 31 FL 70a 123,C. 11. 32 FL 226, 228, 229, 230, 231, 232, 233, y 234, C. 1. 3 Fl, 235, C. 1. Registro de matrimonio de Luis Alberto Vargas García y Glorias Inés Oviedo Chacón: Fi. 236, C. 1. Registro de matrimonio de Christian Eduardo Pinzón Ortiz y Gloria. Esperanza Vargas Oviedo.11 .

Radicado: 05001233100020100053901 (59075) Demandante: Gloria Inés Oviedo Chacón y otros 4.2, Alena Isabel Guerra Gómez y Christian Eduardo Pinzón Ortiz no se encuentran legitimados en la causa por activa, pues no acreditaron que tenían un vínculo familiar con Gloria Inés Oviedo Chacón o que eran terceros perjudicados en el proceso por - tener interés en las resultas del mismo. 4.3. La Nación está legitimada en la causa por pasiva y se encuentra debidamente representada por la Fiscalía General de la Nación y por la Rama Judicial, de conformidad con los criterios señalados por la jurisprudencia de esta Sección”, puesto que la primera adelantó el proceso penal en etapa de instrucción penal y la segunda condenó a Gloria Inés Oviedo Chacón y, posteriormente, absolvió a la procesada de la comisión del delito de peculado culposo.

5. Problemas jurídicos Corresponde a la Sala determinar. ¡) si la actuación de la Fiscalia General de la Nación en punto de la captura con fines de indagatoria de Gloria Inés Oviedo Chacón, cumplió con los presupuestos legales o si con la misma se causó un daño antijurídico que el

en punto de la captura con fines de indagatoria de Gloria Inés Oviedo Chacón, cumplió con los presupuestos legales o si con la misma se causó un daño antijurídico que el Estado tiene el deber de reparar, y ¡¡) si el Estado cumplió los términos procesales para realizar la diligencia de indagatoria y definir la situación jurídica de los procesados, o si se prolongó injustificadamente la detención de los procesados generando un daño antijurídico que el Estado debe resarcir.

6. Solución de los problemas jurídicos Antes de resolver los problemas jurídicos es menester hacer unas consideraciones generales sobre la responsabilidad del Estado y el desarrollo jurisprudencial frente al régimen de responsabilidad por privación injusta de la libertad. 34 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Auto del 25 de septiembre de 2013, Rad.:

20420.12

Radicado: 05001233 100020100053901 (59075) Demandante: Gloria Inés Oviedo Chacón y otros 6.1. Consideraciones generales sobre la responsabilidad del Estado El artículo 90 de la Constitución Política de 1991% consagró dos condiciones para declarar la responsabilidad extracontractual del Estado: i) la existencia de un daño antijurídico y ti) la imputación de éste al Estado.

El daño antijurídico es la lesión injustificada a un interés protegido por el ordenamiento. En otras palabras, es toda afectación que no está amparada por la ley o el derecho? que contraría el orden legal%” o que está desprovista de una causa que la justifique? resultado que se produce, sin derecho, al contrastar con las normas del ordenamiento y, contra derecho, al lesionar una situación reconocida o protegida?, violando de

que contraría el orden legal%” o que está desprovista de una causa que la justifique? resultado que se produce, sin derecho, al contrastar con las normas del ordenamiento y, contra derecho, al lesionar una situación reconocida o protegida?, violando de manera directa el principio alterum non faedere, en tanto resulta contrario al ordenamiento jurídico dañar a otro sin repararlo por el desvalor patrimonial que sufre. La imputación no es otra cosa que la atribución fáctica y jurídica que del daño antijurídico se hace al Estado, de acuerdo con los criterios que se elaboren para ello, como por ejemplo la falla del servicio, el desequilibrio de las cargas públicas, la concreción de un riesgo excepcional, o cualquiera otro que permita hacer la atribución en el caso concreto”. Es decir, verificada la ocurrencia de un daño antijurídico y su imputación al Estado, surge el deber de indemnizarlo plenamente, con el fin de hacer efectivo el principio neminem laedere. 5 "Artículo 90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por lá acción o la omis