CE - 012331000201000824011SENTENCIACONFIRMA20230223095521

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, veintiséis (26) de enero de dos mil veintitrés (2023)

Consejero ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ Radicación: 68001-23-31-000-2010-00824-01 (56.212)

Demandante: CECILIA VEGA MEJÍA

Demandado: NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y OTROS

Medio de control: REPARACIÓN DIRECTA

Asunto: APELACIÓN DE SENTENCIA - DEFECTUOSO

FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Síntesis del caso: se alega la configuración de un error judicial cometido en unas decisiones de la Fiscalía General de la Nación que suspendieron una investigación penal por el hurto de un vehículo automotor de prop iedad de la d emandante, al igual que un defectuoso funcionamiento de la admin istración de justicia por la entrega tard ía de dicho rodante una vez fue recuperado.

Temas: demandante como apelante único – apelación única y exclusivamente de perjuicios / condena por lucro cesante en abstracto / perjuicios morales – ausencia de prueba.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante (fls. 429 a 4 39 y 438 a 439 cdno. apelación) contra la sentencia proferida el 16 de abril de 2015 por el Tribunal Administrativo de Santander en Descongestión (fls. 413 a 423 cdno. apelación) mediante la cual se dispuso:

2015 por el Tribunal Administrativo de Santander en Descongestión (fls. 413 a 423 cdno. apelación) mediante la cual se dispuso:

“PRIMERO:DECLÁRASE probada la excepción de oficio de caducidad de la acci ón respecto de la tipificaci ón del error judicial en la inve stigación penal adelantada por la FISCALÍA GENERAL DE LA NACI ÓN, respecto del hurto del veh ículo de propiedad de la señora CECILIA VEGA MEJ ÍA, por las decisiones de suspensión de la investigaci ón tomada en curso del mismo, de conformid ad con l o expuesto en la parte mot iva de este proveído.

SEGUNDO: DECLÁRASE administrativamente responsable a la NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACI ÓN, por los daños causados a la señora CE CILIA VEGA MEJ ÍA como consecuencia de la demo ra en que incurrió para entregarle el veh ículo d e plac a EJC 467, marca TOYOTA HILUX 4X4 dob le cab ina, modelo 2000 , motor No. 2241567, chas is No.

9FH33UNG8Y800, de manera i nmediata, una vez el mismo fueExpediente 68001-23-31-000-2010-00824-01 (56.212) Actor: Cecilia Vega Mejía Reparación directa Apelación sentencia

2 recuperado, de conformidad con las consideraciones expuestas en este proveído.

TERCERO: COND ÉNASE a la NAC IÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, a pagar a la señora CECILIA VEGA MEJ ÍA, a título de perjuicios

proveído.

TERCERO: COND ÉNASE a la NAC IÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, a pagar a la señora CECILIA VEGA MEJ ÍA, a título de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante , la cuan tía que estab lezca dentro del tr ámite incidental que para el efecto deberá promover la parte actora dent ro de los sesenta (60) d ías si guientes a la ejecut oria de esta decisión, de conformidad con los par ámetros establecidos en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: DENEGAR las dem ás pretensiones de la demanda ( …).” (fl. 423 cdno. apelación – negrillas y mayúsculas sostenidas del original).

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

En escrito presentado el 26 de octubre de 2010 (fls. 95 cdno. ppal.), la señora Cecilia Vega Mej ía promovió demanda a trav és de la acci ón de re paración direc ta consagrada en el artículo 86 del CCA en contra de la Naci ón – Ministerio del Interior y del Derecho, Nación – Fiscalía General de la Naci ón y Naci ón – Ministerio de Defensa – Policía Nacional (fls. 3 a 22 cdno. ppal.) con el fin de que se hagan las siguientes declaraciones y condenas:

“2.1 QUE EN SENTENCIA QUE HAGA TRÁNSITO A COSA JUZGADA SE DECLARE que la NACIÓN COLOMBIANA MINISTERIO DEL INTERIOR Y DEL DERECHO debidamente rep resentado por el d octor GER MÁN

“2.1 QUE EN SENTENCIA QUE HAGA TRÁNSITO A COSA JUZGADA SE DECLARE que la NACIÓN COLOMBIANA MINISTERIO DEL INTERIOR Y DEL DERECHO debidamente rep resentado por el d octor GER MÁN VARGAS LLERAS, con domicilio en la Carrera 54 No. 26.25, Bogotá D.C., FISCALÍA GENERAL DE LA NACI ÓN, debidamente representada por el doctor GUILLER MO MENDOZA DIAGO, la NACI ÓN COLOMBIANA MINISTERIO DE DEF ENSA – POLICÍA NACIONAL, debidamente representado por el señor General ÓSCAR NARANJO TRUJILLO con domicilio en la Carr era 57 No. 26-21 CAN BOGOTÁ D.C. y en esta ci udad en la Calle 41 No. 11 -44, son respon sables administrativamente de los daños y perjuicios materiales (Daño Emergente y Lucro Cesant e) y morales que se causaron con ocasi ón del t rámite de las ac tuaciones adelantadas del proceso penal en que fue denunciante la señora CE CILIA VEGA MEJÍA, e irrogados POR EL ER ROR JUDICIAL y/o vías de hecho actuación negligentemente (sic) dentro de la inve stigación por el hurto del vehículo, camione ta marca Toyota t ipo Hilux DC 4x 4 Chasis SUNG Y 80000421 Modelo Color Gris Alborada, serie 9FHV33 Placa EJC467 Motor 2.241.567 que se dieron con violaci ón de no rmas s ustanciales y con violación de la Ley 270 de 1966 , con la Ley 1285 de 2009, todo seg ún lo expuesto en esta demanda.

2.241.567 que se dieron con violaci ón de no rmas s ustanciales y con violación de la Ley 270 de 1966 , con la Ley 1285 de 2009, todo seg ún lo expuesto en esta demanda.

2.2 COMO CONSECUENCIA DE LA DECISI ÓN ANTERIOR SE CONDENE A LA NACI ÓN COLOMBIANA MINISTERIO DEL INTERIOR Y DEL DERECHO – FISCALÍA GENERAL DE LA NACI ÓN, la NACI ÓN COLOMBIANA MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL, a pagar las siguientes sumas:Expediente 68001-23-31-000-2010-00824-01 (56.212) Actor: Cecilia Vega Mejía Reparación directa Apelación sentencia

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2.2.1 PERJUICOS MATERIALES

2.2.1.1 DAÑO EMERGEN TE: gastos de b úsqueda, viajando a Bucaramanga y otras ciudades en varias oportunidades por parte de la señora CECILIA VEGA MEJ ÍA hasta el momen to en que vio las pla cas de su cami oneta en un veh ículo que se d emostró perten ecía al Ejército Nacional y que aunque no se pueden presentar los soportes, por no haberse guardado los tiquetes y detall e minucioso de los gastos tan solo se estiman en la suma seiscientos mil pesos ………………….. ($600.000).

2.2.1.2 LUCRO CESANTE: Correspondiente al valor dejado de recibir por concepto de arrendamientos durante el tiempo que permaneció el vehículo de placas EJC 467 en poder de entidades estatales desde el año 2000,

2.2.1.2 LUCRO CESANTE: Correspondiente al valor dejado de recibir por concepto de arrendamientos durante el tiempo que permaneció el vehículo de placas EJC 467 en poder de entidades estatales desde el año 2000, hasta el mom ento y además durante el tiempo que dure el proceso, todo ello es timado en la forma que se deja sustentado en los hechos y justificación de la cuantía por valor de: … . . . . . . . . . . . .. . ($423.854.000).

Son CUAT ROCIENTOS V EINTITRÉS MI LLONES OCHOCIENTOS

CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS.

Lo anterior sin perjuicio d e lo s m ayores valores que puedan resulta r del avalúo pericial y sumas mayores que se puedan reconocer conforme al cúmulo probatorio y la indexación.

2.2.1.2.3 PERJUICIOS MORALES:

Los perjuicios morales en el caso de REPARACI ÓN DIRECTA conforme a la jurisprudencia, aunque no tienen una valoración concreta, se consideran en TREINTA Y OCHO MILLONES DE PE SOS CIENTO CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS ($38.150.400) con la anotaci ón que su fijación es potestativa del señor juez singular o plural, o la mayor suma que pueda fijar c on fu ndamento en la época en que se produzca la sentencia o mayores valores que puedan fijar se con fu ndamento en la gravedad del perjuicio.

2.2.3 Que se co ndene a la index ación correspondiente a las cantidades anteriores, que actualmente no necesita comp robación conforme a la jurisprudencia.

perjuicio.

2.2.3 Que se co ndene a la index ación correspondiente a las cantidades anteriores, que actualmente no necesita comp robación conforme a la jurisprudencia.

2.2.4 Que se conde ne en costas a los demandados, habida cuenta de las características de los hechos .” (fl. 4 y 5 cdno. ppal. – negrillas y mayúsculas sostenidas del texto original).

2. Hechos

Como fundamento fáctico de la demanda se narró, en síntesis, lo siguiente:

1. La señora Cecilia Vega Mej ía era propietaria de la camioneta marca Toyota, tipo

Hilux DC 4x4 de placas EJC 467, l a cual fue hurtada en la ciudad de Barrancabermeja (Santander), hecho que fue denunciado el 24 de julio de 2000 ante la Unidad Delegada ante los Juzgados Penales de Circuito – Fiscalía Segunda de esa ciudad.Expediente 68001-23-31-000-2010-00824-01 (56.212) Actor: Cecilia Vega Mejía Reparación directa Apelación sentencia

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1. Durante la etapa preliminar del proceso penal se encargó de la labor investigativa a la SIJIN de Barrancabermeja (Santander) pero, el proceso fue suspendido el 8 de mayo de 2001 , suspensión que fue le vantada el 20 de enero de 2003 porque la denunciante informó que las placas del veh ículo hurtado fueron vistas en un rodante perteneciente al Ejército Nacional; el proceso se volvió a suspender el 22 de febrero de 2005.

denunciante informó que las placas del veh ículo hurtado fueron vistas en un rodante perteneciente al Ejército Nacional; el proceso se volvió a suspender el 22 de febrero de 2005.

1. Pese a que el 28 de septiembre de 2004 la “Quinta Brigada” del Ejército Nacional dejó a disposición de la Fiscalía General de la Naci ón las placas EJC 467, no se adelantaron l as investigaciones del caso para det erminar por q ué razón aquella institución tenía en su poder dichas placas, si esa autoridad (además de las placas) tuvo o tenía en su poder el veh ículo, qué autoridades intervinieron en ese hecho y, de haber tenido a disposición dicho bien por qué no lo entregó en su momento.

1. A través de oficio no . 430 del 1 5 de febrero de 2007, un vehículo de placas AXL 925 fue dejado a disposici ón de un funcionario de la SIJIN en la población de Santa Rosa (Bolívar) pues, fue aprehendi do cuando era conducid o por el señ or Fernando Enrique Torres y presentaba inconsistencias en los seriales de identificaci ón, después se logr ó determinar que ese automo tor era el mismo denunciado como hurtado pero con placas distintas.

1. El 3 de febrero de 2009, la Fiscal ía S éptima Seccio nal de Barrancabermeja

(Santander) ordenó la entrega de la camione ta en cuestión a la señora C ecilia Vega Mejía pero, esta solo se materializó en el mes de “abril de 2010”.

1. La Fiscalía General de la Nación fue negligente e incurrió en error judicial, el cual se hizo evidente a partir de una sentencia de tutela proferida por el Tribunal Superior

Mejía pero, esta solo se materializó en el mes de “abril de 2010”.

1. La Fiscalía General de la Nación fue negligente e incurrió en error judicial, el cual se hizo evidente a partir de una sentencia de tutela proferida por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bucaramanga del 16 de junio de 2009 en la que se ampararon los derechos de la demandante al debido proceso, de acceso a la administraci ón de justicia y a la propiedad ya que, como consecuencia de ello se conminó a la Fiscalía 5 Seccional de Barrancabermeja para que materializara la entr ega del bien en favor Cecilia Vega Mejía, sin que para ello se exigiera el pago de lo adeu dado por concepto de parqueadero, costo que debía asumir la Fiscal ía por conducto del correspondiente ordenador del gasto.

1. Sobre los perjuicios, se reclaman los siguientes : (i) daño emergente, consistente en los gastos de b úsqueda del veh ículo, lo cual implicó varios desplazamientosExpediente 68001-23-31-000-2010-00824-01 (56.212) Actor: Cecilia Vega Mejía Reparación directa Apelación sentencia

5 desde la ciudad de Bucaramanga (Santander) a otras ciudades del país; (ii) lucro cesante, por cuanto para la fecha en la cual la camioneta fue hurtada la demandante “por intermedio de su esposo Jos é del Carmen Moya Agudelo ” la tenía en arrendamiento a un ter cero, debido a que este último había firmado con el señor Alejandro Rondón Sandoval un contrato de alquiler , cuyo propósito era el transpo rte de funcionarios de ECOPETROL, por cuyo concepto recibía un canon de $2.100.000

Alejandro Rondón Sandoval un contrato de alquiler , cuyo propósito era el transpo rte de funcionarios de ECOPETROL, por cuyo concepto recibía un canon de $2.100.000 y; (iii) perjuicios morales.

3. Contestación de la demanda

La demanda fue admitida el 29 de octubre de 2010 por el Tribunal Administrati vo de Santander, quien dispuso la notificaci ón personal de la Naci ón – Ministerio del Interior y de Justicia 1, la Naci ón – Fiscalía General de la Naci ón y de la Naci ón – Ministerio de Defensa – Policía Nacional (fls. 97 y 98 cdno. ppal.).

3.1 Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional

El 11 de febrero de 2011 contestó la demanda con oposición a las pretensiones (fls. 106 a 190 cdno. ppal.) con fundamento en lo siguiente:

1. No le cor responde al ente p olicial el adelantamiento de investig aciones penales, únicamente act úa como auxiliar de la jus ticia y son las autoridades ju diciales a quienes les asiste la competencia y el deber legal de decidir en los correspondientes procesos que se surten ante ellas.

1. Una vez re cuperado del vehículo hurtado fue puesto a disp osición de la Unidad Seccional de Fiscal ías de Barrancabermeja el 15 de ag osto de 2007 , momento desde el cual era obligaci ón del ente investigador asumir su deber de custodia , que el bien conservara “sus características y su estado”, y sufragar los costos generados en caso de que este no fuera ubicado en un parqueader o adscrito a sus dependencias.

el bien conservara “sus características y su estado”, y sufragar los costos generados en caso de que este no fuera ubicado en un parqueader o adscrito a sus dependencias.

1 Pese a que en el auto admiso rio de la demanda se orden ó la Notificación de la Nación – Ministerio del Int erior y de Justi cia, no se observa en el expediente que se hubiere surtido tr ámite alguno de notificación respecto de esta entidad, no obstante, ninguna de las partes o intervinientes propuso nulidad alguna por este hecho.Expediente 68001-23-31-000-2010-00824-01 (56.212) Actor: Cecilia Vega Mejía Reparación directa Apelación sentencia

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3.2 Nación – Fiscalía General de la Nación

Presentó contestación de la demanda el 15 de febrero de 2011 (fl. 119 a 121 cdno. ppal.), pero, por fuera del término de fijación en lista2.

4. La sentencia apelada

El 16 de abril de 201 5, el Tri bunal Admini strativo de Santander en Des congestión declaró probada de oficio la e xcepción de caducidad de la acci ón respecto de los hechos re lativos al error judicial endilgado a la Fiscal ía Gen eral de la N ación derivados de las decisiones en las cuales esta entidad orden ó suspender la investigación penal, no obstante, declar ó patrimo nialmente responsable a esa entidad por los daños cau sados a la s eñora Cecilia Vega Mej ía por la demo ra en la cual incurrió en realizar la entrega material y efectiva del vehículo de placas EJC 467,

entidad por los daños cau sados a la s eñora Cecilia Vega Mej ía por la demo ra en la cual incurrió en realizar la entrega material y efectiva del vehículo de placas EJC 467, marca Toyota Hilux 4X4 (fls. 297 a 314 cdno. apelación), con apoyo en lo siguiente:

1. El daño alegado por la demanda nte se reprocha con fundamento en dos hechos distintos y dos t ítulos diferentes de i mputación: (i) el error judicial cometido por la Fiscalía General de la Nación, contenido en sendas decisiones proferidas por esta entidad en las cuales decidió suspender la investigación penal, pese a existir hechos manifiestos que ame ritaban que se continuara con el trámite penal y; (ii) un defectuoso funcionamiento de la ad ministración de justicia , por cuanto el bien de propiedad de la demandante, luego de ser recuperado, permaneció en disposición de la Fiscal ía General de la Nación y fue restituido de manera tard ía a su leg ítima propietaria.

1. Respecto de los hechos r elacionados con el referido error judicial , la acci ón de reparación directa se encuentra cadu cada, por cuanto fueron dos las decisiones en las cuales se ordenó suspender la investigaci ón penal por parte de la F iscalía II Delegada de Barrancabermeja, la primera data del 8 de mayo de 2001 y, la segunda, del 22 de febrero de 2005 ; en ese orden de ideas, si se contabiliza el t érmino de caducidad desde el día siguiente a la expedición de tales providencias3, resulta claro

2 Según informe secretarial visible a folio 123 del cuaderno principal.

del 22 de febrero de 2005 ; en ese orden de ideas, si se contabiliza el t érmino de caducidad desde el día siguiente a la expedición de tales providencias3, resulta claro

2 Según informe secretarial visible a folio 123 del cuaderno principal. 3 Consideró el tribunal de primera instancia que la caducidad debía contarse desde esas fechas , ya que desde allí predicó su ejecutoria, para lo cual citó el artículo 187 de la Ley 600 del 2000.Expediente 68001-23-31-000-2010-00824-01 (56.212) Actor: Cecilia Vega Mejía Reparación directa Apelación sentencia

7 que para la fecha en la cual se present ó la de manda, el 26 de octubre de 2010, ya habían trascurrido más de dos años.

1. Acerca d el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia por la entrega tardía del vehículo recuperado la demanda fue presentada en tiempo, ya que el término de caducidad debe contarse a partir de la entrega material del veh ículo lo cual ocurrió el 14 de septiembre de 2009 , momento desde el cual no transcurrieron más de dos años hasta el 26 de octubre de 2010 cuando se presentó la demanda.

1. Sobre el daño, se demostr ó que el vehículo era de propiedad de la demandante y que este consist ió en la “pérdida del disfrute y uso y goce del bien ” (fl 419 cdno. apelación) por el término que este estuvo a disposici ón de la Fiscal ía General de la Nación, pues, el desmedro patrimonial se produjo por un defectuoso funcionamiento de la administraci ón de jus ticia atr ibuible a esa entidad dado que no pro cedió a la

Nación, pues, el desmedro patrimonial se produjo por un defectuoso funcionamiento de la administraci ón de jus ticia atr ibuible a esa entidad dado que no pro cedió a la entrega oportuna del automotor una vez fue recuperado.

Lo anterior se sustenta en que se acreditó que el 29 de julio de 2007 la Policía Nacional – SIJIN – DEMAN aprehendió el vehículo que fue denunciado como hurtado en la pob lación de Santa Rosa (Bo lívar) y, posteriormente, fue puesto a disposici ón de la Fiscal ía Segunda Seccional de Barrancabermeja el 15 de agosto de 2007, no obstante, fue entregado a su propietaria el 14 de septiembre de 2009.

Esto significa que hubo negligencia por parte de la Fiscalía debido a que no dispuso de la entrega de l rodante en un plazo pr udencial y razon able una vez fue dejado en su custo dia, m áxime cuando no se requer ía del automotor para perseguir con la investigación penal por el hurto y la propiedad e staba plenamente acreditada, requisitos que conforme al artículo 64 de la Ley 600 del 2000 eran los que se requería para que el bien fuera devuelto4.

1. No le asiste responsabilidad a la Policía Nacional por cuanto fue la institución que recuperó el veh ículo y cumpli ó con sus deberes constitucionales al efectuar las labores de identificaci ón plena del a utomotor y luego ponerlo a disposici ón de la Fiscalía General de la Naci ón; tampoco puede realiz arse un análisis de

4 Sobre e ste p unto el fallo expresa: “La entidad demandada expuso que realiz ó todas las labores

Fiscalía General de la Naci ón; tampoco puede realiz arse un análisis de

4 Sobre e ste p unto el fallo expresa: “La entidad demandada expuso que realiz ó todas las labores tendientes para adelantar la investigación penal, y que el vehículo fue entregado a su propietaria luego de efectuar las labores necesarias, cuestión que no minimiza el hecho de su negligencia en la entrega oportuna del vehículo a su propietaria, pues tal como se evidencia, tardó aproximadamente dos años y un mes para disponer de su entrega, lo que a todas luces no resulta r azonable ni proporcionado.” (fl. 420 cdno. apelación).Expediente 68001-23-31-000-2010-00824-01 (56.212) Actor: Cecilia Vega Mejía Reparación directa Apelación sentencia

8 responsabilidad respecto del Ej ército Naci onal frente a l presunto hecho irregular sobre el que la parte demandante aseg ura que incurrió esa institución por el hecho de tener en su poder la s pla cas del vehículo hurtado, ya que esta enti dad no fue demandada.

1. Sobre los perjuicios se consideró lo siguiente:

a) No se reconoce el daño e mergente consistente en los gasto s destinados para la búsqueda del vehículo automotor después de que fue hurtad o, por razón de que la responsabilidad de la Fiscal ía General de la Nación se declaró sobre la base de una entrega tardía una vez fue recuperado por la Policía Nacional, tampoco se probó con ningún documento i dóneo las erogaciones realizadas por la demanda nte p or dicho concepto.

b) Sobre el lucro cesante, pa ra demostrar su causaci ón no es suficiente con el

ningún documento i dóneo las erogaciones realizadas por la demanda nte p or dicho concepto.

b) Sobre el lucro cesante, pa ra demostrar su causaci ón no es suficiente con el contrato de arrendamie nto suscrito entre el señor Alejandro Rond ón Sandoval en condición de arrend atario y el señor Jos é M oya como arrendador pues, quien aparece en ese documento como parte del contrato no es la aquí demandante, por manera que la pérdida de los c ánones de arrend amiento, en pr incipio, solo podr ían afectar a quienes hayan intervenido en aquel contrato, además, el señor José Moya no figura como demandante en este proceso.

Tampoco hay prueba de la relaci ón existente entre la señora Cecilia Vega Mej ía y José Moya , lo cual impide constatar si ha bía algún vínculo que indique que la demandante sí estaba llamada a lucrarse de la explotación de la camioneta, aspecto que no es posible determinar solo a partir de lo pactado en el mencionado contrato , no obsta nte, “tampoco es viable desconocer que como propietaria del bien , le correspondería alguna utilidad de los negocios que sobre el mismo se haya realizado” (fl. 421 cdno. apelación), razón por la que es preciso imponer una condena en abstracto para que la dem andante demuestre la cuantifica ción de los perjuicios del hecho de no disponer el veh ículo durante el tiempo que estuvo en manos de la Fiscalía General de la Nación.

El trámite incidental se debe adelantar en los 60 días siguientes a la ejecutoria del auto que obedezca los dis puesto por el superior mediante escrito presentado por la demandante que contenga una liquidación motivada y especificada de la cuantía a

El trámite incidental se debe adelantar en los 60 días siguientes a la ejecutoria del auto que obedezca los dis puesto por el superior mediante escrito presentado por la demandante que contenga una liquidación motivada y especificada de la cuantía a reclamar, los criterios a tener en cuenta son los siguientes: (i) se determinará el valorExpediente 68001-23-31-000-2010-00824-01 (56.212) Actor: Cecilia Vega Mejía Reparación directa Apelación sentencia

9 de los ingresos dejados de percibir po r la inmovilización del vehículo desde el 15 de agosto de 2007 hasta el 14 de septiembre de 2009, fe cha en la cual fue entregado a la demandante; (ii) para determinar la cuantificación de los perjuicios, la demandante deberá demostrar la existencia de do cumentos o contratos suscritos por ell a “en uso y goce de su veh ículo que le representaran directamente una ganancia” (fl.422 cdno. apelación) y, (iii) las sumas que resulten probadas deber án ser actualizadas a val or presente.

Por otra parte, el dictamen pericial suscrito por el perito Pedro Julio Acevedo no ser á tenido en cuenta porque efectu ó el c álculo de los perjuicios con sustento en el contrato de arrendamiento aportado al proceso , el cual no tiene la enti dad suficiente para demostrar la cuantificación del lucro cesante reclamado y que este hubiere sido sufrido por el titular del derecho de dominio.

c) En relación con los perjuicios morales, no se reconocen porque no aparece prueba alguna que dé cuenta de su causación.

5. El recurso de apelación

sufrido por el titular del derecho de dominio.

c) En relación con los perjuicios morales, no se reconocen porque no aparece prueba alguna que dé cuenta de su causación.

5. El recurso de apelación

El 29 de abril de 2015 , la parte demandante presentó recurso de apelación5 a través del cual solicitó que se modifique la forma en como fueron reconocidos los perjuicios por la primera instancia (fls. 429 a 430 y 438 a 439 cdno. apelación), con base en la siguiente argumentación:

1. La sentencia del tribunal omit ió reconocer en concreto los valores correspondientes a l luc ro cesan te, debido a que sí existe n pruebas que permit en realizar la respectiva tasación sin necesidad de acudir a un incidente de liquidaci ón, el contenido del contrat o de arrendamiento del veh ículo automotor y el dict amen pericial aportado con la demanda aluden al valor de los ingresos dejados de perci bir y sirven de sustento para poder determina r de manera clara el mon to de ese perjuicio.

5 El m ismo d ía en el c ual la parte demandante present ó recurso de apelaci ón también radicó una solicitud de adición de la sentencia (fls. 427 y 428 cdno. apelación), debido a que estim ó que esta omitió el reconocimiento de una co ndena en concreto . E sa petición de a dición fue ne gada por el Tribunal Administrativo de Santander de Descongestión por au to del 16 de septiembre de 2015 , consideró que en el fallo se hab ía explicado con su ficiencia que no exist ía medio de prueba que permitiera liquidar en con creto el perjuicio correspondiente al lucro cesante (fls. 436 y 437 cdno.

consideró que en el fallo se hab ía explicado con su ficiencia que no exist ía medio de prueba que permitiera liquidar en con creto el perjuicio correspondiente al lucro cesante (fls. 436 y 437 cdno. apelación).Expediente 68001-23-31-000-2010-00824-01 (56.212) Actor: Cecilia Vega Mejía Reparación directa Apelación sentencia

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1. Conforme a lo anterior, el fallo apelado debi ó aplicar el art ículo 283 del C ódigo General del Proceso, según el cual debe contemplarse en la condena el pago de los frutos e intereses por cantidad y valor determinados, norma que es aplicable por disposición del artículo 306 del CPACA.

1. Acerca de los perjuicios morales, si bien estos se mencionaron en la parte considerativa de la sentencia, nada se dijo al respecto en la parte resolutiva, además, sí está probada su causación con sustento en los testimonios de Gilberto Hernández Díaz y Libardo Ordoñe z Rodríguez quienes relataron que la de mandante tuvo que acudir a sitios tales como La Rochela, Yondó, El Tigre , San Luis , el Pe ral y Puerto Wilches con el objeto de emprender la búsqueda del vehículo de cuya posesi ón fue privada, circunstancia que le provocó un “estado psicológico deprimente así se trate de un bien mueble.” (fl. 439 cdno. apelación).

1. Finalmente, en la última parte del recurso de apelación se solicitó que la segunda instancia se pronunciara “sobre lo relativo a la Polic ía Nacional ” (fl. 439 cdno. apelación).

6. Actuación surtida en segunda instancia

1. Finalmente, en la última parte del recurso de apelación se solicitó que la segunda instancia se pronunciara “sobre lo relativo a la Polic ía Nacional ” (fl. 439 cdno. apelación).

6. Actuación surtida en segunda instancia

Por auto del 24 de junio de 2016 se admitió el recurso de ap elación (fl. 452 cdno. apelación) y, posteriormente, el 14 de octubre de 2016 (fl. 454 cdno apelación) se corrió traslado a las partes para para alegar de conclusión, por el término común de diez (10) días y, por el mismo lapso, al Ministerio Público para que emitiera concepto, quienes expresaron lo siguiente:

1. La Nación – Ministerio de Def ensa – Policía Nacional solicitó la confirmaci ón del fallo apelado pues, en este v álidamente se consider ó que no le asistía responsabilidad alguna y que la llam ada a responder era la F iscalía General de la Nación (fls. 455 a 459 cdno. apelación).

1. La parte demandante reiter ó lo ex puesto en el recurso de apelaci ón, ateniente a que se realice una condena en concre to, se reconozcan los perjuicios morales y se tenga en cuenta su condición de apelante único (fl. 467 cdno. apelación).Expediente 68001-23-31-000-2010-00824-01 (56.212) Actor: Cecilia Vega Mejía Reparación directa Apelación sentencia

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1. La Naci ón – Fiscalía General de la Naci ón expresó que deb e revocarse la sentencia de primera instancia para en su lugar no acceder a los perjuicios por lucro

Reparación directa Apelación sentencia

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1. La Naci ón – Fiscalía General de la Naci ón expresó que deb e revocarse la sentencia de primera instancia para en su lugar no acceder a los perjuicios por lucro cesante, debido a que el vehículo en cuestión era de servicio particular y no p úblico, por lo tant o no puede aceptarse que fuera apto para el trasporte de personal de la empresa ECOPETROL, además, el correspondiente contrat o de ar rendamiento n o debió ser tenido en cuenta como prueba, m áxime cuando la señora Cecilia Vega Mejía no suscribió el mismo; adicionalmente, la falla del servicio en este caso deb ió probarse y no predicar su ocurrencia solo por la cantidad de tiempo trascurrido para la entrega del mencionado vehículo automotor y con base en el criterio discrecional del juez (fls. 470 a 474 cdno. apelación).

1. El Ministerio Público rindió concepto a trav és de la Procuradur ía Quinta Delegada ante el C onsejo de Estado , quien expre só que la seg unda instancia solo puede resolver los punt os que fueron objeto de apelaci ón, esto es, lo atinente al reconocimiento de los perjuicios y que no es posible liquidar condena en concreto por lucro cesante , po