CE - 012331000201001491011SENTENCIA20230203173313

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., tres (3) de noviembre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: REPARACIÓN DIRECTA - .

Radicación: 05001233100020100149101 (50812)

Demandante: FRANCISCO JAVIER ARIAS ARANGO Y OTROS

Demandado: NACIÓN — MINISTERIO DE DEFENSA - POLICÍA NACIONAL — EJÉRCITO NACIONAL Tema: Detonación de artefacto explosivo. Muerte de civil. Omisión al deber de seguridad y protección. No se probó la falla del servicio.

Acto terrorista perpetrado por terceros. SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por las partes contra la sentencia del 21 de octubre de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO El 14 de agosto de 2008, miembros de las FARC detonaron un artefacto en el municipio de Ituango (Antioquia) y su onda explosiva alcanzó la humanidad de José Alejandro Arias Valencia, quien posteriormente falleció a causa del fatídico hecho.

Los demandantes consideran que la Nación — Ministerio de Defensa — Policía Nacional y Ejército Nacional incurrieron en una falla del servicio por omisión en el deber de vigilancia y seguridad.Radicado: 05004233100020100149101 (50812)

Demandante: Francisco Javier Arias Arango y otros

Il. ANTECEDENTES

1. Demanda | ne.

deber de vigilancia y seguridad.Radicado: 05004233100020100149101 (50812)

Demandante: Francisco Javier Arias Arango y otros

Il. ANTECEDENTES

1. Demanda | ne.

El 29 de julio de 20101, Francisco Javier Arias Arango en nombre propio y en representación de Jhonatan Arias Valencia; Ana Lucía Valencia Vásquez y, Edwin Javier y Edison Esleyder Arias Valencia, mediante apoderado judicial y en ejercicio de la acción de reparación directa, presentaron demanda en contra de la Nación — Ministerio de Defensa — Policía Nacional — Ejército Nacional, para que se les declarara patrimonialmente responsables por la muerte de José Alejandro Arias Valencia, luego de la explosión de un artefacto explosivo el 14 de agosto de 2008 en el municipio de Ituango (Antioquia). Como pretensiones de sú demanda, el extremo activo solicita condenar a las entidades demandadas a pagar, por perjuicios morales, 600 SMLMV a Francisco Javier Arias Arango, Ana Lucía Valencia Vásquez y Jhonatan Arias Valencia, y 400 SMLMV a Edwin Javier y Edison Esleyder Arias Valencia; por daño a la vida de relación, 100 SMLMV a cada uno de los accionantes; y por daño emergente y lucro cesante, la suma que resulte probada en el proceso a cada uno de los libelistas. En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirma que 14 de agosto de 2008, miembros de las FARC subversivo detonaron un artefacto explosivo en el municipio de Ituango (Antioquia). Señala que la explosión del artefacto referido produjo la muerte de José Alejandro Arias Valencia, quien se encontraba presente en el lugar de los hechos. Los demandantes consideran que la Nación — Ministerio de Defensa — Policía

municipio de Ituango (Antioquia). Señala que la explosión del artefacto referido produjo la muerte de José Alejandro Arias Valencia, quien se encontraba presente en el lugar de los hechos. Los demandantes consideran que la Nación — Ministerio de Defensa — Policía Nacional y Ejército Nacional incurrieron en una falla del servicio por omisión en el deber de vigilancia y seguridad, pues a su juicio, “f...] se habían hecho una series de recomendaciones y advertencias a los organismos de seguridad del Estado, 1Fl 1a19, C.1.Radicado: 05001233100020100149101 (50812) Demandante: Francisco Javier Arias Arango y otros encargados de la seguridad y protección de la población de Ituango, sobre la posible incursión armada y perpetuación de atentados terroristas”.

2. Contestación El 17 de agosto de 2010, el Tribunal Administrativo de Antioquia admitió la demanda y ordenó su notificación a las demandadas y al Ministerio Público. 2.1. La Nación — Ministerio de Defensa — Policía Nacional? argumentó que el daño se ocasionó por un hecho externo, irresistible e imprevisible para la Administración.

Formuló la excepción de “ausencia de responsabilidad por el hecho exclusivo de un tercero”. 2.1. La Nación — Ministerio de Defensa — Ejército Nacionai se opuso a las pretensiones de la demanda, argumentando que el extremo activo no probó que hubiera incurrido en una falla del servicio. Formuló como excepción la que denominó ' “causal de exculpación por hecho de un tercero”.

3. Alegatos de conclusión en primera instancia El 15 de mayo de 20135 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente,

“causal de exculpación por hecho de un tercero”.

3. Alegatos de conclusión en primera instancia El 15 de mayo de 20135 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente, 3.1. La parte demandante? y la Nación — Ministerio de Defensa — Policía Nacional” — Ejército Nacionalé reiteraron los argumentos expuestos en el escrito de la demanda y en la contestación de éste, respectivamente.

2F1,112,C. 1. 3 Fl 116 a 121,C. + Fl. 138 a 153, C. 5 Fl. 242, 0.1. 6 Fl, 249 a-266, C.1. 7 Fl. 267 a 270, C.1. 8 Fl, 243 a 248, C.1 1. 1.Radicado: 905001233100020100140101 (50812) Demandante: Francisco Javier Árias Arango y otros 3.2. El Ministerio Público? solicitó acceder a las pretensiones de la demanda, alegando que el daño ocasionado a los demandantes fue anormal y especial, dado que devino del rompimiento del equilibro frente a las cargas públicas.

4. Sentencia de primera instancia Mediante sentencia del 21 de octubre de 20131 el Tribunal Administrativo de Antioquia accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, al constatar que la muerte de José Alejandro Arias Valencia devino de un desequilibro frente a las cargas públicas, dado que el atentado terrorista acaecido el 14 de agosto de 2008 en el municipio de Ituango (Antioquia) fue una consecuencia del conflicto armado librado entre el Estado y los grupos al margen de la ley.

cargas públicas, dado que el atentado terrorista acaecido el 14 de agosto de 2008 en el municipio de Ituango (Antioquia) fue una consecuencia del conflicto armado librado entre el Estado y los grupos al margen de la ley.

Al efecto sostuvo que: “f...J el daño sufrido por las víctimas deviene de la ruptura del principio de igualdad frente a las cargas públicas, toda vez que como consecuencia del atentado del 14 de agosto de 2008, la cual es una consecuencia de la guerra librada entre el Estado y los grupos al margen de la ley, perdieron la vida 7 civiles y resultaron heridos entre 50 y 70 personas, carga que los demandantes no estaban en la obligación jurídica de soportar. De acuerdo con lo anterior, la Policía Nacional es administrativamente responsable a título de daño especial por la muerte de José Alejandro Arias Valencia, como consecuencia del atentado terrorista perpetrado por los grupos armados al margen de la ley contra los agentes de Policía en el municipio de Ituango, ya que en ejercicio de una actividad legítima, como lo es el cumplimiento de su deber de ejercer presencia en todo el territorio del Estado, originó un daño que los demandantes no se encuentran en la obligación jurídica de soportar. No puede olvidarse que este título de imputación se basa en el deber que tiene el Estado de librar nuevamente las cargas que las víctimas debieron soportar con ocasión a una guerra irregular entre el Estado y los grupos armados”.

En la parte resolutiva el a quo condenó exclusivamente a la Nación — Ministerio de Defensa — Policía Nacional a pagar, por perjuicios morales, 100 SMLMV a Francisco FL 308 a 317, C.1.

En la parte resolutiva el a quo condenó exclusivamente a la Nación — Ministerio de Defensa — Policía Nacional a pagar, por perjuicios morales, 100 SMLMV a Francisco FL 308 a 317, C.1. 10 Fl. 318 a 344, C.3.Radicado: 05001233100020100149101 (50812) Demandante: Francisco favier Árias Arango y otros Javier Arias Arango y Ana Lucía Valencia Vásquez, y 50 SMLMV a Jhonatan, Edwin Javier y Edison Esleyder Arias Valencia.

5. Recurso de apelación Los días 6 y 8 de noviembre de 2013, la parte demandante?! y la Nación — Ministerio de Defensa — Policia Nacional"? interpusieron. recurso de apelación, respectivamente, los cuales fueron concedidos el 6 de marzo de 20141 y admitidos el 12 de mayo de 2014%. 5.1. El extremo activo! solicitó reconocer el daño a la vida en relación solicitado en la demanda, argumentando que las pruebas obrantes en el expediente daban cuenta de su causación. 5.2. La Nación — Ministerio de Defensa — Policía Nacional?$ sostuvo que el extremo activo no probó la falla del servicio que le endilgó. Además, indicó que el daño se ocasionó por un hecho externo, irresistible e imprevisible para la Administración.

6. Alegatos de conclusión en segunda instancia El 1 de julio de 2014” se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente. a 6.1. La parte demandante?$ y Nación — Ministerio de Defensa — Policía Nacional!? reiteraron los argumentos expuestos en el recurso de apelación. 11 Fl, 346, C.3.

alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente. a 6.1. La parte demandante?$ y Nación — Ministerio de Defensa — Policía Nacional!? reiteraron los argumentos expuestos en el recurso de apelación. 11 Fl, 346, C.3. 12 FI, 377, C.3. 13 FL. 405, C.3. 14 Fl, 409, C.3. 15 Fl 346 a 376, C.3. 1616 Fl 377 a 393, C.3. 171, 411,03. 18 Fl, 412a413,C.3.. 19 Fl. 414 a 422, C.3.Radicado: 05001233100020100149101 (50812) Demandante: Francisco Javier Arias Arango y otros 6.2. La Nación — Ministerio de Defensa — Ejército Nacional y el Ministerio Público guardaron silencio.

11. CONSIDERACIONES

1. Competencia Esta Sala ps competente para conocer del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del 21 de octubre de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle de Antioquia, puesto que la cuantía, dada por la pretensión mayor de la demanda, ¡supera la exigida de 500 SMLMV para que un proceso adelantado en ejercicio de la acción de reparación directa tenga vocación de doble instancia ante esta Corporación?".

2. Acción|procedente La acción [de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene d e un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo, según lo dispone el artículo 86? del Código Contencioso Administrativo.

proviene d e un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo, según lo dispone el artículo 86? del Código Contencioso Administrativo. En este caso la acción procedente es la de reparación directa, porque se reclama | la reparación de un daño por una omisión imputable a la Nación — Ministerio de Defensa —|Policía Nacional — Ejército Nacional. 20 Las pretensiones de la demanda se estiman en la suma $1.711.868,750, equivalente a 3324 SMLMV del año 2010. 21 “Artículo 86. Acción de reparación directa. La persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño cuando la causa sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o ocupación temporal o permanente de un inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa. Las entidades públicas deberán promover la misma acción cuando resulten condenadas o hubieren conciliado por una actuación administrativa originada en culpa grave o dolo de un servidor o ex servidor, ¡público que no estuvo vinculado al proceso respectivo, o cuando resulten perjudicadas por la actuac, ¡ón particular o de otra entidad pública. Radicado: 05001233100020100149101 (50812) Demandante: Francisco favier Arias Arango y otros

3. Vigencia de la acción Con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la protección del interés general”? estableció unos plazos para poder ejercer oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser

jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la protección del interés general”? estableció unos plazos para poder ejercer oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud judicial, implica la extinción del derecho a accionar, así como la consolidación de las situaciones que se encontraban pendientes de solución. El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal, controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción, ofrecer estabilidad del derecho de manera que las situaciones controversiales que requieran solución por los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad, solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos. y Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su ocurrencia impide que estas puedan ser discutidas indefinidamente. 22 Corte Constitucional. Sentencia C-394 de 2002: “La caducidad es una institución jurídico procesal a través de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita en el tiempo el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida justicia. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del conglomerado social de obtener

el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida justicia. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del conglomerado social de obtener seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida, la caducidad no concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de un interés general. Como claramente se explicó en la sentencia C-832 de 2001 a que se ha hecho reiterada referencia, esta es una figura de orden público lo que explica su carácter irrenunciable, y la posibilidad de ser dectarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia.” 2 Consejo de Estado. Sentencia del 23 de febrero de 2006. Exp. 6871-05 ...ef derecho al acceso a la administración de justicia no es absoluto, pues puede ser condicionado legalmente a que la promoción de la demanda sea oportuna y las acciones se inicien dentro de los plazos que señala el legislador (...). El término de caducidad, fiene entonces como uno de sus objetivos, racionalizar el ejercicio del derecho de acción, y sí bien limita o condiciona el acceso a la justicia, es una restricción necesaria para la estabilidad del derecho, lo que impone al interesado el empleo oportuno de las acciones, so pena de que las situaciones adquieran la firmeza necesaria a la seguridad jurídica, para - solidificar el concepto de derechos adquiridos. ”.l l l l Radicado: 05001233100020100149101 (50812) Demandante: Francisco Javier Arias Arango y otros la caducidad, en la primera de sus manifestaciones, es un mecanismo de certidumb mediante configurac situación; limitación como una puesta en

Demandante: Francisco Javier Arias Arango y otros la caducidad, en la primera de sus manifestaciones, es un mecanismo de certidumb mediante configurac situación; limitación como una puesta en reconocim e y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle a, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también como una de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando sanción ¡pso ¡ure? que opera por la falta de actividad oportuna en la marcha del aparato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún iento o protección de la justicia??, cuya consecuencia, por demandar más allá del tiempo concedido por la ley procesal, significa la pérdida de la facultad potestativ El artículo reparación partir del administra propiedad En el cas término de de accionar. 136 del Código Contencioso Administrativo, señala que la acción de directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años contados a día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación tiva o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa. > sub examine el derecho de accionar se ejerció en tiempo, dentro del dos (2) años para el vencimiento de la acción, teniendo en cuenta: i) que el 14 de a gosto de 2008, falleció José Alejandro Arias Valencia, según da cuenta copia of de su registro civil de defunción; ¡¡) que los libelistas presentaron

dos (2) años para el vencimiento de la acción, teniendo en cuenta: i) que el 14 de a gosto de 2008, falleció José Alejandro Arias Valencia, según da cuenta copia of de su registro civil de defunción; ¡¡) que los libelistas presentaron 24 Consejo de Estado, Sentencia del 30 de enero de 2013: "Para garantizar la seguridad juridica de los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los eventos en Jue determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las partes tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro del plazo fijado por la ley y de no hacerlo en fiempo, perderán la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho. Es así como el fenómeno procesal de la caducidad opera ¡pso jure o de pleno derecho, es decir que no admite renuncia y el juez debe declararla de oficio cuando verifique la conducta inactiva del sujeto procesal llamado a interponer determinada acción judicial”. 25 Corte Constitucional. Sentencia C-574 de 1998: "... [s]i el actor deja transcurrir los plazos fijados por la ley en forma objetiva, sin presentar la. demanda, el mencionado derecho fenece inexorablemente, sín que pueda alegarse excusa alguna para revivirlos. Dichos plazos constituyen entonces, u pa garantía para la seguridad jurídica y el interés general. Y es que la caducidad representa e; límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho, por ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de protección, pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas por la ley ejerce

ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de protección, pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas por la ley ejerce sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno indicado”. 26 Fl, 26, C.1Radicado: 05001233100020100149101 (50812) Demandante: Francisco Javier Arias Arango y otros solicitud de conciliación extrajudicial el 12 de noviembre de 20092” la cual se declaró fallida el 4 de febrero de 2010%; y iii) que la demanda se presentó el 29 de julio de 2010??.

4. Legitimación en la causa 4.1. Francisco Javier Arias Arango (padre), Ana Lucía Valencia Vásquez (madre), Jhonatan Arias Valencia (hermano), Edwin Javier Arias Valencia (hermano) y Edison Esleyder Arias Valencia (hermano), son las persones sobre quienes recae el interés jurídico que se debate en este proceso y están legitimados en la causa por activa, pues conformaban el núcleo familiar de José Alejandro Arias Valencia

(víctima), según dan cuenta copias auténticas de sus registros civiles de nacimiento? 4.2. La Nación está legitimada en la causa por pasiva y está debidamente representada por el Ministerio de Defensa — Ejército Nacional y Policía Nacional, toda vez que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 231, 2173 y 218% de la Constitución Política, son las entidades a las que corresponde defender y garantizar el orden constitucional, controlar el orden público, así como brindar protección a los ciudadanos. 27 Fl. 63, C.1. 28 Fl. 63, C:1.

la Constitución Política, son las entidades a las que corresponde defender y garantizar el orden constitucional, controlar el orden público, así como brindar protección a los ciudadanos. 27 Fl. 63, C.1. 28 Fl. 63, C:1. 2F1.1a19,C.1. 30 Fl. 27 a33, C.1. 31 Artículo 2% “Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”. 2 Artículo 217: “La nación tendrá para su defensa unas fuerzas militares permanentes constituidas por el ejército, la armada y la fuerza aérea. Las fuerzas militares tendrán como finalidad primordial, la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional”. 3 Articulo 218: “La Policía Nacional es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo de la Nación, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz. La ley determinará su régimen de carrera, prestaciones y disciplinario”.5. Problen

de la Nación, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz. La ley determinará su régimen de carrera, prestaciones y disciplinario”.5. Problen Correspon para decla protección

6. Soluciá Antes de generales omisión el causados 6.1. Cons El artículo declarar la antijurídice

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Radicado: 05001233100020100149101 (50812) Demandante: Francisco favier Arias Arango y otros na jurídico de a la Sala determinar si en el presente caso se reúnen los supuestos rar la responsabilidad patrimonial del Estado por omisión en el deber de y seguridad. n del problema jurídico resolver el problema jurídico es menester hacer unas consideraciones sobre la responsabilidad del Estado, aquella que le corresponde por la n el deber de seguridad y protección, la responsabilidad por daños por la acción de grupos subversivos y el hecho exclusivo de un tercero. deraciones generales sobre la responsabilidad del Estado 90 de la Constitución Política de 1991% consagró dos condiciones para responsabilidad extracontractual del Estado: ¡) la existencia de un daño > y li) la imputación de éste al Estado. mo El daño antijurídico es la lesión injustificada a un interés protegido por el ordenamiento. En otras palabras, es toda afectación que no está amparada por la ley o el derecho, que contraría el orden legal?? o que está desprovista de una causa que la justifique”, resultando que se produce sin derecho al contrastar con las normas del ordenamiento y, contra derecho, al lesionar una situación reconocida

ley o el derecho, que contraría el orden legal?? o que está desprovista de una causa que la justifique”, resultando que se produce sin derecho al contrastar con las normas del ordenamiento y, contra derecho, al lesionar una situación reconocida o protegida, violando de manera directa el principio alterum non laedere, en tanto A “Artículo $0. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, condenado e de la conduc 35 Consejo de 4 Cfr. De C Sarrión. 2? e 37 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 11 de noviembre de 1999, Rad.: causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En el evento de ser Í Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia ta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste”. > Estado, Sección Tercera. Sentencia del 2 de marzo de 2000.:Rad.: 11945 Upis. Adriano. Teoría General de la Responsabilidad. Traducido por Ángel Martinez d. Barcelona: Bosch Casa Editorial S.A.1975. Pág.90. 11499; Sentencia del 27 de enero de 2000, Rad.: 10867. 38 Cosso. Responsabil Benedetta. Responsabilitá della Pubblica Amministrazione, en obra colectiva tá Civile, a cargo de Pasquale Fava. Pág. 2407, Giuffré Editore, 2009, Milán, Italia.11

Radicado: 05001233100020100149101 (50812) Demandante: Francisco Javier Arias Arango y otros. resulta contrario al ordenamiento jurídico dañar a' otro sin repararlo por el desvalor patrimonial que sufre.

Radicado: 05001233100020100149101 (50812) Demandante: Francisco Javier Arias Arango y otros. resulta contrario al ordenamiento jurídico dañar a' otro sin repararlo por el desvalor patrimonial que sufre.

La imputación no es otra cosa que la atribución fáctica y jurídica que del daño antijurídico se hace al Estado, de acuerdo con los criterios que se elaboren para ello, como por ejemplo la falla del servicio, el desequilibrio de las cargas públicas, la concreción de un riesgo excepcional, o cualquiera otro que permita hacer la atribución en el caso concreto?, Es decir, verificada la ocurrencia de un daño antijurídico y su imputación al Estado, surge el deber de indemnizarlo plenamente, con el fin de hacer efectivo el principio neminem laedere. , 6.2. Consideraciones generales sobre la responsabilidad del Estado por omisión en el deber de seguridad y protección De conformidad con lo dispuesto por el artículo 2% constitucional, son finesesenciales del Estado, servir a la comunidad, promover la prosperidad general, garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución y en la ley y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo; en cuyo efecto se han instituido las autoridades de la República para proteger a todas. las personas en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, así como para asegurar el cumplimiento de los fines del Estado”. Entonces, el Estado tiene el deber de proteger el derecho fundamental a la vida de todas las personas, a su integridad psicofisica y a sus bienes patrimoniales, de

libertades, así como para asegurar el cumplimiento de los fines del Estado”. Entonces, el Estado tiene el deber de proteger el derecho fundamental a la vida de todas las personas, a su integridad psicofisica y a sus bienes patrimoniales, de 39 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia de 18 de mayo de 2017, Rad.: 36.386. 40 “Artículo 2. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo, Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”12

Radicado: 05001233100020100149101 (50812) Demandante: Francisco Javier Arias Arango y otros donde surge lo que la Corte Constitucional ha denominado la “manifestación expresa del derecho fundamental a la seguridad personal, entendida como una obligación de medio y no de resultado, por virtud del cual son llamadas las diferentes autoridades públicas a establecer los mecanismos de amparo que dentro de los conceptos: de razonabilidad y proporcionalidad resulten pertinentes a fin de evitar la lesión o amenaza de sus derechos”. e En este sentido, la jurisprudencia constitucional ha definido la noción de “seguridad”

conceptos: de razonabilidad y proporcionalidad resulten pertinentes a fin de evitar la lesión o amenaza de sus derechos”. e En este sentido, la jurisprudencia constitucional ha definido la noción de “seguridad” desde tres dimensiones: (i) como un valor constitucional consagrado en el preámbulo y en el artículo 2 Superior; (11) como un derecho colectivo y (iii) como un derecho fundamental individual que, pese a no estar nominado en la Constitución, proviene de la interpretación sistemática de lo dispuesto en el Preámbulo y en la carta de garantías concertada especialmente en los artículos 2, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 28, 34, 44 y 73% superiores, así como del bloque de constitucionalidad%, frente al cual debe advertirse que tanto la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948%, como la Convención Americana y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos contemplan el derecho a la seguridad personal. 41 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 30 de marzo de 2020, Exp. 51795. 82 “Artículo 11. El derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte, Artículo 12. Nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Artículo 17