CE - 012331000201002217011SENTENCIA20230323134955

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA '

SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., veintiuno (21) de noviembre de dos mil veintidós (2022) Referencia: REPARACIÓN DIRECTA Radicación: 050012331000201002217 01 (54571)

Demandante: CLARA MILENA ARANGO PALACIO Demandado: MUNICIPIO DE MEDELLÍN Tema: Deslizamiento de tierra. Hecho de un tercero. El daño no es imputable al municipio de Medellín. ne SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 6 de marzo de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquía, que negó las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO El 16 de noviembre de 2010, en la urbanización alto verde ubicada en el sector conocido como “cola del zorro” del municipio de Medellín, se presentó un deslizamiento de tierra que destruyó varias viviendas, entre ellas el inmueble identificado con folio de matricula inmobiliaria No. 001-785850, de propiedad de Clara Milena Arango Palacio. La demandante alega: que el daño es imputable al municipio de Medellín porque no ejerció control de inspección y vigilancia de la construcción del conjunto residencial Alto Verde. | -Radicado: 050012331000201002217 01 (54571)

Demandante; Clara Milena Arango Palacio ll. ANTECEDENTES

1. Demanda

construcción del conjunto residencial Alto Verde. | -Radicado: 050012331000201002217 01 (54571) Demandante; Clara Milena Arango Palacio ll. ANTECEDENTES

1. Demanda El 5 de noviembre de 20101, Clara Milena Arango Palacio, en nombre propio, mediante apoderado judicial y en ejercicio de la acción de reparación directa, presentó demanda en contra del municipio de Medellín, por los perjuicios causados al bien inmueble de su propiedad, con ocasión de un derrumbe en la parte posterior de la urbanización “Alto Verde” en la que se encontraba su predio.

Como pretensiones de su demanda, la demandante solicita condenar al municipio de Medellín a pagar, por perjuicios morales, 170 SMLMV; y, por daño emergente, la suma de $1.269.149.970. En apoyo de las pretensiones, la parte actora afirma que mediante escritura pública No. 4.186, otorgada el 31 de diciembre de 2004 en la Notaría 26 del Círculo de Medellín, la señora Clara Milena Arango Palacio adquirió el derecho real de dominio sobre un inmueble de 538,50 metros cuadrados, identificado con folio de matrícula inmobiliaria No. 001-785850, ubicado en la urbanización “Alto Verde” de la ciudad de Medellín. Manifiesta que a las 6:00 a.m. del 16 de noviembre de 2008 se produjo un “movimiento de masas de un talud” ubicado en la zona posterior de la urbanización Alto Verde que causó la muerte de 12 personas y la destrucción de 6 viviendas, entre ellas, la de propiedad de Clara Milena Arango Palacio. La demandante considera que el municipio de Medellín es patrimonialmente

Alto Verde que causó la muerte de 12 personas y la destrucción de 6 viviendas, entre ellas, la de propiedad de Clara Milena Arango Palacio. La demandante considera que el municipio de Medellín es patrimonialmente responsable por la destrucción del predio identificado con folio de matrícula inmobiliaria No. 001-785850, toda vez que no controló ni vigiló los factores de riesgo durante la construcción de la urbanización Alto Verde, pues no dio cumplimiento a las recomendaciones efectuadas por las autoridades para hacer la obra. 1Fl 1a24,C. 1.Radicado: 050012331090201002217 01 (54571) Demandante: Clara Milena Arango Palacio Resaltó que el municipio de Medellín no ejerció un debido control y recibió la obra sin verificar que el proyecto de vivienda Alto Verde desbordó los lineamientos administrativos y técnicos de la autorización de urbanismo.

Textualmente señaló que: “Resulta claro que la construcción de la urbanización Alto Verde, además del riesgo propio de la construcción, tenía consigo una serie de riesgos que exigían el cumplimiento de unas recomendaciones en la construcción y que de acuerdo con los informes técnicos y los diferentes conceptos no fueron tenidas en cuenta en la mencionada construcción, y el municipio de Medellín a pesar de eso omitió suspender las obras en Alto Verde y por ende impedir la comercialización de dichos inmuebles, lo que es peor, recibió la obra sin el cumplimiento de las recomendaciones técnicas que hacían parte de la solicitud y concesión de la licencia de construcción y recibió el pago del impuesto predial de los inmuebles sin realizar ningún requerimiento para evitar el desafortunado siniestro en el que perdieron la vida 12 personas y quedaron sin vivienda más de seis familias”.

2. Contestaciones

los inmuebles sin realizar ningún requerimiento para evitar el desafortunado siniestro en el que perdieron la vida 12 personas y quedaron sin vivienda más de seis familias”.

2. Contestaciones El 14 de abril de 2011? el Tribunal Administrativo de Antioquia admitió la demanda y ordenó su notificación a la demandada y al Ministerio Público. 2.1. El municipio de Medeltinó manifestó que el daño no le era imputable porque no incumplió ni omitió alguna de sus funciones. Señaló que a los constructores de la urbanización Alto Verde se les concedieron las correspondientes licencias de urbanismo y construcción sin ser controvertidas, por lo que, si hubo fallas durante la ejecución de la obra, esas eran atribuibles al constructor, Además, indicó que el movimiento de masas se presentó por las altas precipitaciones del sector días antes de la ocurrencia del hecho.

Textualmente indicó que: “Como lo hemos venido explicando, la responsabilidad de los hechos ocurridos el día 16 de noviembre de 2008 no es del resorte del municipio 2 Fl, 634,C. 1.

3Fl 94a102,C. 1.Radicado: 050012331000201002217 01 (54571) Demandante: Clara Milena Arango Palacio de Medellín, lo ocurrido obedeció a fuerza mayor y/o caso fortuito y en el peor de los casos al hecho de un tercero, sin que ello pueda constituirse en elemento mediante el cual se configure responsabilidad a cargo de la entidad que represento”. Finalmente, propuso las excepciones que denominó falta de causa para pedir, falta de legitimación en la causa por pasiva, fuerza mayor o caso fortuito, hecho de un tercero y la genérica.

mediante el cual se configure responsabilidad a cargo de la entidad que represento”. Finalmente, propuso las excepciones que denominó falta de causa para pedir, falta de legitimación en la causa por pasiva, fuerza mayor o caso fortuito, hecho de un tercero y la genérica. 2.2. La Previsora S.A.44, quien fue llamada en garantía por el municipio de Medellín, se opuso a las pretensiones de la demanda, alegando que los hechos que originaron el daño que se reclamaba no fueron responsabilidad de la entidad pública demandada, pues el municipio de Medellín no incumplió ni omitió deber normativo alguno. Frente a los hechos de la demanda, propuso las excepciones que denominó ausencia de responsabilidad y hechos de la naturaleza y culpa exclusivas de terceros. En cuanto al llamamiento en garantía sostuvo que, en caso de proferir sentencia condenatoria contra el municipio, debían tenerse en cuenta los términos, condiciones y exclusiones de la póliza de responsabilidad civil extracontractual No.

1004393. Asimismo, propuso las excepciones de ausencia de cobertura, coaseguro Ñ pactado, limite valor asegurado y deducible.

3. Alegatos de conclusión en primera instancia El 19 de febrero de 2014 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente. 3.1. La demandante” y La Previsora S.A. reiteraron los argumentos expuestos en la demanda y en la contestación de la misma, respectivamenté. 4 Fl. 745, C. 1. Por auto del 13 de octubre de 2011 el Tribunal Administrativo de Antioquía aceptó el llamamiento en garantía que el municipio de Medellín efectuó a La Previsora S.A.

4 Fl. 745, C. 1. Por auto del 13 de octubre de 2011 el Tribunal Administrativo de Antioquía aceptó el llamamiento en garantía que el municipio de Medellín efectuó a La Previsora S.A. 5 Fl. 804 a 813, C. 1. : 6 FI. 1084, 0.2. 7 FI. 1085 a 1103, C. 1. 8 Fl, 1104 a 1108, €. 1.pl Radicado: 0509012331000201002217 01 (54571) Demandante: Clara Milena Arango Palacio 3.2. El municipio de Medellín y el Ministerio Público guardaron silencio.

4. Sentencia de primera instancia Mediante sentencia del 6 de marzo de 2015 el Tribunal Administrativo de Antioquia negó las pretensiones de la demanda al constatar que el daño antijurídico no le era imputable al municipio de Medellín porque no se demostró la falla en el servicio, pues la constructora de la urbanización Alto Verde fue la que incumplió las recomendaciones y observaciones que debían haberse tenido en cuenta en la ejecución de la obra.

Al efecto la sentencia referida sostuvo que: “f...] Quiere decir lo anterior, que sí hubo vigilancia y control por parte de las entidades públicas, concretamente el municipio de Medellín, sólo que el constructor no acató las ordenes, instrucciones, recomendaciones realizadas por el ente territorial y fue precisamente el problema presentado en los taludes que tenían una altura superior a la permitida, a los que no se le hicieron los cortes, ni las intervenciones necesarias indicadas, lo que ocasionó que los mismos se llenaran de agua, bien por el 'alto flujo de precipitaciones

presentado en los taludes que tenían una altura superior a la permitida, a los que no se le hicieron los cortes, ni las intervenciones necesarias indicadas, lo que ocasionó que los mismos se llenaran de agua, bien por el 'alto flujo de precipitaciones presentadas en ese año, bien por las aguas que se vertieron de los tanques y que no fueron intervenidos de manera adecuada, lo que no está demostrado correspondía a la entidad demandada, pues no se trataba del que servía de agua a la misma urbanización (...). Lo anterior denota pues, que no puede atribuirse como causa eficiente del daño la no intervención o la omisión en el cumplimiento de los deberes legales que tenía la entidad frente a la construcción, sino la omisión de la constructora, quien además quedó demostrado, o al menos no se aportó prueba en contrario, no había entregado la obra al municipio, por tanto no puede atribuírsele responsabilidad por este hecho, pues no obstante no haberse realizado la entrega al ente territorial conforme a la normatividad lega! vigente, se había entregado a los propietarios”. 2 FL 1109 a 1136, C. Ppal.Radicado: 050012331000201002217 01 (54571)

Demandante: Clara Milena Arango Palacio

5. Recurso de apelación El 21 de abril de 2015" la parte demandante interpuso recurso de apelación, el cual fue concedido el 26 de mayo de 2015"! y admitido el 22 de julio de 2015?. 5.1. El extremo activo indicó que el a quo no realizó una adecuada valoración probatoria, pues estaba probado que el municipio de Medellín no ejerció mediante “visita ocular” una debida vigilancia y control sobre la construcción de la

5.1. El extremo activo indicó que el a quo no realizó una adecuada valoración probatoria, pues estaba probado que el municipio de Medellín no ejerció mediante “visita ocular” una debida vigilancia y control sobre la construcción de la -- Urbanización Alto Verde. Sostuvo que el municipio de Medellín noatendió las sugerencias o requerimientos efectuados por Corantioquia para la construcción de la referida urbanización. Por otro lado, señaló que el Tribunal Administrativo de Antioquia dio por probadas las causales eximentes de responsabilidad de culpa de la víctima y hecho de un tercero, lo cual resultaba improcedente porque se demostró que .el único que incumplió deberes normativos fue el municipio de Medellín.

6. Alegatos de conclusión en segunda instancia El 24 de agosto de 20151 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente. 6.1. La demandante y el municipio de Medellín presentaron alegatos de conclusión extemporáneamente?. 6.2. El Ministerio público no rindió concepto. 19 Fl. 1138 a 1177, C. Ppal.

11 Fl. 1179, C. Ppal. 12 Fl. 1183, C. Ppal. 13 Fl. 1109 a:1136, C. Ppal. 14 FL 1185, C. Ppal. 15 Fl. 1186, C. Ppal.Radicado: 050012331000201902217 01 (54571)

Demandante: Clara Milena Arango Palacio

III. CONSIDERACIONES

1. Competencia Esta.Sala es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del 56 de marzo de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo de

Demandante: Clara Milena Arango Palacio

III. CONSIDERACIONES

1. Competencia Esta.Sala es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del 56 de marzo de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, puesto que la cuantía de la demanda supera la exigida de 500 SMLMV para que un proceso. adelantado en ejercicio de la acción de reparación directa tenga vocación de doble instancia ante esta Corporación?S, de acuerdo con ló dispuesto en el artículo 129 y 132 numeral 6 del C.C.A.

2. Acción procedente La acción de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo, según lo dispone el artículo 861” del Código Contencioso Administrativo.

En este caso la acción procedente es la de reparación directa, porque se reclama la reparación de un daño ocasionado por el municipio de Medellín.

3. Vigencia de la acción : Con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la protección del interés general!, estableció unos plazos para poder ejercer 16 La sumatoria de las pretensiones asciende a la suma de $1.356.699.970, lo cual es superior a 500

SMLMV ($257.500.000) del año en que ésta se presentó. 17 Artículo 86. Acción de reparación directa. La persona interesada podrá demandar directamente fa

SMLMV ($257.500.000) del año en que ésta se presentó. 17 Artículo 86. Acción de reparación directa. La persona interesada podrá demandar directamente fa reparación del daño cuando la causa sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa. Las entidades públicas deberán promover la misma acción cuando resulten condenadas o hubieren conciliado por una actuación administrativa originada en culpa grave o dolo de un servidor o ex servidor público que no estuvo vinculado al proceso respectivo, o cuando resulten perjudicadas por la actuación de un particular o de otra entidad pública.” : 18 Corte Constitucional. Sentencia C-394 de 2002: La caducidad es una institución jurídico procesal a través de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita en el tiempoRadicado: 050012331000201002217 01 (54571) Demandante: Clara Milena Arango Palacio oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de las situaciones que se encontraban pendientes de solución. El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal, controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción??, ofrecer estabilidad del derecho de manera que las situaciones controversiales que requieran solución por los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad,

controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción??, ofrecer estabilidad del derecho de manera que las situaciones controversiales que requieran solución por los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad, solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos. Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su ocurrencia impide que estas puedan ser discutidas indefinidamente. La caducidad, en la primera de sus manifestaciones, es un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna situación; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida justicia. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del conglomerado social de obtener seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida, la caducidad no concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de un interés general. Como claramente se explicó en la sentencia C-832 de 2001 a que se ha hecho reiterada referencia, esta es una figura de orden público lo que explica su carácter irrenunciable, y la posibilidad de ser declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia”.

esta es una figura de orden público lo que explica su carácter irrenunciable, y la posibilidad de ser declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia”. 19 Consejo de Estado. Sentencia del 23 de febrero de 2006. Exp. 6871-05 ”...el derecho al acceso a la administración de justicia no es absoluto, pues puede ser condicionado legalmente a que la promoción de la demanda sea oportuna y las acciones se inicien dentro de los plazos que señala el legislador (...). El término de caducidad, tiene entonces como uno de sus objetivos, racionalizar el ejercicio del derecho de acción, y si bien limita o condiciona el acceso a la justicia, es una restricción necesaria para la estabilidad del derecho, lo que impone al interesado el empleo oportuno de las acciones, so pena de que las situaciones adquieran la firmeza necesaria a la seguridad jurídica, para solidificar el concepto de derechos adquiridos.”.Radicado: D50012331000201002217 01 (54571) Demandante: Clara Milena Arango Palacio como una sanción ¡pso jure” que opera por la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del aparato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún reconocimiento o protección de la justicia??, cuya consecuencia, por demandar más allá del tiempo concedido por la ley procesal, significa la pérdida de la facultad potestativa de accionar. El artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, señala que la acción de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de

reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa. En el caso sub examine se estima que el derecho de accionar se ejerció en tiempo, teniendo en cuenta: i) que el 16 de noviembre de 2008 ocurrió el derrumbe o deslizamiento de tierra que destruyó el inmueble de propiedad de la demandante; li) que el 14 de julio de 2010 la accionante presentó solicitud de conciliación extrajudicial, la cual se declaró fallida el 31 de agosto de 2010??; y iii) que el 5 de noviembre de 2010 se presentó la demanda”, esto es, dentro del término de dos (2) años que disponía la ley procesal vigente. Í 2 Consejo de Estado, Sentencia del 30 de enero de 2013: “Para garantizar la seguridad jurídica de los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las partes tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro del plazo fijado por la ley y de no hacerlo en tiempo, perderán la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho. Es así como el fenómeno procesal de la caducidad opera ¡pso ¡iure o de pleno derecho, es decir que no admite renuncia, y el juez debe declararla de oficio cuando verifique la conducta inactiva del sujeto procesal llamado a interponer determinada acción judicial”.

admite renuncia, y el juez debe declararla de oficio cuando verifique la conducta inactiva del sujeto procesal llamado a interponer determinada acción judicial”. 2? Corte Constitucional. Sentencia C-574 de 1998: "... [s]i el actor deja transcurrir los plazos fijados por la ley en forma objetiva, sin presentar la demanda, el mencionado derecho fenece inexorablemente, sin que pueda alegarse excusa alguna para revivirlos. Dichos plazos constituyen entonces, una garantía para la seguridad jurídica y el interés general. Y es que la caducidad representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho, por ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de protección, pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas por la ley ejerce sus derechos, no se verá expuesto a perdertos por la ocurrencia del fenómeno indicado". 22 Fl, 200, C. 1. 23 Fl. 1a24,C.1.10

Radicado: 050012331000201002217 01 (54571) Demandante: Clara Milena Arango Palacio - 4. Legitimación en la causa 4.1, Clara Milena Arango Palacio es la persona sobre la que recae el interés jurídico que se debate en este proceso y está legitimada en la causa por activa, porque está acreditado que es la propietaria del bien inmueble identificado con folio de matrícula inmobiliaria No. 001-785850, según da cuenta copia del certificado de libertad y tradición expedida por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Medellín”, y que aduce que éste fue destruido por un derrumbe de tierra.

inmobiliaria No. 001-785850, según da cuenta copia del certificado de libertad y tradición expedida por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Medellín”, y que aduce que éste fue destruido por un derrumbe de tierra. 4.2. El municipio de Medellín está legitimado en la causa por pasiva, toda vez que es la entidad señalada por la demandante de omitir ejercer vigilancia y control de las obras realizadas en la urbanización Alto Verde, que finalmente ocasionaron el deslizamiento de tierra.

5. Problema jurídico Corresponde a la Sala determinar si la destrucción del bien inmueble de propiedad de la accionante es atribuible al municipio de Medellin, o si operó alguna causal eximente de responsabilidad de la Administración.

6. Solución del problema jurídico Antes de resolver el problema jurídico es menester hacer unas consideraciones generales sobre la responsabilidad del Estado y la causal eximente de responsabilidad del hecho de ún tercero. 6.1. Consideraciones generales sobre la responsabilidad del Estado El artículo 90 de la Constitución Política de 1991? consagró dos condiciones para declarar la responsabilidad extracontractual del Estado: ¡) la existenciá de un daño antijurídico y ii) la imputación de éste al Estado. 2 FL 30a35,C.1. | 25 "Artículo 90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En el evento de ser11

Radicado: 050012331000201002217 01 (54571) Demandante: Clara Milena Arango Palacio El daño antijurídico es la lesión injustificada a un ¡interés protegido por el

Radicado: 050012331000201002217 01 (54571) Demandante: Clara Milena Arango Palacio El daño antijurídico es la lesión injustificada a un ¡interés protegido por el ordenamiento. En otras palabras, es toda afectación que no está amparada por la ley o el derecho, que contraría el orden legal?” o que está desprovista de una causa que la justifique? , resultando que se produce sin derecho al contrastar con las normas del ordenamiento y, contra derecho, al lesionar una situación reconocida -oprotegida??, violando de manera directa el principio alterum non laedere, en tanto resulta contrario al ordenamiento jurídico dañar a otro sin repararlo por el desvalor patrimonial que sufre.

La imputación no es otra cosa que la atribución fáctica y jurídica que del daño antijurídico se hace al Estado, de acuerdo con los criterios que se elaboren para ello, como por ejemplo la falla del servicio, el desequilibrio de las cargas públicas, la concreción de un riesgo excepcional, o cualquiera otro que permita hacer la atribución en el caso concreto%. Es decir, verificada ta ocurrencia de un daño antijurídico y su imputación al Estado, surge el deber de indemnizarlo plenamente, con el fin de hacer efectivo el principio neminem laedere. 6.2. El hecho de un tercero El hecho de un tercero supone la actuación exclusiva y determinante de una persona ajena al juicio de responsabilidad en la realización del injusto3!. Esta Sección"? ha señalado que el hecho exclusivo y determinante del tercero se configura siempre y cuando se demuestre que la circunstancia extraña es condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia

Sección"? ha señalado que el hecho exclusivo y determinante del tercero se configura siempre y cuando se demuestre que la circunstancia extraña es condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste”. 25 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 2 de marzo de 2000. Rad.: 11945 27 Cfr. De Cupis. Adriano. Teoría General de la Responsabilidad. Traducido por Ángel Martínez Sarrión. 2 ed. Barcelona: Bosch Casa Editorial S.A.1975. Pág.90. 22 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 11 de noviembre de 1999, Rad.: 11499; Sentencia del 27 de enero de 2000, Rad.: 10867. 22 Cosso. Benedetta. Responsabilitá della Pubblica Amministrazione, en obra colectiva Responsabilitá Civile, a cargo de Pasquale Fava. Pág. 2407, Giutffré Editore, 2009, Milán, Italia. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 18 de mayo de 2017, Rad.: 36. 386. 31 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 23 de octubre de 2020, Rad. 49574. 32 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 18 de febrero de 2010, Rad. 17179.12

Radicado: 050012331000201002217 01 (54571) Demandante: Clara Milena Arango Palacio completamente ajena al servicio y que éste último no se encuentra vinculado en "manera alguna con aquél.

Asimismo, esta Corporación ha determinado que para la prosperidad de esta

Demandante: Clara Milena Arango Palacio completamente ajena al servicio y que éste último no se encuentra vinculado en "manera alguna con aquél.

Asimismo, esta Corporación ha determinado que para la prosperidad de esta causal exonerativa de responsabilidad deben reunirse tres requisitos, a saber: i) que el hecho del tercero sea la causa exclusiva y adecuada del daño, motivo por el cual la entidad tiene que probar que no hay ningún vínculo causal entre la conducta del demandado y el daño producido; li) que el hecho del tercero sea ajeno al servicio, es decir, que el tercero no esté vinculado a la persona de derecho público demandada ni realice actividades vinculadas al servicio público; y ¡¡i) que el hecho del tercero sea imprevisible e irresistible para la entidad. Adicionalmente, sobre la revisión del actuar del tercero en la producción del daño, esta Sección ha precisado que no se requiere que el tercero haya actuado con culpa, porque la relación causal es un aspecto de carácter objetivo. Empero, para que excluya la responsabilidad de las entidades demandadas, debe haber constituido la causa determinante.

7. El caso concreto En el recurso de apelación presentado contra la sentencia proferida el 6 de marzo de 2015 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que negó las pretensiones de la demanda, la parte demandante sostuvo que el a quo no realizó una adecuada valoración probatoria, pues probó que el municipio de Medellín no ejerció mediante "visita ocular” una debida vigilancia y control sobre la construcción de la urbanización alto verde y no debió declarar probadas las excepciones de culpa de la víctima y hecho de un tercero.

En este sentido y comoquiera que la parte demandante tue la que presentó recurso

urbanización alto verde y no debió declarar probadas las excepciones de culpa de la víctima y hecho de un tercero. En este sentido y comoquiera que la parte demandante tue la que presentó recurso de apelación contra el fallo proferido el 6 de marzo de 2015 por el Tribunal 33 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 8 de mayo de 2019, Rad.: 46858; Subsección €. Sentencia del 11'de marzo de 2019, Rad.: 43512; Subsección B. Sentencia del 21 de noviembre de 2018, Rad: 40350; Subsección Cc. Sentencia del 28 de enero de 2015, Rad.: 32912 A; Subsección A. Sentencia de 13 de febrero de 2013, Rad.: 18148. 4 Ibídem.13

Radicado: 050012331000201002217 01 (54571) Demandante: Clara Milena Arango Palacio Administrativo de Antioquia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil, se resolverá el asunto sub lite en aquello que se reprocha como desfavorable en el recurso? Por ello, a continuación, se analizará si el municipio de Medellín es patrimonialmente responsable de los perjuicios ocasionados por la destrucción del inmueble de propiedad de Clara Milena Arango

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