CE - 012331000201100064011SENTENCIA20230517181605

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B Bogotá DC, diecinueve (19) de abril de dos mil veintitrés (2023) Magistrado ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ Expediente: 66001-23-31-000-2011-00064-01 (54.746) Demandante: MARINO ANTONIO ARIAS CARABALÍ Y OTROS Demandado: SALUD PEREIRA ESE Y OTROS Medio de control: REPARACIÓN DIRECTA Asunto: APELACIÓN DE SENTENCIA – FALLA MÉDICA – NO DEBIDA FUNDAMENTACIÓN DEL DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN DEFICIENTE Síntesis del asunto: la parte actora alega que el fallecimiento de la menor Jénnifer Arias Carabalí fue producto de las fallas en el diagnóstico de la enfermedad que aquejaba la salud de dicha paciente y el consecuente error en el tratamiento que le fue suministrado en las instituciones demandadas. La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por la parte demandante, la ESE Salud Pereira y La Previsora SA Compañía de Seguros contra la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de Risaralda el 16 de diciembre de 2014 (fls. 425-520 cdno. ppal.) que resolvió: “1. DECLÁRENSE no probadas las excepciones propuestas por las entidades demandadas y por la compañía de seguros La Previsora SA, por los motivos expuestos en esta providencia. 2. DECLÁRASE a la Empresa Social del Estado de Salud Pereira administrativamente responsable por la pérdida de oportunidad que dio lugar a la falla en la atención médica dispensada a la menor Jénnifer Arias Carabalí, quien falleció el día 02 de junio de 2010, de acuerdo a lo expuesto en la presente providencia. 3. Como consecuencia de

responsable por la pérdida de oportunidad que dio lugar a la falla en la atención médica dispensada a la menor Jénnifer Arias Carabalí, quien falleció el día 02 de junio de 2010, de acuerdo a lo expuesto en la presente providencia. 3. Como consecuencia de la declaración anterior, CONDÉNASE a la Empresa Social del Estado Salud Pereira a indemnizar a los demandantes o a quienes sus derechos representen, los perjuicios causados por pérdida de oportunidad en la modalidad de daño moral, las siguientesExpediente 66001-23-31-000-2011-00064-01 (54.746) Demandante: Marino Antonio Arias Carabalí y otros Reparación directa – apelación de sentencia

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sumas de dinero para el momento del pago efectivo de la condena: - A favor de la señora María Isabel Arias Carabalí, la suma equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos mensuales legales vigentes. - A favor del señor Carlos Alberto Orrego González, la suma equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos mensuales legales vigentes. - A favor de la joven Katherine Orrego Arias, la suma equivalente a veinticinco (25) salarios mínimos mensuales legales vigentes. - A favor del joven Carlos Alberto Orrego Arias, la suma equivalente a veinticinco (25) salarios mínimos mensuales legales vigentes. - A favor de la señora María Jasneth Carabalí Sánchez, la suma equivalente a veinticinco (25) salarios mínimos mensuales legales vigentes. - A favor de la señora Carolina Márquez Carabalí, suma equivalente a diecisiete y medio (17,5) salarios mínimos mensuales legales vigentes. - A favor de la señora María Teresa Arias Carabalí, la suma equivalente a diecisiete y medio (17,5) salarios mínimos mensuales legales vigentes. - A favor del señor Marino Antonio Arias Carabalí, la suma equivalente a diecisiete y medio (17,5) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 4. CONDÉNASE a la compañía aseguradora La Previsora SA, a pagar los valores pecuniarios a que fue condenada la ESE Salud Pereira como consecuencia de esta sentencia, dentro de los límites y el deducible pactado en la póliza de responsabilidad civil no. 1001671, conforme a lo expuesto en esta providencia. 5. La entidad demandada dará cumplimiento al fallo en el término referido en el artículo 176 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984). De no atenderse a ello, se observará lo dispuesto en el artículo 177 de la misma obra. 6.

5. La entidad demandada dará cumplimiento al fallo en el término referido en el artículo 176 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984). De no atenderse a ello, se observará lo dispuesto en el artículo 177 de la misma obra. 6. EXONÉRASE de responsabilidad a la ESE Hospital Universitario San Jorge de Pereira por la prestación del servicio médico asistencial dispensado a la menor Jénnifer Arias Carabalí, por las razones expuestas en esta providencia. 7. Sin condena en costas por las razones expuestas. 8. Por Secretaría, expídanse las copias que sean solicitadas por las partes, a costa del interesado. 9. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el remanente de la cuota deExpediente 66001-23-31-000-2011-00064-01 (54.746) Demandante: Marino Antonio Arias Carabalí y otros Reparación directa – apelación de sentencia

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gastos si a ello hubiere lugar, y archívese el expediente” (fls. 425-520 cdno. ppal.). I. ANTECEDENTES 1. La demanda El 10 de febrero de 2011, los señores María Isabel Arias Carabalí, Carlos Alberto Orrego González, Katherine y Carlos Alberto Orrego Arias, Ricardo Guerrero Arias, María Jasneth Carabalí de Arias, Carolina Márquez Carabalí, María Teresa y Marino Antonio Arias Carabalí por intermedio de apoderado judicial interpusieron demanda de reparación directa contra la ESE Salud Pereira y la ESE Hospital Universitario San Jorge de Pereira con las siguientes súplicas: “Declárese a LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA Y A LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA administrativamente y solidariamente responsables de la muerte de la menor JÉNNIFER ARIAS CARABALÍ, dentro del marco de circunstancias que da cuenta la presente demanda. Como consecuencia de la anterior declaración, háganse las siguientes o similares condenas: 1. POR PERJUICIOS MORALES. Se solicita para los padres y abuela de la menor fallecida el equivalente a 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes; para los hermanos, tíos, sobrina de la niña fallecida el equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes, en atención a la orientación jurisprudencial del H. Consejo de Estado, que viene fijando las indemnizaciones en salarios mínimos y a los montos que sean reconocidos, en tratándose de perjuicio moral y porque no existe norma

de tarifa legal de un monto establecido, porque como puede verse a lo largo de la jurisprudencia del Consejo de Estado, en principio se reconocía en gramos oro en el equivalente a 1000 y se pasó a salarios mínimos, los que en la actualidad resultan ser una cifra inferior a los 1000 gramos de oro que se tenían como posición jurisprudencial, por eso las cuantías pedidas no resultan ser desproporcionales en la medida en que a futuro pudiera llegar a volverse a la indemnización a gramos oro, en cuyo caso el pedido mayor de 200 salarios mínimos resultaría ser equitativo al valor de 1000 gramos oro. (…).Expediente 66001-23-31-000-2011-00064-01 (54.746) Demandante: Marino Antonio Arias Carabalí y otros Reparación directa – apelación de sentencia

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2. INTERESES. Se debe a cada uno de los demandantes, o a quien sus derechos representaren al momento del fallo, los intereses que se causen a partir de la fecha de ejecutoria de la sentencia, de conformidad con el artículo 177 del CCA” (fls. 7-9 cdno. 1). 2. Hechos Como fundamento fáctico la parte actora expuso, en síntesis, lo siguiente: 1) El 11 de mayo de 2010, la menor Jénnifer Arias Carabalí, de 16 años de edad, ingresó al Hospital Kénnedy de la ciudad de Pereira -adscrito a la ESE Salud Pereiraporque presentaba dolor en hemicara derecha con un día de evolución; el 14 de mayo del mismo año, la paciente asistió a consulta odontológica en la cual se le detectó una aparente pericoronitis. 2) El 23 de mayo de 2010, a las 7:20 am, la paciente reingresó al referido centro hospitalario con síntomas de fiebre, escalofríos, dolor de cabeza, dolor en el cuerpo y malestar general; el día 24 de mayo, la menor fue hospitalizada con la siguiente anotación en la historia clínica: “DX dengue, ingresa usuaria de 16 años de edad al servicio de urgencias procedente del área urbana, pte consultó por presentar fiebre, dolor de cabeza, escalofríos, malestar general” (fl. 12 cdno. 1). 3) La paciente permaneció hospitalizada durante ocho días en el Hospital Kénnedy, entre los días 23 y 31 de mayo de 2010, tal como se evidencia en los folios 19 al 24 de la historia clínica: “El día 25 presentó dolor a la palpación en epigastrio; el día 26, plaquetas 22.400 y el día 27 no se le podía tocar el estómago, plaquetas 25.400, temperatura de 39.5ºC, náuseas,

historia clínica: “El día 25 presentó dolor a la palpación en epigastrio; el día 26, plaquetas 22.400 y el día 27 no se le podía tocar el estómago, plaquetas 25.400, temperatura de 39.5ºC, náuseas, émesis, vómito en 5 ocasiones; el día 28 de mayo, plaquetas 47.200, 38.5ºC, día 29 de mayo, plaquetas 60.200, niña con bastante componente emocional refiere que no es capaz de sentarse en la cama porque le duelen mucho los pies; con escalofríos, malestar general, T 38.5ºC y 39ºC, estoy muy mal me duele todo, no soy capaz de mover los pies, no se mueve por sus propios medios, día 30 deExpediente 66001-23-31-000-2011-00064-01 (54.746) Demandante: Marino Antonio Arias Carabalí y otros Reparación directa – apelación de sentencia

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mayo de 2010, epigastralgia y émesis, temperatura 39.5ºC; día 31 de mayo de 2010, dolor en todo el cuerpo, las manos y los pies” (fl. 13 cdno. 1). 4) El 31 de mayo de 2010, la paciente fue remitida a la ESE Hospital San Jorge de Pereira; el 1º de junio de 2010 fue valorada por el médico internista, quien la encontró en regular estado general, decaída y ansiosa; luego de doce horas ingresó a la Unidad de Cuidados Intensivos, en la cual recibió manejo sindrómico de dengue, pues, en exámenes iniciales se documentó trombocitopenia de 40000; en la misma fecha, la menor de edad fue diagnosticada con “septicemia, influenza con neumonía, insuficiencia respiratoria aguda, lupus eritematoso” (fl. 17 cdno. 1). 5) El 2 de junio de 2010, a las 7:45 am, la paciente continuó en mal estado, con episodios de bradicardia nodal y posteriormente asistólica, pese a soporte vital avanzado no dio respuesta y se declaró fallecida. 6) Las entidades demandadas incurrieron en un error de diagnóstico y de tratamiento que se concretó en tres momentos diferentes, a saber: a) La primera falla ocurrió el 11 de mayo de 2010, cuando la paciente tuvo una valoración odontológica por el dolor y edema en hemicara derecha y, como resultado de ello, se dictaminó una causa aparente de pericoronitis; desde allí estaba en duda el diagnóstico y sin acudir

a ningún medio o ayuda diagnóstica se limitaron a recetar antibióticos (amoxicilina) por un lapso de siete (7) días, cuando los protocolos médicos frente a casos de infecciones orofaciales agudas -como era el caso de la menor-, prescriben una serie de pasos y exámenes para confirmar o descartar el diagnóstico y, en este caso, no se surtió dicha etapa. b) La segunda falla consistió en el diagnóstico de dengue en una paciente sin señales de gripa, “con el agravante de que el diagnóstico ni siquiera se trata deExpediente 66001-23-31-000-2011-00064-01 (54.746) Demandante: Marino Antonio Arias Carabalí y otros Reparación directa – apelación de sentencia

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confirmar o descartar, pues, no existía en la historia clínica pruebas diagnósticas para dengue o leptospira que permitieran descartar diagnósticos y establecer el verdadero problema que se presentaba” (fl. 20 cdno. 1). c) La tercera falla se materializó por la demora en remitir a la paciente a una institución de tercer nivel de atención en salud, lo cual contribuyó al resultado final. 3. Trámite procesal 1) Por auto del 16 de mayo de 2011, el Tribunal Administrativo de Risaralda admitió la demanda (fls. 84–85 cdno. 1) el cual fue notificado a las entidades públicas accionadas (fls. 90-91 cdno. 1). 2) La ESE Salud Pereira se opuso a las pretensiones de la demanda (fls. 93–112 cdno. 1) y en esa dirección formuló los medios exceptivos de i) inexistencia de responsabilidad de acuerdo a la ley, dado que no existían pruebas de que se hubiere actuado de manera deficiente, imprudente o negligente en la atención brindada a la menor Jénnifer Arias Carabalí; ii) inexistencia de vínculo causal entre la conducta de la entidad y el daño sufrido y, iii) corresponsabilidad, en tanto que toda persona debe propender por su autocuidado, por el cuidado de la salud de su familia y de la comunidad, un ambiente sano, el uso racional y adecuado de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, así debieron actuar la joven y su familia, pero, no lo hicieron; en escrito separado, Salud Pereira ESE llamó en garantía a la Previsora SA Compañía de Seguros con sustento en la póliza de responsabilidad civil no. 1001671 (fls. 114-116 cdno. 1). 3) Por su parte, la ESE Hospital Universitario San Jorge de Pereira ESE propuso las excepciones de i) inexistencia o falta de

Compañía de Seguros con sustento en la póliza de responsabilidad civil no. 1001671 (fls. 114-116 cdno. 1). 3) Por su parte, la ESE Hospital Universitario San Jorge de Pereira ESE propuso las excepciones de i) inexistencia o falta de configuración de falla del servicio o ausencia de responsabilidad administrativa, por cuanto la paciente fue tratada de manera oportuna y adecuada; ii) inexistencia de nexo causal entre el acto médico yExpediente 66001-23-31-000-2011-00064-01 (54.746) Demandante: Marino Antonio Arias Carabalí y otros Reparación directa – apelación de sentencia

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el daño; iii) obligación de medio y no de resultado y, iv) valoración exagerada de los perjuicios (fls. 218-231 cdno. 1-1); mediante escrito separado, el Hospital Universitario San Jorge de Pereira formuló llamamiento en garantía contra de la Previsora SA Compañía de Seguros con sustento en la póliza de responsabilidad civil no. 1001527 (fls. 232-233 cdno. 1-1). 4) Por medio de auto del 30 de septiembre de 2011, el Tribunal Administrativo a quo admitió los llamamientos en garantía propuestos por las entidades demandadas en contra de la Previsora SA Compañía de Seguros (fls. 306-309 cdno. 1-1). 5) La Previsora SA Compañía de Seguros contestó el llamamiento realizado por la ESE Salud Pereira y en esa dirección propuso las excepciones de i) ausencia de nexo causal entre el hecho y el daño, ii) ausencia de responsabilidad administrativa y, iii) límite del valor asegurado contratado por las partes (fls. 314-324 cdno. 1-1). 6) Vencido el período probatorio, el 20 de octubre 2014 se corrió traslado por el término de diez (10) días para que las partes presentaran alegaciones de conclusión y el Ministerio Público rindiera concepto (fl. 396 cdno. 1-1); las partes reiteraron los argumentos expuestos en el trámite de primera instancia (fls. 397-420 cdno. 1-1); el Ministerio Público guardó silencio. 4. La sentencia de primera instancia El 16 de diciembre de 2014, el Tribunal Administrativo de Risaralda (fls. 425-520 cdno. ppal.) accedió parcialmente a las súplicas de la demanda de conformidad con las siguientes razones: 1) Respecto de la atención odontológica, el a quo consideró que no resultaba posible

el Tribunal Administrativo de Risaralda (fls. 425-520 cdno. ppal.) accedió parcialmente a las súplicas de la demanda de conformidad con las siguientes razones: 1) Respecto de la atención odontológica, el a quo consideró que no resultaba posible predicar falla alguna en esta conducta, pues, del análisis de lasExpediente 66001-23-31-000-2011-00064-01 (54.746) Demandante: Marino Antonio Arias Carabalí y otros Reparación directa – apelación de sentencia

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correspondientes pruebas se observó que aquella se prestó con observancia de los protocolos y de la lex artis. 2) En lo que tiene que ver con la falla que supuestamente se presentó por el hecho de no tener en cuenta el antecedente de pericoronitis que había reportado la paciente en el mismo mes de su fallecimiento, el tribunal administrativo de primera instancia consideró que tal imputación no estaba probada porque de la lectura de la historia clínica se pudo establecer que la menor de edad no refirió al médico dicho antecedente. 3) En lo concerniente a la responsabilidad que se le imputa a la ESE Salud Pereira, el juzgador de primera instancia señaló que había incurrido en una falla del servicio, pues, no desplegó conductas acordes con la lex artis para arribar a un diagnóstico conclusivo y, de esa manera, determinar un plan y tratamientos apropiados; adujo que la entidad referida omitió la práctica de pruebas para confirmar el diagnóstico de dengue y no agotó los recursos científicos y tecnológicos para establecer con precisión si la paciente padecía o no tal patología. 4) Aunado a ello, consideró que en los siete (7) días en los que la paciente estuvo interna en el Hospital Kénnedy lo fue sin un diagnóstico claro y, por ende, sin un plan o tratamiento adecuado, le menguó la posibilidad de recibir una atención en salud acorde con sus necesidades, circunstancia que se tradujo en una pérdida de oportunidad para la menor Jénnifer Arias Carabalí “de tener una atención médica adecuada, pertinente y oportuna originada en la falla en la prestación del servicio médico dispensado por la ESE Salud Pereira” (fl. 510 cdno. ppal.). 5) En lo atinente a la responsabilidad de la ESE Hospital Universitario San Jorge, se negaron las pretensiones de la demanda porque no se probó falla del servicio alguna mientras las paciente estuvo hospitalizada

dispensado por la ESE Salud Pereira” (fl. 510 cdno. ppal.). 5) En lo atinente a la responsabilidad de la ESE Hospital Universitario San Jorge, se negaron las pretensiones de la demanda porque no se probó falla del servicio alguna mientras las paciente estuvo hospitalizada en dicha institución médica.Expediente 66001-23-31-000-2011-00064-01 (54.746) Demandante: Marino Antonio Arias Carabalí y otros Reparación directa – apelación de sentencia

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1. Por último, se condenó a la llamada en garantía a reembolsar los dineros que la ESE Salud Pereira llegue a pagar como consecuencia de la responsabilidad patrimonial que se declaró en contra de esta última con observancia de los límites y deducibles contenidos en la póliza de responsabilidad civil no. 1001671. 5. Los recursos de apelación 1) La parte actora no estuvo de acuerdo con la aplicación de la pérdida de oportunidad en el asunto de la referencia y, en esa medida, sostuvo que este caso se debe abordar desde la óptica de la falla del servicio y, por consiguiente, que esta debe declararse (fls. 522-537 cdno. ppal.); agregó lo siguiente: “1º. Consideramos que lo que se presentó en la atención médica del proceso que nos ocupa, es una violación burda de los deberes de atención integral en salud a lo que el Estado está obligado, tal como desarrollaremos en los numerales siguientes que hacen imperativo la aplicación del régimen general de falla probada. (…). Según la jurisprudencia citada, tenemos entonces, que dentro del régimen de la falla en el servicio médico no se configuran los perjuicios solamente probando que la mala atención llevó a la muerte o lesiones físicas al paciente, sino que las entidades deben responder por lesión del derecho a recibir atención oportuna y eficaz; además, cuando se padece la incertidumbre y cuando se vive una larga e injustificada espera en relación con la prestación de servicios médicos. De esta manera, se prueba que cuando se habla de régimen de la falla probada, no existe tal absolutismo en cuanto a la prueba del daño que se quiere probar, por cuanto

hay una diversidad de daños que pueden ser causados por la administración en la prestación del servicio de salud, los cuales por sus matices necesitan pruebas diferentes para determinar la responsabilidad, desde las pruebas más complejas cuando se trata de probar la impericia en un procedimiento quirúrgico, o menos complejo, como cuando se acusa la inoperancia de la administración por la inobservancia de los protocolos y guías médicas, como en nuestro caso, la falta de medios de diagnóstico exigidos frente a la patología de la niña. Así las cosas, espero que teniendo en cuenta la complejidad del acto médico, se nos dé la razón en cuanto a los matices que tiene la pruebaExpediente 66001-23-31-000-2011-00064-01 (54.746) Demandante: Marino Antonio Arias Carabalí y otros Reparación directa – apelación de sentencia

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de la falla en el servicio médico, máxime que en nuestro caso no hay que hacer esfuerzos mayores para observar la falla del ente demandado, es más, nos llama la atención que la instancia en el fallo en varios párrafos dio por demostrada la falla en el proceder médico y falla en la atención dispensada a la joven máxime si al inicio del estudio de la responsabilidad de la demandada, (…). Conforme a lo anterior sobre la aplicación de la pérdida de oportunidad que hace el Despacho, consideramos que existen suficientes elementos de juicio, para determinar la responsabilidad de la entidad demandada dentro del régimen general aplicable de la falla probada, como veremos adelante. 2º. La Sala destaca, por un lado, en su sentir, que podía ser causado por múltiples patologías ha debido encauzarse la conducta de los médicos en pos de confirmar o descartar el diagnóstico, mediante pruebas serológicas que brillan por su ausencia, porque nunca se hicieron, es decir, reconoce que se quebrantó el protocolo médico, lo cual apunta a una falla en el servicio médico bajo el régimen de falla probada, sobretodo si pasan 7 días y medio donde la entidad es inerte frente a ese protocolo, tiempo exagerado para no haber dado aplicación a dicho régimen. 3º. Aplicó la pérdida de oportunidad, bajo el entendido inicial de que no era posible determinar la causa del deceso, sin embargo, a renglones seguidos, se contradice cuando de la historia clínica, la misma Sala extrae la causa de muerte diagnosticada en el HUSJ, enfermedad que con un manejo apropiado bajo el protocolo médico agotando los medios de diagnóstico tenía manejo, pero, aquí esos medios no se pusieron a disposición de la paciente. 4º. La cita jurisprudencial que trae la instancia, a la hora de imputarse falla en la atención, no puede ser más clara, para haber aplicado la falla probada del servicio en nuestro

de diagnóstico tenía manejo, pero, aquí esos medios no se pusieron a disposición de la paciente. 4º. La cita jurisprudencial que trae la instancia, a la hora de imputarse falla en la atención, no puede ser más clara, para haber aplicado la falla probada del servicio en nuestro caso, ya que si para que ella opere, es necesario la demostración de que no se agotaron todos los recursos para determinar con precisión el plan de atención, resulta ser contradictorio, hablar de pérdida de oportunidad, cuando aquí, precisamente esos recursos científicos y técnicos de que dispone la ciencia médica no fueron siquiera ordenados. 5º. En conclusión, queremos rescatar que por un lado la Sala afirma que existió falla en el proceder médico, falla en la atención médica, además inobservancia al protocolo médico sumado a la falta de historia clínica idónea, pero, sin embargo, dio aplicación a la pérdida de oportunidad, por ello es necesario un direccionamiento del H. Consejo de Estado sobre la línea jurisprudencial aplicable en este caso que es nada más y nada menos que el régimen general de falla probada.Expediente 66001-23-31-000-2011-00064-01 (54.746) Demandante: Marino Antonio Arias Carabalí y otros Reparación directa – apelación de sentencia

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Por lo anterior, de una manera muy respetuosa se solicita al honorable Consejo de Estado modificar la sentencia apelada y, en su lugar, dar aplicación al régimen general de falla probada en el servicio” (fls. 522-537 cdno. ppal.). 2) La ESE Salud Pereira pidió que se revoque la decisión de primera instancia por considerar que la conducta de los médicos fue adecuada, correcta y oportuna, por cuanto sus actuaciones fueron inmediatas (fls. 538-541 cdno. ppal.). 3) La Previsora SA Compañía de Seguros consideró que se deben negar las súplicas de la demanda, toda vez que la atención suministrada a la paciente estuvo ajustada al proceder médico que debe seguirse cuando se está frente a un cuadro clínico de dengue clásico; adicionalmente, advirtió que la decisión apelada le dio poca importancia a la prueba pericial practicada por el médico especialista en medicina interna, Jairo Umaña, quien manifestó que el servicio médico brindado por el Hospital Kennedy “estuvo ajustado a la ciencia médica y que el diagnóstico fue correcto” (fls. 542-549 cdno. ppal.). 6. Actuación en segunda instancia Admitidos los recursos (fl. 593 cdno. ppal.), mediante proveído del 26 de agosto de 2016 se corrió traslado para alegar de conclusión y se dispuso surtir el trámite previsto en el inciso segundo del artículo 59 de la Ley 446 de 1998 si el Ministerio Público llegara a solicitarlo (fl. 595 cdno. ppal.); las partes y el Ministerio Público guardaron silencio. II. CONSIDERACIONES DE LA SALA Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el asunto sometido a consideración con el siguiente derrotero: 1)

guardaron silencio. II. CONSIDERACIONES DE LA SALA Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el asunto sometido a consideración con el siguiente derrotero: 1) objeto de la controversia y anuncio deExpediente 66001-23-31-000-2011-00064-01 (54.746) Demandante: Marino Antonio Arias Carabalí y otros Reparación directa – apelación de sentencia

12 la decisión, 2) análisis de la impugnación, 3) indemnización de perjuicios, 4) responsabilidad de la llamada en garantía y, 5) condena en costas. 1. Objeto de la controversia y anuncio de la decisión Presentada la demanda oportunamente1, corresponde a la Sala determinar si en este asunto la ESE Salud Pereira y la ESE Hospital Universitario San Jorge de Pereira son patrimonialmente responsables de que la menor de edad Jénnifer Arias Carabalí falleciera como consecuencia de la atención médica suministrada en dichas instituciones de salud. La sentencia de primera instancia declaró la responsabilidad de la ESE Salud Pereira por pérdida de oportunidad, sobre la base de que la mencionada entidad no desplegó conductas acordes con la lex artis para arribar a un diagnóstico conclusivo que permitiera determinar un plan y tratamientos apropiados; tales circunstancias impidieron que la paciente recibiera una atención en salud acorde con sus necesidades. Esta Subsección modificará la decisión apelada, para en su lugar declarar la responsabilidad de la ESE Salud Pereira SA por el deceso de la menor de edad Jénnifer Arias Carabalí, pues, en el expediente obran elementos de acreditación que dan cuenta de que el proceder de la institución médica en el caso clínico de la mencionada paciente estuvo marcado por una serie de irregularidades que, sin lugar a dudas, propiciaron el empeoramiento del estado de salud de la menor y su

1 El fallecimiento de la menor Jénnifer Arias Carabalí ocurrió el 2 de junio de 2010 (fl. 44 cdno. 1), por lo que el término para presentar la demanda de reparación directa transcurrió entre el 3 de junio de 2010 y el 3 de junio de 2012; como la demanda se interpuso el 10 de febrero de 2011, se impone concluir que fue presentada dentro de la oportunidad prevista en el artículo 136-8 del Código Contencioso Administrativo, estatuto procesal aplicable a este asunto por ser el vigente para la fecha del ejercicio del derecho de acción.Expediente 66001-23-31-000-2011-00064-01 (54.746) Demandante: Marino Antonio Arias Carabalí y otros Reparación directa – apelación de sentencia 13

13 posterior fallecimiento; como consecuencia de lo anterior, se procederá a reliquidar la indemnización de perjuicios contenida en el fallo apelado. 2. Análisis de la impugnación El artículo 90 de la Constitución Política contiene el fundamento normativo de la responsabilidad patrimonial del Estado, por lo tanto, a continuación esta Sala de Decisión analizará si se probaron los presupuestos para que opere aquella. 2.1 El daño antijurídico El daño antijurídico reclamado en la demanda se encuentra probado dado que la menor Jénnifer Arias Carabalí falleció el 2 de junio de 2010 según se desprende del respectivo registro civil de defunción (fl. 44 cdno. 1). 2.2 La imputación La parte actora alegó que el deceso de Jénnifer Arias Carabalí resulta atribuible a las entidades demandadas porque, en su criterio, no le dieron un manejo adecuado a las molestias odontológicas que presentó la paciente y, además, no confirmaron el diagnóstico de dengue que supuestamente aquejaba a la menor de edad. Las pruebas válidamente recaudadas demuestran los siguientes hechos relevantes para la decisión del caso: 1) El 14 de mayo de 2010, a las 9:00 am, la ESE Salud Pereira le practicó un examen clínico odontológico a la menor Jénnifer Arias Carabalí arrojó los siguientes hallazgos:Expediente 66001-23-31-000-2011-00064-01 (54.746) Demandante: Marino Antonio Arias Carabalí y otros Reparación directa – apelación de sentencia 14

“Se realiza examen clínico odontológico y control de placa 30%. Paciente debe iniciar tratamiento de operatorio e higiene oral. Presenta edema a nivel de hemicara derecha por causa aparente de pericoronitis de diente 17 semierupcionado. Se formula Amoxicilina Cap 500 mg cada 8 horas x 7 días y se dan recomendaciones de higiene oral. Paciente con muy mala higiene oral” (fl. 16 cdno. 2 – negrillas adicionales). En el formato denominado “atención odontológica programada” se precisó que la paciente tenía antecedentes de epilepsia, así como también unos índices de placa blanda del 30% y de placa calcificada del 20%; de igual forma, se consignó la siguiente información relevante: “H. INTERPRETACIÓN RADIOGRÁFICA No requiere. I. DIAGNÓSTICO 1. Pericoronitis, diente 17 semierupcionado. 2. Caries act