CE - 012331000201100069011SENTENCIA20231211124901

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá D.C., 30 de noviembre de 2023

Radicación: 76001-23-31-000-2011-00069-01 (53.795)

Actor: Milma Jara Chaguara y otros Demandado: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y otros Referencia: Reparación directa – Decreto 1 de 1984 –

Temas: Reparación directa – Daño causado a un educador en un centro transitorio para menores de edad.

Síntesis del caso: un ciudadano fue asesinado por un grupo de jóvenes en las instalaciones de un centro transitorio para adolescentes pendientes de resolver su situación jurídica en procesos penales. La víctima trabajaba como orientador en la institución .

Conoce la Sala los recursos de apelación presentado s por las entidades demandadas en contra de la Sentencia proferida el 29 de septiembre de 2014 por el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca, en la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

La Sala es competente para proferir esta providencia por tratarse de un recurso de apelación en contra de una sentencia proferida por un Tribunal Administrativo, interpuesto en vigencia de la Ley 446 de 1998, de conformidad con los artículos 129 y 132 del Código de lo Contencioso Administrativo, norma vigente al momento de la presentación de la demanda.

Administrativo, interpuesto en vigencia de la Ley 446 de 1998, de conformidad con los artículos 129 y 132 del Código de lo Contencioso Administrativo, norma vigente al momento de la presentación de la demanda.

Contenido: 1. Antecedentes, 2. Consideraciones, 3. Decisión.

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante, 1.2. Posición de la parte demandada, 1.3. Sentencia de primera instancia, 1.4. Recursos de apelación, 1.5. Trámite relevante en segunda instancia.

1.1. Posición de la parte demandante

1. El 14 de julio de 2010 , Milma Jara Chaguara y otros 1 presentaron demanda2, en ejercicio de la acción de reparación directa, en contra de la

1 David Agustín Charry Jara, Pureza Charry Jara, Jorge Enrique Charry Jara, Miguel Ángel Charry Jara, José Hermes Charry Jara, José Ramiro Charry Jara, y Julián Camilo Charry Jara. 2 Folios del 70 al 88 del cuaderno No. 1.Radicación: 76001-23-31-000-2011-00069-01 (53.795)

Actor: Milma Jara Chaguara y otros Demandado: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y otros Referencia: Reparación directa – Decreto 1 de 1984

Decisión: Modifica la sentencia de primera instancia _____________________________________________________________________________________________________________

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Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional , Ministerio del Interior, Rama Judicial, Fiscalía General de la Nación , el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (en adelante el ICBF) y la Congregación de Religiosos

Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional , Ministerio del Interior, Rama Judicial, Fiscalía General de la Nación , el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (en adelante el ICBF) y la Congregación de Religiosos Terciarios Capuchinos de Nuestra Señora de los Dolores (en adelante la Congregación religiosa), con el fin de obtener la reparación de los perjuicios ocasionados con la muerte de Diego Fernando Charry Jara , en hechos ocurridos el 10 de diciembre de 2008, en Cali (Valle del Cauca).

2. En la demanda se planteó como pretensión declarativa (se trascribe):

“Declarar administrativa y extracontractualmente responsable a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, Fiscalía General de la Nación, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Ministerio del Interior y de Justicia y la Congregación de Religiosos Terciarios Capuchinos de Nuestra Señora de los Dolores Programa Renacer Amigoniano, por los perjuicios causados a los demandantes con motivo de la muerte del señor DIEGO FERNANDO CHARR Y JARA, ocurrida el día 10 de diciembre de 2008, en el interior de las instalaciones que sirven de centro transitorio para adolescentes vinculados al programa de responsabilidad penal, ubicado en la calle 11 No. 6 – 17 de la ciudad de Cali”.

3. La indemnización solicitada se resume en los siguientes valores:

Perjuicio Demandante Calidad Monto Perjuicios morales Milma Jara Chaguara Madre 200 SMLMV David Agustín Charry Jara Hermano 150 SMLMV Pureza Charry Jara Hermana 100 SMLMV

Perjuicio Demandante Calidad Monto Perjuicios morales Milma Jara Chaguara Madre 200 SMLMV David Agustín Charry Jara Hermano 150 SMLMV Pureza Charry Jara Hermana 100 SMLMV Jorge Enrique Charry Jara Hermano 100 SMLMV Miguel Angel Charry Jara Hermano 100 SMLMV José Hermes Charry Jara Hermano 100 SMLMV José Ramiro Charry Jara Hermano 50 SMLMV Julián Camilo Charry Jara Hermano 50 SMLMV Perjuicios materiales Milma Jara Chaguara y David Agustín Charry Jara Madre y hermano $358.531.470

4. Como fundamento de las pretensiones, la parte demandante, en síntesis,

refirió que:

5. Diego Fernando Charry Jara trabajaba en la Congregación religiosa como educador de los jóvenes que eran trasladados al centro transitorio para adolescentes que administraba la mencionada institución , en ejecución de un convenio con el ICBF . El centro transitorio albergaba a los jóvenes presuntos infractores de la ley penal que estaban pendientes de que se resolviera su situación jurídica ante un juez de control de garantías.

6. El 10 de diciembre de 2008, aproximadamente a las 9:00 p.m., Diego Charry fue atacado a golpes por un grupo de jóvenes con una tabla de uno de los camarotes que había en el lugar, asfixiado con un cordón de una pantaloneta y posteriormente apuñalado con un arma cortopunzante.Radicación: 76001-23-31-000-2011-00069-01 (53.795)

Actor: Milma Jara Chaguara y otros

pantaloneta y posteriormente apuñalado con un arma cortopunzante.Radicación: 76001-23-31-000-2011-00069-01 (53.795)

Actor: Milma Jara Chaguara y otros Demandado: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y otros Referencia: Reparación directa – Decreto 1 de 1984

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7. Los adolescentes agresores, quienes se encontraban internados en el centro transitorio, abandonaron el cuerpo sin vida del educador dentro de una de las celdas, y emprendieron la huida. Horas después , fueron capturados por la policía y presentados ante un juez penal, quien les imputó la comisión de los delitos de homicidio agravado y hurto calificado y agravado.

8. La parte actora refirió que las entidades demandadas incurrieron en una falla en el servicio por no brindar seguridad al educador, a pesar de que tenían el deber de custodia y vigilancia de los adolescentes infractores trasladados a la institución, y pese a que tenían pleno conocimiento de los riesgos que enfrentaba el personal que allí laboraba y de los desórdenes que se podían presentar por la acción de los jóvenes internos.

1.2. Posición de la parte demandada

9. La Fiscalía General de la Nación , en la contestación a la demanda3, solicitó que se negaran las pretensiones, toda vez que no se presentaron los elementos para que se configur ara la responsabilidad del Estado, y la entidad no tenía el deber de brindar protección a particulares.

10. La Policía Nacional presentó contestación a la demanda4, en la que se

elementos para que se configur ara la responsabilidad del Estado, y la entidad no tenía el deber de brindar protección a particulares.

10. La Policía Nacional presentó contestación a la demanda4, en la que se opuso a las pretensiones planteadas por la parte actora. Argumentó que en el caso concreto se configuró la causal de exoneración del hecho de un tercero, esto es, el grupo de jóvenes que deliberadamente y por sus propios medios asesinó al educador. Indicó que el hecho fue imprevisible para la entidad y que, si bien tenía el deber constitucional de proteger a las personas en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, lo cierto es que esa obligación no e ra absoluta y est aba sujeta a lo que razonablemente se puede exigir en cada caso concreto. Finalmente, refirió que no tenía legitimación pasiva en la causa, pues la institución en la que ocurrieron los hechos estaba bajo la dirección y administración de una comunidad religiosa de carácter particular , en la cual recaía el deber de prestar seguridad y protección a sus colaboradores.

11. El ICBF presentó contestación a la demanda5, en la que solicitó que se le exonerara de responsabilidad. Explicó que en el contrato de aportes suscrito con la Congregación religiosa se estableció que entre los empleados de esa institución y el ICBF no se creaba ninguna clase de relación de subordinación o vínculo laboral, de manera que aquella era la llamada a responder por todos los hechos que se presentaran en virtud del cumplimento del contrato

3 Folios 106 al 109 del cuaderno No. 1. 4 Folios 113 al 118 del cuaderno No. 1.

todos los hechos que se presentaran en virtud del cumplimento del contrato

3 Folios 106 al 109 del cuaderno No. 1. 4 Folios 113 al 118 del cuaderno No. 1. 5 Folios 139 al 146 del cuaderno No. 1.Radicación: 76001-23-31-000-2011-00069-01 (53.795)

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que ten ía con sus empleados. Adicionalmente, señaló que el daño se produjo por el hecho exclusivo de la víctima, quien por cuenta propia traspasó las rejas de seguridad de la celda en la que se encontraban los jóvenes internos y violó el protocolo de seguridad de la institución.

12. La Congregación religiosa presentó contestación a la demanda6 en la que solicitó se negaran las pretensiones. Afirmó que la institución suscribió un contrato de aportes con el ICBF en el que se obligó a brindar atención especializada a los jóvenes que hicieran parte del programa de responsabilidad penal para adolescentes promovido por la entidad estatal, pero entre las obligaciones adquiridas no estaba la de brindar seguridad.

Indicó que cumplió eficientemente con l os deberes establecidos en el contrato, tan así que en la revisión del programa por parte del ICBF no recibió requerimientos, solicitudes o sugerencias. Señaló que la institución realizó conferencias, diplomados y cursos con el fin de orientar a los profesionales que trabajaban en el programa sobre la población objeto de

recibió requerimientos, solicitudes o sugerencias. Señaló que la institución realizó conferencias, diplomados y cursos con el fin de orientar a los profesionales que trabajaban en el programa sobre la población objeto de atención y los mecanismos para facilitar el desarrollo de los compromisos. Por lo anterior, concluyó que no incurrió en falla alguna, por lo que no le asistía responsabilidad por los hechos objeto de la demanda.

1.3. Sentencia de primera instancia

13. El 29 de septiembre de 201 4, el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca profirió Sentencia de primera instancia 7, en la que decidió (se

trascribe):

“PRIMERO: NIÉGANSE las pretensiones de la demanda frente a la Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial y la Fiscalía General de la Nación, por falta de legitimación en la causa material por pasiva.

SEGUNDO: DECLÁRASE administrativamente responsable a la Nación - Ministerio de Defensa – Policía Nacional, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y a la Congregación de Religiosos Terciarios Capuchinos de Nuestra Señora de los Dolores, por la muerte del señor Diego Fernando Charry Jara, en las circunstancias a que se refieren los autos.

TERCERO: CONDÉNASE, en forma solidaria, a la Nación - Ministerio de Defensa – Policía Nacional, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y a la Congregación de Religiosos Terciarios Capuchinos de Nuestra Señora de los Dolores, al pago de perjuicios morales, a favor de las personas y en los montos que se señalan a continuación, valores expresados en salarios mínimos legales

mensuales vigentes:

Dolores, al pago de perjuicios morales, a favor de las personas y en los montos que se señalan a continuación, valores expresados en salarios mínimos legales mensuales vigentes: Milma Jara Chaguala 100 SMLMV Miguel Ángel Charry Jara 50 SMLMV David Agustín Charry Jara 50 SMLMV

6 Folios 189 al 211 del cuaderno No. 1. 7 Folios 440 al 492 del cuaderno del Consejo de Estado.Radicación: 76001-23-31-000-2011-00069-01 (53.795)

Actor: Milma Jara Chaguara y otros Demandado: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y otros Referencia: Reparación directa – Decreto 1 de 1984

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Hermes Charry Jara 50 SMLMV Julián Camilo Charry Jara 50 SMLMV José Ramiro Charry Jara 50 SMLMV Jorge Enrique Charry Jara 50 SMLMV Pureza Charry Jara 50 SMLMV CUARTO: ORDENAR a la Nación - Ministerio de Defensa – Policía Nacional, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y a la Congregación de Religiosos Terciarios Capuchinos de Nuestra Señora de los Dolores, en cumplimiento de los mandatos constitucionales y legales de reparación integral las siguientes medidas de reparación no pecuniarias: a) La realización dentro de los seis (6) meses siguientes a la ejecutoria de esta providencia, por parte de la Nación - Ministerio de Defensa – Policía Nacional, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y a la Congregación de

de reparación no pecuniarias: a) La realización dentro de los seis (6) meses siguientes a la ejecutoria de esta providencia, por parte de la Nación - Ministerio de Defensa – Policía Nacional, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y a la Congregación de Religiosos Terciarios Capuchinos de Nuestra Señora de los Dolores, de un acto público de reconocimiento de responsabilidad dentro de los hechos en que resultó fallecido el educador Diego Fernando Charry Jara. b) La colocación de una placa en un lugar visible de las instalaciones del centro transitorio que permita recordar y conmemorar los hechos ocurridos, a fin de precaver que se vuelvan a repetir. (…)”.

14. El Tribunal consideró que no se demostró el hecho exclusivo de la víctima, pues Diego Charry, al momento de su muerte, se encontraba trabajando dentro del horario establecido por el empleador, estaba capacitado para el desempeño de sus labores, tenía un trato cordial con los jó venes internos y no realizó ninguna conducta que lo expusiera al peligro o influyera en su muerte. Tampoco se probó el hecho de un tercero, pues quienes cometieron el asesinato eran jóvenes que se encontraban internados en el establecimiento y cuya custodi a estaba a cargo de las entidades demandadas.

15. Indicó que las demandadas incurrieron en una falla en el servicio, porque no adoptaron medidas de seguridad orientadas a proteger la integridad de los educadores y demás trabajadores del establecimiento: el día del homicidio no había personal de vigilancia privada ni autoridad pública encargada de bri ndar seguridad, los policías que estaban en el

integridad de los educadores y demás trabajadores del establecimiento: el día del homicidio no había personal de vigilancia privada ni autoridad pública encargada de bri ndar seguridad, los policías que estaban en el lugar permanecían en las afueras del establecimiento, en cada celda había varios jóvenes (lo que facilitó que cuando la víctima abrió la puerta para que ingresara uno de ellos, los que se encontraban dentro lo atacaran), no había cámaras ni otras herramientas de vigilancia o alerta; además, había objetos peligrosos al alcance de los jóvenes , como la navaja con la que apuñalaron a la víctima.

16. En definitiva, pese a que se trataba de un centro cuyo objeto era albergar a jóvenes infractores de la ley que se encontraban a la espera de la resolución de su situación ante un juez penal, ni la Congregación religiosa,Radicación: 76001-23-31-000-2011-00069-01 (53.795)

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ni el ICBF, ni la Policía cumplieron debidamente con el deber de custodia de los internos y con el deber de brindar seguridad a sus propios colaboradores.

1.4. Recursos de apelación

17. El ICBF presentó recurso de apelación8, en el que solicitó que se revocara la decisión de primera instancia . Insistió en que la víctima causó su propio daño porque ingresó al establecimiento sin acompañamiento y realizó

17. El ICBF presentó recurso de apelación8, en el que solicitó que se revocara la decisión de primera instancia . Insistió en que la víctima causó su propio daño porque ingresó al establecimiento sin acompañamiento y realizó actividades que no le correspondían como educador. Señaló que, en caso de comprobarse la responsabilidad, las llamadas a responder eran la Policía, por omit ir sus deberes de protección y no contar con estrategias de reacción y la Congregación religiosa, a quien se le había encomendado la prestación del servicio de formación y educación de los jóvenes internos y, por l o tanto, le correspondía adecuar el inmueble destinado al funcionamiento del establecimiento y velar por las condiciones de seguridad.

18. La Policía Nacional, en el recurso de apelación 9, adujo que el establecimiento en el que ocurrieron los hechos era administrado por un particular que tenía un contrato con el ICBF, por lo que las decisiones sobre las medidas de seguridad eran adoptadas por los directivos de ese operador y la policía no podía intervenir, salvo solicitud de la mencionada institución. En todo caso, alegó que en el caso concreto se presentó el hecho de un tercero, por lo que se rompió el nexo causal entre el hecho y la actividad del Estado, y no procedía la declaratoria de responsabilidad.

19. La Congregación Religiosa, en el recurso de apelación10, alegó que el contrato suscrito con el ICBF le encargó la administración del establecimiento para adolescentes y el desarrollo de programas de pedagogía, protección y acogida de los menores de edad que estaban bajo el régimen de responsabilidad penal especial , pero dentro del objeto

contrato suscrito con el ICBF le encargó la administración del establecimiento para adolescentes y el desarrollo de programas de pedagogía, protección y acogida de los menores de edad que estaban bajo el régimen de responsabilidad penal especial , pero dentro del objeto no estaba la obligación de prestar seguridad, lo cual correspondía principalmente al ICBF y a los órganos estatales designados para ello por la Ley y la Constitución. También insistió en que la v íctima fue negligente al entrar solo a la celda en la que se encontraban los adolescentes.

1.5. Trámite relevante en segunda instancia

20. El 20 de enero de 2015, el Tribunal adelantó audiencia de conciliación11, en cumplimiento de lo previsto en el art ículo 43 de la Ley 640 de 2001 y el

8 Folios 493 y 494 del cuaderno del Consejo de Estado. 9 Folios 495 al 502 del cuaderno del Consejo de Estado. 10 Folios 525 al 530 del cuaderno del Consejo de Estado 11 Folios 562 al 564 del cuaderno del Consejo de Estado.Radicación: 76001-23-31-000-2011-00069-01 (53.795)

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artículo 70 de la Ley 1395 de 2010. En la audiencia, el ICBF ofreció una suma de $92.000.000 correspondiente al total de la condena que correspondía pagar a la mencionada entidad, según su intervención en la producción del

artículo 70 de la Ley 1395 de 2010. En la audiencia, el ICBF ofreció una suma de $92.000.000 correspondiente al total de la condena que correspondía pagar a la mencionada entidad, según su intervención en la producción del daño, lo cual fue aceptado por la parte demandante, quien, además, manifestó que respecto a dicha entidad renunciaba a las medidas de reparación no pecuniarias dictadas en la sentencia de primera instancia. Seguidamente, el 26 de enero de 2015, el Tribunal profirió Auto 12 en el que aprobó el acuerdo conciliatorio realizado entre el ICBF y la parte demandante, dio por terminado el proceso respecto a dicha entidad y concedió los recursos de apelación presentados por la Policía Nacional y la Congregación religiosa para que siguieran su curso ante esta corporación.

21. El 14 de julio de 2023, conforme con lo previsto en el artículo 169 del CCA, la Sala profirió Auto en el que decretó como prueba de oficio que se aportaran las actuaciones surtidas dentro de la investigación y el proceso penal con radicado No. 76001 -6000710-2008-01478-00, por el delito de homicidio agravado, en el que fue víctima Diego Fernando Charry Jara, adelantada por la Fiscalía 159 Seccional de Cali y al Juzgado 3 Penal para Adolescentes de Cali con funci ones de conocimiento . El 7 y 14 de septiembre, las entidades requeridas allegaron los respectivos documentos13, los cuales fueron incorporados al expediente y puesto s a disposición de las partes para que se pronunciaran al respecto, si lo consideraban pertinente14.

2. CONSIDERACIONES

documentos13, los cuales fueron incorporados al expediente y puesto s a disposición de las partes para que se pronunciaran al respecto, si lo consideraban pertinente14.

2. CONSIDERACIONES

Contenido: 2.1. Síntesis de la controversia , 2.2. Análisis sustantivo , 2.3. Liquidación de perjuicios, 2.4. Condena en costas.

2.1. Síntesis de la controversia

22. En esta providencia, la Sala decidirá el fondo del asunto porque están reunidos los presupuestos procesales de la acción de reparación directa15.

La Sala modificará la Sentencia de primera instancia que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. Teniendo en cuenta que el ICBF concilió una parte de la indemnización reconocida a favor de los demandantes, y que dicho acuerdo fue aprobado, este pronunciamiento

12 Folios del 566 al 574 del cuaderno del Consejo de Estado. 13 Índices No. 65 y 66 del aplicativo SAMAI. 14 Índice No. 67 del aplicativo SAMAI. 15 La demanda fue presentada oportunamente. La muerte de Diego Fernando Charry Jara ocurrió el 10 de diciembre de 2008, por lo que, en principio, la demanda podía interponerse hasta el 11 de diciembre de 2010. No obstante, el término se suspendió desde el 26 de febrero de 2010 , con la presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial, hasta el hasta el 19 de mayo de 2010, cuando se declaró fallido el trámite (Folio 63 del

cuaderno No. 1). La demanda se presentó el 14 de julio de 2010, esto es, antes del vencimiento del término previsto en el numeral 8 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo.Radicación: 76001-23-31-000-2011-00069-01 (53.795)

Actor: Milma Jara Chaguara y otros Demandado: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y otros Referencia: Reparación directa – Decreto 1 de 1984

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se limitará al estudio de la responsabilidad de la Congregación religiosa y la Policía Nacional. Así, d eclarará la responsabilidad de la Congregación de Religiosos Terciarios Capuchinos de Nuestra Señora de los Dolores, ya que la muerte de Diego Fernando Charry Jara ocurrió por el incumplimiento de su deber de vigilancia de los adolescentes entregados a su custodia . Exonerará a la Policía Nacional de cualquier responsabilidad, toda vez que actuó conforme con sus funciones y no tenía la facultad de controlar el funcionamiento interno de la institución. La indemnización de perjuicios será modificada, ya que se deberá restar el porcentaje de la condena ya pagado por el ICBF, y las medidas no pecuniarias de reparación serán adecuadas con el fin de cumplir con el objetivo de reconocimiento y prevención de hechos similares.

23. En el expediente obran documentos y declaraciones de la investigación penal adelantada por los hechos que aquí se debaten, los cuales serán valorados, ya que fueron solicitados por ambas partes 16 y estas pudieron ejercer debidamente su derecho de contradicción de la prueba 17. La

penal adelantada por los hechos que aquí se debaten, los cuales serán valorados, ya que fueron solicitados por ambas partes 16 y estas pudieron ejercer debidamente su derecho de contradicción de la prueba 17. La muerte de Diego Fernando Charry Jara no fue objeto de controversia18, por lo que el análisis se centrará en la causalidad y atribución de responsabilidad al Estado.

2.2. Análisis sustantivo

16 Las partes solicitaron se allegara el proceso penal adelantado por la muerte de Diego Fernando Charry Jara, no obstante, en el periodo probatorio solo se allegaron algunas transcripciones realizadas por la fiscalía, por lo que este Despacho, de oficio, solicitó nuevamente la práctica de la prueba. 17 Esta Corporación ha establecido que la regla general es que, en virtud del principio de inmediación, los testimonios tienen que practicarse en presencia de los jueces que deben resolver los litigios y, en observancia del derecho a la defensa, las partes deben tener la posibilidad de contrade cir las pruebas que se presenten en su contra. Por lo que, para la valoración de los testimonios practicados por fuera del proceso se exige su ratificación en el proceso en el que se pretenden hacer valer. No obstante, el trámite de ratificación se podrá omitir cuando ambas parte soliciten que se incluya la prueba al expediente; cuando la parte contra la cual se presenta la prueba, de manera expresa, manifiesta que está de acuerdo con la práctica de la prueba solicitada por la parte actora; cuando el testimonio ha sido trasladado al trámite contencioso administrativo por solicitud de una de las partes y la otra utiliza en su defensa lo consignado en esa declaración juramentada; o cuando la prueba se

actora; cuando el testimonio ha sido trasladado al trámite contencioso administrativo por solicitud de una de las partes y la otra utiliza en su defensa lo consignado en esa declaración juramentada; o cuando la prueba se practicó con la audiencia de la parte contra la cual se aduce o fue recopilado por ella misma, pues en este caso se cumplen con las condiciones establecidas en los artículos 185 y 229 del Código de Procedimiento Civil. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 11 de se ptiembre de 2013, Exp.

Radicación: 41001-23-31-000-1994-07654-01(20601). En concordancia, Corte Constitucional, Sentencia T-204 de 28 de mayo de 2018.

18 En todo caso, la muerte se encuentra probada con el registro civil de defunción (folio 14 del cuaderno No. 2).Radicación: 76001-23-31-000-2011-00069-01 (53.795)

Actor: Milma Jara Chaguara y otros Demandado: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y otros Referencia: Reparación directa – Decreto 1 de 1984

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24. Los adolescentes Andrés Felipe Martínez Giraldo19, David Andrés García Agudelo20 y Johan Alexander Gómez Burbano 21, en el proceso penal, declararon que el 10 de diciembre de 2008, aproximadamente a las 8:00 p.m., se encontraban recluidos en el centro transitorio junto con dos jóvenes más, llamados Gustavo y Manuel . Uno de ellos le pidió al educador un refrigerio y cuando este abrió la puerta de la celda en la que se

p.m., se encontraban recluidos en el centro transitorio junto con dos jóvenes más, llamados Gustavo y Manuel . Uno de ellos le pidió al educador un refrigerio y cuando este abrió la puerta de la celda en la que se encontraban, Gustavo lo jaló hacia adentro mientras que Manuel lo empujó. Luego, uno de ellos lo golpeó con una tabla de los camarotes, el empleado gritó, pero sus gritos de auxilio no se escuchaban porque los jóvenes tenían encendida una radio con alto volumen. Los dos jóvenes lo asfixiaron con un cordón de las pantalonetas que les fueron entregadas en el centro transitorio22, le quitaron las llaves y uno de ellos sacó un cuchillo del cuarto en el que los trabajadores tenían sus pertenencias y lo guardó . Posteriormente, huyeron del lugar y fueron atrapados por los policías que se encontraban en las afueras del centro transitorio.

25. La Congregación religiosa había suscrito un contrato de aportes con el ICBF23, en el que asumió la obligación de “brindar atención especializada para adolescentes en conflicto con la ley -sistema de responsabilidad penalpara la protección y el restablecimiento de derechos conforme a las disposiciones legales lineamientos y estándares de calidad del ICBF

19 Declaración Andrés Felipe Martínez Giraldo: “yo no vi cómo ni quienes porque estaba en el baño, yo escuché unos quejidos cuando estaba en el baño de una persona que decía no, cuando salgo del baño veo que “la chinguita” le pega un tablazo en la cabeza al educador, al educador lo veo como sonso como mareado, cuando

unos quejidos cuando estaba en el baño de una persona que decía no, cuando salgo del baño veo que “la chinguita” le pega un tablazo en la cabeza al educador, al educador lo veo como sons