CE - 012331000201100554011SENTENCIA20230519161246

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., ocho (8) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Radicación número: 23001-23-31-000-2011-00554-01 (64.503)

Actor: PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES DE TELECOM

Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL

Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

Temas: DAÑO CAUSADO POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA – embargo y pago de unas sumas de dinero por un amparo constitucional / DAÑO – se encuentra probada su causación, mas no su quantum / ERROR JURISDICCIONAL – requiere la existencia de una decisión en firme, cuando no se presenta la responsabilidad debe estudiarse a la luz de la falla del servicio, como sucede en el caso examinado – RESPONSABILIDAD DEL ESTADO – inobservancia de los requisitos generales de la acción de tutela por parte del juez constitucional, aun ado al decreto de una medida cautelar abiertamente improcedente e irregular / INDEMNIZACIÓN – condena – DAÑO EMERGENTE, la entidad accionada pagará la totalidad del capital adeudado y actualizado a la fecha de esta sentencia, siempre que se verifique que l a parte actora no recuperó lo pagado con ocasión de la acción de tutela aquí señalada mediante procesos ordinarios. En caso de acreditarse la recuperación de alguna suma de dinero relacionada con la acción constitucional, deberá descontarse – LUCRO CESANTE , procede el reconocimiento del interés legal civil – si no se obtuvo

tutela aquí señalada mediante procesos ordinarios. En caso de acreditarse la recuperación de alguna suma de dinero relacionada con la acción constitucional, deberá descontarse – LUCRO CESANTE , procede el reconocimiento del interés legal civil – si no se obtuvo reintegro alguno frente al capital pagado vía tutela, el extremo pasivo pagará por este concepto la suma liquidada en esta instancia – si se logró algún recaudo por otra vía judicial, establecido el cálculo de la suma definitiva a pagar, sobre está la entidad efectuará la liquidación correspondiente, con base en los criterios fijados por esta Corporación.

La Sala resuelve los recursos de apelación interpuestos por el Patrimonio Autónomo de Remanentes de Telecom y por la Nación – Rama Judicial contra la sentencia del 28 de marzo de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo de Arauca, mediante la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I.SÍNTESIS DEL CASO

La parte actora estima que el Juzgado Cuarto Penal Municipal de Montería incurrió en un error jurisdiccional , pues en el fallo de tutela del 30 de octubre de 2008 concedió el amparo constitucional a favor de varios de sus exempleados, embargó sus cuentas bancarias y ordenó pagarles los emolumentos laborales que dejaron de percibir desde la desvinculación, a pesar de que esas decisiones no se ajustabanRadicación número: 23001-23-31-000-2011-00554-01 (64.503)

Actor: PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES DE TELECOM

Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL

Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

2

Actor: PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES DE TELECOM

Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL

Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

2 a la realidad fáctica y juríd ica, tal y como lo sostuvieron tanto el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Montería como la Corte Constitucional.

II. ANTECEDENTES

1. Demanda

El 5 de octubre de 2011 (fl. 2 del c.1), el Patrimonio Autónomo de Remanentes de Telecom, en adelante PAR de Telecom, presentó demanda de reparación directa contra la Nación -Rama Judicial-, con el fin de que se le indemnizaran los perjuicios que sufrió como consecuencia del error judicial contenido en la decisión del 30 de octubre de 2008, dictada por el Juzgado Cuarto Penal Municipal de Montería.

En concreto, la parte actora solicitó que se efectuaran las siguientes declaraciones y condenas (fls. 10 – 11 del c.1):

1. Que la Nación – Rama Judicial sea declarada responsable por los daños sufridos por la parte demandante fruto del error judicial cometido dentro de la acción de tutela iniciada en el Juzgado Cuarto Municipal de Montería.

2. Como consecuencia, la Nación – Rama Judicial debe indemnizar y pagar los

siguientes perjuicios (…):

a) La suma de $2’600.000.000, actualizados desde el 21 de agosto de 2008 hasta la fecha de su pago definitivo.

b) Los intereses bancarios corrientes que generaban los anteriores dineros mientras estaban en la cuenta, contabilizados desde el 21 de agosto de 2008 hasta la fecha de su pago definitivo.

hasta la fecha de su pago definitivo.

b) Los intereses bancarios corrientes que generaban los anteriores dineros mientras estaban en la cuenta, contabilizados desde el 21 de agosto de 2008 hasta la fecha de su pago definitivo.

c) Los intereses de mora sobre la suma descrita, calculados desde el 22 de agosto de 2008 (día siguiente a su ilegal retención) hasta le fecha efectiva de su pago total

d) Por las costas y agencias en derecho.

Como fundamento fáctico de la demanda, la parte demandante, en resumen, explicó que, por medio de los Decretos 1603 y 1615 de 2003, el Gobierno Nacional ordenó la supresión y liquidación de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, Telecom, junto con las 13 teleasociadas.

Una vez se realizó el cierre definitivo de las liquidaciones, el 30 de diciembre de 2005, la fiduciaria La Previsora, en calidad de liquidadora de las entidades mencionadas, y el Consorcio Remanentes de Telecom, integrado por la Fiduagraria S.A. y Fiduciaria Popular S.A., suscribieron un contrato de fiducia mercantil, a fin deRadicación número: 23001-23-31-000-2011-00554-01 (64.503)

Actor: PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES DE TELECOM

Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL

Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

3 constituir un patrimonio autónomo de remanentes con los activos y bienes no afectados a la prestación del servicio para atender las obligaciones a su cargo.

Un grupo de ex trabajadores de Telecom promovió acción de tutela en su contra

3 constituir un patrimonio autónomo de remanentes con los activos y bienes no afectados a la prestación del servicio para atender las obligaciones a su cargo.

Un grupo de ex trabajadores de Telecom promovió acción de tutela en su contra con el propósito de que se les liquidaran y pagaran los salarios dejados de percibir desde la fecha de su desvinculación, toda vez que aseguraron fue injusta.

En auto del 21 de agosto de 2008, el Juzgado Cuarto Penal Municipal de Montería ordenó el embargo de las cuentas de la aquí demandante hasta por $1.300’000.000 y, luego, en fallo del 1° de septiembre de 2008, amparó los derechos fundamentales invocados por los tutelantes; no o bstante, el 9 de octubre de 2008, el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Montería declaró la nulidad de todo lo actuado.

Agotadas nuevamente las diligencias correspondientes, el 30 de octubre de 2008, el Juzgado Cuarto Penal Municipal de Montería accedi ó a las pretensiones de la demanda, “ratificó el embargo y lo adicionó por $227’789.369 ”, así como ordenó el pago de los salarios y prestaciones de los exempleados.

En sentencia del 18 de diciembre de 2008, el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Monter ía revocó el amparo constitucional y dejó sin efectos el embargo, decisiones que fueron confirmadas por la Corte Constitucional, bajo el entendido de que “se había configurado un ejercicio abusivo de la acción de tutela y compulsó copias de la actuación a la Fiscalía General de la Nación”.

El 19 de febrero de 2009, el Juzgado Cuarto Penal Municipal de Montería informó

que “se había configurado un ejercicio abusivo de la acción de tutela y compulsó copias de la actuación a la Fiscalía General de la Nación”.

El 19 de febrero de 2009, el Juzgado Cuarto Penal Municipal de Montería informó que se embargaron en total “$2’600.000.000”, pero no era posible su devolución, habida cuenta de que el 50% fue entregado a los tutelantes y el remanente al Juzgado Promiscuo Municipal de Cereté, autoridad que dispuso su embargo.

A juicio de la aquí demandante, la Nación -Rama Judicial incurrió en error judicial, por cuanto en la decisión del 30 de octubre de 2008, el Juzgado Cuarto Penal Municipal de Montería dictó un amparo constitucional, ratificó y amplió el embargo de sus cuentas bancarias y dispuso la entrega de sumas específicas de dine ro a favor de los tutelantes, cuando ello era abiertamente improcedente.

Reprochó el hecho de que se hubiera estudiado de fondo la acción de tutela, en la medida en que no cumplía con los requisitos de inmediatez y de subsidiariedad, yaRadicación número: 23001-23-31-000-2011-00554-01 (64.503)

Actor: PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES DE TELECOM

Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL

Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

4 que, en su orden, la demanda fue presentada en un tiempo que no era razonable y los peticionarios contaba con otro medio de defensa judicial para hacer efectivos sus derechos, aunado a que no se configuraba un perjuicio irremediable, según lo advirtió y demostró a lo largo de ese proceso.

los peticionarios contaba con otro medio de defensa judicial para hacer efectivos sus derechos, aunado a que no se configuraba un perjuicio irremediable, según lo advirtió y demostró a lo largo de ese proceso.

De otra parte, adujo que la medida cautelar de embargo decretada fue irregular, puesto que no estuvo precedida de motivación, situación que contrariaba la ley y la jurisprudencia constitucional, además se tuvo en cuenta solo la liquidación aportada por los tutelantes para tal efecto y se entregó el dinero embargado, a sabiendas de que el proceso no había culminado.

2. Trámite procesal en primera instancia

2.1. El 27 de octubre de 2011, el Tribunal Administrativo de Arauca admitió la demanda y ordenó su notificación a la demandada y al Ministerio Público (fls. 231 – 232 del c.1).

2.2. La Nación -Rama Judicialse opuso a las pretensiones de la demanda, para lo cual argumentó que las decisiones del Juzgado Cuarto Penal Municipal de Montería estuvieron ajustadas a derecho, en la medida en que guardaban coherencia con lo dispuesto en los artículos 7, 8, 27, 29 y 31 Decreto 2591 de 1991.

También sostuvo que el PAR de Telecom tenía la posibilidad de demandar a las personas naturales a favor de quienes se giró el dinero embargado con ocasión de la solicitud de amparo impetrada, a fin de recuperarlos; empero, como no lo hizo, no podía ahora sacar provecho de su propia culpa (fls. 370 – 392 del c.1).

2.3. Agotado el período probatorio, el 10 de marzo de 2017 se dispuso que las partes

podía ahora sacar provecho de su propia culpa (fls. 370 – 392 del c.1).

2.3. Agotado el período probatorio, el 10 de marzo de 2017 se dispuso que las partes y el Ministerio Público presentaran los alegatos de conclusión y el concepto por escrito (fl. 442 del c.1).

2.4. El PAR de Telecom indicó que el juez de tutela fue quien ordenó la entrega del dinero embargado y que, pese a que se dispuso su devolución al finalizar el trámite, no fue posible su recaudo, “pues los particulares receptores no daban razón, hecho que admitió el mismo Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Montería”.Radicación número: 23001-23-31-000-2011-00554-01 (64.503)

Actor: PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES DE TELECOM

Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL

Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

5 Insistió en la responsabilidad del Estado “(…) debido a que el juez hizo un uso indebido de su poder, despojando ilegal e injustificadamente de $2.600’000.000 a la actora, siendo ilegal su proceder y no coherente con lo alegado, pues los peticionarios no t enían el derecho que pretendían hacer valer mediante el mecanismo subsidiario de la acción de tutela (…)” (fls. 444 – 445 del c.1).

2.5. La Nación – Rama Judicial reiteró sus argumentos (fl. 443 del c.1), mientras que el Ministerio Público guardó silencio.

3. Sentencia de primera instancia

En sentencia del 28 de marzo de 2019, el Tribunal Administrativo de Arauca accedió

que el Ministerio Público guardó silencio.

3. Sentencia de primera instancia

En sentencia del 28 de marzo de 2019, el Tribunal Administrativo de Arauca accedió parcialmente a las súplicas de la demanda, en los siguientes términos (fls. 3 – 12 del c.ppal):

PRIMERO. Declarar patrimonialmente responsable a la Nación – Rama Judicial por los perjuicios que se le causaron al PAR de Telecom y Teleasociadas, en liquidación, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

SEGUNDO. Condenar a la Nación – Rama Judicial a pagarle al P AR de Telecom Teleasociadas, en liquidación, por perjuicios materiales de daño emergente y lucro cesante, la suma de $1.953.319.389.

TERCERO. Negar las demás pretensiones de la demanda (…).

Al respecto, precisó que el problema jurídico se circunscribía a establecer si le asistía responsabilidad a la entidad, a título de falla del servicio, “por las actuaciones irregulares del Juzgado Cuarto Penal Municipal de Montería, dentro de la acción de tutela 2008-00394-01, relacionadas con el embargo y el amparo c oncedido a los tutelantes”.

Expuso que, si bien el 21 de agosto de 2008 el Juzgado Cuarto Municipal de Montería embargó las cuentas del PAR de Telecom, determinación que luego fue dejada sin efectos, lo cierto era que en sentencia del 30 de septiembre de esa anualidad dicha autoridad ratificó el mismo y ordenó la entrega de las sumas de dinero a favor de los accionantes, es decir, sus decisiones surtieron efectos, pese a

anualidad dicha autoridad ratificó el mismo y ordenó la entrega de las sumas de dinero a favor de los accionantes, es decir, sus decisiones surtieron efectos, pese a que el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Montería y la Corte Constitucional las revocaron con posterioridad.Radicación número: 23001-23-31-000-2011-00554-01 (64.503)

Actor: PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES DE TELECOM

Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL

Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

6 Advirtió que era claro que la parte actora soportó una disminución de su patrimonio y que el Juzgado Cuarto Penal Municipal de Montería y la Contraloría General de la República corroboraron la imposibilidad de retornar el dinero.

Resaltó que en los fallo s en los que se revocaron las decisiones del mencionado juzgado se indicó que la acción de tutela no cumplió con los requisitos de inmediatez y de subsidiariedad, así como que “los tutelantes ya habían sido indemnizados, dos de ellos gozaban de pensión y no se desvirtuó la necesidad y urgencia de la medida y tampoco el juzgado activó algún incidente para establecer el supuesto valor adeudado”.

Explicó que, a través de la sentencia T -538 de 2009, la Corte Constitucional fue enfática en sostener que se come tieron errores de orden fáctico y jurídico, en el entendido de que se tomó como fundamental un hecho que no lo era, las presuntas acreencias laborales adeudadas, porque se le dio pleno valor a la sola apreciación subjetiva de los actores, sin constatación alguna, y se decretó de manera errónea

entendido de que se tomó como fundamental un hecho que no lo era, las presuntas acreencias laborales adeudadas, porque se le dio pleno valor a la sola apreciación subjetiva de los actores, sin constatación alguna, y se decretó de manera errónea un embargo, además del análisis arbitrario e irrazonable de los requisitos de procedencia de la acción de tutela.

Por lo expuesto, advirtió que le asistía razón a la demandante y condenó a la Nación – Rama Judicial a pagar por daño emergente $1.898’037.518 (capital embargado y actualizado) y por lucro cesante $55’281.871 (interés civil anual del 6%).

4. Recursos de apelación

4.1. La parte actora apeló la anterior decisión y solicitó el reconocimiento y pago de los intereses corrientes y moratorios, de conformidad con lo descrito en la demanda.

Destacó que el a quo ignoró la presunción de derecho prevista en el artículo 1617.2 del Código Civil, según la cual el acreedor de una suma de dinero se releva de probar perjuicio alguno, “cuando este se limite a pedir intereses sobre dicha suma”, así como el principio de reparación integral y la causación de intereses de mora por la tardanza de la justicia en resolver el caso (fls. 18 – 22 del c.ppal).

4.2. La Rama Judicial señaló que no ocasionó un daño antijurídico al PAR de Telecom, porque las decisiones adoptadas por el Juzgado Cuarto Penal Municipal de Montería se habían ajustado a las normas constitucionales vigentes al momentoRadicación número: 23001-23-31-000-2011-00554-01 (64.503)

Telecom, porque las decisiones adoptadas por el Juzgado Cuarto Penal Municipal de Montería se habían ajustado a las normas constitucionales vigentes al momentoRadicación número: 23001-23-31-000-2011-00554-01 (64.503)

Actor: PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES DE TELECOM

Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL

Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

7 de los hechos y, en todo caso, la diversidad de interpretaciones jurídicas de los jueces de tutela no implicaba, per se , un error judicial, máxi me si contaban con sustento fáctico y jurídico, como se advirtió en la determinación enjuiciada, pero el Tribunal Administrativo de Arauca no emitió una reflexión seria al respecto.

A su turno, consideró que en el caso objeto de censura no se conculcó el debido proceso, ya que durante la acción de tutela la aquí demandante tuvo la oportunidad de demostrar que la desvinculación de sus trabajadores fue justificada o, en su defecto, que indemnizó los perjuicios a ellos ocasionados; lo cual no ocurrió, por lo que era procedente el amparo de sus derechos.

Reprochó el hecho de que no se hubiera razonado que la demandante tenía la posibilidad de demandar a los tutelantes, a fin de obtener el reembolso del dinero que se les pagó con ocasión de la acción de tutela y, por tanto, no podía pretender por esta vía judicial beneficiarse de su negligencia (fls. 16 – 17 del c.ppal).

5. Trámite en segunda instancia

5.1. El 1° y el 13 de septiembre de 2019, el Consejo de Estado admitió la alzada y

5. Trámite en segunda instancia

5.1. El 1° y el 13 de septiembre de 2019, el Consejo de Estado admitió la alzada y corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera su concepto, respectivamente (fls. 36 – 39 del c.ppal), oportunidad en la que el PAR de Telecom y la entidad estatal demandada radicaron el mismo escrito de apelación (fls. 40 – 44 y 46 – 47 del c.ppal).

5.2. El Ministerio Público expresó que, a su modo de ver, el fallo apelado debía confirmarse, en razón de que era evidente la improcedencia de la acción de tutela , porque, de un lado, los peticionarios tenían la acción laboral para reclamar el despido sin justa causa por no agotarse el levantamiento del fuero sindical, junto con la respectiva indemnización y, de otra parte, no hubo justificación frente a la tardanza de más de dos años para acudir por esa vía excepcional. Añadió que el Juzgado Cuarto Penal Municipal de Montería tuvo varias oportunidades de reconsiderar el embargo decretado, pero optó por acoger de forma plena la liquidación que los tutelantes anexaro n, sin motivación alguna (fls. 48 – 61 del c.ppal).Radicación número: 23001-23-31-000-2011-00554-01 (64.503)

Actor: PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES DE TELECOM

Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL

Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

8 5.3. El PAR de Telecom solicitó que se concediera prelación de fallo al presente

Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL

Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

8 5.3. El PAR de Telecom solicitó que se concediera prelación de fallo al presente asunto (fls. 64 – 67 del c.ppal), a lo cual esta Subsección accedió el 22 de mayo de 2020 (fls. 68 – 70 del c.ppal).

III. CONSIDERACIONES

1. Competencia

A la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, a través del artículo 73 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con el reglamento interno de esta Corporación1, se le asignó el conocimiento en segunda instancia, sin consideración a la cuantía, de los procesos de reparación directa promovidos en vigencia del Decreto 01 de 1984, cuya causa petendi sea defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, err or judicial o privación injusta de la libertad2.

2. Oportunidad

Al tenor de lo previsto por el artículo 136.8 del CCA, modificado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998, la acción de reparación directa deberá instaurarse dentro de los dos años siguien tes al acaecimiento del hecho, la omisión, la operación administrativa u ocupación permanente o temporal de inmueble de propiedad ajena por trabajos públicos o por cualquier otra causa.

Atendiendo a las pretensiones de la demanda, se tiene que el PAR de T elecom solicitó el reconocimiento de perjuicios derivados del supuesto error judicial cometido por el Juzgado Cuarto Penal Municipal de Montería, en el marco de la acción de tutela 2008-00394-01, en tanto en la sentencia del 30 de octubre de 2008

solicitó el reconocimiento de perjuicios derivados del supuesto error judicial cometido por el Juzgado Cuarto Penal Municipal de Montería, en el marco de la acción de tutela 2008-00394-01, en tanto en la sentencia del 30 de octubre de 2008 (i) concedió el amparo constitucional a favor de los tutelantes; y (ii) ratificó y amplió el embargo de sus cuentas bancarias y dispuso pagarles los salarios y prestaciones sociales dejadas de percibir a partir de la desvinculación.

De entrada, la Sala debe señalar que, en principio, en auto del 21 de agosto de 2008, la autoridad mencionada decretó como medida provisional un embargo sobre los dineros de la parte actora; no obstante, ese proveído quedó sin efectos, debido

1 Acuerdo 80 de 2019. 2 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, auto del 9 de septiembre de 2008, M.P. Mauricio Fajardo Gómez, expediente 11001-03-26-000-2008-00009-00.Radicación número: 23001-23-31-000-2011-00554-01 (64.503)

Actor: PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES DE TELECOM

Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL

Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

9 a que el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Montería decretó la nulidad de todo lo actuado, el 19 de octubre de 2008.

Como consecuencia de lo anterior, el Juzgado Cuarto Penal Municipal de Montería adelantó nuevamente el trámite, sin proferir una providencia frente a la medida cautelar aludida, sino que lo hizo en el fallo del 30 de octubre de 2008, en el cual

adelantó nuevamente el trámite, sin proferir una providencia frente a la medida cautelar aludida, sino que lo hizo en el fallo del 30 de octubre de 2008, en el cual concedió una vez más la acción de tutela –y, a pesar de que se había dejado sin validez– “ratificó y amplió el embargo decretado con antelación ”, sumado al hecho de que ordenó pagar los salarios y prestaciones sociales.

Ahora bien, al resolver la impugnación formul ada por la parte actora, el 18 de diciembre de 2008, el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Montería revocó la sentencia de amparo y, a su vez, dejó sin efectos la medida provisional de embargo de dineros, lo que confirmó la Corte Constitucional, mediante fallo T-538 de 2009.

En ese estado de cosas, se tiene que las decisiones que reprocha el PAR de Telecom se encuentran extrañamente agrupadas en una sola decisión, a saber, el fallo del 30 de octubre de 2008; sin embargo, como estas fueron revocadas, no se puede hablar de un “error jurisdiccional” propiamente dicho, por cuanto uno de los presupuestos para la configuración del error judicial es que la providencia cuestionada se encuentre en firme3, cosa que no sucede en este caso.

Bajo ese contexto, lo correcto es examinar el asunto como una eventual falla en el servicio4, la cual, sin lugar a equívocos, quedó finalmente en evidencia con la sentencia T-538 de 2009, pues dicho proveído, además de terminar el proceso de tutela, hizo tránsito a cosa juzgada constitucional en esa controversia5.

3 Artículo 67.2 de la Ley 270 de 1996.

sentencia T-538 de 2009, pues dicho proveído, además de terminar el proceso de tutela, hizo tránsito a cosa juzgada constitucional en esa controversia5.

3 Artículo 67.2 de la Ley 270 de 1996. 4 Al respecto, se pueden consultar: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 9 de abril de 2020, expediente 51.484, M.P. María Adriana Marín y del 24 de abril de 2020 y 7 de diciembre de 2021, ex pedientes 57.541 y 65.415, Marta Nubia Velásquez Rico. 5 En reciente decisión, esta Corporación precisó: (…) Los artículos 35 y 36 del decreto 2591 de 1991 denotan el alcance de la sentencia de la Corte Constitucional en el marco de la revisión, esto es, el de revocar o modificar el fallo estudiado, por ello la decisión que desata el recurso extraordinario de revisión hace tránsito a cosa juzgada constitucional (…).En este sentido, resulta ajeno a cualquier interpretación posible que una sentencia que ha s ido escogida para el estudio de la Corte Constitucional puede encontrarse en firme. Así lo dijo el máximo Tribunal de la jurisdicción constitucional, en la sentencia T-291 del 2014: (…) En múltiples ocasiones la Corte Constitucional ha establecido la finalidad que cumple el recurso extraordinario de revisión, como excepción al principio de cosa juzgada propio de las sentencias ejecutoriadas, es permitir enmendar los errores o irregula ridades cometidas en determinada providencia, para que, en aplicación de la justicia material, se profiera una nueva decisión que resulte acorde al ordenamiento jurídico.

ejecutoriadas, es permitir enmendar los errores o irregula ridades cometidas en determinada providencia, para que, en aplicación de la justicia material, se profiera una nueva decisión que resulte acorde al ordenamiento jurídico. Y en la decisión T-307 de 2015, sostuvo que:Radicación número: 23001-23-31-000-2011-00554-01 (64.503)

Actor: PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES DE TELECOM

Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL

Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

10 Así pues, para la Sala, la caducidad debe computarse a partir del día siguiente a la ejecutoria de la sentencia dictada por la Corte Constitucional, lo que ocurrió el 9 de septiembre de 2009 (fl. 64 del c.1).

De este modo, el plazo para acudir ante esta jurisdicción se extendió hasta el 10 de septiembre de 2011, pero el 5 de septiembre de esa anualidad se radicó la solicitud de conciliación prejudicial, es decir, cuando faltaban 6 días para que operara la caducidad, y la constancia de no conciliación fue expedida el 5 de octubre de ese año (fl. 218 del c.1), día en el que se presentó la demanda (fl. 2 del c.1), de ahí que fue oportuna.

3. Legitimación en la causa

La parte actora fue vinculada como demandada en el proceso de tutela en el que se dictó la providencia que en este litigio se cataloga de errónea, de ahí que le asiste legitimación para actuar en el presente asunto.

La Nación – Rama Judicial se encuentra legitimada en la causa por pasiva,

dictó la providencia que en este litigio se cataloga de errónea, de ahí que le asiste legitimación para actuar en el presente asunto.

La Nación – Rama Judicial se encuentra legitimada en la causa por pasiva, comoquiera que fue a esta entidad a la que se le imputó el daño por el que se demandó; sin embargo, se aclara que está por determinar el sentido de la sentencia y, por tanto, al adelantar el estudio de fondo se verificar á si existió o no una participación efectiva en la producción del daño antijurídico alegado.

4. Alcance de los recursos de apelación

El a quo accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, en resumen, porque estaba probada la falla del servicio en el sub lite, habida cuenta de que el Juzgado Cuarto Municipal de Montería amparó los derechos fundamentales invocados por sus exempleados, emb argó unas sumas de dinero del PAR de Telecom y ordenó el pago de unos emolumentos laborales, sin justificación válida.

(…) La revisión incluye la protección frente a posibles vías de hecho de los mismos jueces de tutela comoquiera que es el mecanismo especial de cierre del sistema jurídico bajo la dirección del órgano máximo de la jurisdicción constitucional. Por lo tanto, es la decisión que termina con el procedimiento de revisión ante la Corte Constitucional la que determina la firmeza del fallo de tutela, el máximo tribunal constitucional solo ahí ha sostenido que se configura la cosa juzgada definitiva. (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 10 de diciembre de 2018, expediente

que se configura la cosa juzgada definitiva. (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 10 de diciembre de 2018, expediente 44.369, M.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas). También se pueden consultar, entre otras: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, providencia del 4 de diciembre de 2019, expediente 63.937, M.P. Ramiro Pazos Guerrero y Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, providencia del 26 de mayo de 2020, expediente 61.414, M.P. Guillermo Sánchez Luque.Radicación número: 23001-23-31-000-2011-00554-01 (64.503)

Actor: PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES DE TELECOM

Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL

Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

11 En los recursos de apelación (i) el PAR de Telecom reclamó la procedencia del reconocimiento y pago de los intereses corrientes y morato rios pedidos; y (ii) la Rama Judicial arguyó que no generó un daño antijurídico, teniendo en cuenta que las decisiones adoptadas por el Juzgado Cuarto Penal Municipal de Montería estaban ajustadas a derecho, especialmente, al Decreto 2591 de 1991, además l a interpretación jurídica sobre el asunto no se traducía automáticamente en un yerro, más aún si contaban con sustento fáctico y jurídico, punto frente al que no se emitió una reflexión seria. En todo caso, afirmó que no se tuvo en cuenta que la actora fue negligente en el trámite de la acción de tutela.

más aún si contaban