CE - 012331000201101201011SENTENCIASENTENCIA20231109194423

Radicado: 050012331000201101201 01 (60046)

Demandante: Luz Myriam Cifuentes Gallego y otros

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Magistrado ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS

Bogotá, D.C., primero (01) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Radicado número: 050012331000201101201 01 (60046)

Demandantes: Luz Myriam Cifuentes Gallego y otros Demandado: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPECy otro Referencia: Acción de reparación directa

Tema 1: Responsabilidad del Estado por muerte de un recluso Subtema 1.1. Falla en el servicio Subtema 1.2. Omisión en el deber de protección Subtema 1.3. Incumplimiento en la adopción de medidas de seguridad

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Subsección resuelve los recursos de apelación interpuesto s por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPECy las llamadas en garantía La Previsora S.A., Allianz Seguros S.A. y QBE Seguros S.A., contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, el 13 de junio de 2017, en la que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS

Audi Stewar Cifuentes Gallego, recluso del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Medellín , fue asesinado con arma de fuego, por dos

I. SÍNTESIS

Audi Stewar Cifuentes Gallego, recluso del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Medellín , fue asesinado con arma de fuego, por dos menores de edad que se encontraban en el Hospital General de Medellín, institución de salud a la que acudió el mencionado interno, escoltado por dos guardias del INPEC, para cumplir con una cita odontológica.

II. ANTECEDENTES

2.1. La demanda

Pretenden los accionantes que esta jurisdicción profiera sentencia de condena a cargo de la Nación -Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC-, el Hospital General de Medellín –Luz Castro de Gutiérrez - y La Previsora S.A., compañía de seguros, como responsables de los daños y perjuicios causados con ocasión de la muerte de Audi Stewar Cifuentes Gallego, en hechos acaecidos el 16 de abril de 2009, cuando fue trasladado por guardianes del INPEC desde la cárcel Bellavista de Bello hacia el Hospital General de Medellín para asistir a una cita odontológica donde fue asesinado.

2.2. Trámite procesal relevante en primera instancia:Radicado: 050012331000201101201 01 (60046)

Demandante: Luz Myriam Cifuentes Gallego y otros

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El Tribunal Administrativo de Antioquia, en auto del 28 de julio de 2011, dispuso la admisión de la demanda. El auto admisorio fue notificado en debida forma1.

Transcurrido el término para contestar la demanda, la Nación –Instituto Nacional

admisión de la demanda. El auto admisorio fue notificado en debida forma1.

Transcurrido el término para contestar la demanda, la Nación –Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPECse opuso a la prosperidad de las pretensiones, por cuanto considera que el INPEC brindó la protección al recluso durante su recorrido hacia el hospital y, además, enfrentó a los agresores, quienes fueron capturados y procesados gracias a la reacción de los guardias. Aseguró que la muerte del recluso ocurrió por un hecho impredecible. Además, señaló que los demandantes no se constituyeron como parte civil en el proceso penal adelantado por el homicidio de Audi Stewar Cifuentes Gallego para reclamar indemnización por los perjuicios sufridos.

La entidad demandada propuso como excepciones: i) la culpa exclusiva de un tercero, por cuanto no existe relación directa entre una conducta omisiva del Estado y la agresión en contra del recluso y, para determinar su re sponsabilidad es necesario demostrar que la entidad conocía con anterioridad la posibilidad de que se presentara el hecho; ii) la culpa exclusiva de la víctima, debido a que el homicidio pudo obedecer a una retaliación por parte de las víctimas de los delitos que había cometido. Por otra parte, el recluso nunca informó a la entidad sobre amenazas que permitieran prever un posible atentado en su contra durante su asistencia a las citas odontológica s que había atendido en varias ocasiones ; iii) caso fortuito, toda vez que la muerte del interno ocurrió por un hecho inesperado. Finalmente, aludió a la ausencia de nexo de causalidad, por cuanto el hecho generador del daño no fue ocasionado por la entidad demandada.

interno ocurrió por un hecho inesperado. Finalmente, aludió a la ausencia de nexo de causalidad, por cuanto el hecho generador del daño no fue ocasionado por la entidad demandada.

Sobre la cuantificación de los perjuicios, manifestó que fue exagerada y no atiende a la realidad, puesto que no existe registro de visitas de los familiares del recluso a la cárcel, lo que desvirtúa la existencia de una afectación moral y a la vida de relación. Así mismo, sobre el lucro cesante solicitado afirmó que la parte demandante no acreditó la actividad económica desarrollada por el occiso2.

Mediante escrito obrante a folio 301 del cuaderno 1, el INPEC formuló llamamiento en garantía a la compañía aseguradora La Previsora S.A., e n virtud de la póliza de responsabilidad civil extracontractual constituida para asumir indemnizaciones por muerte o lesiones de los internos3.

La compañía aseguradora La Previsora S.A. contestó la demanda y manifestó que el INPEC actuó con diligencia y cuidado respecto de las medidas de seguridad para el traslado del recluso al hospital, sin embargo, la conducta de las terceras personas que dieron muerte al interno fue un hecho constitutivo de una causa extraña que superó las obligaciones de la institución, de manera imprevisible e irresistible4.

El Hospital General de Medellín E.S.E contestó la demanda y propuso como excepciones la caducidad de la acción, el hecho de un tercero y la falta de legitimación en la causa por activa de la demandante que acudió como compañera permanente del occiso. También, alegó el cumplimiento de la obligación de seguridad hospitalaria mediante la presencia de guardias de seguridad en la entrada principal, así como de

en la causa por activa de la demandante que acudió como compañera permanente del occiso. También, alegó el cumplimiento de la obligación de seguridad hospitalaria mediante la presencia de guardias de seguridad en la entrada principal, así como de

1 Auto admisorio de la demanda y constancias de notificación, f. 203 y 209, c. 1. 2 Contestación de la demanda, NaciónInstituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC-, f. 213 A 265, c. 3 Llamamiento en garantía, f. 301, c. 1. 4 Escrito de contestación llamada en garantía, f. 318 a 335, c. 1.Radicado: 050012331000201101201 01 (60046)

Demandante: Luz Myriam Cifuentes Gallego y otros

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dispositivos electrónicos para la detección de armas, por lo que considera que no está configurada ninguna falla en el servicio. Por último, señaló que en la demanda no se encuentran justificados los perjuicios morales y del daño a la vida de relación, pues carecen de sustento probatorio5.

El Hospital General de Medellín formuló llamamiento en garantía a la compañía Expertos Seguridad Ltda. 6, en virtud del contrato de prestación de servicios de vigilancia y seguridad privada susc rito, que se encontraba vigente para la época de los hechos. También Llamó en garantía a la compañía aseguradora La Previsora S.A. con el fin de hacer efectiva la póliza de responsabilidad civil7.

El 4 de junio de 2013, el Tribunal Administrativo de Antioquia admitió los llamamientos en garantía, por encontrarlos procedentes8.

La compañía aseguradora Expertos Seguridad Ltda., al contestar la demanda y el

El 4 de junio de 2013, el Tribunal Administrativo de Antioquia admitió los llamamientos en garantía, por encontrarlos procedentes8.

La compañía aseguradora Expertos Seguridad Ltda., al contestar la demanda y el llamamiento en garantía, propuso como excepción la caducidad de la acción y manifestó que la obligación de seguridad del centro asistencial es de medio y no de resultado. Señaló que el daño fue causado por el hecho de un tercero, por lo que no existe un nexo causal entre este y una omisión en el servicio de seguridad. Concluyó que ni el Hospital General de Medellín ni la empresa aseguradora Expertos Seguridad Ltda. se encuentran legitimados en la causa por pasiva, por cuanto no les es imputable el hecho dañino. Finalmente, indicó que la tasación de los perjuicios en la demanda deviene excesiva9.

La Previsora S.A. , a su vez, formuló llamamientos en garantía a las compañías aseguradoras Allianz S.A10. y QBE Central Seguros S.A. 11 y Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A. como entidades coaseguradoras del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC-, en la póliza número 1004884 , para el caso de Allianz S.A. y QBE Central Seguros S.A. y , del Hospital General de Medellín E.S.E., en el caso de Mapfre Seguros Generale s de Colombia S.A. , en la póliza número 100295212.

En auto del 4 de marzo de 2014, el Tribunal Administrativo de Antioquia admitió los llamamientos en garantía a las compañías de seguros Allianz Seguros S.A., QBE Central Seguros S.A., y Mapfre Seguros Generales de Colombia S. A13.

En auto del 4 de marzo de 2014, el Tribunal Administrativo de Antioquia admitió los llamamientos en garantía a las compañías de seguros Allianz Seguros S.A., QBE Central Seguros S.A., y Mapfre Seguros Generales de Colombia S. A13.

La compañía de seguros QBE Central Seguros S.A. contestó el llamamiento en garantía y manifestó que el coaseguro pactado en la póliza número 1004884 tomada por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPECcon La Previsora S.A., fue pactado por un 24% 14. Por su parte, la compañía aseguradora Allianz S.A. contestó el llamamiento en garantía, en el que señaló que, según el coaseguro pactado con La Previsora S.A., para la póliza número 1004884, el porcentaje que le corresponde según la distribución pactada fue el 20%15.

5 Escrito de contestación E.S.E. Hospital General de Medellín, f. 348 a 354, c. 1. 6 Escrito obrante a folio 392, c. 1 7 Llamamientos en garantía, f. 392 y 398, c. 1. 8 Auto que admite llamamientos en garantía, f. 479, c. 2. 9 Escrito de contestación llamada en garantía Expertos Seguridad Ltda., f. 521 a 542, c. 2. 10 Llamamiento en garantía de La Previsora S.A. a Allianz S.A., f. 543, c. 4. 11 Llamamiento en garantía de La Previsora S.A. a QBE Central Seguros S.A., f. 674, c. 4. 12 Llamamiento en garantía de La Previsora S.A. a Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A., f. 808, c. 4.

12 Llamamiento en garantía de La Previsora S.A. a Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A., f. 808, c. 4. 13 Auto que admite llamamientos en garantía, f. 543, c. 2. 14 Contestación llamamiento en garantía QBE Central Seguros S.A., f. 597 a 609, c. 2 15 Contestación llamamiento, Allianz S.A., f. 649 a 665, c. 2.Radicado: 050012331000201101201 01 (60046)

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La compañía de seguros Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A. contestó el llamamiento en garantía y manifestó que suscribió contrato de coaseguro con La Previsora S.A. para la póliza prin cipal número 1002952, con una participación del 20%, con un valor asegurado de $200.000.000, para el cual se establecieron los respectivos sublímites16.

Vencida la etapa probatoria, se corrió traslado a las partes para que alegaran de conclusión17. Así lo hicieron el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC, la parte actora , La Previsora S.A., Expertos Seguridad Ltda., Allianz Seguros S.A., QBE Seguros S.A. y Mapfre Seguros Generales de Colombia18. El Ministerio Público se pronunció en est a oportunidad procesal y afirmó que la causal excluyente de responsabilidad que consiste en el hecho exclusivo y determinante de un tercero se encuentra debidamente acreditada, pues el hecho dañoso lo cometió un tercero bajo hechos imprevisibles e irresistibles para las entidades demandadas19.

2.3. La sentencia recurrida

encuentra debidamente acreditada, pues el hecho dañoso lo cometió un tercero bajo hechos imprevisibles e irresistibles para las entidades demandadas19.

2.3. La sentencia recurrida

El Tribunal Administrativo de Antioquia encontró demostrado el daño consistente en la muerte de Audi Stewar Cifuentes Gallego como consecuencia de los disparos con arma de fuego que recibió en el Hospital General de Medellín, al cual acudía custodiado por guardias del INPEC a un tratamiento odontológico, debido a su condición de recluso. También, encontró demostrado que Cifuentes Gallego había solicitado traslado del establecimiento carcelario de Bellavista, ya que por su condición de desmovilizado de las AUC temía por su vida.

Luego del análisis de imputación del daño, r elevó de responsabilidad al Hospital General de Medellín, por cuanto no le correspondía el deber de cuidado frente al recluso y la parte actora no demostró que la muerte de la víctima hubiera ocurrido como consecuencia de una acción u omisión del hospital demandado.

Ahora bien, frente a la responsabilidad del INPEC, el Tribunal mencionó que el régimen aplicable por daños causados a personas recluidas en establecimientos carcelarios es de carácter objetivo, pues, en virtud de la relación de especial sujeción con los reclusos, el Estado tiene el deber de garantizar su seguridad. Por tanto, al no encontrar demostrada una causa extraña como la culpa exclusiva de la víctima, el Tribunal estableció que el INPEC deberá responder administrativa y patrimonialmente por la muerte del recluso.

16 Indicó que los mencionados sublímites se establecieron así: “Responsabilidad Civil Patronal $100.000.000

Tribunal estableció que el INPEC deberá responder administrativa y patrimonialmente por la muerte del recluso.

16 Indicó que los mencionados sublímites se establecieron así: “Responsabilidad Civil Patronal $100.000.000 Gastos médicos y Hospitalarios $20.000.000 Responsabilidad Civil parqueaderos $30.000.000 Responsabilidad Civil Contratistas y subcontratistas $40.000.000 Responsabilidad Civil Vehículos Propios y no propios $40.000.000 Teniendo en cuenta los sustentos fácticos de la demanda, es claro que la parte actora sustenta la responsabilidad del Hospital General de Medellín en una falta o falla en el servicio de seguridad dentro del Hospital. Como el Hospital tenía contratado el servicio de vigilancia privada con la empresa Expertos Seguridad Ltda., es evident e que nos encontramos frente a una responsabilidad de un contratista, la compañía MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A. sólo está llamada a responder en este evento hasta por la suma de $40.000.000 como claramente se pactó en las condiciones de la póliza suscrita”. 17 Auto de traslado, f. 869, c. 3. 18 Alegatos de conclusión en primera instancia, f. 870 a 1030, c. 3. 19 Concepto del Ministerio Público en primera instancia, f. 1031 a 1036, c. 3.Radicado: 050012331000201101201 01 (60046)

Demandante: Luz Myriam Cifuentes Gallego y otros

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En cuanto a la causal eximente de responsabilidad por el hecho de un tercero, el Tribunal señaló que la causa determinante del daño fue la no concreción del traslado del interno a otro centro de reclusión que le ofreciera mejores condiciones de

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En cuanto a la causal eximente de responsabilidad por el hecho de un tercero, el Tribunal señaló que la causa determinante del daño fue la no concreción del traslado del interno a otro centro de reclusión que le ofreciera mejores condiciones de seguridad, por lo que no es posible atribuirle la causa exclusiva del daño a la acción de quienes dispararon en contra del recluso.

Respecto de los llamamientos en garantía, el a quo estableció que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPECpodrá solicitar el reembolso de lo pagado en razón de esta condena a la compañía aseguradora La Previsora S.A. y a las coaseguradoras QBE Central de Seguros y Allianz Seguros S.A. úni camente hasta el límite y porcentaje del valor asegurado pactado en la póliza.

El Tribunal reconoció la suma equivalente a 100 SMLMV a favor de la hija del occiso y 50 SMLMV a favor de sus hermanos, como indemnización de los perjuicios morales, la cual f ue negada a Eliana María Montoya, quien acudió como compañera permanente, debido a que no se encontró demostrada su afectación. También se negó la indemnización solicitada por daño a la vida de relación.

2.4. Los recursos

2.4.1. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPECsustentó su recurso de apelación y solicitó la revocación de la sentencia de primera instancia y , que se nieguen las pretensiones, con fundamento en los siguientes cargos20:

2.4.1.1. El INPEC no cuenta con legitimación en la causa por pasiva, por cuanto la entidad directamente llamada a responder es el Hospital General de

nieguen las pretensiones, con fundamento en los siguientes cargos20:

2.4.1.1. El INPEC no cuenta con legitimación en la causa por pasiva, por cuanto la entidad directamente llamada a responder es el Hospital General de Medellín. No era previsible para los guardias del INPEC que dos me nores de edad con ropa escolar portaran armas de fuego, a pesar de los guardas de seguridad y los arcos detectores de metales del hospital. Por tanto, la falla en la prestación del servicio de seguridad le es imputable al centro de salud, por cuanto permiti ó que al interior de sus instalaciones unos niños entraran armados.

2.4.1.2. El hecho dañoso fue ocasionado por un tercero, lo que en conjunto con la falla de seguridad del hospital se convirtió en un hecho imprevisible, irresistible y externo al servicio penitenciario.

2.4.1.3. El recluso no contaba con un esquema de seguridad mayor, debido a que la cuantía de su pena y el tiempo redimido no lo ameritaba. Además, las amenazas que Audi Stewar Cifuentes manifestó que existían en su contra, son un argumento común usada por los reclusos para obtener beneficios.

2.4.1.4. No obra en el expediente la prueba de parentesco de Julio Jairo Cifuentes Gallego con el occiso. Además, no se debe aplicar la presunción del perjuicio moral en cabeza de los deman dantes, puesto que en el proceso se demostró que estos no tenían interés en su familiar mientras estuvo privado de la libertad.

2.4.1.5. Está acreditada la falla en el servicio en cabeza del Hospital General de Medellín, puesto que, a pesar de contar con arcos detectores de metales en

la libertad.

2.4.1.5. Está acreditada la falla en el servicio en cabeza del Hospital General de Medellín, puesto que, a pesar de contar con arcos detectores de metales en la puerta principal, se puede observa r en video cómo ingresaron los menores

20 Recurso de apelación INPEC, f. 1126 a 1130, c. ppal.Radicado: 050012331000201101201 01 (60046)

Demandante: Luz Myriam Cifuentes Gallego y otros

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armados, lo que constituye una falla en el sistema de vigilancia que se configuró como la causa adecuada del hecho dañoso.

2.4.1.6. No era esperable en el curso normal de los acontecimientos, conforme a las reglas de la experiencia que unos niños estuvieran armados en el segundo piso de un hospital.

2.4.2. La compañía de seguros La Previsora S.A. presentó su recurso de apelación y solicitó revocación de la sentencia y se nieguen las pretensiones, con fundamento en los siguientes cargos21:

2.4.2.1. Es equivocada la afirmación que hizo el a quo respecto a que el traslado del interno a otro centro de reclusión le hubiera ofrecido más garantías de seguridad, puesto que esto contraría lo establecido en la Ley 65 de 1993, artículo 77, referente a la excepcionalidad de los traslados de los reclusos, pues el Instituto no tiene la facultad discrecional para trasladar internos condenados.

2.4.2.2. Está demostrado, tal como lo afirmó el Tribunal, que el operativo de seguridad y de traslado que se implementó fue el adecuado para las

el Instituto no tiene la facultad discrecional para trasladar internos condenados.

2.4.2.2. Está demostrado, tal como lo afirmó el Tribunal, que el operativo de seguridad y de traslado que se implementó fue el adecuado para las circunstancias previstas por el INPEC, pues se tomaron medidas acordes con el riesgo al cual podía estar expuesto el recluso.

2.4.2.3. El a quo no tuvo en cuenta que el régimen objetivo de imputación, aplicable para daños sufridos al interior de la cárcel, no se ajusta al presente caso, puesto que los hechos ocurrieron por fuera del penal, lo que rompe cualquier nexo causal entre la conducta del INPEC y el daño causado.

2.4.2.4. La obligación de brindar seguridad al recluso por fuera del centro de reclusión es de medio y no de resultado. Esto, por cuanto en el escenario en el que ocurrieron los hechos, el INPEC no tenía la posibilidad de ejercer el control total sobre los diferentes actores que intervienen en ese espacio, como sí ocurre al interior del centro de reclusión.

2.4.2.5. El hecho de no trasladar a un interno a otro centro de reclusión no es causa suficiente de su muerte, pues en el plenario se encuentra acreditado que el daño ocurrió como consecuencia de un hecho imprevisible, irresistible y jurídicamente ajeno al INPEC.

2.4.2.6. Sobre el régimen de responsabilidad aplicado por el Tribunal, afirmó: “En nuestra perspectiva, este caso debió analizarse bajo la lupa de la falla del servicio, la cual anticipamos no operó, pues lejos de configurarse una responsabilidad patrimonial del INPEC, está probada la diligencia y cuidado

“En nuestra perspectiva, este caso debió analizarse bajo la lupa de la falla del servicio, la cual anticipamos no operó, pues lejos de configurarse una responsabilidad patrimonial del INPEC, está probada la diligencia y cuidado que, para el caso en concret o, tuvo dicho organismo respecto de la remisión del recluso a la E.S.E. Hospital General de Medellín, ya que no puede pretenderse bajo ningún entendido que el INPEC pusiera a disposición del señor Cifuentes un esquema de seguridad distinto al que se implementó, en la medida en que el dispuesto era el adecuado, necesario, razonable y acostumbrado para un traslado de un recluso al cumplimiento de una cita odontológica”.

21 Recurso de apelación La Previsora S.A., f. 1131 a 1149, c. ppal.Radicado: 050012331000201101201 01 (60046)

Demandante: Luz Myriam Cifuentes Gallego y otros

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2.4.2.7. En la póliza vinculada con el llamamiento en garantía existe un coaseguro con las aseguradoras QBE Seguros S.A. y Allianz Seguros, por el 24% y 20% respectivamente.

2.4.3. La compañía Allianz Seguros S.A. presentó su recurso de apelación, en el que expuso los siguientes argumentos22:

2.4.3.1. Existe un error en la sentencia de prim era instancia, en cuanto no dio aplicación a la causa extraña en su modalidad de hecho exclusivo de un tercero, para efectos de exonerar al INPEC de la responsabilidad por la muerte del recluso que fue causada por los menores de edad que le dispararon.

aplicación a la causa extraña en su modalidad de hecho exclusivo de un tercero, para efectos de exonerar al INPEC de la responsabilidad por la muerte del recluso que fue causada por los menores de edad que le dispararon.

2.4.3.2. La conducta del INPEC, consistente en haber remitido al recluso a una cita de odontología que hacía parte de un tratamiento que venía recibiendo, no puede catalogarse como una falla del servicio, como tampoco constituye una falla no haber dado traslado al recluso a un centro carcelario en otra ciudad por razones de amenazas, en la medida en que no hay manera de concluir que de haberse trasladado, se hubiera evitado un atentado contra su vida, por tanto “sostener que el simple hecho de no verificars e el traslado del recluso, es una desatención al deber de custodia [por parte del INPEC] es una simple conjetura del Tribunal, pues es claro que sí existía custodia y seguridad del mismo, al estar acompañado de personal idóneo y calificado para el momento que se dieron los hechos, que de paso sea decirlo, se muestran como imprevisibles (…)”.

2.4.3.3. La presencia de dos funcionarios del INPEC, debidamente armados y con apoyo logístico para el desplazamiento hacia el hospital era la medida esperable para este tipo de casos bajo un criterio de razonabilidad. “A pesar de las amenazas (que no fueron constatadas o confirmadas), la presencia de dos agentes del INPEC era un mecanismo suficiente para resistir el riesgo que, en un criterio de razonabilidad, podría establecer la amenaza referida. Al no existir antecedentes de atentados, o una continua y verificable amenaza contra la vida”.

agentes del INPEC era un mecanismo suficiente para resistir el riesgo que, en un criterio de razonabilidad, podría establecer la amenaza referida. Al no existir antecedentes de atentados, o una continua y verificable amenaza contra la vida”.

2.4.3.4. Aunque los guardianes del INPEC iban escoltando desde muy cerca al recluso, era imposible predecir una agresión armada como la que ocurrió, pues estaba “prediseñada por sus autores de tal forma que los menores encargados de disparar el arma se encontraran al interior del hospital previo al ingreso del señor Cifuentes (…) de tal forma que aquellos pudie sen arremeter contra él estando muy cerca y sin alertar a quienes lo escoltaban”.

2.4.3.5. La obligación entre coaseguradoras no es solidaria, por lo que, aun cuando se profiera una condena en contra de La Previsora S.A., dicha condena no puede extenders e a las demás coaseguradoras. Por tanto, como la única aseguradora llamada en garantía por el INPEC fue La Previsora S.A., esta es la única que debe reembolsar una eventual condena.

2.4.3.6. Se equivocó el Tribunal al no “conceder la prescripción”, pues esta es clara, teniendo en cuenta que la audiencia de conciliación extrajudicial fue llevada a cabo el 22 de junio de 2011 y la notificación a Allianz S.A. se realizó el 15 de julio de 2014, cuando ya habían transcurrido los dos años que el

22 Recurso de apelación Allianz S.A., f. 1150 a 1153, c. ppal.Radicado: 050012331000201101201 01 (60046)

el 15 de julio de 2014, cuando ya habían transcurrido los dos años que el

22 Recurso de apelación Allianz S.A., f. 1150 a 1153, c. ppal.Radicado: 050012331000201101201 01 (60046)

Demandante: Luz Myriam Cifuentes Gallego y otros

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artículo 1081 del Código de Comercio consagra para que opere la prescripción ordinaria.

2.4.4. La compañía QBE Seguros S.A. presentó recurso de apelación, en el que expuso los siguientes argumentos23:

2.4.4.1. No existe nexo de causalidad entre el actuar de los funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPECy la muerte del recluso, debido a la imposibilidad e irresistibilidad que acarreaba para ellos un ataque de tal naturaleza, teniendo en cuenta que el lugar donde se encontraban no es de aquellos que requiera una especial protección para el recluso.

2.4.4.2. La causa determinante del daño fue la insuficiencia en el esquema de seguridad de la E.S.E Hospital General de Medellín para evitar el ingreso de armas de fuego a sus instalaciones.

2.4.4.3. El Estado asume una posición de garante en casos de lesiones o muertes de reclusos dentro del establecimiento carcelario, en tanto el daño es causado por otras personas privadas de la libertad, sin embargo, en el presente caso, la muerte del recluso fue causada por dos personas externas, por fuera del centro penitenciario, lo cual cambia las obligaciones de custodia y vigilancia que tenía el INPEC para esa circunstancia.

caso, la muerte del recluso fue causada por dos personas externas, por fuera del centro penitenciario, lo cual cambia las obligaciones de custodia y vigilancia que tenía el INPEC para esa circunstancia.

2.4.2.4. No todos los hermanos del causante son merecedores de indemnización, por lo que es necesaria una reducción del monto de la condena.

2.4.2.5. La Póliza suscrita no contiene ningún amparo referente a lesiones o muerte de los reclusos, pues no fue constituida con ese fin, por lo que QBE Seguros S.A. no está llamada a reembolsar una eventual condena.

2.5. Conciliación

Según lo prescrito en el artículo 70 de la Ley 1395 de 201024, el Tribunal Administrativo de Antioquia convocó a las partes a audiencia de conciliación25, la cual fue evacuada el 18 de agosto de 201726, y se declaró fallida por falta de ánimo conciliatorio entre las partes. En consecuencia, el Tribunal concedió los recursos de apelación interpuestos por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC-, y por las llamadas en garantía La Previsora S.A., Allianz Seguros S.A. y QBE Seguros S.A., en contra de la sentencia de primera instancia.

2.6. Trámite relevante en segunda instancia

Esta Corporación, en auto del 23 de octubre de 2017 27, admitió los recursos de apelación interpuestos por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC, La

23 Recurso de apelación QBE Seguros S.A., f. 1154 a 1160, c. ppal.

apelación interpuestos por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC, La

23 Recurso de apelación QBE Seguros S.A., f. 1154 a 1160, c. ppal. 24 “Artículo 70. Adiciónese un cuarto inciso al artículo 43 de la Ley 640 de 2001, cuyo texto será el siguiente: || En materia de lo contencioso administrativo, cuando el fallo de primera instancia sea de carácter condenatorio y contra el mismo se interponga el recurso de apelación, el juez o magistrado deberá citar a audiencia de conciliación, que deberá celebrarse antes de resolver sobre la concesión del recurso. La asistencia a esta audiencia será obligatoria. || PARÁGRAFO: Si el apelante no asiste a la audiencia, se declarará desierto el recurso”. 25 Esto, a través de auto del 31 de julio de 2017, que obra a folio 1162 del c. ppal. 26 Acta de audiencia de conciliación, f. 1176, c.ppal. 27 Auto que admite recurso de apelación, f. 1181 c. ppal.Radicado: 050012331000201101201 01 (60046)

Demandante: Luz Myriam Cifuentes Gallego y otros

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Previsora S.A., Allianz Seguros S.A. y QBE Seguros S.A., contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, el 13 de junio de 2017.

Por auto del 7 de diciembre de 201 728, se corrió traslado a las partes, para