CE - 012331000201101803011SENTENCIASENTENCIA20230228135735

Radicado: 05001-23-31-000-2011-01803-01 (56509)

Actor: TANQUES Y CAMIONES S.A.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Magistrado ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS

Bogotá D.C., veintiuno (21) de noviembre de dos mil veintidós (2022) Radicación número: 05001-23-31-000-2011-01803-01 (56509)

Demandante: TANQUES Y CAMIONES S.A.

Demandado: MUNICIPIO DE BELLO.

Referencia: Reparación directa.

Tema 1: Responsabilidad precontractual. Tema 2: Interpretación demanda. Tema 3: Inexistencia de contrato. Subtema 3.1. Compraventa de inmueble. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por la sociedad demandante contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia el veintiséis (26) de junio de dos mil quince (2015), que declaró la excepción de inepta demanda por indebida escogencia de la acción y se inhibió para emitir pronunciamiento de fondo. -

I. SÍNTESIS El municipio de Bello (Antioquia) adjudicó la venta de un inmueble a Tanques y Camiones S.A.; sociedad que, en ejercicio de la acción de reparación directa, depreca la responsabilidad extracontractual de aquel, por la inexistencia del contrato adjudicado, en razón a que en las escrituras en que se instrumentalizó este negocio jurídico no se especificaron los linderos ni el área del predio; y porque el inmueble

depreca la responsabilidad extracontractual de aquel, por la inexistencia del contrato adjudicado, en razón a que en las escrituras en que se instrumentalizó este negocio jurídico no se especificaron los linderos ni el área del predio; y porque el inmueble estaba ocupado por un arrendatario y la dirección del predio en el acto de adjudicación era incorrecta.

Il. ANTECEDENTES: 2.1. El diez (10) de noviembre de dos mil once (2011), Tanques y Camiones S.A.

(en adelante, “Tanques y Camiones”) presentó demanda, en ejercicio de la acción de reparación directa, contra el municipio de Bello, en la que pretendió: (i) que “se declare administrativamente responsable al municipio de Bello por los daños y perjuicios causados a la sociedad transportadora Tanque y Camines S.A.”; (ii) “[clondénese a sanear y realice [sic] la entrega efectiva del bien objeto de licitación la cual fue adjudicada a la sociedad transportadora demandante a través de la resolución 0029 del 14 de enero de 2010, para lo cual la sociedad Tanques y Camiones S.A. desembolsó el monto de (72.900.000), desde el mes de enero de 2010 a una cuenta bancaria cuyo titular es el municipio de bello”; (iii) que se condene al municipio de Bello a pagar $1.500.000,000 como lucro cesante presente y futuro; (iv) que se ordene al municipio de Bello que modifique el acto de adjudicación de la venta del predio, porque la dirección en este mencionada es incorrecta; y (iv) “ordénese al municipio de Bello [que] sanee el inmueble y realice la entrega del mismo a la sociedad Tanques y Camiones S.A. ya que desde que el

adjudicación de la venta del predio, porque la dirección en este mencionada es incorrecta; y (iv) “ordénese al municipio de Bello [que] sanee el inmueble y realice la entrega del mismo a la sociedad Tanques y Camiones S.A. ya que desde que el municipio [lo] subastó y se le adjudicó no ha podido usufructuar el inmueble originado [sic] de un arrendatario del Municipio de Bello que se niega a desocupar T Folio 13 (anverso), c. 1.Radicado: 05001-23-31-000-2011-01803-01 (56509) Actor: TANQUES Y CAMIONES S.A. y frente al cual el Municipio continuó renovándole el contrato de arrendamiento so pena ya [sic] ser propiedad de la empresa transportadora el inmueble”. 2.1.1. Como fundamento fáctico de las anteriores pretensiones, la sociedad actora narró, en síntesis: 2.1.1.1. Que Tanques y Camiones participó en “un proceso licitatorio |...] denominado subasta pública 001 de 2009, el cual consistía en la adquisición de un predio [...] que incrementaría la extensión del bien inmueble [...] colindante al licitado”. 2.1.1.2. Que, según el pliego de condiciones, el predio subastado se ubicaba en la diagonal 53 + 12-32, tenía un área de 807,425 m? y se subastaba “como cuerpo cierto”. 2.1.1.3, Que dicho predio fue adjudicado mediante resolución núm. 029 del 14 de enero de 2010 (en adelante, “Resolución 029 de 2010”) proferida por el alcalde de Bello.

cuerpo cierto”. 2.1.1.3, Que dicho predio fue adjudicado mediante resolución núm. 029 del 14 de enero de 2010 (en adelante, “Resolución 029 de 2010”) proferida por el alcalde de Bello. 2.1.1.4. Que el municipio de Bello otorgó la “escritura pública número 306 del 17 de febrero de 2010 [que] reconoció el derecho de dominio y la posesión real y material que el municipio de Bello tiene y ejerce sobre el siguiente inmueble [...]'; escritura esta que tuvo por objeto la venta de un cuerpo cierto consistente en “[u]na casa de tapias y tejas, con, su correspondiente solar y demás mejoras y anexidades, situada en el Municipio de Bello, en el Paraje Guasimalito, que se denominará 'La Escuela” y está alindado así: Por el frente con la calle Real; por un costado con finca de Baldomero Berrio y por el centro y el otro costado con inmueble de finca de Rafael Hernández y Juan Restrepo”, pero en la escritura no consta la dirección ni el área del predio. 2.1.1.5. Que dicho “clausulado [...] en la actualidad no se he ejecutado ya que la sociedad Tanques y Camiones S.A. una vez se le adjudicó el inmueble tanto por resolución como por escritura pretendió ejercer su nuda propiedad, como señor y dueño del inmueble, encontrando que en el mismo se encontraba un tercero ejerciendo derechos de arrendatario frente al municipio de Bello”. 2.1.1.6. Que el representante legal de la sociedad actora solicitó al secretario de gobierno de Bello el desalojo del inmueble vendido, en el cual se

encontraba un tercero ejerciendo derechos de arrendatario frente al municipio de Bello”. 2.1.1.6. Que el representante legal de la sociedad actora solicitó al secretario de gobierno de Bello el desalojo del inmueble vendido, en el cual se encontraba una persona en condición de arrendataria, por contrato que no había sido elevado a escritura pública. 2.1.1.7, Que, luego de que el municipio respondiera que tomaría acciones para desalojar al arrendatario del inmueble, sin que estas fueran efectivas, Tanques y Camiones solicitó nuevamente su desalojo. Ante ello, el arrendatario citó a Tanques y Camiones a audiencia de conciliación, con pretensiones indemnizatorias por daño emergente y lucro cesante. 2.1.1.8. Que, el 30 de noviembre de 2010, la sociedad actora solicitó a la curaduría de Bello que certificara la nomenclatura del predio, ya que necesitaba dicha certificación para el trámite de un crédito hipotecario. Pero, en el certificado se mencionó que el inmueble no tenía dirección y que la curaduría de Bello no contaba con información sobre el predio, lo que le impidió a la demandante utilizar el inmueble como garantía crediticia,Radicado: 05001-23-31-000-2011-01803-01 (56509) Actor: TANQUES Y CAMIONES S.A. 2.2. La demanda fue inadmitida, a través de auto del 13 de marzo de 2012?, en el que, de acuerdo con el artículo 143 del Código Contencioso Administrativo (“CCA”), el Tribunal concedió a la firma actora un término de cinco (5) días para que corrigiera

que, de acuerdo con el artículo 143 del Código Contencioso Administrativo (“CCA”), el Tribunal concedió a la firma actora un término de cinco (5) días para que corrigiera la demanda: (i) precisando si, según el artículo 86 del CCA, el daño había sido causado por un hecho, omisión, operación administrativa, u ocupación temporal o permanente de un inmueble, de acuerdo con /la filosofía y objeto de la acción de reparación directa, cuyo ejercicio no podía ser arbitrario ni caprichoso; (ii) si encontraba que la acción pertinente no era la de reparación directa, adecuara la acción; y (iii) aclarara la cuantía de la demanda, como parámetro de la competencia en el asunto en cuestión. 2.3. En respuesta a lo anterior, la firma demandante manifestó”: “Frente al punto No. 1, el tipo de acción que nos permitimos impetrar es la acción de reparación directa derivado [sic] de una omisión por parte del Municipio de Bello-Antioquia, al abstenerse de entregar el bien objeto de licitación teniendo la obligación legal de hacerlo y al omitir informar que el predio objeto de la licitación se encontraba en arrendamiento, y que a la fecha de hoy el municipio de Bello sigue percibiendo cánones de arrendamiento por ese inmueble y no ha terminado el contrato de arrendamiento con el tercero, por ende no ha entregado el inmueble a la sociedad Tanques y Camiones S.a. generando perjuicios patrimoniales al demandante.

Omisiones Administrativa: 'Son las abstenciones de la administración que producen efectos jurídicos respecto de ello. Es decir, consisten en que la administración se abstiene de actuar cuando debería hacerlo”.

S.a. generando perjuicios patrimoniales al demandante.

Omisiones Administrativa: 'Son las abstenciones de la administración que producen efectos jurídicos respecto de ello. Es decir, consisten en que la administración se abstiene de actuar cuando debería hacerlo”.

Es así como concluyo que el presupuesto en el cual se enmarca el ejercicio de la presente acción es la omisión, consagrada en el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo Colombiano. Frente al punto número 2. Le amnifiesto [sic] al magistrado de conocimiento de manera respetuosa que continuaremos ejerciendo la acción de reparación directa” (subrayado fuera del texto original). 2.4. Al considerar que reunía los requisitos establecidos en el artículo 137 del CCA, el Tribunal admitió la demanda, mediante auto del 22 de abril de 2012. Posteriormente, el proceso fue abierto a pruebas, con auto del 12 de septiembre de 2012; y, a través de auto del 13 de noviembre de 2014, se corrió traslado para alegatos y concepto de primera instancia. En esta oportunidad, el municipio de Bello manifestó” que se configuraba una indebida escogencia de la acción, porque las pretensiones se basaban en el incumplimiento de un contrato de compraventa. La sociedad demandante y el Ministerio Público guardaron silencio. 2.5. Mediante sentencia del 26 de junio de 2015, el Tribunal Administrativo de Antioquia declaró oficiosamente la excepción de inepta demanda, por indebida escogencia de la acción, y se inhibió para emitir un pronunciamiento de fondo. Como fundamento de ello, consideró que, según el artículo 87 del CCA, la acción pertinente en este caso era la de controversias contractuales, debido a que la

escogencia de la acción, y se inhibió para emitir un pronunciamiento de fondo. Como fundamento de ello, consideró que, según el artículo 87 del CCA, la acción pertinente en este caso era la de controversias contractuales, debido a que la 2 Folios 407 a 408, c. 1. 3 Folios 1 y 2, c. 2. 4 Folio 409, c. 1, 5 Folio 416, c. 1. 6 Folio 673, c. 1. 7 Folio 678, e. 1. 8 Folios 324 a 332, c. ppal.Radicado: 05001-23-31-000-2011-01803-01 (56509) Actor: TANQUES Y CAMIONES S.A. demandante pretendía indemnización de los perjuicios derivados del incumplimiento de un contrato, en el que el ente demandado se había obligado a entregarlo. Agregó que [...] sí bien, es deber del Juez Administrativo, en aras de preservar el derecho de acceso a la Administración de Justicia, puede [sic] interpretar la demanda, el ejercicio de dicha facultad no tiene cabida en este caso, comoquiera que no puede llegar al punto de modificar la pretensión ni la naturaleza de la acción que se desprende de los hechos narrados en la demanda”. 2.6. La firma demandante interpuso recurso de apelación? contra la anterior sentencia, en sustento del cual formuló los siguientes cargos: 2.6.1. “Siendo que el demandante ha sufrido un un perjuicio irremediable, al demostrarse que el Municipio de Bello intentó realizar un contrato de compraventa que no fue legalizado del todo, al no entregar medidas de un lote supuestamente comprado y no entregar la nuda propiedad del mismo,

demostrarse que el Municipio de Bello intentó realizar un contrato de compraventa que no fue legalizado del todo, al no entregar medidas de un lote supuestamente comprado y no entregar la nuda propiedad del mismo, por tener un contrato de arrendamiento vigente con una tercera persona. Para Tanques y Camiones S.A. lo único evidente en esta situación fue la improvisación de un Municipio y la informalidad en pretender realizar un contrato de compraventa, que quedó como si no hubiera legalizado, tal figura lo deja en acción extracontractual, informal y hasta ilegal al pretender vender un lote de terreno, sin medidas, sin linderos, sin su posesión y con un contrato de arriendo vigente con una tercera persona, cuanto del que la empresa Tanques y Camiones S.A. tuvo conocimiento después del perjuicio causado. Lejos de ser una relación contractual seria y solemne, como debe dar el ejemplo una entidad del Estado, lo que queda es una relación encaminada en lo extracontractual por la falta de un compromiso de los actos administrativos que se celebraron y los perjuicios ocasionados antes de la legalización de un contrato estatal y no como consecuencia de la celebración de éste con todas sus etapas cumplidas” (énfasis fuera del texto original). 2.6.2. Aparte, la firma demandante se pregunta: “¿Por qué el Honorable Magistrado Ponente, con potestad y facultades otorgadas por la Ley 1285 de 2009, art. 25 y reiteradas en la Ley 1437 de 2011, art. 180, numeral 5, no solicitó subsanar la demanda por escogencia incorrecta de la acción o la rechazó de plano por escogencia incorrecta de la acción o la rechazó de plano por no tener la escogencia de la acción

2011, art. 180, numeral 5, no solicitó subsanar la demanda por escogencia incorrecta de la acción o la rechazó de plano por escogencia incorrecta de la acción o la rechazó de plano por no tener la escogencia de la acción adecuada para para los hechos en ella mencionados, y concediendo la oportunidad al demandante de iniciar la acción administrativa incorrecta???”. A lo anterior, agrega que, según el artículo 138 del CCA, el artículo 25 de la Ley 1285 de 2009 y lo considerado por la Corte Constitucional al declarar su exequibilidad en sentencia C-713 de 2008, lo procedente era el rechazo de la demanda o el saneamiento del proceso. De acuerdo con ello, la firma recurrente asevera que el Tribunal Administrativo de Antioquia incurrió en omisión, al no rechazar la demanda ni adecuar la acción, en virtud de la facultad de saneamiento que le asiste. 9 Folios 334 a 338, c. ppal.Radicado: 05001-23-31-000-2011-01803-01 (56509) Actor: TANQUES Y CAMIONES S.A. 2.7. El recurso fue concedido?”, admitido y se corrió traslado? para alegatos y concepto de segunda instancia, sin que esta oportunidad fuera aprovechada por las partes ni por el Ministerio Público??.

III. PROBLEMA JURÍDICO 3.1. Ante todo, advierte la Sala que, sin rigor ni técnica algunos, fueron entremezclados en la demanda pretensiones y hechos! que podrían ser ventilados a través de acciones de reparación directa, de controversias contractuales e, incluso, de nulidad y restablecimiento del derecho. Como lo menciona la recurrente,

entremezclados en la demanda pretensiones y hechos! que podrían ser ventilados a través de acciones de reparación directa, de controversias contractuales e, incluso, de nulidad y restablecimiento del derecho. Como lo menciona la recurrente, la jurisprudencia ha precisado que el juzgador tiene el deber de interpretar la demanda!$, cuando se advierta ambigúedad, vaguedad o anfibología, por la complejidad del asunto, o por cualesquiera falencia o defecto de suficiencia técnica, terminológica o descriptiva. Sin embargo, ante las falencias del escrito introductorio presentado, cuya hermenéutica se dificulta al extremo, el Tribunal, en el auto inadmisorio de la demanda, se decantó por servirse de una interpretación auténtica de la demanda, proveniente de la misma actora, según el documento en el que atendió los requerimientos de aclaración de la demanda, para así zanjar las dudas que de esta surgían!”. 3.2. Por otra parte, la definición incorrecta de la acción ejercida por la demandante no genera una nulidad procesal saneable (artículos 140 y 144, Código de Procedimiento Civil). Por lo tanto, en este asunto no había lugar al ejercicio de las facultades judiciales de saneamiento del proceso, sino a la inadmisión de la demanda con la concesión de un término de cinco (5) días para la corrección de errores, conforme al artículo 143 del CCA. No cabe, pues, afirmar que, al inadmitir la demanda, el a quo haya incurrido en yerro alguno, como lo arguye la sociedad actora en sustento de la alzada??, ni que hubiera incurrido en tal falencia al inhibirse de pronunciarse sobre el fondo del asunto, ya

alguno, como lo arguye la sociedad actora en sustento de la alzada??, ni que hubiera incurrido en tal falencia al inhibirse de pronunciarse sobre el fondo del asunto, ya que, como lo ha sostenido la Corte Constitucional, la demanda debe tener una claridad, certeza y especificidad mínimas, para orientar la labor del juzgador y de las partes?; atributos estos que difícilmente cabe predicar del escrito introductorio presentado por Tanques y Camiones. 3.3. En todo caso, en los términos de la demanda? —cuya pretensión primera tiene un carácter general— y del escrito aclaratorio de la demanda”!, cabe afirmar que, como lo aduce la recurrente en el primer cargo de la apelación?”?, lo que esta 10 Auto del 26 de agosto de 2015, folio 339, c. ppal. 11 Auto del 2 de marzo de 2016, folio 344, c. ppal. 12 Auto del 12 de abril de 2016, folio 346, c. ppal. 13 Folio 347, c. ppal. 14 Aptados. 2.1 a 2.1.1.8. 15 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, sentencias de 22 de noviembre de 1991, exp. 6223; del 23 de 2003, exp. 22113; y de 29 de enero de 2009, exp. 15662. Subsección A, sentencias de 10 de marzo de 2011, exp. 18761; de 26 de agosto de 2015, exp. 53497; de 13 de febrero de 2013, exp. 42248; de 17 de abril de

2013, exp. 42532; de 3 de julio de 2020, exp. 48260; de 9 de abril de 2021, exp. 52028. Subsección B, sentencias de29 de enero de 2016, exp. 36245. Subsección C, sentencias de 15 de octubre de 2015, exp. 34952; de 22 de octubre de 2015, exp. 35736; de 19 de agosto de 2016, exp. 57380; y de del 27 de septiembre de 2016, exp. 46796; y auto de 31 julio de 2020, exp. 62372. 18 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil, sentencia del 31 de agosto de 2009, rad. 200300318. 17 Aptados. 2.2. y 2.3 18 Aptado. 2.6.2, 19 CORTE CONSTITUCIONAL, sentencia C-1052 de 2001, C-856 de 2005 y C-158 de 2016. 20 Aptado. 2.1. 21 Aptado. 2.3. 22 Aptado, 2.6.1.Radicado: 05001-23-31-000-2011-01803-01 (56509) Actor: TANQUES Y CAMIONES S.A. persigue en este proceso es la declaración de responsabilidad patrimonial del municipio demandado, por la omisión administrativa que supondría la inexistencia de un negocio jurídico con el que diera cumplimiento al acto de adjudicación que se produjo con la Resolución 029 de 2010. ; 3.4. Así pues, al resultar razonable la interpretación de la demanda dada por la actora en sustento de la apelación, sin que el ente demandado se opusiera a esta

produjo con la Resolución 029 de 2010. ; 3.4. Así pues, al resultar razonable la interpretación de la demanda dada por la actora en sustento de la apelación, sin que el ente demandado se opusiera a esta en la oportunidad procesal pertinente%, procederá la Sala a dar respuesta al siguiente problema jurídico: ¿El municipio demandado es patrimonialmente responsable por la omisión administrativa que supone la inexistencia del contrato de compraventa de inmueble adjudicado, debido a que en las escrituras en las que fue otorgado no se especificaron sus linderos ni su área, su dirección no correspondía a la especificada en el acto de adjudicación, y este estaba ocupado por un arrendatario que no fue desalojado? 3.4. El anterior interrogante será estudiado, tomando en consideración que el régimen de contratación aplicable al municipio? de Bello lo es el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, aprobado mediante Ley 80 de 1993, con las modificaciones introducidas con la Ley 1150 de 2007.

IV. CONSIDERACIONES 4.1. Conforme al artículo 129 del CCA? , la Sala es competente para conocer del presente asunto, en razón al recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, en un proceso con vocación de segunda instancia, dado que la cuantía de la demanda supera la exigida por el artículo 132.5 del CCA?827 en concordancia con el artículo 20.1 del Código de Procedimiento Civil ((CPC”y, 4.2, Como en el presente asunto se discute la responsabilidad por un daño derivado de la omisión de un acto precontractual cuya legalidad no se discute, la acción

con el artículo 20.1 del Código de Procedimiento Civil ((CPC”y, 4.2, Como en el presente asunto se discute la responsabilidad por un daño derivado de la omisión de un acto precontractual cuya legalidad no se discute, la acción procedente es la de reparación directa??. De acuerdo con el pliego de condiciones 23 Aptado. 2.7. 24 | EY BO DE 1993. “Artículo 10. Del objeto. La presente ley tiene por objeto disponer las reglas y principios que rigen los contratos de las entidades estatales. || Artículo 20. De la definición de entidades, servidores y servicios públicos. Para los solos efectos de esta ley: || 10. Se denominan entidades estatales: || a) La Nación, las regiones, los departamentos, las provincias, el distrito capital y los distritos especiales, las áreas metropolitanas, las asociaciones de municipios, los territorios indígenas y los municipios; [...]” (subrayado añadió). 25 CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, Artículo 129. Modificado por el artículo 2 del Decreto Nacional 597 de 1988, modificado por el articulo 38 de la Ley 446 de 1998. “El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se conceda el extraordinario de revisión”. 26 CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Artículo 132. Modificado por el artículo 2 del Decreto Nacional

efecto distinto del que corresponda, o no se conceda el extraordinario de revisión”. 26 CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Artículo 132. Modificado por el artículo 2 del Decreto Nacional 597 de 1988 y por el articulo 40 de la Ley 446 de 1998. “Los tribunales administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos: [...] 5. [Modificado por el artículo 1 del Decreto 2269 de 1987]. De los referentes a contratos de las entidades estatales en sus distintos órdenes y de los contratos celebrados por entidades prestadoras de servicios públicos domiciliarios, cuando su finalidad esté vinculada directamente a la prestación del servicio, cuando la cuantía exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales”. 27 De acuerdo con el Decreto 033 del 11 de enero de 2011, el salario mínimo legal mensual vigente en ese año era de $535.600. De acuerdo con el escrito aclaratorio de la demanda, esta tenía una cuantia de $1.500.000.000; cifra esta que superaba los 500 salarios minimos mensuales legales vigentes, que en el año 2011 equivalian a $267.800.000. 28 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL. Artículo 20. "Determinación de la cuantía. La cuantía se determinará así: [...] 1. Por el valor de las pretensiones al tiempo de la demanda, sin tomar en cuenta los frutos, intereses, multas o perjuicios reclamados como accesorios, que se causen con posterioridad a la presentación de aquélla”. 22 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, sentencia del 6 de marzo de 1997, exp. 10038; y sentencia de

multas o perjuicios reclamados como accesorios, que se causen con posterioridad a la presentación de aquélla”. 22 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, sentencia del 6 de marzo de 1997, exp. 10038; y sentencia de unificación del 3 de septiembre de 2020, exp. 42003.Radicado: 05001-23-31-000-2011-01803-01 (56509) Actor: TANQUES Y CAMIONES S.A. de la venta por subasta pública núm. 001 de 2009, las escrituras del inmueble serían suscritas dentro de los cuarenta (40) días siguientes a la notificación del acto de adjudicación3031. En el presente asunto, la licitación fue adjudicada mediante acto del catorce (14) de enero de dos mil diez (2010)%. Por lo tanto, aunque se desconoce la fecha de su notificación, es claro que el plazo bienal para el ejercicio oportuno de la acción de reparación directa no se había cumplido aún, para el diez (10) de noviembre de dos mil once (201 1)%, cuando fue presentada la demanda en este proceso. : 4.3. Tanques y Camiones S.A. se encuentra legitimada en la causa por activa, como adjudicataria que fue de la venta de un lote ubicado en la diagonal 53 X 12-32 del barrio Guasimalito de Bello (Antioquia), conforme a lo decidido en la Resolución 029 de 2010%, proferida por el municipio de Bello que, en consecuencia, está legitimado en la causa por pasiva. Respuesta al problema jurídico? 4.4. La jurisprudencia administrativa ha precisado?” que el de adjudicación es un acto administrativo separable del contrato, el cual —como se estableció

legitimado en la causa por pasiva. Respuesta al problema jurídico? 4.4. La jurisprudencia administrativa ha precisado?” que el de adjudicación es un acto administrativo separable del contrato, el cual —como se estableció expresamente en el artículo 9 de la Ley 1150 de 2007%— obliga a la entidad y al adjudicatario, en cuanto genera el derecho subjetivo de este último, como situación excluyente para contratar con el Estado, con el deber jurídico correlativo del licitante de contratar con el adjudicatario, manteniendo i¡nalterables los pliegos de condiciones o términos de referencia. De esta forma, de acuerdo con el artículo 90 de la Constitución?, la celebración de un contrato adjudicado inexistente conlleva el menoscabo a un interés jurídico en cabeza del adjudicatario, del que la entidad sería patrimonialmente responsable, por el incumplimiento de los deberes que tiene para la culminación de todos los tramites tendientes a su perfeccionamiento. De acuerdo con ello, la Sala procederá a dar respuesta al problema jurídico planteado por la apelante. 30 Copia a folios 536 a 562, c. 1. %1 Conforme a la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2013 (exp. 25022), en aras a garantizar el principio constitucional de buena fe, el deber de lealtad procesal y la prevalencia del derecho sustancial, la Sala valorará las copias simples que hacen parte del acervo probatorio, en cuanto estas hayan obrado a lo largo de todo el proceso, sin que fueran tachadas, ni su validez fuera controvertida. 22 Original a folios 46 a 48, c. 1.

las copias simples que hacen parte del acervo probatorio, en cuanto estas hayan obrado a lo largo de todo el proceso, sin que fueran tachadas, ni su validez fuera controvertida. 22 Original a folios 46 a 48, c. 1. $ CCA. Artículo 86, modificado por el articulo 16 del Decreto 2304 de 1989 y por el artículo 31: de la Ley 446 de 1998. “La persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño cuando la causa sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa. [...]”. 34 Folio 13 (anverso), c. 1. 35 Original a folios 46 a 48, e. 1. 36 Aptado. 3.4. 37 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, sentencia del 7 de febrero de 1990, exp. 5604; sentencia del 31 de julio de 1997, exp, 10262; sentencia del 13 de junio de 2011, exp. 19936; y, Subsección C, sentencia del 13 de mayo de 2015, exp. 28647, entre otras. 38 LEY 1150 DE 2007. “Artículo 9. [...] El acto de adjudicación es irrevocable y obliga a la entidad y al adjudicatario. No obstante lo anterior, si dentro del plazo comprendido entre la adjudicación del contrato y la suscripción del mismo, sobreviene una inhabilidad o incompatibilidad o si se demuestra que el acto se obtuvo por medios ilegales, este podrá ser revocado, caso en el cual, la entidad podrá aplicar lo previsto en el inciso final del numeral 12 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993, [...]'.

por medios ilegales, este podrá ser revocado, caso en el cual, la entidad podrá aplicar lo previsto en el inciso final del numeral 12 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993, [...]'. 3% CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. “Artículo 90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. 40 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, sentencia del 6 de marzo de 1997, exp. 10038. 7Radicado: 05001-23-31-000-2011-01803-01 (56509) Actor: TANQUES Y CAMIONES S.A. 4.5. En este asunto, con documentos públicos? cuya autenticidad y contenido no fue rebatido en el proceso, fueron acreditados los siguientes hechos: 4.5.1. Mediante resolución núm. 2731 del 15 de diciembre de 2009, fue: (i) abierto el proceso de subasta pública núm. 1 de 2009, que tenía por objeto la venta por subasta pública de bienes inmuebles de propiedad del municipio de Bello; y (ii) se ordenó la publicación del pliego definitivo del proceso de selección. 4.5.2. Según el pliego definitivo de condiciones del proceso de venta por subasta pública núm. 1 de 2009, este tenía por objeto la venta de un lote ubicado en la diagonal 53 4 12-32 (barrio Guasimalito) con un área de 807,42 m? y un precio base de $72.807.300, entre otros. Se aclaró que el área correspondía a la mencionada en los avalúos realizados por la Lonja

m? y un precio base de $72.807.300, entre otros. Se aclaró que el área correspondía a la mencionada en los avalúos realizados por la Lonja Propiedad Raíz, "[nJo obstante el área referida del inmueble se entra y recibe como cuerpo cierto”. : 4.5.2.1. En el pliego de condiciones