CE - 012331000201200210021SENTENCIA20231207154349

Radicado: 85001-2331-003-2012-00210-01 (60942)

Demandantes: Luis Antonio Ramírez Torres y otros

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ

Bogotá D.C., dieciséis (16) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Reparación directa Radicación: 85001-2331-003-2012-00210-01 (60942) Demandantes: Luis Antonio Ramírez Torres y otros Demandados: Nación - Fiscalía General de la Nación y Rama Judicial

Tema: Responsabilidad del Estado por privaci ón injusta de la libertad y administración de justicia. a.- En relación con la privación de la libertad , se revoca la condena impuesta contra la Fiscalía porque se acreditó la culpa de la víctima. b.- En relación con la mora judicial, se revoca la condena toda vez que no se allegó la copia íntegra del proceso penal para determinar si existió y a quién le es atribuible. c.- En relaci ón con la incautación de los dos vehículos, se confirma la decisión de condenar a la Rama Judicial porque no fue apelada. d.- En relación con la responsabilidad de la Fiscalía por la incautación de los dos vehículos, se revoca la condena impuesta en primera instancia porque, aunque se imputó un error judicial , los demandantes no cumplieron con la carga de explicar la ilegalidad de la decisión de incautar uno de los vehículos

(UKY-285). En relación con el otro, se revoca la condena porque no se

aunque se imputó un error judicial , los demandantes no cumplieron con la carga de explicar la ilegalidad de la decisión de incautar uno de los vehículos (UKY-285). En relación con el otro, se revoca la condena porque no se acreditó que el demandante fuera su propietario al momento de la incautación. e.- En relación con la omisión de la devolución de los dos vehículos, se condena a la Rama Judicial en abstracto, en la forma como lo dispuso el tribunal.

SENTENCIA

Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, la Sala resuelve los recursos de apelación interpuestos por la Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación contra la sentencia dictada el 31 de marzo de 2016 por el Tribunal Administrativo de l Casanare, que accedió parcialmente a las pretensiones y dispuso:

«1. DECLARAR administrativamente responsable a la NACIÓN (Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y Fiscalía General) por los perjuicios causados a los demandantes, por privación injusta de libertad y prolongación excesiva de la vinculación a la actuación penal de que fue destinatario Luis Antonio Ramírez Torres, conforme se indicó en la motivación.

2. Como consecuencia de lo anterior, CONDENAR solidariamente a la Fiscalía General de la Nación y a la Rama Judicial (Dirección Ejecutiva de AdministraciónRadicado: 85001-2331-003-2012-00210-01 (60942)

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Judicial y Fiscalía General) a indemnizar los siguientes perjuicios a los demandantes, así:

Sin perjuicio de la solidaridad legal frente a los perjudicados, a la Rama Judicial

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Judicial y Fiscalía General) a indemnizar los siguientes perjuicios a los demandantes, así:

Sin perjuicio de la solidaridad legal frente a los perjudicados, a la Rama Judicial corresponderá el noventa y dos punto sesenta y siete por ciento (92.67%) de la condena por daño extrapatrimonial por violación de derechos humanos; el siete punto treint a y tres (7.33%) restante por ese concepto y las demás indemnizaciones quedan a cargo de la Fiscalía General.

3. A favor d el señor Luis Antonio Ramírez Torres (…) por concepto de lucro cesante por trabajo personal, la suma equivalente, en salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de la sentencia a 15,2 meses, a cargo de la Fiscalía General de la Nación.

4. A favor del señor Luis Antonio Ramírez, por concepto de daño emergente

(pago de honorarios de abogado), la suma de diez millones de pesos ($10.000.000), dicho valor será actualizado a la fecha de ejecutoria de la sentencia. Además causará intereses moratorios a partir de la firmeza, a cargo de la Fiscalía General de la Nación.

5. A favor de Luis Antonio Ramírez Torres (…) por concepto de daño emergente, por la supuesta pérdida de los vehículos la suma que resulte probada en el incidente de perjuicios que deberá adelantar y cuyos parámetros se establecieron en la parte motiva de la sentencia, además de los tiempos establecidos, el valor será actualizado a la fecha de ejecutoria de la sentencia.

Además causará intereses moratorios a partir de la firmeza.

establecieron en la parte motiva de la sentencia, además de los tiempos establecidos, el valor será actualizado a la fecha de ejecutoria de la sentencia. Además causará intereses moratorios a partir de la firmeza.

6. A favor de Luis Antonio Ramírez Torres (…) por concepto de lucro cesante, de lo que dejaron de percibir los vehículos incautados, la suma que resulte probada en el incidente de perjuicios que deberá adelantar y cuyos parámetros se establecieron en la parte motiva de la sentencia, se reconocerá el valor que resulte de los periodos indicados en la motivación de la demanda, dicho valor será actualizado a la fecha de ejecutoria de la sentencia. Además causará intereses moratorios a partir de la firmeza.

7. Denegar las demás súplicas de la demanda.

8. La condena se cumplirá como se indica en los artículos 176 a 178 del C.C.A., atendiendo los términos de la sentencia C -188 de 1999 proferida por la Corte

Número Perjudicado Perjuicios morales Daño extrapatrimonial por violación de derechos humanos 1 Luis Antonio Ramírez Torres 90 SMLMV 50 SMLMV 2 Luis Antonio Ramírez Parra 90 SMLMV 0 3 Sandra Milena Ramírez Parra 90 SMLMV 0 4 Rolfe Ramírez Parra 90 SMLMV 0 5 Dora Inés Ramírez Parra 90 SMLMV 0 6 Ana Elizabeth Ramírez Parra 90 SMLMV 0 7 Yolman Ramírez Parra 90 SMLMV 0 8 Andrea Liliana Ramírez Parra 90 SMLMV 0 9 María Yesenia Ramírez Parra 90 SMLMV 0

6 Ana Elizabeth Ramírez Parra 90 SMLMV 0 7 Yolman Ramírez Parra 90 SMLMV 0 8 Andrea Liliana Ramírez Parra 90 SMLMV 0 9 María Yesenia Ramírez Parra 90 SMLMV 0 Totales condenas 810 SMLMV 50 SMLMVRadicado: 85001-2331-003-2012-00210-01 (60942)

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Constitucional; en consecuencia, causará intereses moratorios a partir de la ejecutoria.

9. Sin costas en la instancia (…)».

La Sala es competente para proferir esta providencia por tratarse de recursos de apelación interpuestos en vigencia de la Ley 270 de 1996 contra una sentencia proferida en primera instancia por un tribunal, dentro de un proceso de reparación directa por hechos de la administración de justicia.

Los recursos de apelación fue ron admitidos mediante auto del 15 de marzo de 20181; se corrió traslado para alegar de conclusión el 12 de abril de 2018 2; la Fiscalía y la parte demandante presentaron sus alegatos; el Ministerio Público no rindió concepto.

I. ANTECEDENTES

A. Posición de la parte demandante

1.- La demanda que dio origen al proceso fue interpuesta el 21 de octubre de 2011 por Luis Antonio Ramírez Torres (víctima directa) y su grupo familiar . Se dirigió contra la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial para obtener la reparación de los siguientes daños: i) la privación injusta de la libertad a la que fue sometida la víctima directa entre el 27 de abril de 1997 y el 29 de julio de

reparación de los siguientes daños: i) la privación injusta de la libertad a la que fue sometida la víctima directa entre el 27 de abril de 1997 y el 29 de julio de 19983, es decir, por un término de un (1) año, tres (3) meses y tres (3) días; ii) la incautación de los vehículos de placas UYK -285 y SUA -867 de propiedad del demandante Luis Antonio Ramírez Torres ordenada por la Fiscalía en el trámite del proceso penal, los cuales no le han sido restituidos , y iii) la prolongación del proceso penal adelantado contra la víctima directa durante más de diez años. En el proceso penal se le imputaron los delitos de hurto agravado y concierto para delinquir.

2.- En la demanda se formularon las siguientes pretensiones , que se resumen así debido a su extensión:

2.1.- Que se declare a la Rama Judicial y a la Fiscalía General de la Nación patrimonialmente responsables por todos los perjuicios extrapatrimoniales y materiales ocasionados por la privación injusta de la libertad a la que fue sometido el demandante Luis Antonio Ramírez Torres desde el 2 7 de abril de 1997 hasta el 29 de julio de 1998 , con ocasión del proceso judicial que en su contra se adelantó como autor de los delitos de hurto agravado y concierto para delinquir. Ese proceso terminó con la providencia proferida el 14 de septiembre

1 Fl.508, cuaderno principal. 2 Fl.510, cuaderno principal. 3 De conformidad con las fechas señaladas en las pretensiones de la demanda.Radicado: 85001-2331-003-2012-00210-01 (60942)

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2 Fl.510, cuaderno principal. 3 De conformidad con las fechas señaladas en las pretensiones de la demanda.Radicado: 85001-2331-003-2012-00210-01 (60942)

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de 2009 por el Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Yopal que declaró la prescripción de la acción penal.

2.2.- Que se reconozca por concepto de perjuicios morales cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV) a favor de cada uno de los demandantes4.

2.3.- Que se reconozca a Luis Antonio Ramírez Torres (víctima directa), por concepto de lucro cesante : (i) la suma de noventa millones cuatrocientos mil pesos ( $90.400.000) equivalentes a los ingresos dejados de percibir en su actividad como comerciante de hidrocarburos durante el periodo de la detención, actualizados a la fecha de la sentencia ; (ii) la suma de mil cuarenta y cuatro millones de pesos ($1.044.000.000) correspondientes al producido diario de la tractomula de placas UYK -285 de propiedad de la víctima directa desde el momento de su incautación a la fecha de presentación de la demanda, toda vez que no ha sido restituida, actualizada a la fecha de la sentencia y (iii) la suma de cuatrocientos cuarent a y tres millones setecientos mil pesos ($443.700.000) correspondientes al producido diario de l carrotanque de placas SUA -867 de propiedad de la víctima directa desde el momento de su incautación a la fecha de presentación de la demanda, toda vez que no ha sido restituido, actualizada a la fecha de la sentencia.

propiedad de la víctima directa desde el momento de su incautación a la fecha de presentación de la demanda, toda vez que no ha sido restituido, actualizada a la fecha de la sentencia.

2.4.- Que se reconozca a Luis Antonio Ramírez Torres (víctima directa), por concepto de daño emergente: (i) la suma de ciento treinta millones de pesos ($130.000.000) por el valor de la tractomula de placas UYK-285 incautada en el proceso penal; (ii) la suma de cuarenta y cinco millones de pesos ($45.000.000) por el valor del carrotanque de placas SUA -867 incautado en el proceso penal; (iii) la suma de treinta y tres millones quinientos noventa y cuatro mil diez pesos ($33.594.010) correspondiente a lo que debió pagar la víctima directa por el desembargo de la tractomula de placas UYK-285 de su propiedad en el proceso ejecutivo que inició en su contra la sociedad GMAC Financiera de Colombia S.A. como consecuencia de su detención y (iv) la suma de diez millones de pesos ($10.000.000) por los gastos de defensa en que incurrió la víctima directa.

4 Además de la víctima directa, la parte actora está conformada por: (i) Luis Antonio Ramírez Parra, Sandra Milena Ramírez Parra, Rolfe Ramírez Parra, Dora Inés Ramírez Parra , Ana Elizabeth Ramírez Parra, Yolman Ramírez Parra, Andrea Liliana Ramírez Parra y María Yesenia Ramírez Parra (hijos de la víctima directa); (ii) Gustavo Adolfo Ramírez Sierra, Luis Felipe Ramírez Sierra, Ángel Miguel Ramírez Sierra,

Yolman Ramírez Parra, Andrea Liliana Ramírez Parra y María Yesenia Ramírez Parra (hijos de la víctima directa); (ii) Gustavo Adolfo Ramírez Sierra, Luis Felipe Ramírez Sierra, Ángel Miguel Ramírez Sierra, Yuliana Alejandra García Ramírez, Karen Lizeth Hernández Ramírez, Yesmi Yadira Acosta Ramírez, Dora Angélica Acosta Ramírez, Fabio Leonardo Aco sta Ramírez, Annia Verónica Ramírez Rodríguez, Rolfe Andrés Ramírez Rodríguez, Giovanny Santiago Ramírez Parra, Jhoan Sebastían Sandoval Ramírez, Alejandro Ramírez Villamarín, María Alejandra Ramírez Sandoval, Paola Andrea Gutiérrez Ramírez, Laura Valentina Gutiérrez Ramírez, Luisa Fernanda Gutiérrez Ramírez y Luisa María Lemus Ramírez (nietos de la víctima directa) y; (iii) Belcy Andrea Rodríguez Machado, Nini Yolanda Sandoval Herrera, Jaime Arturo Sandoval Torres, Jimmy Ninrod Lemus Camacho y Héctor Fabio Gutiérrez Gil (nueras y yernos de la víctima directa).Radicado: 85001-2331-003-2012-00210-01 (60942)

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2.5.- Que se reconozca por concepto de daño por la violación de derechos fundamentales el equivalente a cuarenta (40 SMLMV) por cada uno de los derechos vulnerados a favor de cada uno de los demandantes, así: (i) el equivalente a ciento veinte (120 SMLMV) a favor de Luis Antonio Ramírez Torres (víctima directa) y (ii) el equivalente a ochenta (80 SMLMV) a favor de cada uno

equivalente a ciento veinte (120 SMLMV) a favor de Luis Antonio Ramírez Torres (víctima directa) y (ii) el equivalente a ochenta (80 SMLMV) a favor de cada uno de los hijos, nietos, nueras y yernos de la víctima directa5.

2.6.- Que se reconozca por concepto de daño a la vida de relación cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV) a favor de cada uno de los demandantes.

3.- A partir de lo afirmado en la demanda y de las piezas del proceso penal allegadas por la parte actora, se extrae que:

3.1.- La investigación penal t uvo su origen en la denuncia presentada el 23 de abril de 1997 por Gustavo Suárez Camacho, representante legal de la compañía BP Exploration Company - Colombia Limited (en adelante, BP). En esta se indicó que en una auditoría descubrieron que la compañía era víctima del hurto (i) del combustible ACPM que adquiría de la planta Terpel - Aguazul para las actividades de explotación petrolera en Yopal, Aguazul y Tauramena, Casanare; y (ii) del combustible producido por la misma compañía . Según el denunciante, la BP compraba ACPM porque requería un millón quinientos mil (1.500.000) galones de combustible para sus actividades de exploración petrolera; dicho combustible era transportado de la planta de Terpel a los pozos de la BP a través de varios contratistas, entre ellos la empresa de transportes Servillanos Ltda. de propiedad del demandante Luis Antonio Ramírez Torres, que llevaban el combustible en tractomulas, carrotanques y dobletroques. El denunciante indicó

de varios contratistas, entre ellos la empresa de transportes Servillanos Ltda. de propiedad del demandante Luis Antonio Ramírez Torres, que llevaban el combustible en tractomulas, carrotanques y dobletroques. El denunciante indicó que en el hurto de combustible estaban involucrados los despachadores encargados de verificar los tanques y el sellado de los mismos en las instalaciones de Terpel, los conductores de los vehículos asociados a la s empresas de transporte y el personal de las estaciones de servicio, los depósitos de combustibles y los «escurrideros». Agregó que parte del combustible que era enviado en los carrotanques de los contratistas Servillanos y Servitanques Daza a los pozos de la BP er a descargado en las estaciones de servicios Servillanos, Los Esteros, y en los «escurrideros» y «barbachaderos» de la zona, quienes lo adquirían a menor precio y luego lo revendían.

3.2.- El 24 de abril de 1997 la Fiscalía ordenó la práctica de diligencias de allanamiento en once estaciones de servicio y «escurrideros», entre estas , la estación de servicio Servillanos de propiedad del demandante Luis Antonio Ramírez Torres.

5 De acuerdo con lo afirmado en la demanda los derechos vulnerados a la víctima directa fueron la libertad, el buen nombre y el honor y a la familia y solicitan a su favor el equivalente a 40 SMLMV por cada uno de estos derechos; en relación con los demás demandantes solo reclaman por la vulneración de los derechos al buen nombre y a la familia en el equivalente a 40 SMLMV por cada derecho.Radicado: 85001-2331-003-2012-00210-01 (60942)

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al buen nombre y a la familia en el equivalente a 40 SMLMV por cada derecho.Radicado: 85001-2331-003-2012-00210-01 (60942)

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3.3.- El 25 de abril de 1997 funcionarios de la Fiscalía 274 Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito de Bogotá y de la Unidad de Automotores de la DIJIN practicaron la diligencia y hallaron: (i) dos tractocamiones de placas UYG801 y SUB -154 y una tractomula de placas UYK -285; (ii) treinta y dos mil quinientos cuarenta (32.540) galones de c ombustible ACPM ; (iii) planillas de transporte de ACPM con destino a los pozos «Buenos Aires No. 29» y «Cupiaga K12»; (iv) sellos de seguridad de los tanques y (v) algunos tanques de depósito de combustible que contenían ACPM. En la diligencia, los agentes de la Fiscalía y de la DIJIN: (i) incautaron los anteriores elementos; (ii) sellaron la estación de servicio; (iii) dejaron bajo custodia de la DIJIN los tanques de almacenamiento y el surtidor y (iv) capturaron al demandante Luis Antonio Ramírez Torres junto con el personal de la estación, los conductores de los vehículos y el despachador del combustible.

3.4.- Mediante auto del 26 de abril de 1997 la Fiscalía ordenó la apertura de instrucción y la vinculación del demandante Luis Antonio Ramírez Torres al proceso penal mediante indagatoria.

3.5.- El 7 de mayo de 1997 la Fiscalía 274 Delegada ante los Juzgados Penales

instrucción y la vinculación del demandante Luis Antonio Ramírez Torres al proceso penal mediante indagatoria.

3.5.- El 7 de mayo de 1997 la Fiscalía 274 Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito de Bogotá dictó medida de aseguramiento de detención preventiva contra el demandante y 19 personas más, a quienes le imputó la comisión de los delitos de hurto agravado y concierto para delinquir.

3.6.- El 22 de octubre de 1997 la Fiscalía 132 Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito de Bogotá acusó al demandante Ramírez Torres como coautor de los delitos de concierto para delinquir y hurto agravado.

3.7.- Mediante auto del 28 de julio de 1998 el Juzgado Promiscuo del Circuito de Yopal sustituyó la medida de detención preventiva y otorgó detención domiciliaria al demandante Ramírez Torres.

3.8.- El 4 de agosto de 1998 el Juzgado Promiscuo del Circuito de Yopal le concedió la libertad provisional al demandante6.

3.9.- El proceso penal permaneció inactivo hasta el 14 de septiembre de 2009, cuando el Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Yopal declaró la prescripción de la acción penal porque transcurrieron más de diez años sin que se resolviera de fondo la situación jurídica del demandante Luis Antonio Ramírez Torres, y lo absolvió en aplicación del principio de presunción de inocencia.

4.- De acuerdo con lo afirmado por la parte actora , en el proceso penal se surtieron las siguientes actuaciones relevantes: (i) el demandante fue capturado

Torres, y lo absolvió en aplicación del principio de presunción de inocencia.

4.- De acuerdo con lo afirmado por la parte actora , en el proceso penal se surtieron las siguientes actuaciones relevantes: (i) el demandante fue capturado

6 Aunque en la demanda se afirmó que la providencia que le concedió la libertad provisional al demandante Ramírez Torres fue proferida el 29 de julio de 1998, según la copia de esta providencia obrante en el proceso penal fue proferida el 4 de agosto de 1998.Radicado: 85001-2331-003-2012-00210-01 (60942)

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el 27 de abril de 1997; (ii) el 7 de mayo de 1997 la Fiscalía le impuso medida de aseguramiento de detención preventiva; (iii) el 28 de julio de 1998 el Juzgado Promiscuo del Circuito de Yopal sustituyó la medida de detención preventiva y le otorgó detención domiciliaria ; (iv) el 29 de julio de 1998 la víctima directa recuperó su libertad porque el J uzgado Promiscuo del Circuito de Yopal le concedió libertad provisional y (v) el 14 de septiembre de 2009 el Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Yopal declaró la prescripción de la acción penal.

5.- Según la parte actora, el demandante Luis Antonio Ramírez Torres fue privado injustamente de la libertad porque la Fiscalía dictó la medida de aseguramiento sin contar con material probatorio sobre su participación en el delito imputado , y con desconocimiento de su derecho al debido proceso por la aplicación indebida de la norma; además, su presunción de inocencia nunca fue desvirtuada.

sin contar con material probatorio sobre su participación en el delito imputado , y con desconocimiento de su derecho al debido proceso por la aplicación indebida de la norma; además, su presunción de inocencia nunca fue desvirtuada.

5.1.- En relación con la incautación de los vehículos, la parte actora adujo que la Fiscalía incautó arbitrariamente y en detrimento del patrimonio del demandante Ramírez Torres una tractomula y un carrotanque de su propiedad . Sostuvo que, pese a las múltiples solicitudes de devolución y a que en el auto que declaró la prescripción de la acción penal se ordenó la entrega de dichos automotores, las demandadas nunca cumplieron esta orden.

5.2.- Respecto de la prolongación del pro ceso penal, la parte actora indicó que «debido a la negligencia y al yerro de los despachos judiciales que conociero n del proceso penal, este se mantuvo en el tiempo por más de 10 años».

6.- En relación con los perjuicios derivados de la privación injust a de la libertad de la víctima directa, la parte actora indicó que:

6.1.- El demandante Ramírez Torres dejó de recibir utilidades por su actividad comercial de compraventa de hidrocarburos como consecuencia de su detención.

6.2.- La víctima directa sufrió perjuicios por daño emergente por los gastos en que incurrió para su defensa en el proceso penal.

6.3.- La víctima directa y sus familiares sufrieron perjuicios morales debido a la «afectación emocional enorme y dañosa » porque su detención «trajo consecuencias de carácter psicológico a toda la familia quienes desde entonces han vivido en permanente angustia y zozobra» ; la víctima directa «tuvo que

«afectación emocional enorme y dañosa » porque su detención «trajo consecuencias de carácter psicológico a toda la familia quienes desde entonces han vivido en permanente angustia y zozobra» ; la víctima directa «tuvo que soportar (…) las condiciones que deben soportar los detenidos en las cárceles de este país, padeciendo el hacinamiento, la insalubridad, la pésima alimentación y el constante peligro para su integridad personal» y a que la familia dependía económicamente de la víctima directa.Radicado: 85001-2331-003-2012-00210-01 (60942)

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6.4.- La víctima directa y sus familiares sufrieron daños a la vida de relación porque eran una familia muy unida , perdieron «la oportunidad de tener la protección de aquel, su apoyo y las enseñanzas como padre, esposo, abuelo y familiar», tuvieron que soportar «la extrema crisis económica» que provocó su detención, su vida familiar y social se alteró «de manera radical y definitiva» y fueron objeto de rechazo social porque la víctima directa fue tildada como «peligroso delincuente».

6.5.- La víctima directa y sus familiares sufrieron daños por la violación de sus derechos fundamentales a la libertad, al buen nombre y honor y a la familia.

7.- En cuanto a los perjuicios derivados de la incautación de los vehículos de placas UYK-285 y SUA-867, la parte actora indicó que la víctima directa: (i) dejó de percibir el producido diario de dichos vehículos durante el periodo de su

placas UYK-285 y SUA-867, la parte actora indicó que la víctima directa: (i) dejó de percibir el producido diario de dichos vehículos durante el periodo de su detención y hasta la fecha de presentación de esta demanda ; (ii) por el valor de los vehículos que le fueron incautados y que nunca le restituyeron y (iii) por lo que debió pagar por el desembar go de la tractomula de placas UYK -285 en el proceso ejecutivo que inició en su contra la sociedad GMAC Financiera de Colombia S.A. como consecuencia de su detención.

B. Posición de las entidades demandadas

8.- La Fiscalía General de la Nación no contestó la demanda ni presentó alegatos de conclusión en el trámite de la primera instancia.

9.- La Rama Judicial se opuso a las pretensiones de la demanda y propuso las excepciones de falta de causa para demandar porque la investigación penal se adelantó conforme a la ley, y de falta de legitimación en la causa por pasiva; adujo que la privación de la libertad del demandante no era imputable a esta entidad sino al hecho de un tercero, esto es, a la Fiscalía. En su contestación señaló que: (i) la entidad que adoptó la medida de aseguramiento fue la Fiscalía en ejercicio de sus facultades jurisdiccionales, sin intervención de los jueces de la República; (ii) no se reunían los presupuestos de la responsabilidad de la Rama Judicial y (iii) en el momento que se dec laró la prescripción de la acción penal el demandante se encontraba en libertad y esta decisión fue adoptada por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Yopal en garantía de sus derech os constitucionales.

C. Sentencia recurrida

demandante se encontraba en libertad y esta decisión fue adoptada por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Yopal en garantía de sus derech os constitucionales.

C. Sentencia recurrida

10.- En la sentencia del 31 de marzo de 2016 , el Tribunal Administrativo de Casanare adoptó las siguientes decisiones:

10.1.- Condenó a la Fiscalía a reparar el daño causado por la privación de la libertad del demandante porque: (i) la entidad no logró desvirtuar la presunciónRadicado: 85001-2331-003-2012-00210-01 (60942)

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de inocencia de la víctima directa, y (ii) el daño era imputable al ente investigador porque impuso la medida de aseguramiento sin contar co n sustento probatorio suficiente y la mantuvo por el término de un (1) año, tres (3) meses y dos (2) días sin haber comprobado con claridad la participación de la víctima directa en el delito. Por este motivo, condenó a la Fiscalía al pago del 100% de los perjuicios derivados de la privación injusta de la libertad.

10.2.- Condenó a la Fiscalía y a la Rama Judicial a reparar el daño causado por la excesiva dilación de la etapa de juicio del proceso penal con ba se en las siguientes consideraciones: (i) el daño era imputable tanto a la Fiscalía como a la Rama Judicial porque abandonaron el trámite del proceso penal desde que se concedió la libertad provisional a la víctima directa y hasta que se declaró la prescripción de la acción penal , y (ii) la Rama Judicial realizó su trabajo de

la Rama Judicial porque abandonaron el trámite del proceso penal desde que se concedió la libertad provisional a la víctima directa y hasta que se declaró la prescripción de la acción penal , y (ii) la Rama Judicial realizó su trabajo de manera tardía, no adoptó las medidas necesarias para evitar la dilación del proceso y con ello mantuvo en vilo la presunción de inocencia, el buen nombre y la tranquilidad de la víctima directa desde abril de 1998 , cuando avocó conocimiento del proceso, hasta septiembre de 2009 , cuando dec laró la prescripción de la acción.

10.3.- Condenó a la Fiscalía y a la Rama Judicial a reparar el daño causado por la incautación de los vehículos de propiedad del demandante porque se demostró que la víctima directa solicitó su devolución y las entidades demandadas no se pronunciaron al respecto.

11.- En relación con los perjuicios derivados de la privación injusta de la libertad, el tribunal:

11.1.- Reconoció la reparación de los perjuicios morales a favor de la víctima directa y de cada uno de sus hijos en los montos transcritos al principio de la providencia.

11.2.- Negó la reparación de los perjuicios morales a favor de los nietos, las nueras y los yernos de la víctima directa por que solo acreditaron su parentesco con ella.

11.3.- Ordenó la indemnización d el lucro cesante por los ingresos dejados de recibir por la actividad comercial de la víctima directa durante el tiempo en que estuvo privada de la libertad. Para la liquidación de este perjuicio aplicó la presunción del salario mínimo porque estaba probado que la víctima directa

recibir por la actividad comercial de la víctima directa durante el tiempo en que estuvo privada de la libertad. Para la liquidación de este perjuicio aplicó la presunción del salario mínimo porque estaba probado que la víctima directa ejercía una actividad productiva al momento de la detención , pues se acreditó que era propietario de la estación de servicio y de los vehículos incautados, pero no se probaron sus ingresos.Radicado: 85001-2331-003-2012-00210-01 (60942)

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11.4.- Reconoció la reparación del daño emergente a favor de la víctima directa por los gastos de defensa en el proceso penal en el monto transcrito al principio de la providencia.

12.- En cuanto a los perjuicios derivados de la prolongación del proceso penal, el tribunal ordenó la reparación por concepto de daño extrapatrimonial por violación a derechos humanos a favor de la víctima directa en el monto transcrito al principio de la providencia. Al respecto , consideró que de las afirmaciones de la demanda se inf ería una lesión adicional a los perjuicios morales por mantener vinculado al demandante al proceso penal durante más de diez años sin solución de fondo, lo que vulneró su presunción de inocencia, su derecho a la libertad y a la vida en