CE - 012331000201200317012SENTENCIA20230606115005

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero ponente: GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE

Bogotá D.C., veintiséis (26) de mayo de dos mil veintidós (2022) Radicación número: 68001-23-31-000-2012-00317-01(59560)

Actor: LUIS GONZALO MARTÍNEZ GÓMEZ

Demandado: CORMAGDALENA Y OTRO Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA APELANTE ÚNICO-Limites de la apelación. COPIAS SIMPLES-Valor probatorio. FOTOGRAFÍAS-Valor probatorio. RECORTES DE PRENSA-Valor probatorio. DAÑO O PERJUICIO-Concepto. DAÑO-Debe ser cierto, personal y directo. CERTEZA DEL DAÑO-Debe ser real y efectivo, no hipotético. PERJUICIO-Elemento esencial constitutivo de la responsabilidad civil. ANTIJURIDICIDAD-Contrariedad al derecho. ANTIJURIDICIDAD-Se predica de la acción que causó el daño y no del deber de la victima de soportarlo. CULPA DE LA ADMINISTRACIÓN-Es la regla general. DOCUMENTOS-Clasificación. DOCUMENTO PÚBLICO-Valor probatorio. DOCUMENTO PRIVADO-Valor probatorio. TESTIMONIO-Crítica testimonial. CARGA DE LA PRUEBA-Incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquéllas o ésta. COSTAS EN CCAImprocedencia cuando no se actúa con temeridad o mala fe.

La Sala, de conformidad con el artículo 63A de la Ley 270 de 1996, adicionado por

Improcedencia cuando no se actúa con temeridad o mala fe. La Sala, de conformidad con el artículo 63A de la Ley 270 de 1996, adicionado por el artículo 16 de la Ley 1285 de 2009, decide el recurso de apelación interpuesto por las partes contra la sentencia del 9 de febrero de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, que negó las pretensiones. SÍNTESIS DEL CASO En noviembre de 2010, ocurrió el fenómeno de «La Niña» en todo el país y el río Magdalena se desbordó en la vereda «Santa Teresa», municipio de Puerto Wilches, Santander. Alega que la finca «Santa Teresa» —propiedad del demandante— se inundó porque Ecopetrol S.A. transitaba maquinaria para perforar yacimientos de petróleo y Cormagdalena omitió arreglar la zona. ANTECEDENTES El 2 de marzo de 2012, Luis Gonzalo Martínez Gómez, a través de apoderado2 Expediente n. 59.560

Demandante: Luis Gonzalo Martínez Gómez Niega pretensiones judicial, formuló demanda de reparación directa contra Cormagdalena y Ecopetrol. Solicitó $26.780.000 por perjuicios morales, $328.000.000 por daño emergente y $900.000.000 por lucro cesante. En apoyo de las pretensiones, el demandante afirmó que es propietario de la finca «Santa Teresa» ubicada en la vereda «Santa Teresa», municipio de Puerto Wilches, Santander. El demandante levantó un terraplén para evitar inundaciones que amenazan la finca «todos los años». Ecopetrol pasó una motoniveladora que debilitó la bancada de la vía y acabó

vereda «Santa Teresa», municipio de Puerto Wilches, Santander. El demandante levantó un terraplén para evitar inundaciones que amenazan la finca «todos los años». Ecopetrol pasó una motoniveladora que debilitó la bancada de la vía y acabó con el terraplén, y Cormagdalena fue negligente porque no arregló la zona. Adujo que las acciones de Ecopetrol —paso de maquinaria para perforación de yacimientos de petróleoy las omisiones de Cormagdalena provocaron que su predio se inundara en la temporada invernal de 2010, y que perdiera productividad de la finca, cosechas, ganado e infraestructura y tuviera que alquilar retroexcavadoras y pagar transporte. El 5 de septiembre de 2012 se admitió la demanda y se ordenó su notificación. En el escrito de contestación de la demanda, Cormagdalena adujo ausencia de daño antijurídico, diligencia en las funciones de la entidad, inexistencia de responsabilidad por la inundación, falta de determinación del hecho dañoso, fuerza mayor, culpa exclusiva de la víctima y falta de legitimación en la causa por pasiva. Ecopetrol alegó causa extraña, inexistencia de responsabilidad, falta de legitimación en la causa por pasiva e inexistencia de falla del servicio. El 29 de septiembre de 2015 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente. Las partes reiteraron lo expuesto y el Ministerio Público guardó silencio. El 9 de febrero de 2017, el Tribunal Administrativo de Santander en la sentencia negó las pretensiones, al estimar que se configuró una causa extraña, pues la

guardó silencio. El 9 de febrero de 2017, el Tribunal Administrativo de Santander en la sentencia negó las pretensiones, al estimar que se configuró una causa extraña, pues la inundación del predio se debió a la fuerte temporada invernal del fenómeno de «La Niña», sumado a las condiciones topográficas y medioambientales del lugar. El demandante interpuso recurso de apelación, que fue concedido el 4 de abril de 2017 y admitido el 19 de ¡julio siguiente. Esgrimió que el Tribunal no tuvo en cuenta que Cormagdalena incumplió sus obligaciones en prevención y mitigación de desastres, ni la actuación de Ecopetrol en el rompimiento del terraplén que derivó en la inundación del predio. El 25 de agosto de 2017 se corrió traslado para alegar3 Expediente n. 59.560

Demandante: Luis Gonzalo Martínez Gómez Niega pretensiones de conclusión en segunda instancia. Las partes reiteraron lo expuesto y el Ministerio Público guardó silencio.

CONSIDERACIONES

l. Presupuestos procesales Jurisdicción y competencia

1. La jurisdicción administrativa, como guardián del orden jurídico, conoce de las controversias cuando se demande la ocurrencia de un daño cuya causa sea una acción u omisión de una entidad estatal según el artículo 82 CCA, modificado por el artículo 1 de la Ley 1107 de 2006. El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para estudiar este asunto de conformidad con el artículo 129 CCA, según el cual conoce de los recursos de apelación contra las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos. Así mismo, esta Corporación

instancia para estudiar este asunto de conformidad con el artículo 129 CCA, según el cual conoce de los recursos de apelación contra las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos. Así mismo, esta Corporación es competente en razón a la cuantía pues, de conformidad con el artículo 157 CPACA -—aplicable según los dispuesto por el artículo 198 de la Ley 1450 de 2011— el valor de la pretensión material mayor supera los 500 SMLMV exigidos por el artículo 132.6 CCA, esto es, $283.350.000!. Acción procedente

2. La acción de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo?, en este caso por hechos y omisiones que se imputan a varias entidades públicas (art. 90 CN, art. 86

CCA y arts. 2341 y ss. CC). Demanda en tiempo

3. El término para formular pretensiones, en reparación directa, según el artículo 136.8 CCA es de dos años, que se cuentan a partir del día siguiente del 1 Suma que se obtiene de multiplicar el salario mínimo de 2012, $566.700, por 500. ? Excepcionalmente la jurisprudencia ha aceptado la procedencia de dicha acción por daños causados por actos administrativos. Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 17 de junio de 1993, Rad. 7.303

[fundamentos jurídicos 10 y 11] y sentencia del 8 de marzo de 2007, Rad. 16.421 [fundamento jurídico 3], en Antología Jurisprudencias y Conceptos, Consejo de Estado 1817-2017 Sección Tercera Tomo B, Bogotá, Imprenta Nacional, 2018, pp. 744, 745 y 746, disponible en https://bit.ly/3gjiduK.4 Expediente n. 59.560

Demandante: Luis Gonzalo Martínez Gómez Niega pretensiones acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquier otra causa. La demanda se interpuso en tiempo —2 de marzo de 2012porque la inundación que afectó el predio del demandante habría ocurrido en el último trimestre de 2010 [hechos probados 9.4 y 9.5].

Legitimación en la causa

4. Luis Gonzalo Martínez Gómez es la persona sobre la que recae el interés jurídico que se debate en este proceso, pues es el propietario del inmueble con el folio de matricula inmobiliaria n. 303-30113 [hecho probado 9.1]. Ecopetrol está legitimada en la causa por pasiva, pues era la dueña de las obras de adecuación de vías en el municipio de Puerto Wilches [hecho probado 9.2], cuyos trabajos se alegaron como la causa de la inundación que generó el daño. Cormagdalena también está legitimada por pasiva, por ser la entidad que, en calidad de Corporación Autónoma Regional-CAR, tiene funciones coordinadas con los municipios en relación con el análisis, seguimiento, prevención y control de desastres. A las CAR les corresponde

legitimada por pasiva, por ser la entidad que, en calidad de Corporación Autónoma Regional-CAR, tiene funciones coordinadas con los municipios en relación con el análisis, seguimiento, prevención y control de desastres. A las CAR les corresponde asistirlos en programas de adecuación de áreas en zonas de alto riesgo, como control de erosión, manejo de cauces y reforestación (Ley 99 de 1993, art. 31.1213). Según la Ley 161 de 1994, Cormagdalena tiene jurisdicción sobre los municipios ribereños del Río Magdalena (art. 3) y, de acuerdo con las características que conforman la unidad hidrogeográfica de su jurisdicción, tiene la función particular de promover la ejecución o ejecutar directamente, o en asocio con otros entes públicos o privados, proyectos de adecuación de tierras, avenamiento y control de inundaciones (art. 6.8). Il. Problema jurídico Corresponde a la Sala determinar si el demandante sufrió un daño por la inundación de su finca. A Análisis de la Sala

5. Como la sentencia fue recurrida por el demandante, la Sala estudiará el asunto, de conformidad con el artículo 357 CPC.5

Expediente n. 59.560

Demandante: Luís Gonzalo Martínez Gómez Niega pretensiones Hechos probados

6. Las copias simples serán valoradas porque la Sección Tercera de esta Corporación, en fallo de unificación, consideró que tenían mérito probatorio?.

7. Las fotografías aportadas al proceso (f. 22 a 41 y 258 a 283 c. 1) no serán valoradas, porque según criterio uniforme de esta Sala, conforme al artículo 252

7. Las fotografías aportadas al proceso (f. 22 a 41 y 258 a 283 c. 1) no serán valoradas, porque según criterio uniforme de esta Sala, conforme al artículo 252

CPC, hoy 244 CGP, no se tiene certeza de la persona que las realizó y tampoco de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que fueron tomadas?

8. En el expediente obran recortes de prensa e impresiones de sitios web de prensa

(f. 215 a 256 c. 1). Las informaciones difundidas en los medios de comunicación no dan certeza sobre los hechos en ellos contenidos, sino de la existencia de la noticia y en esas condiciones serán valoradas en este proceso”,

9. De conformidad con los medios probatorios allegados oportunamente al proceso, se demostraron los siguientes hechos: 9.1. El 2 de diciembre de 1987, Luis Gonzalo Martínez Gómez adquirió el inmueble con el folio de matrícula inmobiliaria n. 303-30113, de aproximadamente 405 hectáreas, ubicado en el municipio de Puerto Wilches, por adjudicación del Incora, según da cuenta la anotación n”. 1 del certificado de tradición y libertad (f. 42 c. 1). 9.2. El 15 de octubre de 2008, Ecopetrol contrató con el Consorcio Plataformas Petroleras las obras de construcción de dos locaciones para perforación de pozos petroleros y adecuación de vías de acceso en el área de Casabe, con opcional de 3 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de agosto de 2013, Rad. 25.022 [fundamento jurídico 1]. El Magistrado Ponente no comparte este criterio jurisprudencial, sin embargo, lo respeta y acoge.

3 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de agosto de 2013, Rad. 25.022 [fundamento jurídico 1]. El Magistrado Ponente no comparte este criterio jurisprudencial, sin embargo, lo respeta y acoge. Los argumentos de la inconformidad están en la aclaración de voto a la sentencia del 22 de octubre de 2015, Rad. 26.984. Estas providencias se pueden consultar en Antología Jurisprudencias y Conceptos, Consejo de Estado 1817-2017 Sección Tercera Tomo B, Bogotá, Imprenta Nacional, 2018, pp. 363, 364 y 365, respectivamente, disponible en https://bit ly/3gjiduK. 4 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 28 de agosto de 2014, Rad. 28.832 [fundamento jurídico 9.1]. 5 Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 29 de mayo de 2012, Rad. 2011-01378 [fundamento jurídico 4] y sentencia del 1 de marzo de 2006, Rad. 16.587 [fundamento jurídico 3.2]. Estas providencias se pueden consultar en Antología Jurisporudencias y Conceptos, Consejo de Estado 18172017 Sección Tercera Tomo B, Bogotá, Imprenta Nacional, 2018, pp. 377-378, respectivamente, disponible en https://bit.ly/3gjiduK.6 Expediente n. 59.560

Demandante: Luis Gonzalo Martinez Gómez Niega pretensiones ocho locaciones de la gerencia regional «Magdalena Medio» y opción de tres locaciones para pozos exploratorios en el valle medio e inferior del Magdalena,

Expediente n. 59.560

Demandante: Luis Gonzalo Martinez Gómez Niega pretensiones ocho locaciones de la gerencia regional «Magdalena Medio» y opción de tres locaciones para pozos exploratorios en el valle medio e inferior del Magdalena, según da cuenta copia simple del contrato n”. 5203430 (f. 289 a 301 c. 1). 9.3. El 24 de noviembre de 2010, Luis Gonzalo Martínez Gómez y otros presentaron un reclamo a Ecopetrol por los daños en la vereda «Santa Teresa» y solicitaron apoyo para la reconstrucción y mejoramiento de la vía, según da cuenta copia simple de la comunicación (f. 47 a 53 c. 1). 9.4. El 7 de diciembre de 2010, el Gobierno Nacional expidió el Decreto n”. 4580 que declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional, por treinta días desde la fecha de expedición del decreto.

Conforme a las consideraciones del decreto, el fenómeno de «La Niña» en constituía «un desastre natural de dimensiones extraordinarias e imprevisibles, que se agudizó de forma inusitada e irresistible en el mes de noviembre de 2010», según da cuenta copia simple del decreto (f. 211 a 214 c. 1). 9.5. El 14 de diciembre de 2010, Ecopetrol informó a Luis Gonzalo Martínez Gómez y otros que verificó la afectación al predio «Santa Teresa» y a la vía por el desbordamiento del río Magdalena. Conforme al documento, el lugar hacía parte de las antiguas zonas naturales susceptibles de inundación. Ecopetrol no demolió el

y otros que verificó la afectación al predio «Santa Teresa» y a la vía por el desbordamiento del río Magdalena. Conforme al documento, el lugar hacía parte de las antiguas zonas naturales susceptibles de inundación. Ecopetrol no demolió el dique, sino que la persistente y elevada presión hidráulica al dique por el aumento del río Magdalena, junto con la saturación del material provocada por la ola invernal, generaron el colapso del dique, según da cuenta copia simple de la comunicación (f. 202 c. 1). 9.6. El 15 de diciembre de 2010, Cormagdalena contrató con el Consorcio Colombia Humanitaria Río Magdalena el diseño y construcción de obras para atender emergencias en los municipios del Río Magdalena, incluido el municipio de Puerto Wilches, según da cuenta copia simple del contrato n”. 0-0061-2010 (f. 131 a 139c. 1). 9.7. El 14 de febrero de 2011, Ecopetrol informó a Luis Gonzalo Martínez Gómez y otros que, el 22 de diciembre de 2010, la empresa inició actividades para laY Expediente n”. 59.560

Demandante: Luis Gonzalo Martínez Gómez Niega pretensiones rehabilitación y protección de la vía que comunica Isla VI con el pozo «Captador 1», según da cuenta copia simple de la comunicación (f. 205 y 206 c. 1).

El daño, presupuesto de la responsabilidad civil del Estado

10. En los procesos de responsabilidad civil del Estado, el primer elemento que debe quedar demostrado es el daño. La noción de daño en el ámbito de la responsabilidad administrativa no difiere de aquella propia del derecho común. Su esencia es la

10. En los procesos de responsabilidad civil del Estado, el primer elemento que debe quedar demostrado es el daño. La noción de daño en el ámbito de la responsabilidad administrativa no difiere de aquella propia del derecho común. Su esencia es la misma: una afectación de un derecho o interés tutelado por el ordenamiento jurídico.

Esa afectación relevante para el derecho, al ser opuesta al ordenamiento jurídico — antijuricidad—, permite a su titular obtener una indemnizaciónf. La responsabilidad supone la existencia de un perjuicio. El perjuicio es, pues, uno de los elementos esenciales constitutivos de la responsabilidad civil, sin cuya existencia y demostración no nace a la vida jurídica la obligación indemnizatoria. El daño, como tiene determinado la jurisprudencia civil, es la base o punto de partida de toda acción reparatoria”. Según el artículo 90 CN, el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables. En ausencia de una definición constitucional de «daño antijurídico», el Consejo de Estado —en algunos pronunciamientos, sustentados en ciertos sectores de la doctrina española— ha entendido que para estudiar la antijuricidad del daño no es relevante la conducta que lo causa, sino que lo esencial es determinar si la víctima estaba en el deber o no de soportarlo. Esa noción de daño antijurídico podría llevar a una idea: que el artículo 90 CN prevé una responsabilidad objetiva, es decir, sin importar cómo se causó el daño. Esa tesis, sin embargo, fue superada por esta Corporación desde 1993%, pues antijuridicidad significa contrariedad al derecho y, por ello, no puede hablarse de antijuridicidad o

sin embargo, fue superada por esta Corporación desde 1993%, pues antijuridicidad significa contrariedad al derecho y, por ello, no puede hablarse de antijuridicidad o ilicitud al margen de los actos humanos. Además, la responsabilidad del Estado no puede estar basada en criterios de solidaridad —como el deber de soportar—, que no son propios del juez de la Administración. La regla general, entonces, debe ser la $ Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala de Negocios Generales, sentencia del 4 de abril de 1968, Gaceta Judicial, Tomo CXXXIV, n”. 2297-2299, p.58-65, [fundamento jurídico 2]. 7 Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 26 de octubre de 1982 [fundamento jurídico 2]. 8 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 2 de marzo de 1993, Rad. 7429 [fundamento jurídico párr. 19 a 24] y sentencia del 13 de julio de 1993, Rad. 8163 [fundamento jurídico párr. 12 a 22].B Expediente n. 59.560

Demandante: Luis Gonzalo Martínez Gómez Niega pretensiones atribución de culpa de la Administración.

Ahora bien, el daño —entendido como una afectación de un derecho o interés tutelado por el ordenamiento jurídicose caracteriza por ser cierto, personal y directo?. La certeza del daño supone el conocimiento seguro y claro de su existencia, es decir, que aparezca como real y efectivamente causado, pues si se trata solo de una posibilidad de producirse o una hipótesis, no es un daño

directo?. La certeza del daño supone el conocimiento seguro y claro de su existencia, es decir, que aparezca como real y efectivamente causado, pues si se trata solo de una posibilidad de producirse o una hipótesis, no es un daño indemnizable??. En otros términos, el daño o perjuicio debe ser real y efectivo, no hipotético. El juicio de responsabilidad, entonces, supone analizar el daño, el nexo causal entre la conducta del Estado y ese daño, y un juicio de atribución que permita explicar por qué su causación genera el deber de indemnizar.

11. Según la demanda, el desbordamiento del río Magdalena en 2010 inundó la finca «Santa Teresa», causó la pérdida de cosechas, ganado, infraestructura y de la productividad de la finca, y el demandante tuvo que incurrir en gastos de alquiler de retroexcavadoras y transporte.

Está acreditado que Luis Gonzalo Martínez Gómez era el propietario de la finca «Santa Teresa», en la vereda «Santa Teresa», municipio de Puerto Wilches [hecho probado 9.1]. En 2008, Ecopetrol contrató la construcción de pozos petroleros en el área de Casabe [hecho probado 9.2]. El 7 de diciembre de 2010, el Gobierno Nacional declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica, al considerar que, en noviembre de 2010, el fenómeno de «La Niña» se agudizó en todo el país [hecho probado 9.4]. El 24 de noviembre de 2010, Luis Gonzalo Martínez Gómez y otros presentaron un reclamo escrito a Ecopetrol por los daños en la vereda «Santa Teresa» y solicitaron

todo el país [hecho probado 9.4]. El 24 de noviembre de 2010, Luis Gonzalo Martínez Gómez y otros presentaron un reclamo escrito a Ecopetrol por los daños en la vereda «Santa Teresa» y solicitaron apoyo para reconstruir y mejorar la vía [hecho probado 9.3]. El 14 de diciembre de 2010, Ecopetrol informó a Luis Gonzalo Martínez Gómez y otros que verificó la afectación del predio «Santa Teresa» y la vía por el desbordamiento del río Magdalena. El lugar hacía parte de las antiguas zonas naturales susceptibles de Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala de Negocios Generales, sentencia del 29 de agosto de 1960 [fundamento jurídico V]. 10 Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 10 de agosto de 1976, Gaceta Judicial. Tomo CLII, n. 2393, p 320, [fundamento jurídico 1].9 Expediente n. 59.560

Demandante: Luis Gonzalo Martínez Gómez Niega pretensiones inundación. Ecopetrol no demolió el dique, sino que la persistente y elevada presión hidráulica al dique, por el aumento del río Magdalena, junto con la saturación del material provocada por la ola invernal, generaron el colapso del dique [hecho probado 9.5].

El 15 de diciembre de 2010, Cormagdalena contrató el diseño y construcción de obras para atender emergencias en Puerto Wilches [hecho probado 9.6]. El 14 de febrero de 2011, Ecopetro! informó a Luis Gonzalo Martínez Gómez y otros que el

obras para atender emergencias en Puerto Wilches [hecho probado 9.6]. El 14 de febrero de 2011, Ecopetro! informó a Luis Gonzalo Martínez Gómez y otros que el 22 de diciembre de 2010, la empresa inició actividades para rehabilitar y proteger la vía que comunica Isla VI con el pozo «Captador 1» [hecho probado 9.7].

12. Según el artículo 251 CPC (retomado por el art. 243 CGP), documento público es el otorgado por el funcionario en ejercicio de su cargo o con su intervención. Se presume auténtico, es decir, existe certeza sobre la persona que lo ha elaborado, manuscrito o firmado. Esa presunción puede desvirtuarse a través de la tacha de falsedad, de conformidad con el artículo 252 CPC. El mérito probatorio de los documentos públicos lo asignará el juez, luego de la apreciación de las pruebas en su conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, en los términos del artículo

187 CPC. Obra en el expediente una «certificación» del 22 de febrero de 2011, suscrita por la Secretaría de Desarrollo Social y Económico del municipio de Puerto Wilches (f. 43 y 44 c. 1). Conforme al documento, Luis Gonzalo Martínez Gómez, propietario de la finca «Santa Teresa», «sufrió la pérdida de 20 hectáreas de maíz, 149 reses, 10.000 metros de drenajes, 20 saladeros, 10.000 metros de terraplén, 20 jagúeyes o bebederos, 3 puentes, 200 hectáreas de pasto angleton, 200 palmas en producción, 10.000 plántulas de palma de aceite, 20 hectáreas de rocería para siembra de maíz,

bebederos, 3 puentes, 200 hectáreas de pasto angleton, 200 palmas en producción, 10.000 plántulas de palma de aceite, 20 hectáreas de rocería para siembra de maíz, y 90 toneladas de fruto de palma de aceite, a consecuencia de la ola invernal de noviembre y diciembre de 2010». Esta «certificación» es un documento público, pues lo suscribió una funcionaria del municipio en ejercicio de sus funciones y se presume auténtico, porque no se tachó de falso (art. 252 CPC). Sin embargo, en cuanto a su contenido, la Sala advierte que la funcionaria que suscribió el documento no presenció los hechos, ni aportó10 Expediente n”. 59.560

Demandante: Luis Gonzalo Martínez Gómez Niega pretensiones documentos o soportes que dieran cuenta de los hechos que incluyó en su «certificación». No precisó cómo conoció la extensión del área afectada, ni con qué métodos determinó la cantidad de bienes perdidos. Además, el demandante no aportó otras pruebas documentales ni solicitó la práctica de otros medios de prueba que den cuenta de los soportes que la funcionaria habría tenido en cuenta para suscribir la «certificación ».

13. Los documentos se clasifican en representativos, cuando sin plasmar narraciones o declaraciones, contienen imágenes, como las fotografías, pinturas, dibujos, etc.; declarativos, cuando contienen un testimonio o una declaración de hombre y; dispositivos, cuando contienen una declaración constitutiva o de carácter negocial encaminada a producir un efecto jurídico. Esta clasificación importa para otorgar valor probatorio a un documento, pues la ley procesal civil tiene exigencias diferentes según se trate de documento proveniente de las partes o emanado de

negocial encaminada a producir un efecto jurídico. Esta clasificación importa para otorgar valor probatorio a un documento, pues la ley procesal civil tiene exigencias diferentes según se trate de documento proveniente de las partes o emanado de terceros. Según el artículo 252 CPC, un documento privado es auténtico —es decir, existe certeza sobre la persona que lo ha elaborado, manuscrito o firmadocuando (i) ha sido reconocido ante juez o notario, o si judicialmente se ordenó tenerlo por reconocido; (ii) fue inscrito en un registro público a petición de quien lo firmó; (iii) habiéndose aportado a un proceso y afirmado estar suscrito, o haber sido manuscrito por la parte contra quien se opone, esta no lo tachó de falso oportunamente; (iv) ha sido reconocido implícitamente de conformidad con el artículo 276, esto es, cuando la parte aporta al proceso un documento privado, en original o en copia. Al aportarlo, reconoce su autenticidad y no podrá impugnarlo, excepto cuando al presentarlo alegue su falsedad; o (v) se declaró auténtico en providencia judicial dictada en proceso anterior, con audiencia de la parte contra quien se opone en el nuevo proceso, o en la diligencia de reconocimiento de que trata el artículo 274 CPC. El contenido de los documentos debe apreciarse con las demás pruebas en conjunto, según las reglas de la sana crítica (art. 187 CPC). 13.1, Obra en el expediente un documento denominado «información ola invernal 2010» firmado por el demandante Luis Gonzalo Martínez Gómez (f. 45 c. 1). Según el documento, el demandante elaboró un informe generalizado sobre los daños que11 Expediente n. 59.560

2010» firmado por el demandante Luis Gonzalo Martínez Gómez (f. 45 c. 1). Según el documento, el demandante elaboró un informe generalizado sobre los daños que11 Expediente n. 59.560

Demandante: Luis Gonzalo Martínez Gómez Niega pretensiones sufrió por el desbordamiento del río Magdalena. Como este documento declarativo fue elaborado y aportado por la parte demandante, es auténtico al existir certeza sobre la persona que lo elaboró. La Sala advierte que el documento no determinó la fecha en que habrían ocurrido los daños allí mencionados, ni se acompañó con soportes que dieran cuenta de los hechos consignados en ese documento.

Tampoco cumple con los requisitos y formalidades de un dictamen pericial según los artículos 233, 237 y 241 CPC. Corresponde, más bien, al propio dicho de la parte demandante. 13.2. Conforme al artículo 277 CPC, los documentos privados emanados de terceros sólo se estimarán por el juez (i) cuando sean auténticos de conformidad con el artículo 252, si se trata de documentos de naturaleza dispositiva o simplemente representativa y (ii) cuando sean documentos de contenido declarativo, se apreciarán sin necesidad de ratificación, salvo que la parte contraria la solicite. Obra en el expediente una «certificación» suscrita por Yamil Rodríguez Zoraca, presidente de la junta de acción comunal de Santa Teresa (f. 46 c. 1). Según el documento, la finca «Santa Teresa» sufrió afectaciones por la ola invernal de 2010 y consigna los mismos daños descritos en los numerales 2 a 10 y 12 del informe elaborado por el demandante. Este documento privado es de contenido declarativo

documento, la finca «Santa Teresa» sufrió afectaciones por la ola invernal de 2010 y consigna los mismos daños descritos en los numerales 2 a 10 y 12 del informe elaborado por el demandante. Este documento privado es de contenido declarativo y fue emanado por un tercero. Su contenido no hace referencia a la fecha en que habrían ocurrido los daños, ni se acompañó de soporte alguno que diera cuenta de las cifras allí consignadas. Por el contrario, repite la información consignada en el informe que el demandante elaboró y que también carece de soportes [núm. 13.1]. Obran en el expediente documentos de transporte, comprobantes de pago y facturas de venta de Palmeras de Puerto Wilches S.A., Extractora Monterrey S.A., Copalcol Ltda. y Agrícola de Repuestos de 2009 y 2010. También unos reportes diarios de maquinaria de agosto y septiembre de 2009 (f. 56 a 75 c. 1). Estos documentos dan cuenta de compras y gastos realizados entre 2009 y 2010, por la actividad comercial del demandante. Su contenido, sin embargo, no acredita que una inundación causó daños a la finca del demandante, que la inundación y los daños ocurrieron en la temporada invernal de 2010, ni que el demandante pagó12 Expediente n”. 59.560

Demandante: Luis Gonzalo Martínez Gómez Niega pretensiones esos gastos por los daños que habría causado esa inundación.

14. Alexis José Ortiz Miranda (f. 426 c. 1), Artemio Nie