CE - 012331000201300078021SENTENCIA20231127121736

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., veinte (20) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 08001-23-31-000-2013-00078-02 (64.277) Demandante: Germán Emilio Orozco Sarabia y otros Demandado: Departamento del Atlántico y otros Medio de control: Reparación directa

Temas: RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR OMISIONES ADMINISTRATIVAS – Ausencia de imputación por cuanto se configuró una fuerza mayor.

Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

Se solicita la reparación de los daños causados como consecuencia de la ruptura del Canal del Dique (terraplén-carreteable) que ocasionó la inundación de los predios de propiedad de los demandantes.

I. SENTENCIA IMPUGNADA

Corresponde a la proferida el 5 de diciembre de 2018 por el Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda presentada el 11 de diciembre de 2012 1 por los señores Germán Emilio Orozco Sarabia, Víctor Manuel Leiva Guette, Valmiro Marenco Pacheco y otros2, contra la

Nación – Ministerio de Transporte, el Instituto Nacional de Vías –en adelante Invías– , la Corporación Autónoma Regional del Dique -en adelante Cardique -, la Corporación Autónoma Regional del Magdalena -en adelante Cormagdalena-, la Corporación Autónoma Regional del Atlántico -en adelante Coratlántico -, y el departamento del Atlántico, con el fin de que se les declare solidaria y patrimonialmente responsables por los perjuicios ocasionados por la inundación de predios de su propiedad y sobre los cuales ejercían actos de posesión, producto de la ruptura del Canal del Dique (terraplén-carreteable), a la altura del municipio de Santa Lucía (Atlántico). Estimaron la solicitud indemnizatoria i) por concepto de

1 Folio 85. Cuaderno 1. 2 Leónidas Antonio Cervantes Carreño, Eleucadio Guette Donado, Sebastián Páez Leyva, Manuel María Ospino Orozco, Remberto Sarmiento Fonseca, César Armando Ospino Valencia, Dominga Escorcia Martínez, Pedro Pablo Pertuz Camargo, Esther Elena Guette, Jaime Rodríguez Villa, Próspero Carrillo Ayos, José Enrique Rodríguez Ahumada, Olegario Sarabia Sarabia, Abel Mendoza Sarabia, Bernardo Julio Leiva Guette, Fabio Rafael Reales Martínez, Joaquín Lafaurie Cardona, Dairo José Peñaloza Lafaurie, José Joaquín Sanjuanelo Tejeda, Rafael Antonio Camargo Páez, José Manuel García Leiva, Miguel Ángel Fonseca Muñoz, Mario Rafael Miranda Salas, Arcenia Tejeda viuda de Sanjuanelo, Luis Alfredo Gómez Mosquera, Gloria Martínez

Tejeda, Rafael Antonio Camargo Páez, José Manuel García Leiva, Miguel Ángel Fonseca Muñoz, Mario Rafael Miranda Salas, Arcenia Tejeda viuda de Sanjuanelo, Luis Alfredo Gómez Mosquera, Gloria Martínez Sanjuanelo, Diógenes Barrios Sanjuanelo, Héctor Urbano Gómez Rago, Abel Antonio Muñoz Aparicio, Luciano Donado Gutierrez, Joaquín Pablo Sanjuanelo, Isabel Sarabia de Pulido, Joaquín Pablo Pacheco Peñaloza, Miguel Augusto Sanjuanelo Tejeda, Abelino Meriño Mendoza, Ramiro Rafael Reales Reales y Clímaco Manuel Villa Páez.Radicación: 08001-23-31-000-2013-00078-02 (64.277) Demandante: Germán Emilio Orozco Sarabia y otros Demandados: Ministerio de Transporte y otros Medio de control: Reparación directa

2 daño emergen te y lucro cesante consolidado 3 , la suma total de cuatro mil trescientos setenta y ocho millones treinta y dos mil seiscientos veinte pesos ($4.378.032.620); ii) por concepto de perjuicios morales, la suma de ciento ochenta y cuatro millones trescientos treinta y dos mil seiscientos veinte pesos ($184.332.620)4 para cada uno de los demandantes; y, iii) por concepto de daño al patrimonio, la suma de mil (1.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes para cada uno de los accionantes5.

Hechos

1. Como fundamento fáctico de la demanda, indicaron que entre el 30 de noviembre y el 7 de diciembre de 2010, el Canal del Dique (terraplén-carreteable) se rompió

Hechos

1. Como fundamento fáctico de la demanda, indicaron que entre el 30 de noviembre y el 7 de diciembre de 2010, el Canal del Dique (terraplén-carreteable) se rompió en uno de sus tramos, aproximadamente a 3.300 metros del puente del Calamar que conecta con el municipio de Santa Lucía, lo que generó la inundación de los municipios de Suan, Manatí, Candelaria, Campo de la Cruz y Santa Lucía, donde se encuentran ubicados los predios afectados de propiedad y posesión material de los actores, dentro de los que identificaron los denominados “El Celaje”, “La Manga”, “Rincón Viejo” y “El Capao”.

2. Señalaron que hubo una grave negligencia de las demandadas, puesto que aun cuando sabían que el nivel del río Magdalena había superado la cota de inundación y que las aguas estaban a punto de sobrepasar el terraplén que servía de contención al Canal del Dique 6 , no realizaron ningún plan de supervisión y monitoreo de dicha estructura, lo cual permitió que colapsara.

3. Indicaron que el s ur del Atlántico se ha visto devastado 2 veces por el mismo hecho en los últimos 50 años, lo que denotaba la falta de diligencia de las accionadas en tomar acciones que efectivamente impidieran la inundación de los municipios ribereños, entre las que mencionan, convertir el tramo carreteable en un muro de contención que no se vea colapsado por los fenómenos naturales, ni por la alta y constante sedimentación causada por el río Magdalena.

4. Igualmente, alegaron que, a la fecha de interposición de la demanda, había

muro de contención que no se vea colapsado por los fenómenos naturales, ni por la alta y constante sedimentación causada por el río Magdalena.

4. Igualmente, alegaron que, a la fecha de interposición de la demanda, había sectores aún inundados, evidenciándose el incumplimiento del Gobierno de su propuesta de implementar 20 motobombas de grueso cilindraje a fin de secar los terrenos afectados.

3 En el escrito de demanda los accionantes discriminan el referido monto de la siguiente manera: a) mil trescientos veinte millones de pesos ($1.320.000.000), correspondientes a los perjuicios que denominan “de orden material consolidado”, b) mil trescientos veinte millones de pesos ($1.320.000.000 ), correspondientes al lucro cesante “como es la renta frustrada correspondiente a la entrega de leche durante un año y LA TIERRA ociosa durante el término de dos (2) años” , y c) dos mil trecientos siete millones de pesos ($2.307.000.000), correspondientes al daño emergente “como lo es la renta frustrada correspondiente al valor del pastaje del ganado y a cosecha efectivamente perdida a causa de las inundaciones de los predios de los campesinos y labriegos aquí accionantes”. Folios 6 y 7 del Cuaderno 1. 4 A razón de 2.000 gramos oro, Folio 7 del Cuaderno 1. 5 Folio 17, Cuaderno 1. 6 Según la demanda, el conocimiento de las demandadas devino, entre otras, de las advertencias que sobre el particular le presentaron los medios de comunicación, algunos congresistas, entre los que mencionaron a José David Name Cardozo, Roberto Gerlein y Jorge Robledo, y varias organizaciones gremiales y civiles, como por

particular le presentaron los medios de comunicación, algunos congresistas, entre los que mencionaron a José David Name Cardozo, Roberto Gerlein y Jorge Robledo, y varias organizaciones gremiales y civiles, como por ejemplo, la Asociación Agropecuaria del Sur del Atlántico (Agrosur) y la Asociación de Ganaderos de Manatí (Asogoma). Folio 12, Cuaderno 1.Radicación: 08001-23-31-000-2013-00078-02 (64.277) Demandante: Germán Emilio Orozco Sarabia y otros Demandados: Ministerio de Transporte y otros Medio de control: Reparación directa

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5. Agregaron que estaba probada la falla del servicio, dada la omisión en adoptar las medidas necesarias y eficaces para evitar dichas inundaciones en toda la Región, tales como el mantenimiento y control de los terraplenes que operaban como muro de contención del Canal del Dique, las obras necesarias para resolver el problema de sedimentos del río Magdalena y la reducción del canal7.

La defensa

6. El Invías8 y el Ministerio de Transporte 9, en escritos separados, se opusieron a las pretensiones de la demanda y formularon las siguientes excepciones: i) la falta de legitimación de las entidades, al no ejercer jurisdicción ni competencia sobre el Canal del Dique (vía fluvial y el terraplén-carreteable), ni sobre la carretera afectada con su ruptura 10 , ii) la falta d e legitimación por activa, al considerar que los demandantes no acreditaron mediante las pruebas idóneas la calidad con la que actúan o la titularidad del interés en litigio, iii) fuerza mayor, pues el fenómeno de

demandantes no acreditaron mediante las pruebas idóneas la calidad con la que actúan o la titularidad del interés en litigio, iii) fuerza mayor, pues el fenómeno de La Niña presentado a finales del año 201 0 fue la causa efectiva, inusitada e irresistible de la inundación, y iv) caducidad11. La cartera ministerial, además, puso de presente que el desastre pudo tener como causa también el hecho de un tercero, por cuanto existían múltiples tuberías ilegales que habían afectado la estructura que causó la inundación.

7. El departamento del Atlántico 12 también se opuso a las pretensiones, para lo cual propuso como excepciones: i) la ausencia de responsabilidad a cargo del ente territorial por inexistencia de los elementos integrantes de la responsabilidad estatal y además, por la falta de configuración de una falla del servicio atribuible a la administración departamental, ii) la falta de legitimación en la causa por activa y pasiva, la primera, por cuanto, podía no es tar acreditado que los demandantes

7 Folios 1 a 13, Cuaderno 1. 8 Folios 768 a 781, Cuaderno 4. 9 Folios 837 a 855, Cuaderno 5. 10 Aclara el Invias que los accionantes yerran al considerar que como financió la repavimentación de la carretera paralela al Cana l del Dique, que del municipio de Santa Lucía conduce a la Carretera Oriental, tiene responsabilidad alguna en la ruptura del tramo que causó la inundación, desconociendo que, la vía en comento es de segunda categoría y está a cargo del Departamento del At lántico. Tan es así que, el Estado a través del

responsabilidad alguna en la ruptura del tramo que causó la inundación, desconociendo que, la vía en comento es de segunda categoría y está a cargo del Departamento del At lántico. Tan es así que, el Estado a través del Invias y en desarrollo del programa de gobierno denominado “Plan 2500”, suscribió con el referido departamento el Convenio Interadministrativo No. 186 de 2005, cuyo objeto fue “aunar esfuerzos para la financi ación y ejecución de proyectos del programa de infraestructura vial y desarrollo regional en el Departamento del Atlántico”, resaltando que en el tramo 4, que abarca la zona donde se originó el desborde aguas, no se realizaron obras, acorde con las Actas d e Recibo de Obras, de Entrega y Recibo Definitivo del Contrato de Obras y de Entrega y Recibo Definitivo de la Interventoría del referido Convenio. Por demás, hizo énfasis en que el objeto del referido acuerdo suscrito con el ente territorial, tenía como o bjeto que el Invias se comprometía a llevar a cabo los estudios, diseños, pavimentación y repavimentación de varios tramos viales, sin mencionarse, por ejemplo, la impermeabilización de diques o reparos del Canal del Dique para evitar la filtración de agua s. Sumado a que, en la cláusula primera del Contrato, se estipuló que el departamento del Atlántico continuaba quedando a cargo de las vías objeto de intervención que pertenecen al mismo, “de modo que la titularidad de esta infraestructura y la responsabil idad por su administración y el mantenimiento que hará de realizar sobre ellas siguen a cargo de la entidad territorial”. Folio 773, Cuaderno 4. Por su parte, el Ministerio de Transporte indicó que sus funciones y competencias están descritas en los

esta infraestructura y la responsabil idad por su administración y el mantenimiento que hará de realizar sobre ellas siguen a cargo de la entidad territorial”. Folio 773, Cuaderno 4. Por su parte, el Ministerio de Transporte indicó que sus funciones y competencias están descritas en los Decretos 2171 de 1992 y 2053 de 2003, normas en las que no se les asignaron obligaciones respecto de construcción, mantenimiento y señalización de obra pública alguna en el territorio nacional, y sus objetivos y funciones se circunscriben a la de formulación y adopción de las políticas, planes, programas, proyectos y regulación económica en materia de transporte, tránsito e infraestructura de los modos de transporte carretero, marítimo, fluvial, férreo y aéreo. Por ende, aseveró que no era la llamada a responder por los hechos y pretensiones de la demanda. Folio 852, Cuaderno 5. 11 En el escrito de respuesta las entidades accionadas no explicaron cómo debía contarse este término en el caso concreto. 12 Folios 870 a 904, Cuaderno 5.Radicación: 08001-23-31-000-2013-00078-02 (64.277) Demandante: Germán Emilio Orozco Sarabia y otros Demandados: Ministerio de Transporte y otros Medio de control: Reparación directa

4 tuvieran posesión material o título de propiedad de predios en la zona afectada, ni fueran herederos, usufructuarios, habitadores o usuarios de estos; la segunda, al estar acreditado que la inundación no era previsible, s e tomaron acciones desde antes de su ocurrencia para mitigar sus efectos y porque la parte actora no justificó

fueran herederos, usufructuarios, habitadores o usuarios de estos; la segunda, al estar acreditado que la inundación no era previsible, s e tomaron acciones desde antes de su ocurrencia para mitigar sus efectos y porque la parte actora no justificó ni probó debidamente la imputación, y iii) la fuerza mayor o el caso fortuito.

8. Cormagdalena13 se opuso a las pretensiones de la demanda y formuló las excepciones de inepta demanda, falta de legitimación en la causa por pasiva y por activa, fuerza mayor o caso fortuito, hecho de un tercero y caducidad. Como sustento de la primera, señaló que el escrito demandatorio carecía de la estimación razonada de la cuantía y del juramento estimatorio respectivo. Sobre la legitimación, alegó que no se identificó con precisión la ubicación de los predios de propiedad y posesión de los demandantes, ni se aportaro n pruebas idóneas de que efectivamente estos fueran dueños y poseedores de dichas tierras. A su vez, adujo que los accionantes endilgan una supuesta omisión in genere contra la entidad, sin especificarla de cara a los hechos alegados en la demanda. De otro lado, señalaron que los supuestos daños padecidos por los actores se originaron por un desastre natural imprevisible, pues así lo demostraba el Decreto 4580 del 7 de diciembre de 2010, que declaró el Estado de Emergencia Económica Social y Ecológica por grave calamidad pública, así como los reportes del IDEAM y los estudios meteorológicos14, en adición a que podía deberse al hecho de un tercero, ante la presencia de tuberías ilegales que pudieron afectar la estructura del Canal del Dique. Finalmente, alegó

en adición a que podía deberse al hecho de un tercero, ante la presencia de tuberías ilegales que pudieron afectar la estructura del Canal del Dique. Finalmente, alegó que la demanda estaba caducada si se computaba la caducidad desde el 30 de noviembre de 2010, cuando se presentó la ruptura del tramo carreteable.

9. Coratlántico pidió negar las pretensiones de la demanda y exonerar a la entidad de cualquier tipo de respons abilidad frente a los hechos que la sustentan. En concreto, indicó que el escrito de demanda acumuló indebidamente las pretensiones15, e igualmente, se opuso al juramento estimatorio de la cuantía, ante la falta de prueba del monto total solicitado por concepto de reparación. Al igual que las demás accionadas, presentó como excepciones la falta de legitimación de los accionantes y de la entidad, la inexistencia del daño ante la falta de probanza, “la inexistencia de atribución jurídica que pueda imputársele a la Corporación Autónoma Regional del Atlántico como responsable de la configuración del hecho generador del daño” al no ser la responsable del mantenimiento, control y vigilancia del Dique -Terraplén-Carreteable colapsado, inepta demanda por indebida

13 Folios 909 a 933, Cuaderno 5. 14 Folios 343 a 365, c.1. 15 Refirió que, según lo dispuesto en los artículos 152, numeral 6, 157 y 167 del CPACA, para que las pretensiones de los accionantes se puedan acumular en una misma cuerda procesal, era necesario, en primer lugar, que el Tribunal Administrativo del Atlántico fuera competente, entre otros factores, en razón de la cuantía,

pretensiones de los accionantes se puedan acumular en una misma cuerda procesal, era necesario, en primer lugar, que el Tribunal Administrativo del Atlántico fuera competente, entre otros factores, en razón de la cuantía, por lo que, será competente cuando la cuantía de lo solicitado por cada demandante supere los doscientos noventa y cuatro millones setecientos cincuenta mil pes os ($294.750.000), pero revisada la demanda advirtió que solo dos de los demandantes estimaron los perjuicios causados en una cifra mayor a esta, los demás no, luego, a su parecer, en el presente caso se configuraba la indebida acumulación de pretensiones, “en atención a que no todos los perjuicios razonadamente estimados en la demanda superan la cuantía legal mínima para que este Tribunal conozca del presente proceso, ya que, solo dos accionantes, logran sobrepasar el límite económico requerido para que su s pretensiones sean resueltas por esta agencia judicial, debiéndose desagregar los distintos petitum para que sean tramitados, de manera independiente, por los jueces unipersonales competentes”. Folios 1003 y 1004, Cuaderno 5.Radicación: 08001-23-31-000-2013-00078-02 (64.277) Demandante: Germán Emilio Orozco Sarabia y otros Demandados: Ministerio de Transporte y otros Medio de control: Reparación directa

5 estimación de los daños16, y la inexistencia de relación causal entre el daño alegado y la Coratlántico17.

10. Cardique se opuso a las pretensiones de la demanda y propuso como excepciones: i) la falta de jurisdicción de la entidad en los municipios en los que los

y la Coratlántico17.

10. Cardique se opuso a las pretensiones de la demanda y propuso como excepciones: i) la falta de jurisdicción de la entidad en los municipios en los que los demandantes mencionan que se causó el daño, pues según lo dispuesto en la Ley 99 de 1993, es responsable de las obras de protección y prevención de las aguas del Canal del Dique en tres ecorregiones dentro de las cuales no están los municipios donde se ubican los accionantes, ii) la falta de legitimación en la causa por pasiva, al considerar que es función de las CAR lo concerniente a la coordinación y supervisión del ordenamiento hidrológico y el manejo integral del río Magdalena, sumado a que no se p robó su intervención en la causación del daño, iii) en consecuencia, alegó la ausencia de un hecho u omisión de Cardique que llevara a declarar su responsabilidad en el presente asunto, y finalmente, iv) fuerza mayor18.

11. El Incoder19 también se opuso a las pretensiones de la demanda alegando su falta de legitimación en la causa, ante la falta de relación entre los hechos alegados en la demanda y las funciones de la entidad, acorde con lo dispuesto, entre otras, en la Ley 160 de 1994. A su vez, manifestó que la inundación tuvo como causa un fenómeno climático que no solo afectó el área donde se ubican los demandantes, sino otras zonas del país, lo que denotaba la imprevisibilidad del mismo y la ausencia de responsabilidad del Incoder en el presunto daño cuya i ndemnización se reclama. Por último, adujo que en el presente asunto operó la caducidad de la acción, pues se alegó como antecedente de la inacción del Estado una inundación

ausencia de responsabilidad del Incoder en el presunto daño cuya i ndemnización se reclama. Por último, adujo que en el presente asunto operó la caducidad de la acción, pues se alegó como antecedente de la inacción del Estado una inundación ocurrida en el año de 1984 y la demanda se presentó hasta el 1° de diciembre de 201020.

12. El municipio Campo de la Cruz pidió no acoger las pretensiones de la parte actora y únicamente formuló la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva21 toda vez que, la ruptura del Canal del Dique se dio en el municipio de Santa Lucía, es decir, fuera de su jurisdicción, en adición a que, no tiene competencia en la administración y manejo del tramo carreteable que se fracturó.

13. Los municipios de Santa Lucía, Manatí, Candelaria y Suan guardaron silencio.

16 Nuevamente alude a la falta de prueba de la tasación de los perjuicios presuntamente causados a cada uno de los demandantes, acorde con lo dispuesto en el artículo 206 de la Ley 1564 de 2012. Folios 1016 y 1017, Cuaderno 5. 17 No se estableció en la demanda un vínculo directo entre el incumplimiento de sus funciones y la configuración del hecho dañino. Folio 1017, Cuaderno 5. 18 Folios 1408 a 1422, Cuaderno 7. 19 Sobre el particular, se aclara que, en la primera parte de la audiencia inicial celebrada el 25 de julio de 2014, el Tribunal Administrativo del Atlántico ordenó integrar el litis consorcio necesario por pasiva notificando del

19 Sobre el particular, se aclara que, en la primera parte de la audiencia inicial celebrada el 25 de julio de 2014, el Tribunal Administrativo del Atlántico ordenó integrar el litis consorcio necesario por pasiva notificando del presente asunto a los municipios de Santa Lucía, Campo de la Cruz, Manatí, Candelaria y Suan, junto con el Incoder. Folio 1458, Cuaderno 8. 20 Folios 1492 a 1509, Cuaderno 8. 21 Folios 1560 a 1565, Cuaderno 8.Radicación: 08001-23-31-000-2013-00078-02 (64.277) Demandante: Germán Emilio Orozco Sarabia y otros Demandados: Ministerio de Transporte y otros Medio de control: Reparación directa

6 La decisión objeto de impugnación

14. Surtido el debate probatorio22, el Tribunal Administrativo del Atlántico negó las pretensiones de la demanda por considerar probada la excepción de fuerza mayor,

22 El Tribunal a quo decretó las siguientes pruebas: Documentales de la parte actora: 1) Poderes para interposición de la demanda y solicitud de amparo de pobreza, 2) Copia del Certificado de Tradición y Libertad de la matrícula inmobiliaria 045-1815 del 28 de enero de 2011, 3) Copia del Certificado de Tradición y Libertad de la matrícula inmobiliaria 045-100632 del 22 de julio de 2011, 4) Copia del Certificado de Tradición y Libertad

de la matrícula inmobiliaria 045 -18842 del 22 de julio de 2011, 5) Escritura Pública 0086601 4 del 25 de noviembre de 19830, proferida por el Notario Único de Campo de la Cruz, 6) Escritura Pública 00868742 del 27 de febrero de 1989, proferida por el Notario Único de Campo de la Cruz, 7) Escritura Pública 00866508 del 26 de noviembre de 1983, prof erida por el Notario Único de Campo de la Cruz, 8) Escritura Pública 125 del 7 de diciembre de 1977, proferida por el Notario Único de Campo de la Cruz, 9) Certificación individual de afectación del predio “El Capao” de propiedad del señor Diógenes Barrios , expedida el 16 de febrero de 2011, 10) Certificación de Coolechera en la que consta que el señor Diógenes de José Barrios Sanjuanelo durante el año 2010, tuvo ingresos mensuales de 4 millones trescientos mil pesos por concepto de su producción de leche suministrada a Coolechera, procedente de su finca “El Capao”, con fecha del 7 de febrero de 2011, 11) Certificación del ICA en la que consta que la finca “El Capao”, está ubicada en la vereda Pasabarro de Campo de la Cruz, es propiedad de Diógenes Barrios, y se encuentra registrada en la Oficina del Grupo de Control y Erradicación de Riesgo zoosanitario y cumple con los ciclos de vacunación de 170 semovientes contra la Fiebre Aftosa, 12) Certificación del Coordinador de la Comisión Social del CLOPAD del municipio de Campo de la Cruz,

Erradicación de Riesgo zoosanitario y cumple con los ciclos de vacunación de 170 semovientes contra la Fiebre Aftosa, 12) Certificación del Coordinador de la Comisión Social del CLOPAD del municipio de Campo de la Cruz, en la que consta que Diógenes Barrios es afectado con las inundaciones como consecuencia de la ruptura del carreteable que va paralela al canal del dique, con fecha del 9 de febrero de 2011, 13) Certificado de tradición y libertad de matrícula inmobiliaria No. 045 -9761 con fecha de 12 de junio de 2012, correspondiente al predio denominado El Salvador, 14) Resolución No. 486 del 23 de septiembre de 1982, mediante la cual el Incora adjudicó a Orleana Leyva el predio “El Salvador”, Parcela No. 34, 15) Copia del derecho de petición presentado por el Senador José David Name Cardozo, con fecha del 16 de septiembre de 2010 y radicado No. 2010 -321056937-2, ante el Ministro de Transporte, 16) Oficio del 6 de octubre de 2010 presentado por el Senador José David Name ante el Ministerio de Transporte, 17) Respuesta del Ministerio de Transporte del 23 de septiembre de 2010 al Senador Name Cardozo, 18) Auto del 11 de abril de 2012, proferido por el Juzgado Promiscuo Municipal de Campo de la Cruz , en el que se admitió prueba anticipada (Inspección Judicial con intervención de peritos), formulada por el señor German Orozco Sarabia y otros, fijándose fecha para realizarla el 26 de abril de 2012, en el boquete o ruptura del tramo ubicado aproximadame nte a 2 km del carreteable ubicado entre el

de peritos), formulada por el señor German Orozco Sarabia y otros, fijándose fecha para realizarla el 26 de abril de 2012, en el boquete o ruptura del tramo ubicado aproximadame nte a 2 km del carreteable ubicado entre el puente del Canal del Dique y el Municipio de Santa Lucia, con citación de la parte contraria: Ministerio de transporte, INVIAS, Gobernación del Atlántico, Cormagdalena, Cardique, CRA, 19) Prueba extrajuicio – Dictamen Pericial rendido por los peritos Kleber Marriaga y Gustavo Monterrosa ante el Juez Promiscuo y/o Unidad Judicial del Municipio de Campo de la Cruz, con fecha del 23 de octubre de 2012; Documentales del Ministerio de Transporte : 1) Fotocopia de la P ublicación de El Tiempo de 24 de julio de 2013, sobre la intervención directa de terceros dentro de las causas del desastre ocurrido en el sur del departamento del Atlántico en la fecha 30 de noviembre de 2010; Documentales del departamento del Atlántico: 1) Acta de Reactivación del Comité Regional de Atención y Prevención de Desastres de 25 de junio de 2008, 2) Actas No. 005 y 007 del 2008, 002 de 2009, 001 y 002 del 2010 del Comité Regional de Atención y Prevención de Desastres, 3) Actas No. 1, 2, y 3 de 2010 del Comité de Emergencia Climática, 4) Relación de Obras y Suministros, Prevención y Atención de Desastres 2008 -2010, 5) Obras de Control de inundación: Muros de

Protección Ribereño – Listado de Obras de Emergencia 2010, 6) Oficio del 20 de octubre d e 2010 dirigido al Gerente del Incoder, 7) Oficio del 12 de octubre de 2010 dirigido al Director Nacional del Invias y 8) Oficio del 12 de octubre de 2919 dirigido al Director Regional del Invias; Documentales de Cormagdalena: 1) CD que contiene video refe rencia sobre un hecho similar a la inundación, 2) Cd contentivo de video de las primeras imágenes de la ruptura del Canal del Dique, 3) DVD que contiene las siguientes carpetas: a) Batimetrías del Canal del Dique, b) Canal del Dique (contiene: diversas act uaciones administrativas, contratos y estudios relacionados con el Canal del Dique), c) Línea Base Ambienta y Propuesta de Zonificación Ambiental de la Cuenta del Canal del Dique, d) Plan de Restructuración Ambiental, y e) Planos Canal del Dique; Documentales de Coratlántico: Carpeta denominada “Actuaciones Administrativas que dan cuenta del cumplimiento de las funciones que le asigna la Ley a la Corporación Autónoma Regional del Atlántico como entidad ambiental dentro de la jurisdicción de su territorio”; Oficios de la parte demandante: 1) Al ICA de Sabanalarga, para que remitiera información sobre el número de ganado vacuno “acreditado por los afectados”, 2) A la Oficina de Prevención y Desastres del Departamento del Atlántico, a la Secretaría de Agroindustria del Departamento y a las UMATAS de los municipios de Campo de la Cruz, Suan Santa Lucía, Manatí y Candelaria, para que indicaran su los predios de los demandantes se encontraban inundados con ocasión de la ruptura del Canal del Dique, y si

de los municipios de Campo de la Cruz, Suan Santa Lucía, Manatí y Candelaria, para que indicaran su los predios de los demandantes se encontraban inundados con ocasión de la ruptura del Canal del Dique, y si tienen la condición de damnificados los accionantes, “señalando el área geográfica y sectores que todavía se encuentran inundados o en su defecto en qué fecha se encuentra habilitados u aptas para restablecer a su propietario o poseedor material,etc”, 3) A la Gobernación del Atlántico, a la Oficina de Colombia Humanitaria, a la Presidencia de la República y al Ministerio de Agricultura para que indicara en qué fecha se ocasionó la ruptura del tramo carreteable, cuándo se taponó el mismo y qué predios o parcelas se enc ontraban todavía inundados y/o cuáles han sido rehabilitados por el Estado, 4) Al IDEAM para que informara si los índices pluviosidad, lluviosidad y de incremento del inverno de los meses de septiembre a noviembre de 2010 fueron los más altos registrados e n los últimos 50 años, 5) Al Ministerio de Transporte e INVIAS, para que refirieran que acciones adelantaron con posterioridad a las inundaciones para reforzar el tramo carreteable, 6) Al Ministerio de Transporte, Cormagdalena, Cardique e Invias para que indiquen cuál fue la última fecha en la queRadicación: 08001-23-31-000-2013-00078-02 (64.277)