CE - 012333000201200200021SENTENCIA20231103191958

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SENTENCIA DE UNIFICACIÓN SUJ034 - CE-S2 -2023

Bogotá D. C., dos (2) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia : Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicado : 080012333000201200200-02 (2459-2014)

Demandante : Walberto Ayala Goenaga

Demandado : Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla y

Contraloría Distrital de Barranquilla.

Tema : Causación, exigibilidad y prescripción de la sanció n moratoria por pago tardío o no pago de cesantías definitivas.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

I. ASUNTO

1. La Sección Segunda del Consejo de Estado, al decidir los recursos de apelación interpuestos por el demandante y la Contraloría Distrital de Barranquilla, contra la sentencia del 21 de febrero de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, procede a unificar su jurisprudencia en relación con la prescripción de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías definitivas.

II. ANTECEDENTES

2.1. LA DEMANDA.

2. El señor Walberto Ayala Goenaga, a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, solicitó la nulidad del acto administrativo ficto

II. ANTECEDENTES

2.1. LA DEMANDA.

2. El señor Walberto Ayala Goenaga, a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, solicitó la nulidad del acto administrativo ficto negativo derivado del silencio del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla respecto de su petición del 11 de mayo de 2012 y del Oficio SG-012001-0439-12 del 30 de mayo de 2012, emitido por la Contraloría Distrital de Barranquilla, que negaron el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la cancelación tardía de las cesantías definitivas.

3. A título de restablecimiento del derecho, pidió el pago de la sanción moratoria equivalente a un día de salario por cada día de retardo en el pago de las cesantías definitivas, a partir del 7 de abril de 2004, fecha en la que se hizo exigible la obligación, hasta el día en que se realice el pago.Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación : 080012333000201200200 -02 (2459 -2014)

Demandante: Walberto Ayala Goenaga

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4. Igualmente, deprecó el pago de las sumas ajustadas en su valor, las costas del proceso y los intereses moratorios, con fundamento en los artículos 187, 188, 192 y 195 inciso 4.º del Código de Procedimiento Admi nistrativo y de lo

Contencioso Administrativo, en adelante CPACA.

proceso y los intereses moratorios, con fundamento en los artículos 187, 188, 192 y 195 inciso 4.º del Código de Procedimiento Admi nistrativo y de lo Contencioso Administrativo, en adelante CPACA.

2.2. FUNDAMENTOS FÁCTICOS.

5. El actor laboró en la Contraloría Distrital de Barranquilla del 8 de octubre al 7 de noviembre de 2003, como profesional universitario, código 340, grado 03, con un salario de $ 1’200.000.

6. La Contraloría Distrital de Barranquilla, mediante Resolución 987 del 22 de diciembre de 2003, le reconoció las cesantías definitivas en cuantía de $ 100.000, acto que fue notificado el 28 de enero de 2004, sin que se haya interpuesto recurso alguno.

7. El 11 de mayo de 2012 el accionante solicitó del Distrito de Barranquilla y la Contraloría de ese ente territorial, el pago de las cesantías definitivas reconocidas, junto con el valor de la sanción moratoria, prevista en el parágrafo del artículo 2.º de la Ley 244 de 1995, y obtuvo respuesta sólo de la última entidad, que denegó su solicitud, por medio del Oficio SG -012-001-0439-12 del 30 de mayo de 2012.

2.3. NORMAS VULNERADAS Y CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN.

8. El deman dante señaló como violados los artículos 13, 29, 53 y 209 de la Constitución Política, 1.° (parágrafo), 2.° (parágrafo), 3.° y 4.° de la Ley 244 de

8. El deman dante señaló como violados los artículos 13, 29, 53 y 209 de la Constitución Política, 1.° (parágrafo), 2.° (parágrafo), 3.° y 4.° de la Ley 244 de 1995, 138 del CPACA y 20 del Código General del Proceso, en adelante CGP, al considerar que las demandadas no efectuaron el pago de las cesantías definitivas dentro del término legal; además, los actos opugnados incurrieron en falsa motivación y desconocieron el principio de irrenunciabilidad de los derechos mínimos laborales, conforme al cual los servidores públicos tienen la prerrogativa de que se les pague oportunamente las prestaciones derivadas de su vinculación legal y reglamentaria.

2.4. LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

9. 2.4.1. El Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla se opuso a la pr osperidad de las pretensiones de la demanda, adujo que entre el demandante y dicho ente territorial no existió ningún vínculo laboral. Asimismo, argumentó que la sanción moratoria prescribió al superar el término previsto en el artículo 151 del Código Proc esal del Trabajo y de la Seguridad Social, en adelante CPTSS. Finalmente, alegó cobro de lo no debido.

10. 2.4.2. La Contraloría Distrital de Barranquilla manifestó que en agosto de 2009 pagó al actor la suma de $ 7’647.450 por concepto de prestaciones sociales, pero no aportó prueba de lo afirmado; expuso que la reclamación presentada por el demandante fue resuelta mediante el Oficio SG -012-001-0439-12 del 30 de

pero no aportó prueba de lo afirmado; expuso que la reclamación presentada por el demandante fue resuelta mediante el Oficio SG -012-001-0439-12 del 30 de mayo de 2012; que la sanción por mora se encuentra prescrita y no se hace exigible de manera automática, puesto que requiere la demostración de la mala fe del empleador.Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación : 080012333000201200200 -02 (2459 -2014)

Demandante: Walberto Ayala Goenaga

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11. Propuso las siguientes excepciones: (i) subrogación de la obligación, en razón a que corresponde asumir ese pasivo al Fondo de Cuenta de Liquidaciones del Concejo, Personería, Contraloría y al Fondo Cuenta de Liquidaciones del Sector Salud de Barranquilla ; y (ii) prescripción de la obligación, comoquiera que transcurrió un término superior a 9 años desde el reconocimiento de las cesantías definitivas y la presentación de la demanda.

12. 2.4.3. El demandante se pronunció sobre las excepciones para lo cual sostuvo que no se configuró la prescripción de la sanción, ya que el término se contabiliza a partir del día siguiente al pago de las cesantías definitivas, lo cual no ha ocurrido en el presente caso, por lo que, en su criterio, se sigue causando la sanción. Adujo que el Distrito de Barranquilla está llamado a responder por la

contabiliza a partir del día siguiente al pago de las cesantías definitivas, lo cual no ha ocurrido en el presente caso, por lo que, en su criterio, se sigue causando la sanción. Adujo que el Distrito de Barranquilla está llamado a responder por la obligación de la Contraloría, dado que obra prueba de la existencia de la deuda contenida en la Resolución 987 de 22 de diciembre de 2003.

2.5. LA AUDIENCIA INICIAL Y LA FIJACIÓN DEL LITIGIO.

13. El 16 de abril de 2013 se llevó a cabo la audiencia inicial, en la cual se declaró probada la excepción de prescripción parcial respecto de la “ porción de sanción moratoria” causada con anterioridad al 11 de mayo de 2009. Actuación que fue declarada nula por la Subsección A mediante providencia del 4 de julio de 2013, al considerar que la excepción de prescripción propuesta no tenía naturaleza de previa, sino de mérito, por lo que debía resolverse en la sentencia.

14. La audiencia inicial se reanudó el 3 de diciembre de 2013 y se fijó el litigio consistente en «[…] determinar si el actor tiene derecho o no al reconocimiento y pago de la sanción moratoria que establece el parágrafo 1 de la Ley 244 de 1995, derivada de la mora y retardo en el pago de las cesantías definitivas reconocidas mediante Resolución núm. 0987 del 22 de diciembre de 2003, emanada de la

Contraloría Distrital de Barranquilla».

2.6. LA SENTENCIA APELADA.

15. El Tribunal Administrativo del Atlántico, en sentencia del 21 de febrero de 2014,

Contraloría Distrital de Barranquilla».

2.6. LA SENTENCIA APELADA.

15. El Tribunal Administrativo del Atlántico, en sentencia del 21 de febrero de 2014, accedió parcialmente a las pretensiones; en consecuencia, declaró probada la excepción parcial de prescripción y la nulidad de los actos administrativos censurados.

16. A título de restablecimiento del derecho, condenó al Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla - Contraloría Distrital a pagar al accionante «[…] un día de salario por cada día de retardo en el pago de sus cesantías definitivas, desde el 11 de mayo de 2009 hasta la fecha en que se hubiera hecho o haga efectivo el pago de dicha obligación».

17. Para el efecto, la autoridad judicial expuso que, de acuerdo con el artículo 2 de la Ley 244 de 1995, la entidad demandada debió pagar las cesantías definitivas reconocidas en la Resolución 0987 del 22 de diciembre de 2003, a más tardar el 13 de abril de 2004, fecha en que vencieron los 45 días hábiles previstos en la ley; sin embargo, no se demostró en el proceso que se haya realizado el pago, por lo que, a partir del 14 de abril de 2004, se hizo exigible laNulidad y restablecimiento del derecho Radicación : 080012333000201200200 -02 (2459 -2014)

Demandante: Walberto Ayala Goenaga

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 601 ) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 4

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 601 ) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 4 sanción moratoria y la entidad debía sufragar un día de salario por cada día de retardo, hasta la fecha en que efectivamente se pague la prestación.

18. Respecto a la declaratoria de prescripción parcial de la sanción moratoria, indicó que, teniendo en cuenta que el derecho fu e exigible desde el 13 de abril de 2004 y el interesado reclamó el 11 de mayo de 2012, conforme al artículo 41 del Decreto 3135 de 1968, se configuró el citado fenómeno frente a las porciones anteriores al 11 de mayo de 2009.

19. Finalmente, negó la inde xación de la suma reconocida por concepto de sanción moratoria, con fundamento en la sentencia C-448 de 1996; y se abstuvo de condenar en costas.

2.7. RECURSOS DE APELACIÓN

20. 2.7.1. El demandante afirmó que el a quo no debió declarar parcialmente probada la excepción de prescripción ya que esta se cuenta desde la fecha cuando se realice el pago del auxilio de cesantías reconocido en la Resolución 0987 del 22 de diciembre de 2003. Agregó que, en virtud del numeral 13 del artículo 58 de la Ley 550 de 1999 , el término de prescripción se suspendió durante la ejecución de los procesos de reestructuración.

21. 2.7.2. La Contraloría Distrital de Barranquilla explicó que la obligación

durante la ejecución de los procesos de reestructuración.

21. 2.7.2. La Contraloría Distrital de Barranquilla explicó que la obligación pretendida se encuentra prescrita en su totalidad, en razón a que la reclamación se presentó después de vencido el término de 3 años previsto en el artículo 41 del Decreto 3135 de 1968. Igualmente, resaltó que en el mes de agosto de 2009 pagó las prestaciones sociales al accionante por un valor de $ 7’647.450, según comprobante de contabilidad 1910 del 5 de agosto de 2009. El 31 de marzo de 2014 la Contraloría Distrital pretendió adicionar argumentos de la apelación, actuación que se negó por extemporánea a través de auto del 3 de septiembre de 2014.

22. 2.7.3. El Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla adujo que la sanción moratoria se encuentra prescrita al tenor del artículo 151 del CPTSS; sin embargo, el Tribunal declaró desierto el recurso debido a que no asistió a la audiencia de conciliación prevista en el artículo 192 del CPACA.

2.8. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

23. El demandante reiteró los argumentos del recurso de apelación referidos al cómputo de la prescripción. La parte demandada y el Ministerio Público guardaron silencio.

III. CONSIDERACIONES

3.1. COMPETENCIA.

24. El Consejo de Estado es competente para resolver los recursos de apelación interpuestos por el demandante y la Contraloría Distrital de Barranquilla, conNulidad y restablecimiento del derecho

3.1. COMPETENCIA.

24. El Consejo de Estado es competente para resolver los recursos de apelación interpuestos por el demandante y la Contraloría Distrital de Barranquilla, conNulidad y restablecimiento del derecho Radicación : 080012333000201200200 -02 (2459 -2014)

Demandante: Walberto Ayala Goenaga

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 601 ) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 5 fundamento en el artículo 150 del CPACA, y para proferir sentencia de unificación jurisprudencial, de acuerdo con los artículos 270 y 271 de la misma codificación y 14, ordinal 2, del Reglamento del Consejo de Estado.

3.2. OBJETO Y NECESIDAD DE LA UNIFICACIÓN.

25. Esta Sección en auto del 7 de febrero de 2019 planteó la necesidad de unificar la jurisprudencia, en torno a la contabilización del término de prescripción de la sanción moratoria derivada del pago tardío o no pago de las cesantías definitivas, con el propósito de garantizar los principios de seguridad jurídi ca e igualdad en la resolución de las controversias análogas. Tal como se indica a continuación, existen al menos dos criterios de interpretación sobre la contabilización del término, cuando el reconocimiento y pago de las cesantías definitivas se reclaman después de transcurridos tres años desde el momento en el que se hizo exigible la penalidad.

26. La primera tesis, defiende la idea según la cual se produce la prescripción total de la sanción moratoria cuando el interesado ha reclamado el

reclaman después de transcurridos tres años desde el momento en el que se hizo exigible la penalidad.

26. La primera tesis, defiende la idea según la cual se produce la prescripción total de la sanción moratoria cuando el interesado ha reclamado el reconocimiento de la penalidad después de tres años, contados a partir de su exigibilidad, esto es, vencido el plazo de 45 días hábiles previsto en la ley para el pago de las cesantías, sin que éste se haya efectuado. La sustentación de esta tesis se centra en que la s anción no está supeditada al pago efectivo de las cesantías definitivas, razón por la cual deben reclamarse desde el momento en que la obligación se hace exigible. Este criterio se aplicó por la Subsección A, entre otras, en las sentencias de 19 de abril, 17 de mayo y 21 de junio de 2018, proferidas en los expedientes identificados con los radicados internos 2653-2015, 4961-2014, 0915-2014, respectivamente.

27. En el otro extremo de la discusión se encuentra una segunda tesis en virtud de la cual, se ha considerado que la prescripción es parcial cuando el interesado reclama el reconocimiento y pago de la sanción después de transcurridos tres años contados a partir de su exigibilidad, caso en el cual tendrá derecho a que se le reconozca la mora causada dentro de los tres años inmediatamente anteriores a la fecha en la que presente la respectiva petición ante la administración. El fundamento de esta tesis radica en que la prescripción debe aplicarse de forma independiente respecto de cada día de mora en el pago de las cesantías definitivas, sin que la ocurrencia de ese fenómeno se encuentre

ante la administración. El fundamento de esta tesis radica en que la prescripción debe aplicarse de forma independiente respecto de cada día de mora en el pago de las cesantías definitivas, sin que la ocurrencia de ese fenómeno se encuentre condicionada a la fecha de exigibilidad de la penalidad. Esta postura se adoptó por la Subsección B, entre otras, en las sentencias del 7 de septiembre de 2018, 4 de octubre de 2018 y 24 de enero de 2019, emitidas en los expedientes identificados con los radicados internos 4859 -2014, 1960 -2015 y 1379 -2015, respectivamente.

28. Es de anotar que la citada tesis no ha sido unánime al interior de esa Subsección, siendo objeto de salvamentos de voto, según los cuales la prescripción no es parcial sino total. Esta postura ha sido sostenida, entre otros, en el proceso radicado 08001-23-33-000-2013-00590-01.

29. Adicionalmente, en armonía con lo dispuesto en el auto del 7 de febrero de 2019, resulta relevante examinar si en los casos en los cuales las cesantíasNulidad y restablecimiento del derecho Radicación : 080012333000201200200 -02 (2459 -2014)

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Bogotá D.C. – Colombia 6 definitivas ya no son exigibles, se sigue causando la sanción moratoria por el pago tardío o no pago de esa prestación.

3.3. PLANTEAMIENTO DE LOS PROBLEMAS JURÍDICOS.

30. En tal sentido, corresponde a la Sala Plena de la Sección Segunda determinar

lo siguiente:

31. i) ¿Hasta qué momento es exigible la penalidad?

32. ii) ¿Desde cuándo se empieza a contabilizar la prescripción extintiva de la sanción moratoria por el pago tardío o no pago de las cesantías definitivas?

33. iii) ¿Una vez se ha hecho exigible la sanción moratoria y su reclamación se presenta después de haber transcurrido los tres años de la prescripción, dicho fenómeno extintivo afecta tan solo los valores causados y no reclamados hasta ese momento (prescripción parcial) o se extiende además a la totalidad de los que se reclamen con posterioridad a esa fecha (prescripción total)?

34. iv) ¿Cómo opera la interrupción de la prescripción de la sanción moratoria y cuáles son sus efectos?

35. v) ¿La negociación y ejecución del acuerdo de reestructuración de pasivos en aplicación de la Ley 550 de 1999 suspende el término de la prescripción?

36. Una vez respondidas las anteriores preguntas, la Sala procederá al examen del caso conc reto a fin de establecer si el demandante tiene o no derecho a percibir el pago de la sanción pretendida.

37. Para resolver los interrogantes planteados, la Sala estima necesario referirse a (i) la naturaleza, objeto y sistemas de liquidación de las cesantías; (ii)

percibir el pago de la sanción pretendida.

37. Para resolver los interrogantes planteados, la Sala estima necesario referirse a (i) la naturaleza, objeto y sistemas de liquidación de las cesantías; (ii) oportunidad para efectuar el pago de las cesantías definitivas; (iii) naturaleza y exigibilidad de la sanción moratoria por el pago tardío o el no pago de las cesantías definitivas; (iv) extinción del derecho a la sanción moratoria por el pago tardío o no pago de las cesantías definitivas; (v) aspectos generales alrededor de la prescripción extintiva de la sanción moratoria; (vi) contabilización de la prescripción de la sanción moratoria establecida para las cesantías definitivas;

(vii) el agotamiento de la reclamación administrativa como condición insoslayable para interrumpir la prescripción extintiva y acceder a la jurisdicción de lo contencioso administrativo; (viii) la suspensión de la prescripción en los casos de restructuración de pasi vos (Ley 550 de 1999); (ix) reglas jurisprudenciales; (x) efectos en el tiempo de las reglas de unificación. Una vez abordados estos temas, se procederá al análisis del caso concreto.

3.4. NATURALEZA, OBJETO Y SISTEMAS DE LIQUIDACIÓN DE LAS

CESANTÍAS

38. La institución de las cesantías fue introducida en el derecho laboral colombiano por la Ley 10 de 1934, como una prerrogativa para todos los trabajadores del sector privado que fueren despedidos por razones no atribuibles a la mala conducta o al incumplimiento de las obligaciones laborales a su cargo y tenía laNulidad y restablecimiento del derecho

sector privado que fueren despedidos por razones no atribuibles a la mala conducta o al incumplimiento de las obligaciones laborales a su cargo y tenía laNulidad y restablecimiento del derecho Radicación : 080012333000201200200 -02 (2459 -2014)

Demandante: Walberto Ayala Goenaga

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 601 ) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 7 connotación de un castigo al empleador, que sin justa causa decidiere prescindir de sus servicios. La Ley 6ª de 1945 y el Decreto 2767 de la misma anualidad hicieron extensiva esa prestación, con idéntica finalidad, a los empleados y obreros nacionales de carácter permanente y a los empleados y obreros al servicio de departamentos, intendencias, comisarías o municipios, respectivamente.

39. La Ley 65 de 1946 y el Decreto 1160 de 1947, por su parte, suprimieron ese carácter sancionatorio y a la vez indemnizatorio de las cesantías, permitiendo su pago independientemente de la razón que hubiere dado lugar al retiro de los asalariados de carácter permanente al servicio de la Nación, en cualquiera de las ramas del poder público . Bajo esa nueva concepción, las cesantías se convirtieron en prestación social, posteriormente incorporada en el Código Sustantivo del Trabajo, cuya finalidad consiste en garantizar el cubrimiento de las necesidades básicas del empleado y de su familia al quedar cesante.

40.La normativa laboral contempló igualmente la posibilidad de solicitar

Sustantivo del Trabajo, cuya finalidad consiste en garantizar el cubrimiento de las necesidades básicas del empleado y de su familia al quedar cesante.

40.La normativa laboral contempló igualmente la posibilidad de solicitar anticipadamente y en forma excepcional, la liquidación y pago de cesantías parciales, con el propósito de facilitar la adquisición, co nstrucción, ampliación y desgravación de la vivienda, así como la financiación de matrículas del empleado o trabajador, su cónyuge, compañera o compañero permanente y sus hijos, en entidades de educación superior reconocidas por el Estado.

41. Por su part e, en cuanto al desembolso de las cesantías , se observa que inicialmente se estableció un sistema de liquidación retroactivo, cuya nota distintiva radica en que el empleador debe liquidar y pagar la prestación con carácter definitivo a la terminación de la relación laboral, teniendo como parámetro el último salario realmente devengado o el promedio de lo percibido en el último año de servicios, en caso de que, durante los últimos tres meses de labores, el monto del ingreso hubiere sufrido modificaciones, sin lugar a intereses.

Lo anterior, con fundamento en lo establecido en los artículos 17 de la Ley 6ª de 1945, 1° del Decreto 2767 de 1945, 1° y 2° de la Ley 65 de 1946, 2° y 6° del Decreto 1160 de 1947 y 2° del Decreto 1252 de 2000.

42. Posteriormente, se instituyó el sistema de liquidación de cesantías anualizado, cuya característica principal es la obligatoriedad del empleador de liquidar esta prestación cada año, con corte a 31 de diciembre, y de consignar estos dineros

42. Posteriormente, se instituyó el sistema de liquidación de cesantías anualizado, cuya característica principal es la obligatoriedad del empleador de liquidar esta prestación cada año, con corte a 31 de diciembre, y de consignar estos dineros en el fondo administrador que el empleado elija, a más tardar el 14 de febrero del año siguiente a su causación. A partir de ese momento las sumas liquidadas y consignadas por concepto de cesantías se depositan, por regla general, en la cuenta individual que el empleado tenga en el respectivo fondo, con la precisión de que existen casos que tienen particularidades en cuanto al depósito y manejo de los recursos reconocidos por este concepto, como lo es el de los docentes, tal como se concluyó en la reciente sentencia de unificación SUJ-032-CE-S2-2023 del 11 de octubre de 2023. Este nuevo régimen previó el pago de unos intereses con la finalidad de proteger el auxilio de las cesantías contra la depreciación monetaria.

43. Este sistema de liquidación anualizado se aplicó, con carácter obligatorio, inicialmente a los empleados públicos y trabajadores oficiales de los ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos yNulidad y restablecimiento del derecho Radicación : 080012333000201200200 -02 (2459 -2014)

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w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 601 ) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 8 empresas industriales y comerciales del Estado, por disposición del Decreto 3118

Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 601 ) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 8 empresas industriales y comerciales del Estado, por disposición del Decreto 3118 de 1968, que creó el Fondo Nacional del Ahorro. Para el efecto, se determinó que la liquidación anual así practicada tendría carácter definitivo y no podría revisarse, aunque en años posteriores variara la remuneración del respectivo empleado o trabajador.

44. Luego, por disposición de la Ley 33 de 1985, en lo relacionado con la liquidación y pago de las cesantías se hizo extensivo el Decreto 3118 de 1968 a quienes se vincularan a la Rama Judicial, el Ministerio Público, la Contraloría General de la República, la Registraduría Nacional del Estado Civil y las Notarías, a partir del 1.° de enero de ese año.

45. Después, la Ley 91 de 1989, por la cual se creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, estableció el sistema de liqui dación anualizado para los docentes estatales que se vincularan desde el 1.° de enero de 1990 y los nacionales que ingresaron con antelación.

46. Las Leyes 50 de 1990 y 344 de 1996, ampliaron la aplicación de este régimen.

La primera a los trabajadores particulares y la segunda a los servidores públicos que se vincularon a partir del 27 de diciembre de 1996 a los órganos y entidades del Estado, con excepción de los uniformados de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional. Luego, la Ley 432 del 29 de e nero de 1998, permitió que los

del Estado, con excepción de los uniformados de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional. Luego, la Ley 432 del 29 de e nero de 1998, permitió que los servidores públicos de la rama ejecutiva del orden nacional y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios se afiliaran voluntariamente al Fondo Nacional del Ahorro y, en consecuencia, se acogieran al si stema de liquidación anual.

47. Por su parte, el Decreto 1582 de 1998, que reglamentó parcialmente los artículos 13 de la Ley 344 de 1996 y 5 de la Ley 432 de 1998, extendió el sistema de liquidación anualizado de las cesantías a los servidores públicos del nivel territorial y concedió la opción, previa solicitud, de que los servidores vinculados antes de la Ley 344 de 1996, a pesar de ser beneficiarios del régimen retroactivo, pudieran acogerse u optar por ese sistema anualizado de cesantías.

48. Finalmente, por disposición del Decreto 1252 de 2000, para efectos del pago de las cesantías, las Leyes 50 de 1990, 344 de 1996 y 432 de 1998 se hicieron extensivas a los empleados públicos, trabajadores oficiales y miembros de la Fuerza Pública que se vincularan al servicio del Estado a partir del 30 de junio de

2000.

49. No sobra añadir que, tanto en el régimen de cesantías retroactivo como en el anualizado, el legislador contempló la posibilidad de que el empleado o trabajador reclame el pago de sus cesantías definitivas al término de la relación laboral; sin embargo, de manera excepcional, el trabajador puede retirarlas anticipadamente,

anualizado, el legislador contempló la posibilidad de que el empleado o trabajador reclame el pago de sus cesantías definitivas al término de la relación laboral; sin embargo, de manera excepcional, el trabajador puede retirarlas anticipadamente, pero únicamente en los casos autorizados por la ley, a los que se hizo mención en párrafos precedentes.

3.4.1 Oportunidad para efectuar el pago de las cesantías definitivas

50. Tal como se dijo en párrafos anteriores, el pago oportuno de las cesantías definitivas tiene como finalidad proporcionarle al empleado o trabajador y a losNulidad y restablecimiento del derecho Radicación : 080012333000201200200 -02 (2459 -2014)

Demandante: Walberto Ayala Goenaga

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 601 ) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 9 integrantes de su núcleo familiar, un respaldo económico que les permita atender sus necesidades, mientras aquél permanece cesante como consecu encia de la terminación de la relación laboral.

51. El legislador, inspirado en el propósito de asegurar el pago oportuno de las cesantías definitivas en un plazo razonable, promulgó las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006 estableciendo el término perentori o de 15 días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud de la liquidación de las cesantías definitivas, para expedir la resolución correspondiente, y le impuso al empleador el deber de pagar la prestación en un plazo máximo de 45 días hábiles, a partir de la firmeza del

a la presentación de la solicitud de la liquidación de las cesantías definitivas, para expedir la resolución correspondiente, y le impuso al empleador el deber de pagar la prestación en un plazo máximo de 45 días hábiles, a partir de la firmeza del acto administrativo que ordena la liquidación de las cesantías del servidor público.

52. De la normativa puede inferirse que, en los casos en los que el empleador de forma oficiosa no reconoce y paga las cesantías definitivas, el empleado debe formular una solicitud en tal sentido, la cual resulta determinante para empezar a contabilizar el t érmino de los 45 días hábiles con los que cuenta el empleador para pagar las cesantías.

53. Esta Corporación se ha ocupado de analiza