CE - 012333000201200228011SENTENCIAREVOCA20230327135034

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, primero (1º) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Consejero ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ Radicación: 13001-23-33-000-2012-00228-01 (52.281)

Demandante: ANTONIO JOSÉ OJEDA TORREGROSA

Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL

Medio de control: REPARACIÓN DIRECTA

Asunto: APELACIÓN DE SENTENCIA - DEFECTUOSO

FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACI ÓN DE

JUSTICIA POR MORA JUDICIAL

Síntesis del caso: se ejerce el medio de control judicial de reparación directa por defectuoso funcionamiento de la administraci ón de justi cia por mora judici al que dio lugar a la prescripción de la acción penal en un proceso por los delitos de estafa agravada y falsedad por ocultamiento, los cuales ocurrieron a ra íz de un negocio de compraventa de u n bien inmueble; el demandante plantea la imposibilidad de ser reparado de los perjuicios solicitados en el proceso penal donde se constituyó como parte civil.

Decide la Sala los recursos de apelación interpuestos tanto por el demandante (fls. 637 a 638 cdno. apelación) como por la Nación – Rama Judicial (fls. 671 a 677 cdno. apelación) contra la sentencia proferida el 29 de noviembre de 2013 por el Tribunal Administrativo de Bolívar – Sala de Decisión 003 (fls. 619 a 635 cdno. apelación) que dispuso:

apelación) contra la sentencia proferida el 29 de noviembre de 2013 por el Tribunal Administrativo de Bolívar – Sala de Decisión 003 (fls. 619 a 635 cdno. apelación) que dispuso:

“PRIMERO: DECLARAR patrimonialmente responsable a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL por los daños antij urídicos sufridos por ANT ONIO OJEDA TORREGROSA, con o casión del defectuoso fun cionamiento de la administración de jus ticia, por haber operado la prescripci ón de las acciones penal y civil, conforme se expuso en la parte motiva.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, CONDENAR a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL a pagar al señor ANTONIO OJEDA TORREGROSA la suma de TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($394.650.000), que resulta de la cuantificación realizada en la parte considerativa de este fallo.

TERCERA: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

CUARTO: C ondenar a la parte demandada al pago de las costas procesales, de conformi dad con lo expuesto en la parte motiva de laExpediente 13001-23-33-000-2012-00228-01 (52.281) Actor: Antonio José Ojeda Torregrosa Reparación directa Apelación sentencia

2 presente providencia , para cuya liquidaci ón se deb erá obs ervar lo dispuesto en los art ículos 392 y 393 del Código de Procedimiento Civil, y se i ncluirán las agencias en derecho fijadas en la sum a de tres millones

2 presente providencia , para cuya liquidaci ón se deb erá obs ervar lo dispuesto en los art ículos 392 y 393 del Código de Procedimiento Civil, y se i ncluirán las agencias en derecho fijadas en la sum a de tres millones novecientos cuarenta y seis mil quinientos pe sos ($3.946.500 ), seg ún l o expresado en la parte motiva de esta providencia (…)” (fls. 634 vlto. y 635 cdno. apelación – negrillas y mayúsculas fijas del texto original).

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

Mediante escrito presentado el 19 de diciembre de 2012 (fl. 27 cdno. ppal.), el señor Antonio Jos é Oj eda Torr egrosa formuló el medio de control de reparaci ón direc ta consagrado en el artículo 140 del CPACA con las siguientes súplicas:

“PRIMERO: Que se declare que la NACIÓN COLOMBIANA – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – RAMA JUDICIAL, es responsable de los perj uicios materiales y morales ocasionados por el Juzgado Tercero Penal d el Circuito de Cartagena y Sala Pen al de Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cartagena, al demandante ANTONIO OJEDA TORREGROSA, por el hecho de administrar justi cia incurri endo en defectuoso funcionamiento de la administraci ón de justicia, al adelantar un proceso penal y permitir que op erara la prescripci ón de la acción penal y civil, situaci ón jur ídico-procesal que priv ó al demandante del derecho de obtener el pago de los p erjuicios morales y materiales que fueron reconocidos en el proceso penal a su favor.

civil, situaci ón jur ídico-procesal que priv ó al demandante del derecho de obtener el pago de los p erjuicios morales y materiales que fueron reconocidos en el proceso penal a su favor.

SEGUNDO: Que como consecuencia se condene a la demandada, NACIÓN COLOMBIANA – CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA – RAMA JUDICIAL, a reconocer ya pagar a los demandant es el va lor de

los perjuicios causados, así:

1). PERJUICIOS MATERIALES Y MORALES: LOS VALORES DEJADOS

DE PERCIBIR EN EL PROCESO PENAL PO R OPERAR LA

PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL Y CIVIL, ASÍ:

A) La suma d e DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS CI NCUENTA MIL PESOS ($ 276.750.000), por concepto de perjuicios materiales reconocidos mediante sentencia de primera y segunda instancia a favor del demandante , en el curso del proceso penal adelantado por el señor ANTONIO OJEDA TORREG ROSA, en contra de

MARGARITA YIDIOS DE BUENDIA, JAIRO YIDIOS MERLANO Y OTROS.

B) La suma de DOSCIENTOS SAL ARIOS M ÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES, reconocidas en el proceso penal ante com entado, por concepto de perjuicios morales.

2.) PERJUICIOS CAUSADOS P OR EL DEFECTUOSO

FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, ASÍ:

A) PERJUICIOS MORALES: El equivalente en pesos Colombianos a Cien

2.) PERJUICIOS CAUSADOS P OR EL DEFECTUOSO

FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, ASÍ:

A) PERJUICIOS MORALES: El equivalente en pesos Colombianos a Cien Salarios M ínimos Legales Mensu ales Vi gentes para el demandanteExpediente 13001-23-33-000-2012-00228-01 (52.281) Actor: Antonio José Ojeda Torregrosa Reparación directa Apelación sentencia

3 ANTONIO OJEDA TORREGLOSA, según lo expuesto en los hech os de la demanda.

B) PERJUCIOS A LA V IDA DE RELACIONES (sic): El equivale nte en pesos Colombianos a Cien Salarios M ínimos Legales Mensuales Vigentes para el demandante ANTONIO OJEDA TORREGROSA, según lo expuesto en los hechos de la d emanda ( …)” (fls. 2 y 3 cdno. ppal . – mayúsculas sostenidas y negrillas del texto original).

2. Hechos

Como fundamento fáctico de la demanda se narró, en síntesis, lo siguiente:

1. En el año 1997 , el señor Antonio José Ojeda Torregrosa celebró con la sociedad Yidios Hermanos Ltda un contrato de promesa de compraventa sobre el apartamento 701 ubicado en el edificio “Valenty” en el barrio Manga de la ciudad de Cartagena

(Bolívar), razón por la cual desembols ó en favor de esa persona jur ídica la suma de $150.000.000, no obstante, la mencionada sociedad se vio envuelta e n una crisis financiera y el in mueble prometid o en venta fue entregado a la Corporaci ón

$150.000.000, no obstante, la mencionada sociedad se vio envuelta e n una crisis financiera y el in mueble prometid o en venta fue entregado a la Corporaci ón Financiera Ahorra más con la finalidad de cubrir sus obligaciones bancarias, de manera que in cumplió con la promesa de compraventa celeb rada con e l aqu í demandante.

1. El señor Antonio José Ojeda Torregrosa requirió a la constructora el cumplimiento del contrato de promesa de compraventa, circunstancia por la cual la sociedad Yidios Hermanos Ltda le ofreció hacerle entrega de otro apartamento, el pent-house 1301 ubicado en el mismo edificio de pro piedad de la señora María Isabel Yidios de Plata, de manera que pactaron un nuevo contrato de promesa de compraventa y firmaron la correspondiente escritura pública de compraventa en la Notar ía Segunda del Círculo de Cartagena, no obstante, el comprador ignoraba que este último inmueb le se hallaba embargado por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Cartagena.

1. El señor Antonio José Ojeda Tor regrosa reclamó la situaci ón antes anotada a la sociedad co nstructora, pero, el representan te legal de Yidios Hermanos Ltda , el señor Jairo Yidios, acudi ó a la mencionada notar ía y le solicitó a la funcionaria que realizó la minuta de compraventa que le entregara la escritura so pretexto de tomarle una copi a per o el docume nto nunca fue de vuelto; posteriormente, la sociedad constructora vendió mediante escritura p ública el referido apartamento 1301 a unaExpediente 13001-23-33-000-2012-00228-01 (52.281)

una copi a per o el docume nto nunca fue de vuelto; posteriormente, la sociedad constructora vendió mediante escritura p ública el referido apartamento 1301 a unaExpediente 13001-23-33-000-2012-00228-01 (52.281) Actor: Antonio José Ojeda Torregrosa Reparación directa Apelación sentencia

4 joyería de la ciudad de Cartagena, motivo por el cual la v íctima presentó l a correspondiente denuncia penal por el delito de estafa.

1. El asunto penal fue con ocido por la Fiscal ía General de la Naci ón quien, el 21 de enero de 2004, profirió resolución de acusación en contra de Mar ía Isabel Yid ios de Plata, Margarita Yidios Buendía y J airo Yidios Merlano por el deli to de esta fa en concurso con el de falsedad por ocultaci ón, la decisión fue confirmada en segunda instancia el 25 de mayo de 2005.

1. En la etapa de juzgamiento, el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Cartagena dictó sentencia condenatoria en contra de los procesados el 31 de ma rzo de 2008 y los condenó al pago de perjuicios ma teriales en favor de Antonio Jos é Ojeda Torregrosa en cuantía de $276.750.000, el fallo fue apelado y posteriormente confirmado el 25 de marzo de 2011 por parte de la Sala Penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Carta gena, prov idencia esta última res pecto de la cual la defensa solicitó aclaración que fue negada el 27 de mayo de 2011, en consecuencia las personas penalmente condenadas presentar on recurso extraor dinario de

de Distrito Judicial de Carta gena, prov idencia esta última res pecto de la cual la defensa solicitó aclaración que fue negada el 27 de mayo de 2011, en consecuencia las personas penalmente condenadas presentar on recurso extraor dinario de casación pero este no fue concedido porque en decisión del 8 de agosto de 2011 la Sala Penal del Tribunal S uperior de Distrito Judicial de Cartagena decret ó la prescripción de la acción penal.

1. La demandada incurrió en un de fectuoso funcionamiento de la administración de justicia que impidi ó la rep aración patrimonial de l demandante , debido a que en la etapa de juzgamiento se produjo , en m últiples ocasiones, el aplazamiento de la audiencia preparatoria como estrategia de la de fensa para buscar la pre scripción de la acción penal, frente a lo cual el j uez no ejerció medidas de corrección efectivas, además, la segunda instancia del proceso penal tuvo un retardo de 3 años para resolver la apelación.

3. Contestación de la demanda

La Nación – Rama Judicial contestó la demanda el 22 de mayo de 2013 (fls. 538 a 548 cdno. ppal.) con oposición a las pretensiones con sustento en los argumentos que se sintetizan a continuación:Expediente 13001-23-33-000-2012-00228-01 (52.281) Actor: Antonio José Ojeda Torregrosa Reparación directa Apelación sentencia

5 1) No se conc ulcaron las garant ías del debido proceso y d e acceso a la administración de justicia de la parte d emandante con ocasión de la prescripción de la acci ón penal en el trámite en el cual Antonio Jos é Ojeda Torregrosa pretendía

1. No se conc ulcaron las garant ías del debido proceso y d e acceso a la administración de justicia de la parte d emandante con ocasión de la prescripción de la acci ón penal en el trámite en el cual Antonio Jos é Ojeda Torregrosa pretendía indemnización como parte civil, no hubo una dilaci ón injustificada por parte de la autoridad judicial.

1. De otra parte, si bien la congestión de los despachos judiciales es una situaci ón indeseada que afecta la resoluci ón de mu chos procesos , esta no obedece a la negligencia de los servidores judiciales sino a factores de carácter estructural.

4. La sentencia impugnada

El 29 de noviembre de 2013 el Tribunal Administrativo de Bolívar – Sala de Decisión 003 accedió parcialment e a las p retensiones de la demanda (fls. 619 a 635 cdno. apelación) por las siguientes razones:

1. Hubo una dilaci ón injustificada en la et apa de juzgamiento del pro ceso penal adelantado por el punible de estafa agravada, la primera instancia trascurrió entre el 15 de junio de 2005 y el 31 de marzo de 2008 , fecha está última en la cual se dict ó sentencia condenatoria por parte del Juzgado Ter cero Penal del Circuito de Cartagena, la tardanza en la evacuación del asunto ocurrió principalmente en la fase de audiencia pública que se suspendió 5 veces por solicitud del abogado defensor , 1 vez por inasistencia del denunciante, 3 ocasiones por inasis tencia del fis cal, 2 eventos por inasistencia del aboga do d efensor, 2 oportunidades ausencia de los

de audiencia pública que se suspendió 5 veces por solicitud del abogado defensor , 1 vez por inasistencia del denunciante, 3 ocasiones por inasis tencia del fis cal, 2 eventos por inasistencia del aboga do d efensor, 2 oportunidades ausencia de los testigos, 1 vez por permiso del juez, y 2 ocasiones para la ampliación de un dictamen pericial.

1. La referida tardanza no puede atribuirse a la parte civil , hoy demandante, porque siempre le puso de presente al juez el riesgo de la prescripción de la acción penal, no obstante, la audiencia pública se suspendía seguidamente y se prolon gó la et apa probatoria por más de dos años.

1. A pesar de que el señor Antonio José Ojeda T orregrosa también apeló l a sentencia penal condenatoria de primera instancia con el fin de que le incrementaran los perjuicios reconocidos, el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Carta gena tardó 2 años, 10 mese s y 9 días para emitir fal lo de segunda instancia, morosidad que perjudic ó la causa del dem andante pues, pese a que confirmó la decisi ónExpediente 13001-23-33-000-2012-00228-01 (52.281) Actor: Antonio José Ojeda Torregrosa Reparación directa Apelación sentencia

6 impugnada, con posterioridad a ello decidi ó declarar la prescripción de la ac ción penal al advertir que hab ían trascurrido m ás de 5 años desde la resolución de acusación, hecho que implicó que el actor quedara desprovisto de otro medio judicial para lograr el pago de la indemnización reclamada, ya que el art ículo 98 de la Ley

penal al advertir que hab ían trascurrido m ás de 5 años desde la resolución de acusación, hecho que implicó que el actor quedara desprovisto de otro medio judicial para lograr el pago de la indemnización reclamada, ya que el art ículo 98 de la Ley 599 de 2000 precept úa que en estos eventos la prescripción de la acción p enal implica también la prescripción de la acción civil.

1. Acerca de los perjuicios tom ó las s iguientes determinaciones: (i) accedió a lo solicitado por concepto de lucro cesante, consistente en las sumas que el actor dej ó de percibi r de bido a la prescripción de la acci ón penal ant e la imposib ilidad de reclamar los perjuicios r econocidos en su favor en la sentencias penales condenatorias, consistentes en 200 smlmv por concepto de perjuicio moral y $276.750.000 por indemnizaci ón de perjuicios materiales y, (ii) negó los p erjuicios morales y de daño a la vida de relaci ón solicitados en el p roceso de reparaci ón directa, por cuanto no los encontró demostrados.

5. Los recursos de apelación

5.1 Antonio José Ojeda Torregrosa

El 15 de enero de 2014 , la parte demandante interpuso recurso de alzada (fls. 637 y 638 cdno. apelac ión) frente a la decisión del trib unal de primera instancia de no acceder al reconocimien to de perj uicios morales y d e vida de relaci ón, los cuales considera demostrados con la declaración de psicólogo José Álvarez Espinosa quien trató al señor Antonio José Ojeda Torregrosa y expuso las razones de por qué dicha

considera demostrados con la declaración de psicólogo José Álvarez Espinosa quien trató al señor Antonio José Ojeda Torregrosa y expuso las razones de por qué dicha persona acudi ó a sus servicios, es to es, a raíz del estrés sufrido a partir de los problemas jurídicos que debió atender, situación que le había provocado un trastorno depresivo moderado, cambios en el comportamiento y pérdida de peso corporal.

5.2 Nación – Rama Judicial

Presentó recurso de apelaci ón el 29 de mayo de 2014 (fls. 671 a 677 cdno. apelación) en el c ual solicitó la re vocatoria de la sent encia de primera instancia con fundamento en lo expresado en la c ontestación de la demanda, a lo cual agreg ó lo siguiente:Expediente 13001-23-33-000-2012-00228-01 (52.281) Actor: Antonio José Ojeda Torregrosa Reparación directa Apelación sentencia

7 1) Si bien el demandante se constituy ó como parte civil en el proceso penal cuya acción se declar ó prescrita , este no se encontraba en imposibilidad de acudir a la jurisdicción civil ordinaria ya que la actuación respectiva no concluyó con providencia que indicara que los sindicados no cometieron la conducta punible, obra ran en cumplimiento de un deber legal o en legítima defensa.

1. La p rescripción de la acci ón penal no imped ía que el señor Anto nio José Ojeda Torregrosa acudiera a nte la jurisdicci ón civil, por cuanto el t érmino de prescripci ón para interponer la correspondiente demanda ordinaria de r esponsabilidad civil

Torregrosa acudiera a nte la jurisdicci ón civil, por cuanto el t érmino de prescripci ón para interponer la correspondiente demanda ordinaria de r esponsabilidad civil extracontractual, según el texto original del art ículo 2536 del C ódigo Civil, es de 20 años contados a partir de la fecha de la o currencia de los hechos generadores del perjuicio cuya indemnización se reclama1.

6. Actuación surtida en segunda instancia

El 10 de octubre de 2014 se admitió el recurso de apelación (fl. 701 cdno. apelación) y el 28 de noviembre de 2014 (fl. 705 cdno. apelación) se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión por el término com ún de diez (10) días y, por el mi smo lapso, al Ministerio Público para que emitiera concepto.

La parte de mandante consideró que el daño reclamado está debidamente probado, al igual que los correspondien tes perjuicios, e n especial los padecimientos morales producto de la an gustia sufrida por el señ or Antonio Jos é Ojeda Torregrosa por el hecho de verse frustrada su expectativa de resarcimiento económico por la comisión del injusto penal, con sustento de la declaración del señor José Álvarez Espinosa (fls. 380 a 399 cdno. apelación).

La Nación – Rama Judicial y el Ministerio Público guardaron silencio.

1 Es pertinente aclarar que, de manera posterior al fallo de primera instan cia, solo se allegó escrito de apelación por parte del demandante (fl. 639 cdno. apelación), por lo que el Tribunal Administrativo de

1 Es pertinente aclarar que, de manera posterior al fallo de primera instan cia, solo se allegó escrito de apelación por parte del demandante (fl. 639 cdno. apelación), por lo que el Tribunal Administrativo de Bolívar fij ó fecha para la celebración de audiencia d e conciliaci ón el 18 de febrero de 2014 (fl. 641 cdno. apelación), no obstante, el 21 de febrero de 2014 la Naci ón – Rama Judicial formuló incidente de nulidad, por cuanto no le había sido notificada en debid a forma la sentencia de primera instancia (fls. 644 a 648 cdno. apelaci ón). De este modo , mediante auto del 14 de mayo de 2014 el Tribunal Administrativo de Bol ívar encontró que, en efecto, no se había producido en debida forma la notificación del fallo de primera instancia a la parte demandad a, razón por la cual declaró la nulidad parcial de la notificación de la sentencia del 29 de noviembre de 2013 y ordenó que dicha actuación se surtiera nue vamente (fl. 664 a 668 cdno. ap elación), situación que permiti ó que la Naci ón – Rama Judicial pudiera presentar en tiempo el correspondiente recurso de apelaci ón el 29 de mayo de 2014 (fls. 671 a 677 cdno. apelación).Expediente 13001-23-33-000-2012-00228-01 (52.281) Actor: Antonio José Ojeda Torregrosa Reparación directa Apelación sentencia

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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del pro ceso, sin que exista causal alguna de nulidad

Reparación directa Apelación sentencia

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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del pro ceso, sin que exista causal alguna de nulidad que invalide l o actua do, procede la Sa la a resol ver el present e asunt o sometido a consideración con el sigu iente derrotero: 1) síntesis de la controversia y anuncio de la decisión, 2) análisis de la impugnación, 3) conclusión y, 4) condena en costas.

1. Síntesis de la controversia y anuncio de la decisión

Presentada la demanda de manera oportuna2, el objeto de la controversia consiste en determinar si se reúnen lo s elementos para declarar extracontractual y patrimonialmente responsable a la Nación – Rama Judicial del supuesto daño ocasionado por causa de un defectuoso funcion amiento de l a admi nistración de justicia en el que habría incurrido de cara a la prescripción de la a cción penal en favor de los señores Margarita Yidios de Buend ía, Jairo Yidios Merlano y Mar ía Isabel Yidios de Plata por los delitos de falsedad por ocultaci ón y estaf a agravada, con ocasión de hechos que tuvieron lugar el 11 de junio de 1999.

El tribunal de primera instancia accedió parcialmente a las pretensiones de l a demanda, por estimar que en el proceso penal en el cual el demandante se constituyó como parte ci vil se inc urrió una serie de dilaciones injustificadas que desembocaron en la de claración de prescripción de la acci ón penal y civil respecto

demanda, por estimar que en el proceso penal en el cual el demandante se constituyó como parte ci vil se inc urrió una serie de dilaciones injustificadas que desembocaron en la de claración de prescripción de la acci ón penal y civil respecto de los supuestos autores de los ilícitos investigados; la Nación – Rama Judicial en el recurso de apelaci ón expresó que no se c onfiguran lo s elementos para te ner por probado el daño de pérdida de op ortunidad, debido a que el aqu í demandante a ún tenía la posibilidad de acudir a la jurisdicción civil para perseguir la in demnización de perjuicios y, la parte demandante , solicitó el reconocimiento de perjuicios morales y

2 El daño alegado por los demandantes se hizo evidente a partir de la decisión proferida el 8 de agosto de 2011 por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cartagena – Sala Penal que decla ró la prescripción de la s acciones pena l y civil iniciadas contra Margarita Yidios de Buendía, Jairo Yidios Merlano y María Isabel Yidios de Plata por las conductas punibles de falsedad por ocultación y estafa agravada (fls. 1342 a 1346 cdno. 4), providencia que adquirió firmeza tres días después, es decir, el 11 de agosto de 2011 por disp osición del artículo 187 de la Ley 600 del 200 0, por cuanto no se advierte que contra dicho au to se hubiera interpuesto recurs os, de manera que el cómputo de la caducidad de dos a ños previsto en el artículo 164, numeral 2, literal i) del CPACA, expiraba el 12 de

advierte que contra dicho au to se hubiera interpuesto recurs os, de manera que el cómputo de la caducidad de dos a ños previsto en el artículo 164, numeral 2, literal i) del CPACA, expiraba el 12 de agosto de 2013 y c omo la demanda da se p resentó el 19 de diciembre de 2012 (fl. 12 cdno. ppal.) lo fue en tie mpo; esto s in contar con que la parte ac tora presentó solicitud de conciliación perjudicial el 25 de junio de 2012 (fl. 29 cdno. ppal.) y el correspondiente término se suspendió desde ese día hasta el 9 de agosto de 2012 cuando la Procur aduría 21 Judicial II Para Asuntos Administrativos expidió la correspondiente certificación (fl. 109 cdno. ppal.).Expediente 13001-23-33-000-2012-00228-01 (52.281) Actor: Antonio José Ojeda Torregrosa Reparación directa Apelación sentencia

9 daño a la vida de relaci ón que fue ron negados por el Tribunal Administrativo de Bolívar.

El fallo apelado será revocado, para en su lugar negar las pretensiones de la demanda debido a que en el presente caso no se demostró el daño alegado por el demandante, entendido como la pérdida de oportunidad consistente en obtener una reparación de los perjuicios rec lamados en el curso de l proceso penal , dado que no se re úne el requisit o relativo a que se trate de una oportunidad que se hubiere perdido de manera definitiva.

2. Análisis de la impugnación

2.1 El daño

1. Según se anuncia en la demanda, la Nación – Rama Judicial incurrió en un retardo

perdido de manera definitiva.

2. Análisis de la impugnación

2.1 El daño

1. Según se anuncia en la demanda, la Nación – Rama Judicial incurrió en un retardo injustificado que llevó a la prescripción de la acción penal seguida contra los señores Margarita Yidios de Buend ía, Jairo Yidios Mer lano y Mar ía Isabel Yidios de Plata , circunstancia que provocó un daño al actor quien en ese proceso se constituyó como parte civil.

1. En ese sentido , entiende la Sala que el asu nto debe enfocarse en el t ítulo de imputación referente al defectuoso fu ncionamiento de la ad ministración de justicia como hip ótesis en marcada en el art ículo 69 de la L ey 270 de 1996, debido a actuaciones u omisiones presuntamente cometidas por las a utoridades que llevaron consigo a una mora judicial y a la imposibilidad para el aquí demandante de obtener la reparación de los perjuicios que le fueron presuntamente causados por la comisión de los delitos de falsedad por ocultación y estafa agravada.

1. De este modo, se verificará lo concerniente a la acreditación del daño como primer elemento d e la responsabil idad patrimonial extracontractual pues, en casos como estos la jurisprudencia de la Sección Ter cera del Consejo de Est ado3 ha comprendido que lo qu e s e susci ta como da ño, como conc epto diferente del perjuicio, e s lo que se ha denominado p érdida de op ortunidad la cual no puede

3 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencias del 29 de abril de 2015, pr oceso no.

perjuicio, e s lo que se ha denominado p érdida de op ortunidad la cual no puede

3 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencias del 29 de abril de 2015, pr oceso no. 13001-23-31-000-1999-00328-01(25327); del 2 de m ayo de 2016, proc eso no. 13001233100020010050601 (37111) y del 10 de agosto de 2017, proceso no. 13001-23-31-000-200700642-01(42334), todas con ponencia del magistrado Ramiro Pazos Guerrero, entre otras.Expediente 13001-23-33-000-2012-00228-01 (52.281) Actor: Antonio José Ojeda Torregrosa Reparación directa Apelación sentencia

10 reducirse por el simple hecho de la incertidumbre sobre la dec isión penal definitiva sino, que deben presentarse las suficientes pruebas que demuestren que la persona tenía una amplia posibilidad de obtener un resultado acorde a sus intereses y que al precluirse la investigación o cesar el procedimiento penal esta se frustró, es decir, que la oportunidad c uya pérdida se reclama de be ser seria y estar acreditada para que pueda reconocerse como daño indemnizable4.

1. La oportunidad frustrada debe estar dotada de un a cierta relevancia jurídica que permita calificarla c omo valio sa o real que justifique el interés legítim o del demandante.

Aunque para ac reditar la pé rdida de oportunidad bas ta con la ale atoriedad del eventual resultado favor able, debe existir certez a s obre la existencia de la oportunidad entendida como la expectativa real, seria y relevante que, en ausencia

Aunque para ac reditar la pé rdida de oportunidad bas ta con la ale atoriedad del eventual resultado favor able, debe existir certez a s obre la existencia de la oportunidad entendida como la expectativa real, seria y relevante que, en ausencia del hecho daño so, la víctima habría mantenido intacta la expectativa de obtener un provecho o de evitar u n perjuicio, de ma nera que la oport unidad se extinguió de forma irreversible para la víctima pues, de lo contrario, el daño sería eventual.

1. Los presupuestos necesarios para probar la ocurrencia de un daño por pérdida de oportunidad cuando se demanda la o currencia de un defe ctuoso funcionamiento de la administración de justicia por mora jud icial tras haberse declarado la prescr ipción de la acción penal han sido trata dos por la jurispr udencia5 como se explica a continuación.

a) El primero, se refiere al alea del resultado como la incertidumbre acerca de si el beneficio se iba a conseguir o si el perjuicio se iba a evitar, lo cual constituye un mero interés legítim o de la frus tración d e una expecta tiva, sin que ello se oponga a l carácter cierto del daño pues, la certeza en este caso debe analizarse respecto de la oportunidad perdida y no del resultado.

4 En iguales términos ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de l 30 de marzo de 2020, proceso no. 250002326000201000986 01 (45530), MP Ramiro Pazos Guerrero. 5 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 8 de febrero de 2017, proceso No.

marzo de 2020, proceso no. 250002326000201000986 01 (45530), MP Ramiro Pazos Guerrero. 5 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 8 de febrero de 2017, proceso No. 520012331000200800505 0 1 (41.073), M P Hernán Andrade Ri ncón, reiterada por la mi sma subsección en sentencias del 24 de mayo d e 2 018, proceso no. 08001-23-31-000-2009-0061801(44861), del 14 de marzo de 2019 , proceso No. 13001-23-31-000-2009-00625-01(45890) y de l 11 de abril de 2019, proceso No. 25000-23-26-000-2011-00292-01(50569), todas con ponencia de Marta Nubia Velásquez Rico.Expediente 13001-23-33-000-2012-00228-01 (52.281) Actor: Antonio José Ojeda Torregrosa Reparación directa Apelación sentencia

11 b) El segundo, se relaciona con la certeza de la oportunidad propiamente dicha que impone la obligación de probar que el afectado realmente se hallaba en una situación tanto fáctica como jurídi camente idónea para alcanzar el resultado esperado , es decir, que se encontraba en una situ ación potencial mente apt a para obten er la indemniz