CE - 012333000201300175011SENTENCIA20230206134932

Radicación: 76001-23-33-000-2013-00175-01 (1757-2020)

Demandante: Omar Eulicer Piedrahita Duque

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

Bogotá D.C., diecisiete (17) de noviembre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Radicación: 76001-23-33-000-2013-00175-01 (1757-2020)

Demandante: OMAR EULICER PIEDRAHITA DUQUE

Demandada: ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES1

Temas: Reliquidación pensión de vejez beneficiario del régimen de transición de la Ley 100 de 1993.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

Ley 1437 de 2011

ASUNTO

La Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demanda nte contra la sentencia proferida el 27 de mayo de 2019 por el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca , que negó las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

El señor Omar Eulices Piedrahita Duque en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que consagra el artículo 138 de la Ley 1437 del 2011,

pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

El señor Omar Eulices Piedrahita Duque en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que consagra el artículo 138 de la Ley 1437 del 2011, formuló, en síntesis, las siguientes:

Pretensiones1

1. Declarar la nulidad del acto presunto, originado en el silencio administrativo negativo frente a la petición elevada el 25 de agosto de 2011, por medio de la cual se solicitó el reconocimiento, liquidación y pago de la pensión en favor del demandante.

2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó: i) ordenar al ISS a reconocer y pagar una pensión con base en el IBL del último año de prestación de servicio, anterior a su retiro definitivo, con la inclusión de todos los factores devengados, en aplicaci ón integral de la Ley 33 de 1985; ii) ordenar el pago del retroactivo a que haya lugar; y iii) condenar en costas a la demandada.

Fundamentos fácticos relevantes2

1. El señor Omar Eulices Piedrahita Duque efectuó cotizaciones al ISS desde el 6 de abril de 1976 y hasta la fecha de radicación de la demanda, con lo que acredita más

1 Folios 45 y 46. 2 Folios 44 a 45.Radicación: 76001-23-33-000-2013-00175-01 (1757-2020)

Demandante: Omar Eulicer Piedrahita Duque

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de 1250 semanas de aportes.

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de 1250 semanas de aportes.

2. El demandante nació el 21 de mayo de 1949, por lo que cuenta con más de 60 años de edad, con lo cual cumple los requisitos mínimos para pensionarse por vejez y es beneficiario del régimen de transición.

3. El 25 de agosto de 2011 solicitó formalmente ante la demandada el reconocimiento y pago de la pensión; sin embargo, hasta la fecha de presentación de la demanda no había obtenido respuesta.

DECISIONES RELEVANTES EN LA PRIMERA INSTANCIA

En el marco de la parte oral del proceso, bajo la Ley 1437 de 2011, la principal función de la audiencia inicial es la de establecer el objeto del proceso y de la prueba. En esta etapa se revelan los extremos de la demanda o de su reforma, de la contestación o de la reconvención. Además, se conciertan las principales decisiones que guiarán el juicio.

Con fundamento en lo anterior, se realiza el siguiente resumen de la audiencia inicial en el presente caso, a modo de antecedentes:

Fecha de la audiencia inicial: 12 de febrero de 2014.

Excepciones previas (art. 180-6 CPACA)

En el acta de la audiencia inicial se consignó lo siguiente respecto de las excepciones propuestas:

«[…] se desprende que la entidad demandada, en su escrito de contestación, presentó las excepciones previas de ineptitud de la demanda y falta de jurisdicción y competencia, razón por la cual procede el despacho a resolver las mismas en la presente audiencia. Respecto a

excepciones previas de ineptitud de la demanda y falta de jurisdicción y competencia, razón por la cual procede el despacho a resolver las mismas en la presente audiencia. Respecto a la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda, argumenta la apoderada judicial de la entidad demandada […] que se configura la misma toda vez que no se designó a la entidad que representa como demandante (sic) en el libelo, así como tampoco se dio una explicación del concepto de violación. Al respecto, esta instancia juzgadora acoge lo planteado en la defensa de las excepciones por la […] parte demandante, en tanto que al haber sido radicada la demanda el día 5 de septiembre de 2012, […] la entidad sobre la cual radicaba en ese momento el reconocimiento y pago de la pensión del accionan te era el Instituto de Seguro Social […] de esta manera, la demanda en su momento en efecto fue dirigida contra la entidad correcta. Es por ello que, y una vez entraron en vigencia los Decretos 2011, 2012 y 2013 del 2012, el 28 de septiembre de dicho año, debió esta instancia juzgadora atemperar la parte pasiva del presente proceso, vinculando […] a la Administrad ora Colombiana de Pensiones […] quien, dicho sea de paso, funge hoy como entidad demandada en el presente asunto. En consecuencia, la excepción pr opuesta no tiene vocación de prosperidad […] Ahora bien, respecto a la excepción de falta de jurisdicción y competencia […] debe advertir esta magistratura que la mencionada excepción tampoco está llamada a prosperar […] al ser el accionante empleado público, vinculado a través de una relación legal y reglamentaria, y al ser Colpensiones una entidad de naturaleza pública, no hay duda para esta instancia juzgadora

magistratura que la mencionada excepción tampoco está llamada a prosperar […] al ser el accionante empleado público, vinculado a través de una relación legal y reglamentaria, y al ser Colpensiones una entidad de naturaleza pública, no hay duda para esta instancia juzgadora que en efecto, de conformidad con el mencionado artículo 104 del C.P.A.C.A, la competencia radica en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo […] De igual manera, de conformidad con el artículo 180 # 6 […] ésta instancia juzgadora no encuentra probada de oficio ninguna excepción […]»

Se notificó la decisión en estrados y no se presentaron recursos

Fijación del litigio (art. 180-7 CPACA)Radicación: 76001-23-33-000-2013-00175-01 (1757-2020)

Demandante: Omar Eulicer Piedrahita Duque

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En la audiencia inicial se fijó el litigio de la siguiente manera:

«Deberá establecerse la legalidad o ilegalidad del acto administrativo ficto o presunto surgido del silencio administrativo negativo por parte del ISS hoy Colpensiones, al no haber dado respuesta a la petición elevada por el accionante el 25 de agosto de 2011, tendiente al reconocimiento, liquidación y pago de su pensión de vejez. Determinar si el accionante [tiene] derecho o no de la pensión deprecada, con la inclusión de todos los factores salariales devengados por él, de confor midad con la Ley 33 de 1985, así como también el retroactivo solicitado.»

derecho o no de la pensión deprecada, con la inclusión de todos los factores salariales devengados por él, de confor midad con la Ley 33 de 1985, así como también el retroactivo solicitado.»

Se notificó la decisión en estrados y no se presentaron recursos.

SENTENCIA APELADA3

El Tribunal Administrativo de Valle del Cauca profirió sentencia el 27 de mayo de 2019 , en la cual negó las pretensiones de la demanda, con fundamento en las siguientes

consideraciones:

En primer lugar, indicó que no está en duda que el demandante cumple con los requisitos para ser beneficiario del régimen de transición de la Ley 100 de 1993 ; sin embargo, en virtud de las reglas de unificación fijadas en la sentencia del 28 de agosto de 2018, proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado, no podía accederse a su pretensión de reconocimiento pensional con el promedio de todos los factores devengados en el último año de servicio.

Pese a lo anterior, indicó que la entidad demandada le reconoció una pensión de vejez con aplicación del Decreto 758 de 1990 4, que en virtud del principio de favorabilidad le era más beneficiosa que la que el libelista pretendió, regida por la Ley 33 de 1985, razón por la cual no había lugar a acoger las pretensiones del libelo.

RECURSO DE APELACIÓN

La parte demandante formuló recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia al considerar que, como empleado oficial y beneficiario del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, gozaba de las condiciones establecidas en la ley

La parte demandante formuló recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia al considerar que, como empleado oficial y beneficiario del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, gozaba de las condiciones establecidas en la ley anterior, es decir, de la Ley 33 de 1985 y no del Decreto 758 de 1990. Agregó que el tribunal no podía aplicar a su caso la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018, puesto que dicha jurisprudencia no estaba vigente al momento de radicarse la demanda, o cuando entró a despacho para fallo.

En ese sentido, indicó que la providencia apelada incurrió en error, en tanto que no hizo ningún estudio relacionado con los factores sobre los cuales cotizó, y que, de haber sido fallado al menos en el año siguiente al paso a despacho para dictar sentencia, le habrían aplicado la tesis jurisprudencial anterior, por lo que hubieran prosperado s us pretensiones, por lo que la mora del despacho sustanciador causó efectos adversos al demandante. Además, señaló que el a quo tampoco tuvo en cuenta los valores reales sobre los cuales cotizó, en atención a que su cargo fue homologado y nivelado, de modo que no podía establecer cuál era la postura más favorable a sus intereses.

3 Folios 234 a 239. 4 Si bien en la sentencia no se explicó, la parte demandante informó previamente a la expedición del fallo que Colpensiones le había reconocido su pensión de vejez por medio de la Resolución 55680 y que había

sido incluido en nómina a partir del mes de junio de 2016. Ver folio 226.Radicación: 76001-23-33-000-2013-00175-01 (1757-2020)

Demandante: Omar Eulicer Piedrahita Duque

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Finalmente, sostuvo que si la reliquidación de la pensión con la Ley 33 de 1985 le resultaba menos beneficiosa, debió cuando menos verificar si la liquidación efectuada por Colpensiones era acorde con el derecho por él pretendido.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA

La parte demandante5 ratificó los argumentos expuestos en su recurso de apelación.

Colpensiones6 solicitó se confirme la sentencia de primera instancia.

El representante legal del Patrimonio Autónomo de Remanentes del ISS7 indicó que el reconocimiento pensional del demandante está a cargo de Colpensiones.

El ministerio público8 allegó concepto en el que solicitó se confirme la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca.

CONSIDERACIONES

Competencia

De conformidad con el artículo 150 del CPACA, el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto. De igual forma, según el artículo 328 del Código General del Proceso, el juez debe pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso de alzada.

Cuestión previa

Antes de definir los problemas jurídicos s obre los cuales ha de pronunciarse la Sala en esta instancia, se advierte que lo pretendido por el señor Piedrahita Duque es que se

argumentos expuestos en el recurso de alzada.

Cuestión previa

Antes de definir los problemas jurídicos s obre los cuales ha de pronunciarse la Sala en esta instancia, se advierte que lo pretendido por el señor Piedrahita Duque es que se reconozca su pensión de jubilación con la aplicación integral de la Ley 33 de 1985, esto como beneficiario del régimen de tra nsición. Por el anterior motivo, se observa que su inconformidad con la sentencia del a quo radica en que en su caso no podía aplicarse una sentencia de unificación jurisprudencial proferida con posterioridad a la radicación de su demanda y, en segundo lugar, a que aun si su prestación se rigiera por el contenido del Decreto 758 de 1990, el tribunal no tuvo en cuenta que el acto administrativo que le reconoció la pensión no incluyó la totalidad de factores devengados, de manera que insiste en que debe reconocérsele la mentada con base en la Ley 33.

Sobre el particular, advierte la subsección que las pretensiones de la demanda se encaminaron a obtener la declaratoria de nulidad del acto presunto derivado del silencio administrativo negativo, por medio del cual se entiende que Colpensiones negó el derecho al reconocimiento pensional; no obstante, en el curso del proceso, la entidad demandada emitió el acto administrativo que concedió al señor Piedrahita una pensión de vejez en apl icación del Decreto 758 de 1990. Lo anterior, según da cuenta la Resolución GNR 55680 del 24 de febrero de 2014, la cual fuera notificada al demandante el 11 de marzo de la misma anualidad.

Ahora bien, en el expediente se encuentra acreditado que la demanda fue notificada

Resolución GNR 55680 del 24 de febrero de 2014, la cual fuera notificada al demandante el 11 de marzo de la misma anualidad.

Ahora bien, en el expediente se encuentra acreditado que la demanda fue notificada

5 En memorial allegado a Samai, visible a índice 29. 6 En memorial allegado a Samai, visible a índice 30. 7 En memorial allegado a Samai, visible a índice 26. 8 En memorial allegado a Samai, visible a índice 31.Radicación: 76001-23-33-000-2013-00175-01 (1757-2020)

Demandante: Omar Eulicer Piedrahita Duque

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personalmente al liquidador del Instituto de Seguros Sociales el 27 de junio de 2013, así como al buzón de notificaciones judiciales de Colpensiones el 3 de mayo de 2013. Dicho esto, para la Sala resulta evidente que para la fecha de expedición de la Resolución GNR 55680 (24 de febrero de 2014), la entidad demandada ya había perdido competencia para ello, en tanto que el artículo 95 del CPACA regula la oportunidad para revocar directamente los actos administrativos que, en principio, solo se permite mientras «[…] no se haya notificado auto admisorio de la demanda […]».

Asimismo, el parágrafo del artículo en cita señala q ue aun cuando ya existe un proceso judicial en curso, notificada la admisión de la demanda y «[…] hasta antes de que se profiera sentencia en segunda instancia, de oficio o a petición del interesado o del

Asimismo, el parágrafo del artículo en cita señala q ue aun cuando ya existe un proceso judicial en curso, notificada la admisión de la demanda y «[…] hasta antes de que se profiera sentencia en segunda instancia, de oficio o a petición del interesado o del Ministerio Público, las autoridades demandadas podrán formular oferta de revocatoria de los actos administrativos impugnados previa aprobación del Comité de Conciliación de la entidad […]».

De lo anterior se puede afirmar que, efectivamente, el acto administrativo que reconoció la pensión de vejez fue pro ferido cuando la administración ya no podía revocar directamente los actos demandados y por medio de los cuales se había negado el derecho. Además, la resolución en comento tampoco obedece a una oferta de revocatoria, motivo por el cual, el control de lega lidad sobre los actos demandados era privativo del juez administrativo pues la demandada ya tenía conocimiento de su pérdida de competencia para resolver sobre el fondo.

Sobre los actos administrativos proferidos con posterioridad a la pérdida de competencia por la notificación de la demanda, esta Corporación ha sido enfática en señalar que estos deben considerarse que carecen de valor por desaparición de sus fundamentos de hecho o de derecho, situación que da como resultado el decaimiento de los mismos e n los términos del artículo 91 del CPACA, así lo indicó en sentencia del 25 de marzo de 20109 al sostener:

«[…] Así las cosas y acogiendo esta postura, la administración pierde la competencia para revocar los actos administrativos acusados en la demanda una vez se le haya notificado de la misma, ya que es a partir de este momento en que la administración tiene conocimiento de que se impetrado una acción contenciosa administrativa en su contra […]».

revocar los actos administrativos acusados en la demanda una vez se le haya notificado de la misma, ya que es a partir de este momento en que la administración tiene conocimiento de que se impetrado una acción contenciosa administrativa en su contra […]».

Adicionalmente, por los efectos de cosa juzgada, la pr esente decisión judicial es vinculante y de obligatorio cumplimiento para las partes, de lo cual se deriva que los actos administrativos que hubiere expedido la entidad demandada después de admitida la demanda y que sean contrarios a lo aquí resuelto, pier den su ejecutoriedad al desaparecer sus fundamentos de derecho por los efectos de la sentencia judicial.

En virtud de lo anterior, esta Sala no tendrá en cuenta el contenido de la Resolución GNR 55680 del 24 de febrero de 2014 y, en su lugar, analizará si, como lo pretende el libelista, este tiene derecho a que se reconozca su pensión de jubilación como beneficiario del régimen de transición con aplicación integra de la Ley 33 de 1985.

Problemas jurídicos

En ese orden, los problemas jurídicos a resolver en esta instancia se resume n en las siguientes preguntas:

9 Proceso con radicación 76001-23-31-000-2004-00510-01 (2366-06) de Amanda Serna Quintero contra Cajanal.Radicación: 76001-23-33-000-2013-00175-01 (1757-2020)

Demandante: Omar Eulicer Piedrahita Duque

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1. ¿Es la línea interpretativa de la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018,

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1. ¿Es la línea interpretativa de la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018, proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado la que debe observarse en los casos en los que se revise el régimen pensional de los beneficiarios de la transición contemplada en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, específicamente en lo que atañe a la determinación del Ingreso Base de Liquidación?

2. ¿El señor Omar Eulices Piedrahita Duque, como benefi ciario del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, tiene derecho a la reliquidación de su pensión de vejez con la inclusión de todos los factores salariales devengados en el último año de servicio?

Primer problema jurídico

¿Es la línea interpretativa de la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018, proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado la que debe observarse en los casos en los que se revise el régimen pensional de los beneficiarios de la transición contemplada en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, específicamente en lo que atañe a la determinación del Ingreso Base de Liquidación?

Al respecto, la Sala sostendrá la siguiente tesis: la aplicación de la postura jurisprudencial contemplada en la sentencia de unificació n del 28 de agosto de 2018, proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado, y por medio de la cual se fijan las reglas y subreglas de interpretación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, no comprende discusión alguna, en tanto dicho lineamiento detalló de manera clara las condiciones

reglas y subreglas de interpretación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, no comprende discusión alguna, en tanto dicho lineamiento detalló de manera clara las condiciones que deben observarse para la determinación del Ingreso Base de Liquidación de los beneficiarios del régimen de transición, el cual debe ceñirse a los parámetros del artículo 21 y del inciso 3.º del artículo 36, así como a los factores salariales del Decreto 1158 de 1994, conforme pasa a explicarse.

Sobre la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018, proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado

Al amparo de los artículos 111.3 y 271 de la Ley 1437 de 2011, en concordancia con el artículo 150 ibídem, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado es competente para proferir la sentencia de unificación que se cuestiona en el recurso de alzada; en esa medida, no es ésta ni la oportunidad procesal ni la instancia definida normativamente, para validar el cambio de postura jurisprudencial asumido por la Corporación en sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018, tal y como a continuación se expone.

El artículo 111 del CPACA previó, entre otras funciones de la Sala Plena del Consejo de Estado, la de «[…] 3. Dictar auto o sentencia de unificación en los asuntos indicados en el artículo 271 de este código. […]». Por su parte, el artículo 271 de la Ley 1437 de 2011, contempló los criterios que determinan los asuntos objeto de pronunciamiento unificado por esta Corporación, así:

«ARTÍCULO 271. DECISIONES POR IMPORTANCIA JURÍDICA, TRASCENDENCIA

contempló los criterios que determinan los asuntos objeto de pronunciamiento unificado por esta Corporación, así:

«ARTÍCULO 271. DECISIONES POR IMPORTANCIA JURÍDICA, TRASCENDENCIA

ECONÓMICA O SOCIAL O NECESIDAD DE SENTAR JURISPRUDENCIA O PRECISAR SU ALCANCE O RESOLVER LAS DIVERGENCIAS EN SU INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN. <Artículo modificado por el artículo 79 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> Por razones de importancia jurídica, trascendencia económica o social o necesidad de sentar o unificar jurisprudencia o precisar su alcance o resolver las divergencias en su interpretación y aplicación que ameriten la expedición de una sentenciaRadicación: 76001-23-33-000-2013-00175-01 (1757-2020)

Demandante: Omar Eulicer Piedrahita Duque

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o auto de unificación jurisprudencial, el Consejo de Estado podrá asumir conocimiento de los asuntos pendientes de fallo o de decisión interlocutoria. […]» (Subraya y resalta la Sala)

Se tiene entonces que, varios son los supuestos que permiten adelantar el trámite de unificación por parte del Consejo de Estado y que, no solo revisten componentes jurídicos, económicos o sociales, sino que abarc an la necesidad de definir parámetros interpretativos y de alcance de las normas o situaciones amparadas por el ordenamiento.

Bajo tales escenarios es que el conocimiento de los mismos puede darse «[…] de oficio;

jurídicos, económicos o sociales, sino que abarc an la necesidad de definir parámetros interpretativos y de alcance de las normas o situaciones amparadas por el ordenamiento.

Bajo tales escenarios es que el conocimiento de los mismos puede darse «[…] de oficio; por remisión de las secciones o subseccion es del Consejo de Estado, o de los tribunales; a solicitud de parte, o por solicitud de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado o del Ministerio Público. […]»10

La sentencia de unificación proferida el 28 de agosto de 2018 por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, tuvo como origen la necesidad de sentar o unificar jurisprudencia o precisar su alcance o resolver las divergencias en su interpretación y aplicación, específicamente en lo que atañe al problema interpretativo que se deriva del inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, así como su aplicación integral a los regímenes pensionales previos al señalado por la Ley 100 y, en particular, las regl as de la transición sobre las condiciones del IBL aplicables a todos los beneficiarios del régimen general de la Ley 33 de 1985.

En ese sentido, la providencia que sustenta los argumentos de disenso, expuestos en el escrito de alzada, esto es, la multicit ada sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018, se encuentra plena y legalmente proferida bajo las normas que regulan dicho procedimiento, pues no solo tiene esta Corporación la competencia para adelantarlo, sino que, la controversia puesta a consideración y que dio origen a la misma, requería definir el alcance interpretativo y de aplicación del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y su planteamiento específico frente al IBL y el régimen general

que, la controversia puesta a consideración y que dio origen a la misma, requería definir el alcance interpretativo y de aplicación del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y su planteamiento específico frente al IBL y el régimen general de la Ley 33 de 198 5. La necesidad así identificada, se superó con la expedición del mencionado pronunciamiento en el que se fijaron las reglas cuestionadas en el recurso de apelación.

Sobre el efecto retrospectivo de la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018.

Resulta claro que la referida sentencia de unificación implicó un cambio de postura frente al régimen de transición contemplado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, específicamente en la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010.

Al respecto, la Sala considera importante hacer alusión al Concepto del 16 de febrero de 2012 proferido por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado quien, al analizar los alcances de la providencia del 4 de agosto de 2010, precisó la naturaleza que entrañan los desarrollos y variaciones jurisprudenciales y que, para el efecto, se atribuye también a los cambios interpretativos asumidos en el marco de unificación:

«[…] Finalmente, es importante reiterar que si bien los cambios de precedente orientan la s decisiones futuras de los operadores jurídicos, no afectan los casos fallados con anterioridad por las autoridades judiciales, pues éstos se sujetan a lo resuelto en el respectivo proceso judicial, dado el carácter vinculante de la sentencia y sus efecto s de cosa juzgada. De lo contrario, la jurisprudencia, que por naturaleza debe evolucionar de acuerdo con los cambios

judicial, dado el carácter vinculante de la sentencia y sus efecto s de cosa juzgada. De lo contrario, la jurisprudencia, que por naturaleza debe evolucionar de acuerdo con los cambios

10 Artículo 271 del CPACA.Radicación: 76001-23-33-000-2013-00175-01 (1757-2020)

Demandante: Omar Eulicer Piedrahita Duque

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jurídicos y sociales, correría el riesgo de petrificarse por el temor de los efectos del cambio de precedente. De esta manera, la seguridad jurídica y el valor de cosa juzgada de las sentencias, la cual es vinculante para las partes que han intervenido en el proceso, constituye un valor constitucional protegible que no resulta afectado con cambios posteriores en la jurisprudencia […]» (Subraya la Sala)

Es así como, en la sentencia del 28 de agosto de 2018, la Sala Plena precisó que la misma se aplicaría con efectos retrospectivos «[…] a todos los casos pendientes de solución tanto en vía administrativa como en vía judicial a través de accion es ordinarias; salvo los casos en los que ha operado la cosa juzgada que, en virtud del principio de seguridad jurídica, resultan inmodificables. […]».

Recogiendo lo hasta aquí expuesto, se tiene que (i) la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018 fue proferida en el marco de la competencia otorgada a la Sala Plena del Consejo de Estado; y (ii) el efecto restrospectivo otorgado a la providencia de unificación

agosto de 2018 fue proferida en el marco de la competencia otorgada a la Sala Plena del Consejo de Estado; y (ii) el efecto restrospectivo otorgado a la providencia de unificación salvaguarda la seguridad jurídica y la cosa juzgada.

Criterio de interpretación sobre el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 para los beneficiarios del régimen de transición.

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado profirió sentencia de unificación el 28 de agosto de 2018 11 en la que fijó las reglas y subreglas r especto al Ingreso Base de Liquidación para computar la pensión de jubilación de quienes gozan del régimen de transición.

Esta decisión tuvo como sustento la necesidad de unificar la interpretación que se estaba otorgando al régimen de transición previ sto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, específicamente en los aspectos que se encuentran amparados por dicho régimen, es decir, en los elementos de edad, tiempo de servicio y tasa de reemplazo, pues en lo que atañe al Ingreso Base de Liquidación y fa ctores a tener en cuenta para tales efectos, debía observarse el inciso 3.º del artículo en mención o el artículo 21 del mismo compendio, según corresponda.

En tal sentido, los siguientes son los elementos de valoración analizados en la sentencia de unificación:

«[…] 37. A partir de los distintos criterios interpretativos sobre el inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 dentro del régimen de transición, la Sala definió como tema a unificar “si el inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 se aplica al régimen de transición”. De

de la Ley 100 de 1993 dentro del régimen de transición, la Sala definió como tema a unificar “si el inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 se aplica al régimen de transición”. De este análisis se desprenden los siguientes subtemas a definir:

“(i) Período de liquidación del IBL: si se toma el último año de servicios, conforme al inciso 2 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 o durante lo s últimos diez años de servicios o lo que le faltare para pensionarse, si fueren menos de 10 años, conforme el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

(ii) Factores para establecer el IBL: si se deben incluir todos los factores que constituyen salario o solo l