CE - 012333000201390027021SENTENCIASENTENCIA20230511160135

Radicado: 13001-23-33-000-2013-90027-02 (26146)

Demandante: Ecopetrol S.A.

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, D.C., once (11) de mayo de dos mil veintitrés (2023) Referencia Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación 13001-23-33-000-2013-90027-02 (26146) Demandante ECOPETROL S.A.

Demandado UNIVERSIDAD DE CARTAGENA

Tema Estampilla Universidad de Cartagena. Hecho generador. Pago de lo no debido. Cosa juzgada. Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la demanda da contra la sentencia del 29 de mayo de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, que dispuso: “PRIMERO: DECLARAR LA NULIDAD del acto administrativo de fecha 20 de septiembre de 2012, por medio del cual la Universidad de Cartagena rechazó la solicitud de devolución de pago en exceso y/o indebido y la Resolución No. 00461 del 21 de febrero de 2013, por medio de la cual se resolv ió el recurso interpuesto contra el acto administrativo de fecha 20 de septiembre de 2012.

SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho, se ordena la devolución a ECOPETROL

de la cual se resolv ió el recurso interpuesto contra el acto administrativo de fecha 20 de septiembre de 2012.

SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho, se ordena la devolución a ECOPETROL S.A. de los pagos que efectuó el 9 de abril de 2010 por valor de $22.865.515.597,oo y el 3 de marzo de 2010 por valor de $26.402.634.272,oo a favor de la Universidad de Cartagena por concepto de la Estampilla “Universidad de Cartagena Siempre a la Altura de los Tiempos”, durante los años 1997 a 2004 por concepto de las exportacione s de petróleo realizadas en el

Puerto de Cartagena.

TERCERO: Se reconocen intereses corrientes e intereses moratorios, en los términos precisados en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: Condenar a la parte demandada al pago de costas procesales en su modalidad de gastos del proceso y agencias en derecho.

QUINTO: Ejecutoriada la presente providencia, archívese el expediente.” ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA La Ley 334 de 199 6 autorizó al Departamento de Bolívar para emitir la estampilla denominada “Universidad de Cartagena siempre a la altura de los tiempos”, norma modificada por la Ley 1495 de 2011.

La Universidad de Cartagena, en el mes de noviembre de 20 06, presentó acción de cumplimiento al considerar que Ecopetrol S.A. no cumplió con el pago de la estampilla, específicamente por las exportaciones de petróleo desde el pue rto de Cartagena desde el año 1997. La demanda fue conocida en primera instancia por

de cumplimiento al considerar que Ecopetrol S.A. no cumplió con el pago de la estampilla, específicamente por las exportaciones de petróleo desde el pue rto de Cartagena desde el año 1997. La demanda fue conocida en primera instancia por el Juzgado Trece Administrativo de Cartagena, que, mediante sentencia del 26 de enero de 2007, negó las pretensiones y declaró la falta de legitimación en la causa por pasiva de Ecopetrol S.A. El Tribunal Administrativo de Bolívar , en providencia del 12 de marzo de 2007, revocó el fallo del juzgado y, como consecuencia, ordenó a la actora el pago de los dineros que la Universidad de Cartagena debió recaudar con este tributo, para loRadicado: 13001-23-33-000-2013-90027-02 (26146)

Demandante: Ecopetrol S.A.

2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co cual ordenó a la Contraloría General de la República que determinara el monto adeudado. Por su parte, l a Contraloría, el 31 de agosto de 2007 , rindió un informe en el que señaló que no había incumplimiento por parte de Ecopetrol S.A. A pesar del informe , la Universidad de Cartagena radicó un escrito en el juzgado, solicitando que se conmi nara al órgano de control fiscal para que liquidar a lo adeudado por Ecopetrol S.A. por concepto de exportaciones de petróleo , solicitud que fue negada en providencia del 18 del de septiembre de 2007. Luego de que

solicitando que se conmi nara al órgano de control fiscal para que liquidar a lo adeudado por Ecopetrol S.A. por concepto de exportaciones de petróleo , solicitud que fue negada en providencia del 18 del de septiembre de 2007. Luego de que continuara el proceso, el ente universitario solicitó la nulidad de lo actuado desde el auto de septiembre de 2007 y los recursos presentados contra esa decisión, ante lo cual, el 5 de septiembre de 2008, el Tribunal Administrativo de Bolívar decretó la nulidad de todo lo actuado luego de la ejecutoria de la sentencia del 12 de marzo. Posteriormente, Ecopetrol pidió al Tribunal la nulidad del auto del 5 de septiembre de 2008 al considerar que no tenía competencia para expedirlo, petición que fue negada mediante auto del 23 de octubre de 2008. El Juzgado obedeció lo dispuesto por el superior y ofició al ente de control para que determinara el monto del incumplimiento. Así, se ordenó pagar la suma de $26.402.634, 272, la cual fue cancelada el día 3 de marzo de 2009. Además, el 9 de abril de 2010 se realizó el pago de $22.865.515.597. Adicionalmente, la actora interpuso acciones de tutela con el fin de que se protegieran sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la justicia , en la que solicitó que se dejaran sin efecto la sentencia del 12 de marzo de 2007, así como los autos del 5 de septiembre y 23 de octubre de 2008, proferidos por el Tribunal, las cuales fueron negadas. La Universidad también presentó acción de tutela contra las decisiones proferidas en la acción de cumplimiento, en cuanto a la

así como los autos del 5 de septiembre y 23 de octubre de 2008, proferidos por el Tribunal, las cuales fueron negadas. La Universidad también presentó acción de tutela contra las decisiones proferidas en la acción de cumplimiento, en cuanto a la liquidación de los valores a pagar por Ecopetrol, la cual también fue negada. El 26 de julio de 2012, Ecopetrol S.A. solicitó a la universidad la devolución de los pagos en excesos o indebidos que se hicieron por la estampilla. Esta petición fue negada mediante oficio del 20 de septiembre de 2012 , ante el cual se presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación que fue resuelto el 21 de febrero de 2013, mediante la Resolución No. 00461 que confirmó la negativa de la devolución. ANTECEDENTES PROCESALES Demanda En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el demandante formuló las siguientes pretensiones1: “PRIMERA: Que es nulo en su totalidad el Acto Administrativo de fecha 20 de septiembre de 2012 proferido por la Universidad de Cartagena, por medio del cual se dio respuesta y se rechazó la Solicitud de Devolución de Pago en Exceso y/o Indebido presentada por Ecopetrol S.A., el 26 de julio de 2012.

SEGUNDA: Que es nula en su totalidad la Resolución No. 00461 de 21 de febrero de 2013 proferida por la Universidad de Cartagena por medio de la cual se rechazó el recurso interpuesto por Ecopetrol S.A. contra el Acto Administrativo de 20 de septiembre de 2012.

proferida por la Universidad de Cartagena por medio de la cual se rechazó el recurso interpuesto por Ecopetrol S.A. contra el Acto Administrativo de 20 de septiembre de 2012.

TERCERA: Que como consecuencia de las declaraciones anteriores, se restablezca en su derecho a la actora, reconociendo la procedencia de la devolución de $49. 268.149.867 más los intereses corrientes y moratorios, así como las actualizaciones, indexaciones o ajustes a

1 Fls 128 y 129 CPRadicado: 13001-23-33-000-2013-90027-02 (26146)

Demandante: Ecopetrol S.A.

3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co que haya lugar de conformidad con la ley aplicable, correspondientes a las sumas pagadas en exceso y/o indebidamente por Ecopetrol S.A. por concepto de la Estampilla Universidad de Cartagena Siempre a la Altura de los Tiempos. La anterior suma solicitada en devolución se compone de un valor de $26.402.634.271,86 correspondiente a un pago realizado por Ecopetrol S.A. el 3 de marzo de 2009, más un valor de $22.865.515.596,73 correspondiente a un pago realiza do por Ecopetrol S.A. el 9 de abril de 2010, pagos estos que se acreditan con las copias correspondientes de tales depósitos, adicionado el hecho que las sumas discutidas no fueron siquiera objeto de reparo por parte de la entidad demandada”. A los anteriores efectos, invocó como violados los artículos 150 (numerales 11 y

adicionado el hecho que las sumas discutidas no fueron siquiera objeto de reparo por parte de la entidad demandada”. A los anteriores efectos, invocó como violados los artículos 150 (numerales 11 y 12), 287 (numeral 3), 303 (numeral 4), 313 (numeral 4), 338 y 363 de la Constitución Política; 850, 854, 855, 857, 863 y 864 del Estatuto Tributario; 32 de la Ley 14 de 1983; 27 de la Ley 141 de 1994; 235 de la Ley 225 de 1995; la Ley 334 de 1996; la Ley 383 de 1997; 59 de la Ley 788 de 2002; 5 de la Ley 1066 de 2006; la Ley 1495 de 2011; 16 del Decreto Legislativo 1056 de 1953 y 71 (numeral 5) del Decreto Extraordinario 1222 de 1986. El concepto de la violación se resume así:

1. El trámite de la devolución de pagos de lo no debido o improcedente no es igual a una respuesta a un derecho de petición Señaló que el legislador estableció un marco claro e imperativo para el trámite de devolución d e pagos exceso o indebidos de carácter tributario, el cual era de obligatoria aplicación a nivel territorial, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 383 de 1997, cuando no existieran normas específicas en las entidades territoriales.

Transcribió las normas del Estatuto Tributario relacionadas con este procedimiento, destacando que se deben aplicar las que regulan el tema de los saldos a favor, y aclaró que debían ser aplicadas de forma imperiosa por la universidad a la solicitud elevada por Ecopetrol S.A.

destacando que se deben aplicar las que regulan el tema de los saldos a favor, y aclaró que debían ser aplicadas de forma imperiosa por la universidad a la solicitud elevada por Ecopetrol S.A. Precisó que según los artículos 235 de la Ley 223 de 1995, 59 de la Ley 788 de 2002 y 5 º de la Ley 1066 de 2006, las autoridades territoriales debían aplicar los procedimientos estipulados en el Estatuto Tributario Nacional, incluidas las devoluciones de impuestos. No obstante, la entidad hizo caso omiso a ello y resolvió la solicitud como un derecho de petición , sin mencionar los recursos procedentes contra esa decisión.

2. La solicitud de devolución cumplió con todos los requisitos legales y, en consecuencia, la Universidad de Cartagena debió proceder a la devolución de la suma indebidamente cobrada Insistió que el trámite de devolución de impuestos está regulado en el Estatuto Tributario, que señala un procedimiento para efectuar el rechazo d e una solicitud

(artículo 857), sin embargo, en este caso el ente universitario negó la petición sin que existiera una causa legal. Precisó que de las normas de l Estatuto y la jurisprudencia 2 se concluía que i) existían causales específicas, expresas y taxativas para el rechazo de la solicitud de devolución y en el ac to que negó la misma no se indicó la razón por la cual no procedía la petición, ii) bastaba con que el cobro y el pago haya sido contra rio a la ley (en este caso la Ley 334 de 1996) para que resultara procedente la devolución; iii) si el pago de lo no debido tuvo origen en una sentencia y no un acto administrativo, resultaba procedente la devolución.

ley (en este caso la Ley 334 de 1996) para que resultara procedente la devolución; iii) si el pago de lo no debido tuvo origen en una sentencia y no un acto administrativo, resultaba procedente la devolución. Comentó que la Ley 334 de 1996, vigente para la época en que se efectuaron los pagos, no establecía la actualización a “valores constantes” del tope de recaudo de la

2 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 30 de septiembre de 2010, exp. 16576. C.P. William Giraldo Giraldo.Radicado: 13001-23-33-000-2013-90027-02 (26146)

Demandante: Ecopetrol S.A.

4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co estampilla, empero, Ecopetrol S.A. debió cancelar dicha suma, lo que constituía un pago de lo no debido

3. Aplicación retroactiva de la Ley 1495 de 2011 y la Ordenanza 26 de 2012

Manifestó que la Universidad de Cartagena sustentó su rechazo en la Ley 1495 de 2011 y la Ordenanza 26 de 2012 , normas que no existían para el momento de los pagos. Citó los apartes de la respuesta que se referían a dichas disposiciones, lo que demuestra su aplicación retroactiva. Explicó que para el momento del pago el tope establecido por la ley ya se había excedido y que el reconocimiento de valores constantes solo se habilitó a partir del año 2011 , por lo que no existía fundamento legal que soportara l a obligación cancelada por Ecopetrol.

excedido y que el reconocimiento de valores constantes solo se habilitó a partir del año 2011 , por lo que no existía fundamento legal que soportara l a obligación cancelada por Ecopetrol.

4. La Ley 334 de 1996 no autorizaba al cobro de sumas adicionales por concepto de “valores constantes” Manifestó que, conforme al artículo 2 de la Ley 334 de 1996, no era exigible el cobro del tributo sobre las exportacio nes realizadas, además era improcedente el cobro de sumas adicionales a $60.000.000.000, por ser un tope legal. Insistió en que solo con la Ley 1495 de 2011 se autorizó como límite de la estampilla 300.000.000.000 en valores constantes.

5. Jurisprudencia sobre la devolución de pagos de lo no debido Citó varios pronunciamientos del Consejo de Estado 3 para concluir que era procedente la devolución del pago, ya que el cobro realizado por la Universidad de Cartagena a Ecopetrol S.A. se fundó en normas ilegales o inconstitucionales, o que no habían sido expedidas al momento de los pagos.

Dijo que la Ordenanza Nro. 012 de 1997, en la que se fundó la universidad para efectuar el cobro fue objeto de suspensión provisional , lo que evidencia su ilegalidad.

6. Prohibición legal de gravar la explotación de petróleo y sus derivados Sostuvo que el supuesto sobre el cual la Universidad de Cartagena procedió con el cobro de la estampilla recaía en la exportación de petróleo, por lo que se desconoció la prohibición de gravar la explotación y explorac ión del petróleo y sus derivados,

cobro de la estampilla recaía en la exportación de petróleo, por lo que se desconoció la prohibición de gravar la explotación y explorac ión del petróleo y sus derivados, tal y como lo establecen los artículos 16 del Decreto 1056 de 1953 y 27 de la Ley 141 de 1994 (esta última habla de los recursos naturales no renovables). Así mismo, el Decreto 1333 de 1986 consagra que no es factible gravar los artículos de producción nacional destinados a la exportación. Estas prohibiciones han sido reiteradas en las leyes 14 de 1983 y 9 de 1991. Adujo que la explotación y exportación de petróleo solo pueden gravarse con regalías y excepcionalmente con el impuesto de industria y comercio.

7. Aplicación indebida del artículo 5 de la Ley 334 de 1996

Dijo que el Consejo de Estado4 declaró la nulidad de las ordenanzas proferidas por la Asamblea Departamental del Amazonas que prete ndían el cobro de una estampilla a entidades ubicadas fuera del orden departamental, ya que se requería que el acto, contrato u operación se realizara en el departamento y que contara con

3 Consejo de Estado, Sala de Consulta, Pronunciamiento del 23 de agosto de 2005 exp. 1672, C.P. Gustavo Aponte Santos, y Sección Cuarta, sentencias del 16 de junio de 2005 (sin identificar el ponente), exp. 14311 y del 12 de noviembre de 2004, exp 11604 C.P. Juan Ángel Palacio Hincapié 4 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 12 de marzo de 2012, exp. 18744.Radicado: 13001-23-33-000-2013-90027-02 (26146)

4 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 12 de marzo de 2012, exp. 18744.Radicado: 13001-23-33-000-2013-90027-02 (26146)

Demandante: Ecopetrol S.A.

5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co la intervención de esa autoridad, por lo que, a Ecopetrol, como entidad del orden nacional, no se le podía cobrar el tributo . Así mismo, la autonomía de los entes territoriales está sujeta a la Constitución y a la ley. Para el caso puntual, la s Ordenanzas 012 de 1997 y 011 del 2006 deben interpretarse conforme a la Ley 334 de 1996 que señala que la obligación de adherir la estampilla queda a cargo de los funcionarios departamentales y municipales que intervengan en los actos. Por su parte, el artículo 4º del Decreto 725 de 2000 señaló que los mismos s ujetos pasivos de la estampilla son agentes autor retenedores y responsables del pago ante las autoridades territoriales. Sin embargo, no hay norma nacional o local que designe a Ecopetrol para efectuar ese recaudo. Así, la actora no podía exceder y asumir atribuciones que no fueron otorgadas y , en consecuencia , no podía realizar retenciones o descuentos por concepto de la estampilla.

8. La Ley 334 de 1996 no incluyó las exportaciones como hecho generador La ley de autorización solo dispuso como hechos gravados las actividades y operaciones, límite que no podía exceder la Asamblea. Además, restringió el cobro a las actividades en donde intervienen directamente entidades estatales y, para este

La ley de autorización solo dispuso como hechos gravados las actividades y operaciones, límite que no podía exceder la Asamblea. Además, restringió el cobro a las actividades en donde intervienen directamente entidades estatales y, para este asunto, Ecopetrol S.A. no tiene atribuido el carácter de responsable del recaudo , como se expuso anteriormente. Precisó que en el evento de que la compañía esté obligada al pago, no podría imponérsele el deber de responder por el monto que está a cargo de sus co-contratantes.

9. Desconocimiento de las normas legales que establecen el procedimiento aplicable para la determinación y cobro de obligaciones de carácter tributario. Violación al debido proceso y derecho de defensa Sostuvo que la Universidad no aplicó el procedimiento establecido en el Esta tuto Tributario Nacional para la determinación, cálculo y cobro de la estampilla, sino que inició una acción de cumplimiento, desconociendo los derechos de defensa, contradicción y debido proceso, que tuvo como consecuencia e l pago de una obligación determinada de manera ilegal.

Esto fue reconocido por la Universidad de Cartagena al manifestar que esta irregularidad no era de su incumbencia, sino que era un problema de jurisdicción, lo cual no es cierto, pues ante pagos ilegales procede su devolución.

10. El pago corresponde a exportaciones en los años 1997 a 2004 , pero el decreto que reglamentó el cobro sólo se profirió en el año 2000

Hizo referencia a los artículos 363 y 338 de la Constitución Política para explicar que no se tuvo en consideración que los elementos de la obligación tributaria solo se determinaron con el Decreto 725 de 2000 comoquiera que la Ordenanza 12 de

Hizo referencia a los artículos 363 y 338 de la Constitución Política para explicar que no se tuvo en consideración que los elementos de la obligación tributaria solo se determinaron con el Decreto 725 de 2000 comoquiera que la Ordenanza 12 de 1997 autorizó al Gobernador para determinar las características de este tributo. Así este decreto no se puede aplicar en períodos anteriores a su publicación. Oposición de la demanda La demandada controvirtió las pretensiones del actor5 argumentando lo siguiente: Propuso la excepción de inexistencia del derecho reclamad o, dada la obligación legal, reglamentaria y judicial de la actora de destinar los recursos a la universidad

5 Fls 178 a 237 CPRadicado: 13001-23-33-000-2013-90027-02 (26146)

Demandante: Ecopetrol S.A.

6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co (la Ley 334 de 1996 y la Ordenanza 012 de 1997 ), destacando que las normas no habían sido anuladas por lo que eran de obligatorio cumplimiento. Declaró que, ante la negativa de la demandante a pagar la estampilla, recurrió a una acción de cumplimiento en la que el Tribunal Administrativo de Bolívar , en sentencia del 12 de marzo de 2008 , dispuso que Ecopetrol debía transferir los recursos por concepto de las operaciones de petróleo realizadas en el puerto de Cartagena. Esta decisión hizo tránsito a cosa juzgada y de ella derivaba la obligación de pagar el tributo, por lo que no le asistía derecho a la actora de reclamar

recursos por concepto de las operaciones de petróleo realizadas en el puerto de Cartagena. Esta decisión hizo tránsito a cosa juzgada y de ella derivaba la obligación de pagar el tributo, por lo que no le asistía derecho a la actora de reclamar en devolución los pagos que tienen soporte legal y judicial. Así, no se cumplen los presupuestos para que se configure el pago de lo no debido, ya que la obligación se dio con ocasión de una decisión judicial. Dijo que la actualización en valor constante de la estampilla retenida durante el período de 1997 a 2004 tenía fundamento en la Ordenanza 012 de 1997, que se encontraba vigente al momento en que se efectuó la destinación. Aclaró que, si bien se suspendió provisionalmente este acto, también lo era que el Consejo de Estado revocó la decisión. Además, no habían sido falladas las acciones judiciales iniciadas por la demandante que tenían como fin la nulidad de la Ordenanza 12 de 1997. Indicó que no hay sumas a devolver porque lo pagos obedecen a l a ley, el reglamento y la sentencia , por lo que no h ubo violación a las normas del Estatuto Tributario al no aplicarse lo relativo al procedimiento de devolución . Además, el artículo 850 ibidem trataba sobre el impuesto sobre las ventas y por el principio de legalidad las autoridades solo podían efectuar lo expresamente permitido. Propuso la excepción de cosa juzgada , para lo cual hizo referencia a la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar en la acción de cumplimiento y consideró que se trataba de un proceso con identidad de causa, es decir la discusión sobre si había lugar al pago de la estampilla a la Universidad de Cartagena.

proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar en la acción de cumplimiento y consideró que se trataba de un proceso con identidad de causa, es decir la discusión sobre si había lugar al pago de la estampilla a la Universidad de Cartagena. Explicó que los procedimientos de devolución surgen cuando el contribuyente cancela sumas que no debía pagar o lo hace en exceso y que en el caso presente no se daban esos supuestos, por lo que no se debía efectuar ninguna devolución. También mencionó que el hecho de no indicar los recursos procedentes no era causal de nulidad, sino que habilitaba al peticionario a acudir directamente a la jurisdicción. Respecto al argumento de la actora sobre la aplicación de la Ley 1495 de 2011 y la Ordenanza 26 de 2011, sostuvo que la A dministración tomó como fundamento la Ley 334 de 1996, la Ordenanza 012 de 1997 y la sentencia del 12 de marzo de 2007 proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar. Aclaró que el acto demandado hizo alusión a las normas de 2011 y 2012 porque eran las que a la fecha de su expedición contenían la obligación legal y reglamentaria de transferir los recursos y no porque fueran el soporte legal en los años 2009 y 2010. En relación con lo s valores constantes señaló que, dicha expresión estaba consagrada en la Ordenanza 012 y que no había sido declarada nula, por lo que su cobro era legal. Adujo que la ley autorizaba que se gravaran las operaciones realizadas en el Puerto de Cartagena por una entidad de orden nacional, siempre que funcionara en el departamento, como sucede con Ecopetrol. Además, esto fue aclarado en la

cobro era legal. Adujo que la ley autorizaba que se gravaran las operaciones realizadas en el Puerto de Cartagena por una entidad de orden nacional, siempre que funcionara en el departamento, como sucede con Ecopetrol. Además, esto fue aclarado en la sentencia del 12 de marzo de 2007, pues el tribunal consideró que las exportaciones de petróleo se entendían como operaciones y se debía hacer la retención de la estampilla. Manifestó que, si bien la jurisprudencia ha reconocido la devolución de pagos por lo no debido, ello obedece a que no existe norma que contenga la oblig ación que seRadicado: 13001-23-33-000-2013-90027-02 (26146)

Demandante: Ecopetrol S.A.

7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co pagó o que el pago excede lo debido, situaciones que, insiste, no se presentan en este caso. Sobre la presunta vulneración de los derechos fundamentales de la actora , señaló que el trámite correspondiente era el de acción de tutela, que fue interpuesto y denegado. Sin perjuicio de ello, destacó que la actora conoció de todos los procedimientos administrativos adelantados con ocasión a la sentencia de cumplimiento. Resaltó que la Corte Constitucional ha manifestado que la imposición de tributos y regalías a la explotación petrolera es procedente, de modo que no existe inmunidad tributaria a esta actividad. Señaló que evidencia una indebida escogencia de la acción y falta de legitimación por pasiva, pues lo que se cuestiona es la decisió n tomada por el Tribunal en la

tributaria a esta actividad. Señaló que evidencia una indebida escogencia de la acción y falta de legitimación por pasiva, pues lo que se cuestiona es la decisió n tomada por el Tribunal en la acción de cumplimiento, por lo que el proceso debió instaurarse contra la Nación, Rama Judicial, Ministerio de Justicia. Consideró que no se desconocieron las normas del procedimiento administrativo, puesto que no había luga r a la devolución y se aplicaron las reglas generales del Código de Procedimiento Administrativo. Además, como en este caso no existían saldos que devolver no podían aplicarse las causales de rechazo ni de inadmisión de las solicitudes de devolución de saldos a favor. Como respuesta a la reforma de la demanda propuso la excepción de falta de requisito de procedibilidad6 (numeral 5 artículo 161 C.C.A.), comoquiera que la parte demandante no efectuó el pago total de la obligación a su cargo, según el infor me de la Contraloría General de la República. Sentencia apelada El Tribunal declaró la nulidad de los actos demandados con fundamento en los siguientes planteamientos: Efectuó un recuento del marco normativo y jurisprudencial de la facultad impositiva de los entes territoriales, de la Estampilla Universidad de Cartagena Siempre a la Altura de los tiempos y de los hechos probados, del cual concluyó que la exportación de petróleo no estaba comprendida como hecho generador de la estampilla, ya que esta actividad forma parte de las actividades económicas que realiza Ecopetrol S.A. relacionadas con la exploración, producción, transporte, refinación o procesamiento y comercialización del recurso natural no renovable, por lo que se encontra ba

esta actividad forma parte de las actividades económicas que realiza Ecopetrol S.A. relacionadas con la exploración, producción, transporte, refinación o procesamiento y comercialización del recurso natural no renovable, por lo que se encontra ba inmersa dentro de la prohibición del artículo 16 del Decreto 1056 de 1953. Por otra parte, de la lectura de la Ley 334 de 1996 no se evidenciaba que se definiera que la exportación de petróleo era un hecho generador de la estampilla , en tanto que, solo se estableció un marco general de lo que sería el objetivo imponible “las actividades y operaciones que se deben realizar en el Departamento de Bolívar “, definición de la cual no se desprende la actividad petrolera como gravada. De igual manera, resaltó que el artículo 5 ibidem señalaba que la estampilla solo se gravaba si en el acto interviene un funcionario departamental, municipal o distrital. Manifestó que cuando una actividad tiene una exención que impide gravarla a nivel territorial, se debe otorgar una facultad expresa para que sobre ella recaiga el tributo, situación que no se evidenciaba en l a mencionada ley . Así mismo , del artículo 3 de la Ordenanza 012 de 1997 se desprendía que la exportación de petróleo no fue individualizada como hecho generador de la estampilla.

6 Las excepciones de previas de cosa juzgada, indebida escogencia de la acción, falta de legitimación en la causa por pasiva y ausencia del requisito de procedibilidad fueron negadas por el Tribunal en la audiencia inicial celebrada el 25 de abril de 2014. Esta decisión fue confirmada por esta Sección en auto del 26 de

causa por pasiva y ausencia del requisito de procedibilidad fueron negadas por el Tribunal en la audiencia inicial celebrada el 25 de abril de 2014. Esta decisión fue confirmada por esta Sección en auto del 26 de octubre de 2015, exp. 21229 C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.Radicado: 13001-23-33-000-2013-90027-02 (26146)

Demandante: Ecopetrol S.A.

8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Explicó que de la lectura del artículo 5 de la Ley 334 de 1996 no se derivaba que la actora t enía la calidad de agente retenedor, ya que se indicó en esta norma (replicada en la ordenanza) que el hecho generador de la estampilla solo se realiza cuando en los actos, documentos y contratos gravados interviene un funcionario departamental o municipal. Esta exigencia fue reiterada por el C onsejo de Estado, en la sentencia de 29 de abril de 2020, que declaró la legalidad condicionada del artículo 3 de la Ordenanza 012 de 1997, bajo