CE - 012333000201500004011SENTENCIA20230208073727

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

Bogotá, D.C. dos (2) de febrero de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho.

Radicación: 73001 23 33 000 2015 00004 01 (4451 –2016)

Demandante: María Consuelo Gutiérrez Vásquez, María

Estella Salinas de Bernal y Luz Marina Escamilla .

Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – Municipio de Ibagué .

Temas: Prestaciones sociales de docentes. Sanción moratoria por la consignación tardía de cesantías definitivas. Excepción de prescripción extintiva. Ley 1437 de 2011.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala de Subsección procede a resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de 26 de agosto de 2016 , proferida por el Tribunal Administrativo de Tolima, que negó las súplicas de la demanda de la referencia.

I. ANTECEDENTES 1

1.1. Pretensiones de la demanda .

María Consuelo Gutiérrez Vásquez, María Stella Salinas de Bernal y Luz Marina Escamilla , por intermedio de apoderado judicial,

I. ANTECEDENTES 1

1.1. Pretensiones de la demanda .

María Consuelo Gutiérrez Vásquez, María Stella Salinas de Bernal y Luz Marina Escamilla , por intermedio de apoderado judicial, solicitaron declarar la nulidad de los Oficios 2014RE8036 y 2014RE8039, ambos de 5 de agosto de 2014, y 2014RE9911 de 22 de septiembre de 2014, expedidos por la Secretaría de Educación Municipal de Ibagué – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del

1 Folios 43 a 49 del expediente.Nulidad y r establecimiento del der echo Radicado : 73001 23 33 000 2015 00004 01

Dem andante: María Consuelo Gutiérrez y otros

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 2 Magisterio, por medio de los cuales se negó el reconocimiento y pago de la sanción morat oria por la no consignación oportuna de las cesantías definitivas.

Como consecuencia de lo anterior, reclamaron el reconocimiento y pago de la indemnización moratoria por el retardo en el pago de las cesantías definitivas de acuerdo con lo establecido por la Ley 244 de 1995, modificada por la Ley 1071 de 2006, desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta el momento en el que se realizó el pago efectivo. De igual manera, pidieron realizar los ajustes de valor de las sumas a c ancelar, así como el pago de intereses moratorios y la condena en costas a la entidad

realizó el pago efectivo. De igual manera, pidieron realizar los ajustes de valor de las sumas a c ancelar, así como el pago de intereses moratorios y la condena en costas a la entidad demandada.

1.2. Hechos que fundamentan la demanda

Con el fin de relatar los fundamentos de hecho, el apoderado realizó una descripción individual por cada una de las demand antes, la cual se sintetiza a continuación:

Luz Marina Escamilla solicitó el 27 de febrero de 2013, el reconocimiento y pago de las cesantías definitivas; con la Resolución 71002507 de 23 de septiembre de 2013, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio accedió a la solicitud previamente señalada. Indicó que las cesantías fueron pagadas efectivamente el 14 de abril de 2014, es decir 322 días después de lo ordenado por la Ley 1071 de 2006.

En escrito radicado el 16 de julio de 2014, pidió el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías definitivas, petición que fue resuelta de manera negativa el 5 de agosto de 2014 con oficio 2014RE8039 de la Secretaría de Educación del Tolima – Fond o Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.Nulidad y r establecimiento del der echo Radicado : 73001 23 33 000 2015 00004 01

Dem andante: María Consuelo Gutiérrez y otros

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María Consuelo Gutiérrez Vásquez , a través de petición radicada el 9 de diciembre de 2011, buscó el reconocimiento y pago de las cesantías definitivas, las cuales fueron reconocidas por medio de la Res olución 71002971 de 12 de diciembre de 2012. Como consecuencia, se produjo el pago de dicha prestación el 4 de marzo de 2013, es decir 360 días después de lo que ordena la ley.

Con la petición radicada el 14 de julio de 2014, solicitó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías definitivas, la cual fue resuelta de manera negativa en oficio 2014RE8036 de 5 de agosto de 2014.

María Estella Salinas de Bernal radicó el 23 de junio de 2009 solicitud de reconocimiento y pago de las cesantías definitivas, la cual fue resuelta con la Resolución 7100087 de 26 de enero de 2010 de manera positiva. Sin embargo, el pago o consignación de estas se produjo el 17 de septiembre de 2010, es decir 359 días después del tiempo indicado por ley.

Por intermedio de solicitud radicada el 20 de agosto de 2014, pidió el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el pago tardío de la administración respecto de las cesantías definitivas. A través de oficio 2014RE9911 de 22 de septiembr e de 2014, la Secretaría

el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el pago tardío de la administración respecto de las cesantías definitivas. A través de oficio 2014RE9911 de 22 de septiembr e de 2014, la Secretaría de Educación del Tolima – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio contestó la solicitud de manera negativa.

1.3. Fundamentos de derecho y concepto de la vulneración

Como concepto de violación realizó un an álisis normativo de la sanción moratoria por el no pago oportuno de las cesantías, es decir del artículo 2º de la Ley 244 de 1995, de los artículos 4 y 5 de la Ley 1071 de 2006 y de jurisprudencia como precedente aplicable al caso en concreto.Nulidad y r establecimiento del der echo Radicado : 73001 23 33 000 2015 00004 01

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1.4. Contestac ión de la demanda

El municipio de Ibagué 2, actuando por intermedio de apoderado , se opuso a las pretensiones ; indicó que el ente territorial no es el enca rgado de realizar el reconocimiento y pago de cesantías a los docentes , pues esa labor es exclusiva del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – FIDUPREVISORA S.A .

De igual manera, la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio 3,

docentes , pues esa labor es exclusiva del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – FIDUPREVISORA S.A .

De igual manera, la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio 3, actuando a través de abogado reconocido e n el proceso, se opuso a las súplicas de la demanda.

Por otra parte, aseguró que la Ley 1071 de 2006 estableció una sanción económica en caso de que se incumpla el término perentorio para el pago de las cesantías; sin embargo, esa sanción no se hace exte nsiva al término en que se demore la expedición del acto de reconocimiento de la prestación.

Así mismo, manifestó que, en todo caso, el artículo 88 de la Ley 1328 de 2009 señaló que los intereses a cargo de la Nación no pueden exceder el doble del interés bancario; por lo tanto, frente a cualquier suma que se cobre, en caso de retardo en su pago, la consecuencia sancionatoria debe estar delimitada por tal disposición.

A lo anterior agregó que la orden orientada al reconocimiento de la indemnización morato ria reclamada es contraria a derecho, máxime cuando ni el acto acusado ni el de reconocimiento de las cesantías contienen la manifestación de la voluntad del ministerio, ni del fondo demandado, pues este es una cuenta de la Nación sin personería jurídica.

2 Folios 104 a 112 del expediente. 3 Folios 114 al 120 del expediente.Nulidad y r establecimiento del der echo Radicado : 73001 23 33 000 2015 00004 01

Dem andante: María Consuelo Gutiérrez y otros

3 Folios 114 al 120 del expediente.Nulidad y r establecimiento del der echo Radicado : 73001 23 33 000 2015 00004 01

Dem andante: María Consuelo Gutiérrez y otros

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1.5. Trámite en primera instancia. 4

En acatamiento al artículo 180 del CPACA, el Tribunal Administrativo del Tolima realizó el 14 de marzo de 2019 la audiencia inicial, en la cual se fijó el litigio de la siguiente manera:

«[…] consiste en determinar si las accionantes, en su condición de docentes, tienen derecho a que el Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magist erio y municipio de Ibagué Secretaría de Educación , les reconozcan y paguen la sanción moratoria consagrada en la Ley 1071 de 2006 por el pago tardío de sus cesantías definitivas , es decir, si se ajustan o no a la legalidad los actos administrativos, conte nidos en los oficios 2014RE 8039 y 2014RE8036 del 30 de julio de 2014, y 2014RE9911 del 09 de septiembre de 2014.»

1.6. Decisión de primera instancia objeto de apelación 5

En sentencia de 26 de agosto de 2016 , el Tribunal Administrativo del Tolima negó las pretensiones de la demanda.

Como sustento de la decisión indicó que respecto de las prestaciones de los docentes existe un régimen especial, en el cual

En sentencia de 26 de agosto de 2016 , el Tribunal Administrativo del Tolima negó las pretensiones de la demanda.

Como sustento de la decisión indicó que respecto de las prestaciones de los docentes existe un régimen especial, en el cual no se contempla la sanción moratoria por la consignac ión tardía de las cesantías a que tienen derecho, pues dentro de la enunciación que hace el artículo 2 de la Ley 1071 de 2006 no se encuentra la labor docente, razón suficiente para determinar que no es procedente el reconocimiento solicitado en la demanda .

1.7. Recurso de apelación 6

A través de escrito presentado en tiempo, la apoderada de las demandantes solicitó que sea revocada la sentencia de primera

4 Folios 1 42 a 1 46 del expediente. 5 Folios 151 a 162 del expediente. 6 Folios 163 a 185 del expediente.Nulidad y r establecimiento del der echo Radicado : 73001 23 33 000 2015 00004 01

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w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 6 instancia. Como fundamento de ello , realizó un recuento de la decisión objeto de apelación, así como un análisis normativo y jurisprudencial de las cesantías como prestación social y de la sanción moratoria y su aplicación al régimen docente. Argumentó que los docentes son considerados c ómo servidores públicos y por

decisión objeto de apelación, así como un análisis normativo y jurisprudencial de las cesantías como prestación social y de la sanción moratoria y su aplicación al régimen docente. Argumentó que los docentes son considerados c ómo servidores públicos y por lo tanto les es aplicable la Ley 244 de 1995 y 1071 de 2006, pues el objeto de la norma es la igualdad de todos los servidores públicos en lo referente a las cesantías parciales como definitivas, además de que se le debe aplicar la norma más favorable al trabajador.

1.8. Trámite correspondiente a l a segunda instancia

Las demandantes, las entidades demandadas y la Procuraduría Delegada ante el Consejo de Estado y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia.

De acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 7, el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto. De igual manera, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 328 del Códi go General del Proceso 8, la competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a los argumentos expuestos por el apelante; en el caso de la referencia, se observa que únicamente la parte demanda nte presentó recurso de alzada, razón por la cual la competencia se encuentra limitada a los argumentos expuestos en el mencionado recurso.

7 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».

argumentos expuestos en el mencionado recurso.

7 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]». 8 «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sob re los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.»Nulidad y r establecimiento del der echo Radicado : 73001 23 33 000 2015 00004 01

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2.2. Del problema jurídico

Considera esta Sala de Subsección, que el estudio y posterior decisión debe centrarse en establecer lo siguiente:

¿L as señoras María Consuelo Gutiérrez Vásquez, María Stella Salinas de Bernal y Luz Marina Escamilla , en su condición de docentes oficiales, pueden ser beneficiarias de la sanción moratoria por la no consignación oportuna de las cesantías definitivas ?

De ser procedente dich o reconocimiento, será necesario determinar la forma de realizar la liquidación y estudiar la posible prescripción a que hubiese lugar.

2.3. Del auxilio de cesantías en la labor docente

A través de la Ley 6ª de 1945, el Gobierno Nacional dictó, entre otras, disposiciones referentes a la jurisdicción especial de trabajo,

a que hubiese lugar.

2.3. Del auxilio de cesantías en la labor docente

A través de la Ley 6ª de 1945, el Gobierno Nacional dictó, entre otras, disposiciones referentes a la jurisdicción especial de trabajo, y en sus artículos 12 9 y 17 10 dispuso que los empleados y obreros nacionales de carácter permanente gozarían, entre otras prestaciones, de un auxilio de cesantía a razón de un mes de s ueldo o jornal por cada año de servicio, para lo cual solamente se tendría en cuenta el tiempo de servicio prestado con posterioridad al 1º de enero de 1942.

9 Artículo 12. Mientras se organiza el seguro social obligatorio, corresponderán al patrono las siguientes indemniz aciones o prestaciones para con sus trabajadores, ya sean empleados u obreros: f) Un mes de salario por cada año de trabajo, y proporcionalmente por las fracciones de año, en caso de despido que no sea originado por mala conducta o por incumplimiento del c ontrato. 10 “Artículo 17. Los empleados y obreros nacionales de carácter permanente gozarán de las siguientes prestaciones: a) Auxilio de cesantía a razón de un mes de sueldo o jornal por cada año de servicio. Para la liquidación de este auxilio solamente se tendrá en cuenta el ti empo de servicios prestados con posterioridad al 1o. de enero de 1942. (…)”.Nulidad y r establecimiento del der echo Radicado : 73001 23 33 000 2015 00004 01

Dem andante: María Consuelo Gutiérrez y otros

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Radicado : 73001 23 33 000 2015 00004 01

Dem andante: María Consuelo Gutiérrez y otros

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 8 La liquidación de dicha prestación social fue reglamentada a través del artículo 6º del Decreto 1 160 de 1947, que indicó que “para liquidar el auxilio de cesantía a que tengan derecho los asalariados nacionales, departamentales, intendenciales, comisariales, municipales y particulares, se tomará como base el último sueldo o jornal devengado, a menos q ue el sueldo o jornal haya tenido modificaciones en los tres últimos meses, en cuyo caso la liquidación se hará por el promedio de lo devengado en los últimos doce (12) meses o en todo el tiempo de servicio, si éste fuere menor de doce (12) meses.”

Hasta este momento las prestaciones sociales de los empleados públicos habían sido expedidas de manera genérica, y sin hacer una referencia expresa al personal docente; no obstante, en 1989 con la expedición de la Ley 91 se creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y con él se determinó que esta entidad se encargaría del pago de prestaciones sociales reconocidas a favor de los docentes.

Precisamente el numeral 3º del artículo 15 de la norma citada, dispone el reconocimiento de cesantías a favor del personal docente en dos condiciones, a saber:

«Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el

Precisamente el numeral 3º del artículo 15 de la norma citada, dispone el reconocimiento de cesantías a favor del personal docente en dos condiciones, a saber:

«Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1º de enero de 1990 será regido por las siguientes dis posiciones: (…)

3. Cesantías:

A. Para los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio pagará un auxilio equivalente a un mes de salario por cada año de servicio o proporcionalmente por fracción de año labo rado, sobre el último salario devengado, si no ha sido modificado en los últimos tres meses, o en caso contrario sobre el salario promedio del último año.

B. Para los docentes que se vinculen a partir del 1. De enero de 1990 y para los docentes nacionales vinculados con anterioridad a dicha fecha, pero sólo con respecto a lasNulidad y r establecimiento del der echo Radicado : 73001 23 33 000 2015 00004 01

Dem andante: María Consuelo Gutiérrez y otros

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 9 cesantías generadas a partir del 1 º. de enero de 1990, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio reconocerá y pagará un interés anual sobre saldo de estas cesantías ex istentes al 31 de diciembre de cada año ,

cesantías generadas a partir del 1 º. de enero de 1990, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio reconocerá y pagará un interés anual sobre saldo de estas cesantías ex istentes al 31 de diciembre de cada año , liquidadas anualmente y sin retroactividad, equivalente a la suma que resulte de aplicar la tasa de interés, que de acuerdo con certificación de la Superintendencia Bancaria, haya sido la comercial promedio de capta ción del sistema financiero durante el mismo período. Las cesantías del personal nacional docente, acumuladas hasta el 31 de diciembre de 1989, que pasan al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, continuarán sometidas a las normas generale s vigentes para los empleados públicos del orden nacional. » (Resaltado de la Sala )

La condición de los docentes como servidores públicos fue reforzada jurisprudencialmente por la Corte Constitucional en las sentencias C – 741 de 2012 11 y C – 486 de 2016 12, en las que determinó que los docentes oficiales deben ser tenidos en cuenta como tales, no solo por la denominación expresa del estatuto docente (Decreto 2277 de 1979) y por la ley general de educación (Ley 115 de 1994), sino porque hacen parte de la Ram a Ejecutiva al cumplir una misión expresa dentro de las secretarías de educación territoriales.

En la jurisprudencia antes reseñada, se hizo un razonamiento específico respecto del reconocimiento, liquidación y pago de las cesantías a favor de los docent es oficiales, indicando que es un régimen exceptuado de la Ley 100 de 1993 y que por lo tanto le es

específico respecto del reconocimiento, liquidación y pago de las cesantías a favor de los docent es oficiales, indicando que es un régimen exceptuado de la Ley 100 de 1993 y que por lo tanto le es aplicable el ordenamiento especial; es decir, a través del artículo 15 de la Ley 91 de 1989 se debe tener en cuenta lo establecido en la Ley 244 de 1995 y s u posterior reforma, la Ley 1071 de 2006.

11 Corte Constitucional. Sentencia de 26 de septiembre de 2012, en la que se declaró inexequible el proyecto de ley 114 de 2009 Senado – 296 de 2010 Cámara, “Por medio de la cual s e interpreta por vía de autoridad legislativa el artículo 15, numeral 2°, literal a) de la Ley 91 de 1989” . 12 Corte Constitucional. Sentencia de 7 de septiembre de 2016, por medio de la cual se declaró inexequible el artículo 89 de Ley 1769 de 2015 “ por l a cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y Ley de Apropiaciones para la vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre de 2016”.Nulidad y r establecimiento del der echo Radicado : 73001 23 33 000 2015 00004 01

Dem andante: María Consuelo Gutiérrez y otros

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 10 Las ya mencionadas Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006 fijaron los términos para el pago oportuno de la prestación y establecieron las

Bogotá D.C. – Colombia 10 Las ya mencionadas Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006 fijaron los términos para el pago oportuno de la prestación y establecieron las sanciones en caso de incumplimiento; allí, desde un comienzo, en sus primeros artículos se señalaron unos tiempos perentorio s para el reconocimiento, liquidación y pago de las cesantías a favor de los servidores públicos a saber:

«Artículo 1º. (Subrogado por el artículo 4º. De la Ley 1071 de 2006). Términos: Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud de liquidación de las cesantías definitivas o parciales, por parte de los peticionarios, la entidad empleadora o aquella que tenga a su cargo el reconocimiento y pago de las cesantías, deberá expedir la resolución correspondiente, si reúne todos los requisitos determinados en la ley. Parágrafo . En caso de que la entidad observe que la solicitud está incompleta deberá informársele al peticionario dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al recibo de la solicitud, señalándole expresamen te los documentos y/o requisitos pendientes. Una vez aportados los documentos y/o requisitos pendientes, la solicitud deberá ser resuelta en los términos señalados en el inciso primero de este artículo. Artículo 2º. (Subrogado por el artículo 5º de la Ley 1071 de 2006). Mora en el pago: La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de la cual quede en firme el acto administrativo que ordena la

2006). Mora en el pago: La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de la cual quede en firme el acto administrativo que ordena la liquidación de las cesantías definitivas o parciales del servi dor público, para cancelar esta prestación social, sin perjuicio de lo establecido para el Fondo Nacional de Ahorro. Parágrafo . En caso de mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales de los servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación dentro del término previsto en este artículo. Sin embargo , la entidad podrá repetir contra el funcionario, cuando se demuestre que la mora en el pago se produjo por culpa imputable a este. »

Como puede observarse, estas disposiciones legales no solo impusieron unos términos específicos para el reconocimiento, li quidación y pago de las cesantías, sino que también indicaron unaNulidad y r establecimiento del der echo Radicado : 73001 23 33 000 2015 00004 01

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w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 11 sanción por el no cumplimiento de los tiempos establecidos a favor de los trabajadores públicos, tal y como lo señala el artículo 2º de la Ley 1071 de 2006 13.

Bogotá D.C. – Colombia 11 sanción por el no cumplimiento de los tiempos establecidos a favor de los trabajadores públicos, tal y como lo señala el artículo 2º de la Ley 1071 de 2006 13.

En conclusión, la cesantía como prestación social reconocida a los servidores públicos, dentro de los que se encuentran los docentes oficiales, cuenta con unos términos perentorios, que de no ser cumplidos generan una sanción por mora en el pago oportuno, situación que le es aplicable al personal docente como servidores del Estado.

2.4. Sentencia de Unificación 098 de 2018.

En sentencia de unificación de 17 de octubre de 2018, la Corte Constitucional se pronunció respecto del pago de cesantías y mora en el pago a docentes oficiales ; en dicha decisión, se llegó a las siguientes conclusiones:

«Este mandato constitucional 14 establece una serie de derechos y garantías mínimas fundamentales en favor de los trabajadores, que no pueden ser desconocidos. Entre estos, se encuentra el principio de favorabilidad en la aplicación de las normas jurídicas laborales o en la interpretación de éstas, lo cual supone que el funcionario público deberá optar por dar aplicación a la situación más favorable para el trabajador cuando exista un conflicto de normas jurídicas o dudas en la interpretación de una determinada norma jurí dica 15. Aunado a lo anterior, la Corte Constitucional ha reconocido que el hecho de que los docentes se encuentren amparados por un régimen especial, no implica el desconocimiento de su calidad de trabajadores del Estado, y menos aún si se

Aunado a lo anterior, la Corte Constitucional ha reconocido que el hecho de que los docentes se encuentren amparados por un régimen especial, no implica el desconocimiento de su calidad de trabajadores del Estado, y menos aún si se trata de la apli cación de una norma de carácter laboral que

13 Artículo 2º . Ámbito de aplicación. Son destinatarios de la presente ley los miembros de las Corpo raciones Públicas, empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios. Para los mismos efectos se aplicará a los miembros de la fuerza pública, los particulares que ejerzan funciones públicas en forma p ermanente o transitoria, los funcionarios y trabajadores del Banco de la República y trabajadores particulares afiliados al Fondo Nacional de Ahorro. 14 Se refiere al artículo 53 de la Constitución Política. 15 Cita propia del texto transcrito «Sentencias T -401 de 2015 y T -464 de 2016 . M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado».Nulidad y r establecimiento del der echo Radicado : 73001 23 33 000 2015 00004 01

Dem andante: María Consuelo Gutiérrez y otros

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 12 comporta un beneficio, caso en el cual prevalece la interpretación que reporte el mayor beneficio para el empleado, pues ésta será la que se ajuste a los postulados del artículo 53 de la Carta Política . En el cas o objeto de estudio se evidencia que existe una postura más favorable respecto de los derechos laborales

interpretación que reporte el mayor beneficio para el empleado, pues ésta será la que se ajuste a los postulados del artículo 53 de la Carta Política . En el cas o objeto de estudio se evidencia que existe una postura más favorable respecto de los derechos laborales de los docentes oficiales, esto es, aquella que reconoce que este grupo de trabajadores del Estado tiene derecho a la sanción por mora en el pago del a uxilio de cesantía. A pesar de que los jueces adoptaron una postura razonable y se encuentra justificada desde el punto de vista legal , este entendimiento excluyó otra posible interpretación de la normativa general que consagra la sanción moratoria por la no consignación de cesantías de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3° del artículo 99 de la Ley 50 de 1990. Esto, por cuanto el ámbito de aplicación de la sanción moratoria de la Ley 50 de 1990 se extiende a todos los empleados púb licos . Así lo establece el Decreto 1252 de 2000 16: [se transcribe la norma] […] De esta manera, la Sala no comparte el anterior razonamiento, puesto que precisamente las normas que se encuentran en la disposición, en particular, el artículo 13 de la Ley 3 44 de 1996, extendió la liquidación anual de las cesantías a todas las personas que se vinculen a los órganos y entidades del Estado a partir del 31 de diciembre de 1996 . Al respecto, las autoridades judiciales interpretaron el aparte “ sin perjuicio de (…) lo estipulado en la Ley 91 de 1989 ” bajo un entendimiento restrictivo, en el sentido de que los docentes estaban excluidos de este contenido de manera categórica . […]

autoridades judiciales interpretaron el aparte “ sin perjuicio de (…) lo estipulado en la Ley 91 de 1989 ” bajo un entendimiento restrictivo, en el sentido de que los docentes estaban excluidos de este contenido de manera categórica . […] Una vez realizada la anterior aclaración, encuentra la Corte que existe una interpretación favorable al actor que no se tuv o en cuenta por el despacho ni la Corporación Judicial, y que se encuentra en el mismo contenido de la disposición en comento, pues allí se establece, en lo pertinente, que los empleados públicos que se vinculen al servicio del Estado a partir de la vigenc ia del Decreto 1252 de 2000 –el actor se vinculó el 31 de marzo de 2003 - tienen derecho al pago de las cesantías en los términos establecidos en la Ley 50 de 1990 y que lo all