CE - 012333000201500151011SENTENCIA20230502213210

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D.C., treinta (30) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Radicación: 08001 23 33 000 2015 00151 01 (0403-19)

Demandante: Gilma Elizabeth Solano Mesa

Demandado: Municipio de Soledad

Temas: Sanción moratoria por pago incompleto de las cesantías anuales de afiliada al Fondo Nacional del Ahorro

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA __________________________________________________________________ Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la demandante contra la sentencia proferida el 13 de abril de 2018 por el Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante la cual denegó las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrado en el artículo 138 del Código Contencioso Administrativo, la señora Gilma Elizabeth Solano Mesa, por conducto de apoderad a, formuló demanda en orden a que se declare la nulidad del acto ficto o presunto negativo que se configuró por la omisión de respues ta, por parte del municipio de Soledad,

Gilma Elizabeth Solano Mesa, por conducto de apoderad a, formuló demanda en orden a que se declare la nulidad del acto ficto o presunto negativo que se configuró por la omisión de respues ta, por parte del municipio de Soledad, respecto de la petición formulada el 3 de marzo de 2015, a través de la cual reclamó la sanción moratoria por el pago parcial de las cesantías de los años 20032

Radicado: 08001 23 33 000 2015 00151 01 (0403-19)

Demandante: Gilma Elizabeth Solano Mesa a 2010.

Como consecuencia de lo anterior , y a título de restablecimiento del derecho, solicitó (i) reconocer la sanción moratoria como consecuencia «del pago parcial de las cesantías en los años 200 3 a 2010» ; (ii) pagar los intereses corrientes y moratorios a los que tiene derecho desde el momento en que se causó la sanción moratoria, hasta cuando se haga efectivo el pago de las pretensiones de la demanda; (iii) reparar integralmente los perjuicios, en la forma indicada en el artículo 16 de la Ley 446 de 1998; (iv) actualizar la condena con base en el IPC, en los términos del artículo 187 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo; y (v) disponer el cumplimiento de la sentencia en los términos del artículo 192 ibidem.

1.1.2. Hechos

Como hechos relevantes, la apoderada de la demandante señaló los siguientes:

(i) La señora Gilma Elizabeth Solano Mesa tiene una relación l aboral con el municipio de Soledad (Atlántico) y ocupa el cargo de auxiliar administrativo de la

Como hechos relevantes, la apoderada de la demandante señaló los siguientes:

(i) La señora Gilma Elizabeth Solano Mesa tiene una relación l aboral con el municipio de Soledad (Atlántico) y ocupa el cargo de auxiliar administrativo de la Secretaría de Educación municipal.

(ii) El 3 de marzo de 2015, la demandante formuló reclamación administrativa con el objeto de que se pagara a su favor la sanción moratoria que se causó «por el pago parcial de las cesantías desde el año 2003 a 2010», la cual, hasta la fecha de presentación de la demanda, no había sido resuelta por la entidad, motivo por el cual se generó una respuesta ficta o presunta negativa, de conformidad con lo previsto en el artículo 83 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

(iii) El pago incompleto de su s cesantías generó la sanción moratoria, como lo indican la Ley 344 de 1995, el Decreto 1582 de 1998 y la Ley 50 de 1990.3

Radicado: 08001 23 33 000 2015 00151 01 (0403-19) Demandante: Gilma Elizabeth Solano Mesa 1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

Como tales se señalaron los artículos 1, 13, 29, 53 , 80, 90, 209 y 211 de la Constitución Política; 99 , 102 y 104 de la Ley 50 de 1990; 13 de la Ley 1285 de 2009; la Ley 344 de 1996 y los Decretos 1716 de 2009, 1582 de 1998 y 1063.1

Al desarrollar el concepto de violación, la apoderada de la demandante expuso los

2009; la Ley 344 de 1996 y los Decretos 1716 de 2009, 1582 de 1998 y 1063.1

Al desarrollar el concepto de violación, la apoderada de la demandante expuso los siguientes argumentos:

(i) El ordenamiento laboral buscó garantizar los derechos de los trabajadores y otorgar los mecanismos para garantizar que estos no fueran vulnerados; entre ellos se encuentran las cesantías, que constituyen una prestación social proporcional al tiempo laborado y que debe ser liquidada en forma anual por el empleador.

(ii) En el caso de la demandante, «durante el periodo comprendido entre el año 2003 a 2010 se generó un pago parcial de las cesantías, lo que consecuencialmente causó la SANCIÓN MORATORIA»; por lo tanto, se debe anular el acto ficto o presunto negativo a través del cual se negó la sanción moratoria «por el pago parcial o incompleto del auxilio de cesantías desde el año 2003 hasta el 2010» pues una decisión de esa naturaleza desconoce las normas de rango constitucional y los lineamientos jurisprudenciales que se han emitido al respecto.

1.2. Contestación de la demanda

El municipio de Soledad (Atlántico) contestó la demanda y se opuso a la prosperidad de las pretensiones, 2 para lo cual expuso las razones que se relacionan a continuación:

1 Aunque no se señala el año del decreto en cita, la Sala presume que es de 1991 « Por el cual se expide el régimen de las Sociedades Administradoras de Fondos de Cesantías» teniendo en consideración la identidad temática con la controversia bajo análisis. 2 Folios 78 a 96.4

expide el régimen de las Sociedades Administradoras de Fondos de Cesantías» teniendo en consideración la identidad temática con la controversia bajo análisis. 2 Folios 78 a 96.4

Radicado: 08001 23 33 000 2015 00151 01 (0403-19)

Demandante: Gilma Elizabeth Solano Mesa

(i) Las pretensiones no deben prosperar porque la demandante está afiliada al Fondo Nacional del Ahorro y el Decreto 1582 de 1998 excluyó, expresamente, la aplicación del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 para quienes están vinculados a él. En ese orden, por disposición legal, no le asiste derecho a la pen alidad pretendida.

(ii) En el sub lite , a la demandante se le reconoció el reajuste de los valores salariales causados durante los años 2003 a 2010; por lo tanto, si esta ba en desacuerdo con que se le hubieran pagado tales diferencias en forma tardía, debió interponer los recursos de ley en contra de dicho acto administrativo , pues no puede endilgar responsabilidad a la entidad por incumplimiento de una obligación que, en s u momento, no estaba vigente, máxime cuando, en aquel entonces, era inviable liquidar las cesantías sobre un valor superior al salario que, para ese instante, percibía.

(iii) En el asunto que se examina se deben declarar probadas las excepciones de ineptitud de la demanda, porque no se cuestionó el acto administrativo que definió la situación jurídica de la demandante, en relación con el reconocimiento de las diferencias de salario; caducidad, porque la demanda se presentó cuando habían transcurrido más d e cuatro m eses desde la firmeza del acto que se debía

la situación jurídica de la demandante, en relación con el reconocimiento de las diferencias de salario; caducidad, porque la demanda se presentó cuando habían transcurrido más d e cuatro m eses desde la firmeza del acto que se debía cuestionar;3 prescripción, que se debe declarar al haber transcurrido más de tres años desde cuando se hizo exigible la obligación , en tanto que el derecho pretendido se habría causado entre el 15 de f ebrero de 2004 y el 15 de febrero de 2011, pero la reclamación se formuló hasta el 3 de marzo de 2015; e inexistencia de la obligación pues el derecho reclamado no tiene fundamento jurídico.

1.3. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo del Atlán tico, mediante sentencia de l 13 de abril de 2018,4 negó las pretensiones de la demanda , con base en los siguientes

3 Se precisa que, en el concepto de violación se refiere a la resolución que reconoció las diferencias salariales. 4 Folios 437 a 449.5

Radicado: 08001 23 33 000 2015 00151 01 (0403-19)

Demandante: Gilma Elizabeth Solano Mesa

argumentos:

(i) La demandante pretende el reconocimiento de la sanción moratoria por el pago inoportuno y parcial de las cesantías correspondientes a los años 200 3 a 2010, de conformidad con lo previsto en la Ley 344 de 1996 y, en el expediente está demostrado que está afiliada al Fondo Nacional del Ahorro, para la administración de sus cesantías.

(ii) En consideración a lo anterior, la accionante se debe someter a las previsiones

demostrado que está afiliada al Fondo Nacional del Ahorro, para la administración de sus cesantías.

(ii) En consideración a lo anterior, la accionante se debe someter a las previsiones que en relación con la administración de cesantías están dispuestas en la Ley 432 de 1998, toda vez que la certificación que obra en el expediente demuestra que desde el 1.º de marzo de 2003 está afiliada a ese fondo y el periodo respecto del cual reclama la penalidad, es posterior a la vinculación a dicha administradora.

1.4. El recurso de apelación

La demandante, actuando por intermedio de apoderado, interpuso el recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia. 5 Para sustentar su oposición indicó lo siguiente:

(i) La señora Solano Mesa inició labores con el ente territorial desde el año 200 3 (sic), fecha en la cual ya estaba vigente la Ley 50 de 1990 en cuyo artículo 99 establece la sanción por el incumplimiento en la consignación de las cesantías, norma que aplica para los servidores públicos vinculados a partir del 14 de enero de 2003, según lo dispuesto en la Ley 344 de 1996, y el Decreto 1582 de 1998, por lo que resulta aplicable a su caso.

(ii) Los requisitos previstos en las normas descritas , para beneficiarse de sus previsiones, son a. ser servidor público con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 344 de 1996 y su decreto reglame ntario; b. estar vinculado a un fondo de cesantías; y c. que las cesantías se paguen «por fuera de los mandatos

5 Folios 458 a 467.6

de la Ley 344 de 1996 y su decreto reglame ntario; b. estar vinculado a un fondo de cesantías; y c. que las cesantías se paguen «por fuera de los mandatos

5 Folios 458 a 467.6

Radicado: 08001 23 33 000 2015 00151 01 (0403-19) Demandante: Gilma Elizabeth Solano Mesa legales» los cuales se cumplen en su caso, por lo que no se acoge el fundamento del a quo para negar la sanción, toda vez que el régimen de cesa ntías es uno solo y la penalidad pretendida aplica en cualquier caso que el empleador incumpla el deber de consignar la prestación en el tiempo otorgado por la ley.

(iii) La Corte Constitucional se ha referido a los principios de seguridad jurídica y confianza legítima en la actividad judicial , así como al derecho a la igualdad, los cuales deben imperar para resolver su caso porque es evidente que está amparada por el sistema anual de liquidación de cesantías y el incumplimiento, por parte del empleador, para pagar su prestación social genera la sanción moratoria que se reclama.

1.6. Alegatos de conclusión en segunda instancia

El municipio demandado descorrió el término para alegar de conclusión y solicitó confirmar la sentencia de primera instancia; la parte demandante guardó silencio durante esta etapa procesal.6

1.7. El Ministerio Público

El agente del Ministerio público guardó silencio durante esta etapa procesal.7

La Sala decide, previas las siguientes

2. Consideraciones

2.1. El problema jurídico

Se circunscribe a establecer si (i) la demandante tiene derecho a la sanción

La Sala decide, previas las siguientes

2. Consideraciones

2.1. El problema jurídico

Se circunscribe a establecer si (i) la demandante tiene derecho a la sanción moratoria por la inoportuna consignación del valor completo de sus cesantías por los años 2003 a 2010; (ii) el haber estado afiliada al Fondo Nacional del Ahorro por

6 Según informe secretarial que obra en folio 505 y memorial que reposa en el índice 27 de la plataforma SAMAI. 7 Folio 505.7

Radicado: 08001 23 33 000 2015 00151 01 (0403-19) Demandante: Gilma Elizabeth Solano Mesa el período respecto del cual reclama la sanción moratoria impide el reconocimiento de la aludida sanción.

2.2. Marco normativo

El artículo 53 de la Constitución Política establece como principios orientadores de las relaciones laborales, el de favorabilidad, según el cual, en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales del derecho, se debe acoger la que resulte más benéfica para el trabajador.

Ahora bien, la Ley 6 de 1945 «por la cual se dictan algunas disposiciones sobre convenciones de trabajo, asociaciones profesionales, conflictos colectivos y jurisdicción especial de trabajo », en el a rtículo 12, literal f), estableció, a favor de los trabajadores oficiales, el derecho al auxilio de cesantías a razón de un mes de sueldo por cada año de servicio y, proporcionalmente, por f racciones de año, y el artículo 17, literal a), ibidem, consagró que ese auxilio se reconocería con destino a todos los empleados y obreros nacionales de carácter permanente.

sueldo por cada año de servicio y, proporcionalmente, por f racciones de año, y el artículo 17, literal a), ibidem, consagró que ese auxilio se reconocería con destino a todos los empleados y obreros nacionales de carácter permanente.

El Decreto 1160 de 1947 «sobre auxilio de cesantías» , en su artículo 6, señaló que para liquidar las cesantías se toma como base el último sueldo o jornal, salvo que hubiera sufrido modificaciones en los 3 últimos meses, caso en el cual se toma el promedio de lo devengado en los últimos 12 meses o en todo el tiempo servido, si fuere menor a ese lapso.

Más adelante, el Decreto 3118 de 1968 creó el Fondo Nacional de Ahorro, y dentro de los objetivos para la administración de sus recursos, fijó los siguientes: «pagar oportunamente el auxilio de cesantía a empleados públicos y trabajador es oficiales»8, y «proteger dicho auxilio contra depreciación monetaria» 9; con tales finalidades, el artículo 3 ibidem determinó que las cesantías de los empleados públicos y trabajadores oficiales al servicio de los Ministerios, Departamentos Administrativos, Superintendencias, Establecimientos Públicos y Empresas

8 Artículo 2 literal a) del Decreto 3118 de 1968. 9 Artículo 2 literal b) del Decreto 3118 de 1968.8

Radicado: 08001 23 33 000 2015 00151 01 (0403-19) Demandante: Gilma Elizabeth Solano Mesa Industriales y Comerciales del Estado debían ser liquidad as y entregadas al Fondo; asimismo, en su artículo 22 ordenó a la Caja Nacional de Previsión Social

Demandante: Gilma Elizabeth Solano Mesa Industriales y Comerciales del Estado debían ser liquidad as y entregadas al Fondo; asimismo, en su artículo 22 ordenó a la Caja Nacional de Previsión Social realizar, con corte a 31 de diciembre de 1968, la liquidación de cesantías de los empleados públicos y trabajadores oficiales afiliados a ella.

Con lo previsto en los artículos 27, 28 y 33 ibidem empezó el llamado «desmonte del régimen de retroactividad de cesantías», pues se dispuso la liquidación anual de esta prestación para los empleados y trabajadores de las entidades aludidas previamente, y la liquidación definitiva por la porción de tiempo laborada durante el año del retiro, así como el reconocimiento de intereses anuales del 9%, a ser liquidados el 31 de diciembre de cada año, sobre el saldo que figure a favor de cada empleado.

El Decreto 432 de 19 98 «por el cual se reorganiza el Fondo Nacional de Ahorro, se transforma su naturaleza jurídica y se dictan otras disposiciones », mantuvo el objetivo de administrar, de manera eficiente, las cesantías 10, y, dentro de sus funciones, las de recaudo y pago de ese auxilio a los afiliados, al igual que la protección contra la pérdida de su valor adquisitivo 11. Además, en los artículos 11 y 12 ibidem, fijó a favor de sus afiliados un monto por concepto de intereses, con el propósito de evitar la pérdida del poder adquisitivo del auxilio de cesantías depositado, y un porcentaje a título de intereses sobre las cesantías.

En el evento en que el empleador no consigne, dentro del término de ley, las

el propósito de evitar la pérdida del poder adquisitivo del auxilio de cesantías depositado, y un porcentaje a título de intereses sobre las cesantías.

En el evento en que el empleador no consigne, dentro del término de ley, las cesantías de los afiliados al Fondo Nacional de Ahorro, el artículo 6.º ibidem estableció lo siguiente:

Artículo 6º12.- Trasferencia de cesantías de servidores públicos. En la fecha establecida para efectuar las consignaciones de los aportes a los sistemas general de pensiones y de seguridad social en salud, las entidades públicas empleadoras deberán transferir al Fondo Nacional de Ahorro una doceava

10 Artículo 2 del Decreto 432 de 1998. 11 Artículo 3, literales a), b) y c) del Decreto 432 de 1998. 12 La norma en cita fue modificada por el artículo 193 del Decreto 019 de 2012; no obstante, tal disposición es posterior a los años en que se causaron a favor del demandante las cesantías que fueron consignadas tardíamente, por lo que no procede su aplicación.9

Radicado: 08001 23 33 000 2015 00151 01 (0403-19) Demandante: Gilma Elizabeth Solano Mesa parte de los factores de salarios que sean base para liquidar las cesantías, devengados en el mes inmediatamente anterior para los servidores públicos afiliados.

El incumplimiento de la obligación aquí establecida dará derecho al Fondo para cobrar a su favor intere ses moratorios mensuales, equivalentes al doble interés bancario corriente certificado por la Superintendencia Bancaria, sobre las sumas respectivas para todo el tiempo de la mora.

para cobrar a su favor intere ses moratorios mensuales, equivalentes al doble interés bancario corriente certificado por la Superintendencia Bancaria, sobre las sumas respectivas para todo el tiempo de la mora. Mensualmente, las entidades públicas empleadoras enviarán al Fondo Nacional de Ahorro una certificación que contenga el valor total de los factores salariales que constituyan base para liquidar cesantías, devengados en el mes inmediatamente anterior. Los funcionarios competentes de las entidades públicas empleadoras, que sin just a causa no hagan oportunamente las consignaciones de los aportes mensuales o el envío de los reportes anuales de cesantías debidamente diligenciados, incurrirán en causal de mala conducta que será sancionada con arreglo al régimen disciplinario vigente. (Se resalta).

En todo caso, se debe señalar que la Ley 344 de 1996 «por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público, se conceden unas facultades extraordinarias y se expiden otras disposiciones», dio un paso adicional encaminado a ampliar la cobertura del sistema de liquidación anual del auxilio de cesantías para la generalidad de los servidores públicos, al consagrar, en su artículo 13, lo siguiente:

Artículo 13.- Sin perjuicio de los derechos convencionales, y lo estipulado en la Ley 91 de 1989, a partir de la publicación de la presente Ley, las personas que se vinculen a los Órganos y Entidades del Estado tendrán el siguiente régimen de cesantías:

a) El 31 de d iciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantías por la anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba

cesantías:

a) El 31 de d iciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantías por la anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba efectuarse en fecha diferente por la terminación de la relación laboral;

b) Les serán aplicables las demás normas legales vigentes sobre cesantías, correspondientes al órgano o entidad al cual se vinculen que no sean contrarias a lo dispuesto en el literal a) del presente artículo; (negrilla de la Sala).

La norma vigente a la fe cha de expedición de la previamente citada, que estableció el régimen anual de cesantías, era la Ley 50 de 1990, en cuyo artículo 99 consagró:10

Radicado: 08001 23 33 000 2015 00151 01 (0403-19) Demandante: Gilma Elizabeth Solano Mesa Artículo 99.- El nuevo régimen especial de auxilio de cesantía, tendrá las siguientes

características:

1. El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantía, por la anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba efectuarse en fecha diferente por la terminación del contrato de trabajo.

2. El empleador cancelará al trabajador los intereses legales del 12% anual o proporcionales por fracción, en los términos de las normas vigentes sobre el régimen tradicional de cesantía, con respecto a la suma causada en el año o en la fracción que se liquide definitivamente.

3. El valor liquidado por concepto de cesantía se consignará antes del 15 de febrero del año siguiente, en cuenta individual a nombre del trabajador en el fondo de

fracción que se liquide definitivamente.

3. El valor liquidado por concepto de cesantía se consignará antes del 15 de febrero del año siguiente, en cuenta individual a nombre del trabajador en el fondo de cesantía que el mismo elija. El empleador que incumpla el plazo señalado deberá pagar un día de salario por cada retardo.

4. Si al término de la relación laboral existieren saldos de cesantía a favor del trabajador que no hayan sido entregados al Fondo, el empleador se los pagará directamente con los intereses legales respectivos.

De igual manera, es necesario indicar que el Decreto 1582 de 1998 reglamentó los artículos 13 de la Ley 344 de 1996 y 5 de la Ley 432 de 1998, y precisó que la norma a la que se debía remitir a efecto de la liquidación anual del auxilio de cesantías de quienes se afilie n a fondos privados es la Ley 50 de 1990, en sus artículos 99, 102 y 104, y para liquidar las cesantías de los afiliados al Fondo Nacional de Ahorro, la Ley 432 de 1998, en sus artículos 5 y siguientes. Así lo determinó:

Artículo 1º.- El Régimen de liqui dación y pago de las cesantías de los servidores públicos del nivel territorial y vinculados a partir del 31 de diciembre de 1996 que se afilien a los fondos privados de cesantías, será el previsto en los artículos 99, 102, 104 y demás normas concordantes de la Ley 50 de 1990; y el de los servidores públicos del mismo nivel que se afilien al Fondo Nacional de Ahorro será el

104 y demás normas concordantes de la Ley 50 de 1990; y el de los servidores públicos del mismo nivel que se afilien al Fondo Nacional de Ahorro será el establecido en el artículo 5 y demás normas pertinentes de la Ley 432 de 1998. (Se resalta).

No obstante, para aquellos empleados que venían con una vinculación anterior al 31 de diciembre de 1996, cuando entró a regir la citada Ley 344 de 1996, se les continuaría respetando el régimen de liquidación del auxilio de cesantías consagrado en normas anteriores13.

13 Es decir, el sistema de liquidación retroactiva, consagrado en Ley 6 de 1945, el Decreto 2767 de 1945, la Ley 65 de 1946 y el Decreto 1160 de 1947.11

Radicado: 08001 23 33 000 2015 00151 01 (0403-19)

Demandante: Gilma Elizabeth Solano Mesa

Asimismo, es necesario indicar que el Decreto 1252 de 2000 «Por el cual se establecen normas sobre el régimen prestacional de los empleados públicos, los trabajadores oficiales y los miembros de la fuerza pública», estableció lo siguiente:

Artículo 1º.- Los empleados públicos, los trabajadores oficiales y los miembros de la fuerza pública, que se vinculen al servicio del Estado a partir de la vigencia del presente decreto, tendrán derecho al pago de cesantías en los términos establecidos en las Leyes 50 de 19 90, 344 de 1996 o 432 de 1998, según el caso. Lo dispuesto en el inciso anterior se aplicará aun en el evento en que en la entidad u organismo a los cuales ingrese el servidor público, exista

según el caso. Lo dispuesto en el inciso anterior se aplicará aun en el evento en que en la entidad u organismo a los cuales ingrese el servidor público, exista un régimen especial que regule las cesantías . Parágrafo. Los fon dos o entidades públicas, incluida la Caja Promotora de Vivienda Militar que administran y pagan las cesantías de los servidores a que se refiere este artículo, seguirán haciéndolo. [Se resalta]

2.3. Hechos probados

De conformidad con el acervo probator io, que obra dentro del proceso y que es relevante para resolver la litis, se puede establecer lo siguiente:

(i) El 30 de julio de 2014, 14 el alcalde de Soledad expidió la Resolución 03 89 «por medio de la cual se ordena el reconocimiento y pago de valores retroactivos por concepto de homologación y nivelación salarial al personal administrativo del sector educativo» y concedió, a favor de la demandante, por ese concepto, un total de $6 3.902.839 que comprende diferenc ias de salario por los años 2003 a 2010.

(ii) El 3 de marzo de 201 5,15 la demandante dirigió petición ante el alcalde del municipio de Soledad, en la cual reclamó el reconocimiento de la indemnización o sanción moratoria «por el no giro oportuno de la totalidad de mis cesantías al FONDO NACIONAL DE AHORRO que me encuentro afiliada durante los años de 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010 […] dichas cesantías solamente fueron giradas en su totalidad y reconocidas las diferencias a través de la

14 Folios 14 a 19.

2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010 […] dichas cesantías solamente fueron giradas en su totalidad y reconocidas las diferencias a través de la

14 Folios 14 a 19. 15 Folio 12.12

Radicado: 08001 23 33 000 2015 00151 01 (0403-19) Demandante: Gilma Elizabeth Solano Mesa Resolución 0353 (sic) por medio de la cual se ordenó el reconocimiento y pago de valores retroactivos por concepto de homologación de Soledad – Atlántico».

(iii) El 30 de abril de 2015, 16 la rectora de la Institución Educativa Comercial Nuestra Señora de las Misericordias, certificó, en torno a la relación laboral de la demandante, lo siguiente:

Que GILMA ELIZABETH SOLANO MESA […] vinculada desde el 21 de Abril de 1971 en el cargo de Auxiliar Administrativo. Nombrada según Resolución 0231 de 31 de Enero de 1972. Reclasificación realizada en julio de 2010, quedó en el grado 02.

Vino trasladada del INEM Miguel Antonio Caro, para esta Institución Educativa el día 4 de febrero de 2004.

(iv) El 19 de octubre de 2016, 17 la «coordinadora GARCF Entidades» del Fondo Nacional de Ahorro certificó que la fecha de afiliación de la demandante a ese fondo, fue el 1.º de marzo de 2003 y adj untó copia del extracto de los valores que se han aplicado en su cuenta individual.

2.4. El caso concreto. Análisis de la Sala

fondo, fue el 1.º de marzo de 2003 y adj untó copia del extracto de los valores que se han aplicado en su cuenta individual.

2.4. El caso concreto. Análisis de la Sala

El primer aspecto a abordar , como lo hizo el a quo, sería determinar si la señora Gilma Elizabeth Solano Mesa es beneficiaria de la Ley 50 de 1990, en particular, del artículo 99, en lo que atañe al reconocimiento y pago de la sanción, cuando el empleador incurre en mora para la consignación de sus cesantías liquidadas en forma anual; no obstante, la Sala advierte que la reclamación de la demandante no fue en tal sentido, pues su pretensión está orienta da a que se conceda la aludida sanción pero respecto de la diferencia en el valor de cesantías que se habría generado producto del ajuste salarial que surgió a causa de la homologación y nivelación ordenada a través de la Resolución 0389 del 30 de julio de 2014.18

16 Folio 13. 17 Folios 150 a 153. 18 Folios 14 a 19.13

Radicado: 08001 23 33 000 2015 00151 01 (0403-19) Demandante: Gilma Elizabeth Solano Mesa En efecto, la reclamación en sede administrativa tuvo como objeto que se reconociera la sanción moratoria respecto de los años indicados, 19 toda vez que «dichas cesantías solamente fueron giradas en su totalidad y reconocidas las diferencias a través de la Resolución 0353 (sic) por medio de la cual se ordenó el reconocimiento y pago de valores retroactivos por concepto de homologación de Soledad – Atlántico»20 y, en sede judicial, el libelo es claro al

diferencias a través de la Resolución 0353 (sic) por medio de la cual se ordenó el reconocimiento y pago de valores retroactivos por concepto de homologación de Soledad – Atlántico»20 y, en sede judicial, el libelo es claro al señalar que la sanción pretendida se generó «por el pag o parcial de las cesantías desde el año 2003 a 2010»21 debido a que estas fueron «canceladas de manera parcial».22

En las anteriores condiciones, la Sala considera que para resolver la litis debe pronunciarse frente a la viabilidad o no del reconocimiento de la sanción moratoria respecto de la tardanza en el pago de una diferencia de cesantías, producto de un ajuste salarial como el que se invoca, y así se procederá a continuación, sin perjuicio de referirse, más adelante, a la razón denegatoria de las pretensiones aducida por el tribunal de instancia.

Según lo indicado líneas atrás, la Sala concluye que la indemnización moratoria que se pretende en la demanda no tiene como fundamento el pag o tardío del auxilio de cesantías anuales, como tal, sino el de la diferencia de valor de cesantías que se habría generado como consecuencia del ajuste salarial ordenado por la entidad demandada, producto de la homologación y nivelación salarial del personal administrativo del sector educativo.

En torno a lo anterior, es necesario precisar que la Sala, en reiteradas ocasiones, ha sostenido que la sanción moratoria por la inoportuna consignación de cesantías no procede respecto de las diferencias de valor de tal prestación que se originen a causa de una reliquidación o ajuste de la prest